Por: Catalina Sanabria Devia

 

Pedro Pablo Mutumbajoy, campesino, tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda,  ha contribuido durante casi una década a restaurar ecosistemas de la Amazonía. Esta región, donde se concentra el bosque natural del país, ha sido la más afectada por la deforestación. Según reportes del Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2017 se presentó el pico de esta problemática en Colombia.

Aunque las cifras variaron los años siguientes, el panorama sería igual de desalentador. Tan solo en 2020 se deforestaron 109.302 hectáreas de la Amazonía, lo que equivale a más del doble del suelo urbano y rural de Medellín. De acuerdo con el Ideam, la construcción de vías no planificadas, las malas prácticas de ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito son algunas de las razones por las que se da la tala y quema de árboles.

En su más reciente boletín, del primer trimestre de 2021, la entidad indicó que Puerto Guzmán ha sido el municipio con tasas más altas de deforestación en el Putumayo. Ante estas situaciones de violencia y los  cultivos de uso ilícito, habitantes de la zona han buscado alternativas económicas y legales que no sean destructivas con la selva, sino que sirvan para su cuidado, como la silvicultura. Esta consiste en la gestión del bosque para producir bienes y servicios garantizando su sostenibilidad. Pedro Pablo es una de las personas que en la actualidad se dedica a esta actividad.

Re valorizar el bosque

La labor de reforestación de Pedro Pablo se ha dividido en cinco etapas y al día de hoy, ha sembrado poco más de 9 mil árboles a lo largo de 10 hectáreas de territorio que era usado para cultivos de coca. Según cuenta, no ha sido tarea fácil. Inició en 2013 con capital propio, sin ninguna inversión por parte del Estado: “El trabajo lo hacía yo, no pagaba mano de obra sino únicamente mi alimentación y los materiales que necesitaba”. Además, agrega, se enfrentó a lo que él llama un cambio de mentalidad, pues la producción no es inmediata sino que se da a largo plazo. 

Pedro Pablo siembra distintas especies nativas que pueden tardar 20 años (tara y achapo) o hasta 40 (roble, amarillo y ahumado) en alcanzar su edad maderable. “La gente viene de otra cultura del trabajo. Es duro adaptarse, pero es lo que a uno le nace. Yo me siento satisfecho al ver la tierra ya cubierta, los suelos descansados, y saber que van a aportar al sostenimiento de mi familia. Es como una pensión y una herencia que les quedará a mis hijos”, expresa el silvicultor, ya que cuando los árboles alcanzan una edad apropiada, puede darle uso a la madera y servirle de sustento.

Jorge Luis Guzmán, especialista en asentamientos humanos y medio ambiente, se dio cuenta de que tras muchos años de trabajo de sus padres, la ganadería no les dejaba mayores beneficios y no era una actividad apta para los suelos amazónicos. Entonces, junto a sus hermanas, creó la Fundación ItarKa, la cual busca mejorar la calidad de vida de la gente en Puerto Guzmán y contribuir a su gestión sostenible. Igual que Pedro Pablo, él ha adelantado procesos de reforestación en la región y concuerda en que esto genera un cambio en la cultura, pues sugiere que se deja un poco de lado la mirada extractivista y el bosque empieza a ser valorado como un patrimonio con el que se podrá contar en la vejez. 

"Las personas que cultivan un árbol, lo cuidan, observan su comportamiento y que es un centro de vida. Así comienzan a conectar y relacionarse con él”, sostiene Jorge Luis. Alrededor de Puerto Guzmán hay 60 hectáreas de árboles. Según él, es la única cabecera municipal de la Amazonia colombiana que tiene áreas de bosque inmediatas. Su propuesta ante el concejo y la alcaldía es darle a esta área el carácter de parque amazónico: “Estaríamos dispuestos a ceder unos terrenos para que Guzmán tenga un parque que lo identifique”, dice.

La siembra de árboles en la vereda el Trébol y zonas aledañas se ha dado, en su mayoría, por iniciativa ciudadana, por eso desde la fundación ItarKa se sigue invitando a indígenas y campesinos a que se organicen y se sumen al proyecto. Jorge Luis comenta que su idea es vincular a máximo 10 familias en 2022 y que los fondos para que puedan reforestar vengan de las compensaciones a la huella de carbono por parte de distintas empresas francesas. Pedro Pablo, por su parte, está cada vez más cerca de cumplir su meta: sembrar 10 mil árboles maderables.

Un amplio espectro

Jorge Luis entiende la reforestación como una rehabilitación de estas tierras que se terminan destinando a actividades como la ganadería o el cultivo de hoja de coca. Según él, muchos de los conflictos socioambientales de su municipio se deben al uso que las personas dan al suelo, el cual no siempre es lo que este tiene por ofrecer. “La ganadería, por ejemplo, impacta los suelos, los compacta. El agua permanece menos tiempo en el lugar y se afecta su ciclo, su calidad y cantidad”, menciona.

De acuerdo con Jorge Luis, a largo plazo, la silvicultura podría traer más beneficios y rentabilidad que la ganadería. “Después de 30 años de tener una tierra sometida al pastoreo y al pisoteo del ganado, esta se va deteriorando y su capacidad para alimentar a las vacas es cada vez menor. Si uno quisiera cambiar esa situación, debería empezar a fertilizar las áreas, lo cual requiere mayor inversión”, menciona. Así argumenta que la reforestación no solo aporta a la recuperación del suelo, sino también a la regulación de aguas y la conservación de la biodiversidad.

Según él, los suelos que fueron compactados se empiezan a recuperar y retoman su funcionamiento natural. La materia orgánica, la hojarasca y las ramas que caen sirven de alimento para la vegetación. Además, la cubierta forestal garantiza que el agua perdure, pues protege su superficie del sol y evita que se evapore tan rápido. Esto es vital, como explica Jorge Luis, para el Río Mandur, del cual se abastecen habitantes y animales de Puerto Guzmán. Estos bosques también sirven de hogar y refugio para distintas especies: osos perezosos, tigrillos, y particularmente las hormigas que son indicadores de biodiversidad muy sensibles a la deforestación. 

Sin embargo, la ganadería es una actividad de la que depende gran parte de la sociedad y la economía nacional. Javier Revelo Rebolledo, profesor de la Universidad del Rosario que ha investigado la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo, explica que una apuesta importante sería cambiar las lógicas del desarrollo regional. “Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. El gran problema es que mucha gente, desposeídos de la tierra, grandes y pequeños propietarios viven de la ganadería. Si uno quiere contener el avance de la deforestación en la Amazonía habría que re pensar la importancia de sostener esta actividad incorporando criterios de justicia y transformando las dinámicas agresivas”, dice.

Violencia en el territorio

El último reporte de la organización Global Witness, la cual desde 2012 ha recopilado datos sobre asesinatos a líderes ambientales, indicó que Colombia es el lugar más peligroso para defender a la naturaleza. En 2020 por segundo año consecutivo, la lista estuvo encabezada por el país, donde 65 defensores del medio ambiente fueron víctimas de homicidio. Así, ejercer liderazgo ambiental en Colombia es una labor de alto riesgo, mucho más si se considera que la presencia del Estado en el territorio es diferenciada. 

Jorge Luis cuenta que la fundación ItarKa, en asociación con la Universidad de Pensilvania, llevó a cabo un proyecto ecológico en la vereda Buena Esperanza. Allí pretendían acompañar a la comunidad en un ejercicio de gestión de su territorio para recuperar áreas de bosque, cuidar las aguas y hacer uso responsable de los recursos. Sin embargo, no pudieron concluir actividades porque se empezaron a presentar asesinatos en el municipio y hubo un atentado contra un líder que promovía actividades medioambientales de este tipo.

Varias familias se terminaron desplazando y, como cuenta el director de la fundación, en la región siguen haciendo presencia organizaciones armadas que se disputan las rentas del narcotráfico. Por un lado está el Frente No. 1 de las disidencias de las Farc, llamado Carolina Ramírez, y por el otro el grupo criminal Los Sinaloa y sus comandos de frontera. En 2021 el defensor del pueblo Carlos Camargo entregó a las autoridades locales y nacionales una alerta temprana en la que se denunció amenazas a población,  reclutamiento de menores, control de vacunas y hasta la mal llamada 'limpieza social' principalmente en Putumayo, Cauca y Caquetá.

Los procesos de reforestación por sí mismos no han puesto en mayor peligro a la comunidad. Por un lado, esta actividad tiene un horizonte que trasciende décadas y, según Jorge Luis, esos grupos se mueven dentro de la lógica de lo inmediato. La silvicultura tampoco ocupa un área muy grande, pues para un proyecto de una familia como la de Pedro Pablo con 10 hectáreas es suficiente. Entonces, los grupos armados realmente no han percibido la re siembra de árboles como una amenaza. 

Ante el abandono, dignificarse

Jorge Luis explica que la reforestación puede aportar a un cambio a favor de la paz. Unirse a estos proyectos garantiza que las personas se mantengan en el territorio por un largo periodo de tiempo. “Si estás pensando que esta es una inversión en un proceso que durará 20 años, lo que tienes que hacer es quedarte en el lugar y eso implica un buen relacionamiento con los vecinos”.

Además, en la medida en que se rehabilitan los bosques y esto pueda contribuir a soluciones ante la deforestación, la gente se dignifica. La satisfacción es aún mayor si el trabajo es reconocido y remunerado. Pedro Pablo, por ejemplo, gracias a ItarKa y la fundación Selva Viva de Francia, recibe fondos que le sirven para la administración de sus 10 hectáreas de terreno. “Eso ha generado que se sienta como alguien de provecho que aporta y hace algo frente al cambio climático. Es una persona digna”, dice Jorge Luis. 

No obstante, Pedro Pablo reclama que el gobierno podría apostarle más a estas iniciativas. “Debería ir a las comunidades que tienen voluntad para reforestar y brindarles un apoyo, pero se limita a entregarle a uno 10 bultos de tierra y 500 árboles. No es así de fácil mantener una plantación”, afirma. El silvicultor también menciona que las instituciones deberían asegurarse de que el capital que entregan vaya directamente a los campesinos y así puedan sostenerse de manera justa y con un trato digno. 

Javier, por su parte, explica que con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) “se diseñó un plan en el que la gente se comprometía a erradicar las plantaciones a cambio de una mensualidad. Sin embargo, lo realmente importante era la apuesta de desarrollo territorial para transformar las dinámicas productivas y contribuir a la satisfacción necesidades sin recaer en el cultivo de coca”.

No hay mayores acciones del gobierno para atenuar la deforestación y sus conflictos asociados. El profesor asegura que el Estado se limita a dos grandes estrategias. “En primer lugar, se está impulsando operaciones militares que son una medida arriesgada. Más que trabajar con la gente, estas operaciones van en contra de ella. En segundo lugar, el Estado le apunta a acuerdos individuales. Lo único que se ve son unos acuerdos de conservación con familias, pero nunca se piensa en transformaciones más macro” , sostiene Javier.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:35

Un olor intenso a petróleo despierta cada cierto tiempo de golpe a los pobladores indígenas de la comunidad kichwa 12 de Octubre en la región amazónica de Loreto, en Perú. Cuando salen a corroborar lo que está pasando, se encuentran con la misma escena que se repite desde hace cinco décadas: una mancha oleosa que se va esparciendo por la quebrada en la que pescan, cocinan y se bañan más de cien familias. El 17 de marzo de este año la comunidad denunció un nuevo derrame, uno más de los tantos reportados en el lote petrolero 192. Los habitantes de las comunidades están hartos: “Nunca mejora la situación, todas las empresas han tenido derrames desde OXY, Pluspetrol y Petroperú. Las tuberías están podridas, tienen años instaladas y por eso se está contaminando constantemente”, dice Natanael Sandi, monitor ambiental indígena que reporta los daños causados por el petróleo.

