Militante, economista y ahora presidente

El candidato del ‘Cambio por la Vida’ y del ‘Vivir Sabroso’ nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, el 19 de abril de 1960. En su juventud integró la organización guerrillera urbana Movimiento 19 de abril conocida como M-19, y hoy, 19 de junio de 2022, es elegido como el primer Jefe de Estado de una coalición de izquierda en Colombia. 

Su paso como militante del ‘Eme’ ha marcado su vida política: primero, desde la guerrilla al manifestarse contra el fraude electoral y las desigualdades sociales, y posteriormente, en un proceso de tránsito y desmovilización hacia la construcción política desde las urnas hasta lo público. No obstante, a pesar de su militancia y desmovilización hace más de 34 años y una trayectoria como personero, alcalde y congresista, muchos sectores conservadores le siguen estigmatizando por su participación. 

Gustavo Petro es economista y tiene estudios en especialización de administración pública, en maestría de Economía y en doctorado de las Nuevas Tendencias sobre la Dirección de Empresas. Las principales banderas de su campaña han sido el tránsito de una economía extractivista hacia una agroproductiva, la disminución de las brechas de desigualdad en la sociedad y la educación como derecho fundamental y gratuito. 

 

La paz se mantiene y se propaga

Tanto Gustavo Petro como Francia Márquez han manifestado su voluntad para cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc y velar por los derechos de las víctimas. En su programa de gobierno se menciona que, para lograrlo, la reforma rural integral será el pilar sobre el cual se democratizará la tierra. Así se reformarán las instituciones y leyes necesarias para reparar a la sociedad y pagar la deuda histórica que se tiene en materia de restitución, rehabilitación psicosocial, búsqueda de personas desaparecidas y no repetición. También plantean cesar la violencia en contra de los firmantes del acuerdo, pues según Indepaz ya van 21 de ellos asesinados en lo corrido del año.

La formación ciudadana y la política pública de paz también jugarán roles fundamentales. Durante su gobierno se fortalecerán y desarrollarán las Casas de la Cultura, los Centros Deportivos Territoriales, Museos regionales, Lugares de Memoria y Observatorios de Pensamiento de pueblos indígenas para el reconocimiento de la diversidad y la construcción de un proyecto nación. Se promoverán iniciativas ciudadanas de paz en los territorios y nuevas narrativas para superar la estigmatización y los discursos de odio.

El gobierno Petro se propone entablar negociaciones y un diálogo político con el Eln para su desmovilización. Esto, de la mano de la comunidad internacional y recogiendo lo aprendido de los pactos en La Habana. En cuánto al crimen organizado y los sucesores del paramilitarismo, relacionados en su mayoría con el narcotráfico, su programa de gobierno establece que “se identificarán y combatirán los grandes capitales, las estructuras de los verdaderos traficantes de la droga, financiadores, procesadores y exportadores, así como su vinculación con el aparato del Estado. Con ellos se abrirán espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia sobre la base del desmonte de sus actividades y la obtención de verdad”.

 

De la guerra contra las drogas hacia la regulación

Como ya se ha dicho, una de las banderas de campaña de Gustavo Petro ha sido el tránsito de una economía fósil hacia la productividad. Además, espera “eliminar la dependencia macroeconómica del Estado de las rentas de la cocaína como mecanismo de estabilización”. De ese modo, la economía se basaría en el trabajo y la producción de alimentos, en la que los campesinos no serían judicializados, estigmatizados, desplazados, ni se fumigarían sus cultivos. En la sustitución de tierras los agricultores encontrarían un lugar digno y sostenible.

El candidato del Pacto Histórico ha dicho públicamente que impulsará la regulación de las drogas a través de un sector productivo que involucre al Estado, las empresas y las comunidades. Así potenciará el desarrollo de la agroindustria canábica, como sucede en gran parte del mundo. Su propuesta, según su programa de gobierno, consiste en pasar de la criminalización del consumo a manejarlo como asunto de salud pública. Las políticas de educación, prevención y tratamiento permitirán reducir riesgos y daños, y el capital destinado a la guerra antidrogas se dirigirá ahora a la transformación económica de las regiones afectadas. 

 

El medio ambiente en la agenda política

Durante su mandato, Gustavo Petro iniciará una transición energética progresiva, cosa que necesitará de 10 a 15 años para lograrse. En una entrevista con Blu Radio manifestó que no suspenderá los contratos de extracción petrolera vigentes ni las reservas. Sin embargo, no se otorgarán nuevas licencias para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. También se sabe que Petro le dice “no” al fracking y detendrá los proyectos piloto en curso. El nuevo gobierno acelerará la generación de energías renovables, rumbo a “una sociedad movida por el sol, el viento y el agua”.

Respecto a la deforestación, el exalcalde de Bogotá tendrá como objetivo desmontar sus motores, es decir el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, los monocultivos y cultivos ilícitos, la corrupción de entidades públicas, etcétera. Su idea y la de su equipo es otorgar títulos de propiedad colectiva a campesinos e indígenas asociados a la conservación y regeneración del territorio. Putumayo, por su parte, será protegido como un departamento con prioridad en atención ambiental.

 

El cambio que representa Francia Márquez Mina para las mujeres

La Vicepresidenta de Colombia encabezará el Ministerio de la Igualdad con el que se buscarán cambios estructurales, estrategias y tácticas con enfoque de género que permitan mejorar la calidad de vida de miles de mujeres colombianas. No sólo pretenden frenar las violencias basadas en género, sino también, contribuir a una sociedad más equitativa desde la prevención y la pedagogía.

Entre las propuestas del Pacto Histórico, está la paridad del 50% de mujeres en todos los cargos públicos, un sistema educativo que promueva el liderazgo y un programa político de carácter interseccional. Es importante recordar que el discurso de Márquez siempre se ha orientado por los ideales feministas, antirracistas y ambientalistas. En este sentido, como ella misma lo ha manifestado, apoyará completamente la interrupción voluntaria del embarazo, políticas públicas para las personas no binarias y la garantía de derechos para las personas en ejercicio de la prostitución. Así mismo, promueve el respeto hacia los derechos de la población LGBT+. 

Uno de los planteamientos más sonados de Márquez y Petro es la creación del Sistema Nacional del Cuidado, con el que pretenden equilibrar las cargas y responsabilidades del hogar entre la familia con el apoyo del Estado. Las mujeres cabeza de hogar con hijos e hijas de la primera infancia tendrán un subsidio de medio salario mínimo para garantizar su alimentación y las condiciones de vida dignas; así mismo, tendrán priorización en los programas sociales de adquisición de vivienda. 

Frente a la construcción de paz y la implementación de los Acuerdos, Petro ha asegurado que se fortalecerá la perspectiva de género en instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz. Además que señala a la Mujer como principal transformadora de sus propuestas para el campo y la ruralidad. 

 

En este periodo 2022 - 2026 se espera que el nuevo presidente, Gustavo Petro, y su vicepresidenta, Francia Márquez, cumplan a cabalidad sus propuestas y respeten la Implementación del Acuerdo de Paz respecto a las garantías de Verdad, Justicia y Reparación. 

Actualizado el: Dom, 06/19/2022 - 19:30

La masacre en sí misma es un profundo abuso del estado de indefensión de las personas. Es un acto comunicativo. Un mensaje social y político. La perpetuación de una guerra que horroriza, pero desde el silencio. 

Las dinámicas y modalidades colombianas de la masacre hablan de un conflicto armado interno que prolonga el terror. Desde 1981 hasta la actualidad han ocurrido al menos 3.911 masacres en el marco del conflicto armado y durante los últimos años, las cifras han vuelto a subir a niveles similares a los anteriores al proceso de paz con las FARC.

Rutas del Conflicto entrevistó a Andrés Fernando Suárez, sociólogo, docente,  escritor e investigador independiente del conflicto armado y exdirector del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. En su nuevo libro ‘El silencio del horror: Guerra y Masacres en Colombia’ relata las características de esta modalidad de violencia. 

 

Andrés Suárez en la presentación del libro El silencio del horror en la FILBO 2022.

 

En Colombia se han perpetrado cerca de cuatro mil masacres durante el conflicto armado. ¿Dónde pone esa cifra al país a nivel de masacres en comparación con otros países latinoamericanos?

En el contexto latinoamericano, las masacres del conflicto armado colombiano han sido más numerosas y más duraderas, pero menos visibles por sus dimensiones. Hemos registrado tres veces más masacres que en Guatemala y seis veces más que en Perú, pero el promedio de víctimas por evento en el caso colombiano es mucho menor, 6 víctimas por masacre frente a 26 en el caso guatemalteco y 15 en el caso peruano, además de que en uno y otro caso la mayoría de las masacres ocurrieron en lapsos de un año y medio, mientras que en nuestro caso hay periodos críticos, por supuesto, pero está más desagregadas en el tiempo, más a cuenta gotas, por eso se nota menos. Para esto hay una razón de fondo: los actores armados se prepararon para un conflicto armado largo, por eso perpetraron más masacres en periodos más largos, pero haciendo un uso estratégico de las mismas, dosificando y administrando la violencia. 

Usaron las masacres de pequeñas dimensiones (entre 4 y 6 personas) para lograr sus objetivos en el ámbito local y regional, tratando de amortiguar el costo social y político que eso pudiera tener en el nivel central. El terror quiebra las rutinas de violencia en el ámbito local y regional, propiciando un reordenamiento de la población y el territorio de acuerdo con los objetivos estratégicos de los actores armados, pero lo hace sin alterar las rutinas de violencia en el ámbito nacional, porque como no se notan o se perciben distantes, entonces se piensa que no ponen en riesgo ni alteran el orden de manera radical. Si incides en la percepción de gravedad del problema, modificas la contundencia y la pertinencia de la reacción y la intervención frente al mismo.

 

¿Por qué es importante investigar las dimensiones de las masacres en relación con las consecuencias sociales que tienen? 

Mientras que en otros países ocurrían masacres de mayores dimensiones en lapsos cortos para precipitar una resolución nacional del conflicto armado, las masacres de pequeñas dimensiones en Colombia [entre 4 y 6 personas] apuntaban a acumular poder local y regional, pero sin alterar el orden nacional. En este sentido, las dimensiones sí tienen un efecto social y político muy grande, pero también un costo para los actores armados, entonces acá, por esa coexistencia de democracia y guerra, los actores armados la van dosificando por motivos estratégicos, para que el nivel central no interfiera en su acumulación de poder local y regional, o para preservar la imagen pública de una democracia que simplemente lidia con una violencia criminal o acentuar la percepción de que el conflicto armado no tiene ningún efecto o interferencia sobre la democracia, que no la altera, ni la distorsiona, que es marginal.

Es tan así, que nosotros como público urbano no escuchamos o no podemos reconocer las dimensiones por la proximidad que tenemos del evento: La visibilidad está muy condicionada por el tamaño y en lo que consideramos ‘un gran evento’ que pueda transformar. Yo creo que, por ser público urbano, por las reglas de visibilidad que impone nuestra época, las dimensiones juegan un papel fundamental para ver qué tanto nos sacudimos o no, que tanto nos indignamos o no por la masacre.

Un ejemplo relacionado con esto es cuando pensamos en El Salado, inmediatamente se nos viene a la cabeza la Masacre de El Salado en el 2000 donde asesinaron a 60 personas. Eso lo recordamos, pero la realidad es que en este lugar han ocurrido más de 10 masacres de pequeñas dimensiones que no han tenido la misma visibilidad y que han dado forma a un proceso de violencia continuo que las víctimas reclaman más allá del acontecimiento.

 

¿Por qué la frecuencia de las masacres se incrementa cuando estamos en época de elecciones o de cambios políticos fuertes?

No es coincidencia que el peor momento de masacres en escala se haya producido cuando estamos intentando cambios políticos importantes, por ejemplo, el proceso de paz con las FARC de 1999 a 2001 en el que se creó un campo discursivo que justificaba la masacre y era decir: ‘nosotros los paramilitares, somos la resistencia civil, tenemos que detener a las FARC, ya que el Estado se va a rendir ante la negociación’

Estas coyunturas crean un clima de legitimación que amortigua el costo de la violencia e incluso la justifica, es decir, los actores armados funcionan bajo esa lógica de ‘hay que hacer todo lo que haya que hacer’ y la sociedad, si está asediada por la violencia y se percibe amenazada en su existencia, lo avala, lo alienta y lo permite. Todas las coyunturas de cambio producen incertidumbre que exacerban el miedo, por lo general proyectado sobre un enemigo común que hay que destruir a toda costa si queremos sobrevivir, entonces la violencia funge como un medio de afirmación, hasta de certeza de que ese mundo no se va a derrumbar sin importar el precio. Cuando hay momentos de cambio, el miedo y la violencia son alentados por quienes perciben que ese cambio los va a perjudicar, que ellos y ellas son quienes pagarán el precio de ese cambio, pero también puede proceder de aquellos que están convencidos de que la violencia es el medio para precipitar y acelerar ese cambio, derrumbar más rápido el mundo conocido y sus certezas para instaurar uno nuevo.

Sabemos que muchas veces estas masacres de cuatro personas no tienen un gran impacto en el público urbano ¿Cómo se les podría explicar el impacto y la dificultad que implica para una comunidad rural que maten a cuatro personas? 

Uno puede reconocer el impacto de la masacre en relación con quién es el público, o sea, a qué personas impacta el evento de forma nacional, regional o local.

¿Qué implica esto entonces en términos de impacto local y regional? Varias cosas: En primer lugar, en el libro uno de los hallazgos importantes es que el 80% de las masacres de cuatro personas ocurre en municipios con menos de 50.000 habitantes; reforzando eso, valga decir que el 45% de todas las masacres de pequeñas dimensiones están ocurriendo en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Agréguele que el 72% de las masacres ocurren en zonas rurales o centros poblados como caseríos, cabeceras de corregimiento o inspecciones de policía. Ese contexto de población pequeña, amplifica el mensaje del actor armado, pero al mismo tiempo escapa a la mirada nacional que pueda reclamar, que pueda interpelar.

Adiciónese a esa situación el hecho de que las masacres ocurren con una altísima frecuencia. Nosotros podemos decir: ‘es una sola masacre de cuatro en un pueblito pequeño’, pero el verdadero problema es que se van acumulando, se va creando una estela, una saga de masacres muy pequeñas en territorios continuos o en el mismo lugar que hace que el efecto expansivo y devastador se multiplique.

Pero déjeme decirle que hay un impacto más imperceptible pero no menos demoledor para nosotros como sociedad, pensamos que las masacres pequeñas son signos de que el problema no es grave, que no son el tipo de acontecimiento por el cual debemos reaccionar y rebelarnos ante la violencia, y resulta que lo que perdemos de vista es que nunca miramos atrás para reconocer las dimensiones que van acumulando gota a gota las masacres, por eso nos impacta el número, cerca de cuatro mil, y no nos damos cuenta que cada masacre nos prepara para la siguiente, que ya no altera nuestra cotidianidad, que es una noticia más, y el efecto que eso provoca en nosotros es que empezamos a vivir bajo una nueva moralidad, la que nos imponen los actores armados, permitimos la banalización y la rutinización de la violencia, lo que no es más que licencia para que la violencia siga ocurriendo.

 

¿Cómo es la memoria colectiva de los territorios rurales frente a este tipo de masacres? 

Las personas que viven en los territorios tienen la memoria de todas las masacres que han ocurrido. Cada masacre pequeña tiene la posibilidad de evocar el recuerdo de las masacres anteriores y eso amplifica el terror, ese sentido de la acumulación de recuerdos violentos  que nosotros no tenemos porque hemos establecido una distancia con las víctimas y en general con el conflicto armado. Los actores armados son expertos en explorar la memoria de su terror entre las víctimas y las comunidades en el ámbito local y regional.

La realidad de muchos territorios en Colombia es que hay una ‘masacre continuada’, es decir, una sucesión de masacres que ocurren con una alta frecuencia a pesar de su bajo perfil. Es muy importante recordar  que la masacre no ocurre en un contexto vacío de violencia, no es que el actor sólo se dedica a masacres, en realidad apela a muchos tipos de evento violento para desplegar su estrategia en un territorio. El actor puede potenciar el efecto de esa masacre cada vez que hace una desaparición forzada o un asesinato selectivo que incrementa el sentimiento y la realidad de vulnerabilidad de los habitantes.

 

Hablando de la responsabilidad que tiene la fuerza pública, es impresionante la cifra que tiene de casi 300 masacres desde 1958, sobretodo porque los militares y lo policías no aparecen directamente como aliados o cómplices de los paramilitares, si no que son masacres en las que ellos son quienes las perpetran. ¿Cómo fueron esas masacres?

Aquí hay que hacer una aclaración importante respecto al estudio de las masacres por parte de la fuerza pública: una cosa es la perpetración directa y otras son las complicidades y las omisiones que permitieron que las de los otros actores armados se pudieran llevar a cabo, particularmente con la de los paramilitares.

