Entre 10 y 15 organizaciones sociales de víctimas del conflicto armado ubicadas entre el Urabá antioqueño y el Bajo Cauca buscan defender los derechos de las víctimas a la participación política, así como pedirle al gobierno que se den los reembolsos acordados para la financiación de las campañas a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz elegidas el pasado 13 de marzo. Encabezadas por la fundación Fuerza y Voluntad, este jueves 24 de marzo, crearon el sindicato de Las Organizaciones Políticas Unidas.

Según declaraciones de Juan David Betancur, vocero del sindicato, se interpondrá una tutela ante el Estado por la vulneración al derecho de ser elegido y a la participación política. “Los candidatos se endeudaron pensando que el Estado les iba ayudar, pero no es así, no nos dan respuesta. Pediremos garantías para las víctimas, somos las organizaciones políticas las que debemos sentar una posición para respaldarlas”, afirmó Betancur. 

La fundación Fuerza y Voluntad en Antioquia adquirió la póliza de 3 millones de pesos para que el gobierno le entregara los dineros acordados y así poder financiar las campañas a las Curules de Paz de Jorge Arley Guisao Cifuentes, sancionado por la Procuraduría por porte ilegal de armas, y Paola Andrea Gutiérrez Rodríguez. A la fecha, no se le ha desembolsado ningún dinero a Héctor Almario Gómez, representante legal de la Fundación y quien acarreó el pago de la póliza para poder suplir los gastos que dejaron las campañas de los dos candidatos de la fundación. Por esto, Almario interpuso un derecho de petición el cual reclama “la entrega del dinero autorizado como anticipo de la financiación estatal para las elecciones a las circunscripciones transitorias especiales para la paz”. 

En otras zonas de la circunscripción 3 también se están organizando distintas fundaciones de víctimas para hacer un llamado a los entes gubernamentales que buscan respuesta por los dineros que no fueron entregados para las campañas políticas. Manzur Agustín Sierra, ex candidato a la curul de paz por la organización COAPAZ, está llevando la dirección de estas iniciativas y habla de cómo en el Bajo Cauca no solo se vieron expuestos a la falta de financiación de las campañas, sino también a la violencia por grupos al margen de la ley.

“Los abogados, con los que nos estamos asesorando, nos han comentado que el gobierno violó nuestros derechos y el acto administrativo, ellos debían cumplir con la financiación del gobierno, con garantizar la seguridad en nuestros territorios, queremos una indemnización económica y moral. Ni con las tales pólizas se ha podido recuperar el dinero. Aquí en la circunscripción 3 existe otro caso sobre el candidato Eduardo Páez que también hizo su documentación, pagó la póliza y no se le ha respondido hasta ahora”, explicó Sierra. 

Ángel Nieto fue candidato a la circunscripción 12 por la fundación afrodescendiente Gente Activa, y pudo adquirir la póliza de $4.127.000 por medio de un fondo familiar. “El Ministerio de Hacienda, un mes antes de las elecciones, nos dijo que ya podíamos hacer las diligencias para recibir los anticipos. Los documentos que enviamos también implicaban gastos”, aseguró Nieto. Aunque el dinero llegó dos días antes de las elecciones, no alcanzó siquiera a cubrir los gastos de la campaña electoral. “Aquí solo lograron la reposición de votos 5 candidatos, no sé cómo vamos a hacer los otros para lo que se nos viene en deudas”, señaló Ángel Nieto. 

“El CNE debe reconocer el valor de las pólizas que no se desembolsaron y que iba en respaldo con los anticipos”, aseguró Armando Novoa, ex presidente de la Comisión Especial Legislativa y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Agregó que el Estado les incumplió a las víctimas del conflicto armado en cuanto la atención de los desembolsos y las garantías para las campañas, las cuales no fueron adecuadas ni oportunas. 

Marlon Pabón, delegado de la Misión de Observación Electoral (MOE), le contó a Rutas del Conflicto que habían alertado esta situación a los entes gubernamentales y el CNE había respondido que ellos no tenían ninguna responsabilidad. “Los recursos llegaron dos semanas antes de las elecciones y no se previno los inconvenientes que se dieron con las entidades financieras que debían desembolsar estos dineros. Esto no es algo nuevo, y aquí hay un agravante porque era para una población vulnerable y la financiación de sus campañas dependía totalmente del Estado”, afirmó Pabón. 

“Debemos revisar estos procesos judiciales que están alegando estas organizaciones sociales para ver cómo responder, hay una inoperancia por parte del Estado y los que estuvimos detrás de la vigilancia de estas elecciones para las Curules de Paz aceptamos esto”, agregó Marlon Pabón, quien añadió que a la fecha la MOE no tiene información precisa de a cuántas personas se les entregó los recursos para financiar sus campañas electorales en estas Curules de Paz.

En diálogo con Zamira Gómez Carrillo, directora del Fondo Nacional de Financiación Política, un sistema especial de cuentas adscrito al CNE, se conoció la decisión de la Sala Plena respecto al desembolso de dineros para estas CITREP, “con estas circunscripciones especiales para la paz se hará una excepción, pues los candidatos no tendrán que superar el umbral de votos para ser beneficiarios de la reposición de gastos en sus campañas”, afirmó Gómez Carrillo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya se encuentra difundiendo esta información a cada una de las organizaciones y fundaciones inscritas en estas Curules de Paz, para así poder verificar las facturas de gastos e ingresos en las campañas, y realizar las debidas liquidaciones. “Hay que tener en cuenta que los candidatos que recibieron los anticipos en las fechas acordadas por el gobierno nacional también tendrán su reposición, pero se les descontará lo que ya se les desembolsó”, ratificó Zamira Gómez. 

No se ha difundido ningún comunicado público sobre estos procedimientos; sin embargo, el CNE, en vocería de Zamira Gómez Carrillo, invita a todos los candidatos que se inscribieron a estas Curules de Paz a que se remitan al correo capacitacionesfnfp@cne.gov.co e inicien el proceso de reposición, verificación y liquidación de sus respectivas campañas electorales. Mientras esta información llega a cada una de los candidatos que disputaron estas Curules, las organizaciones y fundaciones seguirán en pie con sus procesos judiciales y sindicatos, en pro de responder y velar por los derechos de las víctimas.

Actualizado el: Dom, 04/03/2022 - 09:15

El pasado 24 de febrero, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) emitió un comunicado para visibilizar la carta realizada por las organizaciones campesinas de la Cumbre Agraria, donde exigen “mecanismos ampliamente difundidos para permitir la participación de nuestras comunidades y organizaciones, información veraz, completa y actualizada que facilite el ejercicio de diálogo y concertación, además de seriedad en el proceso participativo” para la construcción de la política pública agraria ordenada en el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo. Esto, teniendo en cuenta que después de treinta meses de la implementación de esta política no se ha establecido un espacio comunicativo, amplio y democrático que permita al campesinado colombiano aportar a la construcción de este proyecto. 

Hasta el día de hoy, la respuesta del gobierno y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha sido nula. Esta carta no es la primera acción directa que toman las asociaciones campesinas frente a esta situación, el 21 de diciembre del 2021 realizaron un evento para conmemorar los derechos del campesinado colombiano, al espacio no asistieron ni el Ministerio de Agricultura, ni la FAO, ni siquiera algún delegado del gobierno, sólo llegaron la Procuraduría y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Estos hechos se han repetido en varios escenarios, sin generar ningún tipo de diálogo entre las partes o mayor participación que la asistencia. Incluso, cuando se realizan los espacios de debate y construcción, los delegados del gobierno llegan sin conocimiento en los temas que se discuten y sin un poder para tomar decisiones importantes y avanzar en este proceso. 

Eduardo Jurado, director de proyectos en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) habló con Rutas del Conflicto y profundizó en las propuestas que han compartido con el gobierno nacional y en las cuales no se han podido trabajar. “Además de la ruta metodológica que pusimos sobre la mesa, también abrimos el espacio para debatir proyectos como la compra agraria campesina popular, las economías propias, la reforma agraria integral, zonificación ambiental participativa o los cuellos de botella para la constitución de las reservas campesinas”. Jurado resaltó la labor de acompañamiento que ha hecho la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios en todo este proceso, y espera que los demás entes de control por fin respondan a los llamados para construir esta política en conjunto.

Es necesario recordar, que la implementación de este  proyecto campesino se remonta a las exigencias que se hacían sonar en las calles para el paro nacional agrario del año 2013, en el cual, los campesinos pedían al gobierno nacional, de ese entonces, que se les tuviera en cuenta en las estadísticas y políticas públicas.  El gremio realizó diversas denuncias entre las cuales se destacó una tutela  en la que se suscribieron más de 1700 firmas de campesinos y campesinas, y que llegó hasta la Corte Constitucional, la cual dictaminó que el gobierno debía delimitar el término “campesino” y realizar un censo poblacional de este gremio en todo el país. Esta trascendental decisión de la Corte llegó en los primeros meses del actual gobierno del presidente Iván Duque. 

Ahora, de frente a las elecciones presidenciales que se avecinan y con los resultados de las legislativas, todavía sigue la duda de qué pasará con esta política pública. A la fecha, no se conoce una respuesta oficial a la carta realizada por la Cumbre Agraria, y aunque el campesinado sigue insistiendo, todo es un panorama incierto y poco alentador. 

Actualizado el: Lun, 04/04/2022 - 12:38

En el pueblo del oro, del río Cauca, de las chirimías y de los socavones, se agrupan las colonias afrodescendientes, las comunidades campesinas y los pueblos indígenas en torno a una lucha imparable: recuperar el territorio ancestral de las titulaciones a nombre de empresas mineras, extranjeras y extractivistas que han desplazado las tradiciones y la ‘vida sabrosa’ de los habitantes de Suárez . 

Allí, en ese municipio rodeado por siete ríos y las montañas inundadas de oro en el noroccidente del departamento del Cauca, Francia Márquez Mina se formó como lideresa social y ambiental al defender los derechos territoriales y ambientales frente a empresas como Anglo Gold Ashanti y EPSA-CELSIA. 

Hoy, a pesar de tener una sentencia de la Corte Constitucional que protege sus derechos, los Consejos Comunitarios de La Toma, Pureto y La Meseta deben continuar exigiendo justicia y reparación por la violación sociopolítica a la que se ven sometidos incluso hoy - en el 2022 - a la ausencia de las condiciones mínimas: no hay acueducto, no hay agua potable, no hay señal y la electricidad es muy costosa para sus habitantes . 

 

300 años en el territorio y 36 de lucha: ¿Cómo llegaron las empresas extractivistas a Suárez? 

   

Los territorios de Suárez se extienden geográficamente por el norte del Cauca con 389,87 Km2 en su totalidad, de los cuales 386,30 corresponden al área rural y 3,57 a la parte urbana. Tan solo en 1989, estas vertiginosas montañas custodiadas por siete fuentes hídricas, fueron reconocidas como un municipio integrante del departamento. Sin embargo, su historia no comenzó en aquella Asamblea Departamental: en concreto,el corregimiento La Toma fue refugio desde 1850 para las personas esclavizadas que buscaban establecerse en una libertad cómplice de su cultura africana, de su minería artesanal, de su agricultura y de sus decisiones como comunidad. 