Mongabay Latam ha reportado problemas en este lote al menos una docena de veces en los últimos seis años. Y la cifra se multiplica si incluimos a otros países con influencia de  industrias extractivas en la Amazonía. Los temas se repiten: comunidades locales afectadas, empresas sancionadas, conflictos e impunidad. ¿Cuál es la magnitud de esta situación? ¿Cuáles son las empresas más multadas o sancionadas por faltas ambientales?

Para responder a estas preguntas, un equipo periodístico coordinado por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y El Deber en Bolivia solicitó información oficial de las autoridades ambientales de los cuatro países. ¿Qué encontramos? En Perú y Colombia, más de 200 procesos sancionadores por infracciones ambientales contra 72 petroleras en los últimos diez años. En Ecuador y Bolivia, falta de transparencia o información incompleta de parte de las instituciones gubernamentales.

También pudimos detectar que las autoridades de Perú y Colombia han impuesto 169 multas y 14 de estos casos siguen activos. Puede revisar cada uno de los casos en la visualización.

Lamentablemente, los impactos ambientales no son el único problema. Está investigación muestra también cómo la actividad petrolera se ha expandido y se superpone con territorios indígenas y áreas protegidas ubicadas en la Amazonía de estos cuatro países. El análisis geoespacial nos permitió detectar más de 1200 casos en los que existe una superposición entre territorios indígenas y concesiones petroleras que puede llegar hasta el 100 por ciento.

Lea aquí cada una de las investigaciones trabajadas en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

 

Una década de multas

Diez pedidos de información a ocho oficinas estatales de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia permitieron armar la base de datos del especial ManchadosXelPetróleo. En algunos casos, la información no llegó completa y se insistió en las solicitudes; en otros simplemente no hubo respuesta o no se enviaron los nombres de las empresas sancionadas.

Con la información recibida del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el caso de Perú, y de Corporinoquia y Cormacarena, que supervisan la Orinoquía en Colombia, se estableció que en los últimos 10 años se han abierto 282 procesos sancionadores contra empresas petroleras por infracciones ambientales: 143 casos en Perú que involucran a 17 empresas y 139 en Colombia asociados a 56 compañías.

Hasta el momento las autoridades de ambos países han impuesto 169 multas a 36 petroleras —16 en Perú y 20 en Colombia— por afectar el medio ambiente durante sus operaciones. El monto total de estas sanciones económicas asciende a $55,327,451 dólares.  El 98,8% de este total se aplicó a empresas en Perú.

Según la información entregada por las autoridades ambientales de los dos países, las compañías Pluspetrol Norte (Perú) y Perenco en la Orinoquía colombiana registran el mayor número de procesos sancionadores y son las empresas más multadas entre 2011 y 2021. Una de las entregas de este especial revisa precisamente la operación de Pluspetrol Norte en la Amazonía peruana, una compañía a la que el OEFA le ha impuesto 73 sanciones y que tiene procesos judiciales pendientes con el Estado por intentar recurrir a la liquidación de la empresa y evadir así, según las autoridades, la remediación de las zonas afectadas por el petróleo. El caso de Perenco, la petrolera más sancionada por Corporinoquia, sus multas sobrepasan los US$169 mil dólares e incluyen afectaciones causadas a la población, así como a la flora y fauna principalmente en la región de Casanare, en la Orinoquía.

 

Perenco Colombia Limited registra un total de 27 procesos sancionadores y nueve multas que bordean los US$169,633. Le sigue la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., o simplemente Ecopetrol, con 20 procesos sancionadores y tres multas que suman US$110,167. En tercer lugar está Ingecoleos LTDA con tres procesos sancionadores y dos multas que suman US$68,815.

Es importante destacar que la información incluida en este informe consigna sólo los datos enviados por Corporinoquia y Cormacarena. Al cierre de esta publicación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) respondió al pedido de información ingresado en enero de este año sobre las multas y sanciones contra las petroleras que operan en la Amazonía de Colombia. La información entregada no está completa y no figuran los nombres de todas las empresas por lo que se ha ingresado un segundo pedido de información. Según el material entregado por ANLA, Perenco Colombia Limited y Ecopetrol lideran la lista de las empresas más multadas en la Amazonía en los últimos diez años.

En Perú, Pluspetrol Norte lidera la lista con 73 procesos, que se abrieron en los últimos diez años, y que derivaron en 72 multas que suman US$47,322,662. En segundo lugar está la compañía Maple Gas Corporation con 14 procesos, los cuales derivaron en 14 multas que ascienden a US$685,685 y en tercer lugar Petróleos del Perú – Petroperú, la empresa estatal del país con ocho procesos sancionatorios que terminaron en dos multas que suman US$ 4’959,033. Esta empresa tiene la multa más alta de toda la base de datos: US$4,956,772. Este monto impuesto por el OEFA en el 2020 fue por contaminación de agua y suelo en el Oleoducto Norperuano de Loreto.

La sanción contra Petroperú, la única petrolera estatal que figura entre las seis empresas más multadas de Perú y Colombia, es por una fuga de petróleo ocurrida en enero del 2019 en la región amazónica de Loreto. Según el expediente de este caso, el problema detectado en la tubería del Oleoducto Norperuano – Tramo II afectó la quebrada Numpatkain y algunos puntos del río Rojo. La OEFA indica que la petrolera estatal fue sancionada por vulnerar la normativa ambiental, pues no adoptó las medidas de prevención necesarias para evitar los impactos ambientales negativos en la flora, fauna y la salud humana. La compañía, según el expediente del caso, ha apelado la resolución sancionatoria y esta debe ser revisada ahora por el Tribunal de Fiscalización Ambiental.

Para el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos Orellana, las multas cumplen un rol disuasivo solo si son significativas. “Si las multas son muy bajas, simplemente se transforma en un costo del negocio.  El monto debe estar relacionado con la gravedad del problema y con la magnitud de la ganancia de estas empresas”, enfatiza. Asimismo, si estas no son acatadas y se judicializan indefinidamente, no funcionan. “Por eso las demoras no solamente generan pasividad, agravan los impactos y  generan pérdida de legitimidad y confianza en  el sistema  legal.  Ese es un gran costo que paga el Estado”, agrega.

Dentro de los 282 procesos sancionadores en Perú y Colombia, logramos detectar que por lo menos dos compañías petroleras operan en más de un país de la región. Perenco, por ejemplo, también está presente en Perú, a través de la empresa Peru Petroleum Limited, y tiene dos multas que suman $88,182 dólares por contaminación de agua, de suelo y afectación a la flora y fauna en el lote 67. Estas multas fueron impuestas en el 2017 y la última de ellas en junio del año pasado. Lo mismo ocurre con la compañía Frontera Energy, que tiene sucursales en Colombia, Ecuador y Guyana, y que hasta el 2021 manejó el lote 192 en Perú. Por esta operación acumuló cinco multas que ascienden a $516,049 dólares.

 

Vanessa Cueto, vicepresidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en Perú los requisitos para otorgar concesiones a empresas se basan más en las ofertas económicas que en la evaluación de sus buenas prácticas empresariales. “No solo sucede en hidrocarburos, sino en minería o infraestructura. Todavía falta establecer mecanismos para conocer los antecedentes de las compañías. Lo que pasa es que nadie quiere hacerse responsable de los pasivos ambientales”, indica. La información sistematizada por este equipo periodístico, precisa la experta, “da una visión integral del problema de nuestras fuentes energéticas, con miras al uso de energías más limpias”.

Aunque en este trabajo se ha podido explorar el problema en Perú y Colombia, quedan pendientes Bolivia y Ecuador. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Bolivia no respondió nuestro pedido de información y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador nos envió un listado de los derrames de petróleo registrados en los últimos diez años en la Amazonía del país que suman 1202, pero sin incluir a las empresas detrás de estos casos.

El ministerio del Ecuador precisó que todo operador petrolero está obligado a informar a la autoridad ambiental competente sobre un incidente en un plazo no mayor a las 24 horas de conocido el evento. Tomando esto en cuenta, señala el documento de respuesta, “el 80% de los derrames reportados corresponden a emergencias menores a cinco barriles y ocurridas dentro de las instalaciones con impermeabilización”, se indica.

En la matriz entregada por el mencionado ministerio se detalla el lote y la fecha de la infracción ambiental, sin embargo no se menciona cuáles son las empresas responsables de estos derrames ni los procesos sancionadores que se les abrieron. No obstante, a partir de la base entregada, se pudo establecer que el lote con más derrames fue el Bloque 57 Libertador operado ahora por PetroEcuador.

En el documento se especifica también que la causa principal de los derrames reportados en este bloque son “por fallas operativas dadas por corrosión interna de tubería”. A su vez indica la autoridad ambiental que “a fin de garantizar que no vuelvan a ocurrir eventos por la misma causa, se ha dispuesto el cumplimiento de los informes de integridad mecánica, cambios de tuberías, análisis preventivo y correctivo en tubería, que garanticen que no sucedan eventos por la misma causa”. No obstante, según la misma base, se registraron treinta derrames durante el 2020 y dos más en la primera mitad del 2021.

Pese a esta entrega parcial o nula de información, tanto La Barra Espaciadora en Ecuador como El Deber en Bolivia reportaron casos importantes que detectamos a partir de la superposición de lotes petroleros con territorios indígenas y ecosistemas sensibles. En el caso de Bolivia, exploramos la situación de las áreas naturales protegidas y hallamos que de 53 áreas protegidas —entre nacionales, departamentales y municipales—, 21 están superpuestas por bloques de hidrocarburos. Y en la Amazonía de Ecuador, viajamos hasta la comunidad de Sinchiurco donde funciona la plataforma Guanta 1. En este territorio indígena kichwa recogimos un historial de daños y negligencias de empresas desde la década de los 80, entre ellas Texaco, Petroamazonas, PDVSA y Petroecuador.

Naturaleza manchada

El análisis de la base de datos nos permitió establecer que el agua, el suelo y la flora fueron los recursos naturales más afectados en estos últimos diez años. En Perú se detectaron 45 casos asociados a daños ambientales al suelo, 24 a la flora y 20 al agua. Mientras que el daño a las fuentes de agua en Colombia está presente en 46 procesos y a la flora y suelo en 26 cada uno.

 

Los expedientes obtenidos nos permitieron tener detalles más específicos de estos daños al medio ambiente. Es así como en Perú, el rebose de tanques de petróleo, la fuga de crudo en tuberías y la mala disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos causaron los problemas ambientales mencionados.

En Colombia fueron sobre todo los derrames de petróleo los que afectaron ríos, cauces, concesiones de aguas superficiales o subterráneas; además de las irregularidades detectadas en los permisos de vertimiento de aguas residuales.

En toda la región Orinoquía, el punto de encuentro entre el Amazonas y los llanos del río Orinoco, compuesta por los departamentos Arauca, Casanare, Vichada y Meta, se registraron 139 casos, mientras que en Loreto 120.

Lo grave es que también se detectó que algunas de las empresas sancionadas figuran ‘en Liquidación’, como es el caso de Maple Gas Corporation del Peru S.R.L. y Pluspetrol Norte S.A., compañías que operan en territorio peruano. Esto podría convertirse en una vía para eludir sus responsabilidades, sostienen varios expertos.

"El problema es que si el privado no asume el costo, lo termina asumiendo el Estado”, dice Miguel Lévano, oficial de Oxfam Perú. Lévano resalta el caso de Pluspetrol en el Lote 192, donde la empresa no ha aceptado los 2.000 puntos de contaminación que el OEFA ha señalado que deben ser remediados.

