Por Carol Sánchez

*Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Al salir de la sede de Fuerza de Mujeres Wayuú, Mülo’u tomó el taxi más cercano. Eran un poco más de las 10 de la noche y el año 2008: los paramilitares y el miedo abundaban en La Guajira. Al llegar a su destino, recibió una amenaza en voz del conductor: “Te salvas hoy, pero no te vuelves a salvar más nunca. Así como te esperé y seguí hasta aquí, así las veo cada que están en sus reuniones. No las hemos matado porque no hemos querido, pero a toditas las podemos colar en esas hamacas en las que duermen. ¡Bájate!”.
 
Mülo’u siguió la orden temblando, empacó sus maletas y se fue del lugar. Para ese entonces, Fuerza de Mujeres Wayuú —organización indígena de la que Mülo’u forma parte desde el inicio— ya era conocida en Colombia por hacer públicas las denuncias de violaciones de derechos humanos y ambientales cometidas en su territorio. Los dos años que llevaban de trabajo habían sido suficientes para poner a sus integrantes en la mira de actores violentos, como paramilitares y bandas criminales. Desde ese momento, nunca han dejado de estarlo. Las amenazas continúan año tras año y ya las sienten incontables.

 

Fuerza de Mujeres está conformada por 15 coordinadores municipales y decenas de mujeres y hombres que se han unido al proceso desde el 2006. Foto: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú.

Las más recientes se dieron en medio de la pandemia del COVID-19. En marzo de 2020, cuando empezaba la cuarentena en Colombia, los nombres de varios integrantes de Fuerza aparecieron en un panfleto firmado por las “Águilas Negras”, grupo armado sin cohesión y heredero de estructuras paramilitares que no se desmovilizaron por completo en 2006. En ese escrito se les mencionaba como objetivo militar, se les amenazaba de muerte y también con reclutar a sus hijos e hijas. 

Un mes después, en otro comunicado violento, a Epaya'a —también integrante de Fuerza de Mujeres Wayuú—  le dieron 48 horas para abandonar La Guajira, el departamento más al norte de Colombia.

Dice Mülo’u que, después de tantas intimidaciones, ya son de caucho. Aún así el temor les obliga a mantener la cautela en el país con el mayor número de líderes ambientales asesinados en el mundo durante 2020, de acuerdo con el más reciente informe de Global Witness. 

Es por esa misma cautela que en este texto a las dos defensoras se les nombra como Mülo’u y Epaya'a. En Wayuunaiki, el idioma de su pueblo, el primer vocablo significa “grandeza” y el segundo “hermana mayor”. Son palabras que las describen. Eso es lo que han mostrado y han sido para Karmen Ramírez, fundadora de Fuerza Mujeres, durante todos estos años en defensa de la tierra, el agua y en contra de los efectos negativos de la minería.

 

 

Quedarse sin agua

De los viejos han escuchado que ni siquiera los españoles, con la colonización, cambiaron tanto la historia Wayuú como lo ha hecho la empresa minera Cerrejón, que ya lleva más de 30 años en su territorio. 

Las mujeres narran que han visto cómo la expansión de esa mina de carbón a cielo abierto, la más grande de Latinoamérica, ha desplazado a comunidades indígenas, afros y campesinas. Y cómo han sido testigos del desviamiento o represamiento de 17 cuerpos de agua, incluyendo al Ranchería, su único río.

Fuerza de Mujeres Wayuú ha escuchado, visto y sido testigo de todo esto pero nunca en silencio. Han recorrido La Guajira, de norte a sur, con una escuela itinerante que ha formado a más de mil mujeres en derechos humanos e incidencia política. Han presentado informes y tutelas ante la Corte Constitucional por las afectaciones que la explotación minera causa en sus tierras. Y han contado ante gobiernos europeos y organismos internacionales, como la ONU, que a sus comunidades las están dejando sin agua y sin tierra.
 
Cuentan Mülo’u y Epaya'a que, a pesar de habitar una zona en gran parte desértica, el pueblo Wayuú nunca había sufrido tanta sed o hambre. Antes de la llegada del Cerrejón sembraban ahuyama y tenían cómo regarla; pastoreaban chivos y tenían cómo darles de beber; caminaban por horas y tenían formas de encontrar agua para sus pueblos.

 

 

En vez de pensar en “el mundo que le van a dejar a sus hijos”, las integrantes de la organización piensan en cómo dejarle mejores hijos al mundo. Foto: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú.

Hoy aseguran que se cuentan por miles los niños que han muerto por desnutrición. Y se escribe “por desnutrición” porque es esa la causa médica, pero en Fuerza de Mujeres nombran algunas otras. A Karmen le sube el tono de voz cuando dice esto, se exalta y parece al borde del llanto: “Ellos no han muerto por desnutrición. Ellos han sido asesinados por un Estado que se desentendió de la necesidad de garantizar el agua a un pueblo que antes, si había sequía, podía moverse por el territorio, llegar a los ríos y abastecerse. Un pueblo al que, además, le han contaminado su único espíritu de agua. Porque, para nosotros, el Ranchería es un espíritu que ha sido contaminado y privatizado por el Cerrejón con la vehemencia del Estado”.
 
Y continúa: “Hoy hablan de que los niños Wayuú murieron por la corrupción. Y sí, pero también murieron por la acelerada explotación y por la cooptación del territorio por parte de la mina con conocimiento del Estado. En el lugar donde se produce una de las economías más importantes de Colombia mi gente desaparece porque no hay agua y no hay posibilidades de garantizar el alimento para la niñez. Como contraparte de ser uno de los mayores exportadores de carbón, hay 5 000 niños, una generación de mi pueblo que ha sido asesinada”.
 
Es un testimonio duro, crudo y doloroso. Y tiene un correlato en las cifras oficiales. El Cerrejón es la segunda carbonera con más ingresos del país, según datos oficiales de la Superintendencia de Sociedades, y ha alcanzado ganancias de más de 265 millones de dólares. Mientras tanto, La Guajira es el segundo departamento más pobre de Colombia y el 61,8% de sus habitantes viven con menos de 87 dólares al mes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El contraste es claro.

 

En 2017, la Organización obtuvo el Premio Nacional a La Defensa de los Derechos Humanos en la categoría de Experiencia Colectiva, el cual es otorgado por Diakonia y la Iglesia Sueca con el apoyo del Gobierno Sueco. Foto: Cortesía Fuerza de Mujeres Wayuú. 

 

En el 2017, la Corte Constitucional declaró que lo que sucede con los niños y niñas Wayuú está asociado a una vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de sus derechos. También ordenó una serie de medidas para garantizar el agua, la alimentación y la salud a los niños indígenas, pero no se han cumplido. En una audiencia, realizada en junio de 2021, tanto la Procuraduría General como la Defensoría del Pueblo denunciaron que ni siquiera se había creado un plan de acción riguroso para superar esta crisis humanitaria.
 
Y aunque necesaria, la batalla de Fuerza Mujeres y el pueblo Wayuú por el agua es poco balanceada, considera Jakeline Romero, otra integrante de la organización. “Cuando tenemos que enfrentarnos a grandes corporaciones, o a un Estado que está a disposición de los grupos económicos y no de las comunidades, el trabajo es muy desigual”, dice. 

 

 

Mina de Cerrejón en el departamento de La Guajira, norte de Colombia. Foto: Lucy Sherriff para Mongabay.

Incluso la ONU le ha pedido a Colombia que suspenda, así sea temporalmente, las actividades del Cerrejón. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medioambiente afirmó en septiembre de 2020 que, entre otras cosas, la actividad minera ha afectado la calidad del aire en la región y “provoca la contaminación de los recursos acuíferos no sólo al desviar y usar un gran número de arroyos y afluentes, sino también al verter agua contaminada con metales pesados y productos químicos”. 

