Por ColombiaCheck con apoyo de La Liga Contra el Silencio

Miércoles 26 de enero de 2022, 9:30 am. La vida de Daniel Suárez dio un giro durante su recorrido al trabajo. “Amor, me detuvieron”, alcanzó a decir por teléfono el músico de 33 años. Al otro lado de la línea el susto y el desconcierto invadieron a su esposa venezolana, y a su madre, una barranquillera de 73 años.

En una redada que realizaba la Policía Nacional en el centro de Bogotá, un funcionario le pidió a Daniel su documento de identidad. El sistema arrojó un mensaje: “Cancelada por falsa identidad”. Daniel fue esposado y trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde permaneció detenido 24 horas, junto a delincuentes comunes. Suárez no sabía lo que sucedía, y los policías tampoco, pues se mostraban desorientados sobre la causa de su detención.

Las URI son recintos adscritos a la Fiscalía General de la Nación, donde se reciben denuncias y se traslada a quienes han cometido delitos en flagrancia para ser reportados ante un fiscal, y en menos de 36 horas ante un juez de control de garantías, quien deberá legalizar su captura y decidir si hay méritos para decretar su detención preventiva.

“Cuando les requieren la cédula y los detienen, el tratamiento que les dan es como si fueran delincuentes, hay maltratos verbales y amenazas de deportación. Las detenciones son arbitrarias y han sido denunciadas públicamente”, dice José Francisco Novoa, abogado binacional con licencia para ejercer en Colombia y Venezuela, quien asiste a afectados por cancelación de sus cédulas.

Suárez es uno de los 43 mil colombianos nacidos en Venezuela que obtuvieron la nacionalidad por sus padres, a quienes la vida les ha dado un vuelco casi trágico: son acusados de un supuesto delito del cual la mayoría no fue informada. Sin derecho a la defensa han sido castigados, dejando de existir para el Estado colombiano. Se les arrebató su identidad jurídica y el ejercicio pleno de los derechos y deberes que otorga la Constitución. 

Los afectados hacen parte de las segundas y terceras generaciones de la diáspora colombiana que se estableció en Venezuela desde los sesenta, que aumentó a partir de los setenta tras la bonanza petrolera y se extendió hasta los noventa, motivada aún por el auge económico y el promisorio entorno que representaba Venezuela. Un grueso número de estos migrantes colombianos no solo buscaba mayores ingresos, sino también huir del conflicto armado, como lo recuerda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Con la decisión de la Registraduría “los derechos que se violan son el de la personalidad jurídica y el debido proceso”, dice Andrés Soto, abogado binacional quien también asiste legalmente a varios de los afectados por registros civiles anulados y cédulas canceladas. La consecuencia, explica, es que otros derechos fundamentales, como salud, educación y trabajo, también se ven vulnerados.

Cuando el Estado te falla

La Constitución colombiana reconoce en el artículo 96 el derecho a la nacionalidad por dos vías: nacimiento o adopción. Los hijos de padre o madre colombianos, aunque hayan nacido fuera del territorio, son colombianos por nacimiento. Este derecho lo pueden hacer valer a través del registro en los consulados en el exterior o con su presentación en la misma Registraduría, una vez que cumplan y entreguen la documentación exigida por ley. 

En resumen, son colombianos con doble nacionalidad: la del país que los vio nacer y la del país de origen de su padre o madre. En el artículo 14, la Constitución también garantiza el derecho de toda persona a que se le reconozca su personalidad jurídica.

El derecho a la nacionalidad también está contemplado en instrumentos internacionales de los cuales Colombia es signataria, y la Corte Constitucional en su Sentencia T-421 de 2017  los recuerda: el artículo 15 (numeral 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Como hijo de ciudadana colombiana, Daniel Suárez formalizó el derecho a la nacionalidad en 2017 con la entrega de recaudos a la Registraduría. Por ser mayor de edad, la inscripción de su Registro Civil se cataloga como “extemporánea”, y entre las exigencias estuvo la apostilla de su partida de nacimiento venezolana.

Cuatro años después, sin razones, el mismo organismo le despojó de su ciudadanía: anuló su registro civil, canceló su cédula y su pasaporte quedó invalidado. Dejó de existir como colombiano, volvió a ser un migrante venezolano en Colombia. Daniel no se atreve a pedir atención médica en su EPS para no llamar la atención del sistema, que pudiera desvincular a su madre como beneficiaria. Perdió la posibilidad de un crédito y sólo ver a un policía le produce ansiedad y temor. 

“Moralmente esto es muy duro. Siento como si mi historial hubiera quedado manchado. No quiero regresar a Venezuela, pero tampoco quiero quedarme en Colombia”, cuenta Daniel.

Para el abogado experto en litigio migratorio, Daniel Carvajal, la falla es del Estado: “La Registraduría tiene la obligación de verificar la documentación al momento de hacer la inscripción y no salir siete años después a decirle a la persona que un documento suyo no es válido”, dice.

Carvajal también objeta la legalidad de esta actuación por la aplicación de una norma de manera retroactiva, es decir, la resolución que regula el mecanismo para anular registros civiles es del 2021, pero se utiliza para revocar documentos de identidad colombianos avalados y emitidos con muchos años de anterioridad.

La Registraduría nunca informa las razones de la cancelación de una cédula. Daniel Suárez tuvo que pagar un abogado y, tras el análisis de la documentación, se observó que la apostilla estaba a nombre de otra persona. Había recibido una validación internacional falsa de su partida de nacimiento venezolana. El acceso a documentos públicos en Venezuela, su legalización y apostilla, sigue siendo un proceso plagado de a burocracia, corrupción, estafas y falsificaciones, según ha comprobado Colombiacheck como parte del proyecto “Conectando Caminos Por Los Derechos”, dedicado a verificar contenido que circula en comunidades digitales de migrantes venezolanos y retornados colombianos.  

“No se vistan, que no van”

“A cinco dólares equivale una apostilla en Venezuela, y yo no le iba a pagar a un gestor 200 dólares”, dice Ibis Martintereso, una colombovenezolana que se enteró en Cúcuta de la cancelación de su cédula cuando fue a verificar su centro de votación en las elecciones del Congreso, en marzo pasado. “Ese era mi sueño, votar. No quiero que mi voto sea nulo o que vaya a un lugar donde no es debido. Esto es un tema totalmente político”, dice.

La Registraduría canceló en enero de 2022  las cédulas de ella y de su hermano por supuesta “falsa identidad”. Ambos nacieron en el estado Zulia, Venezuela, fronterizo con el departamento de La Guajira, y son hijos de padre español (ya fallecido) y de madre colombiana, oriunda de Norte de Santander. Martintereso inscribió su partida de nacimiento venezolana legalizada y apostillada en 2013, junto a dos testigos y acompañada de su madre en Gramalote, Norte de Santander.

Tras pagar un abogado y ejercer una acción de tutela, Martintereso recuperó su cédula tres meses después. Ahora se alista para otra batalla: obtener el registro civil de nacimiento de sus dos hijos nacidos en Venezuela, a quienes les asiste también el derecho a la ciudadanía colombiana. Sin el antiguo PEP (Permiso Especial de Permanencia) y a la espera del PPT (Permiso por Protección Temporal), los dos niños están al margen del sistema de salud, mientras uno de ellos requiere atención especializada por una condición del espectro autista. Este nuevo capítulo lo vive Martintereso en Venezuela, alejada de ellos y expuesta a las difíciles condiciones que la hicieron salir, mientras obtiene los documentos apostillados de sus niños.

“No estoy tranquila porque no sé con qué vengan más adelante. Antes tenía fe ciega en las instituciones, ahora con el nuevo gobierno no sé si van a hacer otra revisión. ¿Te imaginas eso?, yo me muero”, dice. 

Como presidente electo, Gustavo Petro expresó en un tuit del 22 de junio su intención de “abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera” y dijo que para ello se comunicó con el gobierno venezolano. No se ha referido específicamente al tema de las cancelaciones masivas de cédulas.

Las consecuencias de esta medida llegaron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. La Red de Litigio Estratégico en Migración (Red-LEM), conformada por 11 organizaciones que defienden los derechos de las personas en situación de movilidad en Colombia, pidió ante una audiencia pública en esa instancia que el Estado colombiano restituya de forma inmediata los derechos conculcados y varios relatores de la CIDH expusieron su preocupación por la cantidad de derechos afectados. 

La investigadora Laura Dib, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, hace parte la Red-LEM y advierte sobre la violación a un derecho y a un deber como el sufragio. “Hay personas a las que les anulan el registro civil y por medio de una tutela recuperan la validez de su cédula. Pero cuando van a votar no se lo permiten. Las violaciones son graves y de todo tipo: pasas a ser nadie”,  dice Dib.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela desde febrero de 2019, con la respectiva ausencia de servicios consulares, ha complicado la vida de los ciudadanos en ambos países. Para marzo de 2022 el desplazamiento de personas refugiadas y migrantes desde Venezuela fue el segundo más grande del mundo, y Colombia es el primer país receptor de los 6,10 millones de migrantes y refugiados venezolanos, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM): 1,84 millones de ciudadanos viven ahora de este lado de la frontera. Para 2021 se calculó en 980 mil los colombianos retornados.

“A las personas les tienen que decir con antelación por qué les están cancelando la cédula de ciudadanía y anulando su registro civil de nacimiento para que se puedan defender”, asegura María Fernanda Orozco, quien coordinó la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde atienden semanalmente decenas de casos.

Desorientación, miedo y xenofobia

El 12 de enero de 2022 Karina Muñoz entró a un banco en Cartagena para entender por qué su cuenta estaba bloqueada, pero recibió un trato despectivo de la funcionaria que le dijo: “Su cuenta tiene un problema”. Otro funcionario le presentó excusas y reconoció que su compañera tenía “problemas para recibir a los venezolanos”. Indignada, Muñoz le aclaró que también era colombiana. La mujer de 50 años salió derrotada de la agencia, sin dinero y enterada de ese modo que  su cédula colombiana había sido cancelada. Presa de los nervios, en casa sentó a su hermana mayor, Karely Muñoz, frente a la computadora, y digitaron tres números de cédula en la página de la Registraduría: Karina, Karely y su hermano menor fueron apareciendo con sus registros civiles de nacimiento anulados y sus cédulas canceladas por “falsa identidad”.

“La tensión se me disparó y casi me desmayo. Soy sobreviviente de un cáncer de mama, pero he sido diagnosticada de nuevo con una neoplasia endometrial (cáncer). También padecí un ACV (accidente cerebrovascular) y tengo que recibir transfusiones por constantes derrames”, dice Karely Muñoz al verse desaparecida como ciudadana junto a sus hermanos, hijos de Pablo Antonio Muñoz Salinas, colombiano nacido en Cúcuta, Norte de Santander.

Karely también es paciente hipertensa crónica y fue excluida del sistema de salud. La EPS la dejó sin cobertura por tener la cédula cancelada. Su tratamiento médico quedó interrumpido al igual que otros procedimientos de urgencia: exámenes de marcadores tumorales, una biopsia, cita con el oncólogo y saber si deberá someterse a una histerectomía total o atravesar de nuevo un proceso de quimioterapia.  

Como cientos de denuncias, ella y sus hermanos nunca recibieron en físico el auto de inicio; es decir, la notificación que les advierte que hay una acción administrativa en curso por irregularidades en su documentación. No pudieron ejercer el derecho a la defensa de forma oportuna.

Karely describe un recorrido tortuoso entre la Registraduría en Cartagena y la Defensoría del Pueblo, donde ni siquiera la dejaron entrar. Dice que son pocos los abogados que conocen cómo proceder en estos casos, y algunos llegan a pedir hasta un millón de pesos por asesoría.

Alfonso Molina, un periodista y crítico cinematográfico con amplia trayectoria en Venezuela, hoy es parte de las miles de personas que se han quedado sin identidad jurídica en Colombia. Desde 2014 obtuvo su nacionalidad por ser hijo de una mujer colombiana oriunda del Huila. Para la fecha ya vivía en Bogotá y trabajaba en una empresa multinacional. Entregó todos los recaudos que la ley permitía para ejercer su derecho constitucional. Ocho años después la Registraduría le anuló su cédula sin informarle de manera directa, y conculcó sus derechos a la identidad, y a la propiedad.

Molina había demostrado la filiación con su madre, quien por haber nacido en 1924 contaba con la Tarjeta de Identidad Postal (previa a la actual cédula de ciudadanía). Esta vez tuvieron que ir hasta Garzón (Huila), a más de 300 kilómetros de Bogotá, para obtener otro documento sobre ella: un acta bautismal para confirmar los orígenes ante una autoridad civil. Han transcurrido más de cinco meses desde la cancelación de su cédula “Seguimos sin respuesta de la Registraduría, no ha pasado nada”, dice el periodista.

Un proyecto de cancelación masiva 

El 18 de junio de 2021 la Registraduría y la Superintendencia de Notariado acordaron trabajar en un proyecto de nombre extenso: “Verificación de registros civiles de nacimiento y matrimonio para su posible anulación, por no cumplir con los requisitos de ley bajo la garantía del debido proceso”. Ese día se giraron circulares con instrucciones a delegados departamentales, a registradores especiales, auxiliares y municipales; a notarios con función registral, a corregidores y a inspectores de Policía para verificar toda la documentación que soportaba la emisión de registros de nacimiento y de matrimonio realizados en 1.162 registradurías, 586 notarías, 31 corregimientos y 35 inspecciones ubicadas en 1.080 municipios de todo el territorio colombiano. 

La revisión se implementó tras una serie de auditorías y visitas administrativas en las que se habían detectado irregularidades en la emisión de registros civiles de nacimientos extemporáneos de ciudadanos nacidos en el exterior y en Colombia, como también en la emisión de registros civiles de matrimonio en los que se evidenció que fueron elaborados con información presuntamente apócrifa, de modo que extranjeros habrían obtenido la nacionalidad por adopción o la cédula de extranjería de modo irregular.