Cobijada por esos valores ancestrales, nace Francia Márquez Mina en el año 1981 en la vereda Yolombó, lugar desde el cual, la hoy fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, se formó como lideresa social y ambiental.

Las dinámicas de vida colectiva cambiaron en el año 1986 con la inauguración de la Represa La Salvajina, obra hidroeléctrica que nació a la luz de ideales de desarrollo y progreso de la mano de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, que pretendía frenar las inundaciones del Río Cauca, producir electricidad y gestionar proyectos de inversión social que garantizaran la educación, vivienda y calidad de vida de los pobladores de Suárez. 

 

 

Aníbal Vega, representante legal del Consejo Comunitario La Toma, afirmó que “ la construcción de La Salvajina fue una violación a los derechos humanos”, debido a las múltiples consecuencias ambientales, sociales y económicas que esto implicó. Por una parte, la represa terminó con las fuentes tradicionales de ingreso como la minería, la pesca, la extracción artesanal de materiales de construcción para sus viviendas y la agricultura; por el otro lado, configuró un panorama ambiental que cambió las temperaturas, el ecosistema natural del río y las tipologías agrícolas. 

La jóven Francia, a sus 17 años, denunció el cambio en su territorio:

@FranciaMarquezM: toda una vida de luchas, resistencia y dignidad. pic.twitter.com/J4bOPwd6SF

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 24, 2022

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La red de organizaciones afrocolombianas, Proceso de Comunidades Negras (PCN), registró que a raíz de la construcción de este embalse fueron desplazadas alrededor de 6.000 personas debido al desmembramiento intrafamiliar y veredal. El documento de caracterización de afectaciones realizado en el 2013 por el Consejo Comunitario La Toma expresó que fueron dos tipos de desplazamiento: el primero ocasionado por la falta de sustento socioeconómico y el segundo, relacionado a la presencia de grupos armados. 

“Hemos evidenciado que en la actualidad más del 70% de los habitantes de La Toma ya no vivimos allí”, aseguró Sergio Lucumi, representante de las colonias afrodescendientes del Consejo Comunitario La Toma adscrito al Ministerio del Interior. 

Ante los problemas que generó el embalse, la comunidad se movilizó hacia Popayán, la capital del Cauca, en el mismo año de su creación con la finalidad de buscar reparación integral por parte de Corporación Autónoma del Valle del Cauca y la empresa EPSA-CELSIA Energía, encargada de operar la hidroeléctrica. Sin embargo, en la actualidad dichos acuerdos no se han cumplido a cabalidad. 

Actualizado el: Dom, 03/27/2022 - 16:21

Víctimas de la Sierra Nevada representadas por un heredero paramilitar

Según datos de la Registraduría, con el 97, 53% de las mesas informadas y un total de 67.079 votantes, Jorge Tovar es el nuevo representante de las víctimas por la circunscripción número 12. Con el aval de la asociación Paz es Vida, ‘Yoyo’, hijo del ex jefe paramilitar Jorge 40, se posicionó en los municipios de Pueblo Bello, San Juan del César, Aracataca, Dibulla, Fonseca, Fundación, La Jagua y Valledupar, en este último obtuvo 17.178 votos. 

La campaña de Tovar fue duramente cuestionada por ser el hijo de Jorge 40, ex comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y responsable por crímenes de lesa humanidad contra la población que, a partir de julio, ‘Yoyo’ Tovar personificará en la Cámara  de Representantes. 

(Lea aquí Jorge Tovar, hijo de Jorge 40: el nuevo representante de las víctimas en el César. | Rutas del Conflicto) 

Sur del Tolima, el as del ‘barretismo’ y los conservadores 

En la circunscripción 15,  que comprende los municipios de Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco, ganó la Asociación Víctimas Núcleo Santiago Pérez con 2.996 votos. La lista está conformada por María Janeth Sabogal, contadora pública, y Haiver Rincón, líder indígena que obtuvo una curul en la Cámara de Representantes, logró a su favor el 15,03% de la totalidad de votos. En esta subregión es muy reconocido el exgobernador del Tolima, Óscar Barreto, afín a ideas de ultraderecha, y los dos candidatos han sido señalados por su cercanía con este político.

Barreto también quedó electo ayer al Congreso por el Partido Conservador con más de 100 mil votos. Según se ha denunciado, Rincón es una ficha de este futuro senador para ampliar su bancada. Durante su campaña fue visto en actos de proselitismo con la candidata a la Cámara Delcy Isaza, a pesar de que estuviese claramente prohibido según el decreto 1207 de 2021. Todo esto concuerda con lo dicho por Barreto en Chaparral hace unos meses, cuando expresó abiertamente que su meta era convertirse en senador y obtener tres puestos más en la Cámara de Representantes incluyendo, de ser posible, una curul de paz.

La campaña de María Janeth Sabogal presuntamente también estuvo financiada por Óscar Barreto. Fuentes del Sur del Tolima han dicho que a la candidata se le vio distribuyendo por zonas rurales ayudas y bultos de abono que habrían sido donados por el exgobernador. Además, desde hace por lo menos una década, Sabogal tiene su residencia permanente en Bogotá, lo cual va en contra de lo estipulado en el decreto, pues uno de los requisitos era que los aspirantes vivieran en el territorio por lo menos tres años antes de las elecciones.

Óscar Barreto es simpatizante de las propuestas del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El político ha sido investigado por la Fiscalía debido a peculado y celebración indebida de contratos, pero se le ha absuelto de varios procesos. Miguel Ángel Barreto, su primo, también obtuvo una curul en el Senado y Delcy Isaza en la Cámara de Representantes. Haiver Rincón, con su curul especial de paz, se sumaría a esta lista de seguidores del ‘barretismo’ y el Partido Conservador que tienen voz y voto en el Congreso.

Chocó en manos de un clan político

Con el 41.87 % de los votos, el Consejo Comunitario Mayor de Novita “Cocoman” se posicionó como la organización ganadora de la Circunscripción número 6 del departamento del Chocó. Su votación fue contundente, pues obtuvieron 9,369 votos de los 22,374 que se registraron en las mesas. El candidato ganador fue James Hermenegildo Mosquera Torres, abogado señalado de ser cercano al Clan Sanchéz Montes de Oca por su trabajo con el exgobernador Patrocinio Sánchez, condenado por delitos de peculado.

Su candidatura fue polémica debido a que se registró como víctima tan sólo unos días antes de las inscripciones para las curules de paz; según el portal La Silla Vacía, Mosquera Torres “presentó su testimonio a la Unidad de Víctimas el 2 de noviembre y esta lo declaró víctima el 22 de ese mismo mes. Un tiempo récord en un proceso que suele llevar por lo menos 3 meses". Actualmente, el hoy electo representante  tiene un proceso penal abierto por el delito de peculado (malversación de caudales públicos) en la EPS SELVASALUD S.A.

Sur de Córdoba: ¿compra de votos por la curul de paz?

En el sur de Córdoba, con el 96,75% de las mesas informadas, la lista ganadora fue la de la Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó en cabeza de Leonor Palencia, quien durante su campaña como candidata fue denunciada por líderes sociales y Juntas de Acción Comunal por recibir apoyo de maquinarias tradicionales y de su primo, Orlando Benitez, gobernador del departamento. 

Además, fuentes de Colombia+20 y El  Espectador aseguraron que “hasta su territorio han llegado personas cercanas a la candidata supuestamente ofreciendo dinero y enseres a cambio de sus votos”; hechos registrados en el resguardo indígena Alto San Jorge y en el municipio de Valencia. Días después de esto, los denunciantes de esta supuesta compra de votos por parte de la hoy representante de la curul de paz, afirmaron haber recibido amenazas tras interponer las denuncias. 
 

El Caquetá y su representante cercano a parapolíticos

Jhon Fredy Núñez es el representante de las víctimas en Caquetá con 17.982 votantes y el 100% de las mesas informadas, según la Registraduría. La candidatura de Núñez fue denunciada por presuntas inhabilidades y por su cercanía con Álvaro Pacheco, actualmente condenado por sus vínculos con grupos paramilitares. 

"El ingeniero", como lo conocen en la región, aspiró al Senado en 2009, a la alcaldía de Florencia en 2011 y en 2015 a la Asamblea Departamental con el partido Opción Ciudadana, conocido hace unos años atrás como Partido de Integración Nacional (PIN), el cual fue reconocido por acoger a muchos señalados parapolíticos en sus filas. 

Votar por las víctimas y la paz, toda una odisea

En la mañana de este domingo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada impidieron el paso en la zona rural de Santa Marta para que los habitantes no pudieran ejercer su derecho al voto. Hombres armados bloquearon el puente de Guachaca, en la vía de La Aguacatera y Calabozo, lo que inhabilitó por largas horas los puestos de votación de Guachaca y Calabozo. Se reportaron amenazas a los votantes, declarándolos “objetivo militar”. Por esto, los ciudadanos de Guachaca, Magdalena, por miedo a las represalias difundidas por el grupo armado, se abstuvieron de salir a votar. 

También, en la zona rural de Tumaco, Nariño, se presentaron diversas tensiones en los puestos de votación cuando un grupo de más de 1.000 personas obstaculizaron las mesas de votación de la vereda San Luis de Robles,  argumentando el incumplimiento de los políticos y el abandono del Estado. La protesta transcurrió de forma pacífica durante todo el día, sin embargo, en horas de la tarde se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. 

Por otro lado, varias de las mesas de votación fueron reubicadas sin previo aviso. En el municipio de Córdoba, Nariño, y en Uramita, Antioquia, se movieron debido a condiciones climáticas, derrumbes y deslizamientos de tierra. En cuanto a problemas de logística, según los reportes entregados por la Misión de Observación Electoral (MOE), en el 26% de los puestos habilitados para votar por las Circunscripciones Especiales de Paz los jurados de votación no estaban entregando este tipo de tarjetones, lo cual despertó preocupación e indignación entre la ciudadanía y se ha invitado a que no se repita esta situación en futuras elecciones.

Actualizado el: Lun, 07/11/2022 - 10:26

 

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, es el nuevo representante a la Cámara por la circunscripción transitoria especial para la paz número 12. ‘Yoyo’ Tovar, como es conocido, había obtenido 35.133 votos, con un 58.74% del total de mesas escrutadas, según los datos de la Registraduría Nacional. 

Tovar y su fórmula, avalados por la organización Paz es Vida doblaron a los candidatos que ocuparon el segundo lugar de la Alianza por la Vida, entre los que estaba William Alfonso Romero, señalado de ser ficha del clan político Gnecco.

El ganador obtuvo la mayoría de los votos en Valledupar con 14.222 electores. Tovar también ganó en Fundación, Aracataca, Dibulla, Fonseca, Pueblo Bellos y San Juan del Cesar, en total siete de los 13 municipios que conforman esta circunscripción. 

Los resultados se dan luego de que el viernes pasado 18 candidatos a las curules de paz de la circunscripción 12, radicaron su renuncia ante la Registraduría en Valledupar porque no se brindaron las garantías adecuadas para realizar sus campañas en elecciones de estas curules de paz. “Llevaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estas denuncias. Las renuncias son para no legitimar este proceso antidemocrático”, afirmó Dairo Bayona Ramírez, representante legal de la Corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible, una de las organizaciones que abandonaron la participación en estos comicios.

