Por: Camila Ramos, Sabrina Bastidas y Ana Rodríguez. 

Entre tragos Uriel Romero decide hacer la pregunta final: “¿usted mató al acólito de la iglesia?”. Alias ‘Canica’ guardó silencio un momento antes de por fin contestarle, “no, yo di órdenes para que lo mataran porque yo era el comandante”. Así, Uriel se enteró que su hermano Adonai, había sido asesinado y que tenía enfrente al responsable de su muerte.

Aprovechando su estado de alicoramiento, Uriel comenzó a cuestionarlo sobre las desapariciones en Chámeza, Casanare. Había escuchado antes que aquel hombre había participado en la masacre de Mapiripán y que también había estado presente el día en que su hermano fue desaparecido.

El paramilitar no se imaginaba que estaba siendo interrogado por uno de los familiares de Adonai y, sin quererlo, había comenzado a dar pistas fehacientes de su responsabilidad en la muerte del joven. ‘Canica’ le confesó que en Chámeza habían desaparecido a muchas personas, pero que a él le dolió cuando desaparecieron al acólito de la iglesia porque “era un pelao bien”.

Uriel Romero lleva siempre con él la foto de su hermano, Adonai Romero, y una camisa con las fotos de todos sus familiares desaparecidos.

Fotografía: Camila Ramos, Sabrina Bastidas y Ana Rodríguez. 

Durante el período del 2001 al 2003, el municipio de Chámeza, Casanare vivió duros episodios de violencia. De acuerdo con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el municipio se registraron un total de 37 desapariciones forzadas. Las familias de las víctimas se han encargado de la búsqueda de sus seres queridos y solos han logrado encontrar cerca de nueve cuerpos.

Las personas desaparecidas, usualmente, son víctimas de tortura y, en la mayoría de los casos, nunca recuperan su libertad. En el caso de Chámeza, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) señala que, “se ha encontrado que los cuerpos de las personas eran desmembrados para luego ser inhumados en fosas clandestinas muy pequeñas o fosas comunes. En otros casos, eran lanzados a ríos o lagunas”.

En Colombia, finalizando la década de los noventa, hubo una transformación del mecanismo de desaparición forzada cuando con el recrudecimiento de la guerra, esta “dejó de ser monopolio del Estado y pasó a hacer parte de los repertorios de violencia de grupos armados ilegales, como las guerrillas y los grupos paramilitares”. 

En busca de Adonai

Uriel tenía 17 años cuando comenzó la búsqueda de su hermano Adonai Romero. En 1997 los frentes 38 y 56 de las Farc atacaron la alcaldía, el colegio, las sedes de la Policía y la Registraduría y algunas casas de los habitantes del municipio, según el CNMH. A raíz de esto, en 1999 Uriel dejó de asistir al colegio y recibió un aviso de su primo militar de que él y su familia tenían que irse de Chámeza. Su hermano se quedó atrás, impulsado por la vocación de servir a la iglesia, de la que era acólito de un padre de apellido Arbeláez. En 2001 Uriel regresó solo a Chámeza, luego de haber salido desplazado con su familia tres años atrás. 

 

 

En el municipio vecino le dijeron a Uriel que su hermano había desaparecido junto a otras personas de la región. Un año y medio después de la desaparición de su hermano, Uriel pisó de nuevo el suelo de la tierra que lo vio nacer, a pesar del rumor de que “quien tuviera que venir a Chámeza se moría”. Ahí fue cuando se encontró con alias ‘Canica’, el paramilitar que había estado al mando durante los duros tiempos de violencia en la zona. 

Chámeza había comenzado a ser visible a causa de las grandes reservas de petróleo en la zona en los años noventa. Por esta razón, se creó la XVI Brigada del Ejército, ubicada en Yopal, Casanare, a dos horas del municipio. Según el informe ‘Chámeza, Memorias de la sal que nos dio la vida’ del CNMH, esta tendría la labor de garantizar la explotación petrolera y hacer frente al incremento de la presencia de las Farc y el Eln en la zona. 
 
En este informe se encuentran algunos relatos de víctimas del municipio que acusan a la XVI Brigada y a otros miembros de la Fuerza Pública de señalar a Chámeza como “zona roja” y a sus habitantes como colaboradores de la guerrilla. Según los testimonios, esto desencadenó la oleada de asesinatos y desapariciones a campesinos, profesores y médicos por esta estigmatización. Mariana Toro, familiar de José Santos Toro y Rigoberto Toro, desaparecidos en la región, comentó en una entrevista con el CNMH que esta brigada del Ejército se había ensañado con la comunidad luego de que la guerrilla asesinara a uno de sus soldados en el municipio.
 
La desaparición forzada se convirtió en una de las principales dinámicas ejercidas en Chámeza, lo que llevó a que sus habitantes se desplazaran a zonas aledañas en el afán de proteger sus vidas y las de sus familiares. En el informe se indica que, según el Registro Único de Víctimas (RUV), entre los años 1985 al 2014 se desplazaron masivamente alrededor de 781 familias chamezanas: 18 en el año 2000, 150 en el 2001, 241 en el 2002 y 169 familias en el 2003. Las cifras son aún más alarmantes cuando se tiene en cuenta que en el municipio vivían alrededor de 1.800 personas.
 
De acuerdo con el RUV, entre 1993 y el 2005, se registró un fortalecimiento de la presencia de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) bajo el mando de alias ‘Martín Llanos’, alias ‘Caballo’ y alias ‘Careloco’.

Familias unidas por la búsqueda

Yeison Salamanca es el líder de la Asociación Familiares Colombia Línea Fundadora de Recetor, Casanare, y una de las víctimas de desaparición forzada en la zona. Nueve de sus familiares, entre ellos sus padres y hermanos, fueron desaparecidos, lo que lo obligó a desplazarse de la zona huyendo de la violencia. Yeison y Uriel han trabajado juntos, de la mano con otras familias víctimas del mismo flagelo, pues Recetor y Chámeza son municipios aledaños. Como consecuencia se creó la fundación que, hasta el día de hoy, lucha por encontrar los cuerpos de estas personas que llevan desaparecidas desde hace casi 20 años y así poder obtener justicia.

El dolor y la incertidumbre de no saber dónde se encuentran sus familiares genera que las víctimas se organicen y que sean ellas mismas quienes, pista a pista, hallen un rastro que los lleve al paradero de sus parientes. La ayuda de la comunidad en la reconstrucción de los hechos, la constancia y el tiempo que han dedicado a la búsqueda de cada familiar los ha llevado a encontrar nueve de las 36 personas desaparecidas en Chámeza, según cifras entregadas por Uriel.

 

 

Romero logró limpiar el bosque en un transcurso de tres meses, después de reunir a un grupo pequeño de familiares de víctimas e, incluso, algunos miembros de su familia. Aunque seguían sin encontrar nada, no se daban por vencidos. Guiados por algunas declaraciones de alias ‘Careloco’ y testimonios de vecinos, comenzaron a hacer mapas para llegar a alguna conclusión sobre cómo hallar el cuerpo de su hermano. En este proceso, dieron con un vecino que les dio algunas pistas de los últimos minutos de vida de Adonai.
 