Según la alerta, a través de ambos tipos de registro los ciudadanos portadores de estos documentos tendrían “acceso a todos los derechos y servicios ofrecidos por el Estado colombiano, representando un riesgo a la seguridad nacional, un incremento en el gasto de los recursos públicos y afectando inclusive, la estabilidad democrática y sus procesos electorales”, según se lee en las circulares internas número 068 y 374.

La orden impartida a las 1.815 oficinas con función de registro civil era digitalizar los documentos que componían cada uno de los expedientes y enviar las imágenes a servidores ubicados en Bogotá para su verificación. A mediados de 2021 esta operación interna no tuvo mayor eco en los medios de comunicación. Pero lo que sí dijo con alarma Alexander Vega, Registrador Nacional, fue que la institución había detectado a “296.627 ciudadanos venezolanos en el censo electoral”. 

El 5 de octubre de 2021, durante la Cumbre de Gobernadores en Villa del Rosario (Norte de Santander), a minutos de la frontera con Venezuela, Vega aseguraba que este numeroso grupo de inscritos en el censo electoral interfería en las elecciones de 2022. “Esas 300.000 personas pueden elegir presidente, pueden elegir un senador, pueden elegir un representante a la Cámara”, dijo. Allí pidió cooperación internacional para el “apoyo en el control de la migración ilegal en el país”.

Pero no fue hasta febrero de 2022 cuando en redes sociales estallaron las denuncias de cientos de colombovenezolanos, quienes aseguraban que habían sido despojados de su nacionalidad sin previo aviso. 

Se reportaron arrestos en plena vía pública hasta por 36 horas, y quienes salían de la reclusión aseguraron que se les amenazó con la deportación. Días después el Registrador confirmó que habían cancelado 43 mil cédulas de ciudadanos de origen venezolano que entraron a Colombia a partir de 2014 en adelante. “Se verificó y se encontraron falsedades, adulteraciones y falsos testigos. Ante esto se procedió anular esos registros civiles, cancelar la cédula y sacar del Censo Electoral”, dijo el funcionario. Por Twitter la Registraduría lanzó un escueto trino con un enlace para consultar el estado del registro civil. Aunque Vega hablaría del asunto en medios colombianos, la campaña electoral avanzaba y el asunto no se trató más.

Desde hace más de medio siglo la legislación colombiana estableció las causales para anular registros civiles con el Decreto 1260 de 1970 en su artículo 104, pero apenas la Resolución 7300 de 2021 vino a regular el procedimiento del antiguo mandato.

El registro civil de nacimiento, documento base para la identificación en Colombia, al ser anulado cancela los demás documentos, como la cédula y el pasaporte. Las causales para anularlo son cinco, pero en el caso de los casi 43 mil colombovenezolanos, la Registraduría se basa mayoritariamente en los numerales 4 y 5 del artículo 104:

• Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos, o la firma de aquellos o éstos.

• Cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación de ésta.

Solo después de que las denuncias se hicieron virales, la Registraduría reconoció que sobre las 43 mil anulaciones los recursos interpuestos ante el organismo no sobrepasaban los 800, es decir, que solo el 2 % pudo ejercer recurso de reposición y/o apelación, los cuales son factibles cuando el afectado lo hace dentro de los plazos estipulados por la normativa (dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo; es decir, del documento que anula el registro civil y cancela la cédula de ciudadanía). Pero, ¿qué sucede con quienes nunca se enteraron en el momento preciso?

Llegar al portón de las Registradurías es el inicio de un viacrucis: funcionarios que desconocen el protocolo a seguir, tratos apáticos e incluso frases xenofóbicas, indicaciones erradas o simplemente órdenes displicentes de que “lleven su partida apostillada” o vuelvan a “entregar todo de nuevo”, sin detenerse en el trasfondo de cada caso. De inmediato la gente comienza a sacar cuentas de lo que implica pagar a un gestor en dólares en Venezuela o imaginarse de regreso al país del que huyeron para tramitar sus documentos de nuevo.

La Registraduría objeta tardíamente dos recaudos permitidos en la ley utilizados por los colombovenezolanos para formalizar la nacionalidad: las apostillas de las partidas de nacimiento venezolanas o en su defecto el uso de declaraciones juramentadas, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa de sus nacimientos.  

El director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez, reveló que hasta la fecha “se han denunciado penalmente ante la Fiscalía a 3.000 personas que habrían presentado documentos falsos para la obtención de la nacionalidad”. La institución pide investigar a estos colombovenezolanos por “obtención de documento público falso, uso de documento falso, fraude procesal”. Las denuncias han aparecido cargadas en los expedientes digitales de los afectados y los señalan de “presentar documentos contrarios a la verdad para inducir en engaño al funcionario con facultad registral para que se autorizaran registros base de expedición de cédula de ciudadanía, con información engañosa”.

Los escándalos de corrupción que involucran a la Registraduría Nacional son de vieja data y no están vinculados exclusivamente a ciudadanos originarios de un determinado país o únicamente con el éxodo venezolano. Las mafias que trafican con documentos de identidad han tenido cómplices dentro de las registradurías y notarías del país, con funcionarios activos, desde registradores hasta extrabajadores de estas dependencias que conocen a la perfección el sistema. Incluso gobiernos extranjeros han alertado a través de informes de inteligencia sobre la falsa documentación que estas redes facilitan a integrantes de células terroristas. 

El entramado ha servido al tráfico de migrantes, integrantes de bandas criminales, narcotraficantes, guerrilla y organizaciones delictivas con tentáculos en Colombia y en otras partes del mundo, ya sea para permanecer ocultos en Colombia y evadir pedidos de captura internacional o huir a otras naciones. Los métodos empleados van desde suplantaciones de identidades de personas vivas o fallecidas, doble o múltiple cedulación, utilización de testigos falsos para obtención de registros civiles para extranjeros sin arraigo colombiano, entre otros. Durante varios años la propia Registraduría ha investigado y logrado suspender, destituir y judicializar a funcionarios cómplices de estos delitos en operativos coordinados con la Fiscalía y Migración Colombia. Por el caso actual existen 16 investigaciones abiertas contra registradores y notarios.

La institución ha detectado en sus averiguaciones que existen venezolanos que efectivamente incurrieron en falsedad de documentación y que ni siquiera tenían padres colombianos. Sin embargo, la protesta de los juristas consultados apunta a  la aplicación de procedimientos que no permitió a la mayoría con raíces colombianas defenderse en los tiempos y modos óptimos. 

Sobrevivir para luego desaparecer

En abril de 2017 Ana Jaraba tomó la única decisión que tenía para mantener con vida a su hija Yovana. Armó un bolso pequeño con lo necesario y cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia. Tuvo que dejar a sus dos hijos adolescentes, pero en sus brazos ya llevaba a la más vulnerable, una bebé de dos años con hidrocefalia, espina bífida y pie equinovaro bilateral, esta última una deformación congénita que de no tratarse a tiempo conduce a una discapacidad de por vida. 

Ana nació en Zulia y fue una de los seis hijos del barranquillero Nicanor Jaraba Pacheco y de otra costeña, Elizabeth Masea Monterrosa, nacida en el departamento de Sucre. En 2018 formalizó su derecho a la nacionalidad colombiana por nacimiento acompañada de su madre, quien también dejó estampada su firma en el expediente junto al resto de los recaudos.

Pero en enero de 2022 sufrió un doble revés: “Llegó un mensaje a mi teléfono, me suspendieron el Ingreso Solidario por cédula cancelada por falsa identidad. Ese día caí en un estado de nervios, lloré, no entendía por qué. Creí que alguien había clonado mi cédula”. Ana, quien vive en extremas condiciones de pobreza en un rancho de madera ubicado en la invasión Loma Roja, en Barranquilla, había perdido el auxilio monetario estatal creado en época de pandemia para las familias más pobres de Colombia que le permitía cobrar cada dos meses 380 mil pesos (100 dólares aproximadamente )

Desorientada corrió a la Registraduría principal de Barranquilla: “Cuando me dijeron que debía irme a Venezuela por la apostilla, me puse a llorar, si hasta tengo que ayudar a defecar a mi hija con parálisis, ¿que me convulsione en Venezuela?, se me muere”. La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela devuelve a varias generaciones de colombianos retornados. Vuelven más pobres y un grupo importante reconoce en voz baja sentirse de segunda o tercera categoría.

En la Personería le dijeron que hay varias madres cabeza de hogar en su misma situación. Ya fue excluida de la EPS y cuando se enferma le toca automedicarse y aguantar dolores. Su certificado de vacunación contra el covid-19 tampoco aparece en el sistema.

Tras la maniobra de la Registraduría y las serias afectaciones a miles de colombianos retornados no se han producido actuaciones o pronunciamientos públicos de ninguna institución del Estado, principalmente de la Procuraduría General, órgano natural de control de este ente. Lo cierto es que el tiempo sigue contando para quienes han quedado sin identidad colombiana y la recomendación de varios expertos legales apunta a que se acojan al Estatuto por Protección Temporal para Migrantes Venezolanos cuyo registro venció el 29 de mayo de 2022, para que no quedaran irregulares mientras logran resolver su estatus jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 06/30/2022 - 17:55

Como lo dijo el Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de Esclarecimiento, la verdad sobre el conflicto armado, en su multiplicidad de testimonios y relatos, es una imagen incómoda para la sociedad colombiana. No sólo es pensar en los grupos armados como responsables de las miles de masacres, de asesinatos, desapariciones forzadas y cualquier tipo de crímenes de lesa humanidad; es también pensarnos -nosotros, los civiles en la urbanidad- como agentes activos del conflicto que permitimos la perpetuidad de la violencia a través del tiempo. Es pensar en la responsabilidad del sector político, del sector empresarial y económico y de la sociedad en general. 

Aunque este Informe Final de la Comisión de la Verdad pretende alejar al país de la venganza y garantizar la reflexión de 60 años de conflicto armado interno, hay algunos sectores de la sociedad que rechazan estas reflexiones, hallazgos y recomendaciones por las posiciones ‘políticas’ que en este momento ocupa la Paz en el país. 

A lo largo de estos casi cuatro años, la Comisión se enfrentó a las tensiones dentro del Gobierno Duque, a las narrativas de partidos políticos y a las presiones de varios grupos sociales; también, tuvo momentos difíciles de tensión entre sus comisionados. 

El uribismo como opositor del Sistema Integral para la Paz

Otro de los señalamientos en los que se ha visto envuelta la Comisión de la Verdad son los realizados por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. En el año 2021, en su cuenta de Twitter, publicó los gastos de la entidad (los cuales son $116.992 millones de pesos aprox.), acompañado de un mensaje donde hablaba que los costos de La Habana, haciendo alusión a los Acuerdos de Paz, no llegaban a la ciudadanía y eran inmensos. Esta no ha sido la única vez que el uribismo arremete contra el trabajo de la Comisión, pues para este mismo año, en el cual Uribe Vélez se reunió con los comisionados para aportar su versión de lo acontecido durante el conflicto armado en el periodo que fue presidente de Colombia, se revelaron varias declaraciones de integrantes del Centro Democrático, donde aseguraban que esta entidad no contaba con la suficiente legitimidad para construir lo que pasó en el conflicto. 

Ciro Ramírez fue uno de los senadores quien señaló públicamente que era lamentable la situación para el país debido a esta “falsa” independencia que la Comisión tenía para la construcción de la historia en nuestro país. A esto también se agregó lo mencionado por la senadora Paola Holguín, “no creo que la Comisión de la Verdad tenga legitimidad, tampoco ha dado muestras de imparcialidad, ni de afán por la verdad verdadera”.

Alias Otoniel: testimonios robados

A mediados de octubre del 2021 la Comisión de la Verdad entrevistó al polémico jefe máximo del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga -alias Otoniel- con el objetivo de establecer su participación en el conflicto armado en relación al narcotráfico y al grupo armado conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia. 

Dicha entrevista resultó controversial: En primer lugar, su declaración se dio en medio de la discusión sobre los hechos que rodearon su captura. Recordemos que el Gobierno aseguró haber realizado un amplio despliegue operativo, mientras que las imágenes, videos y el mismo Otoniel declararon haberse entregado bajo un acuerdo pactado con las autoridades.  

En segundo lugar, posterior a la entrevista se presentó el hurto de dos grabadoras, un celular y un computador en la casa del investigador Eduardo Andrés Celis, quien había recogido y acompañado las entrevistas a Otoniel ante la Comisión. 

Debido a esto, el comisionado Alejandro Valencia afirmó que “esto iba dirigido a la información, efectivamente sabían que era el investigador el que tenía las grabadoras, que no era yo. Es decir, que por lo menos hay una labor de eventualmente un seguimiento, a saber lo que nosotros estamos haciendo con esta persona”.

Falsificación de Firmas

En el año 2020 la Comisión de la Verdad se vió involucrada en un caso de falsificación de firmas en contratos dentro de la entidad. Mónica León, mano derecha del secretario general de la Comisión Mauricio Katz, al parecer habría firmado falsamente varios contratos con el nombre de Katz, lo cual llevó a la Comisión a realizar una auditoría para revisar más de 600 contratos avaluados en cerca de 20.000 millones de pesos. Tan pronto se conocieron estos hechos, el presidente de la Comisión, Francisco de Roux se dirigió personalmente a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para hacer la denuncia. También, la funcionaria, que a su vez reconoció la falsificación de las firmas, fue retirada inmediatamente de la entidad. 

Por medio de un comunicado, la Comisión agradeció el trabajo de la Contraloría en la auditoría realizada y lamentó que “las acciones dolosas de una servidora puedan afectar la dedicación a la tarea de más de 400 mujeres y hombres de integridad moral que trabajan incansablemente en esta misión”. Aún a la fecha se desconoce la acción disciplinaria impuesta a Mónica León, así como tampoco la Contraloría dió a conocer más irregularidades en el sistema de contratos de la entidad. 

Renuncia de un comisionado

Carlos Guillermo Ospina, militar retirado y ex comisionado por la Verdad, aseguró a su salida que había ‘una versión’ que se estaba quedando por fuera del relato y que la Comisión no sólo censuraba su posición sino que estigmatizaba su participación en las Fuerza Pública: “Cuando la responsabilidad en un conflicto armado es netamente del Estado y de sus Fuerzas Militares, pero se deja aparte los otros actores de la convivencia, se le está dando razón política a un sector”.