Varios candidatos habían denunciado que no podían ni siquiera entrar a ciertos municipios a difundir sus campañas porque eran amenazados por actores armados, mientras que Tovar se movía sin problema. “Estos tres meses no podíamos entrar a la Sierra Nevada o la Serranía del Perijá a hacer campaña, eran territorios que los paramilitares custodiaban y le decían a la gente que debía votar por ‘Yoyo’ Tovar”, cuenta la candidata Claudia Vásquez.

Judith Fonseca, candidata por el Resguardo Indígena Mayabangloma, le dijo a Rutas del Conflicto que las víctimas de la región del Cesar se quedaron sin voz ni voto y por el contrario, se sienten re victimizadas con la elección de ‘Yoyo’ Tovar en la Cámara, el hijo del jefe paramilitar responsable de miles de crímenes en esa zona del país.

 “A él no le tocó acostarse a las 5 p. m. por los toques de queda, no sabía lo que era pedir permiso para salir de la casa o ni siquiera poder asomarse a la puerta porque pasaban camionetas y uno ya sabía lo que iba a pasar. ‘Yoyo’ no tenía que haber sido candidato”, señaló Fonseca.

Para Dairo Bayona Ramírez, representante legal de la organización Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible, que participaba en estas elecciones, los clanes políticos se quedaron con la curul de las víctimas usando medios irregulares. Estas denuncias fueron comunes en otras circunscripciones, como lo señala la investigadora Natalí Triana de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES). “Se volvieron un botín para los políticos tradicionales, que necesitan mantener o ampliar su poder en el Congreso. Para nadie fue un secreto las denuncias de las víctimas frente a la presencia de grupos armados que pedían a la gente votar por ‘Yoyo’”, explica Triana.

Organizaciones de víctimas señalaron que denunciarán las irregularidades de esta elección en instancias nacionales e internacionales.

¿Quién es ‘Yoyo’ Tovar?

El ganador de la circunscripción 12 es un abogado que fue nombrado como director de la oficina de víctimas del Ministerio del Interior en el año 2020, por el gobierno de Iván Duque. Tovar ha señalado que ha sufrido persecución por ser el hijo del ex paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’.

Se registró en la Unidad de Víctimas, requisito para participar en estas elecciones, por el asesinato de uno de sus tíos, ocurrido a finales de la década del 2000. Durante la campaña se denunció que el director de la Unidad en Cesar-La Guajira le hizo campaña para estas elecciones.

‘Jorge 40’ fue comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y responsable de crímenes atroces como los homicidios de varios sindicalistas de la minera Drummond, las masacres de Bahía Portete en La Guajira, con hechos documentados de violencia sexual y la de Nueva Venecia en la que asesinaron a 39 personas. Fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y deportado a Colombia en septiembre de 2020.

Varios políticos de la región han sido condenados por tener vínculos con este exjefe paramilitar, como Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof.

 

 

 

 

Actualizado el: Dom, 03/13/2022 - 22:19

El recrudecimiento de la violencia, la falta de garantías de seguridad y las condiciones para postularse a las Circunscripciones Especiales de Paz son algunos de los motivos por los que varios candidatos desistieron de su aspiración a las curules. Rutas del Conflicto entrevistó a algunos que decidieron presentarse de forma tradicional con el aval de un partido político.

El politólogo Julián Felipe Rodríguez, coordinador del nodo Suroccidente del proyecto Ocupar la Política del Extituto de Política Abierta, señaló que “el objetivo de darle voz a las víctimas se está quedando corto debido a la falta de garantías que hay en este momento para los y las candidatas”. Esto siendo traducido en tres principales riesgos para la aspiración electoral:

 

1.     El recrudecimiento de la violencia sociopolítica en los territorios.

2.     El desbalance económico y social que se da entre las campañas de las víctimas y las campañas respaldadas por partidos y políticos tradicionales, o incluso, por grupos armados.

3.     El incumplimiento de las instituciones del Estado en las garantías de seguridad y de financiación hacia los candidatos víctimas del conflicto armado.

 

Esta preocupación hacia la falta de garantías se suma a las críticas que han hecho desde hace varios meses los candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, (CITREP. Un ejemplo de ellos es las renuncias masivas de candidaturas a las curules de paz que se han presentado en los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y la Guajira. También varios candidatos presentaron la petición de aplazar las elecciones debido a que han sido identificados 30 aspirantes con el apoyo de clanes políticos tradicionales y grupos armados, como lo reveló Rutas del Conflicto junto a Colombia +20. (ver base de datos)

A continuación le mostramos algunos candidatos que ejemplifican las realidades electorales de las víctimas del conflicto armado.

 

 

José Oscar Salazar, candidato al Senado por el movimiento político Fuerza Ciudadana, es oriundo del municipio de Turbo, en el Urabá. Es trabajador social, dirigente agrario, defensor de derechos humanos y miembro de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia. Actualmente reside y hace su trabajo social desde Bogotá debido a que las amenazas constantes contra su vida por parte de grupos armados en el Urabá lo obligaron a desplazarse forzadamente. También es sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica y ha sido declarado objetivo militar por parte de las Águilas Negras.

En diálogo con Rutas del Conflicto José Oscar afirmó que reunía todas las condiciones para presentarse a la Circunscripción número 16, sin embargo, decidió no hacerlo por medio de esta curul debido a la presión que siente por parte de grupos paramilitares ubicados en la región. Además aseguró que al hablar con la Unidad de Protección de Víctimas y con el Consejo Nacional Electoral (CNE), estas instituciones le dijeron que no podían garantizar su seguridad.

Según INDEPAZ, en esta región en lo que va del año 2022 han sido asesinados dos líderes sociales. Además hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia  o 'Clan del Golfo' y el frente 18 de las disidencias de las Farc. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en diálogo con el periódico El Tiempo, aseguró que “hay intimidaciones y amenazas contra líderes sociales, comunales y campesinos. Incluso se han registrado intentos del 'clan' de incidir en el proceso electoral con dineros que buscan financiar campañas”.

 

Yolanda Perea, candidata al Senado de la República por el Nuevo Liberalismo, es oriunda de Riosucio, Chocó. Es lideresa social, estudiante de derecho, activista afrocolombiana de la Ruta Pacífica de las Mujeres y defensora de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. También fue ganadora del reconocimiento ‘Mejores Líderes de Colombia en 2018’ porsu trabajo con las mujeres sobrevivientes. Actualmente se presenta por la lista del Nuevo Liberalismo, impulsando el fortalecimiento de la ley de víctimas, la reforma agraria, el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas y las políticas públicas para las violencias basadas en género.

A pesar de haber defendido las Circunscripciones Especiales de Paz encadenandose en el Congreso, no cumplió los requisitos para presentarse como candidata debido a que anteriormente había aspirado a un cargo público. Yolanda afirma que “defiende las curules de paz a capa y espada… pero realmente no había voluntad de este gobierno para garantizar las condiciones mínimas”, refiriéndose al CNE, institución que al día de hoy no ha desembolsado el dinero para la financiación de algunas campañas de algunos de los candidatos a las curules de paz, pues se les exige una póliza que bancos y aseguradoras se han negado a emitir.

 

William Henao, candidato al Senado por el partido Cambio Radical, es del municipio de Andes, Antioquia. Su liderazgo ha girado en torno a los derechos de las víctimas del conflicto armado en todo el país, principalmente, denunciando la corrupción en los pagos fraccionados de las indemnizaciones a las víctimas durante el 2017. Además, este año fue nombrado veedor de las candidaturas de las curules de paz por parte de organizaciones de víctimas. Fue desplazado forzadamente de su municipio natal por las amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia.

No cumplió con las condiciones para estar en las curules de paz debido a que fue desplazado del Sureste Antioqueño, región que no entra entre las zonas determinadas por las circunscripciones. Henao afirma que “para que el proceso electoral de las curules de paz hubiera sido equitativo, las nueve millones de víctimas del conflicto debieron haber sido elegibles”.

 

 

Sandra Ruiz, candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U, es originaria del departamento del Cauca. Su liderazgo social se ha dado en torno a las luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). Su familia fue víctima del conflicto por la persecución de grupos armados y en el año 2001 su hermano fue asesinado en la Masacre de La Rejoya en la ciudad de Popayán, Cauca.

Ruiz intentó ser parte de las curules de paz, sin embargo decidió no participar pues asegura que “hubo un proceso de revictimización por parte del Estado” cuando las instituciones pertinentes no le garantizaron la seguridad para poder realizar su campaña. Esto sumado al hecho de que algunos territorios donde ejerce su liderazgo en la ciudad de Popayán no hacen parte de ninguna circunscripción.

Según información de la organización Extituto de Política Abierta, “hay una invisibilización de territorios que padecieron hechos victimizantes en el marco del conflicto armado y que no hacen parte de los municipios donde se puede votar por las curules de paz” afirmó Julián Felipe Rodríguez.

 

 

 

 

Actualizado el: Vie, 03/11/2022 - 11:15

Por: Ginna Santisteban, Óscar Parra 

*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

El pasado 22 de febrero, pasadas las 9 de la noche, la noticia del asesinato de los reconocidos líderes sociales Teófílo Acuña y Jorge Tafur, en el departamento de Cesar, generó rechazo por parte de asociaciones de campesinos, ambientalistas, defensores de derechos humanos y organizaciones como la ONU, que le exigieron al gobierno colombiano tomar medidas urgentes para proteger la vida de quienes se han dedicado al cuidado del medio ambiente. 

En el terreno, la situación de seguridad para los líderes que se mantienen en la región del Magdalena Medio y el Sur del departamento de Bolívar, en donde Acuña y Tafur concentraron su trabajo, se complica cada vez más. Defensores de las ciénagas y activistas en contra del fracking en la zona han denunciado, desde hace más de un año, amenazas de muerte en panfletos, llamadas telefónicas y hasta ataques directos en sus propias casas. 

El miedo entre los líderes de la región es cada vez mayor. Según contaron algunas fuentes de la zona consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que prefirieron la reserva de su nombre, los agresores están pasando de las amenazas a las agresiones y a los atentados en contra de la vida de los defensores ambientales. 

Ante este temor latente, en los últimos días cinco miembros de la  Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), la organización a la que pertenecían Tafur y Acuña —que trabaja con las comunidades campesinas en sus reclamos por la tierra y la defensa de los recursos naturales— han abandonado la zona y se han ocultado para preservar su vida. Entre ellos está la lideresa Liceth Carmargo Carrascal, esposa de Acuña y quien lidera procesos de recuperación de playones —terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman— del municipio de Terraplén, Cesar, que son usadas para cultivo de palma o granjas de búfalos.

El líder asesinado Teófilo Acuña había liderado protestas en contra del fracking en la zona y había trabajado con campesinos en la recuperación de playones, que están en manos de terratenientes. Foto: Jairo Rojas

Líderes y lideresas ambientales de otras organizaciones que tienen incidencia en las regiones del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar también han recibido amenazas e, incluso, en las últimas semanas una de ellas tuvo que dejar el país. Yuveli Natalia Morales, de la organización ambiental Comité Agua Wil y de tan solo 21 años, viajó asilada a Europa luego de que aumentaron las amenazas en su contra, las semanas previas al asesinato de Tafur y Acuña. La organización a la que pertenece Morales rechaza la exploración y explotación petrolera vía ‘fracking’. El año pasado, la joven había denunciado que varios hombres llegaron hasta su casa para intimidarla.