Lo que hace muy grave el primer caso es que cuando un agente del Estado perpetra un evento tan transgresor como una masacre, rompe todos los límites éticos y morales de la violencia, es decir, está habilitando a todos para poder hacerlo. La gente dice, sí al que tiene la facultad legal de proteger, de administrar la fuerza, le es posible ‘esto’, a mí como particular o ilegal porqué me van a decir que es malo lo que yo hago.

Otro factor importante es que, en periodos específicos de la violencia paramilitar, muchos de los miembros de los paramilitares ya en la ilegalidad son o fueron miembros de la fuerza pública, así que debería interpelarnos por lo fluido de ese tránsito y sobre todo por sus implicaciones respecto a la licencia para la violencia. También, la mayor denuncia tiene que ver con omisión o con una complicidad planeada en la que unidades completas de la fuerza pública se movían o no reaccionaba ante las acciones paramilitares. Por lo menos en lo que yo he documentado, no hay ningún referente en la historia en donde la fuerza pública haya detenido o interrumpido una masacre.

 

 

Oscar Parra, Gloria María Gallego y Andrés Suárez  en la FILBO 2022.

 

¿Cómo entran las ejecuciones extrajudiciales ‘falsos positivos’ en estas cifras de masacres por parte de la fuerza pública?

Cuando llega el periodo de desescalamiento de las masacres en el 2005, las que fueron realizadas por miembros de la Fuerza Pública representan el 30% de las masacres de ese periodo, puesto que ahí van a estar muy entreverados los ‘falsos positivos’. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que el falso positivo ocurre con eventos de uno a uno, de asesinatos selectivos o desapariciones forzadas aisladas. Lo cierto es que también hubo masacres que fueron presentadas como si fueran resultados operativos, en muchos de los casos lo que hacían era que instalaban un retén y quienes pasaron por ahí se convirtieron arbitraria y aleatoriamente en víctimas, lo que revela que la licencia y el margen de acción con que varios miembros de la fuerza pública sentían que podían actuar en esta empresa criminal por la euforia victoriosa de aniquilar a la guerrilla a cualquier precio, fue aterradoramente amplio, tanto que no importaba ni siquiera si había guerrilla.

 

Hay una serie de masacres que se perpetraron durante mucho tiempo, por ejemplo, los casos de El Aro o de El Salado que duraron varios días, y dieron una sensación de desamparo completo a las víctimas y a la comunidad. ¿Cómo se vincula esa desprotección y olvido con la responsabilidad del Estado que debería haberlo cuidado?

Un reclamo reiterado en situaciones como esas es el desamparo y la vulnerabilidad que las víctimas experimentan frente a una acción que es en sí misma muy desafiante, puesto que las rutas e incursiones que se dan durante varios días proyectan una libertad absoluta para el ejercicio de la violencia que tiene su contracara en la impotencia vuelta certeza entre las víctimas de que nadie hará algo o que no hay esperanza de interrumpir la caravana de la muerte. Sumado al hecho de que los actores armados anuncian reiteradamente lo que va a ocurrir, lo comunican en las paredes, en los panfletos, en las plazas…. Entonces el reclamo es frente a la inacción, pues ahí la posibilidad de decir que ahí hubo incapacidad para controlar es muy difícil de sostener. Efectivamente aumenta esa sensación de desamparo, se agrava ese sentimiento de vulnerabilidad muchísimo y  hay un daño que es muy difícil de poder restablecer en relación con el Estado. El hecho de que a pesar de que se prolongue tanto, después no genere ningún resultado operativo contra los perpetradores, también agrava la sensación de vulnerabilidad..

En el centro está la discusión sobre el daño que causa la inoperancia y la inacción del Estado, por ejemplo, la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988, en donde hay una base militar y donde dentro del casco urbano había una estación de policía. Cuando escuchamos los relatos de las víctimas de Segovia, siempre decían ¿ellos porque no salieron ni siquiera a perseguirlos o a atajarlos?

Hay grandes estereotipos  sobre las concepciones y las violencias dentro de la masacre y su forma de ejecutarse. ¿Cómo le explicaría usted a las personas cómo son estas formas? Respecto a esto ¿Hay diferencias entre los grupos armados?

En el libro ustedes van a encontrar que yo hago un esfuerzo por tratar de decirle a la gente no hagamos jerarquizaciones del terror, no permitamos que cuando hablamos de masacre sólo pensemos en la sevicia o en la crueldad extrema, resulta que hay una sevicia que no es corporal, yo digo que hay un despliegue de palabras y de lenguajes y de situaciones que no terminan en un desenlace fatal, pero que son devastadoras para una comunidad dentro de la masacre. 

Yo invito a la gente a que mire a la masacre como lo que es: un abuso del estado de indefensión de las personas. No tienes que ver decapitaciones ni descuartizamientos para que sea grave, eso debería interpelarnos como sociedad. 

La masacre con sevicia, es un sello diferenciador, mucho mayor en los paramilitares que en las guerrillas, pero como dice Óscar, efectivamente las guerrillas también la han perpetrado, pero hay una particularidad con eso y es el tipo de modalidad de ataque: los paramilitares son más propensos a las incursiones y a las rutas, las guerrillas en cambio son más proclives a los asaltos, o sea, entrar a un lugar puntual, atacar y replegarse, son más propensas a las interceptaciones o a los retenes. 

El libro plantea, en términos generales, puede ser que los paramilitares hayan cometido más masacres que las guerrillas, en una relación de 3 a 1 en el ámbito nacional, pero hay regiones en donde eso no es cierto, hay regiones donde la gente te dice ‘la guerrilla fue la que más masacró aquí’ y tiene razón. Esto hay que verlo con mirada regional porque la experiencia de la gente con las masacres de los actores armados también varía regionalmente. La guerrilla fue el principal responsable de las masacres en el Sur del Tolima, el Sur del Huila, el Caguán y el Noroccidente de Cundinamarca, así que en esos casos se trata de una verdad regional que no converge con la realidad nacional, al igual que pasa en la mayoría de las regiones de la Costa Caribe en donde la asimetría entre las masacres paramilitares y las guerrilleras es mucho mayor que la tendencia nacional, 10 masacres paramilitares por cada masacre guerrillera.

Esto también varía temporalmente, porque cuando uno hace balances de periodos largos, el riesgo es que invisibiliza responsabilidades en periodos históricos concretos, como por ejemplo los de las guerrillas entre 1981 y 1987 o el de miembros de la Fuerza Pública en ese periodo y el que va de 1988 a 1995, casos en los cuales la participación es más alta que la que se presenta en el balance de 40 años de masacres en el conflicto armado.
 

 

Hemos tenido unos años difíciles después de la firma del Acuerdo de Paz y la pandemia. Ahora se vienen unas elecciones que van a dejar a medio país polarizado. A pesar de esto ¿Qué análisis le dejaría usted a las personas para que le sigamos apostando a una adecuada implementación del Acuerdo? 

El 2020 fue un momento dramático porque las masacres volvieron a los niveles previos al inicio del proceso de paz con las FARC. La pandemia ni siquiera tuvo el efecto de contención, sino que es como si hubiera facilitado que la gente estuviera encerrada para masacrarla. Era previsible que esto pasara en 2019  porque era año de elecciones regionales, eran las primeras elecciones regionales después del Acuerdo de Paz  y ese era un momento de reacomodamiento de los actores armados, pero en 2020 no, así que no es un factor coyuntural sino que puede advertir un cambio de situación estructural en la que los actores armados se hacen más desafiantes, mueven la frontera de la violencia que perciben pueden y están en capacidad de perpetrar, y todo esto ocurriendo en medio de la implementación del acuerdo de paz.

El acuerdo de paz preveía que esto iba a pasar, si no miren la multiplicidad de instancias de seguridad que hacen parte del acuerdo, ahí están, el problema es que el gobierno nacional ni siquiera ha sido diligente en convocarlas, ni tampoco propone una narrativa pública que le responda al desafío a los actores armados, el acuerdo de paz es innombrable y todo se reduce a un problema criminal, el narcotráfico, el enemigo perfecto y funcional para evadir responsabilidades políticas.  Hay que insistir también en que la implementación de la paz y las transiciones políticas son violentas, porque la guerra está apuntalada por intereses muy poderosos que no van a ceder voluntariamente, van a reaccionar violentamente, así que lo importante es cómo se reaccione y se gestione esa violencia de la transición, porque la ciudadanía debe comprender que la paz se gana, que lo que se logra para la paz se le quita a la guerra, así que ante la violencia de la transición lo que se necesita es persistencia para poder ganar, o sea, podemos bajar los brazos por lo que está pasando: asesinatos de líderes sociales, de excombatientes, masacres, desplazamiento forzado. A todos los actos de violencia hay que responderles con resistencia, con rechazo, hacerlos costosos social y políticamente -incluso la gente desde las ciudades lo puede hacer-, exigiendo la implementación del acuerdo de paz. Yo aquí quiero decirle a la gente que aprendamos de las víctimas y sobre todo de las víctimas desaparición forzada y una de sus consignas para comprender todo el empeño que demanda la paz, ellas nos dicen ‘insistir, persistir y nunca desistir’. 

No voy a negar que dependiendo del gobierno que llegue se definirá si estamos o no en un punto crítico de no retorno, porque lo cierto es que el gobierno actual ha hecho todo lo posible para hacer trizas el acuerdo de paz, no modificando el texto del acuerdo, pero sí permitiendo que el contexto de seguridad empeorase hasta tal punto que limitara la implementación, porque lo que nos deja el gobierno son grupos armados fortalecidos, era tanta su oposición al acuerdo de paz que acabó por venderle el alma al diablo, traicionando el pilar de su causa política: la seguridad .  

Actualizado el: Vie, 05/27/2022 - 12:50

Hace casi cuarenta años, exactamente el 23 de junio de 1982, Gloria Lara, quien entonces se desempeñaba como directora nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad, una entidad del Ministerio de Gobierno, fue secuestrada en el barrio Teusaquillo de Bogotá, muy cerca de su residencia.

Su secuestro sacudió al país, pues los captores no pudieron ser rastreados y a través de cartas al diario El Bogotano enviaban pruebas de vida y amenazas contra la integridad de Lara sino se cumplían sus peticiones. 

Cinco meses después, el 28 de noviembre de 1982, Lara fue encontrada muerta con un tiro en la cabeza y una bandera de la Organización Revolucionaria Popular, ORP, al lado de su cuerpo.

El caso ha sido uno de los enigmas judiciales más complejos de resolver y desde hace algunos años circula en redes sociales como Facebook 1, 2, 3, y Twitter 1, 2, 3 y en algunas cadenas de mensajería instantánea, que el actual candidato a la presidencia  por el Pacto Histórico, Gustavo Petro y el M-19 fueron los culpables de este crimen.

Una de las publicaciones que verificamos es la del popular tuitero, David Ghitis, quien el 19 de abril de 2020 publicó en su cuenta un trino en el que aseguraba: “Cuando Petro les hable del respeto a las mujeres por favor pregúntenle por qué el M19 secuestró, torturó y asesinó a Gloria Lara” y lo acompañaba con la foto de una vieja contraportada, editada, del diario El Bogotano en el que el titular dice “ejecutada Gloria Lara”.

 

A la izquierda la imagen editada de la contraportada del diario El Bogotano que publicó en su trino David Ghitis y a la derecha la contraportada como realmente se publicó en ese diario en 1982.

En la actual campaña presidencial las publicaciones que culpan a Petro del secuestro y asesinato de Gloria Lara se han viralizado con mensajes como “Hay colombianos que no tienen memoria, la verdadera historia no la han investigado…”, “Si esto lo hizo cuando era un simple guerrillero imagínese lo que puede aser ahora que quiere ser PRESIDENTE”  y “CON QUÉ AUTORIDAD MORAL LE PUEDE DECIR EL HAMPON DE PETRO A COLOMBIA, QUÉ ES BUEN COLOMBIANO CUANDO SU GRUPO TERRORISTA M-19 EL CUAL FUE CABECILLA PRINCIPAL, VIOLÓ, EMBARAZÓ Y ULTIMO A GLORÍA LARA, INDEFENSA MUJER SECUETRADA POR ESTOS TERRORISTAS....”.

Estas publicaciones, según una herramienta a la que tenemos acceso en Colombiacheck por el programa 3PFC, una alianza con META en la lucha contra la desinformación, han tenido un alcance de 16.300 vistas y han sido compartidas mil veces. Por esa razón decidimos verificar estas publicaciones que relacionan al candidato del Pacto Histórico y al M19 como los autores de este crimen.

Pero las evidencias apuntan en otra dirección, aunque este crimen, como ya mencionamos, quedó en la impunidad, pues prescribió y la Corte Suprema de Justicia se negó a calificarlo como un crimen de lesa humanidad, en esta sentencia está el detalle del fallo de la CSJ.

Las evidencias encontradas en esta investigación hecha por Rutas del Conflicto y Colombiacheck dejan ver que las pruebas recayeron sobre un grupo delincuencial conocido entonces como Los Murcias, liderado por un ex juez que también estuvo vinculado a otro secuestro, pues se hallaron coincidencias entre estos crímenes.

Sobre la responsabilidad de la  Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), tampoco se pudo probar, pues la justicia encontró irregularidades en las capturas hechas por el Ejército y en las confesiones de algunos de sus miembros. 

 

¿Quién era Gloria Lara?

 

Gloria Lara, quien como ya dijimos era la directora nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, dedicó parte de su vida a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y a la participación política de los movimientos campesinos de ese entonces como lo menciona este artículo de la revista semana titulado Gloria Lara, ¿por qué?. 

Lara hizo parte de una prestigiosa familia huilense. Su madre fue  Pepa Perdomo que tuvo ocho hijos, cinco mujeres y tres hombres, con Oliverio Lara. Sus primeros años transcurrieron en Neiva, en la finca familiar donde aprendió de ganadería y trabajó a la par con los hombres, como está narrado en el perfil de Revista Semana, La historia de una infamia. Al terminar el bachillerato en Londres, estudió psicología en París y regresó a Colombia cuando su familia ya estaba viviendo en Bogotá. 

Al regresar se casó con Héctor Echeverri Correa, que fue senador de la República en los ochenta y que falleció en 2012, un hombre que conoció a los once años porque las familias habían sido amigas desde siempre. 

Después de casarse, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes. Lara empezó a trabajar con el partido liberal desde 1968, primero en brigadas de salud y más adelante, contribuyó a la creación de grupos de autogestión para la construcción de vivienda popular. Fue concejal de Bogotá y en 1978 fue nombrada directora de la Oficina de Integración y Desarrollo de la Comunidad, cargo desde el cual dirigió 32.000 Juntas de Acción Comunal.

 

Su secuestro

 

El 23 de junio de 1982 a las 8:00 de la noche, secuestraron a Gloria Lara en el barrio Teusaquillo de Bogotá, cerca de su lugar de residencia junto con su chofer, quien posteriormente, fue dejado en libertad. La primera prueba de vida la recibió el periódico El Bogotano el 12 de julio de 1982 con una foto de ella en la que aparecía acompañada de un sujeto encapuchado con una ametralladora.

Esta es la portada del diario El Bogotano del 12 de julio de 1982 cuando los captores enviaron las primeras pruebas de vida. 

Con la foto, El Bogotano recibió una carta en la que los secuestradores aclararon que no pertenecían a ningún movimiento subversivo y que no intentaban suplantar al M-19. Se vieron en la necesidad de realizar esta aclaración porque, una semana después del secuestro, las cadenas radiales Caracol y Todelar afirmaron haber recibido llamadas telefónicas en las que se culpaba al M-19 de ser el autor del secuestro. 

La siguiente prueba la recibió el mismo medio el 28 de octubre y también fue una fotografía acompañada nuevamente de un encapuchado. En ella se amenazaba con el asesinato de Lara al día siguiente, al no poder entablar un diálogo con la familia Echeverri Lara. Esto desató una ola de protestas ciudadanas en las que pedían su libertad, lideradas por parte de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Dos días después, el 30 de octubre, los secuestradores dijeron que ampliaron el plazo porque la familia, supuestamente, estaba dispuesta a dialogar. 

Foto enviada como prueba de vida de Gloria Lara al diario El Bogotano en octubtre de 1982.

El 28 de noviembre de 1982, El Bogotano recibió una llamada de los autores del delito, a la media noche en la que alertaban que el cuerpo de Gloria Lara yacía en la transversal 68B con calle 66, en frente de una iglesia en el barrio Bonanza. El diario fue el primero en llegar al lugar de los hechos, mientras que la policía tardó varios minutos en enterarse. 

La redacción judicial del diario El Tiempo también recibió la misma llamada, según se relata en una crónica publicada del 29 de noviembre de 1982 (ver recorte de prensa más abajo), titulada: Impresionante hallazgo del cadáver.