 

 

La Asociación Familiares Colombia ha denunciado que ellos no han recibido apoyo en la búsqueda por parte de instituciones como la UBPD y la Fiscalía, pues han sido las mismas víctimas quienes se han organizado para encontrar a sus familiares. Incluso la Asociación ha propuesto un trabajo en conjunto con la UBPD, pero la respuesta fue negativa. 
 
Estas situaciones han creado choques entre las víctimas y la institución, y sumado a esto, se han puesto obstáculos en la participación de los familiares en la exhumación de los cuerpos y no les han brindado ayuda psicosocial después de la entrega.

Según la UBPD, “desde la apertura de la sede territorial de Yopal, la entidad determinó como prioritario el abordaje de dicho municipio en las labores de búsqueda”. Asimismo, aseguró que ha adelantado la investigación en Chámeza a través de reuniones y también “diálogos constantes con personas y familias que han sido víctimas de las desapariciones forzadas de sus familiares y allegados”.
 
Hasta el momento, aseguró la misma entidad, solo se ha desarrollado una acción humanitaria de prospección, es decir, exploración del terreno para descubrir o encontrar algún cuerpo, pero sin hallazgos positivos. La UBPD afirmó que ha propuesto espacios de pedagogía con organizaciones de desaparición forzada del municipio y que ha articulado acciones con la institucionalidad local. Sin embargo, esto se contrapone con los relatos de los familiares que han asumido la búsqueda de sus desaparecidos con sus propios medios.

En el caso de Familiares Colombia Línea Fundadora, ni siquiera el Estado les ha ayudado a proteger las zonas de búsqueda a pesar de las denuncias que han enviado sobre posibles obstrucciones en el proceso. Esta es la situación que se vivió con un predio donde se estaban realizando búsquedas y fue perturbado cuando el dueño, un exalcalde, comenzó a construir su propiedad, sin importar las alertas que la comunidad había hecho para que nadie tocara el terreno.
 

 

El miedo al retorno

 

 

Las personas que se ven forzadas a abandonar sus territorios, no contemplan la opción de regresar porque ya no hay nada en estas tierras que los amarre a ellas, solo el dolor. El miedo se vuelve un factor importante en el desplazamiento, pues estas personas no quieren retornar a un lugar habitado por la violencia armada y lleno de recuerdos.
 
Ese mismo miedo impacta sus vidas personales pues suelen cargar solos con sus duelos y angustias. Indepaz señala, en su informe ‘Afectaciones Psicológicas A Familiares De Personas Desaparecidas’, que la desaparición forzada causa “un duelo irresuelto con problemas emocionales y psicológicos profundos que afectan los proyectos de vida de las personas y sus familias, dañando los vínculos humanos y las relaciones comunitarias y sociales, no solo en un corto y mediano plazo, en muchas ocasiones pasan décadas buscando el saber la verdad y justicia para su familia”.
 
Pero a pesar de todo esto, la comunidad chamezana se ha mantenido fuerte en su propósito de construir paz en su municipio. Muchas familias han regresado a sus casas para rehacer sus vidas, viviendo día tras día, sin nunca olvidar.

 

 

Jorge Evelio Díaz, sacerdote de la parroquia San Nicolás de Tolentino, cuenta cómo es la situación actual de Chámeza. Díaz asegura que el retorno le ha dado vida al municipio que, de a pocos, se ha reconstruido y unido.

Los esfuerzos por construir memoria en Chámeza nacen de la misma comunidad que lucha, día a día, por conmemorar y recordar a sus familiares. Pese a que los fuertes episodios de violencia afectaron las relaciones entre los habitantes del municipio, su lucha por buscar a sus seres queridos los unió en el reclamo por la verdad y la reparación. La Asociación Familiares Colombia es una muestra del apoyo que la comunidad se da entre sí, tanto para emprender búsquedas como para sanar junto a otros. 
 
Según los líderes de la Asociación, el Estado ha mostrado poco interés en colaborar con los procesos de búsqueda y con el trabajo en conjunto con la comunidad. También señalan que, a pesar de su ausencia en la investigación, se han abanderado injustamente de hallazgos que han sido resultado del trabajo, tiempo y dedicación de los familiares de las víctimas para encontrar los cuerpos de sus desaparecidos.

La lucha de estas familias no termina cuando encuentran a sus familiares, ya que siguen en una pelea constante con el gobierno local para poder conservar los símbolos que ellos han construido para la memoria. Uno de ellos es la placa ubicada en el parque central del municipio, en donde se encuentran los nombres de las personas desaparecidas. A pesar de los reclamos de las víctimas, la placa se encuentra a un lado del pedestal, partida a la mitad y arrumada junto a escombros del parque.

 

 

Esta placa fue hecha en conmemoración a las víctimas de desaparición, sin embargo, este año en una restauración organizada por la Gobernación sufrió una ruptura y hasta el momento no ha sido reemplazada, pese a las promesas que les han hecho a las víctimas. 
Fotografía: Camila Ramos, Sabrina Bastidas y Ana Rodríguez. 

La UBPD señala que ha recibido 28 solicitudes de búsqueda de Chámeza que se encuentran en trámite. Según la Unidad, en estos casos se han adelantado diálogos iniciales y de ampliación de información, acciones de orientación y tomas de muestras de material genético. Sin embargo, los líderes de Familiares Colombia Línea Fundadora y las familias afirman que han enviado más de cien solicitudes para que la entidad acompañe y apoye la búsqueda que ellos están realizando. “En estos 20 años nosotros hemos recorrido todos los sitios y lugares de fosas. Nosotros no podemos hacer el trabajo que ellos hacen, pero sí podemos trabajar articuladamente. No necesitan venir tres o cuatro veces a hacernos talleres porque eso cansa a la gente”, afirma Yeison Salamanca.

Mientras todo esto ocurre las familias de los desaparecidos no cesan en su lucha y continúan en la reconstrucción de sus vidas luego de que les arrebataran a sus seres queridos. “No es igual recuperar un cuerpo que a una persona viva, pero al menos esto compensará que las víctimas puedan visitar los restos de sus seres queridos, puedan llevar flores, ofrecerles una misa y visitar su tumba cada vez que quieran”, menciona Uriel.

Actualizado el: Vie, 12/17/2021 - 06:56

Reminiscencias, voces para enfrentar la ausencia, es un podcast de La Cola de Rata y Rutas del Conflicto, que busca memorar las vidas de las personas jóvenes que fueron asesinados durante las movilizaciones sociales, del paro nacional de Colombia en 2021. Buscaremos trascender la nota periodística y las cifras entregadas por las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

El recuerdo y la voz de sus familiares y amigos más cercanos, serán quienes conduzcan y presenten a través de su narración, sus lugares de origen e infancia, sus sueños, aficiones y temores. 

Por: alianza entre La Cola de Rata y Rutas del Conflicto. 

