La infancia aún no la abandonaba del todo, cuando Bettina Cruz se unió a otros para rebelarse contra una injusticia. Tenía 13 años y fue una de las líderes de la huelga que se organizó en su escuela en Juchitán, Oaxaca, al sur de México, para exigir que se bajara el costo del transporte a los estudiantes que vivían en los pueblos cercanos. La resistencia duró un año, al final los alumnos consiguieron su objetivo.

Cuando la muchacha terminó sus estudios secundarios, los directivos de la escuela decidieron que no le entregarían su carta de buena conducta. Quizá pensaron que con eso apagarían sus ímpetus de lucha. Lo que no tenían en cuenta es que Rosa, la madre de Bettina Cruz, en lugar de regañar a su hija, le decía: “¡No te dejes! ¡Participa!”

Quienes conocieron a Rosa, la recuerdan como una mujer de carácter fuerte, solidaria, hablante del didxazá (zapoteco) y comprometida con movimientos sociales. También sabía leer y escribir en español, algo poco común en el Juchitán de los años setenta. La madre de Bettina Cruz utilizó estos conocimientos para ayudar a sus vecinos a realizar gestiones y a traducirles cuando no entendían.

 

Bettina Cruz, defensora binnizá, ha dado una larga lucha por la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec. Foto: Francisco Ramos.

 

Cuando se conoce un poco sobre la vida de Rosa se entiende de dónde le viene a Bettina Cruz su espíritu de lucha. Se podría decir que lo trae en la sangre, en su herencia de mujer juchiteca.

Lucila Bettina Cruz Velázquez hace lo mismo que su mamá: utiliza sus conocimientos para levantar la voz y denunciar lo que pasa en la tierra donde nació, el Istmo de Tehuantepec, territorio marcado por la fuerza del aire —en algunas temporadas puede alcanzar hasta los 110 kilómetros por hora—; una región en donde las empresas eólicas llegaron ofreciendo empleo y prosperidad. El tiempo mostró que a esas promesas se las llevó el viento.

 

Los aerogeneradores se impusieron en el paisaje del Istmo. Foto: Francisco Ramos

 

Regresar al territorio para defenderlo

 

Cuando terminó la secundaria, Bettina Cruz dejó el Istmo, quería seguir con los estudios y en su comunidad, en ese entonces, eran pocas las opciones escolares. Se instaló en la Ciudad de México, donde de inmediato extrañó los sabores y tradiciones de su tierra. Decidió estudiar ingeniería agrícola en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); ahí se unió al movimiento estudiantil de 1986 y conoció a Rodrigo Flores Peñaloza, afrodescendiente originario de la costa chica de Guerrero. Desde entonces Bettina Cruz y Rodrigo Flores son compañeros en la vida y en la lucha. “Ella —dice Flores— siempre ha sido una líder. Desde que la conocí, es una mujer de principios firmes”.

Después de estudiar una maestría en desarrollo rural regional, en la Universidad Autónoma de Chapingo, Bettina Cruz obtuvo una beca para estudiantes indígenas que le permitió hacer su doctorado en Barcelona, España.

Algunos de los estudiantes indígenas que obtuvieron la beca ya no retornaron al lugar donde nacieron. Bettina Cruz sí regresó: “Estoy arraigada con raíces profundas en este territorio. No podía quedarme en otro lado. Amo mi tierra. Soy parte de esta tierra, de mi madre, mis abuelas. Soy binnizá. Yo formo parte de este territorio”.

 

Peregrinación en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca: Foto: Francisco Ramos.

 

Cuando la lideresa binnizá retornó, alrededor del 2005, el paisaje del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, ya había sufrido cambios. En 1994, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —empresa del estado mexicano— instaló la primera central eólica del país en La Venta, Juchitán. Ese fue el banderazo de salida para que el gobierno entregara permisos a compañías privadas interesadas en la generación de energía eólica.

Para realizar su tesis doctoral sobre desarrollo regional en el Istmo de Tehuantepec, Bettina Cruz comenzó a recorrer la zona y a escuchar las inquietudes de las comunidades sobre los contratos que firmaron con las empresas para rentarles sus tierras. La gente tenía muchas dudas y motivos para desconfiar. Para empezar, ninguna autoridad les había buscado para preguntarles si querían que en su territorio se instalaran los campos eólicos.

“La gente comenzó a pedirnos que investigáramos”, recuerda Bettina Cruz. “La intención no era hacer un movimiento, sino dar información para que la gente se diera cuenta de que los estaban robando, que los estaban engañando y para que no siguieran entregando sus tierras a esos megaproyectos. La gente fue la que dijo: ‘Vamos a organizarnos’”. Fue así como en 2007 nació la organización de la que es cofundadora: la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, que después se transformaría en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

 

Una de las protestas realizadas por integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo. Foto: APIIDTT

 

Bettina Cruz no se miraba como una defensora de ambiente y territorio. Se dio cuenta de que lo era cuando ella, su esposo y otros miembros de la organización recibieron las primeras amenazas. Las intimidaciones —entre ellas denuncias judiciales— se intensificaron cuando los miembros de la APIIDTT luchaban contra la construcción de un proyecto eólico que la empresa Mareña Renovables intentó instalar en San Dionisio del Mar y que se detuvo gracias a la movilización social.

Bettina Cruz recuerda que desde entonces las energías renovables se presentaban como la panacea del cambio climático, “pero nosotros planteamos que no era así. Que no lo sería mientras se buscara solo obtener beneficios económicos, la mercantilización de la energía, la privatización del viento”.

 

Los integrantes de la APIIDTT plantean que las energías eólicas no serán una solución al cambio climático si llegan a imponerse en las comunidades. Foto: Francisco Ramos.

 

Cambios en el territorio

Las dos hijas de Bettina han abrazado en defensa del Istmo. Una de ellas estudió ciencias ambientales y la maestría en desarrollo rural; la otra antropología. Durante sus estudios de licenciatura, una de ellas escuchó sobre la urgencia de que el mundo impulsara la energía renovable. Pero, al mismo tiempo, en el Istmo ella miraba la lucha de sus padres y cómo los campos eólicos terminaban siendo megaproyectos que se imponían en las comunidades.

Hoy recuerda que a su mamá “la veían como la mujer que andaba pregonando advertencias ante algo que, como definición se planteaba como bueno. En algunos espacios, incluso, no la dejaban hablar. Como ella es aguerrida, buscaba la forma de explicar que las energías renovables estaban haciendo daño en los territorios”.

 

En el Istmo de Tehuantepec buena parte del territorio es propiedad social, es decir los derechos de uso de la tierra son de ejidos y comunidades agrarias. Para poder instalar los parques eólicos y hacer uso de ese territorio, las empresas —con ayuda de funcionarios federales y estatales de Oaxaca— realizaron contratos con las comunidades para que éstas les rentaran sus terrenos y cedieran el uso de la tierra durante 30 años. En la mayoría de esos contratos se señala que este periodo se puede renovar en forma automática.

Con este esquema, “lo que pierden las comunidades es el derecho al uso de la tierra. Ese derecho de usufructo es luego utilizado por las empresas como uno de los activos a través de los cuales obtienen financiamiento para la construcción de los parques. Para conseguir esos créditos ponen como garantía los equipos de los parques, pero también el derecho sobre la tierra de las comunidades”, explica Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, que impulsa la energía renovable comunitaria.

