Hace unos meses, la periodista y escritora colombiana, Jineth Bedoya Lima, alzó su voz ante las Naciones Unidas para señalar la sistemática impunidad en los casos de violencia sexual en Colombia. Del total de estos, el 98% no han sido resueltos ni han obtenido justicia. 

“No podemos pasar por encima de los derechos de millones de mujeres que tienen su fe de justicia puesta en esta jurisdicción” decía Jineth abogando por la justicia en el marco del conflicto armado colombiano. 

Hoy, por primera vez, tras seis años de la creación del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado, se creará el macrocaso número 11 que investigará y juzgará la violencia sexual y otros delitos relacionados con el género, sexo, orientación o identidad en la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) cometidos por todos los grupos armados: desde exguerrilleros hasta paramilitares y agentes del Estado.

Así lo anunció este viernes 15 de julio el magistrado, Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP en la rueda de prensa de la Sala de Reconocimiento en Bogotá. Su motivo principal era anunciar la creación del macrocaso #10 sobre graves crímenes cometidos por las Farc en el conflicto armado. El #11, por su parte, aún está en etapa de agrupación y concentración de la información. 

Este macrocaso no es una decisión aislada, es el resultado de las voces agolpadas alrededor de una lucha por el reconocimiento y la justicia. Es el reclamo de miles de mujeres, personas de orientación e identidad diversa y organizaciones de derechos humanos que a través de los años han construído informes y recopilado los datos necesarios para identificar las violencias sexuales en el contexto de la guerra en razón de estrategia y control social. 

Anteriormente, la Jurisdicción había recopilado estos hechos de manera transversal a todos los macrocasos ya creados, y la razón por la cual no habían considerado la apertura de uno específico se debía a la falta de identificación de un “mismo patrón de violencia sexual: hay violencia cometida por antiguos miembros de las FARC, por agentes del Estado intrafilas; contra soldados por sus propios compañeros; hay distintos patrones contra mujeres civiles ligados a detención y a la tortura” decía la magistrada de la Sala de Reconocimiento y Verdad, Catalina Díaz Gómez, en la Audiencia de observaciones de las víctimas y priorización de nuevos casos celebrada el 21 de febrero del presente año en Medellín. 

Sin embargo, en razón del análisis realizado por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la Jep para la apertura del macrocaso #10, se determinó el día 6 de julio que había información suficiente para responder a las solicitudes de las víctimas y  defensoras de los derechos de las mujeres y personas diversas que exigían la investigación del “fenómeno criminal en resarcimiento de la dignidad de las víctimas”.

Algunos de los informes recopilados por la Jurisdicción fueron los de ‘No es hora de Callar’ realizado por la periodista Jineth Bedoya y ‘Violencia Sexual’ por la Universidad Sergio Arboleda. Otros fueron entregados por la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Asociación Tamboreras del Cauca, la organización Casa de la Mujer, la Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Víctimas de Violencia Sexual Entrelazando Confianza. 

Las organizaciones y las víctimas han sido reiterativas en no centrarse únicamente en hechos de violencia sexual, sino también investigar otras formas de violencias contra las mujeres tales como la violencia reproductiva, la explotación sexual y la trata de personas. Así mismo, en su concepto es necesario profundizar en patrones de violencia basada en género que permitan identificar problemas estructurales, no sólo sobre los cuerpos de las mujeres sino de las personas LGTBIQ+. 

El método que hasta el momento había usado la Jep para investigar estos delitos no se consideraba adecuado pues al estudiar de forma individual a los actores armados se puede “conllevar a un fraccionamiento de los hechos y de las víctimas, cuestión que limitaría la posibilidad de establecer contextos y patrones de macro criminalidad”

En los hallazgos recopilados por el GRAI se determinó que en muchos casos las violencias basadas en género eran en contra de lideresas sociales, comunitarias, defensoras de derechos humanos, periodistas, médicas y parteras que ‘debían’ ser castigadas “por meterse en política”, “por ejercer autoridad en una comunidad al ser profesora” y “por estar buscando lo que no se les ha perdido al reclamar a los actores armados”. 

 

 

 

En el Universo Provisional de Hechos presuntamente cometidos por las Farc- Ep se determinó que del total de victimizaciones documentadas, 2.300 corresponden a casos de violencia sexual entre 1980 y 2016, teniendo dos picos considerables en los años 2000 y 2002. De estas víctimas identificadas, cerca de 1.800 son mujeres y 296 son hombres.

A estas cifras se le suma la preocupante realidad de que, casi la mitad de las víctimas (-1.000) eran menores de edad cuando sucedieron los hechos. 

 

Sin embargo, estas cifras siguen siendo consideradas inferiores a la realidad pues hay una invisibilización y normalización de la violencia de género en la sociedad que no sólo se traduce en sevicias sobre el cuerpo sino en la discriminación y el machismo. 

En Rutas del Conflicto publicamos previamente una nota periodística sobre las razones anteriormente expuestas por la Jep, la violencia de género en el conflicto armado y la lucha de las organizaciones por el reconocimiento y la visibilidad. (LEER AQUÍ)

Con la apertura de este macrocaso, las organizaciones y miles de víctimas, junto a lideresas como Jineth Bedoya y Yolanda Perea, esperan que, finalmente, llegue la justicia, la verdad y la reparación a sus vidas. 

Actualizado el: Vie, 07/22/2022 - 16:58

Resulta un tanto irónico que haya sido el 20 de julio de 2021 cuando Sara Valentina Cárdenas empezó a entender a profundidad el significado de la independencia, la victoria sobre el miedo y la libertad, al pisar suelo extranjero. Como víctima de la agresión por parte de miembros de la fuerza pública y luego de intimidaciones y hostigamientos, librarse de esto en un nuevo lugar constituía un elemento indispensable para comenzar su recuperación física y mental. Llegar a Noruega fue para Sara y su familia, un reinicio, la oportunidad de reconciliarse con la vida y con su propia identidad. 

El caso de Sara no es único ni excepcional en el país. La ONG Temblores reveló que 5.808 civiles fueron víctimas de violencia por parte de miembros de la Policía, en el reporte sobre estos hechos entregados a la CIDH en 2021.  Son agresiones que Temblores clasificó en tres grandes tipos de violencia: homicida, física y sexual. Del total de estos casos, 5.048 ocurrieron en el marco del paro nacional. 

Según el informe ‘Tiros a la vista’ de Amnistía Internacional, la plataforma GRITA de la ONG Temblores registró 103 víctimas de lesiones oculares entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021, durante el desarrollo de las protestas, “es decir, cada 0.81 días hubo una lesión de este tipo en el contexto del paro nacional”.

El reporte de Temblores informó que un 7.61 % de las víctimas de heridas y lesiones oculares son mujeres. Sara Valentina es una de ellas y su historia ejemplifica parte del drama vivido por los más de cien afectados con lesiones oculares que dejó la violencia policial durante las protestas.

 

Todo inició un 5 de mayo

El 5 de mayo de 2021 Sara Valentina se levantó casi a las diez de la mañana, como solía hacerlo desde que la pandemia del Covid 19 obligó a los colegios a la virtualidad. No se imaginaba que ese día su vida daría un vuelco, que ya no volvería a ser la misma. Desayunó poco y tarde, le dio los últimos retoques a las tareas que la habían trasnochado el día anterior y, como siempre, las cargó puntualmente en la plataforma dispuesta para tal fin. Hacia las tres de la tarde salió con su mamá y su hermana menor a almorzar invitadas por un amigo de la familia. 