Los argumentos de Ospina parecen indicar que para ciertos sectores que incluso apoyan el Acuerdo de Paz, la responsabilidad de las Fuerzas Públicas es irreconciliable con la verdad de otros grupos armados. Aunque no se sabe si las actitudes de censura señaladas por Ospina de parte de los otros comisionados son ciertas, algunos opositores a la labor de la Comisión utilizan este suceso para no aceptar los hallazgos del informe final. 

Actualizado el: Vie, 07/01/2022 - 14:00

Uno de los retos de la Comisión de la Verdad (CEV) ha sido preparar a la sociedad para recibir y asimilar el informe, pues tiene impactos significativos. Gerson Arias, director de Diálogo Social de la CEV, explica que esta entrega abre la conversación sobre el conflicto, es decir que hay menos personas negando las cosas que ocurrieron y en cambio empiezan a “llamarlas por su nombre”. En ese proceso fue fundamental tanto la disposición de las víctimas como la participación y el reconocimiento por parte de los responsables, entre ellos firmantes del Acuerdo de Paz. 

Después de años de trabajo, investigación y sistematización, la CEV logró reunir más de diez mil insumos para evitar que la guerra se prolongue y se repita. A través de diálogos con comunidades territoriales se construyeron dichas recomendaciones para el buen vivir: “Esa es nuestra forma de decirle al país que contamos historias para cambiar la historia”, expresa Arias. Además, el informe tiene un valor agregado. El capítulo étnico, el de éxodo y el de niños, niñas y adolescentes son inéditos, y demuestran la importancia de tener un enfoque diferenciado e interseccional. 

 

El reconocimiento

Pavel Santodomingo, coordinador del Objetivo de Reconocimiento, sugiere que este puede confundirse con la acción de esclarecer, pero es distinto. “El reconocimiento funciona como una bisagra, tiene el doble rol de facilitar la verdad y a la vez mediar entre conflictos. Otorga confianza y seguridad”. Además, a través de este objetivo se reivindica y resarce el buen nombre de las víctimas y sus familiares, encarando a los responsables de los crímenes cometidos en su contra y dando un paso al lado de la estigmatización. 

El 22 de junio, en la entrega del kit de la memoria realizada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Santodomingo hizo unas reflexiones sobre el legado de la CEV y su labor dentro de ella:

 

 

 

 

Convivencia en los territorios

El decreto 588 de 2017, por el cual se organiza la CEV, dicta que uno de los objetivos de esta entidad es promover la convivencia en los territorios. Más allá de compartir un mismo espacio social o político, la convivencia debe ser entendida como una herramienta de transformación que permite la resolución pacífica de conflictos. Según María Angélica Bueno, coordinadora del Objetivo de Convivencia, los procesos de organización social y las negociaciones al interior de las comunidades son insumos clave para comprender la configuración de la guerra en Colombia. 

De los cientos de diálogos realizados, Bueno afirma que en las zonas dónde el conflicto ha tenido mayor impacto es donde ha habido mayores experiencias de convivencia. Las víctimas, ante la compleja y diferenciada presencia del Estado, se reúnen en torno a intereses en común y a la exigibilidad de sus derechos, “van más allá de lo individual para construir desde lo colectivo”, dice la coordinadora. De esa forma la CEV ha profundizado en el sentido de lo comunitario y ha dirigido su atención no solo hacia el trauma, sino también hacia los procesos territoriales. Su invitación a la ciudadanía es a que nos comprometamos con un decálogo de acciones para honrar a quienes han vivido el conflicto y así proyectar un nuevo país.

 

Firme el Gran Acuerdo por la Convivencia aquí

 

No continuidad y no repetición

Con el objetivo de No Repetición, la CEV se propuso conversar con múltiples actores para comprender la persistencia del conflicto en las regiones. Aunque en un principio la idea era referirse a la “no repetición”, los investigadores dieron con que las comunidades hablan de “no continuidad”, pues la guerra aún toca sus vidas. Para la sistematización de estos datos y la elaboración del documento de análisis, fueron fundamentales las consultorías por parte de Rutas del Conflicto y Colombia+20 de El Espectador. Los diálogos de la CEV, que además contribuyeron al desarrollo de propuestas para que cese la violencia, pueden encontrarse en su canal de YouTube. 

 

Ver aquí Diálogos para la No Continuidad y No Repetición del Conflicto Armado

 

Los analistas e investigadores de la CEV hallaron distintos factores por los que el conflicto persiste en los territorios. En primer lugar, la presencia diferenciada del Estado ha tenido influencia. Se le llama “diferenciada” porque, si bien en algunas zonas puede haber abandono del gobierno, en otras hay militarización, fuerza pública u otras estrategias que incluso exacerban los problemas. Por otra parte, las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal también generan prolongación de la guerra, además de que esto se relaciona directamente con conflictos respecto al uso y la tenencia de la tierra.

 

El camino que queda por recorrer

El presidente de la CEV, Francisco de Roux, manifestó durante su discurso del 28 de junio su voluntad de que el informe produzca el mismo efecto de una piedra cuando se arroja al agua: “Que sus ondas ericen la superficie entumecida de Colombia”. Y es que tanto él como varios de los integrantes de la comisión, Gerson Arias por ejemplo, concuerdan en que la entidad no tiene la verdad absoluta ni se vale por sí misma, sino que debe ser un punto de partida para que los colombianos le apuesten a la verdadera paz. 

Es importante que la ciudadanía haga uso de las herramientas, los acuerdos, el kit de la memoria, los transmedia y todo lo que hoy nos ofrece la CEV. Tal como se lee en el capítulo Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, el primero del informe en ser publicado, “la convivencia, la no repetición y la reconciliación nacional necesitan ser un proyecto que permee todas las instituciones, los planes de gobierno, la cultura, el espacio simbólico y, sobre todo, a cada individuo, en especial a los líderes. Solo así se podrá lograr construir una nación pacífica. La nación del «no matarás»”.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:38

 

Este será el primer informe de una Comisión de la Verdad en el mundo que tenga un verdadero modelo transmedia. Contará con una plataforma abierta y de fácil acceso que contendrá distintos tipos de formatos: vídeos, audios, infografías, entre otros. La Comisión encuentra una gran oportunidad en este modelo cuando en su búsqueda por difundirlo, entiende que Colombia es un país en el que, por su gran brecha social, es complicado llegar a todos los sectores de la población. Debido a esto, también se empleará un lenguaje poco técnico y académico que sea cercano al lector y de fácil entendimiento.

La Comisión de la Verdad, creada en el año 2017 mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, en el marco de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc-Ep como mecanismo del Sistema de Justicia Transicional, busca materializar en el Informe Final, el legado que dejan estos años de trabajo en pro de sus objetivos: esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición. Según datos de la Comisión, para la creación de este Informe (labor que comenzó en noviembre del 2018) se entrevistaron 27.508 personas de manera individual y colectiva, y se recibieron 730 casos y 1.195 informes sobre hechos de violencia por parte de organizaciones e instituciones. Sus conclusiones, que no buscan culpabilizar ni juzgar a nadie, tendrán un espacio en el Museo de la Memoria de Colombia con el fin de ser parte del relato histórico del país.

El informe expondrá hallazgos, pero sobretodo, generará análisis y reflexiones sobre lo que sucedió durante más de cincuenta años de conflicto armado, a través de diez capítulos o ejes temáticos: Narrativa Histórica / Violaciones a los DDHH y el DIH / Mujeres y Población LGBTI / Étnico / Niños, Niñas y Adolescentes / Impactos, Afrontamientos y Resistencias / Exilio / Testimonial / Territorial y finalmente, Síntesis, Hallazgos y Recomendaciones Para la No Repetición.  Este último será el primero en ser publicado y allí se harán fuertes cuestionamientos a nivel ético y político. Por su nivel de difusión seguramente será el más revelador y polémico pues, en medio de un porcentaje de la población que carece de conciencia plena sobre la importancia de la entidad, e incluso desconoce las funciones de la misma, y de un fuerte sector que ha estigmatizado el trabajo de la Comisión, se asume el reto de revelar verdades que no todos se encuentran listos para afrontar, pero que son sumamente necesarias para la buena convivencia y reconciliación en nuestro país.

Cabe aclarar que no es función de la Comisión de la Verdad esclarecer absolutamente todos los hechos sucedidos en el marco del conflicto, y que en este informe no se expondrán testimonios individuales, sino que se formularán patrones de violencia nutridos por las experiencias y visiones de quienes estuvieron relacionados directa o indirectamente con el conflicto. A la par, se explorarán las causas de la insistente existencia de los ciclos de violencia en los que nos seguimos sumergiendo.  “Se hará un análisis del porqué en la actualidad se siguen presentando factores de persistencia de la guerra y violaciones a los derechos humanos en los territorios con el fin de dejar consolidadas unas bases para la no repetición y saldar la deuda por la verdad que reclama la sociedad” afirma el comisionado Carlos Martín Beristain, coordinador general del Informe Final.

Factores diferenciadores: el Informe Final de Colombia hace historia

El Informe Final no solo marca historia en nuestro país por su importancia en el proceso de dignificación a las víctimas o su papel en el camino de la reconciliación y construcción de un nuevo tejido social, este también encuentra su reconocimiento internacional por su pionerismo en ciertos ejes temáticos y características. Será el primer Informe Final en el mundo que contenga un apartado exclusivo que aborde el tema del exilio. Colombia cuenta con personas exiliadas en 23 países, sin embargo, esta consecuencia directa del conflicto armado sigue siendo invisibilizada.

Así mismo, será la primera Comisión de la Verdad cuyo informe contiene un enfoque étnico plural que analiza las dinámicas de conflicto en los pueblos étnicos y los territorios que habitan y un enfoque de género, que visibiliza el indispensable rol que han asumido las mujeres en la construcción de paz en nuestro país; pues han sido ellas quienes han liderado la incansable búsqueda de la verdad de lo que sucedió con sus padres, hermanos, hijos y amigos, y quienes, junto a la población LGBTI, que también ha sido violentada en el marco del conflicto y de la cual poco se habla, se han abanderado de los procesos de resistencia. Este es quizás uno de los contenidos más diferenciales y conmovedores del Informe Final: la historia de la otra cara del conflicto que no solo habla sobre la barbarie sino los caminos de lucha y empoderamiento que ha asumido la gente para resistir.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad se construye y se entrega en medio de una guerra que aún no concluye. Es necesario entender el carácter transicional de este logro histórico y reconocer que en Colombia aún persisten seis conflictos armados ocurriendo en simultáneo. Si bien el proceso de paz con las Farc-Ep ha sido un inmenso avance en materia de paz, aún queda un gran camino por recorrer para alcanzar el país con el que tanto soñamos. Más allá de las cifras y datos que puedan ser revelados, el Informe Final nos permitirá reflexionar sobre nosotros mismos como sociedad. Hablar de lo qué pasó y cuándo pasó es fundamental, pero lo es aún más, el entender el porqué de los actos. De esta manera comenzará la ruptura de los problemas estructurales que tanto daño continúan ocasionando y se dará inicio a la construcción de una paz estable y duradera que comienza desde lo más individual del tejido social. Cabe decir que el éxito también recae en un gobierno que, a pesar de no ser de su obligatoriedad, acapare las recomendaciones para la no repetición. 

 

Actualizado el: Mar, 06/28/2022 - 18:58

Por: Equipo de investigación “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)”*

 

El informe “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)” condensa hechos de violaciones de derechos humanos y de luchas sociales que rodearon a estudiantes, profesores y trabajadores de durante los tiempos más álgidos del conflicto armado en el país. Los datos reunidos mencionan a todas las sedes de la institución: Bogotá, Medellín, Palmira, Manizales, Arauca, Leticia y La Paz.

 La investigación se compone de diferentes productos: un documento narrativo, dos bases de datos, una línea del tiempo y dos cartografías que están está disponibles online (haz click para acceder al informe completo). Una de las bases de datos reúne más de 500 eventos de violaciones de derechos humanos contra la población de la universidad, incluyendo amenazas, asesinatos, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. La segunda base de datos muestra más de 500 hechos relacionados a las luchas sociales, como paros y movilizaciones estudiantiles. Ya la línea de tiempo permite al lector navegar en 227 registros, incluyendo material audiovisual.

El informe fue realizado por un grupo de investigación liderado por el profesor Mauricio Archila Neira, y fue entregado formalmente a la Comisión de la Verdad el 27 de noviembre de 2020. El documento es un insumo completo y clave en los para la memoria universitaria. Su publicación aporta a la construcción de narrativas sobre las victimas en los centros universitarios en el país; a la historia de las luchas estudiantiles y profesorales; y reconocer la deuda en materia de memoria para con todos los desaparecidos, asesinados o exiliados adscritos a universidades públicas colombianas.

La línea del tiempo recoge 227 eventos de luchas universitarias y de afectaciones derivadas del conflicto armado a personas vinculadas a la Universidad Nacional de Colombia. Desarrollada a través del software de libre acceso Knightlab, de la institución estadounidense Northwestern University, esta herramienta integra archivos sonoros, audiovisuales y fotográficos.

 

Cartografía de la memoria

A través de una serie de mapas interactivos, alojados en la página web de la investigación, la cartografía ubica espacialmente un total de 39 hechos fatales ocurridos contra miembros de la comunidad universitaria entre 1962 y el 2015 en las ciudades de Bogotá y Medellín.

En cada uno de los casos, el lugar de ocurrencia se obtuvo con base en información de prensa, registros judiciales o trabajos de investigación y memoria realizados por los movimientos universitarios a lo largo de la historia reciente. Los mapas interactivos contienen fotografías, referencias contextuales y descripciones resumidas por cada evento. Solo aquellos lugares que no pudieron ser identificados con exactitud en el proyecto fueron reemplazados por puntos de referencia local.

La cartografía está dividida en tres mapas descargables: uno de Medellín (descargar PDF), otro de Bogotá (descargar PDF) y uno específico del campus de la Universidad Nacional en Bogotá (descargar PDF). También se realizaron dos líneas de tiempo que relacionan las fechas y los lugares donde ocurrieron los hechos en Bogotá y Medellín.