 

Capítulo 1: Mientras tanto, el sol se muere

Tras la muerte de Lucas Villa se ha asistido a la inacción de las autoridades y a la tipografía inerte que describe los hechos en diarios nacionales. Por ahora, solo algunas investigaciones periodísticas alternas han tenido rigor para ir en búsqueda de la verdad.

Muchos ya contaron solo su muerte, en este podcast se relata cómo fue su vida. Familiares y amistades recuerdan algunos de los momentos que se  quedaron en sus corazones, desde su nacimiento hasta el día de su muerte durante el paro nacional. Acá, narran sus maromas siendo muy pequeño, la rebeldía de su adolescencia, los accidentes de su vida, su búsqueda espiritual y un viaje por Sudamérica del cual regresó muy enfermo. 
 

 

 

 

 

Capítulo 2: La calle es un abismo

Héctor Fabio Morales es recordado por su generosidad. Creció entre la adversidad, con un ímpetu alimentado desde temprana edad por la entrega comunitaria de su madre. Su vida era sencilla, entre afectos familiares y cotidianidades de barrio. Cuando fue asesinado a las afueras del Museo de Arte de Pereira, en pleno contexto de paro nacional, su rostro ya no solo fue recordado por sus familiares. 

Entre voces cercanas, este capítulo reconstruye momentos importantes de su vida, sus motivaciones, sueños y la determinación que tuvo para luchar por una vida digna.

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 12/28/2021 - 22:20

Por: Katharina Danisch y Juan Pablo Arcos. 

En noviembre del 2021, después de cinco años, terminó la primera fase de implementación del Acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 entre el Gobierno colombiano y la ahora ex guerrilla de las Farc. Con este motivo, LIMPAL presentó un informe abordando dos focos de investigación. Una parte expone los resultados del seguimiento a indicadores de género del Acuerdo de Paz  realizado por esta organización, y la otra, informa sobre las acciones de género de la Política de Reincorporación socioeconómica de exintegrantes de las FARC-EP.

LIMPAL es una organización no gubermental, feminista, pacifista y antimilitarista en Colombia que hace parte del movimiento Women´s International League For Peace and Freedom (WILPF), que trabaja en más de 50 países. Se reconoce como el movimiento pacifista de mujeres más antiguo en el mundo. LIMPAL busca aportar a la construcción de paz en Colombia bajo criterios feministas, ante todo la participación política de las mujeres y su concepción como sujetas políticas, además del reconocimiento, la defensa y la protección de las mujeres y niñas. Con estos propósitos LIMPAL lleva 20 años trabajando en Colombia.

Alrededor de tres velas; una blanca, otra amarilla y otra morada, comenzó la socialización del informe, invitando a las y los invitados a reflexionar sobre el aporte que realizan desde sus campos de estudio y conocimiento para ayudar a otras mujeres. El espacio lo realizó Orlydis Vergara Padilla, miembro del grupo de investigación territorial en Bolívar y Meta.

En junio y julio de este año, las investigadoras de LIMPAL hablaron con más de 50 mujeres, entre las que se encontraban mujeres ex-combatientes de las Farc en proceso de reincorporación, en los departamentos del Meta y de Bolívar. De acuerdo con Diana María Salcedo López, directora de la organización no gubernamental, estas mujeres “habían estado participando en diferentes espacios y procesos de implementación del Acuerdo de paz”. 

En las entrevistas se incluyeron las voces de mujeres de diferentes sectores sociales que vienen de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), tanto de la ruralida, como de zonas urbanas. Además, el análisis aborda un componente importante de mujeres que se reconocen como negras y uno de mujeres con identidades y orientaciones sexuales diversas. “Esta lectura fue bastante compleja de tejer porque la mirada es distinta dependiendo donde se ubica uno, pero la misma diversidad de mujeres también nos da una perspectiva muy importante en términos de interseccionalidad” dijo Salcedo. 

RIESGOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

Recolectar y reflejar las experiencias y percepciones de todas estas mujeres sobre la implementación del Acuerdo de paz, así como posicionar sus miradas respecto a las narrativas institucionales fue uno de los principales objetivos de la investigación.  “En general, en muchos casos el análisis que proponen las mujeres contrasta con lo que reportan entidades públicas en su informes”, explicó Natalia Chaves Monroy, Coordinadora de Investigación de LIMPAL.

La representación de las mujeres en lo pactado en el Acuerdo de paz no se ha visto de forma real en los territorios, sobre todo en la toma de decisiones colectivas y la búsqueda de liderazgos. En su momento, 65 mil mujeres participaron en los espacios de construcción de los PDET, lo que representa el 32,5% del total de participantes, como reporta la Agencia para la Renovación del Territorio (ART). Sin embargo, de las más de 33 mil iniciativas recogidas para los PDET en todo el país, sólo el 14% (4.620) son iniciativas de género. 

Las mujeres que participaron en los grupos de planeación hoy sienten que su esfuerzo fue en vano y que las acciones que ellas propusieron directamente dirigidas hacia las mujeres, “al recogerlo el Estado ya no aparecen como tal” sino de forma generalizada, lamenta un lideresa del municipio El Carmen de Bolívar citada en el informe. 

La incidencia de la ciudadanía, en especial de las mujeres, para el ejercicio de  seguimiento y la veeduría, fue insuficiente desde el principio y se ve aún más limitada por la pandemia de COVID-19. En general se puede observar una grave desarticulación entre la variedad de acciones de diferentes entidades públicas, que afecta la efectividad, el alcance y la sostenibilidad de las acciones en los territorios. A falta de un llamamiento real del Estado para su participación, las mujeres debieron ejercer una autogestión en los viajes y en la manutención propia en los territorios donde se discutían los proyectos para que su voz fuera escuchada.

Las mujeres citadas en el informe consideraron no sólo inadecuadas, sino incluso dañinas las medidas del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). “En este programa únicamente hacen como 6 sesiones, te visitan 6 veces y ya, hacen un reporte cuando la víctima se encuentra en otro estado,” contó una mujer del Bolívar en una entrevista para el informe. El PAPSIVI se constituye como el grupo de procedimientos que permiten atender los impactos psicosociales y los daños a la salud física y mental de las víctimas del conflicto armado. 

Ordylis Vergara Padilla, investigadora de LIMPAL, deja claro que el acompañamiento psicosocial continuo, y no solamente a corto plazo, sería fundamental para que las mujeres puedan sanar “afectaciones que seguramente han estado transmitiendo por todo el cuerpo, el alma y todas las emociones durante años”. Sin embargo, en vez de recibir apoyos integrales, sienten que el gobierno las sigue re-victimizando, que no tiene suficiente respeto para las víctimas y que existe una falta de empatía de los funcionarios públicos para sus experiencias de pérdida y dolor. En total, apenas el 6% de las 3.745.822 víctimas mujeres del conflicto armado registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) recibieron atención o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional. 