Nada funciona. La mina sigue extrayendo carbón 24 horas diarias, siete días a la semana. Lo que pasa en Colombia es todo lo contrario a lo que debería hacerse. Mientras el mundo discute en la COP26 la eliminación del carbón como fuente energética, Colombia no se ha adherido al acuerdo para reducir la producción y uso del combustible fósil, el mayor contribuyente al cambio climático.

Respecto a las denuncias, Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron a El Cerrejón. La empresa asegura que, desde el 2014, ha entregado más de 200 millones de litros de agua potable a las comunidades afectadas de la Alta Guajira mediante un programa que sigue vigente. También afirma que, durante la pandemia, invirtieron casi 3 millones de dólares para fortalecer el sector salud del departamento y que entregaron más de 50.000 “para ayudar a las comunidades de su área de influencia”. Finalmente, rechazan que se les acuse como una de las causas de la desnutrición de los niños y niñas indígenas.

 

 

Karmen enfatiza en que la solución a la situación de su pueblo no está en la entrega de alimentos o en carrotanques (camiones cisterna) de agua que recorran el departamento. Para la lideresa indígena, la solución es que los Wayuú puedan volver a cultivar como lo hacían antes, para ello necesitan fuentes de agua y moverse libremente por sus tierras ancestrales. 

En este contexto, es fácil entender la respuesta rápida de Epaya'a a la pregunta ¿cuál es la bandera de tu defensa?:

“Definitivamente el agua como medio de subsistencia de nosotros y nosotras en La Guajira”, responde, “de sobrevivencia, más bien”.

Un tejido de mujeres
 
Epaya'a se unió a la Fuerza de Mujeres el mismo año en que Mülo’u fue amenazada en el taxi. Su vida, hasta entonces, había estado marcada por la violencia. El Estado, las guerrillas, los paramilitares y, como ella lo menciona, la multinacional Cerrejón habían causado muertes y víctimas en su familia y pueblo indígena. De allí nació la motivación para unirse al proceso: no quedar inmovilizada ante su dolor y el de los suyos.
 
A la organización, Epaya'a llegó por invitación de Jackeline y ha pasado tanto que ya no cuenta los años. Jackeline, a su vez, había sido invitada por Mülo’u y esta última por Karmen al fundar Fuerza. Es una red que se hizo fuerte desde que empezaron a juntarse a tejer y a hablar de las vivencias de sus comunidades, de sus pesares y sentimientos. “Fuerza de Mujeres Wayuú ha sido nuestro mejor ejercicio de resiliencia”, cuenta Jackeline, “de manera sarcástica, en ese ambiente de conflictos y violencia, decimos que nos hemos reclutado. La una se ha llevado a la otra. Pero lo hablamos desde el vocablo de la paz: nosotras hemos reclutado mujeres para la paz”.

 

 

Los integrantes de Fuerza de Mujeres recorre rancherías y asentamientos típicos Wayuú, para capacitar mujeres, hombres y niños para dotarlos de herramientas que les permitan exigir sus derechos. Foto: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú

Karmen recuerda que la primera motivación para organizarse fue la de buscar justicia por la memoria de sus muertos. Estaban comprometidas con la necesidad de contar y mostrar lo que pasaba en sus tierras a principio de los 2000: asesinatos, desapariciones, desplazamientos y masacres que nunca fueron contadas. Durante los primeros cinco años del milenio, en La Guajira se dio la expansión de un grupo paramilitar y la violencia adquirió proporciones nunca antes vistas en la región. 
 
Mülo’u —como Epaya'a y la mayoría de miembros de la organización— sufrió esa violencia muy cerca. En el 2004 paramilitares desaparecieron a su tío, que en realidad era como su hermano, y a su familia le tomó cuatro años recuperar los restos. Hija de una autoridad Wayuú, lleva la valentía en la sangre. 

Mülo’u dice que ella es una mujer a la que el sistema la obligó a empoderarse, “y cuando digo ‘obligado’ es porque ni siquiera lo hice por mí misma, lo hice también para ser ejemplo de otras mujeres y decir: sí se puede, sí estamos en la capacidad de abanderar espacios, sí podemos visibilizar. La tarea, en ese sentido, es poner un pare a todas las vulneraciones que viven las mujeres”.

Cada una de las integrantes de Mujeres Wayuú, lastimosamente, podría contar una historia parecida. Por eso para ellas ha sido tan importante recorrer la Alta, Media y Baja Guajira con la Escuela de Formación “Mujeres Indígenas y Otras Formas de Sabiduría”, enseñándole a las comunidades cómo pueden hacer justicia por sus muertos y exigir la restitución de los derechos que ya les han violado.

La Escuela empezó en el 2009 y ya son cientos de mujeres y hombres los que se han beneficiado de los talleres. Como explica Mülo’u, por medio del proceso la organización ha ido creciendo de la mano de las comunidades: “Para mí ha sido muy complaciente ver mujeres que nos dicen: ‘hoy Cerrejón quería hacer una consulta previa y les dijimos: ¿dónde están los documentos? ¿dónde está el aval del Ministerio?’. También otras que nos dicen: ‘estoy haciendo parte de un proceso y mi esposo se queda con los niños’. Este tipo de cosas que, antes, eran obstáculos. Entonces pienso: la gente sí se está empoderando”.

 

 

Los talleres se realizan en toda la Guajira colombiana. Foto: Cortesía Fuerza de Mujeres Wayuú.

El camino no ha sido fácil. Al principio, se les acusaba de querer cambiar la cultura, de intentar transgredir sus límites y, a forma de ofensa, de ser feministas. “Eso significaba para nosotras un estigma. Era como "uy, no, ¿somos feministas? Comparable con qué, ¿con terroristas?", recuerda Karmen. 

La etiqueta, y también el temor que provocaba hablar de lo que los paramilitares estaban haciendo, llevó a que algunas comunidades ni siquiera las recibieran. “Nosotras —menciona Karmen— llegábamos y nos echaban. La gente tenía temor de denunciar porque pensaba que, si lo hacían, los paramilitares iban a llegar a asesinarlos. Además, nos veían como unas ‘locas, feministas’ intentando cambiar la cultura”.

En una ocasión, una comunidad luego de echarlas regó agua sobre sus huellas en la arena. En la cultura Wayuú, esto es prácticamente un destierro, un aquí no vuelvan. Días antes, tres personas habían sido asesinadas allí y para ellas era importante hacerles saber que podían exigir justicia. En ese momento no las aceptaron, pero hoy esa misma comunidad forma parte del proceso.

También hay ahora mujeres que se formaron en Fuerza de Mujeres Wayuú que no tienen miedo a decir que son feministas. Karmen lo declara: “¿Cómo no voy a ser feminista si yo defiendo a la Madre Tierra?”.

 

 

Fuerza de Mujeres está conformada por 15 coordinadores municipales y decenas de mujeres y hombres que se han unido al proceso desde el 2006. Foto: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú.

Una defensa internacional 

A Karmen Ramírez la llamaban a su celular, le decían qué ropa tenía puesta y le describían lo que harían con ella en los espacios en los que denunciaba el conflicto armado y los problemas ambientales de La Guajira. Como los hostigamientos eran constantes, se fue del país en el 2009 y siguió su defensa desde afuera. En Suiza conoció a quien ahora es su esposo. Dice que es una refugiada del amor: “En él me refugié para no ser asesinada en Colombia”.