Las salidas, tan escasas en el último año, eran muy apreciadas ahora que la vida iba volviendo a la normalidad. El lugar favorito para almorzar los fines de semana era ‘La Chingada’, un sitio de comidas rápidas ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá. Ese miércoles 5 de mayo de 2021, Sara Valentina estaba feliz de visitar ‘La Chingada’ entre semana y comer una mazorcada en compañía de su familia. Fue un almuerzo agradable, con charlas distendidas, fotos para las redes sociales y una malteada de chocolate de sobremesa para ella. 

De regreso en casa, Sara Valentina se dedicó a hacer fotos y videos de TikTok aprovechando las últimas horas de luz. En la noche quiso una nueva malteada, lo que implicaba ir a dar un paseo al centro comercial Plaza Imperial, a pocas cuadras de la casa. Su mamá la quiso complacer, salir a caminar por los pasillos del centro comercial mientras se tomaban fotos, era un plan habitual para la familia. Su hermanita estaba de acuerdo con el postre, pero prefirió quedarse en casa esperando que le trajeran un helado que le encantaba, un McFlurry que nunca llegó. 

“El centro comercial estaba cerrado y nos íbamos a devolver para la casa […] nos quedamos observando las manifestaciones pacíficas […] entre la Av. Ciudad de Cali y la Av. Suba – vía pública – e hicimos grabaciones de cómo todo estaba pacífico”, relató la madre de Sara, Sandra Milena Pérez, en el formato de Entrevista – FPJ – 14 de la Fiscalía 400. 

Allí detalló cómo de un momento a otro y sin previo aviso escuchó detonaciones y cómo las personas asustadas empezaron a correr. Las manifestaciones contra el gobierno colombiano comenzaron en 2019 y las recurrentes maniobras del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para disolverlas tomaban un talante cada vez más intenso. Sandra y su hija buscaron refugio en un callejón cercano, suponían que los agentes del ESMAD seguirían caminando derecho tras los manifestantes. No fue así, no del todo.

Tres agentes del ESMAD se quedaron frente a ellas y las intimidaron, insultándolas: “Malditas perras, eche para la casa, no busquen lo que no se ha perdido acá”, contó Sandra Milena. Estaban paralizadas, correr a otro lugar no era una alternativa segura y allí eran objeto de los repetidos ultrajes verbales y las amenazas de miembros de la fuerza pública. Sara Valentina, presa del miedo, empezó a llorar, «cállela, puta», ordenó un agente del ESMAD a la aterrorizada madre. Sandra Milena, lloró en silencio y siguió con la vista a otro miembro del ESMAD, lo vió alejarse unos metros y luego apuntarles con “un arma negra, larga, con una boquilla ancha”. El hombre disparó directamente hacia madre e hija. “En ese momento yo sentí que me quemaba todo el cuerpo, fue un solo disparo”, recordó Sandra Milena, quien cayó desmayada por un tiempo que, aún hoy, no puede determinar.

 

Secuelas de la agresión

Al recuperar la conciencia se enteró de que a su hija la llevaron, desmayada también, al centro comercial El Paso Plaza. Sara Valentina recibió en su ojo izquierdo el impacto de un proyectil de goma, aparentemente. Así lo relató Sandra Milena a los investigadores de Amnistía Internacional en la publicación ‘Tiros a la vista’: “Creo que eran de goma, […] desafortunadamente, mi hija estaba detrás de mí y ella recibió un impacto en su ojito izquierdo, a ella si le [sic] abrieron todo el párpado y empezó a escurrir sangre”. Lo que era una salida habitual al centro comercial, se convirtió en el inicio de una pesadilla para Sara Valentina y su familia.

El informe de la historia clínica de Sara Valentina da cuenta de una evolución negativa en el estado de su salud visual; son más de 200 páginas de un desalentador resumen del intento por rescatar su ojo izquierdo. El proyectil que impactó a Sara Valentina deformó gravemente su globo ocular izquierdo, haciendo que este perdiera funcionalidad. Los médicos recurrieron a una reconstrucción con el fin único de preservar la estética. La visión del ojo izquierdo de Sara Valentina se perdió por completo.

 

Intimidación, ¿la respuesta segura a las denuncias?

Pese al delicado estado de salud de su hija, Sandra Milena no tardó en instaurar las respectivas denuncias virtuales en los portales web de la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Policía y la Contraloría. Para sorpresa suya, esto le traería más dificultades y angustias. Una serie de hostigamientos y amenazas se sucedían una tras otra, todo con el fin de que guardara silencio. “Me llamaron y me dijeron ‘Calladita se ve mejor’, que yo no abriera la boca, que no denunciara, que hiciera una conciliación generosa. […] Recibo una llamada, teléfono privado, me dijeron ‘Maldita perra, le vamos a mandar a matar a su perra chiquita, soplona, sapa’ […] He sido perseguida, amenazada, intimidada, hostigada, amedrantada por parte de la Policía”, puntualizó Sandra Milena en su relato a la Fiscalía.

En medio de los procedimientos policíacos para aprobar medidas de seguridad especial, recibieron varios documentos para firmar, entre ellos uno con el que pretendían cambiar su denuncia inicial para que, en su lugar, se declararan víctimas de violencia intrafamiliar. El miedo llegó a límites inaceptables cuando notaron seguimientos de carros en sus desplazamientos y luces de láser apuntando a las ventanas de su apartamento. Sandra decidió salir del país junto con sus hijas, el riesgo para sus vidas era ya insostenible.

La madre de Sara Valentina investigó por su cuenta en internet, vio videos con asiduidad y se informó con horas de lectura; con temor y ansiedad decidieron como familia partir a Noruega en busca de refugio. Fue necesario vender todas sus pertenencias en el menor tiempo posible y dejar su ciudad natal y su país con la opresión en el pecho que resulta de un salto al vacío. Unas semanas después con la historia clínica de Sara Valentina traducida al noruego y organizada en una carpeta, unas maletas tan improvisadas como el viaje y una esperanza que trataba de vencer al miedo, las tres mujeres de la familia llegaron al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

El trámite para salir del país resultó ser el nuevo motivo de desconfianza de Sandra y sus hijas. Pese a llevar los documentos en orden, permisos debidamente diligenciados, tiquetes comprados y una justificación médica para viajar a Noruega, agentes de la Policía las retuvieron por un tiempo que Sandra no puede establecer con claridad, pero que se le hizo eterno. Revisaban y volvían a preguntar por el permiso de salida de su hija menor de edad, por el motivo del viaje, por la fecha de regreso. Advirtieron que no podrían ir a Oslo, que los extranjeros no tenían permiso para entrar a Noruega por causa de la pandemia. El proceso se dilataba de tal forma que perder el vuelo se convirtió en un riesgo inminente. 

Finalmente, Sandra pudo articular un par de palabras en privado para pedir ayuda a funcionarios de la aerolínea. La posición tajante de la aerolínea venció la resistencia de los agentes. Todo estaba en orden con la familia, solo faltaban ellas para abordar y, al no tener ningún impedimento, pudieron hacerlo. El peso que se descargó de las mentes de Sara Valentina y Sandra en cuanto el avión dejó la pista solo lo conocen ellas, solo lo puede entender alguien que haya huido por salvar su vida y la de su familia. Fueron días de un viaje intenso que empezó el 18 de julio de 2021 en Bogotá, pasando por un episodio tenso en Turquía y que finalmente las condujo a suelo noruego el 20 de julio.