Hasta el momento la Fiscalía solo se ha pronunciado a través de Twitter, el día siguiente al asesinato de los líderes, anunciando que destacaría un grupo de fiscales, criminalistas y forenses para investigar y esclarecer el crimen. Hasta la fecha, ningún funcionario regional o nacional de entidades oficiales se ha pronunciado sobre los hechos.

Una violencia anunciada

La Defensoría del Pueblo viene advirtiendo de los peligros que corren los líderes ambientales en la región y lo ha hecho en diversas alertas tempranas emitidas desde 2018. Esta entidad envió el oficio de Prevención No. 20220040400141741 de 18 de enero de 2022 a la Gobernación del Cesar, alertando la situación de amenazas en contra de líderes de las comunidades de varios municipios del departamento. Ante el aumento de las amenazas, a principios de febrero, la personera del municipio de Barrancabermeja, Yina Marcela Romo, le pidió a varias entidades un plan de acción urgente para proteger la vida de al menos 25 líderes ambientalistas, pero ninguna de estas advertencias sirvió para evitar el asesinato de Tafur y Acuña. El personero es un servidor municipal que hace parte del Ministerio Público y a quien le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos en ese territorio.

Según Ramón Abril de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, (Credhos), organización que trabaja en la defensa y protección de los derechos humanos en el Magdalena Medio,  las amenazas y los ataques a líderes sociales de la región han ido creciendo hasta tal punto que, entre enero y febrero de este año, todos los grupos armados ilegales que actúan en la zona han publicado panfletos con los nombres de las personas que declaran objetivo militar y los intimidan para que salgan del territorio. “El aumento de la violencia ocurre en medio de la consolidación de las Autodefensas Gaitanistas (AGC) en la región, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. También en medio a la cercanía a las elecciones”, señala Abril. Vale la pena señalar que el 13 de marzo Colombia renovará el Congreso y elegirá un nuevo presidente en mayo. 

Abril, quien también apareció amenazado en uno de esos listados de objetivos militares junto a una compañera de la misma organización, explica que los defensores ambientales son uno de los grupos más afectados, principalmente por la resistencia al modelo extractivista y de monocultivo que ha acelerado su consolidación en la región. “Modificar el uso de la tierra es clave dentro de ese modelo. Lo que se denuncia es el daño ambiental porque las empresas afectan los ecosistemas para que esas zonas pierdan la protección que les da la ley y de esa manera luego convertirlas en campos de palma, en criaderos de búfalos o campos de explotación petrolera”, dice.

Las amenazas son continuas desde hace un año y medio. En noviembre de 2020 apareció un panfleto en el que un grupo autodenominado Águilas Negras, cuyo origen se desconoce, amenazó a varios líderes ambientales que rechazaban los pilotos autorizados por el gobierno nacional para la exploración petrolera usando ‘fracking’. Esta es una técnica en la que se fracturan las rocas del subsuelo para extraer petróleo y varias organizaciones ambientalistas se oponen a su práctica pues, dicen, se pueden afectar los cuerpos de agua de las zonas en las que se realiza.

Otro grupo de ambientalistas intimidados en la región son aquellos que, desde hace más de una década, han denunciado la desecación de playones por parte de terratenientes que han ampliado sus fincas a costa de los bordes de las ciénagas. La oposición de las comunidades campesinas a estas prácticas se da porque la desecación definitiva de estas tierras también implica un cambio de uso del suelo principalmente para monocultivos como la palma de aceite, como lo denuncia Ramón Abril de Credhos.

Jorge Tafur tenía una larga experiencia como líder campesino en varios lugares del país. Desde hace más de una década trabajaba en el Cesar y el Sur de Bolívar con comunidades que reclaman tierras ocupadas por terratenientes. Foto: Jairo Rojas

 

Los dos líderes asesinados, Teófilo Acuña y Jorge Tafur, trabajaban por las dos causas: denunciaban la ocupación de los playones por parte de terratenientes y también hacían parte de organizaciones que denunciaban los peligros de la exploración y posterior explotación petrolera vía ‘fracking’.

La defensa de los playones

El río Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia, que nace en el departamento del Huila y avanza hacia el norte, hasta desembocar en el mar Caribe. En la mitad de su recorrido hay un gran valle, que se conoce como el Magdalena Medio, rico en recursos naturales, minerales, biodiversidad, tierras fértiles y una gran reserva de hidrocarburos. 

Precisamente, el petróleo es un recurso determinante en el desarrollo del conflicto con los defensores ambientales en la región. En el Magdalena Medio está ubicada la principal refinería de Colombia, operada por la empresa Ecopetrol, y es la región en donde el Gobierno de Iván Duque quiere desarrollar el primer piloto de ‘fracking’ en Colombia. 

A la altura del municipio de Puerto Wilches, en el corazón del Magdalena Medio, el río Lebrija se une al Magdalena. Esa conjunción forma un ecosistema compuesto por un complejo de varias ciénagas que inundan periódicamente las pequeñas extensiones de tierra conocidas como playones. Históricamente, estas áreas han sido determinantes para el desarrollo de la economía de los campesinos, agricultores y pescadores de la región. 

La Ley 160 de 1994, que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, define los playones comunales como “terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman, o con las avenidas de los ríos, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar”. A estos baldíos de la nación han llegado terratenientes desde la década de los ochenta para desecar estas extensiones de tierra y aprovecharlas para instalar ganadería o monocultivos. 

Teófilo Acuña y Jorge Tafur eran dos activos defensores de la recuperación de los playones en la región. Desde hace una década venían denunciando la ocupación de una de estas zonas a manos de un terrateniente que ha sido señalado de tener vínculos con grupos paramilitares, como lo ha denunciado el portal Verdad Abierta. Se trata del ganadero Alirio Díaz que, junto a varios miembros de su familia, han tenido varios enfrentamientos con campesinos que reclaman las tierras de un predio cercano al caserío de Puerto Oculto, en la vereda Terraplén, en el municipio de San Martín, Cesar. 

Díaz le dijo a Verdad Abierta en 2015 que “no ha amenazado campesinos ni quiere secar la ciénaga”, pero ese medio pudo constatar que Corpocesar, la autoridad ambiental del departamento, había multado al ganadero tras confirmar que construyó murallas para cercar la ciénaga de La Torcoroma. Luego del asesinato de Acuña y Tafur, Verdad Abierta consultó a Wilmer Díaz sobre lo ocurrido, pero el hijo del ganadero señaló que nunca había oído hablar de estos dos líderes.

En este sector, el río Magdalena recibe las aguas de numerosos ríos, como el Lebrija, y forma varias ciénagas en las que se ha construido una cultura ‘anfibia’ por parte de colonos campesinos. Foto: Álvaro Avendaño

La historia de estas tierras de alta importancia ambiental, debido a su gran cantidad de humedales, está marcada por políticas de Estado que han promovido la colonización. Sandra Vilardy, doctora en Ecología y Medio Ambiente, y profesora de la Universidad de Los Andes, explica que, desde la década de los cincuenta, colonos de varios departamentos del país llegaron al Magdalena Medio buscando tierras para subsistir. Estos nuevos habitantes desarrollaron una ‘cultura anfibia’ de pescadores y campesinos que aprovechaban las zonas de playones en verano para cultivar, pero permitían que se inundaran en invierno. 

Vilardy señala que luego aparecieron terratenientes que fueron adquiriendo tierras y comenzaron a construir murallas para evitar que el agua volviera a inundar los playones. Su objetivo era desecarlos para ampliar sus fincas, en beneficio de la crianza de búfalos o la siembra de palma aceitera. “Es una práctica muy agresiva ya que estos espejos de agua permiten la oxigenación y la fijación de carbono, por el depósito de sedimentos. Su ausencia altera sustancialmente los ecosistemas”, dice.

Nadia Umaña Abadía, vocera de la CISBCSC, organización en la que compartió por más de 10 años con los líderes asesinados, explica que existen procesos de recuperación de tierra por parte de campesinos en ciénagas de la cuenca baja del río Lebrija y su desembocadura en el río Magdalena. “Todas esas tierras sufrieron una fuerte presión paramilitar que desplazó a los campesinos, mientras los terratenientes secaban esas zonas para luego llenarlas de palma”, cuenta Umaña.

Según documentó un tribunal de Justicia y Paz —proceso de justicia transicional en el que exparamilitares debían aportar verdad y reparación a sus víctimas— en la sentencia en contra del jefe de las autodefensas Juan Francisco Prada, alias  ‘Juancho Prada’, el ganadero Alirio Díaz recibió el apoyo de los paramilitares para llegar al Concejo municipal de San Martín, en Cesar, y su familia se ha enfrentado con las comunidades de campesinos que han intentado recuperar esos predios en varias ocasiones. La última conocida sucedió el 25 de enero de este año, como quedó registrado en un video.

Umaña cuenta que con el aumento de la tensión con diferentes terratenientes de la zona, también lo hicieron las amenazas en contra de Teófio Acuña y Jorge Tafur. “En enero de este año nos reunimos con la Policía en Puerto Oculto (Cesar) y nos dijeron que no nos podían garantizar la protección directa de todos los líderes”, señala la vocera de la CISBCSC, quien también ha recibido intimidaciones por parte de los grupos armados ilegales. 

Estos conflictos por la tenencia y el uso de la tierra son frecuentes en esta región del país. Ramón Abril, de Credhos, señala que los procesos de adjudicación de tierras a campesinos y la restitución de predios a víctimas del conflicto han fracasado, mientras que el Estado favorecía a los grandes negocios extractivistas y de monocultivo. Abril señala que además del interés por negocios como la palma, los terratenientes buscan expandir sus predios ante el anuncio del gobierno nacional en el que se dio vía libre para un piloto de exploración petrolera usando ‘fracking’ en la zona.

Las amenazas por rechazar el ‘fracking’

Al igual que los dos líderes asesinados, varios activistas ambientales en el Magdalena Medio han recibido amenazas de muerte por denunciar los potenciales impactos del uso del ‘fracking’. Tafur y Acuña hicieron parte de una caravana ambiental a finales de 2021 con la que recorrieron varios pueblos de la zona, señalando la importancia de los ecosistemas que podrían verse afectados por el piloto de exploración petrolera.

La Corporación San Silvestre Green ha logrado que se detengan la construcción de pozos petroleros de Ecopetrol sobre humedales en la zona. Foto: Corporación San Silvestre

 

Granados cuenta que conoce de cerca dos casos de líderes de organizaciones de pescadores que recibieron sobres con amenazas de muerte, entre finales del 2021 y comienzos del 2022, por hacer denuncias contra la exploración y explotación petrolera. Agrega que los asesinatos de los líderes Tafur y Acuña dispararon el miedo entre los defensores ambientales, porque creen que ya se pasó de las intimidaciones a los atentados. Carlos Santiago agrega que el hecho de que los señalen de “enemigos del desarrollo”, en medio de una creciente presencia de grupos armados, los expone aún más ante el peligro.

Esto mismo piensa Carlos Andrés Palomino Sampayo, quien fue compañero de Tafur y de Acuña en la CISBCSC. “Colombia es el país en el que más se asesinan líderes ambientales. Esta gente ya pasó rápidamente de las amenazas a los crímenes. A pesar del miedo, aquí seguiremos, luchando por cuidar el ambiente, por denunciar”, señala.