 

Entre las organizaciones que hicieron parte de la presentación del informe se encontraba la Misión de Observación Electoral (MOE), la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad para las Víctimas, la Contraloría General General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Así mismo, estuvieron presentes entidades internacionales como ONU Mujeres, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Embajada de Suecia y muchas otras.

El balance no es más alentador en cuanto a los programas para las alrededor de 3.200 mujeres exintegrantes de las Farc en proceso de reincorporación socioeconómica. Ante las alarmantes cifras de asesinatos de ex-integrantes de Farc, que están cerca de las 300 víctimas mortales de acuerdo con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, a las autoras del informe de LIMPAL les “resulta inexplicable la falta de voluntad política del gobierno para desarrollar acciones efectivas que prevengan y sancionen la ocurrencia de estos hechos.” Además, las mujeres excombatientes resaltaron en las entrevistas su necesidad de tener proyectos productivos u oportunidades laborales que aseguren su autonomía económica. Los  obstáculos como la falta de acceso a la propiedad de tierras, la ausencia de infraestructura para la comercialización de productos o las barreras para acceder a un apoyo para proyectos que se quieran ejecutar, dificultan las condiciones socioeconómicas de las mujeres y su reintegración en las comunidades. 

Este panorama evidencia  la limitada implementación de los 51 indicadores de género del Acuerdo y su principal factor es el aumento de acciones de grupos armados en los territorios, así como un desconocimiento grande sobre el PMI y medidas como el Plan Integral de Mujeres Lideresas y Defensoras a nivel local. 
 

AMENAZAS PARA EL TEJIDO SOCIAL

Cuando las acciones por parte del Estado se implementan sin un proceso de acompañamiento de la comunidad y sin un análisis del contexto social puede generar una desarticulación del tejido social, pero también profundiza las rupturas que ya hay en el territorio, explicaron las investigadoras de LIMPAL. “Lo que ellas nos han mencionado, y lo que nosotras también hemos visto, es que se da entonces una ruptura con las otras mujeres que están en el territorio porque hay una priorización de las victimizaciones de las mujeres y eso inevitablemente lleva a una ruptura. Son hechos donde las mujeres empiezan a competir por la oferta institucional, que genera competencias en el territorio por los liderazgos y por las vocerías”, dijo Orlidys Vergara Padilla.

Vergara, quien hizo parte del equipo de investigación territorial en Bolívar y Meta, también  mencionó   la competencia electoral con las Curules de paz que se votan el 13 de marzo de 2021, que a su vez,  afecta los lazos sociales entre las mismas víctimas del conflicto armado y entre las mujeres. Según la investigadora, estos procesos demuestran las estructuras machistas y patriarcales que ponen en riesgo a las mujeres que compiten contra sus compañeros masculinos y que compiten a su vez entre ellas. 
 

PROMESAS INCOMPLETAS 

El enfoque de género en el Acuerdo de paz es una victoria de las organizaciones defensoras de mujeres y de la comunidad LGBTI+ que incidieron en las negociaciones. Fue reconocido internacionalmente por ser el primer Acuerdo de paz con un enfoque de género transversal en el mundo. Sin embargo, lo que se escribió hace 5 años, en la realidad de la implementación no está teniendo los efectos de cambio esperados. “Transversalizar el enfoque de género implica muchas veces solo incluir “los” y “las”, pero no hay una incorporación real desde la estructura misma desde donde se planean las cosas. Parece como si el enfoque de género, que además solamente es asociado a las mujeres, se solucionara con incluir dos o tres cosas con relación a las mujeres”, expresó Diana Salcedo López, directora del LIMPAL.

 

 

“Nosotras hicimos una gran cantidad de propuestas, inicialmente habían varias quedadas, pero en lo que nos han ido mostrando, de cómo quedó finalmente nos damos cuenta que nos cambiaron la mayoría [...] las peticiones de las víctimas no se ven reflejadas y las de las mujeres mucho menos. [...] vemos que no pasa nada, todo se va en palabras y promesas”, expresó una lideresa del municipio La Uribe en el Meta. Las investigadoras de LIMPAL comparten este sentimiento de miedo y frustración, “pero frente a esta situación siempre hay dos caminos”, reflexiona Diana, “o nos quedamos quietas y miramos  o andamos y proporcionamos acciones para el cambio. Hay una capacidad en las mujeres, poniendo nuestras experiencias al servicio de la construcción de paz para que este sea un país donde se puede vivir en dignidad”.

 

Diana Salcedo López, directora del LIMPAL, habla sobre el informe de los primeros cinco años del Acuerdo de paz y su enfoque de género.

De todas maneras, la implementación diferencial del Acuerdo es fundamental para avanzar en la construcción de una paz duradera porque tanto la experiencia de la violencia durante el conflicto armado como las necesidades para mejorar las condiciones de vida y encontrar estrategias de sanación y reconciliación son diferentes según el género. En eso insiste Diana Salcedo: “Las mujeres hemos sido las mayores víctimas de la guerra, pero también desde antes del diálogo de paz, habíamos tejido puentes para nuevos diálogos y la transformación de esos conflictos”. 

Actualizado el: Lun, 12/13/2021 - 17:29

Por: La Liga Contra el Silencio.

El 6 de septiembre pasado, a las 11:53 de la mañana, Rutas del Conflicto* recibió un mensaje desde el correo servicio.antifraude@telefonica.com, con copia a phishing@telefonica.com. “[Abuse][Ecopetrol] Exposición de información confidencial detectada en su sitio web”, decía el asunto. En este mensaje, que parecía generado de forma automática, Telefónica España dice que es la encargada de proteger la ciberseguridad y gestionar las acciones fraudulentas en contra de Ecopetrol, y advierte a Rutas del Conflicto que en su página web fue detectada información confidencial de su cliente. 

La multinacional se refiere al Acuerdo de Cooperación-AC- No. 01, publicado en la investigación Convenios de Fuerza y Justicia, realizada junto a La Liga Contra el Silencio. Allí se presentaron detalles sobre un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía y varias empresas minero-energéticas de Colombia. “El fichero disponible para descarga en este enlace”, continúa el correo, “es un documento que pertenece a nuestro cliente, y contiene información confidencial (Procedimientos internos, infraestructura, etc.) de su organización. Esta información interna representa un alto riesgo contra nuestro cliente y por ello, no ha autorizado su acceso público”. El mensaje concluye con la solicitud de darle fin a lo que ellos consideran un fraude, pidiendo que el documento referente al contrato sea eliminado inmediatamente. 

Pero este convenio, donde participan Ecopetrol, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), figura en un documento encontrado en la plataforma de contratación pública Secop I. La naturaleza de la información consignada en esta plataforma es pública, en aras de garantizar la transparencia en los contratos que se celebren con instituciones del Estado. Por lo tanto, el reclamo no procede.

Raissa Carrillo, coordinadora de atención y defensa de periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), considera que la exigencia de Telefónica es grave. “No solo afecta a la difusión y a la parte colectiva de la libertad de prensa y la libertad de expresión; también puede evitar que se den más investigaciones sobre estos temas, y esto rompe con la veeduría que no solo hacen los medios, sino también la ciudadanía”, dice. 