Para Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo en Perú, “no podemos tolerar como país más casos como el del Lote 192”. La experta añade: “tuvimos una empresa que se retiró sin remediar y con un intento de liquidar la compañía para no hacerse cargo de la remediación”.

Aunque Vásquez resalta el hecho que se pudo interponer una medida cautelar para evitar esta falta de responsabilidad, señala que “en la medida que el Estado cumpla y haga cumplir la ley, la población irá recuperando la confianza en este tipo de actividad extractiva como el petróleo”.

Tierra tomada por el petróleo

El análisis geoespacial realizado en la Amazonía de los cuatro países, en base a la información de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG), detectó que 1647 territorios indígenas —entre comunidades, resguardos y reservas— son afectados por bloques de hidrocarburos. En el caso de las áreas protegidas son 52 —entre nacionales, departamentales y municipales— en Perú, Ecuador y Bolivia. En el caso de Colombia,  si bien no tiene áreas protegidas que se superponen con lotes petroleros, sí se ven afectadas 70 reservas forestales en la Amazonía.

Asimismo, más del 76% de las comunidades indígenas superpuestas tienen un traslape con bloques petroleros que llega al 100% en los cuatro países. Y en el caso de las áreas protegidas en Perú, Ecuador y Bolivia, este asciende a un 30,7%.

Observar esta información en un mapa permite tener una idea más clara de cómo los lotes petroleros se expanden sobre el verde intenso de la selva. Y esta situación se vuelve más compleja cuando se recogen los testimonios en campo: muchas comunidades y resguardos indígenas denuncian que no tuvieron procesos de consulta previa antes de realizar actividades sobre sus tierras y muchos menos se socializó la demarcación de estos bloques con estos pueblos.

Aunque en todos los países esta superposición es legal, los expertos consultados señalan que sienta un mal inicio en la relación entre el Estado, la empresa y las comunidades. Lissette Vásquez, adjunta de la Defensoría del Pueblo en Perú, comenta que el 20% de los conflictos sociales en el país corresponden a actividades de hidrocarburos. “Si solo consideramos los conflictos que están activos, esta cifra asciende a 24% y la mayoría se encuentra en la Amazonía”, agrega.

 

Para Pedro Tipula, geógrafo del Instituto del Bien Común (IBC), las normas son claras. “La ley (de consulta previa) es concreta y cuando vas a afectar derechos no solo territoriales, sino humanos, tiene que hacerse la consulta a las poblaciones”, enfatiza. Vásquez indica que el problema comienza cuando se observa que la consulta es solo “una barrera burocrática más que superar”. Laura Montaño, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, comenta que, aunque la totalidad del bloque petrolero no será explotado —y  por ende no implicaría una afectación directa a los pueblos indígenas—, los proyectos de hidrocarburos se han desarrollado a 200 o 300 metros de distancia de las coordenadas de los territorios indígenas. “De esa forma, cuando piden ante el Ministerio del Interior la resolución que indica la presencia de comunidades indígenas, no se registra nada y no es necesario hacer un proceso de consulta previa”, señala. Pero cuando las fallas operativas suceden sobre fuentes de agua, inevitablemente, el petróleo los afecta.

 

Esta investigación transfronteriza es coordinada por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia; La Barra Espaciadora de Ecuador y el diario El Deber de Bolivia.

Edición general: Alexa Vélez. Editores: María Isabel Torres y Antonio Paz. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo y Vanessa Romo. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Gloria Alvitres, Enrique Vera, Cristina Fernández, Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez (Mongabay Latam); David Tarazona, Angie Garay, Valeria Báez, Andrea Rincón y Nicolás Sánchez de Cuestión Pública en Colombia; Pilar Puentes y Catalina Sanabria de Rutas del Conflicto en Colombia; Diego Cazar Baquero y Ana Cristina Alvarado de La Barra Espaciadora en Ecuador e Iván Paredes y Nelfi Fernández de El Deber en Bolivia. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias, Daniel Gómez, Carlos Mazabanda de Todos los Ojos de la Amazonía y Eduardo Mota García. Producción audiovisual: Estudio Androide y Christian Ugarte. Historias gráficas: Kipu Visual. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero. Ilustración de portada: Kipu Visual.

Actualizado el: Mar, 04/19/2022 - 13:26

Perenco es una compañía anglo francesa que posee más de tres mil pozos petroleros distribuidos a lo largo de 14 países. Sus actividades en Colombia iniciaron oficialmente en 1993, pero los activos de Aquitaine Colombia S.A que adquirió en la Cuenca de los Llanos estaban en operación desde los setentas. En 2014 la empresa también compró Petrobras, incluyendo 11 bloques de exploración y producción en tierra. Así, con los años, Perenco se ha abierto camino en el país, llegando a producir hasta 21 mil barriles de petróleo por día calendario.

Según datos otorgados por Corporinoquia, debido a daños al medio ambiente la empresa ha sido sancionada con multas monetarias que superan los 547 millones de pesos colombianos, lo que actualmente equivale a más de 144 mil dólares. Los tipos de afectaciones ambientales por las que estas multas se dictaron tienen que ver con contaminación del suelo, vulneración a la normativa ambiental y desvíos o acaparamiento de agua.

La de mayor valor fue por alrededor de 47 mil dólares. El 2 de agosto de 2019 Corporinoquia emitió un fallo en instancia final penalizando a Perenco por afectación al recurso hídrico, pues habría vertido aguas residuales y captado aguas subterráneas para uso doméstico en la Hacienda Guarataro, cerca al casco urbano de Yopal.

Hernán, cuyo nombre fue cambiado para mantenerlo en el anonimato y garantizar su integridad, es un accionante popular formado en temas medioambientales que ha sido perjudicado directamente por Perenco. En sus tierras se encuentran varios pozos petroleros que, según él, han afectado el aire de su finca. El olor a hidrocarburos es bastante fuerte y perceptible debido a la quema de gas que sale de los pozos profundos a través de una tubería. Además, los generadores producen tanto ruido que a pesar de que Hernán ha pedido que se ponga una barrera auditiva con árboles, señala que Perenco no ha tomado la iniciativa.

Por otra parte, la construcción de una pista de aterrizaje sobre el cauce hídrico del caño tradicional y popularmente conocido como “Mojaculos” ha envenenado el agua con el crudo que se saca de cada pozo y se transporta. “Se llenan los canales perimetrales de químicos y en invierno, con la lluvia, se rebosan e inundan mis tierras. Eso me ha ocasionado pérdidas de cultivos de arroz, plátano, yuca, todo. También muchas otras fincas se alimentan del caño y cuando llega el agua, está contaminada”, expresa. 

Según él, esta pista de aterrizaje construida en los 90 por Perenco también ocasionó la pérdida de fauna en zonas aledañas al municipio de Aguazul. “Iguanas, venados, especies de río nativas como las guavinas o los curitos practicamente han desaparecido, ya no se ven. El cambio ha sido impresionante”, sostiene.

 

La defensa por el territorio

La Fundación La Palmita es una organización que nació en el municipio de Trinidad. Desde hace ocho años trabaja en la Orinoquia y se está expandiendo hacia la región amazónica. Esta organización se enfoca en el reconocimiento de la biodiversidad, los mercados verdes, el fortalecimiento de capacidades ambientales comunitarias y programas de manejo de recursos hídricos. También tiene un grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencias de la Tecnología y la Innovación. 

Su directora, Carolina Mora, afirma que Perenco ha sido una de las empresas más antiguas y estables en el Casanare. La mayoría de sus pozos petroleros han permanecido bajo su concesión, a diferencia de otros que adjudica la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y que con el tiempo son vendidos entre distintas compañías. Perenco ha sido la excepción porque es la única petrolera de Casanare que tiene oleoducto.

En el departamento la compañía ha firmado varios contratos, uno de ellos llamado Yalea. Otros cinco han sido de colaboración con Ecopetrol, denominados Casanare, Estero, Garcero, Corocora y Orocué. Con la ANH, la empresa tiene tres convenios por los bloques Oropendola, Balay y Cerrero. Según el Atlas de Justicia Ambiental, la adjudicación de varios de estos campos petroleros por parte de la ANH ha generado gran impacto en el departamento. 

Ante ello distintas comunidades se han organizado por la defensa del territorio. En noviembre de 2018, por ejemplo, indígenas del Resguardo El Duya se declararon en resistencia pacífica por la falta de reparación y respuestas de Perenco frente al derrame de petróleo en el caño Ocumo, municipio de Orocué, ocurrido en 2014. Esta fuente hídrica servía de sustento para la comunidad indígena y el crudo la contaminó. Según relató el medio local Prensa Libre Casanare, el derrame pudo deberse a la acumulación de gases en la tubería que terminaron presurizándola.

 

Por su parte, desde el 15 de diciembre de 2020 y durante varias semanas, habitantes de los municipios Trinidad y Paz de Ariporo se reunieron para protestar en contra de Perenco e impedir el acceso a su bloque petrolero ‘Caño Garza’, de fuerte influencia en la zona y que ha estado activo por alrededor de 40 años. Esta fue la medida a la que tuvieron que acudir, pues aseguraron que Perenco no había atendido a sus quejas y solicitudes.

Con arengas como “no hay escasez de recursos, hay escasez de conciencia”, decenas de familias exigieron el pago de compensaciones por modificación del paisaje. Alejandro López, diputado de la asamblea del Casanare, explica que durante la construcción de vías cercanas al bloque petrolero ‘Estero A’, ubicado en la vereda Centro Gaitán, Paz de Ariporo, se perjudicó el hábitat de muchas especies como el Hydrochoerus hydrochaeris, el chigüiro. 

Carolina Mora y el diputado López concuerdan en que el problema es que las petroleras toman decisiones con sus consultores y expiden licencias desde Bogotá sin tener en cuenta las necesidades del territorio. “Las comunidades buscamos que esas inversiones se hagan pero que no se construyan afuera en un escritorio, sino que sea de manera conjunta. Ese es el llamado que se hace en los paros y manifestaciones”, expresa la directora de la fundación. 

Tal como cuenta Hernán, desde 2002 existen los Autos de Requerimiento expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con los cuales se hace un recuento de las infracciones al cumplimiento ambiental ICA y se les da término a las empresas para solucionar sus problemas. “Los de Perenco, desde el primero hasta el del 2020, todos dicen lo mismo: riego de material contaminado, utilización de pozos como desagüe, falta de permisos, etcétera. Ahora tienen cuatro procesos abiertos, pero ahí siguen, no pasa nada”, afirma.

 

Falta de voluntad

Alejandro López también menciona que las empresas, por voluntad propia, no responden por sus acciones, mucho menos si el Estado no hace presencia en el territorio y no hay autoridades ambientales que las supervisen y sancionen. Un caso es el del 18 de mayo de 2017, cuando se dio un vertimiento de petróleo de Perenco en la vereda Sirivana, en Nunchía. Caracol Radio informó que, por el presunto desgaste en la infraestructura y su falta de mantenimiento, se rompió el tubo del oleoducto entre las estaciones Barquereña y Araguaney.

Aunque la compañía debió informar sobre el suceso dentro de las 24 horas siguientes al mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicó que Perenco lo reportó a Corporinoquia y a la ANLA hasta cuatro y cinco días después de lo ocurrido. Tal como relata Caracol Radio, la lluvia de esos días hizo que el petróleo se esparciera aún más y llegara hasta el caño El Espino. Aunque en la zona no habitaran tantas familias, el agua para su uso y sus cultivos de arroz se perjudicaron. Entre más tiempo transcurre sin que se informe y se contenga el problema, más graves pueden ser las afectaciones. 

