El recrudecimiento de la violencia, la falta de garantías de seguridad y las condiciones para postularse a las Circunscripciones Especiales de Paz son algunos de los motivos por los que varios candidatos desistieron de su aspiración a las curules. Rutas del Conflicto entrevistó a algunos que decidieron presentarse de forma tradicional con el aval de un partido político.

El politólogo Julián Felipe Rodríguez, coordinador del nodo Suroccidente del proyecto Ocupar la Política del Extituto de Política Abierta, señaló que “el objetivo de darle voz a las víctimas se está quedando corto debido a la falta de garantías que hay en este momento para los y las candidatas”. Esto siendo traducido en tres principales riesgos para la aspiración electoral:

 

1.     El recrudecimiento de la violencia sociopolítica en los territorios.

2.     El desbalance económico y social que se da entre las campañas de las víctimas y las campañas respaldadas por partidos y políticos tradicionales, o incluso, por grupos armados.

3.     El incumplimiento de las instituciones del Estado en las garantías de seguridad y de financiación hacia los candidatos víctimas del conflicto armado.

 

Esta preocupación hacia la falta de garantías se suma a las críticas que han hecho desde hace varios meses los candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, (CITREP. Un ejemplo de ellos es las renuncias masivas de candidaturas a las curules de paz que se han presentado en los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y la Guajira. También varios candidatos presentaron la petición de aplazar las elecciones debido a que han sido identificados 30 aspirantes con el apoyo de clanes políticos tradicionales y grupos armados, como lo reveló Rutas del Conflicto junto a Colombia +20. (ver base de datos)

A continuación le mostramos algunos candidatos que ejemplifican las realidades electorales de las víctimas del conflicto armado.

 

 

José Oscar Salazar, candidato al Senado por el movimiento político Fuerza Ciudadana, es oriundo del municipio de Turbo, en el Urabá. Es trabajador social, dirigente agrario, defensor de derechos humanos y miembro de la Asociación Nacional de Desplazados de Colombia. Actualmente reside y hace su trabajo social desde Bogotá debido a que las amenazas constantes contra su vida por parte de grupos armados en el Urabá lo obligaron a desplazarse forzadamente. También es sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica y ha sido declarado objetivo militar por parte de las Águilas Negras.

En diálogo con Rutas del Conflicto José Oscar afirmó que reunía todas las condiciones para presentarse a la Circunscripción número 16, sin embargo, decidió no hacerlo por medio de esta curul debido a la presión que siente por parte de grupos paramilitares ubicados en la región. Además aseguró que al hablar con la Unidad de Protección de Víctimas y con el Consejo Nacional Electoral (CNE), estas instituciones le dijeron que no podían garantizar su seguridad.

Según INDEPAZ, en esta región en lo que va del año 2022 han sido asesinados dos líderes sociales. Además hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia  o 'Clan del Golfo' y el frente 18 de las disidencias de las Farc. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en diálogo con el periódico El Tiempo, aseguró que “hay intimidaciones y amenazas contra líderes sociales, comunales y campesinos. Incluso se han registrado intentos del 'clan' de incidir en el proceso electoral con dineros que buscan financiar campañas”.

 

Yolanda Perea, candidata al Senado de la República por el Nuevo Liberalismo, es oriunda de Riosucio, Chocó. Es lideresa social, estudiante de derecho, activista afrocolombiana de la Ruta Pacífica de las Mujeres y defensora de los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. También fue ganadora del reconocimiento ‘Mejores Líderes de Colombia en 2018’ porsu trabajo con las mujeres sobrevivientes. Actualmente se presenta por la lista del Nuevo Liberalismo, impulsando el fortalecimiento de la ley de víctimas, la reforma agraria, el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas y las políticas públicas para las violencias basadas en género.

A pesar de haber defendido las Circunscripciones Especiales de Paz encadenandose en el Congreso, no cumplió los requisitos para presentarse como candidata debido a que anteriormente había aspirado a un cargo público. Yolanda afirma que “defiende las curules de paz a capa y espada… pero realmente no había voluntad de este gobierno para garantizar las condiciones mínimas”, refiriéndose al CNE, institución que al día de hoy no ha desembolsado el dinero para la financiación de algunas campañas de algunos de los candidatos a las curules de paz, pues se les exige una póliza que bancos y aseguradoras se han negado a emitir.