Paradójicamente Glencore, la multinacional dueña de Cerrejón, tiene sede en ese país. A la empresa suiza se le ha relacionado ya en el pasado con grupos paramilitares en Colombia. De hecho, un exlíder paramilitar declaró que se reunió con un funcionario de Cerrejón para discutir el asesinato de miembros del sindicato, otros han dicho que vigilaban el territorio de la mina.

Sabiendo que la batalla es desigual, como dice Jakeline, Fuerza de Mujeres ha llevado su trabajo de incidencia a instancias internacionales. En Suiza, Karmen y otras mujeres indígenas de diferentes partes del mundo, también afectadas por Glencore, han hecho movilizaciones contra la compañía. Además, se han reunido con organizaciones de ese país para contarles sobre lo que la llegada de la empresa a sus territorios ha significado para su gente.

Estas acciones fueron un punto clave de incidencia para que, en noviembre de 2020, en Suiza se realizara un referendo por la Iniciativa de Responsabilidad Empresarial, acción impulsada por organizaciones de la sociedad civil que buscaba conseguir que las empresas registradas en su país rindan cuentas sobre la violación de derechos humanos e impactos ambientales en otros territorios.

A pesar de que la iniciativa ganó el referendo con 50,7% de los votos, esta no fue puesta en vigor por falta de unanimidad de los cantones suizos. Sin embargo, continúa el trabajo por tener más acciones como estas. 

La defensora Rosa Juliana Ramos resalta que “lo envidiable y maravilloso” de Fuerza de Mujeres es que por su nombre, “uno asumiría que se van a dedicar a defender solo el tema de las Wayuú. Pero no, la Fuerza es una organización que está siempre a la defensa de todas las comunidades”.

 

 

Fuerza Mujeres recibe el apoyo de diversas organizaciones internacionales. Foto: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú.

Lo que aún queda

Cuenta Mülo’u que un día, recorriendo una ranchería, escuchó de la boca de un vigilante del Cerrejón que a las integrantes de Fuerza de Mujeres las llamaban “Las X20”. Recuerda que les dijo: “A nosotros, desde la mina, nos monitorean y nos preguntan si las X20 andan por aquí, si las X20 ya pasaron, si tienen reunión y con quiénes se reúnen”. Nunca han querido hacer señalamientos directos, pero sienten que detrás de sus amenazas no están solo los grupos armados. 

Epaya'a recuerda que las amenazas contra su vida empezaron cuando se decidió a defender el Ranchería de los impactos de la minería. Ya son más de 10 años de estar esquivando a la violencia que les ha traído la defensa de su río y ni el miedo las ha detenido. “Me ha impulsado a seguir en la defensa de los derechos humanos que sé que las cosas pueden cambiar. El hecho de que hay mucha gente que espera que los apoyen, los asesoren y les haga saber que hay esperanza. Sigo por esos lugares a los que no llega el gobierno nacional, en los que pasa de todo y parece que no pasara nada”, afirma.

Coincidencia o no, tanto integrantes de Fuerza Mujeres Wayuú como de otras organizaciones han recibido amenazas justo en momentos en que se expresan en contra de la minera. Un caso sucedió en 2019, cuando varios líderes y lideresas fueron nombrados en panfletos de las “Águilas Negras”, días antes de una audiencia pública en la que hablarían en contra del desviamiento del arroyo El Bruno.

 

 

A través del trabajo de Fuerza Mujeres, alrededor de 1000 mujeres y hombres de La Guajira han sido capacitados en derechos humanos y ambientales. Foto: Cortesía Fuerza Mujeres Wayuú.

Sobre las amenazas, Cerrejón sostiene que “ha fortalecido sus procesos de debida diligencia para rechazar públicamente los casos, ofreciendo apoyo a las personas amenazadas que así lo deseen y solicitando a las autoridades que adelanten las investigaciones que permitan responsabilizar a los autores, para asegurar la vida y dignidad de estas personas.”

El guajiro es un pueblo y las de Fuerza son mujeres que se han visto forzadas a cambiar sus formas de vida y su cultura. Comunidades desplazadas o reasentadas para darle paso a la minería, como las de Tamaquito o Tabaco, han tenido que dejar sus casas con patios abiertos y cultivos para mudarse a conjuntos residenciales que no hubiesen querido ver. 

Epaya'a, como las demás, está convencida de que la vida de su pueblo sería mucho más digna sin la minería. “Si el Cerrejón no hubiera llegado nunca, el territorio sería igual que antes: uno muy productivo, de gente agrícola que tenía ganadería y una mejor calidad de vida”, termina. Por eso, su pedido es claro: “No queremos más diálogo. Queremos que se vayan”. 

* Imagen principal: ilustración de Kipu Visual.

Actualizado el: Mar, 11/23/2021 - 11:59

Por: Marcela Ríos

San Antonio es un pueblo con nombre de santo, en Sevilla, al norte del Valle del Cauca, que es narrado por sus pobladores jóvenes, pero no precisamente por sus valores canónicos. En el podcast al final de este texto hablan tres de sus protagonistas, quienes, además de la pandemia, han tenido que soportar la guerra por el territorio. Aparentemente, esta zona sería un campo de batalla del grupo residual de la columna móvil Adán Izquierdo de las antiguas FARC, que buscaría extender su poder e influencia en la zona montañosa del Cauca y del Valle. Refiriéndose a la autodenominada ‘compañía Adan Izquierdo’, la Defensoría del Pueblo alertó en agosto de 2021 que “dicha facción se presume representa un desdoblamiento estratégico del accionar de la Columna Móvil Dagoberto Ramos desde el norte del departamento del Cauca, con el fin de hacerse al dominio de territorios que anteriormente fueron controlados por el Frente Sexto y 50 de las antiguas FARC-EP”.

 

 

Esta historia de violencia no es nueva, hace parte del legado que dejó la oleada de narcotráfico, paramilitarismo y presencia de grupos insurgentes del siglo pasado. 
En la década de los noventa, el conflicto se degradó radicalmente por la entrada del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad. El norte del Valle era conocido por el cartel de narcotráfico que llevaba el mismo nombre. En el nuevo milenio, con la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en varias subregiones del Valle se dio una alianza entre agentes del Estado (de las Fuerzas Armadas o de Inteligencia), capos de este tipo de carteles y paramilitares, que en ese entonces tenía como objetivo eliminar un enemigo en común: los grupos armados que se auto-denominaban revolucionarios.

Las consecuencias de la más reciente reconfiguración del conflicto armado en esta zona del país son de conocimiento del Gobierno. A finales del mes de septiembre, el Ministerio de Defensa convocó a un Consejo de Seguridad que tuvo lugar en la ciudad de Cali, para hablar de las preocupaciones en esta materia en el departamento. Ahí manifestó en una audiencia pública que los grupos armados que operan, refiriéndose a las antiguas columnas móviles Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, tienen prácticas extorsivas e hizo un llamado a comerciantes y empresarios diciendo: “hay que denunciar, no pagar”. Sin embargo, estas cuestiones irían más allá de las llamadas ‘vacunas’.  Este año, desde que empezó el estallido social en el país, con el paro nacional, los habitantes de la zona rural de San Antonio, zona alta de Sevilla, han recibido constantes amenazas e intimidaciones a través de panfletos (físicos y también virtuales por redes sociales), en los que supuestamente la ‘compañía Adán Izquierdo’ dictamina leyes y sentencias para mantener el orden y el control de sus habitantes, lo que sin duda ha hecho que se cambien las dinámicas cotidianas.