Storymap de Bogotá. (EXPLORE ACÁ LA CARTOGRAFÍA COMPLETA)

 

Storymap de Medellín (EXPLORE ACÁ LA CARTOGRAFÍA COMPLETA)

Bases de datos

La primera base de datos contiene información de violaciones de derechos humanos en todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia entre 1962 y 2018. La segunda, titulada Luchas Sociales en la UN, recoge desde 1958 hasta el 2018 una serie de protestas realizadas por los estamentos universitarios en reclamo por alguna situación que afecta directamente a la universidad, a su comunidad o al sistema educativo y a la sociedad colombiana en general. Esas bases son el eje principal de muchas de las gráficas del informe, incluyendo información sobre los hechos victimizantes; las víctimas por estamento; los presuntos responsables; las trayectorias de las luchas sociales; los actores de las protestas y los motivos de las luchas sociales.

Informe narrativo

El informe “Memorias de la Universidad Nacional de Colombia en el Conflicto Armado (1958-2018)” cuenta con 260 páginas que incluyen fotografías, fragmentos de entrevistas y gráficos estadísticos.  La narrativa permite al lector encontrar en detalle un balance historiográfico, descripciones amplias y explicaciones sobre los distintos acontecimientos ocurridos durante el conflicto armado dentro de los diferentes campus de la Universidad Nacional.

El documento presenta seis subperiodos que dan cuenta de las etapas de la vida universitaria de cara a la nación y al mundo entre 1958 y 2018, denominados: Radicalización acelerada; Hacia los sectores populares; Entre la represión y la democracia; Nueva constitución y apertura neoliberal; El embrujo de Uribe Vélez y Tiempos de diálogos.

Además, presenta en profundidad quince casos emblemáticos de estudiantes y profesores que ilustran algunos patrones de violencia presentes en las distintas sedes de la universidad. Entre ellos están casos de persecuciones judiciales, asesinatos, montajes, desapariciones, exilios, allanamientos y amenazas. Finalmente, aparte de su formato online interactivo, este informe también se encuentra en una versión PDF descargable.

Con la entrega de estos insumos no solo a la comunidad universitaria sino a la ciudadanía en general para su acceso y libre consulta, este proyecto concluye formalmente la investigación alrededor de las memorias de la Universidad Nacional en el conflicto armado colombiano entre 1958 y 2018. Sin embargo, el tema no se agota allí. Este esfuerzo apenas constituye el comienzo de otras investigaciones, estudios, tesis y otras formas de expresión sobre la memoria viva de las violencias y luchas que han existido en las sedes de la Universidad Nacional de Colombia.

Al respecto, vale la pena destacar el arduo trabajo del grupo estudiantil Archivos del Búho. A través de registros, sistematizaciones e investigaciones alrededor de los archivos documentales del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia, el grupo ha reconstruido y divulgado eventos difíciles en la historia del campus.

El propósito de la investigación “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado”, y de sus diversos productos, ha sido propiciar el debate de ideas, el disenso comprensible en la academia y la búsqueda de nuevas reflexiones sobre la historia de los distintos estamentos de la Universidad Nacional de Colombia en el contexto de lo ocurrido en el país y en el mundo durante los últimos 60 años.

 

* El profesor Mauricio Archila Neira coordinó el grupo de investigación “Memorias de la Universidad Nacional en el Conflicto Armado (1958-2018)”, en el que participaron estudiantes y profesores de la universidad. Entre ellos se destacan Esteban Roncancio, Oscar Arnulfo Cardozo y Rodrigo Torrejano, encargados cada uno de los productos aquí reseñados

Actualizado el: Mar, 09/06/2022 - 20:12

Militante, economista y ahora presidente

El candidato del ‘Cambio por la Vida’ y del ‘Vivir Sabroso’ nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960. En su juventud integró la organización guerrillera urbana Movimiento 19 de abril conocida como M-19, y hoy, 19 de junio de 2022, es elegido como el primer Jefe de Estado de una coalición de izquierda en Colombia. 

Su paso como militante del ‘Eme’ ha marcado su vida política: primero, desde la guerrilla al manifestarse contra el fraude electoral y las desigualdades sociales, y posteriormente, en un proceso de tránsito y desmovilización hacia la construcción política desde las urnas hasta lo público. No obstante, a pesar de su militancia y desmovilización hace más de 34 años y una trayectoria como personero, alcalde y congresista, muchos sectores conservadores le siguen estigmatizando por su participación. 

Gustavo Petro es economista y tiene estudios en especialización de administración pública, en maestría de Economía y en doctorado de las Nuevas Tendencias sobre la Dirección de Empresas. Las principales banderas de su campaña han sido el tránsito de una economía extractivista hacia una agroproductiva, la disminución de las brechas de desigualdad en la sociedad y la educación como derecho fundamental y gratuito. 

 

La paz se mantiene y se propaga

Tanto Gustavo Petro como Francia Márquez han manifestado su voluntad para cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc y velar por los derechos de las víctimas. En su programa de gobierno se menciona que, para lograrlo, la reforma rural integral será el pilar sobre el cual se democratizará la tierra. Así se reformarán las instituciones y leyes necesarias para reparar a la sociedad y pagar la deuda histórica que se tiene en materia de restitución, rehabilitación psicosocial, búsqueda de personas desaparecidas y no repetición. También plantean cesar la violencia en contra de los firmantes del acuerdo, pues según Indepaz ya van 21 de ellos asesinados en lo corrido del año.

La formación ciudadana y la política pública de paz también jugarán roles fundamentales. Durante su gobierno se fortalecerán y desarrollarán las Casas de la Cultura, los Centros Deportivos Territoriales, Museos regionales, Lugares de Memoria y Observatorios de Pensamiento de pueblos indígenas para el reconocimiento de la diversidad y la construcción de un proyecto nación. Se promoverán iniciativas ciudadanas de paz en los territorios y nuevas narrativas para superar la estigmatización y los discursos de odio.

El gobierno Petro se propone entablar negociaciones y un diálogo político con el Eln para su desmovilización. Esto, de la mano de la comunidad internacional y recogiendo lo aprendido de los pactos en La Habana. En cuánto al crimen organizado y los sucesores del paramilitarismo, relacionados en su mayoría con el narcotráfico, su programa de gobierno establece que “se identificarán y combatirán los grandes capitales, las estructuras de los verdaderos traficantes de la droga, financiadores, procesadores y exportadores, así como su vinculación con el aparato del Estado. Con ellos se abrirán espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia sobre la base del desmonte de sus actividades y la obtención de verdad”.

 

De la guerra contra las drogas hacia la regulación

Como ya se ha dicho, una de las banderas de campaña de Gustavo Petro ha sido el tránsito de una economía fósil hacia la productividad. Además, espera “eliminar la dependencia macroeconómica del Estado de las rentas de la cocaína como mecanismo de estabilización”. De ese modo, la economía se basaría en el trabajo y la producción de alimentos, en la que los campesinos no serían judicializados, estigmatizados, desplazados, ni se fumigarían sus cultivos. En la sustitución de tierras los agricultores encontrarían un lugar digno y sostenible.

El candidato del Pacto Histórico ha dicho públicamente que impulsará la regulación de las drogas a través de un sector productivo que involucre al Estado, las empresas y las comunidades. Así potenciará el desarrollo de la agroindustria canábica, como sucede en gran parte del mundo. Su propuesta, según su programa de gobierno, consiste en pasar de la criminalización del consumo a manejarlo como asunto de salud pública. Las políticas de educación, prevención y tratamiento permitirán reducir riesgos y daños, y el capital destinado a la guerra antidrogas se dirigirá ahora a la transformación económica de las regiones afectadas. 

 

El medio ambiente en la agenda política

Durante su mandato, Gustavo Petro iniciará una transición energética progresiva, cosa que necesitará de 10 a 15 años para lograrse. En una entrevista con Blu Radio manifestó que no suspenderá los contratos de extracción petrolera vigentes ni las reservas. Sin embargo, no se otorgarán nuevas licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. También se sabe que Petro le dice “no” al fracking y detendrá los proyectos piloto en curso. El nuevo gobierno acelerará la generación de energías renovables, rumbo a “una sociedad movida por el sol, el viento y el agua”.

Respecto a la deforestación, el exalcalde de Bogotá tendrá como objetivo desmontar sus motores, es decir el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, los monocultivos y cultivos ilícitos, la corrupción de entidades públicas, etcétera. Su idea y la de su equipo es otorgar títulos de propiedad colectiva a campesinos e indígenas asociados a la conservación y regeneración del territorio. Putumayo, por su parte, será protegido como un departamento con prioridad en atención ambiental.

 

El cambio que representa Francia Márquez Mina para las mujeres

La Vicepresidenta de Colombia encabezará el Ministerio de la Igualdad con el que se buscarán cambios estructurales, estrategias y tácticas con enfoque de género que permitan mejorar la calidad de vida de miles de mujeres colombianas. No sólo pretenden frenar las violencias basadas en género, sino también, contribuir a una sociedad más equitativa desde la prevención y la pedagogía.

Entre las propuestas del Pacto Histórico, está la paridad del 50% de mujeres en todos los cargos públicos, un sistema educativo que promueva el liderazgo y un programa político de carácter interseccional. Es importante recordar que el discurso de Márquez siempre se ha orientado por los ideales feministas, antirracistas y ambientalistas. En este sentido, como ella misma lo ha manifestado, apoyará completamente la interrupción voluntaria del embarazo, políticas públicas para las personas no binarias y la garantía de derechos para las personas en ejercicio de la prostitución. Así mismo, promueve el respeto hacia los derechos de la población LGBT+. 

Uno de los planteamientos más sonados de Márquez y Petro es la creación del Sistema Nacional del Cuidado, con el que pretenden equilibrar las cargas y responsabilidades del hogar entre la familia con el apoyo del Estado. Las mujeres cabeza de hogar con hijos e hijas de la primera infancia tendrán un subsidio de medio salario mínimo para garantizar su alimentación y las condiciones de vida dignas; así mismo, tendrán priorización en los programas sociales de adquisición de vivienda. 

Frente a la construcción de paz y la implementación de los Acuerdos, Petro ha asegurado que se fortalecerá la perspectiva de género en instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz. Además que señala a la Mujer como principal transformadora de sus propuestas para el campo y la ruralidad. 

 

En este periodo 2022 - 2026 se espera que el nuevo presidente, Gustavo Petro, y su vicepresidenta, Francia Márquez, cumplan a cabalidad sus propuestas y respeten la Implementación del Acuerdo de Paz respecto a las garantías de Verdad, Justicia y Reparación. 

Actualizado el: Dom, 06/19/2022 - 19:30

La masacre en sí misma es un profundo abuso del estado de indefensión de las personas. Es un acto comunicativo. Un mensaje social y político. La perpetuación de una guerra que horroriza, pero desde el silencio. 

Las dinámicas y modalidades colombianas de la masacre hablan de un conflicto armado interno que prolonga el terror. Desde 1981 hasta la actualidad han ocurrido al menos 3.911 masacres en el marco del conflicto armado y durante los últimos años, las cifras han vuelto a subir a niveles similares a los anteriores al proceso de paz con las FARC.

Rutas del Conflicto entrevistó a Andrés Fernando Suárez, sociólogo, docente,  escritor e investigador independiente del conflicto armado y exdirector del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. En su nuevo libro ‘El silencio del horror: Guerra y Masacres en Colombia’ relata las características de esta modalidad de violencia. 

 

Andrés Suárez en la presentación del libro El silencio del horror en la FILBO 2022.

 

En Colombia se han perpetrado cerca de cuatro mil masacres durante el conflicto armado. ¿Dónde pone esa cifra al país a nivel de masacres en comparación con otros países latinoamericanos?

En el contexto latinoamericano, las masacres del conflicto armado colombiano han sido más numerosas y más duraderas, pero menos visibles por sus dimensiones. Hemos registrado tres veces más masacres que en Guatemala y seis veces más que en Perú, pero el promedio de víctimas por evento en el caso colombiano es mucho menor, 6 víctimas por masacre frente a 26 en el caso guatemalteco y 15 en el caso peruano, además de que en uno y otro caso la mayoría de las masacres ocurrieron en lapsos de un año y medio, mientras que en nuestro caso hay periodos críticos, por supuesto, pero está más desagregadas en el tiempo, más a cuenta gotas, por eso se nota menos. Para esto hay una razón de fondo: los actores armados se prepararon para un conflicto armado largo, por eso perpetraron más masacres en periodos más largos, pero haciendo un uso estratégico de las mismas, dosificando y administrando la violencia. 

Usaron las masacres de pequeñas dimensiones (entre 4 y 6 personas) para lograr sus objetivos en el ámbito local y regional, tratando de amortiguar el costo social y político que eso pudiera tener en el nivel central. El terror quiebra las rutinas de violencia en el ámbito local y regional, propiciando un reordenamiento de la población y el territorio de acuerdo con los objetivos estratégicos de los actores armados, pero lo hace sin alterar las rutinas de violencia en el ámbito nacional, porque como no se notan o se perciben distantes, entonces se piensa que no ponen en riesgo ni alteran el orden de manera radical. Si incides en la percepción de gravedad del problema, modificas la contundencia y la pertinencia de la reacción y la intervención frente al mismo.

 

¿Por qué es importante investigar las dimensiones de las masacres en relación con las consecuencias sociales que tienen? 

Mientras que en otros países ocurrían masacres de mayores dimensiones en lapsos cortos para precipitar una resolución nacional del conflicto armado, las masacres de pequeñas dimensiones en Colombia [entre 4 y 6 personas] apuntaban a acumular poder local y regional, pero sin alterar el orden nacional. En este sentido, las dimensiones sí tienen un efecto social y político muy grande, pero también un costo para los actores armados, entonces acá, por esa coexistencia de democracia y guerra, los actores armados la van dosificando por motivos estratégicos, para que el nivel central no interfiera en su acumulación de poder local y regional, o para preservar la imagen pública de una democracia que simplemente lidia con una violencia criminal o acentuar la percepción de que el conflicto armado no tiene ningún efecto o interferencia sobre la democracia, que no la altera, ni la distorsiona, que es marginal.