 

Protesta a las afueras de las oficinas de Iberdrola realizada a principios de noviembre de 2021. Foto: APIIDTT.

 

Hoy, después de varios años de la instalación de los parques eólicos, Oceransky señala algunas de las consecuencias que han tenido estos contratos: “En algunos casos, las empresas eólicas han demandado por despojo a campesinos que protestan con bloqueos contra las condiciones de los contratos. Otras han condicionado el pago de la renta por la tierra a que los campesinos garantice que nadie perturbara de alguna forma la operación de sus proyectos”.

Pero además, a partir de la llegada de los parques eólicos, en el Istmo se produjo un proceso agresivo para la parcelación de tierras de uso común. “Lo que ha pasado en muchas comunidades de la región —detalla Oceransky— es que se han convertido en parcelas individuales muchas superficies que antes era de uso común, en las que existen ecosistemas que tenían una historia de manejo sustentable y equitativo por parte de las comunidades indígenas, y que ahora (esas tierras) están cercadas como consecuencia de las eólicas”.

 

Bettina Cruz es una de las consejalas del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. Foto: APIIDTT

 

Mirarse como defensora

Fue en un taller en la ciudad de Oaxaca, en donde Bettina Cruz conoció a otras mujeres que, como ella, también defendían el territorio y los bienes naturales. “Ahí dije sí, soy una defensora, porque estamos luchando por las demandas de justicia y dignidad, estamos haciendo una defensa de nuestra identidad como pueblo indígena y de este territorio que es nuestro, que siempre ha sido nuestro y siempre nos lo han despojado”.

En ese entonces, Cruz, su esposo y sus hijas tuvieron que salir del Istmo. “Nos andaban buscando para matarnos, porque estábamos afectando los intereses de las empresas y del gobierno”, recuerda la defensora.

“[Bettina] es de las primeras mujeres que comenzaron a hablar de la defensa del territorio y el despojo por parte de los proyectos eólicos”, recuerda Yésica Sánchez Maya, abogada y directora de Consorcio Oaxaca, organización civil feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos de las mujeres y al acompañamiento a defensoras en riesgo por su labor.

 

Bettina fue de las primeras voces que alertaron sobre las consecuencias que tendrían los campos eólicos en el Istmo. Foto: APIIDTT.

 

A Sánchez le tocó acompañar a Bettina Cruz cuando la amenazaron. En ese entonces, la defensora tuvo que guardar sus coloridos huipiles para pasar desapercibida y poder salir de su comunidad —entre 2012 y 2013— para salvaguardar su vida. Dejar el huipil no es algo fácil para quien lo mira como parte de su fuerza, su identidad de mujer indígena y mujer istmeña.

Cruz y su familia lograron regresar a Juchitán en 2013, después de que se anunció la cancelación del parque eólico en San Dionisio del Mar. Su lucha continuó, porque no se detuvieron los planes para instalar más aerogeneradores. Por ejemplo, el proyecto de Mareñas Renovables se reinventó con otro nombre, Eólica del Sur, y se instaló en Juchitán.

 

En varios foros, integrantes de la Asamblea denunciaron que esos proyectos se imponían en las comunidades. En las consultas, por ejemplo, aseguran que participaba gente que no era de la comunidad o que había sido “comprada” por las empresas. Además, no se daba la información completa sobre los impactos sociales que provocarían los parques, sólo se hablaba de los supuestos beneficios. También mostraron cómo las compañías dividían a la comunidad ofreciéndoles más dinero por la renta de las tierras y prometiéndoles que, además, tendrían empleos.

Pobladores que creyeron las promesas y firmaron contratos señalan que hoy no les pagan  por el uso de sus terrenos y que, en algunos casos, ni siquiera les dejan entrar a sus tierras. “Lo advertimos, pero muchos no nos creyeron. Incluso, nos descalificaron. Todavía hay algunos que nos dicen que nosotros queremos presionar a las empresas para que nos den dinero, para obtener beneficios. Yo sólo les digo: ‘Entonces, si es que he tenido beneficios, ¿por qué no dejo de molestar a las empresas?’”.

 

Una de las varias protestas que se han realizado en el Istmo por el tema de la energía eléctrica. Foto: APIIDTT

 

Energías que no son tan verdes 

En el Istmo hoy se pueden encontrar 29 parques eólicos, 27 de ellos privados y en su mayoría pertenecientes a empresas europeas. Ninguno produce energía para las comunidades; lo hacen para grandes compañías, entre ellas las mineras. En el paisaje de esta región del sur de México hay poco más de dos mil aerogeneradores. Y, de acuerdo con los datos de la APIIDTT, estos campos ocupan más de 50 mil hectáreas de tierras de uso común en el territorio del pueblo binnizá. Mientras otros se benefician del viento de estas tierras, los pobladores han realizado protestas en contra de las altas tarifas eléctricas que les cobra el Estado.

“Nosotros siempre pedimos que se hiciera un estudio de los impactos acumulados en la región, porque ya había muchos parques”, recuerda Bettina Cruz. Su demanda, no se escuchó.

A mediados de octubre pasado, en el periódico La Jornada, Cruz y una de sus hijas publicaron el texto Energía renovable para el despojo de los territorios indígenas; ahí señalan que el corredor eólico del Istmo, considerado el más grande de América Latina, “a pesar de emplear un discurso de energía limpia y mitigación ambiental”, ha tenido múltiples impactos sobre el territorio: “el desplazamiento de las actividades productivas campesinas, el cambio de uso de suelo, la privatización de la tierra, los conflictos intercomunitarios, el aumento de la violencia en la región debido a la presencia del crimen organizado (que sí, trabaja directamente con las empresas) e incluso la militarización y masculinización del territorio”, se lee en el artículo.

 

En septiembre de 2021, los integrantes de APIIDTT anunciaron que consiguieron un amparo contra la construcción de otro campo eólico. Foto: APIIDTT

 

Desde 2015, el doctor en ciencias sociales Luis Miguel Uharte Pozas ya señalaba que “la construcción masiva de parques eólicos en un mismo lugar no responde en absoluto a ninguna lógica de sostenibilidad ambiental ni territorial ni tampoco a las necesidades de consumo de los habitantes del Istmo, sino estrictamente a los intereses empresariales de un pequeño grupo de corporaciones privadas”.

En otras investigaciones también se han documentado los impactos sociales, ambientales y económicos de los parques eólicos en el Istmo como: transformación del paisaje, contaminación de fuentes de agua, privatización de tierras que antes eran comunales, entre otros.

Bettina Cruz insiste que una energía que significa explotación, despojo y aniquilación de los recursos naturales no puede llamarse verde: “La energía renovable no va a detener el cambio climático. Son las prácticas y quien tenga el poder para decidir qué hacer y cómo utilizar esas energías renovables”.

 

Bettina ha tejido redes con otras mujeres que defienden ambiente y territorio, entre ellas las defensoras mayas. Foto: ONU.