Panfleto enviado en agosto por la ‘Compañía Adan Izquierdo’ 

 

Los jóvenes en San Antonio son conscientes de las dinámicas de conflicto armado que incluyen a los antiguos guerrilleros y a los miembros de la Fuerza Pública. Sus narraciones desdibujan la tranquilidad de un pueblo que desde la firma del Acuerdo de paz no evidenciaba mayores enfrentamientos armados, detonaciones de artefactos explosivos y la intimidación a la población con amenazas contra la vida. Las historias de vida de quienes cuentan estas historias coinciden en varias cosas: llegaron a San Antonio desplazados por la violencia hace diez años por motivos del conflicto armado, que aún recuerdan; además de que todos están a punto de graduarse del colegio y no quieren quedarse en San Antonio, porque no ven futuro en el pueblo. Hoy estos jóvenes atestiguan la reconfiguración del conflicto armado en el país, limitando su resistencia y tranquilidad; son adolescentes que han tenido que sortear sus sueños en medio de la violencia.

 

 
La violencia no sería el único tema que afecta a estos jóvenes rurales, el problema de fondo son las pocas oportunidades de educación superior y trabajo en el campo, dejándoles únicamente la opción de trabajar en la industria cañera o maderera en este departamento. En el caso de los jóvenes de San Antonio con los que conversamos, su opción es pertenecer a las Fuerzas Armadas. “Eso es lo que hay que exigirle al Estado, que ayude a esos jóvenes, que tengan oportunidades. Eso es lo que están pidiendo todos los jóvenes del país, una verdad y justicia y esa justicia es el estudio para los jóvenes, cuando salgan de bachiller que les puedan dar una universidad”, dice Lucia, una mujer campesina de San Antonio que hoy vive en el casco urbano de Sevilla por temor a la violencia en el área rural.

 

 

 

Actualizado el: Lun, 11/08/2021 - 19:45

Por: Cerosetenta con apoyo de La Liga Contra el Silencio

Marcos Montalvo no fue solo un periodista crítico que le siguió la pista a la política y al poder. También fue maestro de muchos de los que hoy siguen haciendo periodismo en Tuluá. Más de un mes después de su asesinato, aún no hay resultados sobre los responsables ni las motivaciones del crimen. La Fundación para la Libertad de Prensa considera que su asesinato es una estrategia de intimidación y terror que se ha usado durante años contra los periodistas: asesinar a los referentes del oficio para causar miedo, para silenciar a otros. Las consecuencias ya se sienten, aunque en Tuluá el miedo siempre ha estado: desde hace décadas, el municipio ha estado marcado por la violencia, y en medio de ese contexto hacer periodismo es un reto. La independencia escasea, no hay garantías laborales y no hay seguridad.  

 

Actualizado el: Lun, 11/08/2021 - 09:23

Por: Valeria Urán Sierra

—La pandemia recrudeció un montón todas las condiciones precarias de pobreza extrema, y pues los chicos digamos que al verse acorralados ante una situación económica tan crítica pues ven en las filas una alternativa. 
—¿Qué es lo que les ofrecen y les prometen? ¿sigue siendo como algunos años atrás? 
—Acá en Caquetá digamos que no solamente es reclutamiento, están todos los términos: vinculación, reclutamiento, abuso, utilización y violencia contra menores, se ven todas.Una vez los chicos están no solamente interesados, sino que de alguna manera endeudados con el grupo, pues ahí ya se los llevan al monte, ahora sí a las armas.
—La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas ¿qué está pasando? 
—Hacia la zona de Solano tienen una dinámica muy fuerte, porque allí se concentra todo el cuello de botella del corredor de narcotráfico. Sobre todo por el río abajo, o en Cartagena del Chairá. 
—¿Hacia dónde va toda esa droga? 
—Con este tema del tráfico de marihuana hacia el Brasil, allí los menores son utilizados como mulas humanas. Ellos cargan la mercancía por la selva para evadir los controles que hay del Ejército y de la Armada sobre el cauce del río. 
—¿Y en la zona urbana cómo está la cosa? 
—En Florencia, eso fue como en marzo más o menos, hubo una captura de una cabecilla del frente Carlos Patiño, que fue muy particular además, porque ese frente opera en el sur del Cauca.
—¿Por qué creen que se vino hasta el Caquetá? 
—La modalidad de ella era buscar chicos, obviamente vulnerables, menores (...) y les vendía droga. Marihuana, perico, bazuco...y cuando los chicos se metían en el rollo, ya no tenían con qué pagarle, entonces la forma de pagar era irse para Argelia, Cauca, a trabajar allá, bien fuera en los cultivos de coca o bien sea ya como combatientes. 
—¿Se sabe qué grupos están en la zona? 
—Aquí existe presencia de las disidencias de las Farc, al mando de Gentil Duarte, la Nueva Marquetalia al mando de Iván Márquez, y Comandos Bolivarianos de la Frontera, o Sinaloa. Esa es la gente que está acá. 

Una conversación similar, vía telefónica, sostuve con varias personas en el Caquetá. Líderes y lideresas defensoras de derechos humanos, y algunos periodistas, atendieron mis llamadas, —la pandemia y el desconocimiento de los actores armados en la zona, imposibilitaron el viaje—, contestaron mis preguntas, en ocasiones con voz baja o con monosílabos, o fueron hasta lugares “seguros”, para conversar con mayor tranquilidad. 

Llamé buscando información sobre seis de las masacres perpetradas y registradas en el departamento durante los últimos ocho meses. Inicialmente, quería saber qué grupos armados se encontraban en la zona, qué se estaban disputando, pero sobre todo, quiénes fueron las víctimas. Estaba claro que estábamos asistiendo a la nueva reconfiguración del conflicto armado en Colombia, y entre tanto, la situación de los jóvenes en el Caquetá apareció, estaban siendo de nuevo reclutados y utilizados por los nuevos actores armados que estaban llegando a la zona. Prueba de ello, la captura de María Edith Hurtado Ramón, alias ‘Marcela’, el 6 de abril de 2021 en Florencia. Hacía parte del Frente Carlos Patiño en el Cauca. 

Así fue como di con la historia de Camila*, una muestra viva de que detrás de una masacre, se esconden otro tipo de victimizaciones, como el reclutamiento forzado e ilícito, y que esto es tan solo el comienzo de una vida atravesada y averiada por la guerra. Para ella, que un niño o un joven sea reclutado hoy, o hace siete años atrás como ocurrió con ella, no es cosa distinta, porque siente que eso les jode igualmente la vida. 

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—Yo no he sabido qué es vida desde que me escapé del monte. Eso a uno lo marca. Yo paz no he tenido, a mi me robaron la niñez, a los siete añitos a mi se me llevaron. 
—¿Cómo fue que terminaste en las filas de las Farc?
—A mi le llevaron a estudiar enfermería supuestamente. Ellos le dijeron a mi papá que lo mejor era llevarme a estudiar, y que ellos me iban a seguir trayendo cada quince días. 
—¿Y si pudiste estudiar?
—No, nunca hubo estudio
—¿En qué momento comprendiste que te iban a dejar allá?
—Cuando fueron pasando los meses. Además no fui yo sola, algunos de mis hermanos ya habían sido reclutados antes, o hacían favores. Incluso mi papá y mi mamá, porque vivían y siguen viviendo presionados por esa gente, después de tanto tiempo. 
—¿Era normal ver a la guerrilla en el pueblo?
—Si, ellos nos regalaban comida, y de todo. Eran como héroes, ya después supe que no era así. 