Allí se relata que los periodistas, asignados por el diario, llegaron al lugar 5 minutos después de la llamada y pocos minutos más tarde arribó la policía. 

Lara, tras haber pasado 186 días de secuestro, se encontraba en el piso con un disparo a quemarropa en el cráneo y junto a una bandera roja de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP). El disparo lo habría recibido cerca de las 11 de la noche y vecinos del sector aseguraron escucharlo. 

Las autoridades terminaron de realizar el levantamiento cerca de la 1:00 a.m. después de esto la trasladaron al anfiteatro donde su esposo, el senador Echeverri, tuvo que realizar un reconocimiento del cuerpo. Medicina legal señaló que en el momento de su muerte, su cuerpo pesaba apenas 30 kilos.

El móvil del secuestro y del asesinato nunca se supo. Para el historiador de la Universidad Nacional, Sebastián Flórez Herrera, quien ha realizado varias investigaciones sobre la violencia del conflicto armado en Bogotá, varias de ellas para la Comisión de la Verdad, “el caso de Gloria Lara es un caso difícil de abordar porque requiere verdad de miembros de las fuerzas estatales, que podrían estar involucradas en ello”.

Poco se conoce de la ORP, una organización disidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) entre los años 1978 y 1979. Tuvieron presencia, principalmente, en Sucre, Bolívar, Córdoba, Valle, Manizales y Bogotá. También fue vista como un movimiento revolucionario de la izquierda ajeno a los métodos terroristas y de lucha armada. 

Un mes después del asesinato, el general del Ejército Fernando Landazábal y el director de la Brigada de Institutos Militares, BIM, general Hernando Díaz Sanmiguel, anunciaron en los medios de comunicación haber capturado a los 20 implicados en el secuestro y asesinato de Gloria Lara. El Espectador, el 29 de diciembre de 1982, publicó Revelaciones sobre el asesinato de Gloria Lara, allí se menciona que Díaz Sanmiguel dio a conocer a los medios, videocasetes con las confesiones de los capturados y el supuesto autor del disparo. 

Además, se mencionó que en Bogotá las dos personas que estaban al mando de la banda eran Miguel Gamboa y Hernando Franco, profesor de la Universidad Nacional. 

Fragmentos de la noticia publicada por El Tiempo el 28 de diciembre de 1982, en la que el Ejército revela las grabaciones con las confesiones de los presuntos responsables del secuestro y muerte de Gloria Lara.

Según el Ejército, las confesiones revelaron que el secuestro de Gloria Lara se decidió para financiar la organización y porque era una persona reconocida por su posición social, económica y su cercanía al pueblo. 

Juan Tadeo Espitia fue quien asumió la autoría material del disparo y en una confesión confusa, mencionó que nunca había hecho uso de un arma hasta esa noche.

El comandante de la BIM aseguró que las declaraciones de los miembros de la ORP se realizaron sin torturas. Una de las personas detenidas fue Emperatriz Santander Cancino, diputada de Cundinamarca por el Nuevo Liberalismo. 

El diario El Espacio, el 28 de diciembre de 1982, en el texto ‘Doña Emperatriz sí participó’, menciona las reacciones que tuvieron los ciudadanos al enterarse de la captura de la diputada. Miembros del F2 le dijeron al diario, que Santander participó en el secuestro de Lara. 

Este es el organigrama de la ORP que el Ejército reveló a los medios, tras la investigación por el secuestro y muerte de la Gloria Lara. Foto fue tomada del documental de Canal Capital: Hagamos memoria, el caso de Gloria Lara. Emitido en noviembre de 2013.

En agosto de 1983, el juez 16 superior de Bogotá, Jorge Enrique Alford Córdoba, desestimó las capturas e involucró al caso a la banda delincuencial del exjuez Iván Darío Murcia y a dos personas más, y dejó en libertad a los implicados en el caso inicialmente. 

Alford Córdoba tomó esta decisión porque las confesiones realizadas por los militares, a los primeros capturados, fueron contradictorias ante los jueces, como es el caso puntual del carro en el que secuestraron a Lara, que en un principio se había dicho que era de color azul y después mencionaron que era blanco. 

Las víctimas señalaron que las primeras confesiones se realizaron bajo tortura, por parte de los militares, y al estudiarlas a profundidad, el juez encontró vacíos y cambios en la historia que relataban. 

 

La vinculación de ‘Los Murcia’ y absolución de miembros de la ORP

 

Iván Darío Murcia había sido juez de Caicedonia, Valle, y según el reportaje de Semana ‘Caso Gloria Lara’, publicado en agosto de 1985, él, junto a su banda que se hacía llamar “Los Murcias”, fueron los mismos secuestradores del entonces funcionario de la Texaco, Kenneth Stanley Bishop, en marzo de 1983. 

Según el mismo reportaje, luego de su liberación, Bishop afirmó que “durante su cautiverio, los secuestradores lo amenazaban con hacerle lo mismo que a Gloria Lara si no pagaban el rescate”. Las investigaciones del F2 apuntaban a que las máquinas de escribir y las cámaras utilizadas para las pruebas de supervivencia en el caso de Gloria Lara y de Bishop, eran las mismas. 

Las declaraciones de Martha Lucía Ropero, amante de Murcia, al F2 fueron claves para la captura, porque ella aseguró que junto a Murcia estuvieron en los alrededores de la casa de Gloria Lara, días antes de su secuestro, estudiando el lugar. 

Precisó Semana, en el mencionado artículo que “según las investigaciones, la cámara Polaroid y las cortinas encontradas en la casa del barrio Las Ferias, fueron las mismas utilizadas en los dos secuestros. Por otro lado, el examen de los escritos enviados a raíz de los dos secuestros, respondían a una misma máquina y el estilo de redacción era semejante”.

Y agrega, Semana,  “en ambos casos, el de Bishop y el de Gloria Lara, los mensajes enviados por los secuestradores hacían exigencias semejantes: pagar el rescate en la misma moneda extranjera, entregar billetes de las mismas denominaciones, que hubiera ausencia de marcas o sustancias químicas que pudieran servir para distinguirlos o alterarlos, y en ambos textos se advertía sobre los riesgos para el secuestrado en caso de que se diera información a las autoridades. Además, en los dos casos, el plazo para el pago del rescate era de cinco días”.

En medio de la investigación, el 9 de julio de 1984, Murcia huyó de la cárcel Modelo con la complicidad de sus guardias, quienes posteriormente fueron condenados. Después de este suceso, no se volvió a rastrear ni el paradero ni la situación judicial del exjuez.

El 12 de febrero de 1992, como asegura El Tiempo en Gloria Lara: un crimen sin castigo, uno de los juzgados de conocimiento adscrito a la desaparecida Dirección Seccional de Orden Público de Bogotá absolvió de los cargos a los miembros de la ORP que habían sido vinculados con este caso. 

Más adelante, el 20 de agosto de 1992, el Tribunal Superior emitió una resolución de acusación contra los implicados de la ORP en el caso de Gloria Lara y los llamó a juicio. 

En ese entonces, regía el Decreto 2700 de 1991 y bajo este sistema penal, se debía presentar un documento conocido como el marco jurídico y práctico, el cual guiaba la emisión de los fallos en los juicios. 

Todo lo que estaba estipulado en la resolución era lo que determinaba de qué manera se debía juzgar cada caso y bajo qué delito. Además, en este Decreto se especifica que: “El fiscal la dictará, cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado”. En ese sentido, se comprueba que a los presuntos implicados en el caso no se les puede denotar la responsabilidad del mismo. 

Sin embargo, con un cambio en el sistema legal y el término ‘resolución de acusación’ ya no se utiliza. Según explica Tania Camila Córdoba, abogada de la Universidad Externado y estudiante de maestría en derecho penal, si hoy en día a una persona se le hace una acusación por un delito de tentativa de homicidio y luego el juez, al final del proceso, encuentra que el delito no es de este tipo, sino lesiones personales, puede cambiar el delito  y no afectaría el proceso. 

“Pero antes si a una persona se le hacía resolución de acusación por el delito de tentativa de homicidio, aunque fueran lesiones personales, pues tenían que guiarse solo por lo que dijera la resolución”, explica Córdoba. 

La justicia colombiana tenía hasta el 6 de octubre de 1996 para establecer la responsabilidad de estas personas en el caso de Gloria Lara, pero la Corte Suprema de Justicia tuvo que ordenar “la cesación del procedimiento penal o prescripción, por el hecho de haber transcurrido más de 10 años” sin que se lograra un fallo. 

En palabras de la abogada Córdoba: “Una prescripción es cuando transcurren los años y se acaba el tiempo que tiene el Estado para investigar y/o condenar el delito”. 

Al pasar tanto tiempo sin obtener un fallo en el caso, lo que sucede es que las personas involucradas quedan libres sin posibilidad de ser condenadas. En este caso, la ORP dejó de ser un actor dentro del secuestro y asesinato de Gloria Lara después de las múltiples decisiones de la justicia. Tampoco nunca hubo una sentencia que aclarara la responsabilidad del exjuez Murcia. Hasta el momento, no se ha establecido de manera oficial quiénes son los culpables.

Para el historiador e investigador Flórez Herrera, “este es un caso lleno de mucha crueldad en la actuación en contra de quienes fueron presentados como responsables y también en el cuerpo y la experiencia de Gloria Lara y sus familiares. Es un caso con unas características que estremecen por la complejidad de los actores que están involucrados”.

Años después, en el 2009, el entonces procurador, Alejandro Ordóñez pidió la reapertura del caso, al calificarlo como un crimen de lesa humanidad, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, de nuevo, negó la petición y el crimen se mantuvo en la impunidad.

En dicha sentencia de revisión, la sala de Casación Penal, precisó en su fallo, en el apartado ‘actuación penal relevante’ que, “el trámite de la causa estuvo a cargo de un juez de Orden Público de la Seccional de Bogotá, quien mediante sentencia del 12 de febrero de 1992 absolvió a los acusados. La decisión, en síntesis, se basó en el hecho de que la confesión de los sindicados, realizada ante los funcionarios de la Brigada de Institutos Militares, se obtuvo por medio de tortura. Su origen ilícito, consecuentemente, imponía excluirlas de la actuación”.

El fallo recoge además que entonces en el proceso “no fue posible controvertir las afirmaciones de la persona que supuestamente, le informó al detective del DAS, José Vicente González, quiénes habían sido los autores de las conductas punibles, toda vez que el servidor público citado, sin motivo legal atendible, se negó a identificarlo, en sus declaraciones no supo explicar la forma como se contactó con el informante, el lugar y la fecha del encuentro y sus declaraciones se caracterizan por la vaguedad y el nerviosismo”.

“Por lo demás, al proceso se allegaron diversas pruebas que contribuyen a desvirtuar la responsabilidad de los acusados en las conductas punibles a ellos atribuidas”, agrega la sentencia.

Por último, ​​la sala de Casación Penal, precisa que “En síntesis, al excluirse en este caso la presencia de un crimen de lesa humanidad, no procede predicar la imprescriptibilidad de las conductas que pudieran generarlo, razón por la cual la demanda de revisión no está llamada a ser admitida. 

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
Inadmitir la demanda de revisión presentada por el Procurador 7° Judicial II. Procede el recurso de reposición”.   

 

Petro ha negado su participación

 

El hoy candidato a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, ha negado en varias ocasiones haber participado en los hechos. En medio de la campaña a la Presidencia en enero de 2018, el senador le respondió a un tuitero que había retuiteado un trino acusándolo del crimen que, “Ivan usted esta reproduciendo esta información que es una calumnia. Jamás ni la prensa del entonces ni la investigación judicial relacionaron el secuestro y asesinato de Gloria Lara con el M19. Se trata hoy de una campaña delictiva” (sic).

 

Ivan usted esta reproduciendo esta información que es una calumnia. Jamás ni la prensa del entonces ni la investigación judicial relacionaron el secuestro y asesinato de Gloria Lara con el M19. Se trata hoy de una campaña delictiva: @enrovasquez https://t.co/5yRPxGAb5M https://t.co/6jttuqz5Zi

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 29, 2018

 

Posteriormente, el 28 de febrero de este mismo año, Petro se volvió a referir al tema en su cuenta de Twitter, de nuevo en respuesta aun trino que lo acusaba, lo mismo que al M-19.

 

Esta es una muestra de la campaña delictiva que se adelanta sin que la @FiscaliaCol entregue resultados de la investigación de sus autores. La justicia colombiana jamás implico al M19 en el asesinato de Gloria Lara https://t.co/Lp7i1Ruvwp https://t.co/lpZR2ZDWE7

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2018

 

Y al hacer una búsqueda avanzada en la cuenta de Twitter de Petro encontramos que él se ha referido al caso en al menos seis ocasiones y la primera mención fue hecha en agosto del año 2013, cuando aseguró “Algunos fueron encarcelados o se exiliaron como los dirigentes de la ANUC de Sucre a quienes acusaron falsamente del secuestro d Gloria Lara”.

Luego de esta investigación concluimos entonces que no hay pruebas que evidencien la participación de Gustavo Petro o el M-19 en el asesinato de Gloria Lara de Echeverri, pues las autoridades nunca vincularon a dicha organización guerrillera con el caso y las pruebas apuntaron a la banda de Los Murcia, encabezada por el ex juez, Iván Darío Murcia.

Actualizado el: Mar, 05/10/2022 - 20:41

Escazú, el proyecto para proteger los derechos ambientales

El 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, veinticuatro países latinoamericanos firmaron el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este proyecto, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tiene como objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en accesos ambientales”.  De los países firmantes, entre los cuales están Argentina, México y Uruguay, solo 12 lo han ratificado.

En Colombia el Proyecto de Ley 251, el cual aprueba el Acuerdo de Escazú, fue radicado en octubre de 2021, pero solo hasta el pasado 28 de abril se llevó a cabo el primer debate para su implementación. Con seis votos a favor y uno en contra, se espera la transición a los tres debates restantes en el Senado para su completa ratificación. La cita para estas sesiones podría darse antes de terminar la actual legislatura del Congreso (el 20 de junio del 2022), pero en caso de que esto no suceda, el proyecto de ley quedaría vigente para discutirse el próximo periodo legislativo.

Los candidatos presidenciales a las próximas elecciones del 29 de mayo, han expresado públicamente su posición ante la implementación del Acuerdo de Escazú. En el último debate realizado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), el candidato Federico Gutiérrez respondió negativamente ante la ratificación del Acuerdo, y, por otro lado, Rodolfo Hernández ni siquiera sabía de qué se trataba el Acuerdo de Escazú, lo que generó bastante sorpresa entre los asistentes del evento. Sergio Fajardo y Gustavo Petro han hablado abiertamente del tema ambiental y apoyan la implementación del proyecto ley.

Combatir la deforestación, una labor titánica

La deforestación se posiciona como uno de los principales problemas ambientales en Colombia. En 2017, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se deforestaron 219.973 hectáreas de bosque, lo que equivale a casi seis veces el suelo urbano y rural de Medellín. Durante los dos años siguientes el panorama pareció mejorar, las cifras disminuyeron. Sin embargo, entre 2019 y 2020 volvieron a aumentar en un 8%.

La región amazónica suele ser la mayor afectada, pues allí se concentra más de la mitad de la selva natural del país. Aún no se conocen datos oficiales de lo que va del 2022. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó que los incendios de enero en la región superan las cifras de los últimos 10 años, con más de 1200 alertas recopiladas por la organización Global Forest Watch.

Simón Uribe, profesor de la Universidad del Rosario, explica que el próximo gobierno hereda un desafío muy grande en cuanto a esta problemática, sobre todo un problema de legitimidad en los territorios. “Eso se debe a la precaria implementación de los acuerdos de paz que ha dejado unos espacios a los que el Estado no llega. Así se han derivado dinámicas como el acaparamiento de tierras, la construcción de vías ilegales, el avance de la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, entre otras”. Y es que, de acuerdo con el Ideam, estas son algunas de las causas directas de la deforestación. Entonces, los candidatos presidenciales han hablado en varias ocasiones sobre cómo reducir este fenómeno.

Rutas del Conflicto recopiló las propuestas de algunos de ellos con base en sus programas de gobierno. Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, por ejemplo, comparten la iniciativa de eliminar por completo la deforestación para el año 2030 y restaurar ecológicamente cientos de miles de hectáreas de territorio. Para lograrlo, Fajardo sugiere seguir el rastro y encontrar verdaderos culpables en lugar de castigar a los eslabones más débiles en las cadenas de ilegalidad. En cambio, Gutiérrez propone una estrategia de control seguida de la presencia del Estado, la formalización de tierras y la vinculación de comunidades locales.