 

El 20 de septiembre de 2021, los integrantes de la APIIDTT anunciaron uno de sus más recientes triunfos legales: obtuvieron un amparo en contra de la construcción, en tierras de uso común, del proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa francesa EDF.

En esta lucha legal contra las eólicas y en su defensa del territorio, la APIIDTT no está sola, tiene el respaldo y acompañamiento del Congreso Nacional Indígena (CNI), espacio de articulación de los pueblos indígenas, hermanado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Desde que surgió el EZLN, en 1994, Bettina Cruz quedó prendada de sus palabras. Por eso, para ella fue “muy natural” su integración al CNI. En 2017 fue elegida para formar parte del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. “No represento a todas las mujeres binnizá ni a todos los hombres; pero sí estamos representando a los que luchan con nosotros por defender nuestros derechos como pueblos indígenas”.

 

En 2017, la defensora binnizá fue elegida para formar parte del Consejo Indígena de Gobierno del CNI. Foto: Francisco Ramos.

 

Tejer redes para la defensa y el cuidado

Fue en septiembre de 2017, cuando la región del Istmo se remeció por un sismo de magnitud 8.2 que dejó casas, iglesias, escuelas y comunidades enteras en ruinas. Cuando la zona aún no se recuperaba, llegó la pandemia del COVID-19. Esas dos sacudidas llevaron a que los integrantes de la APIIDTT ampliaran su campo de acción. No sólo se abocan a defender el territorio de las eólicas, también impulsan la construcción de cocinas comunitarias, trabajan en el rescate de la medicina tradicional y acompañan en sus procesos legales a mujeres que sufren violencia familiar.

Las mujeres, resalta Cruz, “son las que más se involucran en el tema de la defensa del ambiente y el territorio, pero también son las que están más descuidadas”. Por ello, en los últimos años, la APIIDTT ha puesto en el centro de su agenda el tema del fortalecimiento de las mujeres y la salud integral: “La salud no es que sólo yo esté sana, sino también mi entorno”.

¿Por qué las mujeres son las que más se entregan a la defensa del ambiente y el territorio? Bettina Cruz tiene una explicación: “Somos cuidadoras de la vida. No digo que los hombres no sean importantes para esta lucha, son importantísimos. Pero las mujeres somos cuidadoras de la vida. La madre tierra también nos da vida y tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar a nuestra madre”.

 

En septiembre de 2017, un sismo causó diversos daños a la región del Istmo. Foto: Francisco Ramos.

 

Una de las hijas de Bettina describe el trabajo comunitario que hace su madre con la crianza que ella tuvo en casa: “Su defensa del territorio es muy maternal. Y tiene que ver mucho con las ancestras, con la forma en que las propias madres del Istmo cuidan y procuran”.

Para Yésica Sánchez, de Consorcio Oaxaca, las defensoras de ambiente, tierra y territorio son inspiración para otras defensoras de derechos humanos: “Ellas tienen una cosmovisión fuerte, una conexión con la tierra. En este momento en el que tenemos un capitalismo tan voraz, ellas están resignificando la vida. Ellas están defendiendo lo más esencial: el agua, la tierra, la fauna. Si se acaba eso, se acaba todo”.

Cuidar a otras, cuidar el entorno, pero también cuidarse a sí misma y cuidarse entre todas. Esto último es una de las herramientas que utilizan quienes, como Bettina, forman parte de la  Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos: “Una de nuestras premisas es que las redes salvan”, dice Yésica Sánchez.

Ella y Cruz también forman parte de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, iniciativa que nació en 2010 y hoy cuenta con 309 integrantes de 26 estados del país. Una de las coordinadoras de la red, Cecilia Espinoza, explica que esta organización se tejió para acompañar a las defensoras.

 

Taller para el rescate de la medicina tradicional en el Istmo. Foto: APIIDTT

 

“Las defensoras no solo nos enfrentamos a riesgos físicos o digitales, también hay impactos en diferentes ámbitos de nuestra vida como mujeres y es importante visibilizarlos, porque eso nos permite continuar en esta opción que hemos tomado de defender los derechos humanos”, explica Cecilia Espinoza.

Las mujeres defensoras están en un riesgo permanente. Tan sólo entre 2016 y hasta agosto de 2021, al menos 21 defensoras de territorios han sido asesinadas en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, de acuerdo con datos de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

 

Acciones de resistencia en contra de los megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec. Foto: APIIDTT

 

Primero, eólicos. Ahora, parques industriales

Cuando no está en reuniones con sus compañeras de la Asamblea, Bettina Cruz visita comunidades o atiende el llamado de alguien que le pide ayuda porque su hija, hermana o prima vive violencia doméstica. Cuando está en casa, cuida a los perros y gatos que ha recogido de la calle. Y también se da un espacio para tomar clases: “Ahora estoy estudiando derecho. Es lo que se necesita para que, por lo menos, no te engañen”.

La defensora binnizá también se da su tiempo para seguir con las tradiciones de su tierra. “Eso le da energía. Es su forma de tejerse dentro de la comunidad”, dice una de sus hijas.

A principios de septiembre de 2021, una tormenta dejó a buena parte de Juchitán inundado. “Estamos viendo cómo la naturaleza ya está protestando. Aún así, el 1% de la población, la que tiene el poder corporativo, insiste en utilizar a la naturaleza para su uso y seguir dañándola”. Y por eso, dice, la defensa de territorio que realizan los pueblos indígenas es vital para el planeta: “La mayor parte de los bienes naturales que aún quedan están en territorios indígenas”.

 

Una de las asambleas en contra del Corredor del Istmo de Tehuantepec. Foto: APIIDTT

 

Ahora, además de su lucha contra los parques eólicos, Bettina Cruz y sus compañeros de la APIIDTT enfrentan un nuevo megaproyecto. En realidad se trata de un plan añejo que se ha tratado de poner en marcha en varios momentos, los intentos más recientes se dieron con los gobiernos priístas, primero durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y después con Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Ahora con la Cuarta Transformación, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador llama a su gobierno, se desempolvó el plan de unir los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, con el de Coatzacoalcos, en Veracruz, a través de lo que se ha llamado el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, el cual contempla un tren de alta velocidad y, a lo largo de esa ruta, instalar 10 parques industriales. Además, se prevé construir dos gasoductos.

Enfrentar ese proyecto gubernamental ha sido complicado, reconocen, sobre todo porque “algunos que fueron nuestros compañeros ahora están con este gobierno. Nos han dividido y generado pugna en las comunidades”, explica Rodrigo.

Bettina y los integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio saben que la defensa del territorio es cada vez más difícil, pero ellos no bajan la guardia. Su fuerza, dicen, está en hacer comunidad, en tejer redes. Son Quijotes que no pelean contra gigantes imaginarios, saben que su lucha es contra aquellos que buscan privatizar el viento, el agua y el territorio.

*Imagen principal: ilustración de Kipu Visual.

Actualizado el: Mar, 11/23/2021 - 16:47

Por Ana Cristina Alvarado

*Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.

Josefina Tunki es madre, aunque no tiene hijos biológicos. En el 2019 se convirtió en la primera presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA) del Ecuador, organización indígena que reúne a cerca de 12 000 personas que habitan en la Cordillera del Cóndor, en el suroriente del país. Desde ese momento, el instinto de protección hacia su pueblo y su territorio reforzó su compromiso vital.