Es tan así, que nosotros como público urbano no escuchamos o no podemos reconocer las dimensiones por la proximidad que tenemos del evento: La visibilidad está muy condicionada por el tamaño y en lo que consideramos ‘un gran evento’ que pueda transformar. Yo creo que, por ser público urbano, por las reglas de visibilidad que impone nuestra época, las dimensiones juegan un papel fundamental para ver qué tanto nos sacudimos o no, que tanto nos indignamos o no por la masacre.

Un ejemplo relacionado con esto es cuando pensamos en El Salado, inmediatamente se nos viene a la cabeza la Masacre de El Salado en el 2000 donde asesinaron a 60 personas. Eso lo recordamos, pero la realidad es que en este lugar han ocurrido más de 10 masacres de pequeñas dimensiones que no han tenido la misma visibilidad y que han dado forma a un proceso de violencia continuo que las víctimas reclaman más allá del acontecimiento.

 

¿Por qué la frecuencia de las masacres se incrementa cuando estamos en época de elecciones o de cambios políticos fuertes?

No es coincidencia que el peor momento de masacres en escala se haya producido cuando estamos intentando cambios políticos importantes, por ejemplo, el proceso de paz con las FARC de 1999 a 2001 en el que se creó un campo discursivo que justificaba la masacre y era decir: ‘nosotros los paramilitares, somos la resistencia civil, tenemos que detener a las FARC, ya que el Estado se va a rendir ante la negociación’

Estas coyunturas crean un clima de legitimación que amortigua el costo de la violencia e incluso la justifica, es decir, los actores armados funcionan bajo esa lógica de ‘hay que hacer todo lo que haya que hacer’ y la sociedad, si está asediada por la violencia y se percibe amenazada en su existencia, lo avala, lo alienta y lo permite. Todas las coyunturas de cambio producen incertidumbre que exacerban el miedo, por lo general proyectado sobre un enemigo común que hay que destruir a toda costa si queremos sobrevivir, entonces la violencia funge como un medio de afirmación, hasta de certeza de que ese mundo no se va a derrumbar sin importar el precio. Cuando hay momentos de cambio, el miedo y la violencia son alentados por quienes perciben que ese cambio los va a perjudicar, que ellos y ellas son quienes pagarán el precio de ese cambio, pero también puede proceder de aquellos que están convencidos de que la violencia es el medio para precipitar y acelerar ese cambio, derrumbar más rápido el mundo conocido y sus certezas para instaurar uno nuevo.

Sabemos que muchas veces estas masacres de cuatro personas no tienen un gran impacto en el público urbano ¿Cómo se les podría explicar el impacto y la dificultad que implica para una comunidad rural que maten a cuatro personas? 

Uno puede reconocer el impacto de la masacre en relación con quién es el público, o sea, a qué personas impacta el evento de forma nacional, regional o local.

¿Qué implica esto entonces en términos de impacto local y regional? Varias cosas: En primer lugar, en el libro uno de los hallazgos importantes es que el 80% de las masacres de cuatro personas ocurre en municipios con menos de 50.000 habitantes; reforzando eso, valga decir que el 45% de todas las masacres de pequeñas dimensiones están ocurriendo en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Agréguele que el 72% de las masacres ocurren en zonas rurales o centros poblados como caseríos, cabeceras de corregimiento o inspecciones de policía. Ese contexto de población pequeña, amplifica el mensaje del actor armado, pero al mismo tiempo escapa a la mirada nacional que pueda reclamar, que pueda interpelar.

Adiciónese a esa situación el hecho de que las masacres ocurren con una altísima frecuencia. Nosotros podemos decir: ‘es una sola masacre de cuatro en un pueblito pequeño’, pero el verdadero problema es que se van acumulando, se va creando una estela, una saga de masacres muy pequeñas en territorios continuos o en el mismo lugar que hace que el efecto expansivo y devastador se multiplique.

Pero déjeme decirle que hay un impacto más imperceptible pero no menos demoledor para nosotros como sociedad, pensamos que las masacres pequeñas son signos de que el problema no es grave, que no son el tipo de acontecimiento por el cual debemos reaccionar y rebelarnos ante la violencia, y resulta que lo que perdemos de vista es que nunca miramos atrás para reconocer las dimensiones que van acumulando gota a gota las masacres, por eso nos impacta el número, cerca de cuatro mil, y no nos damos cuenta que cada masacre nos prepara para la siguiente, que ya no altera nuestra cotidianidad, que es una noticia más, y el efecto que eso provoca en nosotros es que empezamos a vivir bajo una nueva moralidad, la que nos imponen los actores armados, permitimos la banalización y la rutinización de la violencia, lo que no es más que licencia para que la violencia siga ocurriendo.

 

¿Cómo es la memoria colectiva de los territorios rurales frente a este tipo de masacres? 

Las personas que viven en los territorios tienen la memoria de todas las masacres que han ocurrido. Cada masacre pequeña tiene la posibilidad de evocar el recuerdo de las masacres anteriores y eso amplifica el terror, ese sentido de la acumulación de recuerdos violentos  que nosotros no tenemos porque hemos establecido una distancia con las víctimas y en general con el conflicto armado. Los actores armados son expertos en explorar la memoria de su terror entre las víctimas y las comunidades en el ámbito local y regional.

La realidad de muchos territorios en Colombia es que hay una ‘masacre continuada’, es decir, una sucesión de masacres que ocurren con una alta frecuencia a pesar de su bajo perfil. Es muy importante recordar  que la masacre no ocurre en un contexto vacío de violencia, no es que el actor sólo se dedica a masacres, en realidad apela a muchos tipos de evento violento para desplegar su estrategia en un territorio. El actor puede potenciar el efecto de esa masacre cada vez que hace una desaparición forzada o un asesinato selectivo que incrementa el sentimiento y la realidad de vulnerabilidad de los habitantes.

 

Hablando de la responsabilidad que tiene la fuerza pública, es impresionante la cifra que tiene de casi 300 masacres desde 1958, sobretodo porque los militares y lo policías no aparecen directamente como aliados o cómplices de los paramilitares, si no que son masacres en las que ellos son quienes las perpetran. ¿Cómo fueron esas masacres?

Aquí hay que hacer una aclaración importante respecto al estudio de las masacres por parte de la fuerza pública: una cosa es la perpetración directa y otras son las complicidades y las omisiones que permitieron que las de los otros actores armados se pudieran llevar a cabo, particularmente con la de los paramilitares.

Lo que hace muy grave el primer caso es que cuando un agente del Estado perpetra un evento tan transgresor como una masacre, rompe todos los límites éticos y morales de la violencia, es decir, está habilitando a todos para poder hacerlo. La gente dice, sí al que tiene la facultad legal de proteger, de administrar la fuerza, le es posible ‘esto’, a mí como particular o ilegal porqué me van a decir que es malo lo que yo hago.

Otro factor importante es que, en periodos específicos de la violencia paramilitar, muchos de los miembros de los paramilitares ya en la ilegalidad son o fueron miembros de la fuerza pública, así que debería interpelarnos por lo fluido de ese tránsito y sobre todo por sus implicaciones respecto a la licencia para la violencia. También, la mayor denuncia tiene que ver con omisión o con una complicidad planeada en la que unidades completas de la fuerza pública se movían o no reaccionaba ante las acciones paramilitares. Por lo menos en lo que yo he documentado, no hay ningún referente en la historia en donde la fuerza pública haya detenido o interrumpido una masacre.

 

 

Oscar Parra, Gloria María Gallego y Andrés Suárez  en la FILBO 2022.

 

¿Cómo entran las ejecuciones extrajudiciales ‘falsos positivos’ en estas cifras de masacres por parte de la fuerza pública?

Cuando llega el periodo de desescalamiento de las masacres en el 2005, las que fueron realizadas por miembros de la Fuerza Pública representan el 30% de las masacres de ese periodo, puesto que ahí van a estar muy entreverados los ‘falsos positivos’. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que el falso positivo ocurre con eventos de uno a uno, de asesinatos selectivos o desapariciones forzadas aisladas. Lo cierto es que también hubo masacres que fueron presentadas como si fueran resultados operativos, en muchos de los casos lo que hacían era que instalaban un retén y quienes pasaron por ahí se convirtieron arbitraria y aleatoriamente en víctimas, lo que revela que la licencia y el margen de acción con que varios miembros de la fuerza pública sentían que podían actuar en esta empresa criminal por la euforia victoriosa de aniquilar a la guerrilla a cualquier precio, fue aterradoramente amplio, tanto que no importaba ni siquiera si había guerrilla.

 

Hay una serie de masacres que se perpetraron durante mucho tiempo, por ejemplo, los casos de El Aro o de El Salado que duraron varios días, y dieron una sensación de desamparo completo a las víctimas y a la comunidad. ¿Cómo se vincula esa desprotección y olvido con la responsabilidad del Estado que debería haberlo cuidado?

Un reclamo reiterado en situaciones como esas es el desamparo y la vulnerabilidad que las víctimas experimentan frente a una acción que es en sí misma muy desafiante, puesto que las rutas e incursiones que se dan durante varios días proyectan una libertad absoluta para el ejercicio de la violencia que tiene su contracara en la impotencia vuelta certeza entre las víctimas de que nadie hará algo o que no hay esperanza de interrumpir la caravana de la muerte. Sumado al hecho de que los actores armados anuncian reiteradamente lo que va a ocurrir, lo comunican en las paredes, en los panfletos, en las plazas…. Entonces el reclamo es frente a la inacción, pues ahí la posibilidad de decir que ahí hubo incapacidad para controlar es muy difícil de sostener. Efectivamente aumenta esa sensación de desamparo, se agrava ese sentimiento de vulnerabilidad muchísimo y  hay un daño que es muy difícil de poder restablecer en relación con el Estado. El hecho de que a pesar de que se prolongue tanto, después no genere ningún resultado operativo contra los perpetradores, también agrava la sensación de vulnerabilidad..

En el centro está la discusión sobre el daño que causa la inoperancia y la inacción del Estado, por ejemplo, la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988, en donde hay una base militar y donde dentro del casco urbano había una estación de policía. Cuando escuchamos los relatos de las víctimas de Segovia, siempre decían ¿ellos porque no salieron ni siquiera a perseguirlos o a atajarlos?

Hay grandes estereotipos  sobre las concepciones y las violencias dentro de la masacre y su forma de ejecutarse. ¿Cómo le explicaría usted a las personas cómo son estas formas? Respecto a esto ¿Hay diferencias entre los grupos armados?

En el libro ustedes van a encontrar que yo hago un esfuerzo por tratar de decirle a la gente no hagamos jerarquizaciones del terror, no permitamos que cuando hablamos de masacre sólo pensemos en la sevicia o en la crueldad extrema, resulta que hay una sevicia que no es corporal, yo digo que hay un despliegue de palabras y de lenguajes y de situaciones que no terminan en un desenlace fatal, pero que son devastadoras para una comunidad dentro de la masacre. 

Yo invito a la gente a que mire a la masacre como lo que es: un abuso del estado de indefensión de las personas. No tienes que ver decapitaciones ni descuartizamientos para que sea grave, eso debería interpelarnos como sociedad. 

La masacre con sevicia, es un sello diferenciador, mucho mayor en los paramilitares que en las guerrillas, pero como dice Óscar, efectivamente las guerrillas también la han perpetrado, pero hay una particularidad con eso y es el tipo de modalidad de ataque: los paramilitares son más propensos a las incursiones y a las rutas, las guerrillas en cambio son más proclives a los asaltos, o sea, entrar a un lugar puntual, atacar y replegarse, son más propensas a las interceptaciones o a los retenes. 

El libro plantea, en términos generales, puede ser que los paramilitares hayan cometido más masacres que las guerrillas, en una relación de 3 a 1 en el ámbito nacional, pero hay regiones en donde eso no es cierto, hay regiones donde la gente te dice ‘la guerrilla fue la que más masacró aquí’ y tiene razón. Esto hay que verlo con mirada regional porque la experiencia de la gente con las masacres de los actores armados también varía regionalmente. La guerrilla fue el principal responsable de las masacres en el Sur del Tolima, el Sur del Huila, el Caguán y el Noroccidente de Cundinamarca, así que en esos casos se trata de una verdad regional que no converge con la realidad nacional, al igual que pasa en la mayoría de las regiones de la Costa Caribe en donde la asimetría entre las masacres paramilitares y las guerrilleras es mucho mayor que la tendencia nacional, 10 masacres paramilitares por cada masacre guerrillera.

Esto también varía temporalmente, porque cuando uno hace balances de periodos largos, el riesgo es que invisibiliza responsabilidades en periodos históricos concretos, como por ejemplo los de las guerrillas entre 1981 y 1987 o el de miembros de la Fuerza Pública en ese periodo y el que va de 1988 a 1995, casos en los cuales la participación es más alta que la que se presenta en el balance de 40 años de masacres en el conflicto armado.
 

 

Hemos tenido unos años difíciles después de la firma del Acuerdo de Paz y la pandemia. Ahora se vienen unas elecciones que van a dejar a medio país polarizado. A pesar de esto ¿Qué análisis le dejaría usted a las personas para que le sigamos apostando a una adecuada implementación del Acuerdo? 

El 2020 fue un momento dramático porque las masacres volvieron a los niveles previos al inicio del proceso de paz con las FARC. La pandemia ni siquiera tuvo el efecto de contención, sino que es como si hubiera facilitado que la gente estuviera encerrada para masacrarla. Era previsible que esto pasara en 2019  porque era año de elecciones regionales, eran las primeras elecciones regionales después del Acuerdo de Paz  y ese era un momento de reacomodamiento de los actores armados, pero en 2020 no, así que no es un factor coyuntural sino que puede advertir un cambio de situación estructural en la que los actores armados se hacen más desafiantes, mueven la frontera de la violencia que perciben pueden y están en capacidad de perpetrar, y todo esto ocurriendo en medio de la implementación del acuerdo de paz.