Carolina* fue reclutada en 1999 por el Bloque Sur, Frente 14 —quienes siempre han controlado este departamento—, en Peñas Coloradas, Bajo Caguán, Caquetá, con solo siete años de edad. Estuvo bajo el mando de la comandante Nayibe Rojas Valderrama, alias ‘Sonia’ —capturada en febrero de 2004 precisamente en Peñas Coloradas—, y los comandantes Camilo Diaz alias ‘El Cantante’, alias ‘Fermyn’, entre otros. Logró escapar de sus filas cuando tenía 14 años.

La presencia de las Farc en esta zona inició en los años ochenta, y fue de la siguiente manera: antes de que la guerrilla llegara al Caquetá, y controlará las riveras del río Caguán, en los años setenta, algunos colonos llegaron allí, se hicieron a algunas tierras, y las empezaron a trabajar. Años más tarde el Cartel de Medellín, sería quien convertiría esta zona en corredor para la hoja de coca que provenía desde el Perú. Más tarde, los Frentes 2 y 3 de esta guerrilla se fueron asentando, para más tarde convertirse en el Frente 14. Su actividad inició protegiendo y regulando el negocio en Remolinos del Caguán, Santo Domingo y Santa fe del Caguán, para después entrar al negocio directamente, y así financiar su ofensiva militar. 

 

 

El “Mono Jojoy” era quien estaba al mando a principios de esa década. Tenía la idea de que con el paso del tiempo este frente se convertiría en el piloto de uno de sus mayores objetivos: perfilarse como un ejército con estrategias ofensivas. En 1987 realizó su primer ataque a la Fuerza Pública sobre la vía que conduce a San Vicente del Caguán, donde murieron 27 soldados.

Fue tanta la fuerza que tuvo el Frente 14 en el bajo y medio Caguán que cuando el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) arrancó con la Seguridad Democrática y el Plan Patriota, inició por la vereda Peñas Coloradas de Cartagena del Chairá—donde fue reclutada Camila—, una de las zonas donde aún la presencia de grupos residuales de las Farc, del exfrente 14, es constante y así, el reclutamiento forzado e ilícito de menores. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2017 a través de su informe: Una guerra sin edad, informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, señaló que entre 1979 y 1996, uno de los municipios más afectado por el reclutamiento forzado e ilícito fue San Vicente del Caguán, junto a Medellín y San José del Guaviare, sumando en conjunto más de cien menores reclutados. Por su parte, el Registro Único de Víctimas (RUV) entre 2014 y 2015 documentó en el Caquetá 511 casos. 

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Ellos presionaban no solamente a mi hermana, que era muy bonita, y a mi papá, para que les hiciera favores como fuera, sino que fue a todo mi núcleo familiar, incluso, también creo que en el Caguán no solamente fue mi familia. Fueron muchas personas, demasiadas, que uno sabe que fueron víctimas de las Farc. Para ellos era muy importante la cantidad de hijos que tuviera alguien, que tenía mi papá. Sabían que ellos ofreciéndonos un plato de comida, ofreciéndonos estudio o algo así, tenían derecho... se nos llevaban.

Además, si le soy sincera, todos en mi familia participamos. Mis hermanos mayores fueron los mandaderos. (...) Les daban plata, les pagaban muy bien para que descargaran los botes de alimentos para ellos. (...) De esa manera ellos empezaron a endulzarlos, endulzar a mi familia, y usar a mis hermanos. Entonces, cuando ya había combates, mandaban a mis hermanos para que fueran a tal campamento a llevarles bultos de pan, gaseosa, y cosas. Nosotros éramos doce, pero estamos vivos diez. 

En ese sentido participaron mis hermanos. ¿Quiénes estuvimos allá? uno de los hermanos mayores que se llama Juan* estuvo allá, que a él si se lo llevaron un tiempo, y mi hermano Carlos* que era uno de los menores, también estuvo allá… y no fue tanto como mandaderos, sino que los tenían veinte o quince días, y los volvían a mandar para la casa, pero ya eran unos milicianos. Uno tenía doce años, y el mayor entre catorce y quince años. 

El día que a mi se me llevaron fueron cuatro los niños reclutados, la mayor tenía 11 años. La primera noche nos tocó dormir a todos en unas hamacas, casi unos encima de otros, prácticamente. Pero como supuestamente nos llevaban a estudiar a todos, entonces la vaina era que esperaríamos para llegar a la escuela (...) y nosotras con la ilusión, y pasaban los días, y pasaban los días, luego fueron pasando los meses, y los años y eso nunca pasó. Y allá como al mes, ya se acabó el dulcecito y la mentira, ya se empezó a ver la verdad.

Tuve muchos castigos. Me amarraban (...) todo un día me tuvieron así amarrada, tuve mucha sed, pero la orden era que quien se me acercara a pasarme agua lo mataban. A veces cuando a uno le tocaba ranchar, y no ranchaba bien, o no podía con el equipo de víveres, y eran muchas las horas que tocaba caminar, y yo me caía al piso con esos víveres, entonces me sacaban una pistola, y decían que si no caminaba me daban en los pies, osea, camina o camina. Y pues la verdad uno quemado, cansado, imagínese usted.. y para llegar hasta el destino que ellos decían. 

Tuve abuso sexual (...) yo muero con ese dolor, yo vivo a diario con esto. Lo tengo atado, es una atadura. Un muchacho llamado Gustavo* fue el primero que me violó, en una hamaca. A él lo dejaron de comandante como ocho o quince días, y en ese momento tenía como diez años. Y en mi casa también, yo ya había vivido eso, con mi familia, con mis hermanos, y yo llegué a odiar a mi mamá, porque cuando le conté que estaba siendo abusada, ella por miedo no me creyó. 

Sobreviví bajo la costumbre porque era saber que aunque uno sufría, había que aceptar, como que esa es la vida de uno, y que ahí usted va a morir por su patria supuestamente. Ese es el principio, los primeros dos o tres años. Hasta que uno asimila que la vida está ahí. Hasta que me escapé. Estaba prestando guardia con dos compañeros más. Esa noche yo le entregué guardia a dos compañeros y escuché que uno le decía al otro que se quería volar. El muchacho se quería ir era porque la mamá se le estaba muriendo. Pidió permiso y no lo dejaron ir, y estaba cerca (...) entonces yo me quedé viéndolos y les dije que yo también me quería escapar, y que estaba muy aburrida. 

(....) Escuchamos que estaba el ejército por ahí y que a nosotros nos tenían en campamento de seguridad debido al Ejército, y nosotros aprovechamos para poder volarnos. Uno se encontraba un campesino y a uno le daba ganas de matarlo porque uno creía que era gente que estaba investigando si uno estaba por ahí. Fue caminar por puro monte y agua.

Desde entonces me persiguen. He estado en varias ciudades del país, y la persecución no termina. Yo ya no estoy allá, pero mis hermanos sí y mi papá, porque mi mamá hace poquito se murió de cáncer, y yo creo que eso fue de ver a sus hijos sufrir tanto, a su esposo, porque ella se desmayaba cuando se le llevaban a uno de sus hijos. Tuve que ver cómo moría desangrándose por el cáncer. Y bueno, ¿a mí por qué me persiguen? porque una parte de la gente que me reclutó siguen allá y conocen a mi familia.

Ellos creen que uno tiene mucha información y como nosotros desde niños viendo tanta cosa (...) hoy por hoy, mucha gente está denunciando, entonces no les conviene que se haga. (...) Esa es la rabia de ellos y él temor de ellos hacía mí (...) mantienen preguntando por mi. A mi papá incluso le han dicho que por ahí me han visto en redes sociales, y que entonces cuándo la va a traer. Dándole a entender que mantienen pendiente de mí (...). Me he tropezado con varios que han estado por allá (...) y que salen de allá a hacer alguna investigación o a llevar y traer información. 