Nunca ordenaría una acción armada, dice con voz firme y segura, pero si los indígenas shuar se tienen que defender de la presión y la violencia de las empresas mineras y del Estado ecuatoriano, ella se pondría al frente para proteger las montañas, los bosques y las cascadas que su pueblo ha habitado y cuidado desde hace siglos.

Tunki dice que no tiene miedo a las armas de policías ni militares. Tampoco a las amenazas de muerte que ha recibido por parte de los mineros. Teme que su pueblo pierda su hogar: “Lo que más me preocupa —confiesa— es que en el rato menos pensado puede haber desalojos o confrontaciones”.

 

 

La líder indígena camina con su vestimenta tradicional por las calles de tierra de la comunidad de Maikiuants, sede de su organización. Foto: Cortesía Lluvia Comunicación.

El Estado ecuatoriano ha entregado 165 concesiones mineras que ocupan el 56% de las 230 000 hectáreas de territorio del PSHA, de acuerdo con información de la organización no gubernamental Amazon Watch. A partir de la década de los 90, las concesiones se han dado a las empresas Solaris Resources (Canadá), SolGold (Australia), ExplorCobres S.A., EXSA (China y Canadá) y Aurania Resources (Canadá) para explotar cobre, oro y molibdeno. 

Los trabajos ya están en etapa de exploración, aunque el PSHA no ha sido consultado sobre si está de acuerdo con que se haga minería a cielo abierto en las cimas de sus montañas. Tampoco quieren ser consultados. Josefina Tunki repite en medios de comunicación, foros y otros espacios: “¡El Pueblo Shuar Arutam ya decidió! ¡No a la minería!”.

Carlos Mazabanda, geógrafo y coordinador de Ecuador para Amazon Watch, explica que en esas montañas nacen muchos afluentes de ríos que, de ser contaminados por la acción minera, provocarían un daño ambiental en cadena. Además, se trata de una zona donde las lluvias son constantes y con alto peligro sísmico. “Esto supone un riesgo para las estructuras de las minas, para el socavón (que se abre para la explotación minera) y las piscinas de desechos”, precisa. 

 

 

El mapa muestra las 165 concesiones entregadas a empresas mineras en territorio del Pueblo Shuar Arutam, delimitado con rojo. Realización: Carlos Mazabanda/Amazon Watch

No obstante, el gobierno del exbanquero Guillermo Lasso impulsa la expansión de la frontera extractivista en la Amazonía ecuatoriana. En los primeros 100 días de su mandato, el presidente firmó los decretos 95 y 151 que formalizan los mecanismos para que instituciones gubernamentales otorguen rápidamente licencias ambientales a las industrias petroleras y mineras.

“Para nosotros, el decreto 151 significa que nuestros territorios están amenazados por la minería a gran escala. Nos damos cuenta de que esto no está bien, ¿a quién le consultó Guillermo Lasso, con quién socializó los impactos positivos y negativos de la minería? Con nadie, porque a nosotros no nos consultaron. Todos en las bases comunitarias deben opinar, pero ni él ni sus asesores ni siquiera conocen nuestras comunidades”, dijo la lideresa del PSHA el 18 de octubre de 2021, durante la presentación de la primera de una serie de demandas que los pueblos y nacionalidades presentarán contra el presidente ecuatoriano con el objetivo de que se eliminen los decretos.

 

 

Detrás de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam están la Cordillera del Cóndor, hogar del Pueblo Shuar Arutam, y el Río Santiago. Foto: Ana Cristina Alvarado.

Intimidaciones al Pueblo Shuar

Pasada la medianoche de un lunes de septiembre de 2021, Josefina Tunki entra a un hotel de Sucúa, una ciudad de la provincia de Morona Santiago. No llega al metro sesenta de estatura pero su presencia no pasa desapercibida. Pide una habitación y al hacerlo, su timbre de voz grave se deja oír. Cada vocal y cada consonante suenan enfáticas. Sus palabras reverberan. La recepcionista no tiene idea de que está recibiendo a la líder de 47 centros shuar organizados en seis asociaciones. Tunki no anda con pompas ni con comitiva. Su rostro, de piel cobriza, tiene rasgos geométricos. Aunque sus pómulos se destacan, no ocultan las ojeras, rastros de largas jornadas. Esta vez, como ocurre con frecuencia, dormirá poco. 

A las cuatro y pico de la madrugada, la mujer shuar recibe la llamada de una autoridad de la provincia que le dice que los comuneros del centro Maikiuants, sede de la organización, están cobrando el paso por la comunidad. No es la primera vez que circulan mentiras en contra del PSHA o de sus dirigentes, sostiene. Ella no se deja engañar. A las seis de la mañana ya está camino a las oficinas de la organización que lidera. Su largo cabello gris, recogido en una sola hebra, reposa sobre su blusa morada.

 

Nada identifica a las oficinas del PSHA. Sus miembros, por seguridad, lo prefieren así. El 6 de noviembre de 2020, Josefina Tunki recibió —también a través de una llamada telefónica— una amenaza de muerte que ahora ella parafrasea: “Si siguen molestándome con denuncias nacionales e internacionales, una cabeza de estas tendremos que degollar”. Palabras más, palabras menos, eso le habría dicho Federico Velásquez, vicepresidente de operaciones de la minera Solaris Resources y presidente del Proyecto Warints.  

Federico Velásquez tiene otra versión del hecho. En un pronunciamiento enviado vía correo electrónico contó que durante esa llamada telefónica, él le habría reclamado por “ataques que por redes sociales ella estaba realizando a la compañía”. Según Velásquez, Josefina habría dicho que ella “no manejaba, ni era responsable de las redes sociales del Pueblo Shuar Arutam”. Frente  a esto, él habría respondido “si eso llegara a pasar en la Compañía a la que represento (no manejar, ni conocer lo que escriben  en las redes sociales de la Compañía) sin mi autorización, yo cortaría cabezas”.

El 21 de diciembre de 2020, Tunki presentó una denuncia en la Fiscalía de lo Penal en Sucúa contra la empresa Solaris y su gerente, Federico Velásquez, por amenaza e intimidación. El proceso estaba, hasta el 25 de octubre de 2021, en etapa de indagación previa. 

Esa no es la única intimidación que ella y otros líderes del PSHA han sufrido. Marcelo Unkuch, dirigente de gestión externa de la organización, cuenta que drones aparecen con cierta frecuencia a las fueras de las oficinas o de sus residencias. Edy Chinky Nawech, dirigente de comunicación, denuncia que también han sufrido el hackeo de sus redes sociales.

 
Esa mañana de septiembre, Josefina Tunki y Marcelo Unkuch visitarán la comunidad de Maikiuants para escuchar a los comuneros sobre el supuesto cobro de peaje. Además, recogerán información sobre un enfrentamiento que hubo entre las mujeres de la comunidad y promineros, mientras la mayoría de hombres estaba en otra comunidad, en una asamblea que se realizó días antes.