El acuerdo de paz preveía que esto iba a pasar, si no miren la multiplicidad de instancias de seguridad que hacen parte del acuerdo, ahí están, el problema es que el gobierno nacional ni siquiera ha sido diligente en convocarlas, ni tampoco propone una narrativa pública que le responda al desafío a los actores armados, el acuerdo de paz es innombrable y todo se reduce a un problema criminal, el narcotráfico, el enemigo perfecto y funcional para evadir responsabilidades políticas.  Hay que insistir también en que la implementación de la paz y las transiciones políticas son violentas, porque la guerra está apuntalada por intereses muy poderosos que no van a ceder voluntariamente, van a reaccionar violentamente, así que lo importante es cómo se reaccione y se gestione esa violencia de la transición, porque la ciudadanía debe comprender que la paz se gana, que lo que se logra para la paz se le quita a la guerra, así que ante la violencia de la transición lo que se necesita es persistencia para poder ganar, o sea, podemos bajar los brazos por lo que está pasando: asesinatos de líderes sociales, de excombatientes, masacres, desplazamiento forzado. A todos los actos de violencia hay que responderles con resistencia, con rechazo, hacerlos costosos social y políticamente -incluso la gente desde las ciudades lo puede hacer-, exigiendo la implementación del acuerdo de paz. Yo aquí quiero decirle a la gente que aprendamos de las víctimas y sobre todo de las víctimas desaparición forzada y una de sus consignas para comprender todo el empeño que demanda la paz, ellas nos dicen ‘insistir, persistir y nunca desistir’. 

No voy a negar que dependiendo del gobierno que llegue se definirá si estamos o no en un punto crítico de no retorno, porque lo cierto es que el gobierno actual ha hecho todo lo posible para hacer trizas el acuerdo de paz, no modificando el texto del acuerdo, pero sí permitiendo que el contexto de seguridad empeorase hasta tal punto que limitara la implementación, porque lo que nos deja el gobierno son grupos armados fortalecidos, era tanta su oposición al acuerdo de paz que acabó por venderle el alma al diablo, traicionando el pilar de su causa política: la seguridad .  

Actualizado el: Vie, 05/27/2022 - 12:50

Hace casi cuarenta años, exactamente el 23 de junio de 1982, Gloria Lara, quien entonces se desempeñaba como directora nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad, una entidad del Ministerio de Gobierno, fue secuestrada en el barrio Teusaquillo de Bogotá, muy cerca de su residencia.

Su secuestro sacudió al país, pues los captores no pudieron ser rastreados y a través de cartas al diario El Bogotano enviaban pruebas de vida y amenazas contra la integridad de Lara sino se cumplían sus peticiones. 

Cinco meses después, el 28 de noviembre de 1982, Lara fue encontrada muerta con un tiro en la cabeza y una bandera de la Organización Revolucionaria Popular, ORP, al lado de su cuerpo.

El caso ha sido uno de los enigmas judiciales más complejos de resolver y desde hace algunos años circula en redes sociales como Facebook 1, 2, 3, y Twitter 1, 2, 3 y en algunas cadenas de mensajería instantánea, que el actual candidato a la presidencia  por el Pacto Histórico, Gustavo Petro y el M-19 fueron los culpables de este crimen.

Una de las publicaciones que verificamos es la del popular tuitero, David Ghitis, quien el 19 de abril de 2020 publicó en su cuenta un trino en el que aseguraba: “Cuando Petro les hable del respeto a las mujeres por favor pregúntenle por qué el M19 secuestró, torturó y asesinó a Gloria Lara” y lo acompañaba con la foto de una vieja contraportada, editada, del diario El Bogotano en el que el titular dice “ejecutada Gloria Lara”.

 

A la izquierda la imagen editada de la contraportada del diario El Bogotano que publicó en su trino David Ghitis y a la derecha la contraportada como realmente se publicó en ese diario en 1982.

En la actual campaña presidencial las publicaciones que culpan a Petro del secuestro y asesinato de Gloria Lara se han viralizado con mensajes como “Hay colombianos que no tienen memoria, la verdadera historia no la han investigado…”, “Si esto lo hizo cuando era un simple guerrillero imagínese lo que puede aser ahora que quiere ser PRESIDENTE”  y “CON QUÉ AUTORIDAD MORAL LE PUEDE DECIR EL HAMPON DE PETRO A COLOMBIA, QUÉ ES BUEN COLOMBIANO CUANDO SU GRUPO TERRORISTA M-19 EL CUAL FUE CABECILLA PRINCIPAL, VIOLÓ, EMBARAZÓ Y ULTIMO A GLORÍA LARA, INDEFENSA MUJER SECUETRADA POR ESTOS TERRORISTAS....”.

Estas publicaciones, según una herramienta a la que tenemos acceso en Colombiacheck por el programa 3PFC, una alianza con META en la lucha contra la desinformación, han tenido un alcance de 16.300 vistas y han sido compartidas mil veces. Por esa razón decidimos verificar estas publicaciones que relacionan al candidato del Pacto Histórico y al M19 como los autores de este crimen.

Pero las evidencias apuntan en otra dirección, aunque este crimen, como ya mencionamos, quedó en la impunidad, pues prescribió y la Corte Suprema de Justicia se negó a calificarlo como un crimen de lesa humanidad, en esta sentencia está el detalle del fallo de la CSJ.

Las evidencias encontradas en esta investigación hecha por Rutas del Conflicto y Colombiacheck dejan ver que las pruebas recayeron sobre un grupo delincuencial conocido entonces como Los Murcias, liderado por un ex juez que también estuvo vinculado a otro secuestro, pues se hallaron coincidencias entre estos crímenes.

Sobre la responsabilidad de la  Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), tampoco se pudo probar, pues la justicia encontró irregularidades en las capturas hechas por el Ejército y en las confesiones de algunos de sus miembros. 

 

¿Quién era Gloria Lara?

 

Gloria Lara, quien como ya dijimos era la directora nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, dedicó parte de su vida a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y a la participación política de los movimientos campesinos de ese entonces como lo menciona este artículo de la revista semana titulado Gloria Lara, ¿por qué?. 

Lara hizo parte de una prestigiosa familia huilense. Su madre fue  Pepa Perdomo que tuvo ocho hijos, cinco mujeres y tres hombres, con Oliverio Lara. Sus primeros años transcurrieron en Neiva, en la finca familiar donde aprendió de ganadería y trabajó a la par con los hombres, como está narrado en el perfil de Revista Semana, La historia de una infamia. Al terminar el bachillerato en Londres, estudió psicología en París y regresó a Colombia cuando su familia ya estaba viviendo en Bogotá. 

Al regresar se casó con Héctor Echeverri Correa, que fue senador de la República en los ochenta y que falleció en 2012, un hombre que conoció a los once años porque las familias habían sido amigas desde siempre. 

Después de casarse, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes. Lara empezó a trabajar con el partido liberal desde 1968, primero en brigadas de salud y más adelante, contribuyó a la creación de grupos de autogestión para la construcción de vivienda popular. Fue concejal de Bogotá y en 1978 fue nombrada directora de la Oficina de Integración y Desarrollo de la Comunidad, cargo desde el cual dirigió 32.000 Juntas de Acción Comunal.

 

Su secuestro

 

El 23 de junio de 1982 a las 8:00 de la noche, secuestraron a Gloria Lara en el barrio Teusaquillo de Bogotá, cerca de su lugar de residencia junto con su chofer, quien posteriormente, fue dejado en libertad. La primera prueba de vida la recibió el periódico El Bogotano el 12 de julio de 1982 con una foto de ella en la que aparecía acompañada de un sujeto encapuchado con una ametralladora.

Esta es la portada del diario El Bogotano del 12 de julio de 1982 cuando los captores enviaron las primeras pruebas de vida. 

Con la foto, El Bogotano recibió una carta en la que los secuestradores aclararon que no pertenecían a ningún movimiento subversivo y que no intentaban suplantar al M-19. Se vieron en la necesidad de realizar esta aclaración porque, una semana después del secuestro, las cadenas radiales Caracol y Todelar afirmaron haber recibido llamadas telefónicas en las que se culpaba al M-19 de ser el autor del secuestro. 

La siguiente prueba la recibió el mismo medio el 28 de octubre y también fue una fotografía acompañada nuevamente de un encapuchado. En ella se amenazaba con el asesinato de Lara al día siguiente, al no poder entablar un diálogo con la familia Echeverri Lara. Esto desató una ola de protestas ciudadanas en las que pedían su libertad, lideradas por parte de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Dos días después, el 30 de octubre, los secuestradores dijeron que ampliaron el plazo porque la familia, supuestamente, estaba dispuesta a dialogar. 

Foto enviada como prueba de vida de Gloria Lara al diario El Bogotano en octubtre de 1982.

El 28 de noviembre de 1982, El Bogotano recibió una llamada de los autores del delito, a la media noche en la que alertaban que el cuerpo de Gloria Lara yacía en la transversal 68B con calle 66, en frente de una iglesia en el barrio Bonanza. El diario fue el primero en llegar al lugar de los hechos, mientras que la policía tardó varios minutos en enterarse. 

La redacción judicial del diario El Tiempo también recibió la misma llamada, según se relata en una crónica publicada del 29 de noviembre de 1982 (ver recorte de prensa más abajo), titulada: Impresionante hallazgo del cadáver.

Allí se relata que los periodistas, asignados por el diario, llegaron al lugar 5 minutos después de la llamada y pocos minutos más tarde arribó la policía. 

Lara, tras haber pasado 186 días de secuestro, se encontraba en el piso con un disparo a quemarropa en el cráneo y junto a una bandera roja de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP). El disparo lo habría recibido cerca de las 11 de la noche y vecinos del sector aseguraron escucharlo. 

Las autoridades terminaron de realizar el levantamiento cerca de la 1:00 a.m. después de esto la trasladaron al anfiteatro donde su esposo, el senador Echeverri, tuvo que realizar un reconocimiento del cuerpo. Medicina legal señaló que en el momento de su muerte, su cuerpo pesaba apenas 30 kilos.

El móvil del secuestro y del asesinato nunca se supo. Para el historiador de la Universidad Nacional, Sebastián Flórez Herrera, quien ha realizado varias investigaciones sobre la violencia del conflicto armado en Bogotá, varias de ellas para la Comisión de la Verdad, “el caso de Gloria Lara es un caso difícil de abordar porque requiere verdad de miembros de las fuerzas estatales, que podrían estar involucradas en ello”.

Poco se conoce de la ORP, una organización disidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) entre los años 1978 y 1979. Tuvieron presencia, principalmente, en Sucre, Bolívar, Córdoba, Valle, Manizales y Bogotá. También fue vista como un movimiento revolucionario de la izquierda ajeno a los métodos terroristas y de lucha armada. 

Un mes después del asesinato, el general del Ejército Fernando Landazábal y el director de la Brigada de Institutos Militares, BIM, general Hernando Díaz Sanmiguel, anunciaron en los medios de comunicación haber capturado a los 20 implicados en el secuestro y asesinato de Gloria Lara. El Espectador, el 29 de diciembre de 1982, publicó Revelaciones sobre el asesinato de Gloria Lara, allí se menciona que Díaz Sanmiguel dio a conocer a los medios, videocasetes con las confesiones de los capturados y el supuesto autor del disparo. 

Además, se mencionó que en Bogotá las dos personas que estaban al mando de la banda eran Miguel Gamboa y Hernando Franco, profesor de la Universidad Nacional. 

Fragmentos de la noticia publicada por El Tiempo el 28 de diciembre de 1982, en la que el Ejército revela las grabaciones con las confesiones de los presuntos responsables del secuestro y muerte de Gloria Lara.

Según el Ejército, las confesiones revelaron que el secuestro de Gloria Lara se decidió para financiar la organización y porque era una persona reconocida por su posición social, económica y su cercanía al pueblo. 

Juan Tadeo Espitia fue quien asumió la autoría material del disparo y en una confesión confusa, mencionó que nunca había hecho uso de un arma hasta esa noche.

El comandante de la BIM aseguró que las declaraciones de los miembros de la ORP se realizaron sin torturas. Una de las personas detenidas fue Emperatriz Santander Cancino, diputada de Cundinamarca por el Nuevo Liberalismo. 

El diario El Espacio, el 28 de diciembre de 1982, en el texto ‘Doña Emperatriz sí participó’, menciona las reacciones que tuvieron los ciudadanos al enterarse de la captura de la diputada. Miembros del F2 le dijeron al diario, que Santander participó en el secuestro de Lara. 

Este es el organigrama de la ORP que el Ejército reveló a los medios, tras la investigación por el secuestro y muerte de la Gloria Lara. Foto fue tomada del documental de Canal Capital: Hagamos memoria, el caso de Gloria Lara. Emitido en noviembre de 2013.

En agosto de 1983, el juez 16 superior de Bogotá, Jorge Enrique Alford Córdoba, desestimó las capturas e involucró al caso a la banda delincuencial del exjuez Iván Darío Murcia y a dos personas más, y dejó en libertad a los implicados en el caso inicialmente. 

Alford Córdoba tomó esta decisión porque las confesiones realizadas por los militares, a los primeros capturados, fueron contradictorias ante los jueces, como es el caso puntual del carro en el que secuestraron a Lara, que en un principio se había dicho que era de color azul y después mencionaron que era blanco. 

Las víctimas señalaron que las primeras confesiones se realizaron bajo tortura, por parte de los militares, y al estudiarlas a profundidad, el juez encontró vacíos y cambios en la historia que relataban. 

 

La vinculación de ‘Los Murcia’ y absolución de miembros de la ORP

 

Iván Darío Murcia había sido juez de Caicedonia, Valle, y según el reportaje de Semana ‘Caso Gloria Lara’, publicado en agosto de 1985, él, junto a su banda que se hacía llamar “Los Murcias”, fueron los mismos secuestradores del entonces funcionario de la Texaco, Kenneth Stanley Bishop, en marzo de 1983. 

Según el mismo reportaje, luego de su liberación, Bishop afirmó que “durante su cautiverio, los secuestradores lo amenazaban con hacerle lo mismo que a Gloria Lara si no pagaban el rescate”. Las investigaciones del F2 apuntaban a que las máquinas de escribir y las cámaras utilizadas para las pruebas de supervivencia en el caso de Gloria Lara y de Bishop, eran las mismas. 