Trabajo no hay, indemnización tampoco

La manifestación de Trinidad y Paz de Ariporo en 2020 también se refirió a las afectaciones sociales por parte de Perenco. “Que llegue una industria de hidrocarburos a una región netamente ganadera y campesina, indudablemente impacta el relacionamiento entre comunidades. Empiezan a haber disputas por las ganancias que deja este tipo de empresas, cambia la forma de pensar la vida y hay conflictos por las pocas oportunidades que se les da a la gente”, sostiene Alejandro López.

En 2014, por ejemplo, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Tesoro de Bubuy, Milton Cárdenas Sanabria, interpuso una queja en contra de la empresa ante el Ministerio de Trabajo, pues aseguraba que Perenco no estaba cumpliendo los acuerdos de contratar a personas, estuviesen calificadas o no. Como se lee en el documento de la reclamación, le correspondía al Tesoro de Bubuy un 50% del personal, a Coralia el 30% y a Salitico el 20% restante, todas ellas veredas del municipio de Aguazul que están en el área de influencia de la petrolera. Hernán cuenta que en 38 años Perenco no ha patrocinado la formación profesional de ningún habitante del Tesoro de Bubuy para que trabajen en su empresa.

La Fundación la Palmita tampoco ha podido obtener contratos con ninguna compañía de hidrocarburos. Aunque esta sea de la zona, de una familia casanareña y con reserva natural, no se le ha dado la opción de trabajar en el sector de compensaciones ambientales. “Las petroleras tienen intereses propios y es muy difícil mediarlos. Nosotros reconocemos que las personas de la región tienen un conocimiento igual de valioso que el de quienes llegan y entre todos podemos buscar la mejor manera para solucionar necesidades. Las empresas tienen que hacer propuestas construidas con las comunidades desde el ámbito técnico, científico, financiero, de gobernanza, etcétera. Deben tener en cuenta a las organizaciones y empresas locales y contratar gente del territorio”, menciona la directora.

La inversión social, con la que se remunera a la gente por el hecho de que las actividades industriales se desarrollen en su territorio, está regulada por el acuerdo 005 del 2011, emitido por la ANH. En un inicio se daba de forma voluntaria, pero ahora es obligatoria: “Todas las petroleras están corriendo a invertir porque les toca o los multan, y terminan debiéndole más al país”, dice Carolina Mora. A pesar de esto, de acuerdo con el portal periodístico Martha Cifuentes, Perenco no cumplió con los pagos a la comunidad que debía entregar en los municipios de Trinidad y Paz de Ariporo entre 2014 y 2016. 

Además Mora afirma que, como Perenco posee oleoducto propio, no aporta al mantenimiento de vías y no solicita un servicio de transporte a la comunidad como si lo hacen otras petroleras. Las veredas, cansadas de que no se les tenga en cuenta para tomar decisiones sobre las actividades que les afectan como territorio, tomaron la decisión de hacer la mencionada movilización a finales de 2020. Una de las solicitudes del pliego presentado en la mesa de concertación entre Perenco y la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo contempla un pago anual por parte de la empresa de  570 salarios mínimos, lo que en la actualidad sería equivalente a aproximadamente 152 mil dólares, para distribuirlos en estas zonas afectadas.

Después de 44 días de manifestación pacífica se pudo llegar a algunos acuerdos y compromisos que la petrolera ha cumplido parcialmente. Por ejemplo, mejoró la vinculación de mano de obra local. “Esto se logró gracias a mucha presión social, no ha sido fácil. De cierto modo ganó la comunidad porque luchó por exigir equidad social y se unificó en torno a un extraño, a un mal vecino como lo es Perenco”, asegura López.

 

¿Nexos paramilitares?

En sus declaraciones ante la justicia, Nelson Vargas Gordillo, ex integrante de las Autodefensas Unidas del Casanare, señaló a Perenco de apoyar y financiar al grupo armado. Según cuenta El Espectador, Vargas afirmó que entre 2001 y 2002 la empresa les aportaba mensualmente a los paramilitares barriles de gasolina, les colaboraba en la restauración de vías y les pagaba 500 mil pesos por cada camión de crudo que escoltaran. Tras la primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2016, se exhortó a la Fiscalía para investigar a la empresa por nexos paramilitares. 

Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, señalado como narcotraficante y presunto jefe de finanzas del Bloque Centauros, testificó: “me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales (…) yo le manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se los fuera a tomar. Acordamos con ellos que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual, eso fue un recurso que dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera, en un municipio que se llama Paz de Ariporo”.

En 2015 el líder ambiental de Trinidad, Daniel Abril Fuentes, fue asesinado por actores armados no identificados. Según ha documentado Rutas del Conflicto, el crimen podría estar relacionado con el liderazgo de Abril frente a procesos que buscaban comprometer a las empresas petroleras Ecopetrol y Perenco en cuanto a sus perjuicios al territorio. A pesar de estos hechos y testimonios, Perenco no tiene sentencias por parte de la Fiscalía y sigue operando con normalidad en el Casanare.

 

• Rutas del Conflicto envió un derecho de petición a Corporinoquia para obtener información sobre comunidades afectadas y las resoluciones de sus multas a Perenco. Sin embargo, la respuesta no fue detallada ni profunda. La entidad envió una tabla de datos con los que ya se contaba.

• Rutas del Conflicto buscó por distintos medios lograr una entrevista con Perenco pero no se logró establecer contacto con ningún funcionario de la empresa.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:35

Por: Natalia Brito y Pilar Puentes *Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

La comunidad de Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, ha sufrido la disputa entre las disidencias de las extintas estructuras 15, 32 y 48 de las Farc por el control de las zonas donde se cultiva coca y por las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. Mientras sus vidas están en riesgo por las acciones de los hombres armados, también ven cómo la selva amazónica se deforesta. 

En su informe de 2021, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que después de Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo tuvo la mayor tasa de tala en el departamento con ​​1067 hectáreas de bosque perdido en 2020.

Camino al bazar donde el 28 de marzo fueron asesinadas 11 personas en Puerto Leguizamo 

 

Los habitantes de la zona denuncian que la respuesta del Estado para controlar el territorio de las actividades del narcotráfico y de la deforestación ha sido solo militar. Los campesinos e indígenas del pueblo kichwa se han enfrentado con la Fuerza Pública por la erradicación forzada de cultivos de coca.

En voz de Gerardo Jumi Tapia, consejero general de la Organización Nacional Indigena de Colombia (ONIC), la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) —que promueve la sustitución voluntaria y manual de marihuana, amapola y coca, mientras se ofrecen proyectos que combatan las condiciones de pobreza y marginalidad de los campesinos—, ha sido ineficaz pues las comunidades se sienten solas y a merced de los grupos armados.

En este contexto fue que el 28 de marzo de 2022, tras un operativo del Ejército Nacional,  fueron asesinados el presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso, Didier Hernández y su esposa; la autoridad indígena kichwa, Pablo Panduro Coquinche, del resguardo Bajo Remanso y ocho personas más. Ese mismo día, la comunidad se vio obligada a desplazarse de la vereda el Alto Remanso a la cabecera municipal de Puerto Asís, debido al temor que genera la presencia de grupos armados ilegales e, incluso, las acciones militares del Estado.

Familiares de las víctimas mortales y testigos de los hechos se han negado a contar su versión ante los medios por miedo a ser identificados y que se tomen represalias contra ellos. Lo que pasó en Puerto Leguízamo es tan grave que las organizaciones indígenas como ONIC y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) han denunciado que las acciones del ejército fueron una masacre y un caso de “falsos positivos”.

Integrantes de la comunidad escribieron lo que sucedió con la intención de presentarlo ante las organizaciones defensoras de derechos humanos.

¿Qué pasó el 28 de marzo?

Aquel lunes, alrededor de las 7 de la mañana, el Ejército Nacional inició un operativo militar contra supuestas disidencias de la guerrilla de las FARC conocidas como ‘La Segunda Marquetalia’, en la  zona rural del municipio de Puerto Leguízamo. Su objetivo era capturar a alias ‘Bruno’ y alias ‘Managua’, comandantes financieros del Frente 48, encargados de la comercialización de droga.

 

La comunidad llevaba tres días de actividades para recolectar fondos cuando fueron sorprendidos por el Ejército en una operación militar.

 

Sin embargo, días después se conocieron otras versiones de lo que pasó en la vereda del Alto Remanso: tanto organizaciones indígenas, redes de derechos humanos, testigos de los hechos y familiares de las personas asesinadasempezaron a denunciar, a través de medios de comunicación y redes sociales, que lo sucedido en la caseta de Acción Comunal fue “una masacre perpetrada por el ejército”. “Lo que sucedió aquí fue una masacre. Un acto desproporcionado contra civiles en medio de una celebración”, le dice Óscar Daza, coordinador de derechos humanos de la OPIAC a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

 

 

 Primera denuncia pública. Red DDHH Putumayo.

En la tarde de ese lunes 28 de marzo, la OPIAC denunciaba las irregularidades en la operación militar mientras que el Ejército Nacional le hablaba al país de 11 bajas de disidencias de las Farc y cómo este operativo era un fuerte golpe para el grupo armado. Tras las denuncias, el ministro de Defensa, Diego Molano, reafirmó que realizaron el operativo según los protocolos necesarios para estas acciones, porque habían detectado a hombres armados en el bazar que ese día se realizaba en la vereda. 

“Todo el mundo sabía que estaban en una celebración. Todo el corregimiento estaba reunido para juntar dinero para las actividades de la Junta de Acción Comunal. Se había hecho una convocatoria días atrás. Se sabía que había civiles en el lugar”, afirma Daza.

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo Gonzalez, afirmó que, según los testigos y la información recogida durante estos días, el ejército entró disparando sin ninguna consideración en contra de la gente que estaba en una fiesta. “Se necesita una intervención del Estado para que no se siga oscureciendo el panorama y una investigación que cuente con una misión internacional para que no se convierta en otro hecho de impunidad”, resaltó. 

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam hablaron con varias fuentes en Puerto Leguízamo. Muchos decidieron desplazarse de la vereda por miedo a verse en medio de nuevos episodios de violencia. Para las organizaciones sociales también ha sido complejo recolectar toda la información necesaria para exigir una comisión internacional y un panorama que aclare lo sucedido en Alto Remanso, porque no saben dónde se encuentran muchas de las personas que presenciaron los hechos y otras se niegan a hablar. 

Tras nueve días del ataque armado, no se sabe cuántas personas están desaparecidas ni cuántos se desplazaron o dónde están. La población tiene miedo. “No hay dato exacto de desaparecidos. En este momento estamos pidiéndole a todas las juntas que, al interior de sus veredas, hagan una especie de censo para mirar quién falta”, dice Yury Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos. 

 

Un habitante de la vereda grabó este video compartiendo en el bazar unos minutos antes de la llegada del Ejército

¿Guerra contra el narcotráfico o contra campesinos cocaleros? 

“Nosotros no somos narcococaleros. Somos campesinos que, por las precarias condiciones económicas, sembramos y cultivamos la hoja de coca”, enfatiza Argemiro Hernández, padre de Didier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal y quien fue asesinado en la caseta comunitaria donde se llevaba a cabo una actividad grupal.

El hombre relata que Didier se desempeñaba en labores de carpintería y construcción de casas en madera. Había llegado desde su natal Florencia, departamento de Caquetá, hacía un año y medio con la intención de vincularse a los proyectos de construcción de la vereda. Allí, en vista de las malas condiciones de vida de la zona, decidió participar de las acciones organizativas de la comunidad hasta que, el pasado mes de marzo, fue nombrado presidente de la Junta de Acción Comunal. 