El reclutamiento mío no fue sino el inicio, a mi eso me persigue a todas partes, osea, fuera del dolor de lo que viví, esa gente no me deja en paz, me sigue amenazando e intimidando. Yo a nadie le había contado esto antes, me pueden matar. He cambiado varias veces de número telefónico, de ciudad, y ni se diga mi papá o mis hermanos, me llaman llorando y desesperados. Ahora tengo 28 años, la vida no ha sido fácil. Mi sueño era ser enfermera, no irme a la guerra. 

La guerra le robó a Camila su niñez, parte de su adolescencia, y podría decirse que también lo está haciendo con su adultez. Hasta el momento no ha recibido un acompañamiento psicológico, solo protección por las fuertes amenazas de las que ha sido blanco, con el apoyo del Colectivo Antimilitarista Mambrú, en el que están vinculadas más de 200 personas del Caquetá, Huila, Meta, entre otros departamentos, víctimas de reclutamiento y utilización en la guerra, que esperan ser acreditadas por la Justicia Especial para la Paz (JEP), en su caso 007: Reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes al conflicto armado. 

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Durante el 2020 la Defensoría del pueblo emitió 46 alertas tempranas que estuvieron 
estrictamente vinculadas con el riesgo de reclutamiento forzado a menores de edad, en 26 de los 32 departamentos de Colombia. Situación que se agudizó con la pandemia del Covid-19, puesto que se perpetraron 83 reclutamientos forzados a menores de edad, donde la lista fue encabezada por el Caquetá, con 21 casos, y el Cauca con 19. 

La entidad también evidenció a través de su informe Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, emitido en 2021, que los grupos armados irregulares vinculan de manera forzada e ilícita a niños, niñas y adolescentes a sus filas para fortalecer su control y expansión territorial. Acuden al mecanismo de la utilización —además del reclutamiento— a través del “campaneo”, es decir, que sirvan de informantes y vigilantes para el traslado de drogas y la presencia personas ajenas al lugar, al igual que por medio del transporte de insumos para las economías ilícitas, consumo de estupefacientes, abuso y explotación sexual. 

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), en su boletín número 25, señaló que durante el primer semestre del 2021 se registraron en el Caquetá dos eventos en los que hubo reclutamiento y vinculación ilícita de menores, explicando que en este departamento, la situación es tensa. La presencia de grupos residuales de las Farc generan pánico entre la población, las masacres regresaron, y con ellas las amenazas, el reclutamiento de menores, y el temor a denunciar. Además, se documentaron algunos hechos en los que utilizaron el engaño, ofreciendo trabajos en fincas y en obras de construcción, la amenazas a seres queridos, o la persuasión, a través del acceso a cargos donde tendrían poder. 

Monica*, una lideresa del Caquetá, cuenta que: 

—La gente tiene pánico, la gente tiene mucho miedo de las represalias que pueda tomar el actor armado ante una denuncia (...) Si usted denuncia, usted se tiene que ir y toda su familia, y pues obviamente, eso genera una situación de desplazamiento muy compleja.
—¿Qué están haciendo las autoridades? 
—Hay una percepción desde el común de la gente y es que los chicos no son reclutados forzosamente sino que quisieron irse. Y así, desde los funcionarios. 
—¿Y eso por qué? 
—Porque a veces no es a la brava, y es muy grave en la medida que eso no permite visibilizar la afectación, y el delito, y de alguna manera legitimar el accionar de los grupos, y deslegitima a los menores. 
—¿Cómo así?
—Motivados por el poder, por el dinero, por las armas, (...) y pues obviamente no hay denuncias. Le cuento, cada vez son más jóvenes quienes comandan los grupos. Pelados que no superan la mayoría de edad, y los pelados se conocen esos territorios como la palma de la mano. 
—¿Así de grave?
—Si, es que como están ahora disputándose todo esto acá, entre disidencias de la Carolina Ramirez y la Segunda Marquetalia, entonces no duran, los matan rápido. Sigue otro, y otro. La necesidad siempre gana. 

La Defensoría del Pueblo, regional Caquetá, también ha evidenciado durante el 2020 y 2021, que además del temor a denunciar, la gente desconfía de las instituciones del Estado, por tanto los casos no logran ser registrados, y denunciados a través de la Red Nacional de Información, Vivanto, del Ministerio del Interior. Los municipios más afectados han sido Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano. 

Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico (ONCA), explica que el temor a la denuncia también ha generando un subregistro para el 2021. “Para el Caquetá por ejemplo, en municipios como Solano o San Vicente del Caguán se han presentado entre 15 y 17 casos, donde buena parte de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, pero esto se ha convertido en un secreto a voces y la atención del Estado se ha reducido a la presencia militar”. 

En el Caquetá actualmente opera el grupo armado residual Gentil Duarte e Iván Mordisco en los municipios de Rionegro, San Vicente del Caguán, Remolino, y Cartagena del Chairá, algunos bajo el mando de su Frente Carolina Ramirez, y la Segunda Marquetalia. Además del grupo post desmovilización paramilitar Comandos Bolivarianos de la Frontera, y el grupo armado delincuencial Los Caqueteños.

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Hasta el momento Camila no ha iniciado su proceso de reconocimiento como víctima de reclutamiento forzado ante la JEP. Solo ha recibido apoyo para acceder a medidas de seguridad y protección, entre esas, el traslado a la ciudad donde se encuentra en estos momentos. Para ello le fue tomada una declaración, donde explicó las formas como ha sido amenazada, y los posibles atentados. Fue a través de Bernabé Plazas Hoyos, quien fuera representante de una de las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas en Colombia y de la Fundación Peñas Vive, junto con el apoyo del Colectivo Antimilitarista Mambrú, que pudo acceder a este plan de protección. 

Dice no estar interesada en recibir una reparación económica por parte del Estado, a lo mejor verdad, pero sobre todo apoyo psicológico. No sabe hasta cuándo tendrá el amparo de la persona que la escolta, porque está próxima a vencerse la medida de protección, y no sabe si la renovarán. Además, cuenta que desde que la recibe, la persecución aumentó, y con esta las amenazas. 

Está explorando la posibilidad de conversar con uno de los abogados que está acompañando a víctimas de reclutamiento forzado e ilícito ante la JEP a través de la Coalico, pero antes necesita resolver si continuará o no con sus medidas de protección, porque le han dicho que debe salir del lugar en el que se encuentra en estos momentos, y eso significa dejar a un lado lo poco que ha construido en este último año, e iniciar de cero en otra zona del país. Está cansada de estar de un lado para otro, en donde todos y todas le resultan desconocidos, y cualquiera podría ser un enemigo. 

Precisamente Juan Manuel Martinez, uno de los abogados de la Coalico que acompaña a de algunas víctimas para acreditarse ante la JEP en el caso 007 Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, explica que para el caso de Camila “lo que se busca en primer lugar es determinar la existencia y funcionamiento de la política de reclutamiento respecto de las Farc, de niñas y niños, es decir, personas menores de 18 años e investigar qué otro tipo de conductas asociadas a ese reclutamiento se dieron, y sancionar a los máximos responsables de cometer esas conductas. Cerca de 18.700 personas podrán acreditarse, eso dijo la JEP en su último auto, el Auto 159 de agosto de 2021”. 

Este caso investiga los delitos de reclutamiento y utilización de niñas y niños cometidos por integrantes de las Farc y de la fuerza pública, entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016. Otros hechos victimizantes relacionados con este delito son el abuso y violencia sexual, aborto y anticoncepción forzados, tortura, desaparición y homicidio. 