En medio de la creciente violencia en el Magdalena Medio, el abogado Granados denuncia que, a pesar de ser blanco de constantes amenazas, el Estado ha intentado quitarle el esquema de seguridad que le brindó la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según dice, el debilitamiento de la seguridad de los defensores ambientales en la región aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran y, por supuesto, afecta sus actividades porque han detectado seguimientos y ahora muchos prefieren no trasladarse a las zonas alejadas de los centros urbanos.                                              

Los líderes ambientales del Magdalena Medio le piden al Estado que actúe rápidamente ante el aumento de la violencia. Exigen que se conforme una Mesa Departamental de Garantías, una herramienta que contempla la ley colombiana para activar medidas urgentes que puedan proteger su labor. 

También exigen que el Estado entregue soluciones de fondo para los reclamos que hacen en nombre de las comunidades que representan. “Con un celular que entreguen o con un esquema de seguridad no se va a solucionar nada si los culpables de todo esto siguen por ahí, campantes”, concluye Nadia Umaña.

 

 

Actualizado el: Jue, 03/10/2022 - 12:28

Por: Pilar Puentes Espinosa. *Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

No hay agua limpia. Los espíritus guardianes ya no habitan la entrada a la Amazonía. La comunidad indígena nasa de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, sigue resistiendo las actividades petroleras en su territorio, mientras que sus costumbres y sus rituales están interrumpidos por la contaminación de sus fuentes hídricas. Los nasa también deben enfrentar a la fuerza pública y la seguridad privada de las empresas del sector para poder movilizarse libremente, sobre todo en la noche, cuando es el momento de la caza.

El resguardo nasa Kiwnas Cxhab Alto Lorenzo es el hogar de 184 familias que por más de 74 años han habitado el corredor Puerto Vega Teteyé, en el corregimiento La Carmelita de Puerto Asís, en el sur del Putumayo. En 1993 se establecieron como cabildo con la naciente Constitución Colombiana y, tras una lucha por ser reconocidos, en el 2003 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) constituyó a la comunidad nasa como resguardo y les adjudicó 1363 hectáreas de tierra.

 

El pueblo nasa ha habitado el departamento del Putumayo desde 1938 y sus ancestros recorrieron la zona desde hace más de 300 años. Foto: cortesia de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Solo cinco años después de tener los títulos de su territorio, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, comenzó a realizar una serie de pruebas para la exploración petrolera en el denominado Bloque Suroriente. El resguardo nunca se enteró. En voz del gobernador indígena de Kiwnas Cxhab, José Eduvan Coicue, nadie les preguntó si querían que una empresa entrara al territorio e hiciera labores de exploración y explotación. Es más, nadie les contó que se iban a dar  concesiones de agua ni les advirtió de los impactos ambientales de la actividad petrolera.

El Ministerio y la petrolera estatal Ecopetrol realizaron exploración en la zona, mientras que la comunidad recopilaba pruebas y denunciaba que esto se hacía sin su consentimiento. En septiembre de 2005, Ecopetrol le cedió los derechos del Plan de Manejo Ambiental del Bloque al Consorcio Colombia Energy, representado por la petrolera Vetra Exploración. En 2009 entraron en funcionamiento los campos  petroleros Cohembí y Quillacinga, que hacen parte de la gran concesión, y se encuentran ubicados fuera del resguardo nasa. Sin embargo, las 38 mil hectáreas de influencia del proyecto incluyen las 1363 hectáreas del territorio indígena. 

En 2010, el Consorcio pidió la ampliación de su licencia ambiental con el fin de abrir nuevos pozos de exploración y construir nuevas vías para las actividades petroleras. La comunidad no resistió más y el gobernador nasa de ese entonces, Edinson Oswaldo Ul Secue, presentó un documento en el Ministerio de Ambiente, argumentando la inconformidad de los indígenas por la petición de Vetra Exploración. “Nosotros presentamos muchos documentos en todas las entidades del Estado. Las cuencas de los ríos que van a dar al río Putumayo ya estaban contaminadas”, afirmó el gobernador José Eduvan Coicue. 

 

Se estima que la actividad petrolera en el departamento empezó en la década del 60 pero Ecopetrol fue la primera petrolera en el corredor Puerto Vega Teteyé . Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Desde el 2010 el Bloque Suroriente ha crecido tanto que ha llegado a cubrir casi las 63 veredas —localidades rurales— del corredor Puerto Vega-Teteyé. Una zona fronteriza, delimitada al sur por el río Putumayo y al norte por el río San Miguel, donde habitan familias campesinas, dos resguardos del pueblo indígena awá y el resguardo nasa Kiwnas Cxhab. 

La comunidad indígena nasa y la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo exigieron una audiencia pública ambiental para tratar el tema de la ampliación del bloque petrolero. Esta audiencia convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se llevó a cabo el 31 de enero de 2014, tal como está descrito en la sentencia de la Corte Constitucional T 730 de 2016. 

“En dicho espacio la comunidad denunció las graves afectaciones a los derechos humanos de las que estaba siendo víctima como consecuencia de la explotación petrolera de la zona, motivo por el cual se encontraban en desacuerdo con la ampliación de la licencia, expusieron también su inconformidad frente al oficio del 13 de octubre de 2009 emitido por el Instituto Colombia de Desarrollo Rural (Incoder) [entidad que reemplazó al Incora], a través del cual dicha entidad sostuvo que el proyecto en cuestión no afecta territorios indígenas, bajo el argumento que no existen dichos pueblos en la zona” se consigna en la sentencia. 

Tanto las comunidades campesinas como el pueblo nasa manifestaron que hicieron llegar sus historias clínicas a la Corte Constitucional, donde se manifestaban problemas gastrointestinales y respiratorios. 

Sin importar los alegatos de las cerca de 3000 personas del pueblo  indígena y de los campesinos que viven en el territorio, la Anla aceptó la propuesta de ampliación del bloque, la realización de nuevas obras y la adición de permisos para el uso del agua. Para el gobernador Coicue esto fue, una vez más, un atropello contra su territorio. “Nosotros vemos que hay cambios muy graves. En este momento la cobertura vegetal se ha perdido. Como comunidades indígenas vemos el desequilibrio ambiental, los cambios bruscos de temperatura. El cosmos está sufriendo y enfermando a las comunidades”, afirmó. 

Los indígenas nasa tampoco entienden cómo el Ministerio del Interior, cuando se otorgó la licencia para el bloque petrolero y cuando se pidió su ampliación, certificó que no había comunidades étnicas en la zona. “Nosotros estamos constituidos como resguardo desde 2003, nuestros ancestros han habitado esta zona desde hace más de 300 años y el Ministerio cómo se atrevió a decir que nosotros no habitamos la tierra”. En la sentencia se lee que el Ministerio solo le contestó a la Corte Constitucional que ellos revisan distintas bases de datos y que en ninguna de ellas había información sobre el resguardo nasa.  

 

Sin consulta pero la explotación sigue

 

Aunque el resguardo Kiwnas Cxhab no se encuentra en las 12 mil hectáreas licenciadas en el bloque petrolero, sí está ubicado en las 38 mil hectáreas de influencia del proyecto. Además, a solo 120 metros en línea recta del campo Quillacinga está el asentamiento indígena nasa. “Ahora toda el agua está llena de lodo, de crudo y eso no se ha descontaminado. Uno puede a simple vista ver las manchas oscuras en el suelo, las plantas, en el agua”, afirmó José Eduvan Coicue.

En 2014, el resguardo Kiwnas Cxhab, y los representantes de campesinos de las veredas Buenos Aires, La Montañita, Teteyé, El Diamante, Guayabal, Campo Alegre y La Gotera decidieron presentar una tutela —mecanismo para la protección de derechos fundamentales en Colombia— alegando que nunca se les consultó sobre el proyecto petrolero y que hubo vulneración a derechos básicos como agua potable, al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y al desarrollo sostenible. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa negó las pretensiones en un fallo de 2015 pero las comunidades apelaron y el caso pasó a la Corte Constitucional.

En esa instancia, Corpoamazonia, la autoridad ambiental de la región, mostró que por fallas operacionales, en mayo y octubre de 2014, las fuentes hídricas de las veredas Agua Blanca, Buenos Aires y Los Cristales fueron afectadas. Según el gobernador indígena, el consorcio tomó medidas en su momento para suministrar agua potable a los pobladores pero no se realizaron acciones a largo plazo para la descontaminación de los ríos. 

“Nosotros decidimos ponernos a recolectar todas las pruebas que muestran la contaminación. Nos unimos con varias organizaciones para hacer recorridos, tomar muestras, fotos y testimonios para mostrarle a la Corte”, afirmó el gobernador José Eduvan Coicue. 

 

El crudo no solo ha afectado los nacimientos de agua sino también la vegetación del territorio nasa. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Durante el proceso jurídico que llevaba la Corte por la tutela presentada, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios manifestó que realizó una visita al proyecto petrolero por las constantes quejas de la comunidad y, en el concepto técnico 041 de 2012, concluyó que el consorcio Colombia Energy incumplió su Plan de Manejo Ambiental “dejando ver en sus actuaciones frente a la contaminación provocada por sus procesos de producción, una falta de compromiso con el medio ambiente y con el acatamiento de las resoluciones y autos emitidos por la autoridad ambiental (Anla)”.

En el informe de la Procuraduría se describe que no solo la actividad de los campos petroleros cercanos al resguardo ha afectado al ecosistema sino aquellos que se han dejado en abandono: “por efecto de los gases que hacen brotar a la superficie un líquido viscoso que se adhiere a las plantas y al suelo; el cual destruye la vegetación, la flora y la fauna”. La Procuraduría también destacó el distanciamiento entre la empresa y la comunidad, producto de la falta de comunicación y confianza entre las partes.

En el proceso en la Corte también se pronunció la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad encargada de administrar y regular los hidrocarburos en el país, y aseguró que los resultados de laboratorio para agua y suelo mostraron un promedio acorde con los rangos normativos. Sin embargo, la misma entidad manifestó que algunos cuerpos de agua contenían altos niveles de cadmio, plomo, fenoles y fosfatos, especialmente en caños y quebradas de los afluentes del río San Miguel, San Lorenzo y Putumayo.  

El asunto se complejizó tanto que el pueblo nasa y las comunidades campesinas que viven en la zona de influencia del proyecto contrataron una consultoría con la Corporación Geoambiental TERRAE para evaluar los impactos ambientales del proyecto y presentarla a la Corte. TERRAE declaró que por lo menos 16 de las 18 quebradas, que pasan por los asentamientos campesinos y el resguardo nasa, están contaminadas con cadmio, arsénico y plomo en el corredor Puerto Vega -Teteyé, por lo que no son apropiadas para el consumo.

La consultora también indicó que las fuentes hídricas se han contaminado no solo por los derrames sino por su cercanía a los pozos petroleros y por la construcción de la planta para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos de la explotación. La Consultoría mostró que, por las acumulaciones de tierra con crudo, y las altas temperaturas, se produjo una serie de líquidos que contaminaron varias de las fuentes de agua que los habitantes del corredor utilizan para consumo.
 