 

Noruega, un lejano refugio

El miedo seguía a flor de piel cuando desembarcaron en Oslo. Sara Valentina recuerda que al llegar afloraron todas las emociones que habían estado reprimiendo durante tanto tiempo. Lloraba desconsolada y se asustó cuando una pareja de policías se acercaron a tranquilizarla. Los últimos meses la habían predispuesto negativamente, pero esa muestra de afecto desinteresado de una mujer y un hombre policías marcó el ritmo de sorpresas agradables que Noruega traía para ella. 

Los primeros días fueron complejos, pero poco a poco su vida se ha ido reorganizando. En su nuevo hogar la familia ha tenido un acompañamiento psicológico constante. Lina, la hermana menor de Sara Valentina, ha recibido especial atención y mucho de su tiempo está copado con actividades extracurriculares. El aprendizaje del idioma es una barrera que van superando de a poco gracias a las clases de noruego que reciben y a la socialización con la comunidad que las recibió. Aunque se emocionan recordando las auroras boreales que han disfrutado entre diciembre y febrero, el frío frecuente les hace añorar su tierra.

Sara Valentina extraña la comida de Colombia y recuerda con nostalgia a Cloe (su perro) y Greicy (su gata), a los que tuvo que dejar en manos de sus familiares en Bogotá. Ella, su mamá y su hermana ya obtuvieron su estatus de refugiadas y saben que están a salvo, pero la preocupación no cesa todavía. Nuevas amenazas arremeten ahora contra sus familiares en Colombia. Hostigamientos e intimidaciones similares a los que ellas fueron sometidas se trasladaron a las vidas y los hogares de algunos de sus parientes cercanos. Algunos ya contemplan la posibilidad de salir del país, al igual que ellas. Se repite la historia de personas con vidas tranquilas que se trastornan sin motivo ni justificación. 

Vidas como la de Sandra y sus hijas que, con entereza, cruzaron el mundo buscando refugio en un país distante y con una cultura desconocida, un lugar para empezar otra vez. Un nuevo hogar para intentar volver a sonreír. Sonreír, sí, aunque las noticias no siempre sean las mejores.

Los especialistas noruegos le comunicaron recientemente a Sara Valentina que será preciso retirar su globo ocular izquierdo. La carencia total de funcionalidad de su ojo implica el inminente riesgo de atrofia, pérdida de estética, sobreinfección y otros peligros para su salud, por lo cual es necesario reemplazar su ojo por una prótesis. Su ojo izquierdo será para Sara Valentina un recordatorio permanente de la arbitrariedad de la que fue víctima – y que es una posibilidad para cualquier colombiano, aún para quien no esté participando de una protesta, como ella – pero también de su fortaleza, de su valor y de su irrenunciable determinación de volver a ser feliz. 

Actualizado el: Mié, 07/20/2022 - 09:56

El próximo 18 y 19 de julio de 2022 se llevará a cabo la audiencia de reconocimiento por las ejecuciones extrajudiciales de 12 miembros del Batallón La Popa, en Valledupar, Cesar. Se les adjudica el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y 9 de julio de 2005. Los señalados, quienes fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, ya presentaron su reconocimiento escrito a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En la audiencia también participarán las comunidades indígenas Kankuama y Wiwa, quienes se vieron gravemente afectadas por estos hechos. Esta es la segunda imputación de la JEP en el macrocaso 03, que investiga los falsos positivos. La JEP priorizó el caso de La Popa teniendo en cuenta que el Cesar es el tercer departamento con más ‘falsos positivos’ en todo el país.

¿Qué sucedió en el Batallón La Popa?

En el año 2019, cuando la JEP empezó a recibir declaraciones voluntarias sobre las ejecuciones extrajudiciales, el Batallón La Popa fue en su momento la unidad militar que más casos había confesado. Según las versiones rendidas de los militares ante la JEP, se lograron identificar 146 casos de “falsos positivos” acontecidos en los años 2002 y 2005.  Las víctimas eran elegidas teniendo en cuenta 10 patrones: eran indígenas, personas indocumentadas, con precariedad económica, habitantes de calle, recicladores o vendedores ambulantes, miembros de la comunidad LGBTI, menores de edad, señalados de pertenecer a un grupo miliciano o guerrillero, supuestos integrantes de la AUC y desmovilizados de algún grupo al margen de la ley.

En el patrón indígena, la mayoría de las víctimas eran comunidades étnicas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y los señalaron de ser informantes o trabajar con grupos al margen. Las víctimas de “precariedad económica”, por lo general, no tenían denuncias de desaparición debido a que no se conocía su identidad o no tenían arraigo familiar. En varios casos, según los testimonios de los militares, les cortaban el cabello y los arreglaban para posteriormente ser asesinados.

A su vez, los comparecientes señalaron que existían cooperaciones con los grupos paramilitares que cubrían los mismos municipios que el Batallón La Popa. Estos mismos eran los que entregaban al ejército las víctimas que luego presentaban como bajas en combate.

Recordemos que uno de los imputados por este caso es Publio Hernán Mejía, excomandante del batallón La Popa entre los años 2002 y 2003, quien no aceptó los cargos en su contra y ahora deberá afrontar el primer juicio adversarial en esta justicia transicional. Mejía ya fue condenado a 19 años de cárcel en el año 2013 por sus comprobados nexos con paramilitares, entre los que se destaca el nombre de Jorge 40, comandante principal del Bloque Norte de las AUC

El papel de la JEP en el macrocaso 03, Batallón La Popa

Para el año 2021, la JEP le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército por “falsos positivos” en la Costa Caribe, tres de estos militares no aceptaron los cargos. Entre los imputados había dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados, todos pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre los años 2002 y 2005. La JEP determinó que “cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”.

Por medio de los testimonios de los militares, de distintos rangos y funciones, que hicieron parte de los crímenes ocurridos en el Batallón La Popa, la Sala de la JEP determinó que estos asesinatos hacían parte de un “plan articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación comunes que estuvo orientando a la consolidación territorial, a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad que afectaban a la población de la región”.

En este acto de reconocimiento que se realizará en los próximos días, la JEP resaltó la importancia de la participación de las víctimas, pues el propósito principal de este escenario es dignificar y visibilizar su memoria. En estos puntos que señala la JEP para la audiencia, se contempla una dimensión restaurativa del reconocimiento, donde los imputados deben “reconocer el daño causado, aceptar la responsabilidad individual y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes”, esto con el fin de “rehacer un sentido de la dignidad y nombrar a las personas como seres humanos que debieron ser cuidados y protegidos”.

Actualizado el: Dom, 07/17/2022 - 20:54

Todos los actores del conflicto armado han tenido que ver con la producción y el comercio de drogas, aunque cada uno de manera diferenciada. Por ejemplo, mientras que para las Farc esto operó como un mecanismo de financiación, para los paramilitares fue la bisagra entre el crimen y el poder. Los narcotraficantes, por su parte, han actuado junto a la clase política y a sectores económicos importantes, por lo que se han constituido como miembros de algunas élites. Estas relaciones han determinado el curso de la violencia y sobre todo su continuación en los territorios. 

 

Economía de la coca 

De acuerdo con distintos estudios, los ingresos por el tráfico de cocaína representan entre el 1% y el 4% del producto interno bruto de Colombia, posicionándolo como el principal país productor para un mercado de aproximadamente 20 millones de consumidores. Así, el narcotráfico promueve un modelo de acumulación de capital, una economía basada en la reproducción del conflicto. Desde los sesenta, ante la falta de una política agraria incluyente y la pérdida de soberanía alimentaria, la coca se convirtió en una alternativa productiva para el campesinado.