 

William Henao, candidato al Senado por el partido Cambio Radical, es del municipio de Andes, Antioquia. Su liderazgo ha girado en torno a los derechos de las víctimas del conflicto armado en todo el país, principalmente, denunciando la corrupción en los pagos fraccionados de las indemnizaciones a las víctimas durante el 2017. Además, este año fue nombrado veedor de las candidaturas de las curules de paz por parte de organizaciones de víctimas. Fue desplazado forzadamente de su municipio natal por las amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia.

No cumplió con las condiciones para estar en las curules de paz debido a que fue desplazado del Sureste Antioqueño, región que no entra entre las zonas determinadas por las circunscripciones. Henao afirma que “para que el proceso electoral de las curules de paz hubiera sido equitativo, las nueve millones de víctimas del conflicto debieron haber sido elegibles”.

 

 

Sandra Ruiz, candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U, es originaria del departamento del Cauca. Su liderazgo social se ha dado en torno a las luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). Su familia fue víctima del conflicto por la persecución de grupos armados y en el año 2001 su hermano fue asesinado en la Masacre de La Rejoya en la ciudad de Popayán, Cauca.

Ruiz intentó ser parte de las curules de paz, sin embargo decidió no participar pues asegura que “hubo un proceso de revictimización por parte del Estado” cuando las instituciones pertinentes no le garantizaron la seguridad para poder realizar su campaña. Esto sumado al hecho de que algunos territorios donde ejerce su liderazgo en la ciudad de Popayán no hacen parte de ninguna circunscripción.

Según información de la organización Extituto de Política Abierta, “hay una invisibilización de territorios que padecieron hechos victimizantes en el marco del conflicto armado y que no hacen parte de los municipios donde se puede votar por las curules de paz” afirmó Julián Felipe Rodríguez.

 

 

 

 

Actualizado el: Vie, 03/11/2022 - 11:15

Por: Ginna Santisteban, Óscar Parra 

*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

El pasado 22 de febrero, pasadas las 9 de la noche, la noticia del asesinato de los reconocidos líderes sociales Teófílo Acuña y Jorge Tafur, en el departamento de Cesar, generó rechazo por parte de asociaciones de campesinos, ambientalistas, defensores de derechos humanos y organizaciones como la ONU, que le exigieron al gobierno colombiano tomar medidas urgentes para proteger la vida de quienes se han dedicado al cuidado del medio ambiente. 

En el terreno, la situación de seguridad para los líderes que se mantienen en la región del Magdalena Medio y el Sur del departamento de Bolívar, en donde Acuña y Tafur concentraron su trabajo, se complica cada vez más. Defensores de las ciénagas y activistas en contra del fracking en la zona han denunciado, desde hace más de un año, amenazas de muerte en panfletos, llamadas telefónicas y hasta ataques directos en sus propias casas. 

El miedo entre los líderes de la región es cada vez mayor. Según contaron algunas fuentes de la zona consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que prefirieron la reserva de su nombre, los agresores están pasando de las amenazas a las agresiones y a los atentados en contra de la vida de los defensores ambientales. 

Ante este temor latente, en los últimos días cinco miembros de la  Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), la organización a la que pertenecían Tafur y Acuña —que trabaja con las comunidades campesinas en sus reclamos por la tierra y la defensa de los recursos naturales— han abandonado la zona y se han ocultado para preservar su vida. Entre ellos está la lideresa Liceth Carmargo Carrascal, esposa de Acuña y quien lidera procesos de recuperación de playones —terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman— del municipio de Terraplén, Cesar, que son usadas para cultivo de palma o granjas de búfalos.

El líder asesinado Teófilo Acuña había liderado protestas en contra del fracking en la zona y había trabajado con campesinos en la recuperación de playones, que están en manos de terratenientes. Foto: Jairo Rojas

Líderes y lideresas ambientales de otras organizaciones que tienen incidencia en las regiones del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar también han recibido amenazas e, incluso, en las últimas semanas una de ellas tuvo que dejar el país. Yuveli Natalia Morales, de la organización ambiental Comité Agua Wil y de tan solo 21 años, viajó asilada a Europa luego de que aumentaron las amenazas en su contra, las semanas previas al asesinato de Tafur y Acuña. La organización a la que pertenece Morales rechaza la exploración y explotación petrolera vía ‘fracking’. El año pasado, la joven había denunciado que varios hombres llegaron hasta su casa para intimidarla.