El correo lo firma CyberThreats Anti-Fraud Service, de Telefónica Tech, que según su página web, es un “proveedor de Servicios de Seguridad Gestionada Inteligente”. Una división de Telefónica España que ofrece ciberseguridad con tecnología de punta. Además de Ecopetrol, tiene clientes como Mercedes Benz, Highways England y Gestamp, entre otras multinacionales. 

 

 

Ante la solicitud de eliminar información pública, esta investigación presentó  derechos de petición a Ecopetrol y Telefónica para conocer qué tipo de relación tienen estas empresas y cómo pueden llegar a atentar contra el derecho a la información pública, el principio de transparencia y la libertad de prensa en el país. 

Hasta la fecha de esta publicación, Telefónica no respondió a nuestros cuestionamientos. Ecopetrol, por su lado, dice que ambas empresas tienen relaciones contractuales desde 2004, y que esos servicios son de dos tipos: uno de infraestructura de comunicaciones y otro de ciberseguridad. 

 

¿Ciberseguridad o censura? 

 

La ciberseguridad, según la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología, es “el conjunto de recursos, políticas, conceptos de seguridad, directrices, acciones, seguros y tecnologías que pueden utilizarse buscando la disponibilidad, integridad, autenticación y confidencialidad, con el fin de proteger a los usuarios en el ciberespacio”. La discusión en torno a la ciberseguridad en Colombia ha sido larga, pero poco profunda, como lo expresó Karisma en una nota de 2020. El debate se ha desarrollado en torno a una política de seguridad nacional que ha intercalado la responsabilidad entre el Estado y terceros. 

En este caso, Telefónica Tech ofrece un servicio denominado Security Operation Center (SOC), que toma medidas de seguridad digital ante ataques cibernéticos y delitos informáticos para empresas como Ecopetrol. Un ejercicio alineado con la política nacional de seguridad digital. En esto se basa Ecopetrol para argumentar que su infraestructura física y digital es vital para la seguridad energética del país. Esto los lleva a actuar frente a riesgos en el ciberespacio. 

Hasta el 19 de octubre pasado, Ecopetrol asegura haber analizado más de 3.000 intentos de phishing, identificado 3.000 publicaciones no autorizadas, y retirado más de 1.194 campañas falsas de ofertas de empleo, minimizando así el riesgo de ciberataques por medio de servicios como el SOC. La ejecución de este servicio, “emite alertas cuando detecta casos de publicaciones en los que eventualmente se pudieran violar normas de confidencialidad, vulnerar la Ley de Habeas Data o presentarse suplantaciones para engañar o defraudar a terceros”, dice la empresa. Un ejercicio que consiste en monitorear la web para ver qué información hay de la empresa y cómo puede llegar a afectarla.

Edgardo Alonso Arrieta, de la gerencia de cyberseguridad y ciberdefensa de Ecopetrol admite, en la respuesta al derecho de petición enviado, que la información publicada por Rutas del Conflicto es verídica, y que efectivamente se encuentra disponible en Secop; de modo que “no hay lugar a la solicitud de eliminar dicha información”, expresó Arrieta. La respuesta concluye haciendo énfasis en que Ecopetrol respeta la libertad de prensa, y que el SOC lo único que hace es proteger a la compañía de delitos informáticos.

Para Emmanuel Vargas, abogado, periodista y codirector de El Veinte, una asociación que combate la censura a través del litigio en Colombia, el caso de Telefónica España y Ecopetrol demuestra el interés que tienen las compañías por cuidar su reputación en internet. Esto, según Vargas, también evidencia cómo estos servicios recurren a presiones legales para que medios de comunicación como Rutas del Conflicto no afecten la reputación de sus clientes.

Otro caso particular es el de Eliminalia, una empresa catalana que ofrece eliminar las menciones a los nombres de sus clientes en la web, por medio de estrategias que rayan con la ilegalidad, como lo denunció La Silla Vacía, cuando dicha organización trató de censurar una publicación del medio a toda costa. También fueron investigados por presuntamente suplantar a funcionarios de la Unión Europea para presionar a medios de comunicación. 

Vargas considera que en el futuro otras compañías de relaciones públicas o de comunicaciones podrían ofrecer estos servicios de monitoreo web, pues cada vez más empresas empiezan a ser conscientes de la necesidad de tener una buena imagen en internet.

“Lo que uno esperaría es que la gente contrarreste sus problemas de reputación no haciendo cosas malas, pero eso no es lo que se encuentra en la práctica”, comenta Vargas. Por el contrario, lo que buscan estas compañías es borrar el contenido publicado, esconder o silenciar la información que les afecta. 

La relación entre ambas compañías es llamativa. Ecopetrol es una petrolera de economía mixta, considerada por muchos como la empresa más importante del país. En materia de derechos humanos su compromiso con garantizarlos queda en entredicho. Así lo evidencia el índice Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), que mide a las principales empresas del mundo según su respeto a aquellos, y que le dio en 2019 una calificación de solo 40,4 puntos sobre 100.

Por su parte, Telefónica es una multinacional española dedicada a las telecomunicaciones y que promueve activamente los derechos humanos a través de campañas como #OrgulloDeTi, que recalca su compromiso con los derechos de las personas LGBT+, o de la Fundación Telefónica, que le apuesta a la transformación social por medio de la educación y la cultura digital.

Desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial, este tipo de firmas debe contar con una política de derechos humanos que se aplique integralmente y que blinde sus acciones y a las personas que se vean afectadas de una u otra forma. La ciberseguridad también está integrada a estas acciones empresariales. 

Sin embargo, muchas veces la norma no se traslada a la acción, generando unas zonas grises de interpretación y un panorama difuso frente a las consecuencias de estos actos. “Los derechos humanos hay que tomarlos desde el momento cero, no cuando ocurre la masacre. Se deben abordar desde esa visión preventiva y tener claridad sobre lo que está impactando la ciberseguridad; por qué se hace, cómo se hace, cuándo es legítimo, cuándo no”, dijo una abogada especialista en el tema. 

 

¿Protección u opresión? 

 

Desde hace algunos años en Colombia, diferentes organizaciones, en especial de abogados, contactan a medios de comunicación o a periodistas con un reclamo: dicen que se está vulnerando el derecho al olvido de sus clientes. Como sucedió con el correo de Telefónica España, solicitan la eliminación inmediata del contenido, y advirtiendo que en caso contrario podría haber consecuencias legales.

El derecho al olvido es una faceta del derecho al habeas data que reclama la eliminación o modificación de contenido publicado en la web porque ya no cumple con la finalidad de su tratamiento. En Colombia la jurisprudencia (sentencias T-414 de 1992 luego se delimita su alcance mediante la T-277 de 2915 y T-725 de 2016, entre otras, y la jurisprudencia más reciente es la T-098 de 2017) al respecto es uniforme desde hace pocos años, y aplica solo a información financiera en bases de datos de entidades públicas y privadas.