A medida que el modelo de acumulación se expandía, la vida en comunidad y el desarrollo regional cambiaron. “Muchos pueblos de Colombia han surgido y son relevantes debido a que estuvieron en contacto con el narcotráfico. Pueblos cercanos a Tumaco, en Nariño, o en Urabá, Antioquia, o San José del Guaviare, en Guaviare, entre otros, pudieron enfrentar una escasa presencia del Estado con los recursos y las dinámicas surgidos alrededor del narcotráfico”, menciona la CEV. 

Aunque las economías locales de la cocaína trajeron consigo oportunidades laborales, también conllevaron formas de explotación al campesino, la mujer y la población étnica. Estas zonas suelen ser, incluso hoy en día, las más violentadas. Allí es donde se ha impactado profundamente a la naturaleza, la tenencia y el uso de la tierra, y se han generado grandes estigmas hacia los agricultores. Pero la cadena de producción y comercialización de drogas va mucho más allá de los cultivos, por lo que ha involucrado a otros sectores de la sociedad.

La Unidad de Investigación de Activos Financieros (UIAF) señala que parte del dinero producido por el narcotráfico se ha blanqueado a través de notarías y sectores como el inmobiliario: fachadas, compraventa, testaferrato, etcétera. La UIAF revisó 104 casos de narcotráfico vinculados a carteles, las Auc, las Farc, el Eln, entre otros actores, y en todos encontró referencias a empresas comerciales, petroleras, de transporte, bienes raíces o contratación pública. 

(Le puede interesar: ¿Qué contiene el Informe Final de la Comisión de la Verdad?)

 

Dimensión política: democracia en riesgo

En los años setenta se dieron debates sobre la infiltración de contrabandistas y narcotraficantes en el Congreso de la República, la DIAN y el DAS. El comercio de drogas se internacionalizó y entabló relaciones de élite que hasta influyeron la infraestructura, pues construyeron pistas de aviones y obtuvieron el control de puertos marítimos para buscar rutas hacia Estados Unidos. También hubo acusaciones de que varias campañas presidenciales fueron financiadas por dinero ilícito. 

Tal como explica la CEV, es difícil precisar quién financió a quién, pero es claro que el sistema político ha promovido el clientelismo, la corrupción electoral y la tolerancia a recursos de dudosa procedencia en el sector público que ponen en riesgo a la democracia, sobre todo a nivel regional. Entonces, la política ha sido la primera en articularse con el narcotráfico, incluso antes de que la violencia por el conflicto armado se viera involucrada. 

En el marco de la ley de Justicia y paz, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso reveló que en 2005 el 35% del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, y que los dineros del narcotráfico fueron fundamentales para las campañas. Este vínculo entre actores políticos, económicos, armados y militares, que se basa en la acumulación de capital, no ha sido investigado a profundidad por el Estado y mucho menos desmantelado. Según el Informe, la función pública ha servido al narcotráfico para mantenerse en la impunidad y lavar el dinero a través de la contratación pública o la compra de tierras.

 

El fracaso de la guerra contra las drogas

Las élites enfocan su política antidrogas en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras que mantienen relaciones con los traficantes de cocaína. Esto ha manchado a las entidades competentes, ya que se han vuelto objeto de disputa. “Varias instituciones como el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la Dirección de la Aeronáutica Civil (DAAC) y las áreas encargadas de los bienes en extinción de dominio, han sido protagonistas de importantes escándalos y algunos de sus directores y funcionarios han sido procesados por corrupción, violencia o narcotráfico”, sostiene la CEV.

Por su parte, la fuerza pública también se ha involucrado en este negocio ilegal. Desde los setenta la Policía se empezó a relacionar con narcotraficantes, y las alianzas aumentaron con la formación de carteles, el grupo Muerte a Secuestradores (Mas) y el modelo paramilitar del Magdalena Medio. A finales de los noventa el Ejército se involucró directamente en la lucha contra las drogas, pues se consideró a las Farc como un grupo narcoterrorista. Entonces, esta violencia favorecía los intereses privados de los narcotraficantes y, a su vez, la contrainsurgencia de la fuerza pública. 

En los noventa, al afirmarse que la lucha contra las drogas era la misma que contra las Farc, se ignoró que “los grupos paramilitares eran aliados del Estado en la lucha contrainsurgente y que estaban orgánicamente asociados al negocio del narcotráfico. Esto generó la criminalización del campesino cocalero, considerándolo la base social de la guerrilla y el principal responsable del narcotráfico. Esto ha servido para mantener la violencia contra los eslabones más débiles y diluir la responsabilidad de los actores políticos o institucionales, quienes son los principales beneficiarios del negocio”.

(Le puede interesar: El legado que nos deja la Comisión de la Verdad desde el diálogo social: reconocimiento, convivencia y no repetición)

 

Persistencia

Una de las razones por las que el conflicto se mantiene en las regiones es que los actores armados (insurgencias, paramilitares, narcotraficantes y fuerza pública) aún se disputan el control de la economía de la cocaína. Esto se debe a que, al ser un mercado ilegal, los beneficios del narcotráfico son mayores y lo vuelven más codiciado. Además, de acuerdo con el análisis comparativo territorial de la CEV, los niveles de violencia fueron más altos en lugares con presencia de cultivos de coca.

La economía de Colombia depende en gran parte del narcotráfico: por décadas ha regulado la economía tanto de los sectores populares y campesinos como de los dominantes. El Informe plantea que para hallar una solución, se debe replantear el mismo problema, ya que el discurso de la lucha contra las drogas ha determinado cómo el país ve el conflicto y la idea del “enemigo interno”. Este no es un asunto meramente delictivo o militar, pues como se ha dicho, tiene implicaciones sociales, económicas, políticas e internacionales. No puede seguir atendiéndose como una guerra.

Perseguir a los eslabones más débiles de la cadena, la militarización de los territorios, el prohibicionismo, las fumigaciones y la extradición no han llevado a superar la situación, sino a un callejón sin salida. La historia ha demostrado que son estrategias que no dan frutos, que por el contrario exacerban el conflicto. Mientras el narcotráfico siga siendo ilegalizado, brindará los recursos para seguir con la violencia, corromper a las instituciones y financiar ejércitos privados para sus intereses. “Debemos llegar a acuerdos que permitan la comprensión, regulación e integración de esta actividad”, concluye la CEV.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 16:55

Por: Susana Rincón y Natalia Brito

Cuando Dario Acevedo era el candidato opcionado en el 2019 por el Gobierno de Iván Duque para ser el director del Centro Nacional de Memoria Histórica causó polémica su afirmación en el medio El Colombiano al asegurar que “el conflicto armado no podía convertirse en la verdad oficial”. 

Su trayectoria académica junto con posturas en contra de la movilización estudiantil, los acuerdos de la Habana y la Comisión de la Verdad dieron luces sobre lo que sería su gestión, y lo que - más temprano que tarde - sería la posición del gobierno Duque frente la implementación de la paz. Hoy, 7 de julio, en vísperas de un nuevo gobierno, Acevedo radicó su carta de renuncia frente al Presidente de la República y al director de Prosperidad Social, Pierre García. 

Su salida se da en medio de cuestionamientos y polémicas: En julio de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le abrió un incidente de desacato por presuntamente incumplir con las medidas cautelares que lo obligaban a no modificar el guión del Museo de Memoria. Esto se dio, en primer lugar, por los cambios a la exposición “Voces para transformar a Colombia”, que había sido construida -previamente a su gestión- con las víctimas. Y, en segundo lugar, cuando el medio El Espectador publicó un artículo en el que se evidenciaba la reducción de cifras de los hechos victimizantes cometidos por el paramilitarismo. 