El río San Miguel y el río Putumayo todavía conservan parches de petróleo producto de derrames desde el 2013.  Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

A los conceptos de la Procuraduría y de la Corporación Terrae se sumó la visita técnica realizada en 2015 por Corpoamazonia, en la cual se determinaron graves afectaciones a las fuentes hídricas de distintas veredas del municipio de Puerto Asís, como el río Cuembí y el río Putumayo. La entidad también reportó alto deterioro de la vegetación en áreas de bosque de protección y zonas de humedales. 

El 7 de julio de 2015 Corpoamazonia abrió una investigación sancionatoria contra el consorcio Colombia Energy pero este es el momento en que no hay claridad sobre cuál fue la decisión. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hicieron un pedido formal de información a esta autoridad ambiental para tener detalles sobre la investigación, pero aún no se ha recibido una respuesta.

Después de varios laberintos jurídicos, decisiones y posteriores impugnaciones, la Corte Constitucional emitió un fallo que indígenas y campesinos celebraron como histórico. La sentencia T 730 de 2016 le exigió a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior coordinar el proceso de consulta previa con el pueblo nasa y demás demandantes para avalar el proyecto petrolero del consorcio Colombia Energy pues entró en operación sin el consentimiento de las comunidades. Sin embargo, como lo explica Sonia Cifuentes de la  Asociación Minga —organización dedicada a fortalecer los procesos organizativos del pueblo nasa en miras de preservar la cultura y las costumbres indígenas— “ya no era posible tener una consulta previa sino que íbamos a tener una posconsulta, porque las actividades petroleras ya están desde hace muchos años. Aquí el punto era mirar cómo la empresa reparaba el territorio”.  

Cifuentes  comenta que este fallo es un precedente porque le exige al Ministerio de Interior realizar un proceso de concertación entre la empresa y las comunidades, crear una metodología para poder reparar a los pobladores y llevar  un proceso de descontaminación.

La Asociación Minga brindó asesorías permanentes en las reuniones que debían hacerse entre la empresa y las comunidades con el fin de llegar a un acuerdo como dictó la sentencia. “Se hicieron varias reuniones con la empresa, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, buscando la manera de construir la ruta metodológica para planear los recorridos para que, colectivamente, se ubicaran las afectaciones y buscar la manera de cómo se podrían hacer las compensaciones ambientales por parte de la empresa”, dice Cifuentes.  

Los indígenas nasa fueron insistentes en la necesidad de comprender las afectaciones del territorio no solo en términos ambientales. De acuerdo con Javier Marin, del equipo de comunicaciones de Minga, no solo se trata de la contaminación directa que hay sobre los territorios y que es evidente, sino la “contaminación” de sus arraigos culturales, cosmogónicos y espirituales, “que fue el punto más álgido en las discusiones con la empresa”. 

“Hay una ausencia de los espíritus guardianes en el territorio sagrado debido a la contaminación de las petroleras. Uno hunde un palo en los nacimientos de los ríos y sale lleno de crudo”, afirmó el gobernador José Eduvan Coicue.

 

La guardia indígena realiza recorridos cada tres meses para evaluar la situación ambiental en la zona. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Cinco años después y la contaminación continúa 

 

Tras el fallo de la Corte Constitucional y las múltiples reuniones entre la comunidad y el consorcio Colombia Energy, la empresa vendió, el 8 de marzo de 2019, la concesión del Bloque Suroriente por 80 millones de dólares a la empresa Gran Tierra Energy, la cual llegó a explotar el proyecto petrolero y los tres campos cercanos al resguardo indígena: Quinde, Cohembí y Quillicinga. 

Sin embargo, según cuentan miembros del resguardo Kiwnas Cxhab, la venta del bloque no ha significado un cambio en la descontaminación del agua y en reanudar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Dicen que la contaminación del agua sigue siendo un problema para ellos y, aunque se supone que el agua debe llegar en carrotanques cada semana para garantizar el suministro para el resguardo, dadas las condiciones de clima, de orden público o disposiciones de la empresa, eso no siempre ocurre. Los indígenas dicen que, en épocas de invierno, se ven obligados a recurrir al agua lluvia y, en épocas de verano, no tienen otra salida más que consumir el agua contaminada por la actividad petrolera. 

 

Una de las lagunas cercanas al resguardo tiene rastros de crudo, lo que ha obligado a la comunidad a no realizar baños espirituales en el territorio. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

 

Aunque en 2020 el municipio de Puerto Asís construyó un acueducto que sumistraría el agua a más del 80 % de los habitantes del corredor Puerto Vega Teteyé, según el gobernador José Eduvan Coicue, esto no se  ha cumplido en su totalidad. “Construyeron el acueducto pero todavía no está terminado y hay días que no funciona”, comentó. 

A pesar de esto, Gran Tierra Energy asegura que se han hecho los máximos esfuerzos de limpieza en el territorio. La empresa le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que desde que llegaron en 2019, comenzaron con un proceso de socialización comunitaria para construir una planta para iniciar el proceso de descontaminación. “Hasta el momento, el proceso de socialización de Gran Tierra ha incluido más de 100 reuniones con miembros de la comunidad”, asegura la compañía.

A este complejo panorama se suma que la situación histórica del conflicto armado en el departamento de Putumayo también ha traído grandes problemas ambientales y sociales pues en muchas ocasiones los grupos armados atentan contra la infraestructura y la actividad petrolera. En 2015, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) detuvieron con arma de fuego una caravana de 23 carrotanques en el corredor Puerto Vega Teteyé y obligaron a los conductores a abrir las válvulas y derramar el crudo. Se estima que se regaron alrededor de 200 mil galones de combustible en la vía, los cuales corrieron entre dos y tres kilómetros por el Río Cuembí, que desemboca en el río Putumayo. 

Después de seis años todavía se puede ver el crudo en algunos sitios. El Consorcio Colombia Energy, que para ese entonces todavía era dueño del bloque petrolero, alegó no tener la responsabilidad de la limpieza de cuerpos de agua pues no fueron ellos los responsables. Sin embargo, la sentencia de la Corte Constitucional obliga al operador petrolero a actuar con prontitud, impidiendo mayores afectaciones mientras la autoridad ambiental se hace cargo. En 2019, con la llegada de Gran Tierra Energy, la empresa adoptó las órdenes de la sentencia y creó el Plan de Saneamiento de las Áreas Afectadas por Terceros con el fin de monitorear y documentar los impactos ambientales y llevar un registro de la limpieza hecha por la empresa.

Según la comunidad campesina del corredor y las autoridades del pueblo nasa, los derrames no vienen únicamente de los actores armados sino también de fallas operacionales. Gran Tierra Energy afirma que desde 2019 se han presentado “seis eventos operacionales menores” en el área de influencia de los campos Cohembi y Quillacinga y se ha limpiado inmediatamente una pequeña cantidad de material (menos de 1 barril), cumpliendo con un 100 % de la limpieza. “No hubo daños permanentes al medio ambiente. Estos eventos han sido reportados a la Autoridad Ambiental competente (Anla)”, explica la compañía.

La empresa argumenta que han limpiado 28 hectáreas del bloque Suroriente afectadas por los derrames anteriores a la compra del bloque petrolero. Gran Tierra Energy le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que, “en septiembre de 2019 se acordó un plan de avance con las comunidades y la empresa inició las actividades de limpieza en el corredor Puerto Vega-Teteyé. Desafortunadamente, debido al COVID-19 y los problemas de seguridad en la región, la empresa se vio obligada a suspender las actividades de limpieza por el momento”. 

Tras ver que las manchas oscuras y pegajosas seguían en los nacimientos de agua, que animales como el tigrillo se veían cada vez menos y que el agua no llegaba al resguardo, los indígenas decidieron, junto con la comunidad campesina, limpiar los derrames causados por los grupos armados y por fallas operacionales de las empresas que han operado el bloque Suroriente: Colombia Energy y Gran Tierra Energy.  La sentencia de la Corte Constitucional le dio la posibilidad a la guardia indígena nasa de entrar a los campos petroleros para evidenciar los impactos ambientales y documentarlos. 

Para el gobernador José Eduvan Coicue, esta es una tarea importante que hacen cada tres meses acompañados por organizaciones como Asociación Minga, para llevar un registro de los daños y comunicárselo a las entidades estatales correspondientes. 

Y no solo fueron los nasa del resguardo Kiwnas Cxhab los que decidieron ponerse manos a la obra para recuperar su territorio. Las comunidades campesinas y otros ocho resguardos indígenas que habitan el corredor Puerto Vega Teteyé decidieron crear una cooperativa llamada Ecotransvias. Una empresa comunitaria que tiene dos grandes objetivos: el primero es democratizar el transporte de los habitantes dentro de la zona y el complejo petrolero y, el segundo, limpiar los cuerpos de agua afectados por derrames de crudo. 

Ecotransvias nació del impulso de las comunidades para organizarse como colectivo y llegar a un acuerdo con Gran Tierra Energy para que sean los líderes indígenas y campesinos los encargados de adelantar los trabajos de limpieza. La empresa, junto con la cooperativa, han contratado a más de 300 trabajadores de las veredas del corredor para limpiar las zonas afectadas por el derrame de 200 mil galones a manos de las extintas Farc y los derrames operacionales. Su objetivo es que puedan usar el agua para el riego de cultivos de pancoger. 

“Los nasa dicen que ellos mismos limpian su territorio. Pero esto tampoco quiere decir que sea un escenario ideal. En principio, ellos no tendrían que llegar a eso porque no deberían existir este tipo de contaminaciones”, explicó Sonia Cifuentes.
 

En uno de los recorridos de 2021 la guardia indígena recolectó información para presentar denuncias a Corpoamazonia. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Para el gobernador José Eduvan Coicue, lo único que los nasa esperan es continuar limpiando el territorio y que los espíritus guardianes del bosque vuelvan a las cuencas de los ríos. A pesar de estar comprometidos con la descontaminación de su territorio, en realidad los indígenas nasa del resguardo Kiwnas Cxhab siguen firmes en que no quieren la presencia de la industria petrolera en su territorio.

“No es simplemente el traslape del territorio indígena con el proyecto sino las dinámicas culturales. Más allá del resguardo se trata de un acceso real a los ríos, a las zonas donde cazan y hacen sus baños espirituales. No siempre lo adjudicado cobija el territorio cultural de los indígenas. Eso es lo que también está en riesgo”, resalta Javier Marin de la Asociación Minga.

 

Actualizado el: Jue, 02/17/2022 - 16:28

Por: Pilar Puentes E *Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Imagen tomada por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible

 

Las comunidades indígenas, los campesinos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la Amazonía insisten en que la deforestación en la región no ha mejorado en absoluto. Por el contrario, se ha intensificado. Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), el 2022 empezó de la peor manera para los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta. “Hay una aceleración en la cantidad de incendios que se están presentando y en lo temprano del año en que se están viendo un gran número de puntos de calor”, afirmó Botero. 

De igual manera, la Mesa de Monitoreo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su informe del 31 de enero de este año, al hacerle seguimiento a los puntos de calor diarios en todo el país observó que los valores más altos de los últimos 10 años ocurrían en los biomas de la Amazonía. (ver informe).  La información recopilada en el monitoreo de la organización Global Forest Watch muestra que durante el mes de enero se presentaron más de 1200 alertas de incendios, comparadas con el 2021 cuando se presentaron 280 en la región de la Amazonía.