El objetivo de Gustavo Petro es desmontar los motores de la deforestación mencionados anteriormente usando al máximo los bonos de carbono. También busca otorgar títulos de propiedad colectiva a campesinos y resguardos indígenas vinculados a la conservación y regeneración de la selva. Por su parte, Rodolfo Hernández pretende brindar una renta básica a pobladores locales que trabajen en la protección de bosques. De igual forma, busca promover la tipificación en el Código Penal y el fortalecimiento de las autoridades ambientales para sancionar pertinentemente a los responsables y sus conductas delictivas.

Extracción de petróleo y minería: los candidatos aseguran que el camino es la transición energética

El modelo extractivista de Colombia se basa en la extracción y explotación de minerales e hidrocarburos para la venta y exportación de recursos como el petróleo, el gas natural y el carbón. Según el Ministerio de Minas y Energía, el sector de hidrocarburos produce aproximadamente el 80% del sistema general de regalías y aporta alrededor de 4,5 billones de pesos en impuestos. El crudo es el primer producto de exportación del país, representando el 55,4% de las exportaciones.

Sin embargo, para muchas personas en el país estas actividades extractivistas son fuente de preocupación ambiental, pues señalan que la contaminación y el cambio climático son consecuencias directas de la extracción de petróleo y la minería a gran escala. Así mismo, técnicas de exploración de yacimientos no convencionales - como lo es el fracking- causan rechazo entre las comunidades debido a las grandes cantidades de agua que se contaminaría y al impacto de estas en sus territorios.

Pedro Antonio Fuentes, líder social y representante de la comunidad afrodescendiente de Puerto Wilches, municipio santandereano ubicado al margen derecho del Río Magdalena, afirma que ha recibido amenazas   debido a la oposición que su comunidad y organizaciones ambientalistas han realizado contra una prueba piloto de fracking que se pretende desarrollar en el municipio. “Lamentablemente en el municipio esto está a punto de pasar de gris a oscuro, porque sabemos lo que se viene con los grupos al margen de la ley e incluso con el mismo Estado” afirmó Fuentes refiriéndose a que no sólo hay consecuencias ambientales sino también en torno al conflicto armado.

“Un nuevo gobierno debe ser analizado por nosotros los electores a través del programa que ellos plantean. Tenemos que revisar el tema de hidrocarburos y cómo los candidatos planean gestionarlo. El camino que nos señala la magnitud de la crisis climática - e incluso la responsabilidad económica - es el necesario abandono de las energías fósiles… Tenemos que ver otra perspectiva del modelo extractivo en términos de Colombia, un país megadiverso” asegura Andrés Gómez, ingeniero de petróleos y activista ambiental de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Desde Rutas del Conflicto, analizamos y contrastamos lo que los principales candidatos ambientales han dicho y prometido, tanto en su programa de gobierno como en las entrevistas, debates y redes sociales, sobre las actividades extractivas en relación al medio ambiente y a la economía. Los candidatos Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez coinciden en el planteamiento de la Transición Energética de los hidrocarburos a energías limpias y renovables, sin embargo, se diferencian en su forma de ejecutarlo.

Gustavo Petro: “De una economía extractiva a una productiva”

El candidato presidencial por el Pacto Histórico ha causado polémica en diversos sectores de la sociedad colombiana al plantear el fin de la dependencia económica del petróleo, el carbón y todo tipo de explotaciones mineras. Petro en su plan de gobierno asegura que hará una transición energética progresiva en la que se detengan definitivamente las nuevas exploraciones y se prohíban los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos no convencionales.

 

En entrevista con Blu Radio, aseguró que no suspenderá los contratos vigentes de extracción petrolera ni las reservas, pues la transición hacia energías más limpias deberá hacerse en un periodo de 10 a 15 años y, por lo tanto, durante su mandato planea usar las reservas existentes para el suministro que se requiera en el país. La energía planea ser producida por fuentes solares y eólicas aprovechando e impulsando las condiciones naturales de regiones diversas como La Guajira.

Respecto a la minería, el candidato a la presidencia y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez han insistido en la necesidad de proteger la minería ancestral y artesanal, al tiempo que se prohíba la minería a gran escala y practicada a cielo abierto. Márquez ha liderado desde su territorio natal la lucha contra multinacionales extranjeras que afectan a su comunidad y sus tradiciones, por lo tanto, exigen a las empresas mineras responsables la reparación integral, ambiental y social.

 

Sergio Fajardo: La búsqueda de la transición energética

 

Sergio Fajardo, candidato a la presidencia por la Alianza Verde, ha asegurado en su programa de gobierno que “los recursos generados en los próximos años por el sector petrolero, minero y energético deben ayudar a promover el proceso de transición que, además, deben aprovecharse para alcanzar la universalización del servicio de energía” E impulsar el reemplazo de la economía extractiva para fortalecer el sector agropecuario.

El candidato ha rechazado abiertamente el fracking y la megaminería, sin embargo, no ha explicado cómo frenaría el crecimiento desbordado de la industria. Propone establecer la etapa de licenciamiento ambiental para la fase de exploración minera, formalizar la pequeña minería a través de la modernización y realizar un Gran Diálogo Nacional Minero-Energético con el propósito de superar el conflicto social.

 

 Federico Gutiérrez: El continuismo en la explotación de recursos

En algunas partes de su programa, Federico Gutiérrez ha asegurado que buscará la transición energética, sin embargo, también dice que garantizará el crecimiento económico sin dejar la explotación de petróleo ni la exploración de reservas:

 

 

Gutiérrez señala que apoyará los Proyectos Piloto de Investigación de Yacimientos No Convencionales, es decir, fracking. En el Congreso Naturgas dijo: «El fracking hay que hacerlo bajo todas las normas para que la afectación en términos de ambiente no sea tan grande… Hay que seguir buscando alternativas para encontrar más yacimientos»

De forma similar, dice que potencializará la minería a través de una mayor inversión en proyectos minero-energéticos con ‘responsabilidad ambiental’ y “brindar las condiciones para que los títulos otorgados logren superar la etapa de exploración y pasar a las siguientes etapas”

Rodolfo Hernández:

Al igual que los otros candidatos, Rodolfo Hernández plantea realizar una transición energética. En su programa de gobierno dice que “se puede alcanzar un equilibrio en la explotación que cuide el medio ambiente, genere desarrollo social y sirva para planificar una transición hacía la producción de otras formas de energía limpia y mejores prácticas en la explotación de los recursos mineros”

Hernández ha sido ambiguo en su posición frente al fracking, en algunos debates ha hablado de la transición energética, pero en entrevista con La República dijo que es necesario realizar los pilotos de fracking de Ecopetrol con vigilancia científica.

https://www.youtube.com/watch?v=2QE7vNpRnsU desde 8:04 hasta 9:00

 

*Este 29 de mayo, en las urnas y en los tarjetones, las personas decidirán quién será el candidato presidencial que represente mejor sus intereses ambientales y económicos. Aquel domingo, observaremos qué rumbo tomará el país en la lucha por la crisis climática.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:31

Yuvelis Natalia Morales Blanco es lideresa ambiental del municipio de Puerto Wilches, Santander. Tiene 21 años, es hija de un pescador del Magdalena Medio, y allí, al lado del río donde creció, alzó la voz contra el fracking en la región. Empezó a recibir amenazas de muerte en 2021, tanto por medio de panfletos como personalmente, cuando hombres armados irrumpieron en su casa. Desde marzo de 2022 está exiliada, lejos de su familia y de su tierra.

“El río nos ha dado todo lo que somos, estamos adheridos a él. Esta problemática del fracking no solo atenta a nuestra salud, sino a nuestra cultura, a lo que somos como wilchenses”, afirmó Yuvelis Morales, quien aún en la distancia sigue trabajando en la visibilización del tema con autoridades internacionales.

Las críticas al fracking en Puerto Wilches se vienen dando desde 2019. En ese año, el Consejo de Estado le dió luz verde a Kalé, el proyecto dirigido por Ecopetrol que sería el primero con esa técnica de extracción en Colombia. La licencia ambiental para la plataforma, sin embargo, se suspendió jurídicamente en abril de 2020, debido a la falta de consulta previa a la comunidad afro del municipio. El fracking es una técnica de extracción que inyecta, a alta presión, un fluido para romper las rocas y diluir los hidrocarburos atrapados en ellas. La cantidad de agua necesaria para explotar un pozo oscila entre 2,5 y 7,5 millones de litros, según el ingeniero Sergio Cabrales, en artículo publicado por Portafolio. Ésta es una de las críticas de los líderes y lideresas de Puerto Wilches: el gasto y la contaminación del agua, debido a los químicos utilizados. 

Yuvelis Morales no fue la única persona amenazada tras criticar el fracking. Pedro Cabarllido Fuentes, representante legal de la corporación Afrowilches, es otro líder que tuvo que desplazarse del territorio. “A mi familia le tocó salir conmigo después de las amenazas hace unos meses [en febrero de 2022]”, afirmó. El líder agregó que contaba con un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con un celular y un chaleco a prueba de balas. Sin embargo, dejó de tener acceso a los equipos dos días después del otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto Kalé, el 28 de marzo del mismo año. Dicha licencia fue revocada en el mes siguiente.

Rutas del Conflicto contactó a la UNP con un derecho de petición y una solicitud de entrevista sobre el tema el 4 abril de 2022, pero no recibió respuesta. Los líderes de Puerto Wilches también han criticado la falta de consulta a su comunidad antes de la implementación de proyectos de fracking.

“Todo el mundo estaba tomando decisiones sobre nuestro municipio y nosotros ni sabíamos qué era fracking. Luego dijeron que no iba haber nada que se le opusiera [al proyecto de extracción] y como buenos santandereanos dijimos: ‘¿Cómo que no?’ Y junto a varios jóvenes y líderes asistimos a reuniones donde conformamos el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio [Aguawil]. Ahí decidimos contarle a la gente, no lo qué era fracking, sino lo que somos como territorio wilchense”, agregó Morales.

 

La lideresa fue galardonada el 8 de marzo de 2022 por la Iniciativa Marianne, concedida por el gobierno de Francia para defensoras de derechos humanos. En el marco de la iniciativa, buscó protección en Francia, donde está actualmente en exilio. Allí, expresó directamente al presidente francés, Emmanuel Macron, su preocupación acerca de los proyectos de fracking y del riesgo para los liderazgos ambientales. Para la lideresa juvenil, estar fuera de su país ha sido un reto.

“He encontrado respaldo en otras organizaciones, especialmente en la Alianza Colombia Libre de Fracking. Mi activismo acá se vuelve un poco más diplomático, estos relacionamientos internacionales son necesarios para que esta problemática se visibilice”, agregó.

El departamento con más amenazas

Santander es el departamento de Colombia con más amenazas de muerte contra líderes ambientales entre 2017 y la segunda semana de abril de 2022, según informe divulgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El documento señala que 49 líderes fueron intimidados en la región. Las amenazas, según el informe, se registraron principalmente en los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Puerto Parra.

“La mayoría de las amenazas son atribuidas a grupos sucesores del paramilitarismo, como el Clan del Golfo y las autodenominadas Águilas Negras, que a través de panfletos se han encargado de atemorizar a personas que defienden los territorios y se han opuesto a la realización de proyectos extractivos”, revela el informe. El documento también señala la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona.   

El panorama de inseguridad se reconoció también en el reporte anual publicado por Global Witness, que visibiliza la violencia contra líderes ambientales en el mundo. La ONG posicionó a Colombia como el país más peligroso del mundo para ejercer liderazgos ambientales en 2020, con por lo menos 65 ambientalistas asesinados. El año anterior, el país había ocupado el mismo puesto. 

Óscar Sampayo, miembro de la Corporación Regional Yariguies y del Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, ha sido uno de los líderes ambientales amedrentados en Barrancabermeja, según el reciente informe de la JEP. En entrevista a Rutas del Conflicto, habló sobre la zozobra en la que vive la comunidad wilchense.

“La institucionalidad no se pronuncia, y si lo hacen son una o dos personas, pero el Estado colombiano no responde. Uno va a la Defensoría del Pueblo o a las alcaldías de estos municipios y no hay mayor respuesta. Y la Fiscalía del Magdalena Medio tampoco opera”, aseguró el líder ambiental. Rutas del Conflicto intentó contactar por correo y teléfono la Defensoría y la Fiscalía del Magdalena Medio, pero no obtuvo respuesta.

 

Las intimidaciones también llegaron al congresista santandereano Fabián Díaz, del partido Coalición Alternativa Santandereana. El representante relató que denunció una amenaza de muerte ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Díaz hizo parte del grupo de 30 congresistas que, en 2020, radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para prohibir el fracking. El proyecto no fue aprobado.

“Estamos realizando, junto con la Alianza Colombia Libre de Fracking, un acompañamiento a los líderes y lideresas de Puerto Wilches. El gobierno colombiano no garantiza su protección”, afirmó el congresista.  

La Alianza Colombia Libre de Fracking es una plataforma de articulación que actúa contra proyectos extractivos que afectan al ambiente, especialmente el fracking. Carlos Andrés Santiago, miembro de la organización y líder ambiental, ha acompañado a los líderes amenazados en Puerto Wilches y ha buscado una respuesta con las autoridades. Sin embargo, critica la falta de apoyo tanto por parte de entidades nacionales –la Presidencia y la Unidad Nacional de Protección (UNP)– como de entidades regionales y locales –la Gobernación de Santander y la alcaldía de Puerto Wilches.

Violencia en Puerto Wilches

Además de la amenaza ambiental del fracking, Puerto Wilches vive diferentes problemas de orden público. “Existen cuestiones de microtráfico, trata de personas. Nosotros nos estamos quedando en medio de este conflicto por esta situación, si pasa algo con nuestras vidas que quede reseñado”, afirmó el líder Pedro Carballido.

Ocho personas han muerto de manera violenta en el municipio en el primer trimestre de 2022, según la Policía del Magdalena Medio. Las investigaciones señalan que los casos se deben a la disputa del negocio del microtráfico y a la extorsión por parte de bandas delincuenciales. En la comunidad, se comenta sobre la existencia de tres supuestos grupos armados que disputan el microtráfico, pero que aún no están identificados. Rutas del Conflicto contactó al alcalde del municipio, Jairo Toquica, que prefirió no ser entrevistado y se remitió a una declaración anterior a Caracol Radio. “El Ejército y la Policía dicen que acá no hay grupos al margen de la ley”, afirmó para la emisora. 

El Consejo Comunitario de Puerto Wilches ha mostrado su preocupación ante la ola de inseguridad y la actuación de los grupos armados, con la cual se siente vulnerado, según el representante legal Benjamín Jaraba. Néstor Tordecilla, miembro de Afrowilches, agregó que la comunidad ha decidido luchar por el medio ambiente a pesar de la situación de inseguridad. Sin embargo, hay aquellos que no exponen su opinión porque trabajan con las empresas extractoras. “Aquí fuimos golpeados por grupos al margen de la ley, las familias tuvieron que dejar sus tierras, fueron desaparecidas. Ahora, con esta cuestión del fracking, lo que se viene en materia social es realmente preocupante”, afirmó, refiriéndose a un posible empobrecimiento de la población después de la explotación de los recursos y al desarraigo de la cultura wilchense.

La batalla jurídica

El proyecto piloto de fracking en Colombia, Kalé, recibió la autorización del Consejo de Estado en 2019 para instalarse en Puerto Wilches. Las críticas de la comunidad wilchense a la plataforma empezaron desde entonces, pero se intensificaron en 2022. El 25 de marzo de ese año, poco después de las amenazas de muerte contra líderes del municipio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la licencia ambiental de Kalé. La reacción de los colectivos anti fracking y de pobladores se dio con manifestaciones, murales, pancartas y plantones. En las tribunas de los partidos de fútbol del equipo local bumangués se extendieron planchones: “El partido es contra el fracking”.

 

La reacción también se llevó a la esfera jurídica. El 31 de marzo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Corporación Podion, en representación de Afrowilches, presentaron una tutela contra el Ministerio de Interior, la ANLA y Ecopetrol. En el documento, se señaló la “vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de Afrowilches” y se solicitó la suspensión de la licencia ambiental y del trámite de licenciamiento de proyectos de fracking en la región.

Como respuesta a la tutela, el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Barrancabermeja falló el 21 de abril a favor de Afrowilches. Con la decisión, el juzgado suspendió la licencia y ordenó a Ecopetrol, a la ANLA y a la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior que realicen la consulta previa con la corporación tanto para Kalé como para la Platero, el segundo proyecto piloto de fracking planeado para Puerto Wilches. 

Actualizado el: Jue, 05/05/2022 - 16:06

Por: Catalina Sanabria Devia

 

Pedro Pablo Mutumbajoy, campesino, tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda,  ha contribuido durante casi una década a restaurar ecosistemas de la Amazonía. Esta región, donde se concentra el bosque natural del país, ha sido la más afectada por la deforestación. Según reportes del Instituto de Hidrología y Estudios Ambientales (Ideam), en 2017 se presentó el pico de esta problemática en Colombia.