El viaje en auto empieza en Sucúa, desde las oficinas del PSHA. Durante unas dos horas se avanza hacia el suroriente sobre una carretera asfaltada y las casi tres horas restantes transcurren a lo largo de un camino de tierra abierto al borde de las montañas. Para muchos, la geografía ha dificultado el ingreso a muchas comunidades, pero para los shuar eso nunca ha sido impedimento. La lideresa indígena cuenta que antes de la existencia de la carretera, entraba a Maikiuants caminando dos días.

 

 

La presidenta del PSHA, rodeada por pobladores de las seis asociaciones de la organización, se dirige a las cámaras con la energía que le caracteriza. Foto: Lluvia Comunicación.

Líder desde la cuna 

El camino es largo pero la charla lo hace corto. Josefina Tunki, originaria del cantón Tiwintza, que limita con Perú, recuerda que ingresó a un internado de los salesianos cuando se le estaban cayendo los dientes. Tenía siete años. Desde esa edad hasta los 15, solo regresaba a casa durante el verano, por dos meses. “Cuando hablaba mi idioma, recibía reglazo o borrador en la cara —cuenta—, los misioneros salesianos nos dijeron que los mitos no valían, que son cosas paganas, que nosotros somos vagos, que ellos vinieron a enseñarnos a trabajar, pero al mismo tiempo, nos decían que la plata es del diablo, que hay que tener poco”.

Tunki mantiene su fe católica, pero cuestiona los métodos que los religiosos usaron para imponer el pensamiento occidental entre los pueblos indígenas. Ahora ya no va a misa ni se confiesa con frecuencia. Dice que confía en “el juicio de Dios”, pero también en los relatos de su abuela sobre la cosmovisión shuar, y en los conocimientos de la medicina ancestral. 

Su trayectoria como líder empezó cuando cursaba el colegio, aunque ella cree que el liderazgo le viene desde la cuna. Fue criada hasta los siete años por su abuela con la disciplina de los antiguos shuar y durante las vacaciones acompañaba a su mamá a las mingas. “Empezamos a organizarnos, éramos muy activos. Ahí fui entendiendo lo que es organizarse”. Su primer cargo fue como secretaria de Chiches, su comunidad. 

 

 

El liderazgo de Josefina Tunki comenzó desde que cursaba el colegio. Foto: Lluvia Comunicación.

A lo largo de sus 59 años ha ocupado diferentes cargos: fue docente bilingüe por siete años y salió del Magisterio —recuerda— para tener la libertad de caminar con su pueblo. Fue tesorera de su comunidad, dirigente de la Mujer de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), presidenta de la Asociación Artesanal Agroforestal Kanus (Asokanus), Concejala de la Niñez y Adolescencia de Tiwintza y presidenta de la Asociación Santiago, una de las seis que integran al PSHA. Desde esa posición, de acuerdo con el Plan de Vida de la organización, fue elegida presidenta del Pueblo.

Edy Chinky Nawech, dirigente de comunicación, cuenta que escuchó los primeros discursos de Josefina Tunki cuando tenía 10 años. “Para mí fue una motivación ver a una mujer en esos cargos y también ver a los líderes, quería seguir el ejemplo de ellos”, dice. Veinte años después, Chinky y Tunki caminan hombro a hombro en defensa de su territorio.

 

 

La primera vez que coincidieron fue en el 2005, cuando él entró a trabajar en el Municipio de Tiwintza y se encontró con ella, quien en esa época era despachadora de la bodega municipal. Poco después se hicieron grandes amigos. “El trabajo de organización comunitaria es así, hay muchas críticas, pero hay que estar bien plantado. Hay que escuchar todo lo que pasa”, recuerda que le decía ella. “Josefina es una mujer humilde, sencilla, solidaria. Es tranquila, nos escucha. En esta organización es como nuestra madre”.

Esta no será la única vez que se referirán así a Josefina Tunki. Ella es recíproca. En ocasiones, trata a los pobladores del PSHA como “hijos”. Cuando se dirige exclusivamente a las mujeres las llama “hijas”.

 

 

Josefina muestra una flor de una de las especies de guanto que tiene en su huerta. Esta planta tiene múltiples usos medicinales. Foto: Ana Cristina Alvarado.
 

Mujeres en resistencia

Antes de llegar a Maikiuants se ve el rastro de un incendio al lado de la carretera. El 8 de septiembre de 2021, maquinaria de la minera Solaris, asentada en territorio del PSHA, fue quemada. La empresa y varios promineros acusaron a las mujeres shuar de haberlo hecho, pero el Pueblo asegura que se trató de un nuevo intento de criminalizar su resistencia.

“Cómo van a venir hasta aquí las mujeres caminando”, se pregunta con enojo Marcelo Unkuch y explica que ese día, los hombres estaban en asamblea en Tiwintza, a varias horas de distancia, y que solo mujeres, jóvenes y niños se quedaron. “A los que estaban en la asamblea también les culpan, diciendo que son los mentalizadores. ¡Cómo mienten, cómo imaginan!”, exclama Unkuch.

Para ingresar a Maikiuants hay dos controles, el primero, a las afueras de la comunidad y el segundo, a la entrada del centro poblado. En ese punto, seis mujeres se relevan para controlar el ingreso día y noche. “El objetivo es que no pasen maquinarias de las empresas transnacionales”, explica Tunki. Esa carretera, que pasa por el territorio del PSHA y que atraviesa la comunidad de Maikiuants, llega a Warints. Áreas de esta comunidad y de Yawi fueron concesionadas a la canadiense Solaris.

 

 

Fanny Kaekat (a la derecha), una de las líderes de la comunidad de Maikiuants, junto a Josefina Tunki durante una asamblea antiminera. Foto: Lluvia Comunicación.

Ya en el lugar, Fanny Kaekat, socia de la comunidad, cuenta que a las dos de la mañana del 8 de septiembre fueron alertadas sobre la llegada de maquinaria. Desde esa hora, las mujeres se mantuvieron atentas. A las 05:30, la plataforma llegó a las cercanías de Maikiuants. Diez  mujeres con sus hijos, entre ellas Kaekat, se acercaron y le dijeron al conductor que no podía pasar. Tunki, sentada frente al auditorio, escucha a su compañera sin quitarle la mirada. Su rostro luce serio y afectado, aunque ya estaba bien enterada de cómo ocurrieron los hechos. 

Cuando las mujeres se quedaron solas, por redes sociales se enteraron de que una maquinaria había sido quemada por gente que se cubrió el rostro. “Estuvimos con la cara limpia, sin camuflar”, continúa con su relato Fanny Kaekat.

En su intervención, Josefina Tunki les reiteró su apoyo. “Todo es a favor de la empresa mientras una madre del hogar está ahí parada, defendiendo los derechos de sus hijos. ¿Quién les trae la comida? ¡Ese es el camino que nos arrasa, es el camino de la pobreza!”.

Las mujeres shuar quieren proteger el futuro de sus hijos. “Siempre hemos vivido aquí, aquí nos dejaron nuestros abuelos y aquí queremos dejar a nuestros hijos para que no anden un día de esclavos ni mendigos”, dice Nancy Antún, líder de las mujeres de Maikiuants.

 

 

Josefina (derecha), a su llegada a la comunidad de Maikiuants, conversa con Isabel Ushap, la mujer que en ese momento estaba haciendo el turno de guardia a la entrada a su territorio. Foto: Ana Cristina Alvarado.