De acuerdo con el informe que entregó la Fiscalía a la JEP, y con el que esta última abrió el caso 007, el conteo desde el año 1975 hasta 2014 era de 11.556 menores reclutados por esa guerrilla. Hoy, quienes buscan acreditarse son personas adultas que fueron reclutadas o reclutados siendo menores de 18 años. 

Desde la Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico (ONCA), Julia Castellanos señala que la importancia de la verdad de las víctimas, también se debe a que, si bien “las primeras audiencias fueron versiones libres, que le permitieron al despacho conocer un poco la narrativa de estos excombatientes que están en este proceso de justicia transicional, (...) se dan entonces estos escenarios, que no son nada fáciles porque pueden ser revictimizantes (...) pero que son lastimosamente necesarios para ubicar en este proceso de justicia transicional, para mirar esas posibilidades en términos de justicia real, y de garantías de no repetición”.

Por eso, los relatos como el de Camila son cruciales, porque son un voto de confianza, un derecho a la justicia, y una forma de romper con la pandemia del silencio y el miedo. Que Camila hablará conmigo, me contara su historia, una que quizá una buena parte del país conoce, pero se desdibuja con facilidad, no fue cosa sencilla. Nos tuvimos que esconder. Ella me vió todo el tiempo con sospecha, nunca antes había compartido su historia, apenas si lo hizo para pedir protección, y ahora que está buscando la manera de acercarse a la JEP, aunque no confíe del todo en ella, parece que eso podría devolverle un poco la esperanza.

*Sus nombres fueron cambiados por cuestiones de seguridad. 
 

Actualizado el: Jue, 11/04/2021 - 22:29

Por: Rutas del Conflicto, con el apoyo de La Liga Contra el Silencio.

Marco Efraín Montalvo, de 68 años, llevaba casi 50 ejerciendo el periodismo cuando un sicario lo mató el 19 de septiembre en pleno centro de Tuluá, Valle del Cauca. Ahora muchos de sus colegas temen ser las próximas víctimas de quienes buscan silenciar a la prensa e imponer el terror en esa ciudad. “Existen indicios suficientes para sostener que su homicidio está relacionado con las denuncias que hacía sobre corrupción y bandas criminales locales”, dijo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre este caso. La última vez que ocurrió allí un crimen similar fue en 1994, cuando asesinaron al locutor Horacio Yepes Lozano. 

Montalvo trabajó para varios medios regionales y seguía publicando denuncias en sus redes sociales. Trataba temas relacionados con Tuluá, conocida como el ‘corazón del Valle del Cauca’, con una población de unas 218 mil personas y ubicado a 92 kilómetros de Cali. Este es el municipio más habitado en el centro del Valle y tiene influencia sobre al menos cinco municipios cercanos. Su relevancia ha convocado una importante cantidad de reporteros, y aunque no existe un número preciso, la mayoría calcula que hay al menos 50. “Incluso podemos estar sobrepasando los cien”, dice el periodista Yonieher Ramírez.

Montalvo aprendió periodismo en las salas de redacción y en las calles, y usó para su trabajo diferentes formatos hasta llegar a las redes sociales. También fue maestro de decenas de periodistas en Tuluá, donde era un referente. Su asesinato sorprendió a todos, pero se enmarca en el clima violento que vive la región. Durante los últimos años Tuluá ha figurado entre los municipios con más homicidios del país. Aunque la pandemia provocó un descenso de los asesinatos en otros lugares, en 2020 esta ciudad registró 152 muertes violentas y un aumento del 25 % en la tasa de homicidios. Hasta 2016 estuvo entre las 50 las ciudades más violentas del mundo. En los últimos meses al menos cuatro personas han sido decapitadas.

Las balas y el miedo

El asesinato de Montalvo ocurrió en un local comercial del barrio La Esperanza. “Es residencial, uno de los más tranquilos”, dice alguien que prefiere no ser identificado y que vio a Montalvo caminar muchas veces hacia ese lugar, donde solía tomar cerveza.

La Fiscalía le confirmó a la FLIP que no tenía conocimiento de ningún tipo de amenazas contra Montalvo, pero tras su muerte el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) recogió denuncias de Mauricio Altamirano, sobrino de Montalvo, quien contó que en 2019 un hombre que iba en una motocicleta lo golpeó con el casco y le advirtió “que dejara de informar sobre temas delicados”. También dijo que este año su tío había recibido amenazas de muerte por Facebook. 

“Si esto le pasó a Marcos, ¿en qué momento nos toca a los demás?”, dice el periodista Israel Arango, quien trabaja en un medio local. “No deja de ser intimidante”, añade. Sus colegas manifiestan sentimientos similares. “No se sabe qué pasó. Hay zozobra y solo se va a acabar cuando se esclarezca el crimen. En este momento uno no sabe si puede hablar o es mejor callar”, dice el reportero Jhon Jairo García.

Los colegas piden celeridad en las investigaciones. Según cifras de la FLIP, cerca del 80 % de los homicidios contra periodistas en Colombia permanecen impunes.

Desde Bogotá se asignó un equipo especializado de la Fiscalía, y en este momento se ofrece una recompensa de más de 100 millones de pesos por información que facilite capturar a los responsables. El ministro de Defensa, Diego Molano, planteó la posible relación del crimen con las denuncias periodísticas que hacía Montalvo. La Alcaldía de Tuluá rechazó el crimen y el alcalde John Jairo Gómez aseguró en una entrevista que conocía el trabajo del reportero y su importancia. Pero el alcalde matizó. “Que yo lo haya visto activo en un medio de comunicación, no. Hace años no lo veía activo, de pronto en redes sociales lo veía comentando”, dijo. 

La FLIP expresó preocupación frente a la ambigüedad que mostró Gómez. “Son declaraciones que le restan relevancia al trabajo y a las denuncias que realizaba Marcos”, dijo la organización, y pidió al funcionario adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas. 

El secretario de gobierno, Jorge Alexander Gallego, dijo que desde el gobierno municipal respetan y valoran la labor de la prensa. Gallego contó que nunca habló con Montalvo, pero sabía que era un periodista reconocido en el municipio.

Gallego se mostró confiado. “Las cifras muestran que hasta la fecha hemos logrado un esclarecimiento del 24 % de los homicidios cometidos este año. Hemos esclarecido 21 de los 87 crímenes”, dijo.

Las amenazas contra periodistas en Tuluá no son recientes. “Siempre han estado, son cíclicas. A inicios de los 2000 hubo bastantes por la disputa entre paramilitares y la guerrilla”, dice Carlos Humberto Castillo, reportero del periódico El Tabloide. Su colega Israel Arango cuenta que las amenazas suelen llegar en panfletos o llamadas. “Uno casi nunca les pone cuidado, porque casi siempre son amenazas sin fundamento. Uno ya sabe a cuáles ponerles cuidado y a cuáles no”, dice.

Pero en algunos casos la amenaza se concreta. En Tuluá, la FLIP registró otros dos periodistas asesinados. En 1994, en la zona rural, desconocidos mataron a Horacio Yepes Lozano. El 1 de diciembre de 1989 ocurrió uno de los crímenes más recordados, contra el director de El Tabloide, José Wenceslao Espejo, baleado en un restaurante de Tuluá. Este asesinato es atribuido a las denuncias que había hecho contra narcotraficantes de la región.

En todo el país la FLIP registra 163 periodistas asesinados por causas asociadas a su oficio. Uno de cada cinco de estos crímenes ha ocurrido en el Valle del Cauca, con 33 registros. El departamento ocupó en 2020 el tercer puesto con más agresiones contra la prensa. Antes de Montalvo, el homicidio más reciente ocurrió en diciembre del año pasado en Cali, contra el periodista de Q’Hubo Felipe Guevara.