Jonier, hermano de Didier Hernández, relata que “era un hombre muy espontáneo y un buen orador en público. Le gustaba mucho el deporte y por eso quería recoger fondos para reparar el Polideportivo”. De hecho, el día de la masacre se había organizado un bazar para recaudar dinero. “También se estaban recogiendo ayudas para las familias y personas de la comunidad que se ven afectadas por las constantes inundaciones”, dice su padre. 

Horas después de la masacre, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) llegó al lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos y la correspondiente investigación. Testigos de los hechos denunciaron que el Ejército tuvo retenidos a los sobrevivientes y a varios habitantes de la zona durante varios minutos. “Cuando llegué allá, los sobrevivientes estaban acostados contra el piso con las manos atrás. Cuando mi esposa llegó a ver a mi hijo [Didier Hernández], vio que los tenían en bolsas, en hamacas y amarrados”, denuncia Argemiro Hernández al referirse al maltrato en el procedimiento realizado por la dirección de la fiscalía y el ejército. 

Estas irregularidades denunciadas ante medios de comunicación y la comunidad internacional son las que han puesto en duda la legitimidad de la operación de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el narcotráfico. 

Fuentes testimoniales y expertas, que por razones de seguridad no quisieron dar su nombre, no solo señalan que esto se trata de un caso de “falsos positivos” —nombre que reciben los asesinatos extrajudiciales cometidos por las Fuerzas Armadas con el objetivo de presentar resultados en sus enfrentamientos contra las guerrillas o carteles del narcotráfico—, sino también de la evidente ineficacia de la implementación del PNIS. 

Yuri Quintero, lideresa defensora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos, en diálogo con el diario El Espectador señaló que “no se han cumplido las condiciones a las familias que se vincularon al programa y por eso han seguido con la hoja de coca, que es el principal cultivo en la zona, lo que los sigue haciendo víctimas de la reconfiguración de los actores del narcotráfico”. 

Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento de la Amazonía A la Orilla del Río le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que “la coca salva del hambre a la gente. Si no fuera por ella, durante la pandemia hubieran muerto centenares de campesinos”.

Un habitante de la región, que por razones de seguridad prefiere no ser identificado, enfatizó en repetidas ocasiones que “este es el resultado del olvido del Estado, que no reconoce a los campesinos e insiste en señalarlos de narcotraficantes. Hace unos meses, del gobierno vinieron y me arrancaron mi cultivo, pero nunca nos dieron algo para sembrar que realmente nos permitiera subsistir”.

La ONIC denuncia la poca voluntad del gobierno de Iván Duque en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente los puntos de sustitución de cultivos de uso ilícito. “Las comunidades iniciamos de manera voluntaria y manual la sustitución, que era el compromiso del Acuerdo. Eso no se está llevando a cabo y pareciera que la paz no se hubiera firmado. Pareciera que la guerra continúa y se ha incrementado”, afirma Gerardo Jumi Tapias. 

Tan solo tres días antes de lo sucedido, el 25 de marzo de 2022, Fernando Londoño, director del PNIS, denunció que grupos ilegales estarían amenazando a los campesinos para que vuelvan a los cultivos ilícitos. Actualmente, en Putumayo hay 20 300 familias inscritas en el programa y 20 000 hectáreas sembradas con coca, según datos aportados por Londoño. 

La lucha por el territorio quedó huérfana

Pablo Panduro venía de una familia de liderazgo indígena y pasó por todos los cargos dentro del resguardo kichwa Bajo Remanso. Fue secretario y tesorero hasta que, en enero de 2022, llegó a ser el gobernador. Como relatan varias personas que lo conocieron, su lucha se centraba en el cuidado ambiental y en la concepción del territorio. “El gobernador siempre estuvo interesado en el cuidado del agua. Su muerte significa la interrupción de los sistemas espirituales, de los sistemas de gobierno que cada día intentamos fortalecer. Su muerte los interrumpe y los retrocede”, comenta Óscar Daza. 

Panduro llevaba tres semanas organizando el bazar en el que se dieron los asesinatos. Necesitaban recolectar  dinero para el mantenimiento del parque, el polideportivo y la escuela de la vereda. 

Aunque no se conocían alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y tampoco la comunidad denunció que estuvieran en peligro tiempo atrás, la presencia de grupos armados dedicados al narcotráfico los pone en la mira, tanto de los ilegales como del propio ejército. “Nosotros no volvimos a cazar para que no nos vieran con armas y dijeran que éramos de este grupo o de este otro”, afirma un habitante de la vereda Alto Remanso. 

La muerte violenta del gobernador significa, según dicen los indígenas, un momento de crisis para el resguardo. Necesitan elegir un nuevo líder que los represente en medio del desplazamiento de la comunidad, la incertidumbre, el miedo y la violencia. Para Gerardo Jumi Tapias, la muerte de un indígena, y sobre todo de un gobernador, es un golpe a la supervivencia de un grupo minoritario en riesgo, además de una gran pérdida cultural. Según Indepaz, en lo que va del 2022, ocho líderes y firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados en Putumayo y se han perpetrado tres masacres en Puerto Leguízamo  que han cobrado la vida de 20 personas. 

Los señalamientos al gobierno

El mismo día del operativo militar, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció a través de Twitter que el operativo no fue contra campesinos sino contra disidencias de las FARC. “No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a los colombianos”, dijo Molano. Posteriormente, el Presidente Iván Duque reafirmó la versión diciendo que se incautó armamento correspondiente al Frente 48. 

Sin embargo, las múltiples pruebas aportadas por las redes de derechos humanos pusieron en duda esta versión. En los videos y fotografías se observa cómo las personas departían alrededor de la música, la comida y las bebidas en la caseta comunal. Debido a esto, la OPIAC ha declarado en sus redes sociales, e insiste, en que se puede tratar de un nuevo caso de “falsos positivos”. 

El general que confirmó la operación, Édgar Alberto Rodríguez, comandante del Comando Conjunto No. 3 del suroriente del país, tiene antecedentes en casos de ejecuciones extrajudiciales entre julio de 2006 y diciembre de 2007. Esta información fue denunciada en el 2020 por los senadores Antonio Sanguino, Feliciano Valencia e Iván Cepeda, quienes mencionaron la participación de Rodríguez en 63 ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, un experto de la División de las Américas de Human Rights Watch habla de siete ejecuciones en 2006 y 25 en 2007. 

Andrea Giménez, representante del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH), en diálogo con el medio RCN Radio, aseguró que en el informe que entregó esta organización a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había documentadas 50 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas cuando el entonces teniente coronel Edgar Alberto Rodríguez Sánchez fue comandante del batallón Magdalena. Por estas implicaciones, el hoy general Rodríguez, fue citado por la JEP a rendir versión dentro del Subcaso Huila de “falsos positivos”. 

“Los militares de Colombia le están mintiendo al país y no quieren reconocer que han hecho un falso positivo, dejando víctimas con esa acción criminal y con esa masacre que se acaba de cometer”, afirma Óscar Daza, dirigente de la OPIAC.

Tanto la Red de Derechos de Humanos de Putumayo, la ONIC y la OPIAC estuvieron en el lugar de los hechos recolectando pruebas e información. Se espera que en los próximos días entreguen un informe a los entes de control y a la comunidad internacional en busca de la verdad. “Es fundamental poder decirle al Gobierno Nacional y a las instancias internacionales que hay comunidades en riesgo, que hay comunidades abandonadas y que, en consecuencia de eso, hay civiles muertos, líderes y representantes indígenas asesinados, personas desaparecidas. Eran civiles, eran habitantes de la comunidad y no hacían parte del conflicto, no eran personas armadas. No pertenecen a un grupo”, afirma Yuri Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos.

 

Actualizado el: Jue, 04/07/2022 - 11:27

Por La Liga Contra el Silencio

Una madrugada de junio de 2021, Luis Antonio Mendoza, un indígena uwottüja de 34 años, junto a su esposa, sus tres hijos y otras cinco familias abandonó la comunidad Pendare en el municipio de Autana, en el Amazonas venezolano. Huían de los hombres armados que tres años atrás habían invadido su territorio, una pequeña isla en lo profundo de la selva. Cada día temía por la integridad de todos.

“La opción era huir o morir”, dice ahora Mendoza, quien se negó a ser reclutado por los grupos ilegales. Por eso fue amenazado de muerte y recibió un ultimátum.

Las trochas ilegales son las más utilizadas por los indígenas para salir por el río Orinoco y cruzar a poblaciones colombianas. Este paso está en la comunidad indígena Albarical, en el municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: Mickey Véliz.

En varias regiones de Venezuela migrar es la única opción para huir de la crisis social y económica. Pero un nuevo ingrediente está expulsando a cada vez más indígenas que cruzan las fronteras: la presencia de grupos externos que ahora son la autoridad de facto. De Colombia llegaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC; desde Brasil, los llamados “garimpeiros” o mineros ilegales armados.

Según recuerda Mendoza, aquella madrugada tomaron el río y atravesaron la selva hasta Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. De ahí salieron a Betania de Topocho, donde permanecieron dos días en casa de unos parientes. Luego, siempre de madrugada, cruzaron el río Orinoco por una trocha muy concurrida en la comunidad de Puerto Lucera, hasta llegar a Puerto Carreño, en Vichada; un departamento fronterizo con más de 72 pasos irregulares, según información de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

“Más de dos semanas pasando hambre y frío. Lo hice por mi familia”, dice Mendoza vía telefónica desde Cumaribo, otro municipio de Vichada donde vive ahora. “Muchas familias pasan por lo que yo viví y el gobierno no hace nada. En la zona hay militares, pero son cómplices de la guerrilla”, sostiene.

En el camino, cuenta Mendoza, se encontró a mucha gente de otras comunidades que huía por la misma razón, pero sin un rumbo fijo. Eran indígenas que no hablaban español, con niños deshidratados y descompensados por el hambre. Según Mendoza también hay hombres y mujeres que han muerto a manos de “la guerrilla” por negarse a trabajar para ella. Los casos, dice, son desconocidos porque las familias de las víctimas temen denunciar.

Entre las comunidades indígenas amazónicas que están siendo afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios están: uwottüja, jivi y yanomami. La imagen fue tomada en la comunidad indígena Bambú Lucera, municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: José Torres.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, en la alerta temprana 005-21 de marzo de 2021, había advertido el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y el aumento de su presencia en Vichada y los estados venezolanos Apure, Amazonas y Bolívar. “En especial situación de riesgo se encuentran los pueblos indígenas que residen allí y los que transitan entre la frontera colombo-venezolana, como también sus autoridades tradicionales”, decía el reporte.

Casi un año después de esa advertencia, en enero de 2022, una nueva oleada de desplazados desde Apure, Venezuela, se registró en Puerto Carreño debido a las confrontaciones entre el ELN y el Frente Décimo de las disidencias de las FARC. En ese momento la Defensoría registró 936 personas como víctimas de desplazamiento forzado. El 55 % correspondía a indígenas migrantes, el 42 % a campesinos migrantes y solo el 3 % a colombianos.

El momento más álgido de la llegada masiva de venezolanos ocurrió entre enero y febrero, y aunque los números han bajado, el tránsito continúa. “Hay un escenario de riesgo aún latente”, explica una fuente del área de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Puerto Carreño. Esa oficina cuenta hasta hoy 1.891 personas registradas en el casco urbano y en las zonas rurales de Puerto Murillo, La Venturosa y Aceitico. “Nosotros teníamos migración, pero no masiva. Era población flotante, pero la que está llegando ahorita con temor busca una permanencia en el territorio”, dice la fuente. El panorama en Puerto Carreño, un municipio pequeño, es complejo. Allí han intentado ayudar con el apoyo de organismos internacionales, pero la infraestructura local “está desbordada” en su oferta de salud y educación.