El machismo, el otro enemigo

Josefina Tunki no se imaginó que en 2019 ganaría la presidencia del Pueblo Shuar Arutam. Mujeres como las de Maikiuants apoyaron su candidatura.

“Las compañeras dijeron, ahora vamos a elegir una mujer, debes ir tú. Vamos a hacer prueba, si trabajas bien, después iremos nosotras”, recuerda Tunki que le dijeron las mujeres presentes en la elección. 

Fanny Kaekat no olvida que Tunki fue la única presidenta de las seis asociaciones del PSHA que la apoyó cuando presentó un proyecto de capacitación para mujeres sobre formación política y derechos. “Los hombres no nos tomaban en cuenta”, recuerda Kaekat.

Nancy Antún también siente orgullo por contar con Josefina Tunki como su representante. También cree que la llegada de una mujer a la dirigencia ha llenado de confianza a las demás. “Por más que le vean la debilidad, que los hombres le discriminen, nosotros estamos con todo el apoyo para que la Josefina termine su periodo”.

Los hombres más cercanos a la lideresa del PSHA han sido testigos del conflicto de género que ha creado la llegada de una mujer a la presidencia de la organización. Carlos Mazabanda, quien desde Amazon Watch trabaja de cerca con el Pueblo, cree que esto responde a que no ha habido un proceso desde las bases para que las mujeres hagan oír su voz y lideren en condiciones de igualdad con los hombres. “En nuestro consejo mismo ha habido ese machismo de parte de algunos compañeros ejecutivos”, admite Chinky. 

Josefina Tunki cree que el machismo no está en todos los hombres, pero reconoce que en esta dirigencia ha sufrido múltiples atropellos por ser mujer. “Se refieren a mí en términos no tan decentes”, cuenta. Sin embargo, ha recibido apoyo moral de sus compañeros cercanos. Chinky es el dirigente en quien ella más confía y Marcelo Unkuch es su mano derecha. Los representantes de las organizaciones internacionales también han sido un apoyo cuando los ánimos han decaído. Además, decenas de mujeres del PSHA la respaldan y están pendientes de su bienestar. 

La presidenta del PSHA se ha convertido en un referente del temple de la mujer shuar. “La Josefina es clave. Sin la Josefina nosotros no significamos. Como mujer, ella conoce nuestras necesidades, nos entendemos, nos puede comprender mejor que los hombres”, opina Nancy Antún.

 

 

Josefina Tunki, junto a otros dirigentes del PSHA, marcha en contra de la minería en Morona Santiago. Foto: Lluvia Comunicaciones

Madre y sanadora 

Cerca de cumplir sesenta años, Tunki luce como una abuela sabia. Aunque la mayor parte del tiempo parece seria y dura, hace bromas y hasta se ríe a carcajadas. Es una estratega para luchar y resistir contra las mineras, pero también muestra un carácter maternal. Se preocupa por sus interlocutores, les pregunta cómo están, escucha y, si es necesario, da consejos con ternura a partir de su experiencia.

“A la Josefina le siento como mi madre”, dice Antún. “Me ha dado apoyo moral y fuerza. Cualquier cosa, cualquier inquietud, con confianza le preguntamos. Le felicito una y mil veces, ha estado atenta, como una madre”, agrega la comunera. Chinky también la ve así: “He tenido la confianza de comentarle algunas cosas familiares. Ha sido una de las mujeres que más me ha aconsejado”.

La agenda de Josefina Tunki en la comunidad de Maikiuants termina al caer el día. Esa misma noche regresa a Sucúa. Los días pasan rápido y no alcanzan para realizar todas las actividades pendientes. Por eso, el horario de la presidenta se extiende hasta las noches.

Al día siguiente visitará su comunidad, Chiches, a unas tres horas al sureste de Sucúa.

Al terminar su periodo, en marzo de 2023, Josefina Tunki quiere volver a cuidar su huerto de plantas medicinales. Tiene al menos dos docenas de especies, entre guantos, ruda, cúrcuma y ají. Planifica reabrir las puertas de su casa —una sencilla construcción de tablones— para curar a los enfermos con la medicina ancestral que aprendió de sus mayores. 

No cree en los shamanes, porque es católica, pero sí en el poder de las plantas como creación de Dios. Ella se imagina de nuevo tranquila, ya sin las responsabilidades del cargo al frente del PSHA, pero reconoce que seguirá atenta.

Parte del territorio de Chiches, su comunidad, también está concesionado a las mineras, en este caso, a la empresa australiana Solgold. Como ella, los comuneros shuar están dispuestos a resistir ante la creciente arremetida del extractivismo en la Amazonía. “Si hay que morir en la defensa del territorio —dice—, hemos de morir”.

* Imagen principal: ilustración de Kipu Visual.

Actualizado el: Mar, 11/23/2021 - 14:12

Por Vanessa Romo Espinoza y Gloria Alvitres

Las mujeres Wayuú en Colombia son una fuerza colectiva. Han conocido el miedo y las amenazas de quienes las vigilan día y noche por estar en contra de la minería que contamina sus ríos y sus tierras en la región de La Guajira. Ellas decidieron unirse y organizarse. Juntas se cuidan, defienden su territorio y los recursos naturales que dan vida e identidad a sus pueblos indígenas. También han asumido el rol de mantener la memoria de sus familiares asesinados. 

“Fuerza de Mujeres Wayuú ha sido nuestro mejor ejercicio de resiliencia”, cuenta Jackeline, una de las lideresas que integra esta lucha. En América Latina, ser mujer, ser indígena y ser defensora ambiental significa una triple amenaza que deben enfrentar para sobrevivir. 

“El grueso de los asesinatos a defensores (ambientales y de territorio) se dan en Latinoamérica, muy por encima de otras regiones del mundo”, comenta Laura Furones, especialista de Global Witness, organización ambiental que desde el 2012 realiza un informe anual sobre el tema y que para 2020 documentó el asesinato de 145 defensores ambientales en la región —60% de todos los registrados a nivel mundial—, de los cuales quince eran mujeres y, de ellas, siete eran indígenas. Esta última cifra es preocupante si se toma en cuenta que los pueblos indígenas representan un 5% de la población mundial.

Mural de Berta Cáceres en el centro de Tegucigalpa. La defensora Lenca fue asesinada en 2016. Foto: Sandra Cuffe.

 

“Pero el asesinato es el caso más extremo. Hay una violencia con rasgos muy claros hacia la mujer”, agrega Furones. Ellas, a diferencia de sus compañeros, deben enfrentar daños físicos, psicológicos y sexuales, acoso y persecución por defender sus medios de vida de traficantes de tierra, de taladores, mineros ilegales, narcotraficantes y de los grupos criminales que buscan imponerse en sus territorios.

Información recopiladas por el proyecto periodístico Tierra de Resistentes, que registra los actos de violencia en contra de los defensores ambientales y de territorio en América Latina, aporta más información a la reunida por Global Witness. Entre 2010 y 2020 —de acuerdo con la base de datos construida y que cubre 12 países de la región— se registraron más de 340 ataques en contra de mujeres indígenas defensoras. La gama de las violencias es amplia e incluye el acoso judicial, las amenazas, la estigmatización, la criminalización, el desplazamiento y la violencia sexual.

Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y RunRun en Venezuela decidimos investigar cómo afecta esta violencia a las mujeres indígenas que defienden el ambiente y su territorio, qué luchas están liderando y qué estrategias de defensa colectiva han puesto en práctica para hacerle frente a las amenaza en Ecuador, Colombia, México, Perú y Venezuela. 

Los liderazgos femeninos, como el de Josefina Tunji (Ecuador), han sido parte del mundo indígena, pero también han sido históricamente invisibilizados. Foto: Lluvia Comunicaciones.

Mujeres, cuidadoras de la vida

Una defensora ambiental es una mujer quien ha emprendido una lucha individual o colectiva a favor de los derechos humanos, específicamente los que están vinculados a la tierra, el territorio y el ambiente, según refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).   Para la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, estas defensoras también difunden información, denuncian y promueven la organización comunitaria. “Pero para las mujeres indígenas es mucho más difícil ser líder, pues aún sufren una falta de reconocimiento de sus capacidades”, dice Alejandra Yépez, de la organización Amazon Watch Ecuador. Esto sucede pese a que las mujeres, históricamente, han estado a cargo de labores esenciales dentro de las comunidades indígenas.

“Ellas son las que tienen el rol de transmitir la cultura, la lengua, son las que se encargan de la salud y del cuidado. No poder acceder a sus territorios sanos interrumpe esas labores”, agrega Francisca Stuardo, de Global Witness. 

Bettina Cruz, lideresa indígena binnizá que denuncia el despojo de tierras por parte de empresas de generación de energía eólica en la región del Istmo de Tehuantepec, al sur de México, tiene claro este papel diferenciado de la mujer con respecto al territorio. “Somos cuidadoras de la vida”, señala. “No digo que los hombres no sean importantes para esta lucha, son importantísimos. Pero las mujeres somos cuidadoras de la vida. La madre tierra también nos da vida y tenemos que cuidar a nuestra madre”.

Bettina Cruz, lideresa indígena binnizá, denuncia desde hace más de una década cómo las empresas de generación de energía eólica han impuesto sus proyectos en Oaxaca, México. Foto: Francisco Ramos

Alejandra Yépez, de Amazon Watch Ecuador, señala que son estos espacios de vida —el agua, los ríos, el bosque, la tierra— en los que se concentran las luchas de las mujeres indígenas. “La noción de tierra y territorio que tienen las mujeres indígenas no está disociado de su cuerpo. Para ellas es una extensión de este”, agrega Stuardo, de Global Witness. 

Bajo esta premisa, ejercer la violencia sobre el ambiente y el territorio es ejercerla también sobre las mujeres. “Por eso —remarca Stuardo— los ejercicios de defensa están protagonizados por mujeres, aunque no sean siempre visibles”. 

Integrantes de Fuerza de Mujeres Wayuú, en Colombia. Foto: Cortesía Fuerza de Mujeres Wayuú.

Las violencias contra las defensoras

Sofía Vargas, oficial del proyecto de Oxfam en Perú, comenta que justamente la lucha de las mujeres suele ser menos visible porque históricamente se les ha impedido el acceso a espacios donde se toman las decisiones políticas y de manejo de territorio. 

Para lograr tener protagonismo dentro de su comunidad o en su región han tenido que trabajar durante, al menos, diez años en temas comunitarios, muchas veces relacionados con salud materno infantil o soberanía alimentaria, comenta Belén Páez, directora ejecutiva de Fundación Pachamama. Para que una mujer se ponga al frente de la comunidad, dice, primero ha tenido que romper varias barreras personales. 

“El punto de partida es diferente para una mujer indígena, en comparación con un hombre indígena”, dice Mariel Cabero, especialista en justicia ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos (IUCN NL). Ellas, señala Cabero, primero deben enfrentarse a los estereotipos impuestos por ser mujer.

Las violencias dirigidas a las mujeres defensoras indígenas también tienen sus matices particulares, si se les compara con los ataques que sufren los defensores indígenas hombres: “Hemos visto que los hombres son criminalizados y hasta los asesinan, pero las mujeres, muchas veces, son violadas y de esto no se habla. Se vive con esto, se carga con ese dolor”, comenta Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap). 

“La violencia sexual es una forma de agresión hacia las mujeres, de mostrar poder, de humillar. Se convierte en una forma de castigo por la labor de defensoras que desempeñan. Se les hace campañas de desprestigio que se refuerzan en estereotipos para poder descalificarlas”, señala Vargas de Oxfam. 

Laura Furones, de Global Witness, añade que aunque las mujeres defensoras son asesinadas en una tasa de 10% a nivel mundial, detrás de esta cifra se esconden otro tipo de agresiones. Francisca Stuardo, también de Global Witness, comenta que esta violencia no solo pasa por el ataque físico y sexual, sino también por los espacios que tienen para realizar estas denuncias.

 

En el caso de Ana María Fernández, de la comunidad yukpa de Venezuela, sicarios le mataron a cinco de sus diez hermanos. Ella asegura que los asesinaron por encargo de terratenientes, militares y guerrilla colombiana que operan en el estado de Zulia y cuyo objetivo es apoderarse de las tierras indígenas. Aun así, ella se hizo luchadora social y ha seguido denunciando los abusos, por lo que ha sufrido discriminación, despojo y múltiples amenazas que han caído sobre las mujeres que más ama. Los que la acosan, han amenazado de violación a su hermana y han quemado la casa de su madre. 

Sobre la estigmatización, Bellanira López Sánchez, especialista de Protección Integral a Defensoras del Consorcio Oaxaca, organización no gubernamental en México, comenta que esta es una práctica común dentro y fuera de las comunidades indígenas: “Las mujeres que se ponen al frente en una lucha de resistencia tienden a ser señaladas, porque deberían estar haciendo otras labores como cuidar la casa o los hijos y por este trabajo de defensa estarían dejando esas labores”. 

Además, al tener un rol de cuidado dentro de las comunidades, son ellas a las que más les afecta en su cotidianidad el dedicar buena parte de su tiempo a la defensa del ambiente y el territorio. 

Betty Rubio (al frente de la primera balsa) es presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua).

“Lo más difícil es dejar a mis hijos (durante los viajes a las comunidades). Y lo más triste es que la mayoría de las veces no hay cobertura (telefónica y de internet)”, confiesa Betty Rubio Padilla, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela (Feconamncua), perteneciente a la provincia de Maynas, en la región Loreto. Las defensoras sienten que están dejando de lado responsabilidades en el hogar y con sus familias. 

A Josefina Tunki, la primera dirigente en presidir el Pueblo Shuar Arutam, y referente de varias mujeres indígenas en Ecuador, la han insultado y difamado por ser mujer e indígena. Tunki reflexiona que, si bien ha recibido el apoyo de muchos hombres de las comunidades Shuar, el machismo ha hecho que muchas veces la traten distinto: “Se refieren a mí en términos no muy decentes”, cuenta.  

Pese a la gravedad de los ataques, no existen muchos datos en América Latina sobre las amenazas específicas en contra de las mujeres defensoras indígenas, señala Cabero de IUCN NL. “Estamos trabajando en monitorear y visibilizar estos peligros”, agrega.