 

 

Todo este lío comenzó cuando en mayo del 2020, el senador Iván Cepeda realizó una petición pública, en donde alertaba una posible afectación a los derechos de las víctimas por “la vulneración a la verdad histórica, la memoria colectiva y la reparación simbólica” debido a las acciones que ejercía Acevedo en cabeza del Centro Nacional de Memoria.

Recordemos que, Acevedo, historiador y profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia, fue nombrado director del CNMH después de que se consideraran personalidades igual de cuestionables. Entre la lista estaban el periodista Mario Pacheco, opositor a los acuerdos y rechazado por las organizaciones de víctimas; y posteriormente, el profesor Vicente Torrijos, quien incluyó un falso doctorado en su hoja de vida.

Frente a estos posibles nombramientos, escribió dos columnas de opinión en las que señala peyorativamente al Padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, como seguidor de la teología de liberación; y al comisionado Alfredo Molano como un ‘pro fariano marxista’. Además de decir que “la posición de quienes han propiciado el veto a estos candidatos … Han llegado al extremo de exigirle al estado y al gobierno “respetar” la autonomía académica del Centro y negar el carácter controversial de la verdad y la memoria”

Posteriormente, en contexto de la entrevista con El Colombiano, lo que dijo Acevedo a su llegada a la dirección fue lo siguiente: 

“Ese es un tema de mucha controversia, hay quienes sostienen que lo vivido en Colombia fue un conflicto armado, algo así como un enfrentamiento entre el Estado y unas organizaciones levantadas contra él; otros piensan que fue una defensa del Estado de una amenaza terrorista y de unas organizaciones que habían degenerado en su perspectiva política al mezclarse con el secuestro, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad. Aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado eso no puede convertirse en una verdad oficial”.

El pasado 5 de julio el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) inició el empalme con los miembros delegados del gobierno de Gustavo Petro. El equipo directivo de las entidades del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación conformado por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez; el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez; director del Departamento de Prosperidad Nacional (DPS), Carlos García Orjuela, y el hoy ex director del CNMH, Darío Acevedo, realizó una reunión donde agiliza el intercambio de información sobre el trabajo realizado en estos años del gobierno saliente, y así sentar las bases de continuación frente a los retos sociales que asumirá el presidente electo el próximo 7 de agosto cuando se posesione. 

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Actualizado el: Jue, 07/07/2022 - 18:32

“Las experiencias traumáticas muchas veces son difíciles de compartir, la figura del abuelo que ya no está, del padre del que se habla siempre con dolor o de la hermana que se fue a la montaña, hace que muchas familias se hayan refugiado en el silencio que duele o en el silencio protector de los otros…” Este es uno de los fragmentos que se plasmó en el apartado Las consecuencias del dolor atraviesan generaciones, del capítulo Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final. Uno de los tantos ejemplos que guarda esta guerra de más de 60 años en Colombia que marcó la salud mental de sus víctimas. Las cuales han sido re victimizadas, no solo por la sociedad que, a veces no empatiza con su dolor, sino también por un Estado que no va más allá de la burocratización de sus respuestas. Ante este sufrimiento que, como ellas mismas mencionan en el Informe, lo viven muchas veces en silencio.

Daniela Ramírez, psicóloga con énfasis en género, derechos humanos y atención psicosocial, le expresó a Rutas que las víctimas de conflicto armado han sido tan re victimizadas, y se ha normalizado tanto la violencia de su entorno, que por eso se dificulta su trámite del dolor. “Cuando una persona ha sido víctima se generan cambios a nivel personal, familiar, organizacional, comunitariamente, a veces no solo por el hecho que pasó, sino por su revictimización constante”, agregó.

Como sociedad colombiana, ¿Qué realizamos frente a estos escenarios de revictimización? Ramírez señaló que estamos normalizando la imposibilidad de brindar una ayuda y escucha a las víctimas, cerrando los canales que permiten a estas personas una ayuda institucional clara y concisa, puesta al nivel del entendimiento de las víctimas, con profesionales que, a veces, no tienen el tacto para ponerse en los zapatos de quien brinda su desgarrador testimonio de vida.

“Encontramos que las víctimas son absorbidas por un sistema poco empático, deshumanizado. Nos han arrebatado, no solo la capacidad de diferir lo que es violento, sino también poder mirar al otro como un colectivo, no desde la inferioridad. Porque eso también es violencia, y la revictimización que viven todo el tiempo las víctimas en este país”, precisó Daniela Ramírez.

“Las medidas de reparación tienen hasta la actualidad un desarrollo parcial. Han llegado a una minoría de las víctimas (12 por ciento, en 2021) en el acceso de indemnizaciones”, señala el capítulo de Hallazgos del Informe Final, publicado el pasado 28 de junio en el teatro Jorge Eliecer Gaitán. A lo que añade, que en este camino se resaltan los valiosos procesos a pequeña escala de las agencias implicadas, pero se sigue quedando corto el acompañamiento con una visión estatal y social de conjunto. “Durante décadas, las víctimas sufrieron esa situación sin reconocimiento ni apoyo, lo que llevó a una vivencia de desamparo frente al Estado, de no tener a quién acudir, quedar sin salida ante crímenes que nunca tuvieron reconocimiento. Todo esto incrementó el impacto”, puntualiza el capítulo.

Claudia Vásquez, víctima del conflicto armado, cofundadora de la Casa de la Memoria en Santa Marta e integrante del movimiento Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad, nos habló desde su experiencia. “Hay que hacer un llamado al reconocimiento de la sanación de nuestro pasado. Las víctimas le venimos apostando hace mucho a ese proceso, y la ciudadanía debe involucrarse en la construcción de superar esas diferencias, entendiendo que ese pasado que vivimos en la guerra nos debe impulsar para cimentar el futuro del país”.

La Ruta Pacífica de las Mujeres es una iniciativa feminista creada en 1996 para visibilizar los impactos de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres. Gina Arias, psicóloga e integrante de la Ruta Pacífica, en entrevista con Rutas del Conflicto resaltó tres puntos importantes sobre este tema, también señalados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad: el primero, la invisibilización de las víctimas, promovida por una sociedad colombiana que no converge con este dolor. El segundo, el silenciamiento constante a los procesos de organizaciones de víctimas y de víctimas individuales que encuentran un sentido de vida en ese camino de ser escuchadas o encontrar respuestas a su dolor. Por último, el tercer punto es la negación del conflicto en territorios donde aún es latente la ocupación de grupos al margen de la ley.

Aquí es donde surgen los grandes interrogantes sobre nuestro papel como sociedad colombiana, ¿Qué estábamos haciendo cuando sucedieron todas estas violaciones a los DDHH?, ¿Qué responsabilidad nos corresponde como país frente a estos hechos? Teniendo siempre presente la construcción de un futuro donde no vuelvan a suceder estos crímenes, y donde las víctimas no tengan que pasar en un silencio obligatorio su duelo, ni el estigma de la guerra las persiga más.

 

Actualizado el: Mié, 07/06/2022 - 12:48

Por ColombiaCheck con apoyo de La Liga Contra el Silencio

Miércoles 26 de enero de 2022, 9:30 am. La vida de Daniel Suárez dio un giro durante su recorrido al trabajo. “Amor, me detuvieron”, alcanzó a decir por teléfono el músico de 33 años. Al otro lado de la línea el susto y el desconcierto invadieron a su esposa venezolana, y a su madre, una barranquillera de 73 años.

En una redada que realizaba la Policía Nacional en el centro de Bogotá, un funcionario le pidió a Daniel su documento de identidad. El sistema arrojó un mensaje: “Cancelada por falsa identidad”. Daniel fue esposado y trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde permaneció detenido 24 horas, junto a delincuentes comunes. Suárez no sabía lo que sucedía, y los policías tampoco, pues se mostraban desorientados sobre la causa de su detención.