En el estado venezolano de Amazonas, que limita con Bolívar, donde está el llamado Arco Minero, no han ocurrido enfrentamientos entre grupos ilegales colombianos. La dinámica allí es otra. El ELN y facciones disidentes de las FARC “coexisten”, dice la Defensoría en su alerta. En Puerto Carreño, mientras tanto, hay “una relación de cooperación en la zona de frontera y al interior de Venezuela (...) Esta cooperación permite el control social, las extorsiones, el contrabando, la minería y el narcomenudeo”.

Unos 13.000 indígenas de Amazonas han salido hacia Colombia y Brasil desde 2019 por la crisis económica y la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, según información de la organización no gubernamental Fundaredes. Foto: José Torres.

La invasión

Desde al menos 2019 se evidencia el fortalecimiento de los grupos ilegales: existe un mayor despliegue de su capacidad logística y de expansión territorial a ambos lados de una frontera, entre ríos y selva, por corredores propicios para el narcotráfico, el contrabando, y la minería ilegal (oro y coltán, principalmente), que se van extendiendo por territorios indígenas. 

Más al sur de los tradicionales focos de violencia reciente (Apure-Arauca, Táchira-Norte de Santander) hay otras regiones afectadas, como el estado Amazonas, también fronterizo, donde habitan unos 20 pueblos indígenas. Algunas trochas aledañas al río Orinoco, como la zona de Bambú Lucera, al norte, son utilizadas por los indígenas para cruzar a Puerto Carreño. Allí los habitantes admiten con miedo la presencia de irregulares colombianos. “Prácticamente este ya es su territorio, porque hay que pedirles permiso para estar aquí, donde tienen sus campamentos y hacen los que les da la gana. La Guardia Nacional está al tanto y no han hecho nada”, dice una mujer uwottüja. “Mucha gente se ha ido porque se ha negado a trabajar con ellos y temen por su vida”, cuenta.

En otra zona, en Albarical y Provincial, un indígena jivi dice que a diario ve pasar a más de 30 personas que huyen de la crisis económica. “Ahora la guerrilla hace de las suyas. Nadie vive en paz”, denuncia.

“Los pueblos indígenas amazónicos tienen un profundo arraigo con sus territorios, con su núcleo familiar y sus formas de vida comunitaria. Esta nueva experiencia de desplazarse hacia otro país les es extraña e incómoda, pero han tenido que adoptarla”, señala el informe “Migración y desplazamiento de poblaciones indígenas de la Amazonia venezolana hacia Colombia”, del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía, GRIAM.

Luis Betancourt, investigador de esa institución, dice que al menos 3.791 indígenas de diferentes pueblos han cruzado la frontera y han sido registrados en Puerto Carreño. También advierte que los números son referenciales, porque muchos indígenas pasan por trochas ilegales y están en zonas sin estadísticas. Betancourt señala que las ayudas de organismos internacionales en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, en Venezuela, se concentran ahí. “La capital representa el 6 % de la entidad, mientras que el 94 % lo conforman los seis municipios restantes y es donde está la mayor población indígena, la que está huyendo de los grupos armados”, explica.

Si bien la reciente ola migratoria hacia Vichada provino del enfrentamiento entre el ELN y disidencias de las FARC en Apure, indígenas del Amazonas venezolano han estado saliendo desde hace cinco años hacia ese departamento y también hacia Guainía. Según José Mejías, coordinador de la organización no gubernamental Fundaredes en Amazonas, desde 2019 casi 13.000 indígenas (jivis, uwottüja, yeral, yekuana, sánema y yanomami) migraron hacia poblaciones fronterizas de Colombia y Brasil para buscar mejores condiciones de vida y huir de las amenazas. 

Para 2022 las cifras podrían aumentar, según las proyecciones que hace Fundaredes. “La migración de indígenas (...) ya no solo es por el hambre o la situación económica, sino por la amenaza de los irregulares, quienes están amedrentando a nuestra gente para apoderarse de sus territorios”, dice Mejías. 

En noviembre de 2020 Fundaredes denunció ante el Ministerio Público que el frente “Acacio Medina” de las disidencias de las Farc, comandado por alias “JJ”, tiene presencia en el Parque Nacional Yapacana y otros sectores del municipio Atabapo de Amazonas. Esto ha motivado constantes disputas con los habitantes de Piedra Blanca por el control del territorio minero.

Mejías señala que indígenas de varias comunidades denunciaron en Venezuela ante la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, con copia a los mandos militares. “Hasta ahora no ha habido respuesta. Los indígenas que hicieron la denuncia tenían temor por sus vidas; por eso no regresaron a sus comunidades”, afirma. Los afectados dicen que han sido maltratados y hasta asesinados por no aceptar el reclutamiento forzado y trabajar en minas dominadas por los grupos.

En bongos y lanchas se desplazan las personas que buscan llegar a poblaciones fronterizas huyendo de los grupos armados. La foto es en una de las trochas ubicadas en la comunidad indígena Bambú Lucera, municipio Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: José Torres.

 

En el 2021 fue asesinado el profesor José Dacosta, que por el bajo salario y la precariedad del sistema educativo venezolano se fue a trabajar en la llamada Mina 40, en el Parque Nacional Yapacana. Dacosta pertenecía al pueblo indígena jivi y fue asesinado luego de tomar la lancha de un guerrillero por equivocación. También mataron a la maestra María Hernández, de quien solo se supo que fue asesinada por defender a su familia y negarse a ser sometida. En Cumaribo, Vichada, el asesinato de la lideresa comunitaria Olga Lucía Hernández, en mayo de 2020, conmoció a esta región. Un hombre entró a su casa y le disparó.

Las amenazas contra los liderazgos siguen, como es el caso de Henny Gutiérrez, del pueblo sáliba, gobernadora indígena en Puerto Carreño, que representa a 27 asentamientos del casco urbano. “La situación es muy precaria; hubo enfrentamientos en el vecino país, pero son cosas que uno ya tiene miedo como de hablar”, dice Gutiérrez. Desde que evidenció el desplazamiento forzado de indígenas venezolanos ha recibido amenazas. “El mensaje que me dieron era que yo no podía seguir ayudando a las personas que venían desplazadas”, cuenta. Denunció ante las autoridades, pero no ha recibido protección.

Para Eligio Dacosta, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, la migración no se está dando en Amazonas por el conflicto entre armados, como en Apure, sino por los conflictos derivados de la minería ilegal y la defensa del territorio ante la llegada de “agentes externos”. La minería ilegal, dice, “es un flagelo, como una segunda pandemia que está azotando nuestros territorios”. 

Las consecuencias están ahí, tanto en lo ambiental como en lo cultural. “Hacen que los pueblos indígenas busquen otra forma de vida, olvidando sus actividades y desplazándose de su pueblo. La violencia se ha incrementado en los territorios donde hay minería”, dice.

El otro flanco: Brasil

Otra de las etnias desplazadas, pero más hacia el lado de Brasil, son los yanomami. Este pueblo llega desde el suroeste del municipio Alto Orinoco en la zona de la Sierra Parima, y ha sido especialmente afectado por la minería ilegal y el control que ejercen los grupos armados. “Cuando un yanomami cruza la línea fronteriza para ellos es inexistente, piensan que es un mismo territorio. Están buscando ayuda sanitaria y huyendo de los rebeldes garimpeiros”, señala Betancourt, del GRIAM.

Betancourt explica que los pueblos indígenas, guardianes de la memoria histórica del país y de los ecosistemas, no han recibido la atención que merecen del Estado venezolano. Incluso quienes deberían protegerlos, los matan; como ocurrió hace unos días cuando militares venezolanos asesinaron a cuatro yanomamis. 

El Defensor delegado del Pueblo del estado Amazonas, Gumersindo Castro, admite que ha recibido denuncias de organizaciones indígenas por la presencia de “garimpeiros” brasileños que han entrado a sus territorios ancestrales, incluso con máquinas, arrasando la selva y los ríos. Las personas huyen porque evitan los trabajos forzados en las minas, donde las mujeres y niñas son esclavizadas sexualmente y obligadas a prostituirse. 

“En la denuncia se lee claramente que 400 garimpeiros están ubicados en el extremo noroeste. Sacan entre 40 y 100 kilos de oro diarios; hay 30 máquinas allí ubicadas. La denuncia fue hecha por las comunidades indígenas el 28 de julio de 2021 y aseguran que hay dos helicópteros y una pista de aterrizaje”, explica Castro. Esta zona era explotada anteriormente por algunos indígenas, pero desde hace tres años los garimpeiros cruzaron la frontera para asentarse allí. 

La profesora Adriana González, ecologista, operadora turística y exalcaldesa del municipio Atures en el estado Amazonas, señala que en la región existen otras tres fronteras no oficiales que están afectando a los indígenas. Los pobladores deben atravesar sus propios territorios, donde permanecen los tres grupos armados: el ELN, las disidencias de las FARC y los garimpeiros. Estos grupos han dividido a las comunidades, entre quienes trabajan en las minas y quienes rechazan esa actividad en defensa del ambiente. “O te sometes o te tienes que ir”, denuncia González.

Los indígenas exigen la expulsión de los grupos irregulares y piden seguridad, pero sus pedidos no se oyen mientras crecen las amenazas a su vida y a su territorio. “No es fácil empezar desde cero, porque también extraño mi pueblo, mis raíces y parte de mi gente que aún está por allá. Ojalá que el gobierno tome en serio lo que está pasando y decida expulsar a los irregulares de nuestro territorio”, pide Mendoza, indígena uwottüja.

 

 

Actualizado el: Mar, 04/05/2022 - 10:14

Entre 10 y 15 organizaciones sociales de víctimas del conflicto armado ubicadas entre el Urabá antioqueño y el Bajo Cauca buscan defender los derechos de las víctimas a la participación política, así como pedirle al gobierno que se den los reembolsos acordados para la financiación de las campañas a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz elegidas el pasado 13 de marzo. Encabezadas por la fundación Fuerza y Voluntad, este jueves 24 de marzo, crearon el sindicato de Las Organizaciones Políticas Unidas.

Según declaraciones de Juan David Betancur, vocero del sindicato, se interpondrá una tutela ante el Estado por la vulneración al derecho de ser elegido y a la participación política. “Los candidatos se endeudaron pensando que el Estado les iba ayudar, pero no es así, no nos dan respuesta. Pediremos garantías para las víctimas, somos las organizaciones políticas las que debemos sentar una posición para respaldarlas”, afirmó Betancur. 

La fundación Fuerza y Voluntad en Antioquia adquirió la póliza de 3 millones de pesos para que el gobierno le entregara los dineros acordados y así poder financiar las campañas a las Curules de Paz de Jorge Arley Guisao Cifuentes, sancionado por la Procuraduría por porte ilegal de armas, y Paola Andrea Gutiérrez Rodríguez. A la fecha, no se le ha desembolsado ningún dinero a Héctor Almario Gómez, representante legal de la Fundación y quien acarreó el pago de la póliza para poder suplir los gastos que dejaron las campañas de los dos candidatos de la fundación. Por esto, Almario interpuso un derecho de petición el cual reclama “la entrega del dinero autorizado como anticipo de la financiación estatal para las elecciones a las circunscripciones transitorias especiales para la paz”. 

En otras zonas de la circunscripción 3 también se están organizando distintas fundaciones de víctimas para hacer un llamado a los entes gubernamentales que buscan respuesta por los dineros que no fueron entregados para las campañas políticas. Manzur Agustín Sierra, ex candidato a la curul de paz por la organización COAPAZ, está llevando la dirección de estas iniciativas y habla de cómo en el Bajo Cauca no solo se vieron expuestos a la falta de financiación de las campañas, sino también a la violencia por grupos al margen de la ley.