La FLIP explica que el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos que prevalecen sobre el derecho al olvido. Sin embargo, persiste la estrategia de empresas que intentan eliminar o esconder las publicaciones que afectan su reputación en internet. Estas acciones, que se realizan tras identificar el contenido perjudicial a través del monitoreo web, pueden entorpecer el ejercicio periodístico con amenazas legales.

El derecho al olvido no aplica para contenidos periodísticos, pues prima el deber de informar a la ciudadanía en temas de interés público. De igual forma, el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012 dispone que el régimen de datos personales (del cual se deriva el derecho al olvido) no se aplica a contenidos periodísticos. En Colombia, es una restricción al derecho a la libertad de expresión obligar a los medios a eliminar información relacionada con procesos penales. En nuestro país solo un juez podría restringir la libertad de expresión o de prensa.

En este panorama, los periodistas deben recurrir a otros mecanismos de protección, desde conocimiento legal para responder a estas solicitudes, hasta recursos preventivos durante el ejercicio periodístico. “Utilizar internet desde la pestaña de incógnito; esto permite que no haya una huella digital. O recurrir a otros medios para contactar a las fuentes, entre otros”, comenta Raissa Carrillo, coordinadora de atención y defensa de periodistas de la FLIP.

Pero no siempre se cuenta con una asesoría legal inmediata. Con el fin de evitar “más problemas”, los periodistas ceden a la petición y terminan borrando o desindexando el contenido. “El simple hecho de que ya les llegue la carta es desalentador, prefieren evitarse el problema. Aunque sea una decisión autónoma, es autocensura”, dice el abogado Emmanuel Vargas. 

Con la autocensura vienen los riesgos físicos y psicosociales derivados de estas solicitudes, que casi siempre buscan solo intimidar. Desde la coordinación de atención y defensas de periodistas de la FLIP han identificado que, en la mayoría de los casos, este tipo de afectaciones no son tan evidentes, y por eso es preciso prestarles mayor atención. “Si te llega una amenaza por redes sociales, eso tiene un impacto emocional y en tu seguridad física. Si esto conduce a un camino de autocensura, hay que corregir y minimizar las debilidades que uno tiene”, dice Raissa Carrillo. 

La particularidad de cada caso elevará o disminuirá la autocensura y los riesgos que se puedan presentar. Sin embargo, en todos los casos se ve una constante: las acciones que debe tomar el periodista para su autoprotección devienen en opresión. Esto ocurre porque la responsabilidad cae sobre los hombros del reportero. Es decir, se culpa al periodista por no haber sido lo suficientemente cuidadoso con la información. 

 

Ciberseguridad sí, pero no así 

 

Con todos los matices que se generan alrededor de la ciberseguridad, es importante decir que esta ha sido utilizada con fines de prevención. “No hay que decirle no a la ciberseguridad, porque hay procesos encaminados para prevenir delitos contra menores. Hay que evaluar cada caso”, dice Raissa Carrillo, de la FLIP. 

La particularidad define la ruta de acción y ha dado resultados favorables en la prevención de delitos contra menores de edad, por ejemplo. Pero en cuanto a los medios de comunicación, la ciberseguridad entra en una zona gris donde puede estar amenazada la libertad de prensa y la libertad de expresión, e incluso el acceso a información pública. 

Esta zona gris ha permitido que el concepto de ciberseguridad mute hacia variaciones como el ciberpatrullaje, un compendio de acciones de vigilancia en línea, principalmente en redes sociales. La más reciente investigación de la FLIP, titulada Los jueces de la verdad, el mar de mentiras detrás del ciberpatrullaje del Estado, revela que durante las manifestaciones sociales de este año, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares realizaron una campaña dirigida a identificar a ciudadanos que cuestionaban o criticaban su labor. 

El monitoreo web genera preguntas sobre qué criterios se evalúan antes de ejecutarlo, qué se entiende por contenido nocivo para las empresas o entidades del Estado, y qué se pretende vigilar. “Desde el Estado se están catalogando ciertos comportamientos en línea. ¿Qué tan legal es que nos estén vigilando? Ese es el problema de fondo finalmente”, señala la abogada Raissa Carrillo. Además, es clave resaltar que tanto el monitoreo web como el ciberpatrullaje se han convertido en acciones cada vez más masivas que no cuentan con mecanismos de control. 

En medio de este panorama, la ciberseguridad termina funcionando como una moneda, con dos caras: una, como mecanismo para prevenir delitos digitales; otra, como herramienta para presionar a medios de comunicación y periodistas a borrar contenidos. Esta situación invita a mantener la lupa sobre estos casos que violentan la libertad de expresión y acorralan a periodistas y medios que pueden terminar autocensurándose.

*Rutas del Conflicto es uno de los medios aliados de La Liga Contra el Silencio.
 

Actualizado el: Mié, 12/01/2021 - 23:40

Por: La Liga Contra el Silencio.

Una mañana, hace 30 años, Juan Burbano salió temprano de su casa para cortar leña, cuando una rama le cayó encima. Su familia se preocupó porque no regresaba, y lo hallaron desangrado al final de la tarde cuando lo fueron a buscar. Hace dos años, Wilson Arboleda también salió a buscar leña y se hirió con una herramienta. Alcanzó a andar unos metros, pero no encontró a nadie y murió. Ambos hechos, con muchos años de diferencia, sucedieron en la zona rural de Tumaco, Nariño. Ninguno pudo hacer una simple llamada en busca de ayuda.

“Si usted puede comunicarse, avisa y lo llevan al hospital”, dijo César Arboleda, presidente del consejo comunitario del río Gualajo, donde ocurrieron estos casos. “Sería distinto si hubiera conectividad, se pudiera gestionar un helicóptero o una lancha que pudiera salvarle la vida a una persona”, confirmó Lenis Augusto Castro, presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que agrupa a 18 consejos comunitarios de Tumaco y Francisco Pizarro, en Nariño. 

Las muertes de Burbano, de 46 años; y de Arboleda, de 51, retratan parte de las afectaciones de las comunidades ubicadas en el área rural de Tumaco derivadas de la falta de conectividad. 

James Castillo, de la Oficina de Sistemas de la Alcaldía de Tumaco, reconoce que el 98 % del área rural del municipio no tiene telefonía móvil ni internet. Hace 27 años se logró en Colombia la primera llamada entre celulares: entonces hablaron el magnate Julio Mario Santo Domingo, Carlos “El Pibe” Valderrama y María Cristina Mejía, expresidenta de la empresa Celumóvil. Pero todavía hoy las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de esta zona carecen de una comunicación como la de esos tres personajes. “En pleno siglo XXI es triste que en nuestras comunidades esto sea una cosa del otro mundo”, lamentó Castro. 

“La comunicación es por vía humana. Si tú necesitas algo de otra comunidad, mandas un mototaxi y esperas que te regresen la respuesta. Estamos en la era de hielo”, explicó José Santa Cruz, integrante del equipo técnico de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), organización que reúne 34 comunidades campesinas.