Las URI son recintos adscritos a la Fiscalía General de la Nación, donde se reciben denuncias y se traslada a quienes han cometido delitos en flagrancia para ser reportados ante un fiscal, y en menos de 36 horas ante un juez de control de garantías, quien deberá legalizar su captura y decidir si hay méritos para decretar su detención preventiva.

“Cuando les requieren la cédula y los detienen, el tratamiento que les dan es como si fueran delincuentes, hay maltratos verbales y amenazas de deportación. Las detenciones son arbitrarias y han sido denunciadas públicamente”, dice José Francisco Novoa, abogado binacional con licencia para ejercer en Colombia y Venezuela, quien asiste a afectados por cancelación de sus cédulas.

Suárez es uno de los 43 mil colombianos nacidos en Venezuela que obtuvieron la nacionalidad por sus padres, a quienes la vida les ha dado un vuelco casi trágico: son acusados de un supuesto delito del cual la mayoría no fue informada. Sin derecho a la defensa han sido castigados, dejando de existir para el Estado colombiano. Se les arrebató su identidad jurídica y el ejercicio pleno de los derechos y deberes que otorga la Constitución. 

Los afectados hacen parte de las segundas y terceras generaciones de la diáspora colombiana que se estableció en Venezuela desde los sesenta, que aumentó a partir de los setenta tras la bonanza petrolera y se extendió hasta los noventa, motivada aún por el auge económico y el promisorio entorno que representaba Venezuela. Un grueso número de estos migrantes colombianos no solo buscaba mayores ingresos, sino también huir del conflicto armado, como lo recuerda la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Con la decisión de la Registraduría “los derechos que se violan son el de la personalidad jurídica y el debido proceso”, dice Andrés Soto, abogado binacional quien también asiste legalmente a varios de los afectados por registros civiles anulados y cédulas canceladas. La consecuencia, explica, es que otros derechos fundamentales, como salud, educación y trabajo, también se ven vulnerados.

Cuando el Estado te falla

La Constitución colombiana reconoce en el artículo 96 el derecho a la nacionalidad por dos vías: nacimiento o adopción. Los hijos de padre o madre colombianos, aunque hayan nacido fuera del territorio, son colombianos por nacimiento. Este derecho lo pueden hacer valer a través del registro en los consulados en el exterior o con su presentación en la misma Registraduría, una vez que cumplan y entreguen la documentación exigida por ley. 

En resumen, son colombianos con doble nacionalidad: la del país que los vio nacer y la del país de origen de su padre o madre. En el artículo 14, la Constitución también garantiza el derecho de toda persona a que se le reconozca su personalidad jurídica.

El derecho a la nacionalidad también está contemplado en instrumentos internacionales de los cuales Colombia es signataria, y la Corte Constitucional en su Sentencia T-421 de 2017  los recuerda: el artículo 15 (numeral 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

Como hijo de ciudadana colombiana, Daniel Suárez formalizó el derecho a la nacionalidad en 2017 con la entrega de recaudos a la Registraduría. Por ser mayor de edad, la inscripción de su Registro Civil se cataloga como “extemporánea”, y entre las exigencias estuvo la apostilla de su partida de nacimiento venezolana.

Cuatro años después, sin razones, el mismo organismo le despojó de su ciudadanía: anuló su registro civil, canceló su cédula y su pasaporte quedó invalidado. Dejó de existir como colombiano, volvió a ser un migrante venezolano en Colombia. Daniel no se atreve a pedir atención médica en su EPS para no llamar la atención del sistema, que pudiera desvincular a su madre como beneficiaria. Perdió la posibilidad de un crédito y sólo ver a un policía le produce ansiedad y temor. 

“Moralmente esto es muy duro. Siento como si mi historial hubiera quedado manchado. No quiero regresar a Venezuela, pero tampoco quiero quedarme en Colombia”, cuenta Daniel.

Para el abogado experto en litigio migratorio, Daniel Carvajal, la falla es del Estado: “La Registraduría tiene la obligación de verificar la documentación al momento de hacer la inscripción y no salir siete años después a decirle a la persona que un documento suyo no es válido”, dice.

Carvajal también objeta la legalidad de esta actuación por la aplicación de una norma de manera retroactiva, es decir, la resolución que regula el mecanismo para anular registros civiles es del 2021, pero se utiliza para revocar documentos de identidad colombianos avalados y emitidos con muchos años de anterioridad.

La Registraduría nunca informa las razones de la cancelación de una cédula. Daniel Suárez tuvo que pagar un abogado y, tras el análisis de la documentación, se observó que la apostilla estaba a nombre de otra persona. Había recibido una validación internacional falsa de su partida de nacimiento venezolana. El acceso a documentos públicos en Venezuela, su legalización y apostilla, sigue siendo un proceso plagado de a burocracia, corrupción, estafas y falsificaciones, según ha comprobado Colombiacheck como parte del proyecto “Conectando Caminos Por Los Derechos”, dedicado a verificar contenido que circula en comunidades digitales de migrantes venezolanos y retornados colombianos.  

“No se vistan, que no van”

“A cinco dólares equivale una apostilla en Venezuela, y yo no le iba a pagar a un gestor 200 dólares”, dice Ibis Martintereso, una colombovenezolana que se enteró en Cúcuta de la cancelación de su cédula cuando fue a verificar su centro de votación en las elecciones del Congreso, en marzo pasado. “Ese era mi sueño, votar. No quiero que mi voto sea nulo o que vaya a un lugar donde no es debido. Esto es un tema totalmente político”, dice.

La Registraduría canceló en enero de 2022  las cédulas de ella y de su hermano por supuesta “falsa identidad”. Ambos nacieron en el estado Zulia, Venezuela, fronterizo con el departamento de La Guajira, y son hijos de padre español (ya fallecido) y de madre colombiana, oriunda de Norte de Santander. Martintereso inscribió su partida de nacimiento venezolana legalizada y apostillada en 2013, junto a dos testigos y acompañada de su madre en Gramalote, Norte de Santander.

Tras pagar un abogado y ejercer una acción de tutela, Martintereso recuperó su cédula tres meses después. Ahora se alista para otra batalla: obtener el registro civil de nacimiento de sus dos hijos nacidos en Venezuela, a quienes les asiste también el derecho a la ciudadanía colombiana. Sin el antiguo PEP (Permiso Especial de Permanencia) y a la espera del PPT (Permiso por Protección Temporal), los dos niños están al margen del sistema de salud, mientras uno de ellos requiere atención especializada por una condición del espectro autista. Este nuevo capítulo lo vive Martintereso en Venezuela, alejada de ellos y expuesta a las difíciles condiciones que la hicieron salir, mientras obtiene los documentos apostillados de sus niños.

“No estoy tranquila porque no sé con qué vengan más adelante. Antes tenía fe ciega en las instituciones, ahora con el nuevo gobierno no sé si van a hacer otra revisión. ¿Te imaginas eso?, yo me muero”, dice. 

Como presidente electo, Gustavo Petro expresó en un tuit del 22 de junio su intención de “abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera” y dijo que para ello se comunicó con el gobierno venezolano. No se ha referido específicamente al tema de las cancelaciones masivas de cédulas.

Las consecuencias de esta medida llegaron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. La Red de Litigio Estratégico en Migración (Red-LEM), conformada por 11 organizaciones que defienden los derechos de las personas en situación de movilidad en Colombia, pidió ante una audiencia pública en esa instancia que el Estado colombiano restituya de forma inmediata los derechos conculcados y varios relatores de la CIDH expusieron su preocupación por la cantidad de derechos afectados. 