Aunque las cifras variaron los años siguientes, el panorama sería igual de desalentador. Tan solo en 2020 se deforestaron 109.302 hectáreas de la Amazonía, lo que equivale a más del doble del suelo urbano y rural de Medellín. De acuerdo con el Ideam, la construcción de vías no planificadas, las malas prácticas de ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito son algunas de las razones por las que se da la tala y quema de árboles.

En su más reciente boletín, del primer trimestre de 2021, la entidad indicó que Puerto Guzmán ha sido el municipio con tasas más altas de deforestación en el Putumayo. Ante estas situaciones de violencia y los  cultivos de uso ilícito, habitantes de la zona han buscado alternativas económicas y legales que no sean destructivas con la selva, sino que sirvan para su cuidado, como la silvicultura. Esta consiste en la gestión del bosque para producir bienes y servicios garantizando su sostenibilidad. Pedro Pablo es una de las personas que en la actualidad se dedica a esta actividad.

Re valorizar el bosque

La labor de reforestación de Pedro Pablo se ha dividido en cinco etapas y al día de hoy, ha sembrado poco más de 9 mil árboles a lo largo de 10 hectáreas de territorio que era usado para cultivos de coca. Según cuenta, no ha sido tarea fácil. Inició en 2013 con capital propio, sin ninguna inversión por parte del Estado: “El trabajo lo hacía yo, no pagaba mano de obra sino únicamente mi alimentación y los materiales que necesitaba”. Además, agrega, se enfrentó a lo que él llama un cambio de mentalidad, pues la producción no es inmediata sino que se da a largo plazo. 

Pedro Pablo siembra distintas especies nativas que pueden tardar 20 años (tara y achapo) o hasta 40 (roble, amarillo y ahumado) en alcanzar su edad maderable. “La gente viene de otra cultura del trabajo. Es duro adaptarse, pero es lo que a uno le nace. Yo me siento satisfecho al ver la tierra ya cubierta, los suelos descansados, y saber que van a aportar al sostenimiento de mi familia. Es como una pensión y una herencia que les quedará a mis hijos”, expresa el silvicultor, ya que cuando los árboles alcanzan una edad apropiada, puede darle uso a la madera y servirle de sustento.

Jorge Luis Guzmán, especialista en asentamientos humanos y medio ambiente, se dio cuenta de que tras muchos años de trabajo de sus padres, la ganadería no les dejaba mayores beneficios y no era una actividad apta para los suelos amazónicos. Entonces, junto a sus hermanas, creó la Fundación ItarKa, la cual busca mejorar la calidad de vida de la gente en Puerto Guzmán y contribuir a su gestión sostenible. Igual que Pedro Pablo, él ha adelantado procesos de reforestación en la región y concuerda en que esto genera un cambio en la cultura, pues sugiere que se deja un poco de lado la mirada extractivista y el bosque empieza a ser valorado como un patrimonio con el que se podrá contar en la vejez. 

"Las personas que cultivan un árbol, lo cuidan, observan su comportamiento y que es un centro de vida. Así comienzan a conectar y relacionarse con él”, sostiene Jorge Luis. Alrededor de Puerto Guzmán hay 60 hectáreas de árboles. Según él, es la única cabecera municipal de la Amazonia colombiana que tiene áreas de bosque inmediatas. Su propuesta ante el concejo y la alcaldía es darle a esta área el carácter de parque amazónico: “Estaríamos dispuestos a ceder unos terrenos para que Guzmán tenga un parque que lo identifique”, dice.

La siembra de árboles en la vereda el Trébol y zonas aledañas se ha dado, en su mayoría, por iniciativa ciudadana, por eso desde la fundación ItarKa se sigue invitando a indígenas y campesinos a que se organicen y se sumen al proyecto. Jorge Luis comenta que su idea es vincular a máximo 10 familias en 2022 y que los fondos para que puedan reforestar vengan de las compensaciones a la huella de carbono por parte de distintas empresas francesas. Pedro Pablo, por su parte, está cada vez más cerca de cumplir su meta: sembrar 10 mil árboles maderables.

Un amplio espectro

Jorge Luis entiende la reforestación como una rehabilitación de estas tierras que se terminan destinando a actividades como la ganadería o el cultivo de hoja de coca. Según él, muchos de los conflictos socioambientales de su municipio se deben al uso que las personas dan al suelo, el cual no siempre es lo que este tiene por ofrecer. “La ganadería, por ejemplo, impacta los suelos, los compacta. El agua permanece menos tiempo en el lugar y se afecta su ciclo, su calidad y cantidad”, menciona.

De acuerdo con Jorge Luis, a largo plazo, la silvicultura podría traer más beneficios y rentabilidad que la ganadería. “Después de 30 años de tener una tierra sometida al pastoreo y al pisoteo del ganado, esta se va deteriorando y su capacidad para alimentar a las vacas es cada vez menor. Si uno quisiera cambiar esa situación, debería empezar a fertilizar las áreas, lo cual requiere mayor inversión”, menciona. Así argumenta que la reforestación no solo aporta a la recuperación del suelo, sino también a la regulación de aguas y la conservación de la biodiversidad.

Según él, los suelos que fueron compactados se empiezan a recuperar y retoman su funcionamiento natural. La materia orgánica, la hojarasca y las ramas que caen sirven de alimento para la vegetación. Además, la cubierta forestal garantiza que el agua perdure, pues protege su superficie del sol y evita que se evapore tan rápido. Esto es vital, como explica Jorge Luis, para el Río Mandur, del cual se abastecen habitantes y animales de Puerto Guzmán. Estos bosques también sirven de hogar y refugio para distintas especies: osos perezosos, tigrillos, y particularmente las hormigas que son indicadores de biodiversidad muy sensibles a la deforestación. 

Sin embargo, la ganadería es una actividad de la que depende gran parte de la sociedad y la economía nacional. Javier Revelo Rebolledo, profesor de la Universidad del Rosario que ha investigado la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo, explica que una apuesta importante sería cambiar las lógicas del desarrollo regional. “Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. El gran problema es que mucha gente, desposeídos de la tierra, grandes y pequeños propietarios viven de la ganadería. Si uno quiere contener el avance de la deforestación en la Amazonía habría que re pensar la importancia de sostener esta actividad incorporando criterios de justicia y transformando las dinámicas agresivas”, dice.

Violencia en el territorio

El último reporte de la organización Global Witness, la cual desde 2012 ha recopilado datos sobre asesinatos a líderes ambientales, indicó que Colombia es el lugar más peligroso para defender a la naturaleza. En 2020 por segundo año consecutivo, la lista estuvo encabezada por el país, donde 65 defensores del medio ambiente fueron víctimas de homicidio. Así, ejercer liderazgo ambiental en Colombia es una labor de alto riesgo, mucho más si se considera que la presencia del Estado en el territorio es diferenciada. 

Jorge Luis cuenta que la fundación ItarKa, en asociación con la Universidad de Pensilvania, llevó a cabo un proyecto ecológico en la vereda Buena Esperanza. Allí pretendían acompañar a la comunidad en un ejercicio de gestión de su territorio para recuperar áreas de bosque, cuidar las aguas y hacer uso responsable de los recursos. Sin embargo, no pudieron concluir actividades porque se empezaron a presentar asesinatos en el municipio y hubo un atentado contra un líder que promovía actividades medioambientales de este tipo.

Varias familias se terminaron desplazando y, como cuenta el director de la fundación, en la región siguen haciendo presencia organizaciones armadas que se disputan las rentas del narcotráfico. Por un lado está el Frente No. 1 de las disidencias de las Farc, llamado Carolina Ramírez, y por el otro el grupo criminal Los Sinaloa y sus comandos de frontera. En 2021 el defensor del pueblo Carlos Camargo entregó a las autoridades locales y nacionales una alerta temprana en la que se denunció amenazas a población,  reclutamiento de menores, control de vacunas y hasta la mal llamada 'limpieza social' principalmente en Putumayo, Cauca y Caquetá.

Los procesos de reforestación por sí mismos no han puesto en mayor peligro a la comunidad. Por un lado, esta actividad tiene un horizonte que trasciende décadas y, según Jorge Luis, esos grupos se mueven dentro de la lógica de lo inmediato. La silvicultura tampoco ocupa un área muy grande, pues para un proyecto de una familia como la de Pedro Pablo con 10 hectáreas es suficiente. Entonces, los grupos armados realmente no han percibido la re siembra de árboles como una amenaza. 

Ante el abandono, dignificarse

Jorge Luis explica que la reforestación puede aportar a un cambio a favor de la paz. Unirse a estos proyectos garantiza que las personas se mantengan en el territorio por un largo periodo de tiempo. “Si estás pensando que esta es una inversión en un proceso que durará 20 años, lo que tienes que hacer es quedarte en el lugar y eso implica un buen relacionamiento con los vecinos”.

Además, en la medida en que se rehabilitan los bosques y esto pueda contribuir a soluciones ante la deforestación, la gente se dignifica. La satisfacción es aún mayor si el trabajo es reconocido y remunerado. Pedro Pablo, por ejemplo, gracias a ItarKa y la fundación Selva Viva de Francia, recibe fondos que le sirven para la administración de sus 10 hectáreas de terreno. “Eso ha generado que se sienta como alguien de provecho que aporta y hace algo frente al cambio climático. Es una persona digna”, dice Jorge Luis. 

No obstante, Pedro Pablo reclama que el gobierno podría apostarle más a estas iniciativas. “Debería ir a las comunidades que tienen voluntad para reforestar y brindarles un apoyo, pero se limita a entregarle a uno 10 bultos de tierra y 500 árboles. No es así de fácil mantener una plantación”, afirma. El silvicultor también menciona que las instituciones deberían asegurarse de que el capital que entregan vaya directamente a los campesinos y así puedan sostenerse de manera justa y con un trato digno. 

Javier, por su parte, explica que con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) “se diseñó un plan en el que la gente se comprometía a erradicar las plantaciones a cambio de una mensualidad. Sin embargo, lo realmente importante era la apuesta de desarrollo territorial para transformar las dinámicas productivas y contribuir a la satisfacción necesidades sin recaer en el cultivo de coca”.

No hay mayores acciones del gobierno para atenuar la deforestación y sus conflictos asociados. El profesor asegura que el Estado se limita a dos grandes estrategias. “En primer lugar, se está impulsando operaciones militares que son una medida arriesgada. Más que trabajar con la gente, estas operaciones van en contra de ella. En segundo lugar, el Estado le apunta a acuerdos individuales. Lo único que se ve son unos acuerdos de conservación con familias, pero nunca se piensa en transformaciones más macro” , sostiene Javier.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:35

Un olor intenso a petróleo despierta cada cierto tiempo de golpe a los pobladores indígenas de la comunidad kichwa 12 de Octubre en la región amazónica de Loreto, en Perú. Cuando salen a corroborar lo que está pasando, se encuentran con la misma escena que se repite desde hace cinco décadas: una mancha oleosa que se va esparciendo por la quebrada en la que pescan, cocinan y se bañan más de cien familias. El 17 de marzo de este año la comunidad denunció un nuevo derrame, uno más de los tantos reportados en el lote petrolero 192. Los habitantes de las comunidades están hartos: “Nunca mejora la situación, todas las empresas han tenido derrames desde OXY, Pluspetrol y Petroperú. Las tuberías están podridas, tienen años instaladas y por eso se está contaminando constantemente”, dice Natanael Sandi, monitor ambiental indígena que reporta los daños causados por el petróleo.

Mongabay Latam ha reportado problemas en este lote al menos una docena de veces en los últimos seis años. Y la cifra se multiplica si incluimos a otros países con influencia de  industrias extractivas en la Amazonía. Los temas se repiten: comunidades locales afectadas, empresas sancionadas, conflictos e impunidad. ¿Cuál es la magnitud de esta situación? ¿Cuáles son las empresas más multadas o sancionadas por faltas ambientales?

Para responder a estas preguntas, un equipo periodístico coordinado por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y El Deber en Bolivia solicitó información oficial de las autoridades ambientales de los cuatro países. ¿Qué encontramos? En Perú y Colombia, más de 200 procesos sancionadores por infracciones ambientales contra 72 petroleras en los últimos diez años. En Ecuador y Bolivia, falta de transparencia o información incompleta de parte de las instituciones gubernamentales.

También pudimos detectar que las autoridades de Perú y Colombia han impuesto 169 multas y 14 de estos casos siguen activos. Puede revisar cada uno de los casos en la visualización.

Lamentablemente, los impactos ambientales no son el único problema. Está investigación muestra también cómo la actividad petrolera se ha expandido y se superpone con territorios indígenas y áreas protegidas ubicadas en la Amazonía de estos cuatro países. El análisis geoespacial nos permitió detectar más de 1200 casos en los que existe una superposición entre territorios indígenas y concesiones petroleras que puede llegar hasta el 100 por ciento.

Lea aquí cada una de las investigaciones trabajadas en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

 

Una década de multas

Diez pedidos de información a ocho oficinas estatales de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia permitieron armar la base de datos del especial ManchadosXelPetróleo. En algunos casos, la información no llegó completa y se insistió en las solicitudes; en otros simplemente no hubo respuesta o no se enviaron los nombres de las empresas sancionadas.

Con la información recibida del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el caso de Perú, y de Corporinoquia y Cormacarena, que supervisan la Orinoquía en Colombia, se estableció que en los últimos 10 años se han abierto 282 procesos sancionadores contra empresas petroleras por infracciones ambientales: 143 casos en Perú que involucran a 17 empresas y 139 en Colombia asociados a 56 compañías.

Hasta el momento las autoridades de ambos países han impuesto 169 multas a 36 petroleras —16 en Perú y 20 en Colombia— por afectar el medio ambiente durante sus operaciones. El monto total de estas sanciones económicas asciende a $55,327,451 dólares.  El 98,8% de este total se aplicó a empresas en Perú.

Según la información entregada por las autoridades ambientales de los dos países, las compañías Pluspetrol Norte (Perú) y Perenco en la Orinoquía colombiana registran el mayor número de procesos sancionadores y son las empresas más multadas entre 2011 y 2021. Una de las entregas de este especial revisa precisamente la operación de Pluspetrol Norte en la Amazonía peruana, una compañía a la que el OEFA le ha impuesto 73 sanciones y que tiene procesos judiciales pendientes con el Estado por intentar recurrir a la liquidación de la empresa y evadir así, según las autoridades, la remediación de las zonas afectadas por el petróleo. El caso de Perenco, la petrolera más sancionada por Corporinoquia, sus multas sobrepasan los US$169 mil dólares e incluyen afectaciones causadas a la población, así como a la flora y fauna principalmente en la región de Casanare, en la Orinoquía.

 

Perenco Colombia Limited registra un total de 27 procesos sancionadores y nueve multas que bordean los US$169,633. Le sigue la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., o simplemente Ecopetrol, con 20 procesos sancionadores y tres multas que suman US$110,167. En tercer lugar está Ingecoleos LTDA con tres procesos sancionadores y dos multas que suman US$68,815.

Es importante destacar que la información incluida en este informe consigna sólo los datos enviados por Corporinoquia y Cormacarena. Al cierre de esta publicación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) respondió al pedido de información ingresado en enero de este año sobre las multas y sanciones contra las petroleras que operan en la Amazonía de Colombia. La información entregada no está completa y no figuran los nombres de todas las empresas por lo que se ha ingresado un segundo pedido de información. Según el material entregado por ANLA, Perenco Colombia Limited y Ecopetrol lideran la lista de las empresas más multadas en la Amazonía en los últimos diez años.

En Perú, Pluspetrol Norte lidera la lista con 73 procesos, que se abrieron en los últimos diez años, y que derivaron en 72 multas que suman US$47,322,662. En segundo lugar está la compañía Maple Gas Corporation con 14 procesos, los cuales derivaron en 14 multas que ascienden a US$685,685 y en tercer lugar Petróleos del Perú – Petroperú, la empresa estatal del país con ocho procesos sancionatorios que terminaron en dos multas que suman US$ 4’959,033. Esta empresa tiene la multa más alta de toda la base de datos: US$4,956,772. Este monto impuesto por el OEFA en el 2020 fue por contaminación de agua y suelo en el Oleoducto Norperuano de Loreto.

La sanción contra Petroperú, la única petrolera estatal que figura entre las seis empresas más multadas de Perú y Colombia, es por una fuga de petróleo ocurrida en enero del 2019 en la región amazónica de Loreto. Según el expediente de este caso, el problema detectado en la tubería del Oleoducto Norperuano – Tramo II afectó la quebrada Numpatkain y algunos puntos del río Rojo. La OEFA indica que la petrolera estatal fue sancionada por vulnerar la normativa ambiental, pues no adoptó las medidas de prevención necesarias para evitar los impactos ambientales negativos en la flora, fauna y la salud humana. La compañía, según el expediente del caso, ha apelado la resolución sancionatoria y esta debe ser revisada ahora por el Tribunal de Fiscalización Ambiental.