Las declaraciones de Martha Lucía Ropero, amante de Murcia, al F2 fueron claves para la captura, porque ella aseguró que junto a Murcia estuvieron en los alrededores de la casa de Gloria Lara, días antes de su secuestro, estudiando el lugar. 

Precisó Semana, en el mencionado artículo que “según las investigaciones, la cámara Polaroid y las cortinas encontradas en la casa del barrio Las Ferias, fueron las mismas utilizadas en los dos secuestros. Por otro lado, el examen de los escritos enviados a raíz de los dos secuestros, respondían a una misma máquina y el estilo de redacción era semejante”.

Y agrega, Semana,  “en ambos casos, el de Bishop y el de Gloria Lara, los mensajes enviados por los secuestradores hacían exigencias semejantes: pagar el rescate en la misma moneda extranjera, entregar billetes de las mismas denominaciones, que hubiera ausencia de marcas o sustancias químicas que pudieran servir para distinguirlos o alterarlos, y en ambos textos se advertía sobre los riesgos para el secuestrado en caso de que se diera información a las autoridades. Además, en los dos casos, el plazo para el pago del rescate era de cinco días”.

En medio de la investigación, el 9 de julio de 1984, Murcia huyó de la cárcel Modelo con la complicidad de sus guardias, quienes posteriormente fueron condenados. Después de este suceso, no se volvió a rastrear ni el paradero ni la situación judicial del exjuez.

El 12 de febrero de 1992, como asegura El Tiempo en Gloria Lara: un crimen sin castigo, uno de los juzgados de conocimiento adscrito a la desaparecida Dirección Seccional de Orden Público de Bogotá absolvió de los cargos a los miembros de la ORP que habían sido vinculados con este caso. 

Más adelante, el 20 de agosto de 1992, el Tribunal Superior emitió una resolución de acusación contra los implicados de la ORP en el caso de Gloria Lara y los llamó a juicio. 

En ese entonces, regía el Decreto 2700 de 1991 y bajo este sistema penal, se debía presentar un documento conocido como el marco jurídico y práctico, el cual guiaba la emisión de los fallos en los juicios. 

Todo lo que estaba estipulado en la resolución era lo que determinaba de qué manera se debía juzgar cada caso y bajo qué delito. Además, en este Decreto se especifica que: “El fiscal la dictará, cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado”. En ese sentido, se comprueba que a los presuntos implicados en el caso no se les puede denotar la responsabilidad del mismo. 

Sin embargo, con un cambio en el sistema legal y el término ‘resolución de acusación’ ya no se utiliza. Según explica Tania Camila Córdoba, abogada de la Universidad Externado y estudiante de maestría en derecho penal, si hoy en día a una persona se le hace una acusación por un delito de tentativa de homicidio y luego el juez, al final del proceso, encuentra que el delito no es de este tipo, sino lesiones personales, puede cambiar el delito  y no afectaría el proceso. 

“Pero antes si a una persona se le hacía resolución de acusación por el delito de tentativa de homicidio, aunque fueran lesiones personales, pues tenían que guiarse solo por lo que dijera la resolución”, explica Córdoba. 

La justicia colombiana tenía hasta el 6 de octubre de 1996 para establecer la responsabilidad de estas personas en el caso de Gloria Lara, pero la Corte Suprema de Justicia tuvo que ordenar “la cesación del procedimiento penal o prescripción, por el hecho de haber transcurrido más de 10 años” sin que se lograra un fallo. 

En palabras de la abogada Córdoba: “Una prescripción es cuando transcurren los años y se acaba el tiempo que tiene el Estado para investigar y/o condenar el delito”. 

Al pasar tanto tiempo sin obtener un fallo en el caso, lo que sucede es que las personas involucradas quedan libres sin posibilidad de ser condenadas. En este caso, la ORP dejó de ser un actor dentro del secuestro y asesinato de Gloria Lara después de las múltiples decisiones de la justicia. Tampoco nunca hubo una sentencia que aclarara la responsabilidad del exjuez Murcia. Hasta el momento, no se ha establecido de manera oficial quiénes son los culpables.

Para el historiador e investigador Flórez Herrera, “este es un caso lleno de mucha crueldad en la actuación en contra de quienes fueron presentados como responsables y también en el cuerpo y la experiencia de Gloria Lara y sus familiares. Es un caso con unas características que estremecen por la complejidad de los actores que están involucrados”.

Años después, en el 2009, el entonces procurador, Alejandro Ordóñez pidió la reapertura del caso, al calificarlo como un crimen de lesa humanidad, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, de nuevo, negó la petición y el crimen se mantuvo en la impunidad.

En dicha sentencia de revisión, la sala de Casación Penal, precisó en su fallo, en el apartado ‘actuación penal relevante’ que, “el trámite de la causa estuvo a cargo de un juez de Orden Público de la Seccional de Bogotá, quien mediante sentencia del 12 de febrero de 1992 absolvió a los acusados. La decisión, en síntesis, se basó en el hecho de que la confesión de los sindicados, realizada ante los funcionarios de la Brigada de Institutos Militares, se obtuvo por medio de tortura. Su origen ilícito, consecuentemente, imponía excluirlas de la actuación”.

El fallo recoge además que entonces en el proceso “no fue posible controvertir las afirmaciones de la persona que supuestamente, le informó al detective del DAS, José Vicente González, quiénes habían sido los autores de las conductas punibles, toda vez que el servidor público citado, sin motivo legal atendible, se negó a identificarlo, en sus declaraciones no supo explicar la forma como se contactó con el informante, el lugar y la fecha del encuentro y sus declaraciones se caracterizan por la vaguedad y el nerviosismo”.

“Por lo demás, al proceso se allegaron diversas pruebas que contribuyen a desvirtuar la responsabilidad de los acusados en las conductas punibles a ellos atribuidas”, agrega la sentencia.

Por último, ​​la sala de Casación Penal, precisa que “En síntesis, al excluirse en este caso la presencia de un crimen de lesa humanidad, no procede predicar la imprescriptibilidad de las conductas que pudieran generarlo, razón por la cual la demanda de revisión no está llamada a ser admitida. 

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
Inadmitir la demanda de revisión presentada por el Procurador 7° Judicial II. Procede el recurso de reposición”.   

 

Petro ha negado su participación

 

El hoy candidato a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, ha negado en varias ocasiones haber participado en los hechos. En medio de la campaña a la Presidencia en enero de 2018, el senador le respondió a un tuitero que había retuiteado un trino acusándolo del crimen que, “Ivan usted esta reproduciendo esta información que es una calumnia. Jamás ni la prensa del entonces ni la investigación judicial relacionaron el secuestro y asesinato de Gloria Lara con el M19. Se trata hoy de una campaña delictiva” (sic).

 

Ivan usted esta reproduciendo esta información que es una calumnia. Jamás ni la prensa del entonces ni la investigación judicial relacionaron el secuestro y asesinato de Gloria Lara con el M19. Se trata hoy de una campaña delictiva: @enrovasquez https://t.co/5yRPxGAb5M https://t.co/6jttuqz5Zi

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 29, 2018

 

Posteriormente, el 28 de febrero de este mismo año, Petro se volvió a referir al tema en su cuenta de Twitter, de nuevo en respuesta aun trino que lo acusaba, lo mismo que al M-19.

 

Esta es una muestra de la campaña delictiva que se adelanta sin que la @FiscaliaCol entregue resultados de la investigación de sus autores. La justicia colombiana jamás implico al M19 en el asesinato de Gloria Lara https://t.co/Lp7i1Ruvwp https://t.co/lpZR2ZDWE7

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2018

 

Y al hacer una búsqueda avanzada en la cuenta de Twitter de Petro encontramos que él se ha referido al caso en al menos seis ocasiones y la primera mención fue hecha en agosto del año 2013, cuando aseguró “Algunos fueron encarcelados o se exiliaron como los dirigentes de la ANUC de Sucre a quienes acusaron falsamente del secuestro d Gloria Lara”.

Luego de esta investigación concluimos entonces que no hay pruebas que evidencien la participación de Gustavo Petro o el M-19 en el asesinato de Gloria Lara de Echeverri, pues las autoridades nunca vincularon a dicha organización guerrillera con el caso y las pruebas apuntaron a la banda de Los Murcia, encabezada por el ex juez, Iván Darío Murcia.

Actualizado el: Mar, 05/10/2022 - 20:41

Escazú, el proyecto para proteger los derechos ambientales

El 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, veinticuatro países latinoamericanos firmaron el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este proyecto, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en accesos ambientales”.  De los países firmantes, entre los cuales están Argentina, México y Uruguay, solo 12 lo han ratificado.

En Colombia el Proyecto de Ley 251, el cual aprueba el Acuerdo de Escazú, fue radicado en octubre de 2021, pero solo hasta el pasado 28 de abril se llevó a cabo el primer debate para su implementación. Con seis votos a favor y uno en contra, se espera la transición a los tres debates restantes en el Senado para su completa ratificación. La cita para estas sesiones podría darse antes de terminar la actual legislatura del Congreso (el 20 de junio del 2022), pero en caso de que esto no suceda, el proyecto de ley quedaría vigente para discutirse el próximo periodo legislativo.

Los candidatos presidenciales a las próximas elecciones del 29 de mayo, han expresado públicamente su posición ante la implementación del Acuerdo de Escazú. En el último debate realizado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), el candidato Federico Gutiérrez respondió negativamente ante la ratificación del Acuerdo, y, por otro lado, Rodolfo Hernández ni siquiera sabía de qué se trataba el Acuerdo de Escazú, lo que generó bastante sorpresa entre los asistentes del evento. Sergio Fajardo y Gustavo Petro han hablado abiertamente del tema ambiental y apoyan la implementación del proyecto ley.

Combatir la deforestación, una labor titánica

La deforestación se posiciona como uno de los principales problemas ambientales en Colombia. En 2017, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se deforestaron 219.973 hectáreas de bosque, lo que equivale a casi seis veces el suelo urbano y rural de Medellín. Durante los dos años siguientes el panorama pareció mejorar, las cifras disminuyeron. Sin embargo, entre 2019 y 2020 volvieron a aumentar en un 8%.

La región amazónica suele ser la mayor afectada, pues allí se concentra más de la mitad de la selva natural del país. Aún no se conocen datos oficiales de lo que va del 2022. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó que los incendios de enero en la región superan las cifras de los últimos 10 años, con más de 1200 alertas recopiladas por la organización Global Forest Watch.

Simón Uribe, profesor de la Universidad del Rosario, explica que el próximo gobierno hereda un desafío muy grande en cuanto a esta problemática, sobre todo un problema de legitimidad en los territorios. “Eso se debe a la precaria implementación de los acuerdos de paz que ha dejado unos espacios a los que el Estado no llega. Así se han derivado dinámicas como el acaparamiento de tierras, la construcción de vías ilegales, el avance de la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, entre otras”. Y es que, de acuerdo con el Ideam, estas son algunas de las causas directas de la deforestación. Entonces, los candidatos presidenciales han hablado en varias ocasiones sobre cómo reducir este fenómeno.

Rutas del Conflicto recopiló las propuestas de algunos de ellos con base en sus programas de gobierno. Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, por ejemplo, comparten la iniciativa de eliminar por completo la deforestación para el año 2030 y restaurar ecológicamente cientos de miles de hectáreas de territorio. Para lograrlo, Fajardo sugiere seguir el rastro y encontrar verdaderos culpables en lugar de castigar a los eslabones más débiles en las cadenas de ilegalidad. En cambio, Gutiérrez propone una estrategia de control seguida de la presencia del Estado, la formalización de tierras y la vinculación de comunidades locales.

El objetivo de Gustavo Petro es desmontar los motores de la deforestación mencionados anteriormente usando al máximo los bonos de carbono. También busca otorgar títulos de propiedad colectiva a campesinos y resguardos indígenas vinculados a la conservación y regeneración de la selva. Por su parte, Rodolfo Hernández pretende brindar una renta básica a pobladores locales que trabajen en la protección de bosques. De igual forma, busca promover la tipificación en el Código Penal y el fortalecimiento de las autoridades ambientales para sancionar pertinentemente a los responsables y sus conductas delictivas.

Extracción de petróleo y minería: los candidatos aseguran que el camino es la transición energética

El modelo extractivista de Colombia se basa en la extracción y explotación de minerales e hidrocarburos para la venta y exportación de recursos como el petróleo, el gas natural y el carbón. Según el Ministerio de Minas y Energía, el sector de hidrocarburos produce aproximadamente el 80% del sistema general de regalías y aporta alrededor de 4,5 billones de pesos en impuestos. El crudo es el primer producto de exportación del país, representando el 55,4% de las exportaciones.

Sin embargo, para muchas personas en el país estas actividades extractivistas son fuente de preocupación ambiental, pues señalan que la contaminación y el cambio climático son consecuencias directas de la extracción de petróleo y la minería a gran escala. Así mismo, técnicas de exploración de yacimientos no convencionales - como lo es el fracking- causan rechazo entre las comunidades debido a las grandes cantidades de agua que se contaminaría y al impacto de estas en sus territorios.

Pedro Antonio Fuentes, líder social y representante de la comunidad afrodescendiente de Puerto Wilches, municipio santandereano ubicado al margen derecho del Río Magdalena, afirma que ha recibido amenazas   debido a la oposición que su comunidad y organizaciones ambientalistas han realizado contra una prueba piloto de fracking que se pretende desarrollar en el municipio. “Lamentablemente en el municipio esto está a punto de pasar de gris a oscuro, porque sabemos lo que se viene con los grupos al margen de la ley e incluso con el mismo Estado” afirmó Fuentes refiriéndose a que no sólo hay consecuencias ambientales sino también en torno al conflicto armado.