La investigadora Laura Dib, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, hace parte la Red-LEM y advierte sobre la violación a un derecho y a un deber como el sufragio. “Hay personas a las que les anulan el registro civil y por medio de una tutela recuperan la validez de su cédula. Pero cuando van a votar no se lo permiten. Las violaciones son graves y de todo tipo: pasas a ser nadie”,  dice Dib.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela desde febrero de 2019, con la respectiva ausencia de servicios consulares, ha complicado la vida de los ciudadanos en ambos países. Para marzo de 2022 el desplazamiento de personas refugiadas y migrantes desde Venezuela fue el segundo más grande del mundo, y Colombia es el primer país receptor de los 6,10 millones de migrantes y refugiados venezolanos, según el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM): 1,84 millones de ciudadanos viven ahora de este lado de la frontera. Para 2021 se calculó en 980 mil los colombianos retornados.

“A las personas les tienen que decir con antelación por qué les están cancelando la cédula de ciudadanía y anulando su registro civil de nacimiento para que se puedan defender”, asegura María Fernanda Orozco, quien coordinó la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde atienden semanalmente decenas de casos.

Desorientación, miedo y xenofobia

El 12 de enero de 2022 Karina Muñoz entró a un banco en Cartagena para entender por qué su cuenta estaba bloqueada, pero recibió un trato despectivo de la funcionaria que le dijo: “Su cuenta tiene un problema”. Otro funcionario le presentó excusas y reconoció que su compañera tenía “problemas para recibir a los venezolanos”. Indignada, Muñoz le aclaró que también era colombiana. La mujer de 50 años salió derrotada de la agencia, sin dinero y enterada de ese modo que  su cédula colombiana había sido cancelada. Presa de los nervios, en casa sentó a su hermana mayor, Karely Muñoz, frente a la computadora, y digitaron tres números de cédula en la página de la Registraduría: Karina, Karely y su hermano menor fueron apareciendo con sus registros civiles de nacimiento anulados y sus cédulas canceladas por “falsa identidad”.

“La tensión se me disparó y casi me desmayo. Soy sobreviviente de un cáncer de mama, pero he sido diagnosticada de nuevo con una neoplasia endometrial (cáncer). También padecí un ACV (accidente cerebrovascular) y tengo que recibir transfusiones por constantes derrames”, dice Karely Muñoz al verse desaparecida como ciudadana junto a sus hermanos, hijos de Pablo Antonio Muñoz Salinas, colombiano nacido en Cúcuta, Norte de Santander.

Karely también es paciente hipertensa crónica y fue excluida del sistema de salud. La EPS la dejó sin cobertura por tener la cédula cancelada. Su tratamiento médico quedó interrumpido al igual que otros procedimientos de urgencia: exámenes de marcadores tumorales, una biopsia, cita con el oncólogo y saber si deberá someterse a una histerectomía total o atravesar de nuevo un proceso de quimioterapia.  

Como cientos de denuncias, ella y sus hermanos nunca recibieron en físico el auto de inicio; es decir, la notificación que les advierte que hay una acción administrativa en curso por irregularidades en su documentación. No pudieron ejercer el derecho a la defensa de forma oportuna.

Karely describe un recorrido tortuoso entre la Registraduría en Cartagena y la Defensoría del Pueblo, donde ni siquiera la dejaron entrar. Dice que son pocos los abogados que conocen cómo proceder en estos casos, y algunos llegan a pedir hasta un millón de pesos por asesoría.

Alfonso Molina, un periodista y crítico cinematográfico con amplia trayectoria en Venezuela, hoy es parte de las miles de personas que se han quedado sin identidad jurídica en Colombia. Desde 2014 obtuvo su nacionalidad por ser hijo de una mujer colombiana oriunda del Huila. Para la fecha ya vivía en Bogotá y trabajaba en una empresa multinacional. Entregó todos los recaudos que la ley permitía para ejercer su derecho constitucional. Ocho años después la Registraduría le anuló su cédula sin informarle de manera directa, y conculcó sus derechos a la identidad, y a la propiedad.

Molina había demostrado la filiación con su madre, quien por haber nacido en 1924 contaba con la Tarjeta de Identidad Postal (previa a la actual cédula de ciudadanía). Esta vez tuvieron que ir hasta Garzón (Huila), a más de 300 kilómetros de Bogotá, para obtener otro documento sobre ella: un acta bautismal para confirmar los orígenes ante una autoridad civil. Han transcurrido más de cinco meses desde la cancelación de su cédula “Seguimos sin respuesta de la Registraduría, no ha pasado nada”, dice el periodista.

Un proyecto de cancelación masiva 

El 18 de junio de 2021 la Registraduría y la Superintendencia de Notariado acordaron trabajar en un proyecto de nombre extenso: “Verificación de registros civiles de nacimiento y matrimonio para su posible anulación, por no cumplir con los requisitos de ley bajo la garantía del debido proceso”. Ese día se giraron circulares con instrucciones a delegados departamentales, a registradores especiales, auxiliares y municipales; a notarios con función registral, a corregidores y a inspectores de Policía para verificar toda la documentación que soportaba la emisión de registros de nacimiento y de matrimonio realizados en 1.162 registradurías, 586 notarías, 31 corregimientos y 35 inspecciones ubicadas en 1.080 municipios de todo el territorio colombiano. 

La revisión se implementó tras una serie de auditorías y visitas administrativas en las que se habían detectado irregularidades en la emisión de registros civiles de nacimientos extemporáneos de ciudadanos nacidos en el exterior y en Colombia, como también en la emisión de registros civiles de matrimonio en los que se evidenció que fueron elaborados con información presuntamente apócrifa, de modo que extranjeros habrían obtenido la nacionalidad por adopción o la cédula de extranjería de modo irregular.

Según la alerta, a través de ambos tipos de registro los ciudadanos portadores de estos documentos tendrían “acceso a todos los derechos y servicios ofrecidos por el Estado colombiano, representando un riesgo a la seguridad nacional, un incremento en el gasto de los recursos públicos y afectando inclusive, la estabilidad democrática y sus procesos electorales”, según se lee en las circulares internas número 068 y 374.

La orden impartida a las 1.815 oficinas con función de registro civil era digitalizar los documentos que componían cada uno de los expedientes y enviar las imágenes a servidores ubicados en Bogotá para su verificación. A mediados de 2021 esta operación interna no tuvo mayor eco en los medios de comunicación. Pero lo que sí dijo con alarma Alexander Vega, Registrador Nacional, fue que la institución había detectado a “296.627 ciudadanos venezolanos en el censo electoral”. 

El 5 de octubre de 2021, durante la Cumbre de Gobernadores en Villa del Rosario (Norte de Santander), a minutos de la frontera con Venezuela, Vega aseguraba que este numeroso grupo de inscritos en el censo electoral interfería en las elecciones de 2022. “Esas 300.000 personas pueden elegir presidente, pueden elegir un senador, pueden elegir un representante a la Cámara”, dijo. Allí pidió cooperación internacional para el “apoyo en el control de la migración ilegal en el país”.

Pero no fue hasta febrero de 2022 cuando en redes sociales estallaron las denuncias de cientos de colombovenezolanos, quienes aseguraban que habían sido despojados de su nacionalidad sin previo aviso. 