“Los abogados, con los que nos estamos asesorando, nos han comentado que el gobierno violó nuestros derechos y el acto administrativo, ellos debían cumplir con la financiación del gobierno, con garantizar la seguridad en nuestros territorios, queremos una indemnización económica y moral. Ni con las tales pólizas se ha podido recuperar el dinero. Aquí en la circunscripción 3 existe otro caso sobre el candidato Eduardo Páez que también hizo su documentación, pagó la póliza y no se le ha respondido hasta ahora”, explicó Sierra. 

Ángel Nieto fue candidato a la circunscripción 12 por la fundación afrodescendiente Gente Activa, y pudo adquirir la póliza de $4.127.000 por medio de un fondo familiar. “El Ministerio de Hacienda, un mes antes de las elecciones, nos dijo que ya podíamos hacer las diligencias para recibir los anticipos. Los documentos que enviamos también implicaban gastos”, aseguró Nieto. Aunque el dinero llegó dos días antes de las elecciones, no alcanzó siquiera a cubrir los gastos de la campaña electoral. “Aquí solo lograron la reposición de votos 5 candidatos, no sé cómo vamos a hacer los otros para lo que se nos viene en deudas”, señaló Ángel Nieto. 

“El CNE debe reconocer el valor de las pólizas que no se desembolsaron y que iba en respaldo con los anticipos”, aseguró Armando Novoa, ex presidente de la Comisión Especial Legislativa y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Agregó que el Estado les incumplió a las víctimas del conflicto armado en cuanto la atención de los desembolsos y las garantías para las campañas, las cuales no fueron adecuadas ni oportunas. 

Marlon Pabón, delegado de la Misión de Observación Electoral (MOE), le contó a Rutas del Conflicto que habían alertado esta situación a los entes gubernamentales y el CNE había respondido que ellos no tenían ninguna responsabilidad. “Los recursos llegaron dos semanas antes de las elecciones y no se previno los inconvenientes que se dieron con las entidades financieras que debían desembolsar estos dineros. Esto no es algo nuevo, y aquí hay un agravante porque era para una población vulnerable y la financiación de sus campañas dependía totalmente del Estado”, afirmó Pabón. 

“Debemos revisar estos procesos judiciales que están alegando estas organizaciones sociales para ver cómo responder, hay una inoperancia por parte del Estado y los que estuvimos detrás de la vigilancia de estas elecciones para las Curules de Paz aceptamos esto”, agregó Marlon Pabón, quien añadió que a la fecha la MOE no tiene información precisa de a cuántas personas se les entregó los recursos para financiar sus campañas electorales en estas Curules de Paz.

En diálogo con Zamira Gómez Carrillo, directora del Fondo Nacional de Financiación Política, un sistema especial de cuentas adscrito al CNE, se conoció la decisión de la Sala Plena respecto al desembolso de dineros para estas CITREP, “con estas circunscripciones especiales para la paz se hará una excepción, pues los candidatos no tendrán que superar el umbral de votos para ser beneficiarios de la reposición de gastos en sus campañas”, afirmó Gómez Carrillo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya se encuentra difundiendo esta información a cada una de las organizaciones y fundaciones inscritas en estas Curules de Paz, para así poder verificar las facturas de gastos e ingresos en las campañas, y realizar las debidas liquidaciones. “Hay que tener en cuenta que los candidatos que recibieron los anticipos en las fechas acordadas por el gobierno nacional también tendrán su reposición, pero se les descontará lo que ya se les desembolsó”, ratificó Zamira Gómez. 

No se ha difundido ningún comunicado público sobre estos procedimientos; sin embargo, el CNE, en vocería de Zamira Gómez Carrillo, invita a todos los candidatos que se inscribieron a estas Curules de Paz a que se remitan al correo capacitacionesfnfp@cne.gov.co e inicien el proceso de reposición, verificación y liquidación de sus respectivas campañas electorales. Mientras esta información llega a cada una de los candidatos que disputaron estas Curules, las organizaciones y fundaciones seguirán en pie con sus procesos judiciales y sindicatos, en pro de responder y velar por los derechos de las víctimas.

Actualizado el: Dom, 04/03/2022 - 09:15

El pasado 24 de febrero, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) emitió un comunicado para visibilizar la carta realizada por las organizaciones campesinas de la Cumbre Agraria, donde exigen “mecanismos ampliamente difundidos para permitir la participación de nuestras comunidades y organizaciones, información veraz, completa y actualizada que facilite el ejercicio de diálogo y concertación, además de seriedad en el proceso participativo” para la construcción de la política pública agraria ordenada en el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo. Esto, teniendo en cuenta que después de treinta meses de la implementación de esta política no se ha establecido un espacio comunicativo, amplio y democrático que permita al campesinado colombiano aportar a la construcción de este proyecto. 

Hasta el día de hoy, la respuesta del gobierno y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha sido nula. Esta carta no es la primera acción directa que toman las asociaciones campesinas frente a esta situación, el 21 de diciembre del 2021 realizaron un evento para conmemorar los derechos del campesinado colombiano, al espacio no asistieron ni el Ministerio de Agricultura, ni la FAO, ni siquiera algún delegado del gobierno, sólo llegaron la Procuraduría y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Estos hechos se han repetido en varios escenarios, sin generar ningún tipo de diálogo entre las partes o mayor participación que la asistencia. Incluso, cuando se realizan los espacios de debate y construcción, los delegados del gobierno llegan sin conocimiento en los temas que se discuten y sin un poder para tomar decisiones importantes y avanzar en este proceso. 

Eduardo Jurado, director de proyectos en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) habló con Rutas del Conflicto y profundizó en las propuestas que han compartido con el gobierno nacional y en las cuales no se han podido trabajar. “Además de la ruta metodológica que pusimos sobre la mesa, también abrimos el espacio para debatir proyectos como la compra agraria campesina popular, las economías propias, la reforma agraria integral, zonificación ambiental participativa o los cuellos de botella para la constitución de las reservas campesinas”. Jurado resaltó la labor de acompañamiento que ha hecho la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios en todo este proceso, y espera que los demás entes de control por fin respondan a los llamados para construir esta política en conjunto.

Es necesario recordar, que la implementación de este  proyecto campesino se remonta a las exigencias que se hacían sonar en las calles para el paro nacional agrario del año 2013, en el cual, los campesinos pedían al gobierno nacional, de ese entonces, que se les tuviera en cuenta en las estadísticas y políticas públicas.  El gremio realizó diversas denuncias entre las cuales se destacó una tutela  en la que se suscribieron más de 1700 firmas de campesinos y campesinas, y que llegó hasta la Corte Constitucional, la cual dictaminó que el gobierno debía delimitar el término “campesino” y realizar un censo poblacional de este gremio en todo el país. Esta trascendental decisión de la Corte llegó en los primeros meses del actual gobierno del presidente Iván Duque. 

Ahora, de frente a las elecciones presidenciales que se avecinan y con los resultados de las legislativas, todavía sigue la duda de qué pasará con esta política pública. A la fecha, no se conoce una respuesta oficial a la carta realizada por la Cumbre Agraria, y aunque el campesinado sigue insistiendo, todo es un panorama incierto y poco alentador. 

Actualizado el: Lun, 04/04/2022 - 12:38

En el pueblo del oro, del río Cauca, de las chirimías y de los socavones, se agrupan las colonias afrodescendientes, las comunidades campesinas y los pueblos indígenas en torno a una lucha imparable: recuperar el territorio ancestral de las titulaciones a nombre de empresas mineras, extranjeras y extractivistas que han desplazado las tradiciones y la ‘vida sabrosa’ de los habitantes de Suárez . 

Allí, en ese municipio rodeado por siete ríos y las montañas inundadas de oro en el noroccidente del departamento del Cauca, Francia Márquez Mina se formó como lideresa social y ambiental al defender los derechos territoriales y ambientales frente a empresas como Anglo Gold Ashanti y EPSA-CELSIA. 

Hoy, a pesar de tener una sentencia de la Corte Constitucional que protege sus derechos, los Consejos Comunitarios de La Toma, Pureto y La Meseta deben continuar exigiendo justicia y reparación por la violación sociopolítica a la que se ven sometidos incluso hoy - en el 2022 - a la ausencia de las condiciones mínimas: no hay acueducto, no hay agua potable, no hay señal y la electricidad es muy costosa para sus habitantes . 

 

300 años en el territorio y 36 de lucha: ¿Cómo llegaron las empresas extractivistas a Suárez? 

   

Los territorios de Suárez se extienden geográficamente por el norte del Cauca con 389,87 Km2 en su totalidad, de los cuales 386,30 corresponden al área rural y 3,57 a la parte urbana. Tan solo en 1989, estas vertiginosas montañas custodiadas por siete fuentes hídricas, fueron reconocidas como un municipio integrante del departamento. Sin embargo, su historia no comenzó en aquella Asamblea Departamental: en concreto,el corregimiento La Toma fue refugio desde 1850 para las personas esclavizadas que buscaban establecerse en una libertad cómplice de su cultura africana, de su minería artesanal, de su agricultura y de sus decisiones como comunidad. 

Cobijada por esos valores ancestrales, nace Francia Márquez Mina en el año 1981 en la vereda Yolombó, lugar desde el cual, la hoy fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, se formó como lideresa social y ambiental.

Las dinámicas de vida colectiva cambiaron en el año 1986 con la inauguración de la Represa La Salvajina, obra hidroeléctrica que nació a la luz de ideales de desarrollo y progreso de la mano de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, que pretendía frenar las inundaciones del Río Cauca, producir electricidad y gestionar proyectos de inversión social que garantizaran la educación, vivienda y calidad de vida de los pobladores de Suárez. 

 

 

Aníbal Vega, representante legal del Consejo Comunitario La Toma, afirmó que “ la construcción de La Salvajina fue una violación a los derechos humanos”, debido a las múltiples consecuencias ambientales, sociales y económicas que esto implicó. Por una parte, la represa terminó con las fuentes tradicionales de ingreso como la minería, la pesca, la extracción artesanal de materiales de construcción para sus viviendas y la agricultura; por el otro lado, configuró un panorama ambiental que cambió las temperaturas, el ecosistema natural del río y las tipologías agrícolas. 

La jóven Francia, a sus 17 años, denunció el cambio en su territorio:

@FranciaMarquezM: toda una vida de luchas, resistencia y dignidad. pic.twitter.com/J4bOPwd6SF

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 24, 2022

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La red de organizaciones afrocolombianas, Proceso de Comunidades Negras (PCN), registró que a raíz de la construcción de este embalse fueron desplazadas alrededor de 6.000 personas debido al desmembramiento intrafamiliar y veredal. El documento de caracterización de afectaciones realizado en el 2013 por el Consejo Comunitario La Toma expresó que fueron dos tipos de desplazamiento: el primero ocasionado por la falta de sustento socioeconómico y el segundo, relacionado a la presencia de grupos armados. 

“Hemos evidenciado que en la actualidad más del 70% de los habitantes de La Toma ya no vivimos allí”, aseguró Sergio Lucumi, representante de las colonias afrodescendientes del Consejo Comunitario La Toma adscrito al Ministerio del Interior. 

Ante los problemas que generó el embalse, la comunidad se movilizó hacia Popayán, la capital del Cauca, en el mismo año de su creación con la finalidad de buscar reparación integral por parte de Corporación Autónoma del Valle del Cauca y la empresa EPSA-CELSIA Energía, encargada de operar la hidroeléctrica. Sin embargo, en la actualidad dichos acuerdos no se han cumplido a cabalidad. 