Hasta el momento la Fiscalía solo se ha pronunciado a través de Twitter, el día siguiente al asesinato de los líderes, anunciando que destacaría un grupo de fiscales, criminalistas y forenses para investigar y esclarecer el crimen. Hasta la fecha, ningún funcionario regional o nacional de entidades oficiales se ha pronunciado sobre los hechos.

Una violencia anunciada

La Defensoría del Pueblo viene advirtiendo de los peligros que corren los líderes ambientales en la región y lo ha hecho en diversas alertas tempranas emitidas desde 2018. Esta entidad envió el oficio de Prevención No. 20220040400141741 de 18 de enero de 2022 a la Gobernación del Cesar, alertando la situación de amenazas en contra de líderes de las comunidades de varios municipios del departamento. Ante el aumento de las amenazas, a principios de febrero, la personera del municipio de Barrancabermeja, Yina Marcela Romo, le pidió a varias entidades un plan de acción urgente para proteger la vida de al menos 25 líderes ambientalistas, pero ninguna de estas advertencias sirvió para evitar el asesinato de Tafur y Acuña. El personero es un servidor municipal que hace parte del Ministerio Público y a quien le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos en ese territorio.

Según Ramón Abril de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, (Credhos), organización que trabaja en la defensa y protección de los derechos humanos en el Magdalena Medio,  las amenazas y los ataques a líderes sociales de la región han ido creciendo hasta tal punto que, entre enero y febrero de este año, todos los grupos armados ilegales que actúan en la zona han publicado panfletos con los nombres de las personas que declaran objetivo militar y los intimidan para que salgan del territorio. “El aumento de la violencia ocurre en medio de la consolidación de las Autodefensas Gaitanistas (AGC) en la región, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. También en medio a la cercanía a las elecciones”, señala Abril. Vale la pena señalar que el 13 de marzo Colombia renovará el Congreso y elegirá un nuevo presidente en mayo. 

Abril, quien también apareció amenazado en uno de esos listados de objetivos militares junto a una compañera de la misma organización, explica que los defensores ambientales son uno de los grupos más afectados, principalmente por la resistencia al modelo extractivista y de monocultivo que ha acelerado su consolidación en la región. “Modificar el uso de la tierra es clave dentro de ese modelo. Lo que se denuncia es el daño ambiental porque las empresas afectan los ecosistemas para que esas zonas pierdan la protección que les da la ley y de esa manera luego convertirlas en campos de palma, en criaderos de búfalos o campos de explotación petrolera”, dice.

Las amenazas son continuas desde hace un año y medio. En noviembre de 2020 apareció un panfleto en el que un grupo autodenominado Águilas Negras, cuyo origen se desconoce, amenazó a varios líderes ambientales que rechazaban los pilotos autorizados por el gobierno nacional para la exploración petrolera usando ‘fracking’. Esta es una técnica en la que se fracturan las rocas del subsuelo para extraer petróleo y varias organizaciones ambientalistas se oponen a su práctica pues, dicen, se pueden afectar los cuerpos de agua de las zonas en las que se realiza.

Otro grupo de ambientalistas intimidados en la región son aquellos que, desde hace más de una década, han denunciado la desecación de playones por parte de terratenientes que han ampliado sus fincas a costa de los bordes de las ciénagas. La oposición de las comunidades campesinas a estas prácticas se da porque la desecación definitiva de estas tierras también implica un cambio de uso del suelo principalmente para monocultivos como la palma de aceite, como lo denuncia Ramón Abril de Credhos.

Jorge Tafur tenía una larga experiencia como líder campesino en varios lugares del país. Desde hace más de una década trabajaba en el Cesar y el Sur de Bolívar con comunidades que reclaman tierras ocupadas por terratenientes. Foto: Jairo Rojas

 

Los dos líderes asesinados, Teófilo Acuña y Jorge Tafur, trabajaban por las dos causas: denunciaban la ocupación de los playones por parte de terratenientes y también hacían parte de organizaciones que denunciaban los peligros de la exploración y posterior explotación petrolera vía ‘fracking’.