Se reportaron arrestos en plena vía pública hasta por 36 horas, y quienes salían de la reclusión aseguraron que se les amenazó con la deportación. Días después el Registrador confirmó que habían cancelado 43 mil cédulas de ciudadanos de origen venezolano que entraron a Colombia a partir de 2014 en adelante. “Se verificó y se encontraron falsedades, adulteraciones y falsos testigos. Ante esto se procedió anular esos registros civiles, cancelar la cédula y sacar del Censo Electoral”, dijo el funcionario. Por Twitter la Registraduría lanzó un escueto trino con un enlace para consultar el estado del registro civil. Aunque Vega hablaría del asunto en medios colombianos, la campaña electoral avanzaba y el asunto no se trató más.

Desde hace más de medio siglo la legislación colombiana estableció las causales para anular registros civiles con el Decreto 1260 de 1970 en su artículo 104, pero apenas la Resolución 7300 de 2021 vino a regular el procedimiento del antiguo mandato.

El registro civil de nacimiento, documento base para la identificación en Colombia, al ser anulado cancela los demás documentos, como la cédula y el pasaporte. Las causales para anularlo son cinco, pero en el caso de los casi 43 mil colombovenezolanos, la Registraduría se basa mayoritariamente en los numerales 4 y 5 del artículo 104:

• Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos, o la firma de aquellos o éstos.

• Cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación de ésta.

Solo después de que las denuncias se hicieron virales, la Registraduría reconoció que sobre las 43 mil anulaciones los recursos interpuestos ante el organismo no sobrepasaban los 800, es decir, que solo el 2 % pudo ejercer recurso de reposición y/o apelación, los cuales son factibles cuando el afectado lo hace dentro de los plazos estipulados por la normativa (dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo; es decir, del documento que anula el registro civil y cancela la cédula de ciudadanía). Pero, ¿qué sucede con quienes nunca se enteraron en el momento preciso?

Llegar al portón de las Registradurías es el inicio de un viacrucis: funcionarios que desconocen el protocolo a seguir, tratos apáticos e incluso frases xenofóbicas, indicaciones erradas o simplemente órdenes displicentes de que “lleven su partida apostillada” o vuelvan a “entregar todo de nuevo”, sin detenerse en el trasfondo de cada caso. De inmediato la gente comienza a sacar cuentas de lo que implica pagar a un gestor en dólares en Venezuela o imaginarse de regreso al país del que huyeron para tramitar sus documentos de nuevo.

La Registraduría objeta tardíamente dos recaudos permitidos en la ley utilizados por los colombovenezolanos para formalizar la nacionalidad: las apostillas de las partidas de nacimiento venezolanas o en su defecto el uso de declaraciones juramentadas, por dos testigos hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa de sus nacimientos.  

El director nacional de Registro Civil, Rodrigo Pérez, reveló que hasta la fecha “se han denunciado penalmente ante la Fiscalía a 3.000 personas que habrían presentado documentos falsos para la obtención de la nacionalidad”. La institución pide investigar a estos colombovenezolanos por “obtención de documento público falso, uso de documento falso, fraude procesal”. Las denuncias han aparecido cargadas en los expedientes digitales de los afectados y los señalan de “presentar documentos contrarios a la verdad para inducir en engaño al funcionario con facultad registral para que se autorizaran registros base de expedición de cédula de ciudadanía, con información engañosa”.

Los escándalos de corrupción que involucran a la Registraduría Nacional son de vieja data y no están vinculados exclusivamente a ciudadanos originarios de un determinado país o únicamente con el éxodo venezolano. Las mafias que trafican con documentos de identidad han tenido cómplices dentro de las registradurías y notarías del país, con funcionarios activos, desde registradores hasta extrabajadores de estas dependencias que conocen a la perfección el sistema. Incluso gobiernos extranjeros han alertado a través de informes de inteligencia sobre la falsa documentación que estas redes facilitan a integrantes de células terroristas. 

El entramado ha servido al tráfico de migrantes, integrantes de bandas criminales, narcotraficantes, guerrilla y organizaciones delictivas con tentáculos en Colombia y en otras partes del mundo, ya sea para permanecer ocultos en Colombia y evadir pedidos de captura internacional o huir a otras naciones. Los métodos empleados van desde suplantaciones de identidades de personas vivas o fallecidas, doble o múltiple cedulación, utilización de testigos falsos para obtención de registros civiles para extranjeros sin arraigo colombiano, entre otros. Durante varios años la propia Registraduría ha investigado y logrado suspender, destituir y judicializar a funcionarios cómplices de estos delitos en operativos coordinados con la Fiscalía y Migración Colombia. Por el caso actual existen 16 investigaciones abiertas contra registradores y notarios.

La institución ha detectado en sus averiguaciones que existen venezolanos que efectivamente incurrieron en falsedad de documentación y que ni siquiera tenían padres colombianos. Sin embargo, la protesta de los juristas consultados apunta a  la aplicación de procedimientos que no permitió a la mayoría con raíces colombianas defenderse en los tiempos y modos óptimos. 

Sobrevivir para luego desaparecer

En abril de 2017 Ana Jaraba tomó la única decisión que tenía para mantener con vida a su hija Yovana. Armó un bolso pequeño con lo necesario y cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia. Tuvo que dejar a sus dos hijos adolescentes, pero en sus brazos ya llevaba a la más vulnerable, una bebé de dos años con hidrocefalia, espina bífida y pie equinovaro bilateral, esta última una deformación congénita que de no tratarse a tiempo conduce a una discapacidad de por vida. 

Ana nació en Zulia y fue una de los seis hijos del barranquillero Nicanor Jaraba Pacheco y de otra costeña, Elizabeth Masea Monterrosa, nacida en el departamento de Sucre. En 2018 formalizó su derecho a la nacionalidad colombiana por nacimiento acompañada de su madre, quien también dejó estampada su firma en el expediente junto al resto de los recaudos.

Pero en enero de 2022 sufrió un doble revés: “Llegó un mensaje a mi teléfono, me suspendieron el Ingreso Solidario por cédula cancelada por falsa identidad. Ese día caí en un estado de nervios, lloré, no entendía por qué. Creí que alguien había clonado mi cédula”. Ana, quien vive en extremas condiciones de pobreza en un rancho de madera ubicado en la invasión Loma Roja, en Barranquilla, había perdido el auxilio monetario estatal creado en época de pandemia para las familias más pobres de Colombia que le permitía cobrar cada dos meses 380 mil pesos (100 dólares aproximadamente )

Desorientada corrió a la Registraduría principal de Barranquilla: “Cuando me dijeron que debía irme a Venezuela por la apostilla, me puse a llorar, si hasta tengo que ayudar a defecar a mi hija con parálisis, ¿que me convulsione en Venezuela?, se me muere”. La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela devuelve a varias generaciones de colombianos retornados. Vuelven más pobres y un grupo importante reconoce en voz baja sentirse de segunda o tercera categoría.

En la Personería le dijeron que hay varias madres cabeza de hogar en su misma situación. Ya fue excluida de la EPS y cuando se enferma le toca automedicarse y aguantar dolores. Su certificado de vacunación contra el covid-19 tampoco aparece en el sistema.

Tras la maniobra de la Registraduría y las serias afectaciones a miles de colombianos retornados no se han producido actuaciones o pronunciamientos públicos de ninguna institución del Estado, principalmente de la Procuraduría General, órgano natural de control de este ente. Lo cierto es que el tiempo sigue contando para quienes han quedado sin identidad colombiana y la recomendación de varios expertos legales apunta a que se acojan al Estatuto por Protección Temporal para Migrantes Venezolanos cuyo registro venció el 29 de mayo de 2022, para que no quedaran irregulares mientras logran resolver su estatus jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 06/30/2022 - 17:55