“Un nuevo gobierno debe ser analizado por nosotros los electores a través del programa que ellos plantean. Tenemos que revisar el tema de hidrocarburos y cómo los candidatos planean gestionarlo. El camino que nos señala la magnitud de la crisis climática - e incluso la responsabilidad económica - es el necesario abandono de las energías fósiles… Tenemos que ver otra perspectiva del modelo extractivo en términos de Colombia, un país megadiverso” asegura Andrés Gómez, ingeniero de petróleos y activista ambiental de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Desde Rutas del Conflicto, analizamos y contrastamos lo que los principales candidatos ambientales han dicho y prometido, tanto en su programa de gobierno como en las entrevistas, debates y redes sociales, sobre las actividades extractivas en relación al medio ambiente y a la economía. Los candidatos Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez coinciden en el planteamiento de la Transición Energética de los hidrocarburos a energías limpias y renovables, sin embargo, se diferencian en su forma de ejecutarlo.

Gustavo Petro: “De una economía extractiva a una productiva”

El candidato presidencial por el Pacto Histórico ha causado polémica en diversos sectores de la sociedad colombiana al plantear el fin de la dependencia económica del petróleo, el carbón y todo tipo de explotaciones mineras. Petro en su plan de gobierno asegura que hará una transición energética progresiva en la que se detengan definitivamente las nuevas exploraciones y se prohíban los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos no convencionales.

 

En entrevista con Blu Radio, aseguró que no suspenderá los contratos vigentes de extracción petrolera ni las reservas, pues la transición hacia energías más limpias deberá hacerse en un periodo de 10 a 15 años y, por lo tanto, durante su mandato planea usar las reservas existentes para el suministro que se requiera en el país. La energía planea ser producida por fuentes solares y eólicas aprovechando e impulsando las condiciones naturales de regiones diversas como La Guajira.

Respecto a la minería, el candidato a la presidencia y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez han insistido en la necesidad de proteger la minería ancestral y artesanal, al tiempo que se prohíba la minería a gran escala y practicada a cielo abierto. Márquez ha liderado desde su territorio natal la lucha contra multinacionales extranjeras que afectan a su comunidad y sus tradiciones, por lo tanto, exigen a las empresas mineras responsables la reparación integral, ambiental y social.

 

Sergio Fajardo: La búsqueda de la transición energética

 

Sergio Fajardo, candidato a la presidencia por la Alianza Verde, ha asegurado en su programa de gobierno que “los recursos generados en los próximos años por el sector petrolero, minero y energético deben ayudar a promover el proceso de transición que, además, deben aprovecharse para alcanzar la universalización del servicio de energía” E impulsar el reemplazo de la economía extractiva para fortalecer el sector agropecuario.

El candidato ha rechazado abiertamente el fracking y la megaminería, sin embargo, no ha explicado cómo frenaría el crecimiento desbordado de la industria. Propone establecer la etapa de licenciamiento ambiental para la fase de exploración minera, formalizar la pequeña minería a través de la modernización y realizar un Gran Diálogo Nacional Minero-Energético con el propósito de superar el conflicto social.

 

 Federico Gutiérrez: El continuismo en la explotación de recursos

En algunas partes de su programa, Federico Gutiérrez ha asegurado que buscará la transición energética, sin embargo, también dice que garantizará el crecimiento económico sin dejar la explotación de petróleo ni la exploración de reservas:

 

 

Gutiérrez señala que apoyará los Proyectos Piloto de Investigación de Yacimientos No Convencionales, es decir, fracking. En el Congreso Naturgas dijo: «El fracking hay que hacerlo bajo todas las normas para que la afectación en términos de ambiente no sea tan grande… Hay que seguir buscando alternativas para encontrar más yacimientos»

De forma similar, dice que potencializará la minería a través de una mayor inversión en proyectos minero-energéticos con ‘responsabilidad ambiental’ y “brindar las condiciones para que los títulos otorgados logren superar la etapa de exploración y pasar a las siguientes etapas”

Rodolfo Hernández:

Al igual que los otros candidatos, Rodolfo Hernández plantea realizar una transición energética. En su programa de gobierno dice que “se puede alcanzar un equilibrio en la explotación que cuide el medio ambiente, genere desarrollo social y sirva para planificar una transición hacía la producción de otras formas de energía limpia y mejores prácticas en la explotación de los recursos mineros”

Hernández ha sido ambiguo en su posición frente al fracking, en algunos debates ha hablado de la transición energética, pero en entrevista con La República dijo que es necesario realizar los pilotos de fracking de Ecopetrol con vigilancia científica.

https://www.youtube.com/watch?v=2QE7vNpRnsU desde 8:04 hasta 9:00

 

*Este 29 de mayo, en las urnas y en los tarjetones, las personas decidirán quién será el candidato presidencial que represente mejor sus intereses ambientales y económicos. Aquel domingo, observaremos qué rumbo tomará el país en la lucha por la crisis climática.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:31

Yuvelis Natalia Morales Blanco es lideresa ambiental del municipio de Puerto Wilches, Santander. Tiene 21 años, es hija de un pescador del Magdalena Medio, y allí, al lado del río donde creció, alzó la voz contra el fracking en la región. Empezó a recibir amenazas de muerte en 2021, tanto por medio de panfletos como personalmente, cuando hombres armados irrumpieron en su casa. Desde marzo de 2022 está exiliada, lejos de su familia y de su tierra.

“El río nos ha dado todo lo que somos, estamos adheridos a él. Esta problemática del fracking no solo atenta a nuestra salud, sino a nuestra cultura, a lo que somos como wilchenses”, afirmó Yuvelis Morales, quien aún en la distancia sigue trabajando en la visibilización del tema con autoridades internacionales.

Las críticas al fracking en Puerto Wilches se vienen dando desde 2019. En ese año, el Consejo de Estado le dió luz verde a Kalé, el proyecto dirigido por Ecopetrol que sería el primero con esa técnica de extracción en Colombia. La licencia ambiental para la plataforma, sin embargo, se suspendió jurídicamente en abril de 2020, debido a la falta de consulta previa a la comunidad afro del municipio. El fracking es una técnica de extracción que inyecta, a alta presión, un fluido para romper las rocas y diluir los hidrocarburos atrapados en ellas. La cantidad de agua necesaria para explotar un pozo oscila entre 2,5 y 7,5 millones de litros, según el ingeniero Sergio Cabrales, en artículo publicado por Portafolio. Ésta es una de las críticas de los líderes y lideresas de Puerto Wilches: el gasto y la contaminación del agua, debido a los químicos utilizados. 

Yuvelis Morales no fue la única persona amenazada tras criticar el fracking. Pedro Cabarllido Fuentes, representante legal de la corporación Afrowilches, es otro líder que tuvo que desplazarse del territorio. “A mi familia le tocó salir conmigo después de las amenazas hace unos meses [en febrero de 2022]”, afirmó. El líder agregó que contaba con un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con un celular y un chaleco a prueba de balas. Sin embargo, dejó de tener acceso a los equipos dos días después del otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto Kalé, el 28 de marzo del mismo año. Dicha licencia fue revocada en el mes siguiente.

Rutas del Conflicto contactó a la UNP con un derecho de petición y una solicitud de entrevista sobre el tema el 4 abril de 2022, pero no recibió respuesta. Los líderes de Puerto Wilches también han criticado la falta de consulta a su comunidad antes de la implementación de proyectos de fracking.

“Todo el mundo estaba tomando decisiones sobre nuestro municipio y nosotros ni sabíamos qué era fracking. Luego dijeron que no iba haber nada que se le opusiera [al proyecto de extracción] y como buenos santandereanos dijimos: ‘¿Cómo que no?’ Y junto a varios jóvenes y líderes asistimos a reuniones donde conformamos el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio [Aguawil]. Ahí decidimos contarle a la gente, no lo qué era fracking, sino lo que somos como territorio wilchense”, agregó Morales.

 

La lideresa fue galardonada el 8 de marzo de 2022 por la Iniciativa Marianne, concedida por el gobierno de Francia para defensoras de derechos humanos. En el marco de la iniciativa, buscó protección en Francia, donde está actualmente en exilio. Allí, expresó directamente al presidente francés, Emmanuel Macron, su preocupación acerca de los proyectos de fracking y del riesgo para los liderazgos ambientales. Para la lideresa juvenil, estar fuera de su país ha sido un reto.

“He encontrado respaldo en otras organizaciones, especialmente en la Alianza Colombia Libre de Fracking. Mi activismo acá se vuelve un poco más diplomático, estos relacionamientos internacionales son necesarios para que esta problemática se visibilice”, agregó.

El departamento con más amenazas

Santander es el departamento de Colombia con más amenazas de muerte contra líderes ambientales entre 2017 y la segunda semana de abril de 2022, según informe divulgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El documento señala que 49 líderes fueron intimidados en la región. Las amenazas, según el informe, se registraron principalmente en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Puerto Parra.

“La mayoría de las amenazas son atribuidas a grupos sucesores del paramilitarismo, como el Clan del Golfo y las autodenominadas Águilas Negras, que a través de panfletos se han encargado de atemorizar a personas que defienden los territorios y se han opuesto a la realización de proyectos extractivos”, revela el informe. El documento también señala la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona.   

El panorama de inseguridad se reconoció también en el reporte anual publicado por Global Witness, que visibiliza la violencia contra líderes ambientales en el mundo. La ONG posicionó a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer liderazgos ambientales en 2020, con por lo menos 65 ambientalistas asesinados. El año anterior, el país había ocupado el mismo puesto. 

Óscar Sampayo, miembro de la Corporación Regional Yariguies y del Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, ha sido uno de los líderes ambientales amedrentados en Barrancabermeja, según el reciente informe de la JEP. En entrevista a Rutas del Conflicto, habló sobre la zozobra en la que vive la comunidad wilchense.

“La institucionalidad no se pronuncia, y si lo hacen son una o dos personas, pero el Estado colombiano no responde. Uno va a la Defensoría del Pueblo o a las alcaldías de estos municipios y no hay mayor respuesta. Y la Fiscalía del Magdalena Medio tampoco opera”, aseguró el líder ambiental. Rutas del Conflicto intentó contactar por correo y teléfono la Defensoría y la Fiscalía del Magdalena Medio, pero no obtuvo respuesta.

 

Las intimidaciones también llegaron al congresista santandereano Fabián Díaz, del partido Coalición Alternativa Santandereana. El representante relató que denunció una amenaza de muerte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Díaz hizo parte del grupo de 30 congresistas que, en 2020, radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para prohibir el fracking. El proyecto no fue aprobado.

“Estamos realizando, junto con la Alianza Colombia Libre de Fracking, un acompañamiento a los líderes y lideresas de Puerto Wilches. El gobierno colombiano no garantiza su protección”, afirmó el congresista.  

La Alianza Colombia Libre de Fracking es una plataforma de articulación que actúa contra proyectos extractivos que afectan al ambiente, especialmente el fracking. Carlos Andrés Santiago, miembro de la organización y líder ambiental, ha acompañado a los líderes amenazados en Puerto Wilches y ha buscado una respuesta con las autoridades. Sin embargo, critica la falta de apoyo tanto por parte de entidades nacionales –la Presidencia y la Unidad Nacional de Protección (UNP)– como de entidades regionales y locales –la Gobernación de Santander y la alcaldía de Puerto Wilches.

Violencia en Puerto Wilches

Además de la amenaza ambiental del fracking, Puerto Wilches vive diferentes problemas de orden público. “Existen cuestiones de microtráfico, trata de personas. Nosotros nos estamos quedando en medio de este conflicto por esta situación, si pasa algo con nuestras vidas que quede reseñado”, afirmó el líder Pedro Carballido.

Ocho personas han muerto de manera violenta en el municipio en el primer trimestre de 2022, según la Policía del Magdalena Medio. Las investigaciones señalan que los casos se deben a la disputa del negocio del microtráfico y a la extorsión por parte de bandas delincuenciales. En la comunidad, se comenta sobre la existencia de tres supuestos grupos armados que disputan el microtráfico, pero que aún no están identificados. Rutas del Conflicto contactó al alcalde del municipio, Jairo Toquica, que prefirió no ser entrevistado y se remitió a una declaración anterior a Caracol Radio. “El Ejército y la Policía dicen que acá no hay grupos al margen de la ley”, afirmó para la emisora. 

El Consejo Comunitario de Puerto Wilches ha mostrado su preocupación ante la ola de inseguridad y la actuación de los grupos armados, con la cual se siente vulnerado, según el representante legal Benjamín Jaraba. Néstor Tordecilla, miembro de Afrowilches, agregó que la comunidad ha decidido luchar por el medio ambiente a pesar de la situación de inseguridad. Sin embargo, hay aquellos que no exponen su opinión porque trabajan con las empresas extractoras. “Aquí fuimos golpeados por grupos al margen de la ley, las familias tuvieron que dejar sus tierras, fueron desaparecidas. Ahora, con esta cuestión del fracking, lo que se viene en materia social es realmente preocupante”, afirmó, refiriéndose a un posible empobrecimiento de la población después de la explotación de los recursos y al desarraigo de la cultura wilchense.

La batalla jurídica

El proyecto piloto de fracking en Colombia, Kalé, recibió la autorización del Consejo de Estado en 2019 para instalarse en Puerto Wilches. Las críticas de la comunidad wilchense a la plataforma empezaron desde entonces, pero se intensificaron en 2022. El 25 de marzo de ese año, poco después de las amenazas de muerte contra líderes del municipio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la licencia ambiental de Kalé. La reacción de los colectivos anti fracking y de pobladores se dio con manifestaciones, murales, pancartas y plantones. En las tribunas de los partidos de fútbol del equipo local bumangués se extendieron planchones: “El partido es contra el fracking”.

 

La reacción también se llevó a la esfera jurídica. El 31 de marzo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Podion, en representación de Afrowilches, presentaron una tutela contra el Ministerio de Interior, la ANLA y Ecopetrol. En el documento, se señaló la “vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de Afrowilches” y se solicitó la suspensión de la licencia ambiental y del trámite de licenciamiento de proyectos de fracking en la región.

Como respuesta a la tutela, el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Barrancabermeja falló el 21 de abril a favor de Afrowilches. Con la decisión, el juzgado suspendió la licencia y ordenó a Ecopetrol, a la ANLA y a la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior que realicen la consulta previa con la corporación tanto para Kalé como para la Platero, el segundo proyecto piloto de fracking planeado para Puerto Wilches. 

Actualizado el: Jue, 05/05/2022 - 16:06