La defensa de los playones

El río Magdalena es la principal arteria fluvial de Colombia, que nace en el departamento del Huila y avanza hacia el norte, hasta desembocar en el mar Caribe. En la mitad de su recorrido hay un gran valle, que se conoce como el Magdalena Medio, rico en recursos naturales, minerales, biodiversidad, tierras fértiles y una gran reserva de hidrocarburos. 

Precisamente, el petróleo es un recurso determinante en el desarrollo del conflicto con los defensores ambientales en la región. En el Magdalena Medio está ubicada la principal refinería de Colombia, operada por la empresa Ecopetrol, y es la región en donde el Gobierno de Iván Duque quiere desarrollar el primer piloto de ‘fracking’ en Colombia. 

A la altura del municipio de Puerto Wilches, en el corazón del Magdalena Medio, el río Lebrija se une al Magdalena. Esa conjunción forma un ecosistema compuesto por un complejo de varias ciénagas que inundan periódicamente las pequeñas extensiones de tierra conocidas como playones. Históricamente, estas áreas han sido determinantes para el desarrollo de la economía de los campesinos, agricultores y pescadores de la región. 

La Ley 160 de 1994, que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, define los playones comunales como “terrenos baldíos que periódicamente se inundan con las aguas de las ciénagas que los forman, o con las avenidas de los ríos, los cuales han venido siendo ocupados tradicionalmente y en forma común por los vecinos del lugar”. A estos baldíos de la nación han llegado terratenientes desde la década de los ochenta para desecar estas extensiones de tierra y aprovecharlas para instalar ganadería o monocultivos. 

Teófilo Acuña y Jorge Tafur eran dos activos defensores de la recuperación de los playones en la región. Desde hace una década venían denunciando la ocupación de una de estas zonas a manos de un terrateniente que ha sido señalado de tener vínculos con grupos paramilitares, como lo ha denunciado el portal Verdad Abierta. Se trata del ganadero Alirio Díaz que, junto a varios miembros de su familia, han tenido varios enfrentamientos con campesinos que reclaman las tierras de un predio cercano al caserío de Puerto Oculto, en la vereda Terraplén, en el municipio de San Martín, Cesar. 

Díaz le dijo a Verdad Abierta en 2015 que “no ha amenazado campesinos ni quiere secar la ciénaga”, pero ese medio pudo constatar que Corpocesar, la autoridad ambiental del departamento, había multado al ganadero tras confirmar que construyó murallas para cercar la ciénaga de La Torcoroma. Luego del asesinato de Acuña y Tafur, Verdad Abierta consultó a Wilmer Díaz sobre lo ocurrido, pero el hijo del ganadero señaló que nunca había oído hablar de estos dos líderes.

En este sector, el río Magdalena recibe las aguas de numerosos ríos, como el Lebrija, y forma varias ciénagas en las que se ha construido una cultura ‘anfibia’ por parte de colonos campesinos. Foto: Álvaro Avendaño

La historia de estas tierras de alta importancia ambiental, debido a su gran cantidad de humedales, está marcada por políticas de Estado que han promovido la colonización. Sandra Vilardy, doctora en Ecología y Medio Ambiente, y profesora de la Universidad de Los Andes, explica que, desde la década de los cincuenta, colonos de varios departamentos del país llegaron al Magdalena Medio buscando tierras para subsistir. Estos nuevos habitantes desarrollaron una ‘cultura anfibia’ de pescadores y campesinos que aprovechaban las zonas de playones en verano para cultivar, pero permitían que se inundaran en invierno. 

Vilardy señala que luego aparecieron terratenientes que fueron adquiriendo tierras y comenzaron a construir murallas para evitar que el agua volviera a inundar los playones. Su objetivo era desecarlos para ampliar sus fincas, en beneficio de la crianza de búfalos o la siembra de palma aceitera. “Es una práctica muy agresiva ya que estos espejos de agua permiten la oxigenación y la fijación de carbono, por el depósito de sedimentos. Su ausencia altera sustancialmente los ecosistemas”, dice.