A la falta de conectividad se suma que ninguna de las comunidades negras ni campesinas que están agrupadas en Recompas y en Asominuma tiene lanchas ambulancia. Para evacuar heridos o enfermos tienen que buscar a alguien que preste una embarcación. Sin embargo, como no pueden llamar, muchas veces ese proceso tarda horas. 

La situación de Tumaco se repite en otros municipios del Pacífico nariñense. Además, las mujeres sufren impactos diferenciados. 

El 1 de octubre de 2020, en el resguardo indígena Nunalbí Alto Ulbí, de Barbacoas, Nariño, Edelmira Pérez tuvo complicaciones con su embarazo. Ella, de 44 años, prendió las primeras alarmas hacia las tres de la madrugada, en la comunidad Alto Ulbí, en aquel momento confinada por combates entre grupos armados. Un niño salió hacia la carretera Tumaco-Pasto para pedir ayuda. Caminó siete horas; cuando por fin pudo avisar, la mujer ya había muerto. Una comisión de 500 indígenas entró hasta la comunidad por la noche y les avisaron que Edelmira había muerto hacia las diez de la mañana.

Los riesgos en la zona rural de Tumaco superan las complicaciones de salud y los accidentes laborales. En la región operan y combaten varios grupos armados que viven del narcotráfico: la disidencia del Frente 30 de las Farc, la estructura llamada ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’, otra que se reconoce por el nombre de ‘Iván Ríos’, y el frente ‘Oliver Sinisterra’. Este escenario de guerra, que en Tumaco suma varias décadas, convierte al municipio en el segundo con más víctimas de minas antipersonales: 352, según la entidad estatal Descontamina Colombia. 

Las minas son un factor de riesgo cuando los lugareños van a buscar señal de telefonía. “A veces subimos a un árbol, buscamos la parte más alta de las lomas, pero son mínimos los momentos de conectividad”, contó Dilson Quiñonez, presidente del consejo directivo de Recompas. “Son lugares alejados, la gente corre peligros como picaduras de serpientes, de mosquitos. Son sitios de difícil acceso, no son adecuados para ir a llamar”, dijo Arboleda, del consejo comunitario del río Gualajo. En algunos lugares los grupos armados han prohibido los teléfonos, y los incautan cuando descubren que alguien tiene uno.

Ni libros ni internet

Seis líderes comunitarios mencionaron la educación como un tema prioritario. La pandemia agravó las consecuencias de la falta de conectividad sobre niños, niñas y adolescentes.  

La situación de la Institución Educativa de Vallenato, con 521 estudiantes y 17 sedes, dice mucho. El colegio tiene un solo computador que utiliza la rectoría para labores administrativas. “No se han entregado los medios tecnológicos para que avancemos. Seguimos atrapados en el siglo pasado; se sigue enseñando de la misma forma y lo mismo. Eso hace que muchos estudiantes dejen el colegio”, contó Albert Ortiz, rector de esa escuela. 

A la falta de equipos se suma otro obstáculo: el servicio de internet depende de unas antenas satelitales que el colegio no puede instalar. “En la contratación de una sola antena se van entre dos y tres millones de pesos. Tenemos 17 sedes, imagínate si contrato 17 antenas”, dijo Ortiz. 

El pénsum del colegio incluye la asignatura de Sistemas, pero la institución nunca ha tenido un profesor para dictarla. Además, la falta de computadores haría imposible dictarla. Ortiz contó que dan una formación “teórica” sobre tecnología. “Allá ningún estudiante conoce un computador, y no solamente en la institución que yo dirijo. La gran mayoría de las instituciones rurales tumaqueñas no cuenta con una sala de sistemas. Las que tienen solo están dotadas con dos o tres computadores que no sirven”, afirmó Ortiz.

En otros lugares de la región las comunidades han accedido a computadores, pero han sido inútiles por la falta de internet. “Hace cuatro años se hizo la gestión para obtener algunos equipos, pero se dañaron porque no tuvieron uso”, contó Arboleda sobre una experiencia en el río Gualajo. 

Toda esa falta de acceso a las tecnologías y la conectividad se vio agravada con la pandemia. El 15 de marzo de 2020, pocos días después de que se reportara el primer caso de coronavirus en Colombia, el presidente Iván Duque suspendió las clases presenciales y pidió a profesores y directivos diseñar estrategias para estudiar en casa. En varias ciudades la alternativa fue la educación virtual, pero en Tumaco era imposible.

En Vallenato enviaron guías para los estudiantes. Cada ocho días dejaban el material en algunos puntos de la comunidad y de ahí se distribuía a las casas. Pero este método tenía varias limitaciones. “Leer un papel no es lo mismo que interactuar con el maestro”, argumentó Ortiz.

Hubo comunidades donde la educación se frenó por la falta de conectividad y la imposibilidad de distribuir material hacia lugares distantes. “Nuestros territorios se quedaron durante ese año y medio de pandemia sin ver clases, sin poder acceder a clases virtuales”, dijo Dilson Quiñonez, de Recompas. Sin escuelas en una zona con tantos grupos armados, se agrava el ingreso a la guerra de niños y adolescentes.

La situación en las comunidades indígenas no es diferente. Carlos Nastacuás, concejal de Tumaco e integrante de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), aseguró que en los territorios de la comunidad hay tres instituciones educativas y ninguna tiene acceso a internet. “Instalar antenas ha sido un sueño porque cada resguardo tiene su escuela, entonces habría posibilidad de comunicarse, de que los niños puedan estudiar e investigar”, agregó Aura López, consejera de economía y producción de la misma organización étnica. 

Ese aislamiento de los estudiantes genera deserción escolar. Las escuelas de Tumaco rural solo dictan hasta octavo, de modo que los jóvenes deben salir hasta la cabecera municipal a terminar su bachillerato. Esto a su vez genera fracturas familiares. “Puedo poner a mi hijo (que vive en el casco urbano) de cinco años junto a un chico que venga (de las comunidades rurales) con 14 o 15 años y seguramente a este le va a dar miedo ponerle la mano al computador porque no ha tenido la posibilidad de tocarlo, no sabe por dónde iniciar”, dijo Lenis Augusto Castro. 

Además, la gran mayoría de las instituciones educativas no tiene bibliotecas. Allí se educan sin enciclopedias, que fueron símbolos de la Ilustración hace tres siglos, y sin internet. “Ahora la enciclopedia es Google, pero no tenemos ni lo uno ni lo otro”, concluyó Ortiz, que en 2020 pudo gestionar una insuficiente biblioteca de 150 libros para sus 521 estudiantes.  

Ilusiones oficiales y la sombra de Karen Abudinen

Una noticia dio esperanzas a las comunidades campesinas: el Proyecto Centros Digitales llegaría a Tumaco. “Con la implementación de este proyecto, esperamos tener más COLOMBIANOS CONECTADOS, porque con Más TIC construimos Más País (sic)”, dijo en un oficio la exministra Karen Abudinen a Keila Rocío Mendoza, secretaria de Educación de Tumaco. 