Para el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos Orellana, las multas cumplen un rol disuasivo solo si son significativas. “Si las multas son muy bajas, simplemente se transforma en un costo del negocio.  El monto debe estar relacionado con la gravedad del problema y con la magnitud de la ganancia de estas empresas”, enfatiza. Asimismo, si estas no son acatadas y se judicializan indefinidamente, no funcionan. “Por eso las demoras no solamente generan pasividad, agravan los impactos y  generan pérdida de legitimidad y confianza en  el sistema  legal.  Ese es un gran costo que paga el Estado”, agrega.

Dentro de los 282 procesos sancionadores en Perú y Colombia, logramos detectar que por lo menos dos compañías petroleras operan en más de un país de la región. Perenco, por ejemplo, también está presente en Perú, a través de la empresa Peru Petroleum Limited, y tiene dos multas que suman $88,182 dólares por contaminación de agua, de suelo y afectación a la flora y fauna en el lote 67. Estas multas fueron impuestas en el 2017 y la última de ellas en junio del año pasado. Lo mismo ocurre con la compañía Frontera Energy, que tiene sucursales en Colombia, Ecuador y Guyana, y que hasta el 2021 manejó el lote 192 en Perú. Por esta operación acumuló cinco multas que ascienden a $516,049 dólares.

 

Vanessa Cueto, vicepresidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en Perú los requisitos para otorgar concesiones a empresas se basan más en las ofertas económicas que en la evaluación de sus buenas prácticas empresariales. “No solo sucede en hidrocarburos, sino en minería o infraestructura. Todavía falta establecer mecanismos para conocer los antecedentes de las compañías. Lo que pasa es que nadie quiere hacerse responsable de los pasivos ambientales”, indica. La información sistematizada por este equipo periodístico, precisa la experta, “da una visión integral del problema de nuestras fuentes energéticas, con miras al uso de energías más limpias”.

Aunque en este trabajo se ha podido explorar el problema en Perú y Colombia, quedan pendientes Bolivia y Ecuador. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Bolivia no respondió nuestro pedido de información y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador nos envió un listado de los derrames de petróleo registrados en los últimos diez años en la Amazonía del país que suman 1202, pero sin incluir a las empresas detrás de estos casos.

El ministerio del Ecuador precisó que todo operador petrolero está obligado a informar a la autoridad ambiental competente sobre un incidente en un plazo no mayor a las 24 horas de conocido el evento. Tomando esto en cuenta, señala el documento de respuesta, “el 80% de los derrames reportados corresponden a emergencias menores a cinco barriles y ocurridas dentro de las instalaciones con impermeabilización”, se indica.

En la matriz entregada por el mencionado ministerio se detalla el lote y la fecha de la infracción ambiental, sin embargo no se menciona cuáles son las empresas responsables de estos derrames ni los procesos sancionadores que se les abrieron. No obstante, a partir de la base entregada, se pudo establecer que el lote con más derrames fue el Bloque 57 Libertador operado ahora por PetroEcuador.

En el documento se especifica también que la causa principal de los derrames reportados en este bloque son “por fallas operativas dadas por corrosión interna de tubería”. A su vez indica la autoridad ambiental que “a fin de garantizar que no vuelvan a ocurrir eventos por la misma causa, se ha dispuesto el cumplimiento de los informes de integridad mecánica, cambios de tuberías, análisis preventivo y correctivo en tubería, que garanticen que no sucedan eventos por la misma causa”. No obstante, según la misma base, se registraron treinta derrames durante el 2020 y dos más en la primera mitad del 2021.

Pese a esta entrega parcial o nula de información, tanto La Barra Espaciadora en Ecuador como El Deber en Bolivia reportaron casos importantes que detectamos a partir de la superposición de lotes petroleros con territorios indígenas y ecosistemas sensibles. En el caso de Bolivia, exploramos la situación de las áreas naturales protegidas y hallamos que de 53 áreas protegidas —entre nacionales, departamentales y municipales—, 21 están superpuestas por bloques de hidrocarburos. Y en la Amazonía de Ecuador, viajamos hasta la comunidad de Sinchiurco donde funciona la plataforma Guanta 1. En este territorio indígena kichwa recogimos un historial de daños y negligencias de empresas desde la década de los 80, entre ellas Texaco, Petroamazonas, PDVSA y Petroecuador.

Naturaleza manchada

El análisis de la base de datos nos permitió establecer que el agua, el suelo y la flora fueron los recursos naturales más afectados en estos últimos diez años. En Perú se detectaron 45 casos asociados a daños ambientales al suelo, 24 a la flora y 20 al agua. Mientras que el daño a las fuentes de agua en Colombia está presente en 46 procesos y a la flora y suelo en 26 cada uno.

 

Los expedientes obtenidos nos permitieron tener detalles más específicos de estos daños al medio ambiente. Es así como en Perú, el rebose de tanques de petróleo, la fuga de crudo en tuberías y la mala disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos causaron los problemas ambientales mencionados.

En Colombia fueron sobre todo los derrames de petróleo los que afectaron ríos, cauces, concesiones de aguas superficiales o subterráneas; además de las irregularidades detectadas en los permisos de vertimiento de aguas residuales.

En toda la región Orinoquía, el punto de encuentro entre el Amazonas y los llanos del río Orinoco, compuesta por los departamentos Arauca, Casanare, Vichada y Meta, se registraron 139 casos, mientras que en Loreto 120.

Lo grave es que también se detectó que algunas de las empresas sancionadas figuran ‘en Liquidación’, como es el caso de Maple Gas Corporation del Peru S.R.L. y Pluspetrol Norte S.A., compañías que operan en territorio peruano. Esto podría convertirse en una vía para eludir sus responsabilidades, sostienen varios expertos.

"El problema es que si el privado no asume el costo, lo termina asumiendo el Estado”, dice Miguel Lévano, oficial de Oxfam Perú. Lévano resalta el caso de Pluspetrol en el Lote 192, donde la empresa no ha aceptado los 2.000 puntos de contaminación que el OEFA ha señalado que deben ser remediados.

Para Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo en Perú, “no podemos tolerar como país más casos como el del Lote 192”. La experta añade: “tuvimos una empresa que se retiró sin remediar y con un intento de liquidar la compañía para no hacerse cargo de la remediación”.

Aunque Vásquez resalta el hecho que se pudo interponer una medida cautelar para evitar esta falta de responsabilidad, señala que “en la medida que el Estado cumpla y haga cumplir la ley, la población irá recuperando la confianza en este tipo de actividad extractiva como el petróleo”.

Tierra tomada por el petróleo

El análisis geoespacial realizado en la Amazonía de los cuatro países, en base a la información de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG), detectó que 1647 territorios indígenas —entre comunidades, resguardos y reservas— son afectados por bloques de hidrocarburos. En el caso de las áreas protegidas son 52 —entre nacionales, departamentales y municipales— en Perú, Ecuador y Bolivia. En el caso de Colombia,  si bien no tiene áreas protegidas que se superponen con lotes petroleros, sí se ven afectadas 70 reservas forestales en la Amazonía.

Asimismo, más del 76% de las comunidades indígenas superpuestas tienen un traslape con bloques petroleros que llega al 100% en los cuatro países. Y en el caso de las áreas protegidas en Perú, Ecuador y Bolivia, este asciende a un 30,7%.

Observar esta información en un mapa permite tener una idea más clara de cómo los lotes petroleros se expanden sobre el verde intenso de la selva. Y esta situación se vuelve más compleja cuando se recogen los testimonios en campo: muchas comunidades y resguardos indígenas denuncian que no tuvieron procesos de consulta previa antes de realizar actividades sobre sus tierras y muchos menos se socializó la demarcación de estos bloques con estos pueblos.

Aunque en todos los países esta superposición es legal, los expertos consultados señalan que sienta un mal inicio en la relación entre el Estado, la empresa y las comunidades. Lissette Vásquez, adjunta de la Defensoría del Pueblo en Perú, comenta que el 20% de los conflictos sociales en el país corresponden a actividades de hidrocarburos. “Si solo consideramos los conflictos que están activos, esta cifra asciende a 24% y la mayoría se encuentra en la Amazonía”, agrega.

 

Para Pedro Tipula, geógrafo del Instituto del Bien Común (IBC), las normas son claras. “La ley (de consulta previa) es concreta y cuando vas a afectar derechos no solo territoriales, sino humanos, tiene que hacerse la consulta a las poblaciones”, enfatiza. Vásquez indica que el problema comienza cuando se observa que la consulta es solo “una barrera burocrática más que superar”. Laura Montaño, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, comenta que, aunque la totalidad del bloque petrolero no será explotado —y  por ende no implicaría una afectación directa a los pueblos indígenas—, los proyectos de hidrocarburos se han desarrollado a 200 o 300 metros de distancia de las coordenadas de los territorios indígenas. “De esa forma, cuando piden ante el Ministerio del Interior la resolución que indica la presencia de comunidades indígenas, no se registra nada y no es necesario hacer un proceso de consulta previa”, señala. Pero cuando las fallas operativas suceden sobre fuentes de agua, inevitablemente, el petróleo los afecta.

 

Esta investigación transfronteriza es coordinada por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia; La Barra Espaciadora de Ecuador y el diario El Deber de Bolivia.

Edición general: Alexa Vélez. Editores: María Isabel Torres y Antonio Paz. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo y Vanessa Romo. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Gloria Alvitres, Enrique Vera, Cristina Fernández, Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez (Mongabay Latam); David Tarazona, Angie Garay, Valeria Báez, Andrea Rincón y Nicolás Sánchez de Cuestión Pública en Colombia; Pilar Puentes y Catalina Sanabria de Rutas del Conflicto en Colombia; Diego Cazar Baquero y Ana Cristina Alvarado de La Barra Espaciadora en Ecuador e Iván Paredes y Nelfi Fernández de El Deber en Bolivia. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias, Daniel Gómez, Carlos Mazabanda de Todos los Ojos de la Amazonía y Eduardo Mota García. Producción audiovisual: Estudio Androide y Christian Ugarte. Historias gráficas: Kipu Visual. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero. Ilustración de portada: Kipu Visual.

Actualizado el: Mar, 04/19/2022 - 13:26

Perenco es una compañía anglo francesa que posee más de tres mil pozos petroleros distribuidos a lo largo de 14 países. Sus actividades en Colombia iniciaron oficialmente en 1993, pero los activos de Aquitaine Colombia S.A que adquirió en la Cuenca de los Llanos estaban en operación desde los setentas. En 2014 la empresa también compró Petrobras, incluyendo 11 bloques de exploración y producción en tierra. Así, con los años, Perenco se ha abierto camino en el país, llegando a producir hasta 21 mil barriles de petróleo por día calendario.

Según datos otorgados por Corporinoquia, debido a daños al medio ambiente la empresa ha sido sancionada con multas monetarias que superan los 547 millones de pesos colombianos, lo que actualmente equivale a más de 144 mil dólares. Los tipos de afectaciones ambientales por las que estas multas se dictaron tienen que ver con contaminación del suelo, vulneración a la normativa ambiental y desvíos o acaparamiento de agua.

La de mayor valor fue por alrededor de 47 mil dólares. El 2 de agosto de 2019 Corporinoquia emitió un fallo en instancia final penalizando a Perenco por afectación al recurso hídrico, pues habría vertido aguas residuales y captado aguas subterráneas para uso doméstico en la Hacienda Guarataro, cerca al casco urbano de Yopal.

Hernán, cuyo nombre fue cambiado para mantenerlo en el anonimato y garantizar su integridad, es un accionante popular formado en temas medioambientales que ha sido perjudicado directamente por Perenco. En sus tierras se encuentran varios pozos petroleros que, según él, han afectado el aire de su finca. El olor a hidrocarburos es bastante fuerte y perceptible debido a la quema de gas que sale de los pozos profundos a través de una tubería. Además, los generadores producen tanto ruido que a pesar de que Hernán ha pedido que se ponga una barrera auditiva con árboles, señala que Perenco no ha tomado la iniciativa.

Por otra parte, la construcción de una pista de aterrizaje sobre el cauce hídrico del caño tradicional y popularmente conocido como “Mojaculos” ha envenenado el agua con el crudo que se saca de cada pozo y se transporta. “Se llenan los canales perimetrales de químicos y en invierno, con la lluvia, se rebosan e inundan mis tierras. Eso me ha ocasionado pérdidas de cultivos de arroz, plátano, yuca, todo. También muchas otras fincas se alimentan del caño y cuando llega el agua, está contaminada”, expresa. 

Según él, esta pista de aterrizaje construida en los 90 por Perenco también ocasionó la pérdida de fauna en zonas aledañas al municipio de Aguazul. “Iguanas, venados, especies de río nativas como las guavinas o los curitos practicamente han desaparecido, ya no se ven. El cambio ha sido impresionante”, sostiene.

 

La defensa por el territorio

La Fundación La Palmita es una organización que nació en el municipio de Trinidad. Desde hace ocho años trabaja en la Orinoquia y se está expandiendo hacia la región amazónica. Esta organización se enfoca en el reconocimiento de la biodiversidad, los mercados verdes, el fortalecimiento de capacidades ambientales comunitarias y programas de manejo de recursos hídricos. También tiene un grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencias de la Tecnología y la Innovación. 

Su directora, Carolina Mora, afirma que Perenco ha sido una de las empresas más antiguas y estables en el Casanare. La mayoría de sus pozos petroleros han permanecido bajo su concesión, a diferencia de otros que adjudica la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y que con el tiempo son vendidos entre distintas compañías. Perenco ha sido la excepción porque es la única petrolera de Casanare que tiene oleoducto.

En el departamento la compañía ha firmado varios contratos, uno de ellos llamado Yalea. Otros cinco han sido de colaboración con Ecopetrol, denominados Casanare, Estero, Garcero, Corocora y Orocué. Con la ANH, la empresa tiene tres convenios por los bloques Oropendola, Balay y Cerrero. Según el Atlas de Justicia Ambiental, la adjudicación de varios de estos campos petroleros por parte de la ANH ha generado gran impacto en el departamento. 

Ante ello distintas comunidades se han organizado por la defensa del territorio. En noviembre de 2018, por ejemplo, indígenas del Resguardo El Duya se declararon en resistencia pacífica por la falta de reparación y respuestas de Perenco frente al derrame de petróleo en el caño Ocumo, municipio de Orocué, ocurrido en 2014. Esta fuente hídrica servía de sustento para la comunidad indígena y el crudo la contaminó. Según relató el medio local Prensa Libre Casanare, el derrame pudo deberse a la acumulación de gases en la tubería que terminaron presurizándola.

 

Por su parte, desde el 15 de diciembre de 2020 y durante varias semanas, habitantes de los municipios Trinidad y Paz de Ariporo se reunieron para protestar en contra de Perenco e impedir el acceso a su bloque petrolero ‘Caño Garza’, de fuerte influencia en la zona y que ha estado activo por alrededor de 40 años. Esta fue la medida a la que tuvieron que acudir, pues aseguraron que Perenco no había atendido a sus quejas y solicitudes.

Con arengas como “no hay escasez de recursos, hay escasez de conciencia”, decenas de familias exigieron el pago de compensaciones por modificación del paisaje. Alejandro López, diputado de la asamblea del Casanare, explica que durante la construcción de vías cercanas al bloque petrolero ‘Estero A’, ubicado en la vereda Centro Gaitán, Paz de Ariporo, se perjudicó el hábitat de muchas especies como el Hydrochoerus hydrochaeris, el chigüiro. 

Carolina Mora y el diputado López concuerdan en que el problema es que las petroleras toman decisiones con sus consultores y expiden licencias desde Bogotá sin tener en cuenta las necesidades del territorio. “Las comunidades buscamos que esas inversiones se hagan pero que no se construyan afuera en un escritorio, sino que sea de manera conjunta. Ese es el llamado que se hace en los paros y manifestaciones”, expresa la directora de la fundación. 

Tal como cuenta Hernán, desde 2002 existen los Autos de Requerimiento expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con los cuales se hace un recuento de las infracciones al cumplimiento ambiental ICA y se les da término a las empresas para solucionar sus problemas. “Los de Perenco, desde el primero hasta el del 2020, todos dicen lo mismo: riego de material contaminado, utilización de pozos como desagüe, falta de permisos, etcétera. Ahora tienen cuatro procesos abiertos, pero ahí siguen, no pasa nada”, afirma.

 

Falta de voluntad

Alejandro López también menciona que las empresas, por voluntad propia, no responden por sus acciones, mucho menos si el Estado no hace presencia en el territorio y no hay autoridades ambientales que las supervisen y sancionen. Un caso es el del 18 de mayo de 2017, cuando se dio un vertimiento de petróleo de Perenco en la vereda Sirivana, en Nunchía. Caracol Radio informó que, por el presunto desgaste en la infraestructura y su falta de mantenimiento, se rompió el tubo del oleoducto entre las estaciones Barquereña y Araguaney.