Nadia Umaña Abadía, vocera de la CISBCSC, organización en la que compartió por más de 10 años con los líderes asesinados, explica que existen procesos de recuperación de tierra por parte de campesinos en ciénagas de la cuenca baja del río Lebrija y su desembocadura en el río Magdalena. “Todas esas tierras sufrieron una fuerte presión paramilitar que desplazó a los campesinos, mientras los terratenientes secaban esas zonas para luego llenarlas de palma”, cuenta Umaña.

Según documentó un tribunal de Justicia y Paz —proceso de justicia transicional en el que exparamilitares debían aportar verdad y reparación a sus víctimas— en la sentencia en contra del jefe de las autodefensas Juan Francisco Prada, alias  ‘Juancho Prada’, el ganadero Alirio Díaz recibió el apoyo de los paramilitares para llegar al Concejo municipal de San Martín, en Cesar, y su familia se ha enfrentado con las comunidades de campesinos que han intentado recuperar esos predios en varias ocasiones. La última conocida sucedió el 25 de enero de este año, como quedó registrado en un video.

Umaña cuenta que con el aumento de la tensión con diferentes terratenientes de la zona, también lo hicieron las amenazas en contra de Teófio Acuña y Jorge Tafur. “En enero de este año nos reunimos con la Policía en Puerto Oculto (Cesar) y nos dijeron que no nos podían garantizar la protección directa de todos los líderes”, señala la vocera de la CISBCSC, quien también ha recibido intimidaciones por parte de los grupos armados ilegales. 

Estos conflictos por la tenencia y el uso de la tierra son frecuentes en esta región del país. Ramón Abril, de Credhos, señala que los procesos de adjudicación de tierras a campesinos y la restitución de predios a víctimas del conflicto han fracasado, mientras que el Estado favorecía a los grandes negocios extractivistas y de monocultivo. Abril señala que además del interés por negocios como la palma, los terratenientes buscan expandir sus predios ante el anuncio del gobierno nacional en el que se dio vía libre para un piloto de exploración petrolera usando ‘fracking’ en la zona.

Las amenazas por rechazar el ‘fracking’

Al igual que los dos líderes asesinados, varios activistas ambientales en el Magdalena Medio han recibido amenazas de muerte por denunciar los potenciales impactos del uso del ‘fracking’. Tafur y Acuña hicieron parte de una caravana ambiental a finales de 2021 con la que recorrieron varios pueblos de la zona, señalando la importancia de los ecosistemas que podrían verse afectados por el piloto de exploración petrolera.

La Corporación San Silvestre Green ha logrado que se detengan la construcción de pozos petroleros de Ecopetrol sobre humedales en la zona. Foto: Corporación San Silvestre

 

Granados cuenta que conoce de cerca dos casos de líderes de organizaciones de pescadores que recibieron sobres con amenazas de muerte, entre finales del 2021 y comienzos del 2022, por hacer denuncias contra la exploración y explotación petrolera. Agrega que los asesinatos de los líderes Tafur y Acuña dispararon el miedo entre los defensores ambientales, porque creen que ya se pasó de las intimidaciones a los atentados. Carlos Santiago agrega que el hecho de que los señalen de “enemigos del desarrollo”, en medio de una creciente presencia de grupos armados, los expone aún más ante el peligro.

Esto mismo piensa Carlos Andrés Palomino Sampayo, quien fue compañero de Tafur y de Acuña en la CISBCSC. “Colombia es el país en el que más se asesinan líderes ambientales. Esta gente ya pasó rápidamente de las amenazas a los crímenes. A pesar del miedo, aquí seguiremos, luchando por cuidar el ambiente, por denunciar”, señala.

En medio de la creciente violencia en el Magdalena Medio, el abogado Granados denuncia que, a pesar de ser blanco de constantes amenazas, el Estado ha intentado quitarle el esquema de seguridad que le brindó la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según dice, el debilitamiento de la seguridad de los defensores ambientales en la región aumenta la vulnerabilidad en la que se encuentran y, por supuesto, afecta sus actividades porque han detectado seguimientos y ahora muchos prefieren no trasladarse a las zonas alejadas de los centros urbanos.                                              

Los líderes ambientales del Magdalena Medio le piden al Estado que actúe rápidamente ante el aumento de la violencia. Exigen que se conforme una Mesa Departamental de Garantías, una herramienta que contempla la ley colombiana para activar medidas urgentes que puedan proteger su labor. 