Abudinen le comunicó a la administración municipal que el ejecutor de ese proyecto iba a ser la Unión Temporal Centros Poblados. Además, enumeró los departamentos donde esta unión temporal instalaría los centros digitales, y resaltó la palabra “Chocó”. Recordemos que Tumaco pertenece al departamento de Nariño. 

 

 

La exministra explicó que ese proyecto llevaría internet a escuelas en zonas rurales y la comunidad tendría acceso de manera gratuita hasta 2031. El cronograma contemplaba que los centros digitales de Tumaco se entregarían a más tardar el 1 de julio de 2021, pero a la fecha de publicación de este artículo no había ninguno en funcionamiento. La ilusión de las comunidades se evaporó cuando estalló el escándalo de corrupción entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. La emisora La W reveló que la Unión Temporal presentó garantías bancarias falsas para acceder a un anticipo de más de 70.000 millones de pesos.

Las revelaciones y la presión social llevaron a que el presidente Duque pidiera en septiembre la renuncia de Abudinen; se declaró la caducidad del contrato el 13 de agosto. Por este hecho hay dos capturados y la Procuraduría adelanta un juicio disciplinario contra tres exfuncionarios del Ministerio. Incluso, Caracol Radio reveló que Juan José Laverde, uno de los capturados, aseguró que le dieron plata al exviceministro Iván Mantilla para favorecer a Centros Poblados.

En Tumaco 130 sedes educativas se habrían visto beneficiadas. “Con el escándalo se paró todo, nosotros tenemos comunicación constante con el Ministerio de las TIC, pero hasta ahora no nos han dicho nada”, lamentó James Castillo, de la Alcaldía de Tumaco. “Con el proyecto de Centros Poblados teníamos una gran esperanza para que la educación llegara a los niños, pero ya sabes lo que pasó con ese recurso”, dijo José Santa Cruz. 

El panorama de ese proyecto luce nublado. Le preguntamos al Ministerio de las TIC qué va a pasar con ese proyecto y cuándo deberán estar en funcionamiento los puntos digitales, respondieron: “Venimos trabajando en la definición del paso a seguir para retomar la puesta en marcha del proyecto, evaluando al detalle las diferentes alternativas jurídicas, técnicas y financieras, siempre pensando en aquellas que mejor atienden a las necesidades de las comunidades. Una vez se adopte la decisión, estaremos informando ampliamente a la opinión pública”.

Con un poco más de claridad se expresó la nueva ministra Carmen Ligia Valderrama, ante la Cámara de Representantes el pasado 16 de noviembre: “Una de las opciones es acudir a quien quedó de segundo en el proceso licitatorio, que es ETB. Pero debo decirles que no es la decisión adoptada por este Ministerio. En este momento ETB es una opción de las alternativas jurídicas que hay. Tenemos que ser muy rigurosos y muy detallistas en la decisión que adoptemos para saber cuál alternativa hay. Hoy no sé si es abrir un nuevo proceso licitatorio a un costo de tiempo muy grande para el país. Es posible, pero no lo sé”, reconoció.

Las palabras de Valderrama desmienten las afirmaciones que hizo Abudinen en un debate de control político el 24 de agosto. “Voy a contar la primera noticia que quiero dar en esta Comisión, y es que ETB va a ser el operador que va a tener este proceso”, dijo la exministra ante el Senado. Las recientes declaraciones de Valderrama acaban con las ilusiones de Castillo, quien daba por segura la continuidad del proyecto: “Sí se va a continuar. No sabemos cuándo, pero ETB ya tiene la licitación”, había dicho.

No es el único proyecto de conectividad del que desconfían los tumaqueños. En otro oficio que la exministra Abudinen le dirigió a la alcaldesa María Emilsen Angulo se mencionó la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles a cargo de las empresas Partners, Tigo y Comcel. La carta incluía un cronograma. A la fecha, confirmó Castillo, hay retrasos, aunque el funcionario no sabe con certeza cuáles antenas ya se instalaron y cuáles no, por lo que envió un documento al Ministerio de las TIC preguntando las fechas de entrega, pero no ha recibido respuesta. 

 

 

“En cuanto a la ejecución, de las 7 localidades previstas para 2021, ya se cuenta con reporte de cumplimiento por parte de los operadores. En este sentido y con el fin de conocer el estado actual de ejecución de estas obligaciones, la Subdirección de Vigilancia e Inspección les solicita periódicamente el reporte de avance de ejecución. Ahora bien, el cumplimiento en la ejecución del cronograma en los proyectos está sujeta a eventuales ajustes, en caso de que se presente y compruebe verdadera imposibilidad de cumplimiento por parte de los operadores, debido a causas excepcionales consagradas en la Ley”, respondió el Ministerio consultado por esta alianza.

En el río Gualajo dicen que quedaron privados de un proyecto por no estar desconectados. “Inscribimos a unas 450 familias y por el tema de conectividad pudieron acceder solo 250, básicamente las que estaban ubicadas en el casco urbano. Quienes estaban en la zona rural no pudieron acceder porque no las pudieron contactar”, contó Arboleda sobre un proyecto llamado Familias en su Tierra, liderado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“No es verdad, nosotros fuimos a hacer el proceso de inscripción personalizado en el río Gualajo, estuvimos en dos de las cuatro veredas. Fuimos con mi equipo de la dirección regional de Nariño e hicimos el proceso de inscripción en el programa de forma presencial, las llamadas no convalidaban el proceso”, aseguró José Rosales, director encargado de la regional Nariño del DPS y jefe de la gestión regional nacional de Prosperidad Social.

Arboleda también asegura que la directora del DPS, Susana Correa, le prometió a la comunidad en 2019 instalar dos antenas de comunicaciones. Sin embargo, de eso no volvieron a saber nada. “Tuvimos una reunión con el que en ese momento era presidente de la junta del consejo comunitario, Aris Ledesma, con quien sí se establecieron unos compromisos. Pero en ningún momento se incluyeron antenas de comunicaciones”, desmintió Rosales.

Según Castillo, otro proyecto que no llegó fue el de “Conexiones para la Equidad”, anunciado por la exministra de las TIC, Sylvia Constaín. La licitación fue declarada desierta, y la promesa del acceso a internet para 52.000 familias quedó en nada. Las comunidades han incluido la necesidad de conectarse en diferentes pliegos de movilizaciones que han negociado con el Estado. Sin embargo, el cumplimiento de esos acuerdos ha sido muy bajo. En 2018 Unipa dijo que hizo un corte de cuentas: de más de 300 puntos firmados, solo se había cumplido un 25 %.

Por ahora, los habitantes de la zona rural de Tumaco siguen rezando por protección para que un accidente o una enfermedad no les cueste la vida por falta de atención oportuna. Frustrados, ven por televisión y escuchan por la radio discursos de funcionarios que exponen complejas operaciones financieras con recursos que mejorarían la salud y la educación de las comunidades.
 

Actualizado el: Mié, 12/01/2021 - 23:18