El pico más alto de alertas de incendios se encuentra en la semana del 10 de enero de 2022 con 6 mil alertas en todo el país. Imagen tomada de Global Forest Watch.

 

Además, ha habido un incremento en los puntos de calor durante la temporada de menos lluvia —primeros meses del año— en los ecosistemas de bosques basales húmedos, sabanas inundables y los complejos de humedales que conectan a la Amazonía con la Orinoquia, entre los que están varias zonas protegidas como la Reserva y el Resguardo Nukak, según indica la Mesa de Monitoreo del Ministerio de Ambiente. 

A finales de diciembre empezó la primera temporada seca del año, o de menos lluvias, que se extenderá hasta finales de marzo. Los incendios que se han presentado en enero se deben a la gran cantidad de árboles que se tumbaron en el último trimestre del 2021. Igualmente, el  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su último boletín de detección temprana de deforestación —el del segundo trimestre de 2021—, advirtió que la Amazonía fue la región con más reportes (38,6 %), muchos de los cuales se dieron en áreas protegidas como los parques naturales nacionales Tinigua y Sierra de la Macarena. 

 

 

Se han incrementado los puntos de calor durante el mes de enero en comparación al año 2021. Se cree que la temporada de quema de madera llegará hasta marzo 

 

Cada vez que arranca un nuevo año también comienza la época de quema de bosques en la Amazonía colombiana, pero el año pasado sorprendió porque, según otro de los reportes de deforestación del Ideam, entre enero y marzo de 2021 la deforestación bajó notoriamente respecto al mismo periodo de 2020: en Caquetá un 38 %, en Meta un 36 %  y en Guaviare un 20 %. En total, en 2020 se perdieron 62.200 hectáreas de bosques y la cifra para 2021 fue de 41.600. 

Pero otra parece ser la historia para este 2022. La Amazonía lleva aproximadamente 35 días sin lluvia y con temperaturas que oscilan entre los 35 y los 37 grados centígrados. Como lo explicó Botero, esto genera un contexto perfecto para que las personas puedan quemar y abrir la selva, aprovechando la madera seca que se encuentra en los suelos de los bosques como consecuencia de la tala indiscriminada y aprovechando la baja humedad. 

El arco noroccidental de la Amazonia tiene grandes parches cortando la conectividad con la Orinoquia. Foto de Rodrigo Botero 

 

Los parques Chiribiquete y Tinigua siguen perdiendo la batalla contra la deforestación 

En el arco noroccidental de la Amazonía se concentran la mayoría de puntos de calor. Esta zona —que comprende a 10 municipios de Caquetá, Guaviare y Meta— alberga parte del parque Chiribiquete, el área continental protegida más grande de Colombia y donde, según datos de la FCDS,  para 2020 la tala y quema de bosque creció en 149 % respecto al 2019. 

Incendio al interior del Parque Nacional Chiribiquete el 28 de enero de 2022. Imagen tomada de Matt Finer en su cuenta de Twitter

 

Estas hectáreas deforestadas y quemadas permiten la concentración y el acaparamiento de tierras que se consolidan con proyectos de ganadería. “La gente está tumbando y quemando la selva para consolidar esas nuevas tierras e incorporarlas al mercado agropecuario”, afirmó Botero. Por eso, para él, no es de extrañar que los municipios más afectados por la deforestación son aquellos donde más ha aumentado la actividad ganadera y agrícola. 

En 2021, el Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para América Latina (Cods) publicó un reporte en el que se muestra que en ocho municipios cercanos al parque Chiribiquete se registraron cerca de 650.000 cabezas nuevas de ganado y más de 300.000 hectáreas deforestadas en los últimos cinco años. Como lo explica Botero, el arco noroccidental se convertirá en sabana en el largo plazo si no se toman acciones inmediatas, pues la deforestación también trae consigo la siembra de monocultivos que alimentan al ganado en muchos de los lotes despejados. 

Como lo han documentado Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, el resguardo Yaguara II, que alberga a las comunidades indígenas de las etnias Pijao, Tucano y Piratacuyo está en riesgo. En septiembre de 2021 le escribieron una carta al presidente Ivan Duque para contarle del nuevo desplazamiento del que son víctimas y solicitarle la protección de su territorio y sus derechos. Las comunidades ya habían sido desplazadas por actores armados en 2004 y retornaron al territorio en 2019 tras una medida cautelar y acompañados de la Unidad de Restitución de Tierras. 

Este territorio está ubicado entre los parques Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena, tres de los más amenazados en Colombia por la pérdida de bosque. De hecho, la extinta guerrilla de las Farc abrió un camino ilegal entre los sectores de Puerto Cachicamo y La Tunia, que tiene al menos 23 kilómetros dentro de áreas protegidas.

Una fuente de la zona, que prefiere no dar su nombre debido a las constantes amenazas y el desplazamiento forzado sufrido en 2021, describió lo grave de la situación. “Nosotros nos fuimos del territorio y en diciembre empezó la tala y ahorita la quema. Tumbaron una cantidad de hectáreas de tierra y las vías que estaban haciendo las terminaron. Cuando nos fuimos la vía todavía no llegaba hasta el río La Tunia, pero ya llegó”, explicó. 

Aunque la ganadería es una de las mayores causantes de la deforestación, no se puede dejar de lado la expansión vial. A través de las imágenes de Global Forest Watch se observa que la vía Puerto Cachicamo- La Tunia ha presentado un incremento en los incendios dentro del parque Chiribiquete respecto al año inmediatamente anterior. Para la fuente en terreno, esto se debe a que la comunidad indígena fue desplazada. “La guardia indígena cuidaba los límites del resguardo y protegíamos el territorio. Nuestro desplazamiento fue clave para que la quema fuera más fuerte. Nos sacaron justo en la época que más se hacen quemas y talas. Se juntaron las situaciones para acabar indiscriminadamente con el territorio”, afirmó.

Los incendios han abierto paso a las construcción de la vía Puerto Cachicamo- La Tunia. Imagen tomada de Global Forest Watch.

 

Las 37 comunidades indígenas que viven en la región norte de la Amazonía están en riesgo por la construcción de las vías ilegales y el mercado especulativo de la tierra. Como lo explicó el director de FDS, Rodrigo Botero, “pasaron los cuatro años de Duque y se hicieron los 57 kilómetros de vía nueva entre Calamar- Miraflores [departamento de Guaviare] y ahora hay una rapiña salvaje por la tierra”. Según el monitoreo de Global Forest Watch, desde la primera semana de enero se han presentado incendios cercanos a la construcción de esta vía. 

Se han abierto más de 55 kilómetros de selva para la vía Calamar -Miraflores. Imagen tomada de Rodrigo Botero.

 

Los impactos de la tala y la quema de bosque están presentes en los parques nacionales Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sierra de la Macarena. Rodrigo Botero sobrevoló el territorio en la última semana de enero. “Tinigua está en llamas”, afirmó. El tamaño de las quemas, la ampliación de la red vial y la cantidad de madera votada en el suelo alerta y preocupa a organizaciones como la FCDS y Gaia Amazonas. 

La zona sur del Parque Natural Nacional Tinigua, según los expertos, ya se perdió por la deforestación. “Ya no tiene ningún tipo de funcionalidad como área protegida y se ve que la tendencia se desplaza hacia la zona norte del río Guayabero, donde se empiezan a registrar parches deforestados y quemados”, sentenció Botero. Según el Ideam, Tinigua perdió 6527 hectáreas en 2020. 

Al perder esta zona del parque se pierde el corredor ecológico que inicia en la cordillera de Los Andes, pasando por el bosque altoandino hasta conectar los ecosistemas de la Orinoquía y la Amazonía.  

Muchos lotes quemándose desde el Domingo . Entre el río Duda, el Guayabero , y por los lados del Retorno, hubo un pico de incendios derivados de deforestación . Ojo ! @FcdsOrg @NoruegaenCOL @USAID_Colombia @asantosrubino @andesamazonfund pic.twitter.com/0qA9UPPevs

— Rodrigo Botero G (@RodrigoboteroG) January 25, 2022

 

El silencio del Estado

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y su director Rodrigo Botero, así como el investigador Matt Finner, director del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), han expuesto los incendios que se han venido presentando durante enero con el fin de llamar la atención del Estado y de las autoridades ambientales competentes. 

“El Estado no debería estar callado sobre esto. Nosotros estamos llamando la atención como sociedad civil y como organizaciones que tienen acceso a la información y generan información. La Amazonía se está quemando”, afirmó Botero.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam le preguntaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por las acciones que estaban tomando para combatir la oleada de incendios en la región y respondieron que desde el año pasado las autoridades ambientales han generado una serie de talleres de prevención para la temporada típica de menos lluvias. 

“Hemos venido articulando con las autoridades ambientales, las comunidades, bomberos, la fuerza pública y el Ministerio para generar acciones de menor afectación en las zonas protegidas en esta época del año, como es el desarrollo de campañas de vigías forestales junto con la comunidad”, afirmó el viceministro de de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente, Nicolás Galarza. 

Aunque desde la Mesa de Monitoreo del Ministerio se han priorizado zonas, como la reserva Nukak en el Guaviare con tres puntos de calor activos y el PNN Tinigua con 405 puntos, para Rodrigo Botero lo que se necesita es una acción preventiva ya que todos los años, en épocas de sequía, se incrementan las quemas intencionadas de bosque y en los mismos puntos. “Bueno, la madera ya está en el suelo pero todavía se podría intervenir para prevenir los incendios y que se tomen acciones legales contra las personas que queman grandes pedazos de tierra”, aseguró.

El panorama a corto plazo para la Amazonía norte es poco alentador. Ya pasó el primer mes del 2022 y los puntos de calor no han tenido precedentes en la última década, según contó Rodrigo Botero y como lo confirma la alerta de la Mesa de Monitoreo del Ministerio de Ambiente. Se estima que la tala indiscriminada que se vio durante el mes de enero se queme hasta finales de febrero y principios de marzo. 

“No es prematuro decir que los incendios se llevarán grandes extensiones de tierra este año. Además, la tierra ya no absorbe el agua como lo hacía en épocas de lluvia para soportar la sequía sino que ahora está pasando el efecto de arcilla expansivas” afirmó Botero. En otras palabras, el suelo de la Amazonía se está quebrando, perdiendo humedad, formando grandes grietas y derrumbando la vegetación nativa.

 

 

 

Actualizado el: Jue, 02/03/2022 - 09:25

Por: Rutas del Conflicto, con el apoyo de La Liga Contra el Silencio.

La espesa selva del Pacífico chocoano, sumada a la deficiente infraestructura y al abandono estatal dificultan el acceso a la telefonía móvil y a internet en la mayor parte de ese territorio. Las cifras muestran que solo el 2 % de los hogares en zonas rurales puede conectarse, y en la parte urbana solo el 24 % cuenta con este servicio. La baja conectividad hizo que la mayoría de niños, niñas y adolescentes no pudieran recibir educación virtual durante la pandemia, como ocurrió también en lugares como Tumaco, Nariño.