Algunas organizaciones, como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, han resaltado que la criminalización —abrir procesos judiciales en su contra— es una de las violencias a las que recurren cada vez más los actores que buscan frenar las luchas de las defensoras indígenas.

En uno de sus informes, la Iniciativa Mesoamericana resalta que “estos procesos usualmente no prosperan, lo que da cuenta de un patrón en donde las mujeres son criminalizadas por delitos que no se pueden confirmar, lo que podría develar un indebido uso judicial contra las mujeres”.

Cuando la protección nace desde adentro

“Luchamos contra terratenientes, grandes hacendados, ganaderos, cuerpos policiales y guardia nacional, gobierno local y el mismo Estado que no permiten la demarcación de nuestras tierras", advierte Ana María Fernández, lideresa yukpa. 

“Son lideresas que luchan por sus tierras porque en esos espacios es donde está el alimento para su familia, el agua, sus lugares sagrados, su cultura”, dice Linda Bustillos, profesora de la Universidad de Los Andes (ULA).

¿Cómo se defienden las mujeres indígenas ante la desprotección de las autoridades estatales? Tejer redes y el autocuidado son herramientas que han sumado a la defensa del ambiente y territorio las mujeres cuyas historias son narradas en este especial.

Es el caso de Ana María Fernández, Carmen Fernández y Lucía Romero, tres defensoras indígenas que lideran la Organización de Mujeres Indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá, Oripanto Oayapo Tüonde, creada para defender a su pueblo de la escalada de violencia en esa región de Venezuela.

Para instituciones como Onamiap, la autoprotección se convierte en una solución frente a las débiles acciones que los Estados realizan para proteger a las defensoras ambientales amenazadas, mecanismos que la mayoría de las veces no tienen un enfoque ni intercultural ni de género. 

“En algunos países se nos obliga a migrar a las ciudades como salida de la contaminación o de las múltiples violencias que vivimos en nuestras comunidades. Pero las mujeres lo pasamos mal en las ciudades. No es como en tu comunidad donde produces tu comida o hablas en tu lengua materna”, dice Melania Canales, de Onamiap. 

Bellanira López, de Consorcio Oaxaca, comenta que si existiera una perspectiva diferenciada para la protección de mujeres indígenas defensoras, se evaluarían casos donde no es necesario que salgan de su comunidad. “Es necesario revisar cuál es la causa del riesgo y tomar acciones a partir de este análisis”, añade. 

La necesidad de un enfoque distinto de protección se evidenció con más fuerza durante la pandemia del COVID-19, señala Laura Furones, de Global Witness. “Los mecanismos de defensa que ya eran frágiles han dejado de funcionar y esto aumenta el círculo de impunidad”, precisa. 

La ausencia de justicia y visibilidad de los ataques a las lideresas indígenas fue identificado por organizaciones como Fuerza de Mujeres Wayuú en Colombia. Es por ello que han recorrido La Guajira, de norte a sur, con una escuela itinerante que ha formado a más de mil mujeres en derechos humanos e incidencia política. 

En Ecuador, el colectivo Mujeres Amazónicas —conformado por representantes de siete nacionalidades indígenas—, además de defender el territorio amazónico y los derechos humanos, se ha convertido en un soporte de sanación espiritual y físico entre mujeres durante la pandemia. 

A nivel regional existe el Tribunal de Mujeres Amazónicas, iniciativa entre organizaciones indígenas y organizaciones privadas que busca mostrar las agresiones que viven las mujeres indígenas en América Latina. Y también está la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

“Ninguna es mártir y nuestros cuerpos no se ofrendan”, dice Bellanira López e insiste: “Si queremos defender nuestros derechos también tenemos que gozar de ellos. Hay que ver el autocuidado como una práctica política, porque nuestro primer territorio es nuestro cuerpo”.

Pero mientras las mujeres defensoras ponen sus cuerpos en juego, ¿cómo están respondiendo los países donde ellas viven?

Un llamado de emergencia a América Latina

Las especialistas consultadas por Mongabay Latam coinciden en que en América Latina aún falta mucho para lograr garantizar los derechos de las mujeres indígenas que defienden el territorio. “Escuchamos palabras grandilocuentes de los Estados cuando se refieren a programas de protección de las y los defensores, pero a la vez se recortan presupuestos para estas iniciativas, como sucede en México”, dice Laura Furones, de Global Witness. 

Tampoco, agrega Furones, existe una coherencia entre los proyectos económicos que se aprueban en los países y que representan una amenaza contra los territorios donde habitan los pueblos indígenas. “Esto se hace sin un mínimo de consulta a las comunidades”, resalta. Lo mismo destaca Mariel Cabero, de IUCN NL: “La consulta previa informada a los pueblos indígenas es un requisito, pero se suele hacer rápidamente y no se ofrecen procesos adecuados para que las comunidades conozcan bien lo que se realizará en sus territorios”.

Para la especialista de IUCN NL, acuerdos como el de Escazú son fundamentales como guía para la defensa de los pueblos indígenas. En América Latina, entre los países que aún no han ratificado están Perú, Colombia y Venezuela. En el caso de Perú, Melania Canales, de Onamiap, señala que el nuevo gobierno, que asumió en julio de este año, debería plantear nuevamente al Congreso esta ratificación. 

El caso más extremo de desprotección lo vive Venezuela. Lexys Rendón, especialista en derechos humanos y coordinadora del Laboratorio de Paz, señala que existe “un retroceso importante en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales” en el país. “Hay un criterio generalizado para las personas que levantan la voz contra las políticas estatales de tildarlos como enemigos. Cuando hay mujeres que hablan en contra de proyectos extractivos son acusadas de traidoras a la patria”, dice Rendón. Para la activista venezolana, esta indiferencia a las demandas de los pueblos indígenas ha causado que solo un 17% de las comunidades tengan territorios delimitados, lo que los deja en una mayor vulneración.

Global Witness ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos, la ONU y la Unión Europea de modo que se garantice la protección de defensores ambientales: “Las empresas y los gobiernos deben rendir cuentas por la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, quienes se encuentran en la primera línea de la crisis climática”. Señala que se necesitan acciones urgentes a nivel internacional, regional y nacional para garantizar el acceso a la justicia y el debido proceso, sin criminalizar a los activistas, sino proteger su integridad. 

“Muchas de nuestras compañeras en América Latina han sido asesinadas, incluso cuando tenían medidas cautelares que las protegían, como Berta Cáceres (defensora indígena de Honduras)”, agrega Melania Canales de Onamiap. 

Canales, quien recorre el Perú recogiendo las denuncias de otras mujeres indígenas, comenta que el primer obstáculo lo enfrentan cuando buscan presentar una denuncia: en muchas regiones, las instancias judiciales se encuentran a un día de distancia. 

“La violencia está institucionalizada y naturalizada”, dice la dirigente. Esto es algo que desde las comunidades, tejiendo redes, cuidando y defendiendo aquello que da vida, identidad y futuro a sus pueblos, las mujeres indígenas buscan cambiar. Y por eso alzan la voz en colectivo y cada vez lo hacen más fuerte.

Actualizado el: Mar, 11/23/2021 - 12:34