Aunque la compañía debió informar sobre el suceso dentro de las 24 horas siguientes al mismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comunicó que Perenco lo reportó a Corporinoquia y a la ANLA hasta cuatro y cinco días después de lo ocurrido. Tal como relata Caracol Radio, la lluvia de esos días hizo que el petróleo se esparciera aún más y llegara hasta el caño El Espino. Aunque en la zona no habitaran tantas familias, el agua para su uso y sus cultivos de arroz se perjudicaron. Entre más tiempo transcurre sin que se informe y se contenga el problema, más graves pueden ser las afectaciones. 

Trabajo no hay, indemnización tampoco

La manifestación de Trinidad y Paz de Ariporo en 2020 también se refirió a las afectaciones sociales por parte de Perenco. “Que llegue una industria de hidrocarburos a una región netamente ganadera y campesina, indudablemente impacta el relacionamiento entre comunidades. Empiezan a haber disputas por las ganancias que deja este tipo de empresas, cambia la forma de pensar la vida y hay conflictos por las pocas oportunidades que se les da a la gente”, sostiene Alejandro López.

En 2014, por ejemplo, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Tesoro de Bubuy, Milton Cárdenas Sanabria, interpuso una queja en contra de la empresa ante el Ministerio de Trabajo, pues aseguraba que Perenco no estaba cumpliendo los acuerdos de contratar a personas, estuviesen calificadas o no. Como se lee en el documento de la reclamación, le correspondía al Tesoro de Bubuy un 50% del personal, a Coralia el 30% y a Salitico el 20% restante, todas ellas veredas del municipio de Aguazul que están en el área de influencia de la petrolera. Hernán cuenta que en 38 años Perenco no ha patrocinado la formación profesional de ningún habitante del Tesoro de Bubuy para que trabajen en su empresa.

La Fundación la Palmita tampoco ha podido obtener contratos con ninguna compañía de hidrocarburos. Aunque esta sea de la zona, de una familia casanareña y con reserva natural, no se le ha dado la opción de trabajar en el sector de compensaciones ambientales. “Las petroleras tienen intereses propios y es muy difícil mediarlos. Nosotros reconocemos que las personas de la región tienen un conocimiento igual de valioso que el de quienes llegan y entre todos podemos buscar la mejor manera para solucionar necesidades. Las empresas tienen que hacer propuestas construidas con las comunidades desde el ámbito técnico, científico, financiero, de gobernanza, etcétera. Deben tener en cuenta a las organizaciones y empresas locales y contratar gente del territorio”, menciona la directora.

La inversión social, con la que se remunera a la gente por el hecho de que las actividades industriales se desarrollen en su territorio, está regulada por el acuerdo 005 del 2011, emitido por la ANH. En un inicio se daba de forma voluntaria, pero ahora es obligatoria: “Todas las petroleras están corriendo a invertir porque les toca o los multan, y terminan debiéndole más al país”, dice Carolina Mora. A pesar de esto, de acuerdo con el portal periodístico Martha Cifuentes, Perenco no cumplió con los pagos a la comunidad que debía entregar en los municipios de Trinidad y Paz de Ariporo entre 2014 y 2016. 

Además Mora afirma que, como Perenco posee oleoducto propio, no aporta al mantenimiento de vías y no solicita un servicio de transporte a la comunidad como si lo hacen otras petroleras. Las veredas, cansadas de que no se les tenga en cuenta para tomar decisiones sobre las actividades que les afectan como territorio, tomaron la decisión de hacer la mencionada movilización a finales de 2020. Una de las solicitudes del pliego presentado en la mesa de concertación entre Perenco y la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo contempla un pago anual por parte de la empresa de  570 salarios mínimos, lo que en la actualidad sería equivalente a aproximadamente 152 mil dólares, para distribuirlos en estas zonas afectadas.

Después de 44 días de manifestación pacífica se pudo llegar a algunos acuerdos y compromisos que la petrolera ha cumplido parcialmente. Por ejemplo, mejoró la vinculación de mano de obra local. “Esto se logró gracias a mucha presión social, no ha sido fácil. De cierto modo ganó la comunidad porque luchó por exigir equidad social y se unificó en torno a un extraño, a un mal vecino como lo es Perenco”, asegura López.

 

¿Nexos paramilitares?

En sus declaraciones ante la justicia, Nelson Vargas Gordillo, ex integrante de las Autodefensas Unidas del Casanare, señaló a Perenco de apoyar y financiar al grupo armado. Según cuenta El Espectador, Vargas afirmó que entre 2001 y 2002 la empresa les aportaba mensualmente a los paramilitares barriles de gasolina, les colaboraba en la restauración de vías y les pagaba 500 mil pesos por cada camión de crudo que escoltaran. Tras la primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2016, se exhortó a la Fiscalía para investigar a la empresa por nexos paramilitares. 

Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, señalado como narcotraficante y presunto jefe de finanzas del Bloque Centauros, testificó: “me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales (…) yo le manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se los fuera a tomar. Acordamos con ellos que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual, eso fue un recurso que dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera, en un municipio que se llama Paz de Ariporo”.

En 2015 el líder ambiental de Trinidad, Daniel Abril Fuentes, fue asesinado por actores armados no identificados. Según ha documentado Rutas del Conflicto, el crimen podría estar relacionado con el liderazgo de Abril frente a procesos que buscaban comprometer a las empresas petroleras Ecopetrol y Perenco en cuanto a sus perjuicios al territorio. A pesar de estos hechos y testimonios, Perenco no tiene sentencias por parte de la Fiscalía y sigue operando con normalidad en el Casanare.

 

• Rutas del Conflicto envió un derecho de petición a Corporinoquia para obtener información sobre comunidades afectadas y las resoluciones de sus multas a Perenco. Sin embargo, la respuesta no fue detallada ni profunda. La entidad envió una tabla de datos con los que ya se contaba.

• Rutas del Conflicto buscó por distintos medios lograr una entrevista con Perenco pero no se logró establecer contacto con ningún funcionario de la empresa.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:35

Por: Natalia Brito y Pilar Puentes *Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

La comunidad de Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, ha sufrido la disputa entre las disidencias de las extintas estructuras 15, 32 y 48 de las Farc por el control de las zonas donde se cultiva coca y por las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. Mientras sus vidas están en riesgo por las acciones de los hombres armados, también ven cómo la selva amazónica se deforesta. 

En su informe de 2021, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que después de Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo tuvo la mayor tasa de tala en el departamento con ​​1067 hectáreas de bosque perdido en 2020.

Camino al bazar donde el 28 de marzo fueron asesinadas 11 personas en Puerto Leguizamo 

 

Los habitantes de la zona denuncian que la respuesta del Estado para controlar el territorio de las actividades del narcotráfico y de la deforestación ha sido solo militar. Los campesinos e indígenas del pueblo kichwa se han enfrentado con la Fuerza Pública por la erradicación forzada de cultivos de coca.

En voz de Gerardo Jumi Tapia, consejero general de la Organización Nacional Indigena de Colombia (ONIC), la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) —que promueve la sustitución voluntaria y manual de marihuana, amapola y coca, mientras se ofrecen proyectos que combatan las condiciones de pobreza y marginalidad de los campesinos—, ha sido ineficaz pues las comunidades se sienten solas y a merced de los grupos armados.

En este contexto fue que el 28 de marzo de 2022, tras un operativo del Ejército Nacional,  fueron asesinados el presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso, Didier Hernández y su esposa; la autoridad indígena kichwa, Pablo Panduro Coquinche, del resguardo Bajo Remanso y ocho personas más. Ese mismo día, la comunidad se vio obligada a desplazarse de la vereda el Alto Remanso a la cabecera municipal de Puerto Asís, debido al temor que genera la presencia de grupos armados ilegales e, incluso, las acciones militares del Estado.

Familiares de las víctimas mortales y testigos de los hechos se han negado a contar su versión ante los medios por miedo a ser identificados y que se tomen represalias contra ellos. Lo que pasó en Puerto Leguízamo es tan grave que las organizaciones indígenas como ONIC y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) han denunciado que las acciones del ejército fueron una masacre y un caso de “falsos positivos”.

Integrantes de la comunidad escribieron lo que sucedió con la intención de presentarlo ante las organizaciones defensoras de derechos humanos.

¿Qué pasó el 28 de marzo?

Aquel lunes, alrededor de las 7 de la mañana, el Ejército Nacional inició un operativo militar contra supuestas disidencias de la guerrilla de las FARC conocidas como ‘La Segunda Marquetalia’, en la  zona rural del municipio de Puerto Leguízamo. Su objetivo era capturar a alias ‘Bruno’ y alias ‘Managua’, comandantes financieros del Frente 48, encargados de la comercialización de droga.

 

La comunidad llevaba tres días de actividades para recolectar fondos cuando fueron sorprendidos por el Ejército en una operación militar.

 

Sin embargo, días después se conocieron otras versiones de lo que pasó en la vereda del Alto Remanso: tanto organizaciones indígenas, redes de derechos humanos, testigos de los hechos y familiares de las personas asesinadasempezaron a denunciar, a través de medios de comunicación y redes sociales, que lo sucedido en la caseta de Acción Comunal fue “una masacre perpetrada por el ejército”. “Lo que sucedió aquí fue una masacre. Un acto desproporcionado contra civiles en medio de una celebración”, le dice Óscar Daza, coordinador de derechos humanos de la OPIAC a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

 

 

 Primera denuncia pública. Red DDHH Putumayo.

En la tarde de ese lunes 28 de marzo, la OPIAC denunciaba las irregularidades en la operación militar mientras que el Ejército Nacional le hablaba al país de 11 bajas de disidencias de las Farc y cómo este operativo era un fuerte golpe para el grupo armado. Tras las denuncias, el ministro de Defensa, Diego Molano, reafirmó que realizaron el operativo según los protocolos necesarios para estas acciones, porque habían detectado a hombres armados en el bazar que ese día se realizaba en la vereda. 

“Todo el mundo sabía que estaban en una celebración. Todo el corregimiento estaba reunido para juntar dinero para las actividades de la Junta de Acción Comunal. Se había hecho una convocatoria días atrás. Se sabía que había civiles en el lugar”, afirma Daza.

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo Gonzalez, afirmó que, según los testigos y la información recogida durante estos días, el ejército entró disparando sin ninguna consideración en contra de la gente que estaba en una fiesta. “Se necesita una intervención del Estado para que no se siga oscureciendo el panorama y una investigación que cuente con una misión internacional para que no se convierta en otro hecho de impunidad”, resaltó. 

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam hablaron con varias fuentes en Puerto Leguízamo. Muchos decidieron desplazarse de la vereda por miedo a verse en medio de nuevos episodios de violencia. Para las organizaciones sociales también ha sido complejo recolectar toda la información necesaria para exigir una comisión internacional y un panorama que aclare lo sucedido en Alto Remanso, porque no saben dónde se encuentran muchas de las personas que presenciaron los hechos y otras se niegan a hablar. 

Tras nueve días del ataque armado, no se sabe cuántas personas están desaparecidas ni cuántos se desplazaron o dónde están. La población tiene miedo. “No hay dato exacto de desaparecidos. En este momento estamos pidiéndole a todas las juntas que, al interior de sus veredas, hagan una especie de censo para mirar quién falta”, dice Yury Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos. 

 

Un habitante de la vereda grabó este video compartiendo en el bazar unos minutos antes de la llegada del Ejército

¿Guerra contra el narcotráfico o contra campesinos cocaleros? 

“Nosotros no somos narcococaleros. Somos campesinos que, por las precarias condiciones económicas, sembramos y cultivamos la hoja de coca”, enfatiza Argemiro Hernández, padre de Didier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal y quien fue asesinado en la caseta comunitaria donde se llevaba a cabo una actividad grupal.

El hombre relata que Didier se desempeñaba en labores de carpintería y construcción de casas en madera. Había llegado desde su natal Florencia, departamento de Caquetá, hacía un año y medio con la intención de vincularse a los proyectos de construcción de la vereda. Allí, en vista de las malas condiciones de vida de la zona, decidió participar de las acciones organizativas de la comunidad hasta que, el pasado mes de marzo, fue nombrado presidente de la Junta de Acción Comunal. 

Jonier, hermano de Didier Hernández, relata que “era un hombre muy espontáneo y un buen orador en público. Le gustaba mucho el deporte y por eso quería recoger fondos para reparar el Polideportivo”. De hecho, el día de la masacre se había organizado un bazar para recaudar dinero. “También se estaban recogiendo ayudas para las familias y personas de la comunidad que se ven afectadas por las constantes inundaciones”, dice su padre. 

Horas después de la masacre, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) llegó al lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos y la correspondiente investigación. Testigos de los hechos denunciaron que el Ejército tuvo retenidos a los sobrevivientes y a varios habitantes de la zona durante varios minutos. “Cuando llegué allá, los sobrevivientes estaban acostados contra el piso con las manos atrás. Cuando mi esposa llegó a ver a mi hijo [Didier Hernández], vio que los tenían en bolsas, en hamacas y amarrados”, denuncia Argemiro Hernández al referirse al maltrato en el procedimiento realizado por la dirección de la fiscalía y el ejército. 

Estas irregularidades denunciadas ante medios de comunicación y la comunidad internacional son las que han puesto en duda la legitimidad de la operación de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el narcotráfico. 

Fuentes testimoniales y expertas, que por razones de seguridad no quisieron dar su nombre, no solo señalan que esto se trata de un caso de “falsos positivos” —nombre que reciben los asesinatos extrajudiciales cometidos por las Fuerzas Armadas con el objetivo de presentar resultados en sus enfrentamientos contra las guerrillas o carteles del narcotráfico—, sino también de la evidente ineficacia de la implementación del PNIS. 

Yuri Quintero, lideresa defensora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos, en diálogo con el diario El Espectador señaló que “no se han cumplido las condiciones a las familias que se vincularon al programa y por eso han seguido con la hoja de coca, que es el principal cultivo en la zona, lo que los sigue haciendo víctimas de la reconfiguración de los actores del narcotráfico”. 

Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento de la Amazonía A la Orilla del Río le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que “la coca salva del hambre a la gente. Si no fuera por ella, durante la pandemia hubieran muerto centenares de campesinos”.

Un habitante de la región, que por razones de seguridad prefiere no ser identificado, enfatizó en repetidas ocasiones que “este es el resultado del olvido del Estado, que no reconoce a los campesinos e insiste en señalarlos de narcotraficantes. Hace unos meses, del gobierno vinieron y me arrancaron mi cultivo, pero nunca nos dieron algo para sembrar que realmente nos permitiera subsistir”.

La ONIC denuncia la poca voluntad del gobierno de Iván Duque en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente los puntos de sustitución de cultivos de uso ilícito. “Las comunidades iniciamos de manera voluntaria y manual la sustitución, que era el compromiso del Acuerdo. Eso no se está llevando a cabo y pareciera que la paz no se hubiera firmado. Pareciera que la guerra continúa y se ha incrementado”, afirma Gerardo Jumi Tapias. 

Tan solo tres días antes de lo sucedido, el 25 de marzo de 2022, Fernando Londoño, director del PNIS, denunció que grupos ilegales estarían amenazando a los campesinos para que vuelvan a los cultivos ilícitos. Actualmente, en Putumayo hay 20 300 familias inscritas en el programa y 20 000 hectáreas sembradas con coca, según datos aportados por Londoño. 

La lucha por el territorio quedó huérfana

Pablo Panduro venía de una familia de liderazgo indígena y pasó por todos los cargos dentro del resguardo kichwa Bajo Remanso. Fue secretario y tesorero hasta que, en enero de 2022, llegó a ser el gobernador. Como relatan varias personas que lo conocieron, su lucha se centraba en el cuidado ambiental y en la concepción del territorio. “El gobernador siempre estuvo interesado en el cuidado del agua. Su muerte significa la interrupción de los sistemas espirituales, de los sistemas de gobierno que cada día intentamos fortalecer. Su muerte los interrumpe y los retrocede”, comenta Óscar Daza. 

Panduro llevaba tres semanas organizando el bazar en el que se dieron los asesinatos. Necesitaban recolectar  dinero para el mantenimiento del parque, el polideportivo y la escuela de la vereda. 

Aunque no se conocían alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y tampoco la comunidad denunció que estuvieran en peligro tiempo atrás, la presencia de grupos armados dedicados al narcotráfico los pone en la mira, tanto de los ilegales como del propio ejército. “Nosotros no volvimos a cazar para que no nos vieran con armas y dijeran que éramos de este grupo o de este otro”, afirma un habitante de la vereda Alto Remanso. 