Actualizado el: Dom, 03/27/2022 - 16:21

Víctimas de la Sierra Nevada representadas por un heredero paramilitar

Según datos de la Registraduría, con el 97, 53% de las mesas informadas y un total de 67.079 votantes, Jorge Tovar es el nuevo representante de las víctimas por la circunscripción número 12. Con el aval de la asociación Paz es Vida, ‘Yoyo’, hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40, se posicionó en los municipios de Pueblo Bello, San Juan del César, Aracataca, Dibulla, Fonseca, Fundación, La Jagua y Valledupar, en este último obtuvo 17.178 votos. 

La campaña de Tovar fue duramente cuestionada por ser el hijo de Jorge 40, ex comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y responsable por crímenes de lesa humanidad contra la población que, a partir de julio, ‘Yoyo’ Tovar personificará en la Cámara  de Representantes. 

(Lea aquí Jorge Tovar, hijo de Jorge 40: el nuevo representante de las víctimas en el César. | Rutas del Conflicto) 

Sur del Tolima, el as del ‘barretismo’ y los conservadores 

En la circunscripción 15,  que comprende los municipios de Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco, ganó la Asociación Víctimas Núcleo Santiago Pérez con 2.996 votos. La lista está conformada por María Janeth Sabogal, contadora pública, y Haiver Rincón, líder indígena que obtuvo una curul en la Cámara de Representantes, logró a su favor el 15,03% de la totalidad de votos. En esta subregión es muy reconocido el exgobernador del Tolima, Óscar Barreto, afín a ideas de ultraderecha, y los dos candidatos han sido señalados por su cercanía con este político.

Barreto también quedó electo ayer al Congreso por el Partido Conservador con más de 100 mil votos. Según se ha denunciado, Rincón es una ficha de este futuro senador para ampliar su bancada. Durante su campaña fue visto en actos de proselitismo con la candidata a la Cámara Delcy Isaza, a pesar de que estuviese claramente prohibido según el decreto 1207 de 2021. Todo esto concuerda con lo dicho por Barreto en Chaparral hace unos meses, cuando expresó abiertamente que su meta era convertirse en senador y obtener tres puestos más en la Cámara de Representantes incluyendo, de ser posible, una curul de paz.

La campaña de María Janeth Sabogal presuntamente también estuvo financiada por Óscar Barreto. Fuentes del Sur del Tolima han dicho que a la candidata se le vio distribuyendo por zonas rurales ayudas y bultos de abono que habrían sido donados por el exgobernador. Además, desde hace por lo menos una década, Sabogal tiene su residencia permanente en Bogotá, lo cual va en contra de lo estipulado en el decreto, pues uno de los requisitos era que los aspirantes vivieran en el territorio por lo menos tres años antes de las elecciones.

Óscar Barreto es simpatizante de las propuestas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El político ha sido investigado por la Fiscalía debido a peculado y celebración indebida de contratos, pero se le ha absuelto de varios procesos. Miguel Ángel Barreto, su primo, también obtuvo una curul en el Senado y Delcy Isaza en la Cámara de Representantes. Haiver Rincón, con su curul especial de paz, se sumaría a esta lista de seguidores del ‘barretismo’ y el Partido Conservador que tienen voz y voto en el Congreso.

Chocó en manos de un clan político

Con el 41.87 % de los votos, el Consejo Comunitario Mayor de Novita “Cocoman” se posicionó como la organización ganadora de la Circunscripción número 6 del departamento del Chocó. Su votación fue contundente, pues obtuvieron 9,369 votos de los 22,374 que se registraron en las mesas. El candidato ganador fue James Hermenegildo Mosquera Torres, abogado señalado de ser cercano al Clan Sanchéz Montes de Oca por su trabajo con el exgobernador Patrocinio Sánchez, condenado por delitos de peculado.

Su candidatura fue polémica debido a que se registró como víctima tan sólo unos días antes de las inscripciones para las curules de paz; según el portal La Silla Vacía, Mosquera Torres “presentó su testimonio a la Unidad de Víctimas el 2 de noviembre y esta lo declaró víctima el 22 de ese mismo mes. Un tiempo récord en un proceso que suele llevar por lo menos 3 meses". Actualmente, el hoy electo representante  tiene un proceso penal abierto por el delito de peculado (malversación de caudales públicos) en la EPS SELVASALUD S.A.

Sur de Córdoba: ¿compra de votos por la curul de paz?

En el sur de Córdoba, con el 96,75% de las mesas informadas, la lista ganadora fue la de la Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó en cabeza de Leonor Palencia, quien durante su campaña como candidata fue denunciada por líderes sociales y Juntas de Acción Comunal por recibir apoyo de maquinarias tradicionales y de su primo, Orlando Benitez, gobernador del departamento. 

Además, fuentes de Colombia+20 y El  Espectador aseguraron que “hasta su territorio han llegado personas cercanas a la candidata supuestamente ofreciendo dinero y enseres a cambio de sus votos”; hechos registrados en el resguardo indígena Alto San Jorge y en el municipio de Valencia. Días después de esto, los denunciantes de esta supuesta compra de votos por parte de la hoy representante de la curul de paz, afirmaron haber recibido amenazas tras interponer las denuncias. 
 

El Caquetá y su representante cercano a parapolíticos

Jhon Fredy Núñez es el representante de las víctimas en Caquetá con 17.982 votantes y el 100% de las mesas informadas, según la Registraduría. La candidatura de Núñez fue denunciada por presuntas inhabilidades y por su cercanía con Álvaro Pacheco, actualmente condenado por sus vínculos con grupos paramilitares. 

"El ingeniero", como lo conocen en la región, aspiró al Senado en 2009, a la alcaldía de Florencia en 2011 y en 2015 a la Asamblea Departamental con el partido Opción Ciudadana, conocido hace unos años atrás como Partido de Integración Nacional (PIN), el cual fue reconocido por acoger a muchos señalados parapolíticos en sus filas. 

Votar por las víctimas y la paz, toda una odisea

En la mañana de este domingo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada impidieron el paso en la zona rural de Santa Marta para que los habitantes no pudieran ejercer su derecho al voto. Hombres armados bloquearon el puente de Guachaca, en la vía de La Aguacatera y Calabozo, lo que inhabilitó por largas horas los puestos de votación de Guachaca y Calabozo. Se reportaron amenazas a los votantes, declarándolos “objetivo militar”. Por esto, los ciudadanos de Guachaca, Magdalena, por miedo a las represalias difundidas por el grupo armado, se abstuvieron de salir a votar. 

También, en la zona rural de Tumaco, Nariño, se presentaron diversas tensiones en los puestos de votación cuando un grupo de más de 1.000 personas obstaculizaron las mesas de votación de la vereda San Luis de Robles,  argumentando el incumplimiento de los políticos y el abandono del Estado. La protesta transcurrió de forma pacífica durante todo el día, sin embargo, en horas de la tarde se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. 

Por otro lado, varias de las mesas de votación fueron reubicadas sin previo aviso. En el municipio de Córdoba, Nariño, y en Uramita, Antioquia, se movieron debido a condiciones climáticas, derrumbes y deslizamientos de tierra. En cuanto a problemas de logística, según los reportes entregados por la Misión de Observación Electoral (MOE), en el 26% de los puestos habilitados para votar por las Circunscripciones Especiales de Paz los jurados de votación no estaban entregando este tipo de tarjetones, lo cual despertó preocupación e indignación entre la ciudadanía y se ha invitado a que no se repita esta situación en futuras elecciones.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:26

 

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, es el nuevo representante a la Cámara por la circunscripción transitoria especial para la paz número 12. ‘Yoyo’ Tovar, como es conocido, había obtenido 35.133 votos, con un 58.74% del total de mesas escrutadas, según los datos de la Registraduría Nacional. 

Tovar y su fórmula, avalados por la organización Paz es Vida doblaron a los candidatos que ocuparon el segundo lugar de la Alianza por la Vida, entre los que estaba William Alfonso Romero, señalado de ser ficha del clan político Gnecco.

El ganador obtuvo la mayoría de los votos en Valledupar con 14.222 electores. Tovar también ganó en Fundación, Aracataca, Dibulla, Fonseca, Pueblo Bellos y San Juan del Cesar, en total siete de los 13 municipios que conforman esta circunscripción. 

Los resultados se dan luego de que el viernes pasado 18 candidatos a las curules de paz de la circunscripción 12, radicaron su renuncia ante la Registraduría en Valledupar porque no se brindaron las garantías adecuadas para realizar sus campañas en elecciones de estas curules de paz. “Llevaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estas denuncias. Las renuncias son para no legitimar este proceso antidemocrático”, afirmó Dairo Bayona Ramírez, representante legal de la Corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible, una de las organizaciones que abandonaron la participación en estos comicios.

Varios candidatos habían denunciado que no podían ni siquiera entrar a ciertos municipios a difundir sus campañas porque eran amenazados por actores armados, mientras que Tovar se movía sin problema. “Estos tres meses no podíamos entrar a la Sierra Nevada o la Serranía del Perijá a hacer campaña, eran territorios que los paramilitares custodiaban y le decían a la gente que debía votar por ‘Yoyo’ Tovar”, cuenta la candidata Claudia Vásquez.

Judith Fonseca, candidata por el Resguardo Indígena Mayabangloma, le dijo a Rutas del Conflicto que las víctimas de la región del Cesar se quedaron sin voz ni voto y por el contrario, se sienten re victimizadas con la elección de ‘Yoyo’ Tovar en la Cámara, el hijo del jefe paramilitar responsable de miles de crímenes en esa zona del país.

 “A él no le tocó acostarse a las 5 p. m. por los toques de queda, no sabía lo que era pedir permiso para salir de la casa o ni siquiera poder asomarse a la puerta porque pasaban camionetas y uno ya sabía lo que iba a pasar. ‘Yoyo’ no tenía que haber sido candidato”, señaló Fonseca.

Para Dairo Bayona Ramírez, representante legal de la organización Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible, que participaba en estas elecciones, los clanes políticos se quedaron con la curul de las víctimas usando medios irregulares. Estas denuncias fueron comunes en otras circunscripciones, como lo señala la investigadora Natalí Triana de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES). “Se volvieron un botín para los políticos tradicionales, que necesitan mantener o ampliar su poder en el Congreso. Para nadie fue un secreto las denuncias de las víctimas frente a la presencia de grupos armados que pedían a la gente votar por ‘Yoyo’”, explica Triana.

Organizaciones de víctimas señalaron que denunciarán las irregularidades de esta elección en instancias nacionales e internacionales.

¿Quién es ‘Yoyo’ Tovar?

El ganador de la circunscripción 12 es un abogado que fue nombrado como director de la oficina de víctimas del Ministerio del Interior en el año 2020, por el gobierno de Iván Duque. Tovar ha señalado que ha sufrido persecución por ser el hijo del ex paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’.

Se registró en la Unidad de Víctimas, requisito para participar en estas elecciones, por el asesinato de uno de sus tíos, ocurrido a finales de la década del 2000. Durante la campaña se denunció que el director de la Unidad en Cesar-La Guajira le hizo campaña para estas elecciones.

‘Jorge 40’ fue comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y responsable de crímenes atroces como los homicidios de varios sindicalistas de la minera Drummond, las masacres de Bahía Portete en La Guajira, con hechos documentados de violencia sexual y la de Nueva Venecia en la que asesinaron a 39 personas. Fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y deportado a Colombia en septiembre de 2020.

Varios políticos de la región han sido condenados por tener vínculos con este exjefe paramilitar, como Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof.

 

 

 

 

Actualizado el: Dom, 03/13/2022 - 22:19