 

 

Libertad de prensa y pauta oficial

Como en otras zonas del país, la pauta que contratan en Tuluá las administraciones locales e instituciones estatales financia los medios de comunicación y el trabajo de los periodistas. Pero también ha servido como método de control sobre la prensa. Hoy no hay denuncias sobre presiones para ocultar o mostrar información, pero varios periodistas contaron cómo la han sufrido anteriormente.

Jhon Jairo García fue el director de Alerta Valle del Cauca en Radio Tuluá 1440 AM. Dice que durante el mandato del alcalde Gustavo Vélez Román (2016-2019) duraron tres años sin recibir dinero por pauta oficial. Todo empezó porque habían conformado un grupo de periodistas que realizaba denuncias y no tenían buenas relaciones con los funcionarios. “Un día me llama el jefe de prensa de la Alcaldía y me dice que en la emisora hay alguien que no quiere escuchar. Yo le digo que no voy a sacar a nadie porque a ellos los paga Radio Tuluá, no él”, recuerda García.

Durante la anterior administración local al menos cuatro periodistas recibieron ataques en redes sociales por la labor que realizaban. Después de un desalojo a comerciantes informales que terminó en disturbios, perfiles falsos y funcionarios públicos compartieron imágenes y mensajes que ligaban a los comunicadores con un supuesto plan liderado por una mujer privada de la libertad y que buscaba favorecer a un político local. Esta información estigmatizó la labor que realizaban los reporteros.

“Hay un ambiente muy violento y agresivo en redes sociales, hay ‘bodeguitas’ que trabajan para actores locales. Eso hace más tóxico el ambiente periodístico y no hay iniciativas de la administración local ni de otros sectores que fortalezcan ese trabajo”, dice Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, sobre el quehacer periodístico en Tuluá. 

La pauta, principalmente la oficial, es clave porque se convierte en el salario de los periodistas. “Se ha perdido la dignidad salarial, muy pocos medios en Tuluá y en Valle del Cauca pagan un sueldo. Muchas personas viven de la pauta y eso genera una dependencia”, asegura el periodista Carlos Humberto Castillo. “La publicidad oficial hace que en muchos casos los periodistas terminen teniendo inclinación por una administración, y eso se refleja en el contenido periodístico. Se politiza el periodismo, se pierde independencia y transparencia”, dice Bock.

En Tuluá existe un vínculo cercano entre el periodismo y el poder político. Para Yonieher Ramírez, que pasó de los medios a trabajar en la Alcaldía, esta es una realidad del gremio. “Yo dejé de trabajar en medios y muy seguramente si algún día quiero volver a trabajar como periodista, tendré que dejar pasar un tiempo”, dice.

En este lugar también es común identificar cuando un periodista está a favor o en contra de la administración local. Muy pocos escapan de esa lógica. Marcos Efraín Montalvo había sido cercano al anterior gobernante, y con el actual tenía diferencias. Pero sus denuncias nunca se detuvieron.

Montalvo utilizaba Facebook para denunciar hurtos de los que se enteraba, o para llamar la atención sobre algún contrato que iba a firmar la administración pública y que ponía a disposición de quienes visitaban su página. En algunas ocasiones, al final de una publicación, agregaba una nota: “Opinión personal”, decía. Y escribía allí un pequeño comentario. 

Montalvo era incisivo con los comentarios cuando conocía algún hecho de corrupción. “EN EL GOBIERNO DE ‘LA TRANSPARENCIA Y DE LA CERO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN’, DECLARAN INSUBSISTENTE A LA TESORERA DEL MUNICIPIO”, escribió en junio de 2020. Así, en mayúsculas, indignado. Durante el paro nacional de este año, el periodista cubrió el estado de las principales vías de acceso a Tuluá.

Pero la política era su tema central. En las últimas elecciones hubo una polarización marcada, y en la página de Facebook de Montalvo quedó registrada buena parte de esto. Hay varios mensajes en contra de quienes apoyaban a candidatos distintos a los suyos. En sus redes era beligerante. “Había tomado una posición política más fuerte”, aseguran quienes lo conocían. Algunos de sus colegas prefieren recordar las denuncias que hizo contra los carteles del cilantro, la cebolla y la papa en el municipio, que concentran la venta de esos productos y fijan su precio.

Mataron al ‘maestro’

El periodista Arango, uno de sus pupilos, recuerda a Montalvo como una persona cuidadosa con las palabras que escribía. Dice que era de esos editores que leía y no dejaba pasar un solo error. “Ese hombre brillaba y tenía facilidad para escribir”, dice. 

Un día Montalvo escuchó por casualidad a Arango y vio algo en él. Le preguntó si quería aprender periodismo y le dijo que tenía buena voz. Así comenzaron 30 años de aprendizajes: leer noticias, proponer temas de investigación, hacer preguntas incisivas y escribir de manera impecable. “Con ese loco era una cosa rigurosa”, cuenta Arango entre risas.

Otros periodistas de Tuluá también recuerdan a Marcos Efraín Montalvo como una persona que se adaptó a las nuevas tecnologías. Ya no trabajaba en grandes medios de comunicación, pero usaba las redes sociales como su canal de denuncia. “Aunque tenía 68 años, fue de los primeros protagonistas en las redes”, asegura Arango.

Las nuevas tecnologías también le permitieron a Jhon Jairo García tener nuevos espacios para ejercer el periodismo. Después del problema con la pasada administración relacionado con la pauta oficial, su programa Alerta Valle del Cauca terminó y él creó una emisora virtual. 

“Otro ejemplo es el de un periodista que dejó los medios y ahora su fortaleza es un espacio vía WhatsApp donde comparten y hablan de política. Les compran publicidad. Los lunes, miércoles y viernes todos esperan sus informes”, dice Carlos Humberto Castillo. En este panorama donde las redes sociales han permitido que más personas puedan comunicarse, sobresalió Marcos Efraín Montalvo.

Su asesinato contiene un mensaje. “No solamente estaban atacando a alguien que era muy crítico, sino a alguien que durante mucho tiempo fue un referente. Es una estrategia para silenciar a otros que están dispuestos a señalar las irregularidades en distintos municipios”, explica Bock, de la FLIP.

Esto “advierte el peligro que se corre por emitir opiniones que generen controversia o le hagan cosquillas a los verdaderos dueños del poder en Tuluá. Ni la edad ni la experiencia merecen respeto”, escribió en Twitter el periodista y escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal.

El secretario de gobierno Gallego confirma la presencia en Tuluá de grupos armados y bandas delincuenciales que reclutan a jóvenes como el que disparó contra Montalvo. Muchos se unen a esas organizaciones porque no encuentran oportunidades, aunque la Alcaldía dice que está trabajando para apoyar a los adolescentes. Gallego dice que en la cabecera municipal no hay disidencias de las Farc, pero sí en la zona rural. 

En la zona urbana existen decenas de bandas delincuenciales. En el primer semestre de este año, según información oficial, se desarticularon siete grupos y se capturaron 316 personas. Entre ellas Sebastián Cuero, alias ‘Arracacho’, a quien se responsabiliza de más de una docena de homicidios. 

En este clima de violencia, el asesinato de Montalvo agudizó el miedo entre sus colegas, que ahora esperan el esclarecimiento del crimen y garantías para quienes siguen ejerciendo el oficio. Sobre las amenazas, no a todos les llegan ni en todo momento. “Al final cada quien es dueño de sus propios miedos”, dice Arango.

Actualizado el: Mié, 10/27/2021 - 09:22