La muerte violenta del gobernador significa, según dicen los indígenas, un momento de crisis para el resguardo. Necesitan elegir un nuevo líder que los represente en medio del desplazamiento de la comunidad, la incertidumbre, el miedo y la violencia. Para Gerardo Jumi Tapias, la muerte de un indígena, y sobre todo de un gobernador, es un golpe a la supervivencia de un grupo minoritario en riesgo, además de una gran pérdida cultural. Según Indepaz, en lo que va del 2022, ocho líderes y firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados en Putumayo y se han perpetrado tres masacres en Puerto Leguízamo  que han cobrado la vida de 20 personas. 

Los señalamientos al gobierno

El mismo día del operativo militar, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció a través de Twitter que el operativo no fue contra campesinos sino contra disidencias de las FARC. “No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a los colombianos”, dijo Molano. Posteriormente, el Presidente Iván Duque reafirmó la versión diciendo que se incautó armamento correspondiente al Frente 48. 

Sin embargo, las múltiples pruebas aportadas por las redes de derechos humanos pusieron en duda esta versión. En los videos y fotografías se observa cómo las personas departían alrededor de la música, la comida y las bebidas en la caseta comunal. Debido a esto, la OPIAC ha declarado en sus redes sociales, e insiste, en que se puede tratar de un nuevo caso de “falsos positivos”. 

El general que confirmó la operación, Édgar Alberto Rodríguez, comandante del Comando Conjunto No. 3 del suroriente del país, tiene antecedentes en casos de ejecuciones extrajudiciales entre julio de 2006 y diciembre de 2007. Esta información fue denunciada en el 2020 por los senadores Antonio Sanguino, Feliciano Valencia e Iván Cepeda, quienes mencionaron la participación de Rodríguez en 63 ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, un experto de la División de las Américas de Human Rights Watch habla de siete ejecuciones en 2006 y 25 en 2007. 

Andrea Giménez, representante del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH), en diálogo con el medio RCN Radio, aseguró que en el informe que entregó esta organización a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había documentadas 50 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas cuando el entonces teniente coronel Edgar Alberto Rodríguez Sánchez fue comandante del batallón Magdalena. Por estas implicaciones, el hoy general Rodríguez, fue citado por la JEP a rendir versión dentro del Subcaso Huila de “falsos positivos”. 

“Los militares de Colombia le están mintiendo al país y no quieren reconocer que han hecho un falso positivo, dejando víctimas con esa acción criminal y con esa masacre que se acaba de cometer”, afirma Óscar Daza, dirigente de la OPIAC.

Tanto la Red de Derechos de Humanos de Putumayo, la ONIC y la OPIAC estuvieron en el lugar de los hechos recolectando pruebas e información. Se espera que en los próximos días entreguen un informe a los entes de control y a la comunidad internacional en busca de la verdad. “Es fundamental poder decirle al Gobierno Nacional y a las instancias internacionales que hay comunidades en riesgo, que hay comunidades abandonadas y que, en consecuencia de eso, hay civiles muertos, líderes y representantes indígenas asesinados, personas desaparecidas. Eran civiles, eran habitantes de la comunidad y no hacían parte del conflicto, no eran personas armadas. No pertenecen a un grupo”, afirma Yuri Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos.

 

Actualizado el: Jue, 04/07/2022 - 11:27

Por La Liga Contra el Silencio

Una madrugada de junio de 2021, Luis Antonio Mendoza, un indígena uwottüja de 34 años, junto a su esposa, sus tres hijos y otras cinco familias abandonó la comunidad Pendare en el municipio de Autana, en el Amazonas venezolano. Huían de los hombres armados que tres años atrás habían invadido su territorio, una pequeña isla en lo profundo de la selva. Cada día temía por la integridad de todos.

“La opción era huir o morir”, dice ahora Mendoza, quien se negó a ser reclutado por los grupos ilegales. Por eso fue amenazado de muerte y recibió un ultimátum.

Las trochas ilegales son las más utilizadas por los indígenas para salir por el río Orinoco y cruzar a poblaciones colombianas. Este paso está en la comunidad indígena Albarical, en el municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: Mickey Véliz.

En varias regiones de Venezuela migrar es la única opción para huir de la crisis social y económica. Pero un nuevo ingrediente está expulsando a cada vez más indígenas que cruzan las fronteras: la presencia de grupos externos que ahora son la autoridad de facto. De Colombia llegaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC; desde Brasil, los llamados “garimpeiros” o mineros ilegales armados.

Según recuerda Mendoza, aquella madrugada tomaron el río y atravesaron la selva hasta Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. De ahí salieron a Betania de Topocho, donde permanecieron dos días en casa de unos parientes. Luego, siempre de madrugada, cruzaron el río Orinoco por una trocha muy concurrida en la comunidad de Puerto Lucera, hasta llegar a Puerto Carreño, en Vichada; un departamento fronterizo con más de 72 pasos irregulares, según información de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

“Más de dos semanas pasando hambre y frío. Lo hice por mi familia”, dice Mendoza vía telefónica desde Cumaribo, otro municipio de Vichada donde vive ahora. “Muchas familias pasan por lo que yo viví y el gobierno no hace nada. En la zona hay militares, pero son cómplices de la guerrilla”, sostiene.

En el camino, cuenta Mendoza, se encontró a mucha gente de otras comunidades que huía por la misma razón, pero sin un rumbo fijo. Eran indígenas que no hablaban español, con niños deshidratados y descompensados por el hambre. Según Mendoza también hay hombres y mujeres que han muerto a manos de “la guerrilla” por negarse a trabajar para ella. Los casos, dice, son desconocidos porque las familias de las víctimas temen denunciar.

Entre las comunidades indígenas amazónicas que están siendo afectadas por la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios están: uwottüja, jivi y yanomami. La imagen fue tomada en la comunidad indígena Bambú Lucera, municipio de Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: José Torres.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, en la alerta temprana 005-21 de marzo de 2021, había advertido el fortalecimiento de los grupos armados ilegales y el aumento de su presencia en Vichada y los estados venezolanos Apure, Amazonas y Bolívar. “En especial situación de riesgo se encuentran los pueblos indígenas que residen allí y los que transitan entre la frontera colombo-venezolana, como también sus autoridades tradicionales”, decía el reporte.

Casi un año después de esa advertencia, en enero de 2022, una nueva oleada de desplazados desde Apure, Venezuela, se registró en Puerto Carreño debido a las confrontaciones entre el ELN y el Frente Décimo de las disidencias de las FARC. En ese momento la Defensoría registró 936 personas como víctimas de desplazamiento forzado. El 55 % correspondía a indígenas migrantes, el 42 % a campesinos migrantes y solo el 3 % a colombianos.

El momento más álgido de la llegada masiva de venezolanos ocurrió entre enero y febrero, y aunque los números han bajado, el tránsito continúa. “Hay un escenario de riesgo aún latente”, explica una fuente del área de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Puerto Carreño. Esa oficina cuenta hasta hoy 1.891 personas registradas en el casco urbano y en las zonas rurales de Puerto Murillo, La Venturosa y Aceitico. “Nosotros teníamos migración, pero no masiva. Era población flotante, pero la que está llegando ahorita con temor busca una permanencia en el territorio”, dice la fuente. El panorama en Puerto Carreño, un municipio pequeño, es complejo. Allí han intentado ayudar con el apoyo de organismos internacionales, pero la infraestructura local “está desbordada” en su oferta de salud y educación.

En el estado venezolano de Amazonas, que limita con Bolívar, donde está el llamado Arco Minero, no han ocurrido enfrentamientos entre grupos ilegales colombianos. La dinámica allí es otra. El ELN y facciones disidentes de las FARC “coexisten”, dice la Defensoría en su alerta. En Puerto Carreño, mientras tanto, hay “una relación de cooperación en la zona de frontera y al interior de Venezuela (...) Esta cooperación permite el control social, las extorsiones, el contrabando, la minería y el narcomenudeo”.

Unos 13.000 indígenas de Amazonas han salido hacia Colombia y Brasil desde 2019 por la crisis económica y la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, según información de la organización no gubernamental Fundaredes. Foto: José Torres.

La invasión

Desde al menos 2019 se evidencia el fortalecimiento de los grupos ilegales: existe un mayor despliegue de su capacidad logística y de expansión territorial a ambos lados de una frontera, entre ríos y selva, por corredores propicios para el narcotráfico, el contrabando, y la minería ilegal (oro y coltán, principalmente), que se van extendiendo por territorios indígenas. 

Más al sur de los tradicionales focos de violencia reciente (Apure-Arauca, Táchira-Norte de Santander) hay otras regiones afectadas, como el estado Amazonas, también fronterizo, donde habitan unos 20 pueblos indígenas. Algunas trochas aledañas al río Orinoco, como la zona de Bambú Lucera, al norte, son utilizadas por los indígenas para cruzar a Puerto Carreño. Allí los habitantes admiten con miedo la presencia de irregulares colombianos. “Prácticamente este ya es su territorio, porque hay que pedirles permiso para estar aquí, donde tienen sus campamentos y hacen los que les da la gana. La Guardia Nacional está al tanto y no han hecho nada”, dice una mujer uwottüja. “Mucha gente se ha ido porque se ha negado a trabajar con ellos y temen por su vida”, cuenta.

En otra zona, en Albarical y Provincial, un indígena jivi dice que a diario ve pasar a más de 30 personas que huyen de la crisis económica. “Ahora la guerrilla hace de las suyas. Nadie vive en paz”, denuncia.

“Los pueblos indígenas amazónicos tienen un profundo arraigo con sus territorios, con su núcleo familiar y sus formas de vida comunitaria. Esta nueva experiencia de desplazarse hacia otro país les es extraña e incómoda, pero han tenido que adoptarla”, señala el informe “Migración y desplazamiento de poblaciones indígenas de la Amazonia venezolana hacia Colombia”, del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía, GRIAM.

Luis Betancourt, investigador de esa institución, dice que al menos 3.791 indígenas de diferentes pueblos han cruzado la frontera y han sido registrados en Puerto Carreño. También advierte que los números son referenciales, porque muchos indígenas pasan por trochas ilegales y están en zonas sin estadísticas. Betancourt señala que las ayudas de organismos internacionales en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, en Venezuela, se concentran ahí. “La capital representa el 6 % de la entidad, mientras que el 94 % lo conforman los seis municipios restantes y es donde está la mayor población indígena, la que está huyendo de los grupos armados”, explica.

Si bien la reciente ola migratoria hacia Vichada provino del enfrentamiento entre el ELN y disidencias de las FARC en Apure, indígenas del Amazonas venezolano han estado saliendo desde hace cinco años hacia ese departamento y también hacia Guainía. Según José Mejías, coordinador de la organización no gubernamental Fundaredes en Amazonas, desde 2019 casi 13.000 indígenas (jivis, uwottüja, yeral, yekuana, sánema y yanomami) migraron hacia poblaciones fronterizas de Colombia y Brasil para buscar mejores condiciones de vida y huir de las amenazas. 

Para 2022 las cifras podrían aumentar, según las proyecciones que hace Fundaredes. “La migración de indígenas (...) ya no solo es por el hambre o la situación económica, sino por la amenaza de los irregulares, quienes están amedrentando a nuestra gente para apoderarse de sus territorios”, dice Mejías. 

En noviembre de 2020 Fundaredes denunció ante el Ministerio Público que el frente “Acacio Medina” de las disidencias de las Farc, comandado por alias “JJ”, tiene presencia en el Parque Nacional Yapacana y otros sectores del municipio Atabapo de Amazonas. Esto ha motivado constantes disputas con los habitantes de Piedra Blanca por el control del territorio minero.

Mejías señala que indígenas de varias comunidades denunciaron en Venezuela ante la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, con copia a los mandos militares. “Hasta ahora no ha habido respuesta. Los indígenas que hicieron la denuncia tenían temor por sus vidas; por eso no regresaron a sus comunidades”, afirma. Los afectados dicen que han sido maltratados y hasta asesinados por no aceptar el reclutamiento forzado y trabajar en minas dominadas por los grupos.

En bongos y lanchas se desplazan las personas que buscan llegar a poblaciones fronterizas huyendo de los grupos armados. La foto es en una de las trochas ubicadas en la comunidad indígena Bambú Lucera, municipio Atures, estado Amazonas, Venezuela. Foto: José Torres.

 

En el 2021 fue asesinado el profesor José Dacosta, que por el bajo salario y la precariedad del sistema educativo venezolano se fue a trabajar en la llamada Mina 40, en el Parque Nacional Yapacana. Dacosta pertenecía al pueblo indígena jivi y fue asesinado luego de tomar la lancha de un guerrillero por equivocación. También mataron a la maestra María Hernández, de quien solo se supo que fue asesinada por defender a su familia y negarse a ser sometida. En Cumaribo, Vichada, el asesinato de la lideresa comunitaria Olga Lucía Hernández, en mayo de 2020, conmoció a esta región. Un hombre entró a su casa y le disparó.

Las amenazas contra los liderazgos siguen, como es el caso de Henny Gutiérrez, del pueblo sáliba, gobernadora indígena en Puerto Carreño, que representa a 27 asentamientos del casco urbano. “La situación es muy precaria; hubo enfrentamientos en el vecino país, pero son cosas que uno ya tiene miedo como de hablar”, dice Gutiérrez. Desde que evidenció el desplazamiento forzado de indígenas venezolanos ha recibido amenazas. “El mensaje que me dieron era que yo no podía seguir ayudando a las personas que venían desplazadas”, cuenta. Denunció ante las autoridades, pero no ha recibido protección.

Para Eligio Dacosta, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, la migración no se está dando en Amazonas por el conflicto entre armados, como en Apure, sino por los conflictos derivados de la minería ilegal y la defensa del territorio ante la llegada de “agentes externos”. La minería ilegal, dice, “es un flagelo, como una segunda pandemia que está azotando nuestros territorios”. 

Las consecuencias están ahí, tanto en lo ambiental como en lo cultural. “Hacen que los pueblos indígenas busquen otra forma de vida, olvidando sus actividades y desplazándose de su pueblo. La violencia se ha incrementado en los territorios donde hay minería”, dice.

El otro flanco: Brasil

Otra de las etnias desplazadas, pero más hacia el lado de Brasil, son los yanomami. Este pueblo llega desde el suroeste del municipio Alto Orinoco en la zona de la Sierra Parima, y ha sido especialmente afectado por la minería ilegal y el control que ejercen los grupos armados. “Cuando un yanomami cruza la línea fronteriza para ellos es inexistente, piensan que es un mismo territorio. Están buscando ayuda sanitaria y huyendo de los rebeldes garimpeiros”, señala Betancourt, del GRIAM.

Betancourt explica que los pueblos indígenas, guardianes de la memoria histórica del país y de los ecosistemas, no han recibido la atención que merecen del Estado venezolano. Incluso quienes deberían protegerlos, los matan; como ocurrió hace unos días cuando militares venezolanos asesinaron a cuatro yanomamis. 

El Defensor delegado del Pueblo del estado Amazonas, Gumersindo Castro, admite que ha recibido denuncias de organizaciones indígenas por la presencia de “garimpeiros” brasileños que han entrado a sus territorios ancestrales, incluso con máquinas, arrasando la selva y los ríos. Las personas huyen porque evitan los trabajos forzados en las minas, donde las mujeres y niñas son esclavizadas sexualmente y obligadas a prostituirse. 

“En la denuncia se lee claramente que 400 garimpeiros están ubicados en el extremo noroeste. Sacan entre 40 y 100 kilos de oro diarios; hay 30 máquinas allí ubicadas. La denuncia fue hecha por las comunidades indígenas el 28 de julio de 2021 y aseguran que hay dos helicópteros y una pista de aterrizaje”, explica Castro. Esta zona era explotada anteriormente por algunos indígenas, pero desde hace tres años los garimpeiros cruzaron la frontera para asentarse allí. 

La profesora Adriana González, ecologista, operadora turística y exalcaldesa del municipio Atures en el estado Amazonas, señala que en la región existen otras tres fronteras no oficiales que están afectando a los indígenas. Los pobladores deben atravesar sus propios territorios, donde permanecen los tres grupos armados: el ELN, las disidencias de las FARC y los garimpeiros. Estos grupos han dividido a las comunidades, entre quienes trabajan en las minas y quienes rechazan esa actividad en defensa del ambiente. “O te sometes o te tienes que ir”, denuncia González.

Los indígenas exigen la expulsión de los grupos irregulares y piden seguridad, pero sus pedidos no se oyen mientras crecen las amenazas a su vida y a su territorio. “No es fácil empezar desde cero, porque también extraño mi pueblo, mis raíces y parte de mi gente que aún está por allá. Ojalá que el gobierno tome en serio lo que está pasando y decida expulsar a los irregulares de nuestro territorio”, pide Mendoza, indígena uwottüja.

 

 

Actualizado el: Mar, 04/05/2022 - 10:14