David Córdoba es profesor de un colegio en Quibdó, ubicado en una de las zonas más vulnerables del municipio, adonde han llegado varios de los alumnos desplazados por la violencia desde diferentes puntos del departamento. Córdoba dice que la pandemia aumentó las brechas entre la educación pública y la privada, debido a la imposibilidad de conectar a sus estudiantes en clases virtuales. “El papá o la mamá le dejaban el celular al niño, no se lo llevaban al trabajo y el niño hacía lo poco que podía hacer. La educación virtual fue un desafío en el que perdimos el año, porque nos podíamos conectar con unos, pero con la mayoría no”, lamenta Córdoba.

“Hasta ahora estamos empezando a ver la realidad de lo que pasa en el país, y es que todas las personas que no tenían acceso a internet y a computadores no pudieron ir a clase. Eran las personas más vulnerables”, dice Lina Torres, directora de proyectos de la organización Movilizatorio, un laboratorio de participación ciudadana e innovación social para Latinoamérica que ha trabajado en educación.

Según información del Ministerio de las TIC, en Colombia hay más de 60 millones de líneas móviles. Hay más teléfonos que personas. Pero la realidad en Chocó es otra. Docentes y líderes sociales manifiestan que muchos hogares solo tienen un celular para toda la familia. Esto, junto a la baja conectividad, dificulta el acceso de niños, niñas y jóvenes a la educación.

Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una organización que trabaja en la promoción y garantía de los derechos humanos en el mundo digital, el factor económico se suma a las razones que afectaron la educación. Durante la pandemia muchos de los estudiantes solo podían acceder a los recursos virtuales desde un celular. “Si tú miras, ‘Colombia Aprende’ tenía un montón de recursos, pero no están pensados para acceder desde el celular. Entonces podías tener conectividad, pero si no tenías un computador tampoco podías acceder”, explica Botero.

‘Colombia Aprende’ es un portal educativo del Ministerio de Educación que lleva cerca de 17 años y ofrece recursos para mejorar la calidad educativa. Según datos del Dane y Saber 11, compartidos por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, en 2020, de 4.171 estudiantes de grado 11, de colegios privados y oficiales, solo 1.223 reportaron tener internet y computador. Menos de uno de cada tres estudiantes contaba con estas herramientas. 

Educación desde las guías

Cifras presentadas el año pasado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), mostraban que “el 96 % de los municipios del país no tiene los recursos ni la cobertura para desarrollar cursos virtuales”. En este contexto las guías de aprendizaje con los contenidos de cada materia se convirtieron en la principal estrategia de enseñanza en Chocó. Los maestros se capacitaron por medio de la plataforma Zoom en la elaboración de estas guías. Sin embargo, no todos los docentes recibieron los talleres. Leandro*, quien pidió no ser identificado, es docente en la subregión del Bajo Atrato y asegura que no todos los profesores saben utilizar un computador, ni tampoco tienen acceso a uno.

Los profesores aseguraron que en algunas partes de Chocó llegaron computadores y tablets para los alumnos, pero no fueron suficientes y tampoco resolvía el problema de conectividad. Desde Movilizatorio, dice, Lina Torres, han podido entender cómo funciona el acceso a las tecnologías y a las redes en el país. También están desarrollando el proyecto ‘Digimente para la educación mediática’, que es la capacidad que tienen las personas para navegar en los ecosistemas de información. “En algunos casos llegaban las herramientas, pero no el conocimiento. Por ejemplo, les llegaban computadores a los profesores y no sabían manejarlos. Necesitamos educación para los estudiantes, pero también para los profesores”, dice.

“Yo me capacité en los programas que brinda el gobierno y me dieron mi computador, con el que he estado elaborando las guías. Pero yo soy la excepción; hace falta una mayor capacitación de los docentes”, asegura Leandro. Y explica que las guías las realizaban principalmente en las cabeceras municipales los profesores que tenían acceso a computador y se habían capacitado. Después las guías físicas eran enviadas a los estudiantes.

La movilidad en Chocó se hace a través de los ríos en pequeñas embarcaciones conocidas como ‘chalupas’. Durante el confinamiento estricto, que inició el 25 de marzo del 2020 y finalizó el 31 de agosto, las guías eran enviadas a los estudiantes junto con los víveres de abastecimiento que partían de las cabeceras municipales. “Nosotros las mandábamos con los líderes cuando venían a la cabecera municipal, porque era imposible contactarse con ellos”, cuenta Leandro.

Dependiendo de cuán alejada estaba la zona donde eran enviadas las guías, estas podían viajar durante unas horas o incluso un día entero. El profesor David Córdoba cuenta que en algunas ocasiones comunicarles a sus estudiantes que las guías ya habían sido enviadas y dónde debían recogerlas era un reto. Los llamaba a todos hasta poder contactar a uno que tuviera señal y le pedía que comunicara la información a sus compañeros vecinos.

Las comunidades indígenas fueron de las más afectadas por la lejanía de sus resguardos y la poca conectividad con la que cuentan. Camilo* es profesor en una comunidad en el Medio Atrato, y cuenta que el lugar más cercano para conseguir señal queda a cinco horas a pie de donde está ubicada la población. Movilizarse hasta este punto no es garantía de que se va a obtener comunicación, la señal es inestable, y si las condiciones climáticas no son favorables, es imposible obtenerla. Allí la educación virtual es impensable.

Cuando en las comunidades rurales había un docente se facilitaban las cosas, pues recibía las guías y las compartía con los estudiantes. También lograba resolver las inquietudes que quedaban. Por las medidas de aislamiento, algunos profesores utilizaban megáfonos o pedían prestados unos parlantes conocidos como ‘bocinas’, para dictar algunas clases desde la calle. Camilo cuenta que llegó un punto en el que los docentes de las comunidades indígenas debieron ir casa por casa dando instrucciones de las guías, aún durante los momentos de aislamiento estricto, cuando fue difícil de cumplir porque algunos temas necesitaban ser explicados.

Rosío González trabaja en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), organización aliada del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), una iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil que investiga en varios municipios de Chocó. Ella asegura que los maestros debieron ingeniarse diferentes formas para tener contacto con sus estudiantes. “Una de las alternativas que vimos fue el uso de la radio, que fue fundamental para algunos profesores. Por ejemplo, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) prestó su emisora comunitaria”, dice González. 

Adith Bonilla, coordinadora territorial de la Comisión de la Verdad en Chocó, explica que en el departamento la radio ha sido importante para poder solventar la baja conectividad. “Siempre he dicho que en el Chocó estamos en el siglo XII, en el voz a voz. [Durante la pandemia] nos tocó grabar unas cápsulas y pasarlas a través de las radios comunitarias para que la gente supiera del trabajo de la Comisión, porque no había otros medios”, dice Bonilla.

Los docentes consultados para este reportaje aseguran que el acompañamiento familiar no existía, o era insuficiente. “En muchas familias el padre o la madre no sabía cómo explicarle al niño, o tenía que salir a trabajar y no lo podía hacer. Esto dificultaba más los procesos educativos”, cuenta González.

Las guías, recuerdan algunos maestros, eran devueltas por los estudiantes a través de sus correos, de Whatsapp o de manera física, dependiendo de sus posibilidades. Pero había casos en los que las guías no recibían retroalimentación porque no eran entregadas. “Uno las enviaba en la chalupa con la esperanza de que las resolvieran y que pudieran aprender. Pero uno sabía que muchas veces no iba a poder hacer el seguimiento; era imposible por las dificultades de conexión”, dice Leandro.

Chocó silenciado

Varios de los docentes prefirieron no aportar sus nombres en este reportaje. La situación de orden público –con el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en disputas por el control territorial– que vive Chocó los obliga a cuidarse de lo que dicen. “Mejor no diga mi nombre. Después uno se mete en problemas y es mejor evitar”, asegura uno de ellos. Camilo, quien es docente indígena, agrega que muchos maestros se están moviendo constantemente en el territorio y que no es bueno usar su nombre real.

Incluso hablar por teléfono es peligroso. Un líder social del departamento asegura que las AGC los han amenazado por esto. “Nos dicen que nos tienen chuzados, que pilas con lo que andamos diciendo por ahí. Entonces la gente cada vez tiene más miedo de hablar”, cuenta.

“Hay un control total en el territorio, los ‘puntos’ [personas de civil que tienen las AGC al interior de las comunidades] controlan toda acción: lo que dicen, a dónde se mueven, lo que hacen, si hacen una reunión [...] Por esta misma desconfianza muchas veces los líderes se niegan a hablar incluso entre ellos mismos”, dice Adith Bonilla, de la Comisión de la Verdad.

También hay temas que prefieren omitir. Reconocen que los grupos armados y las bandas delincuenciales están reclutando a los jóvenes, pero no ahondan en la denuncia. La pandemia incluso invisibilizó las situaciones de conflicto, como denunció en junio del 2020 la Diócesis de Quibdó, junto a otras organizaciones en territorio. Entonces dijeron que el control y la violencia por parte de los grupos armados “siguen causando el mayor daño” a las comunidades. La situación no ha cambiado. Con la pandemia, dice Bonilla, los grupos armados tomaron mayor fuerza. “Porque las comunidades quedaron solas; las ONG no podían hacer sus visitas”, explica.

Las minas antipersonales también han puesto en riesgo la labor de los maestros. Varios debieron movilizarse por el territorio no solo con el miedo a contagiarse de covid-19, también con temor de quedar en medio de una confrontación armada o incluso caer en una mina. Un docente, que pidió el anonimato, asegura que tienen información de que a los alrededores de una de las escuelas en la zona rural hay minas que pueden poner en peligro a la comunidad educativa.

Durante el confinamiento por el covid varios docentes fueron amenazados. Líderes sociales confirman que al inicio de la pandemia algunos maestros que viajaban desde el casco urbano no alcanzaron a salir de las comunidades. En los territorios lograron grabar las confrontaciones armadas y los confinamientos que se presentaron en el Chocó. Después compartieron esto por diferentes medios. “Los profesores salieron amenazados, porque eso que se vio en las noticias no es nuevo, es lo que se vive a diario. Pero las comunidades no tenían celulares para grabar. Los profesores que no pudieron salir, grabaron. Y vea, de una los amenazaron”, asegura una lideresa.

Los docentes además perdieron contacto con algunos estudiantes. “Esto generó problemas de salud mental en algunos docentes, porque no sabían qué pasó con sus alumnos, si estaban bien, si algún grupo los había reclutado o incluso se habían ido a trabajar a alguna mina”, cuenta Rosío González, del CINEP. Sin la escuela como una institución presente en la vida de los niños, niñas y jóvenes, muchos quedaron a la deriva y vulnerables frente a propuestas de trabajo legal e ilegal. Los profesores confirman esta información, aunque prefieren no ampliar el tema.

En octubre de este año los estudiantes regresaron a las aulas. Leandro piensa que es importante volver a la presencialidad, pero dice que no cuentan con las condiciones para hacerlo. “En el colegio hay un solo baño habilitado para que entren los niños, las niñas y los maestros. Así es muy complicado”, dice. 

La pandemia no solo impactó la salud de miles de colombianos en estos rincones alejados. También acentuó los rezagos de siempre, y amplió la brecha de desigualdad en temas decisivos como la educación. Pasará mucho tiempo antes de que estas trabas empiecen a evaluarse y a resolverse. 
*Los nombres de estas fuentes fueron cambiados para proteger su identidad.

 

 

Actualizado el: Mar, 02/01/2022 - 08:16