También exigen que el Estado entregue soluciones de fondo para los reclamos que hacen en nombre de las comunidades que representan. “Con un celular que entreguen o con un esquema de seguridad no se va a solucionar nada si los culpables de todo esto siguen por ahí, campantes”, concluye Nadia Umaña.

 

 

Actualizado el: Jue, 03/10/2022 - 12:28

Por: Pilar Puentes Espinosa. *Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

No hay agua limpia. Los espíritus guardianes ya no habitan la entrada a la Amazonía. La comunidad indígena nasa de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, sigue resistiendo las actividades petroleras en su territorio, mientras que sus costumbres y sus rituales están interrumpidos por la contaminación de sus fuentes hídricas. Los nasa también deben enfrentar a la fuerza pública y la seguridad privada de las empresas del sector para poder movilizarse libremente, sobre todo en la noche, cuando es el momento de la caza.

El resguardo nasa Kiwnas Cxhab Alto Lorenzo es el hogar de 184 familias que por más de 74 años han habitado el corredor Puerto Vega Teteyé, en el corregimiento La Carmelita de Puerto Asís, en el sur del Putumayo. En 1993 se establecieron como cabildo con la naciente Constitución Colombiana y, tras una lucha por ser reconocidos, en el 2003 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) constituyó a la comunidad nasa como resguardo y les adjudicó 1363 hectáreas de tierra.

 

El pueblo nasa ha habitado el departamento del Putumayo desde 1938 y sus ancestros recorrieron la zona desde hace más de 300 años. Foto: cortesia de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Solo cinco años después de tener los títulos de su territorio, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, comenzó a realizar una serie de pruebas para la exploración petrolera en el denominado Bloque Suroriente. El resguardo nunca se enteró. En voz del gobernador indígena de Kiwnas Cxhab, José Eduvan Coicue, nadie les preguntó si querían que una empresa entrara al territorio e hiciera labores de exploración y explotación. Es más, nadie les contó que se iban a dar  concesiones de agua ni les advirtió de los impactos ambientales de la actividad petrolera.

El Ministerio y la petrolera estatal Ecopetrol realizaron exploración en la zona, mientras que la comunidad recopilaba pruebas y denunciaba que esto se hacía sin su consentimiento. En septiembre de 2005, Ecopetrol le cedió los derechos del Plan de Manejo Ambiental del Bloque al Consorcio Colombia Energy, representado por la petrolera Vetra Exploración. En 2009 entraron en funcionamiento los campos  petroleros Cohembí y Quillacinga, que hacen parte de la gran concesión, y se encuentran ubicados fuera del resguardo nasa. Sin embargo, las 38 mil hectáreas de influencia del proyecto incluyen las 1363 hectáreas del territorio indígena. 

En 2010, el Consorcio pidió la ampliación de su licencia ambiental con el fin de abrir nuevos pozos de exploración y construir nuevas vías para las actividades petroleras. La comunidad no resistió más y el gobernador nasa de ese entonces, Edinson Oswaldo Ul Secue, presentó un documento en el Ministerio de Ambiente, argumentando la inconformidad de los indígenas por la petición de Vetra Exploración. “Nosotros presentamos muchos documentos en todas las entidades del Estado. Las cuencas de los ríos que van a dar al río Putumayo ya estaban contaminadas”, afirmó el gobernador José Eduvan Coicue. 

 

Se estima que la actividad petrolera en el departamento empezó en la década del 60 pero Ecopetrol fue la primera petrolera en el corredor Puerto Vega Teteyé . Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Desde el 2010 el Bloque Suroriente ha crecido tanto que ha llegado a cubrir casi las 63 veredas —localidades rurales— del corredor Puerto Vega-Teteyé. Una zona fronteriza, delimitada al sur por el río Putumayo y al norte por el río San Miguel, donde habitan familias campesinas, dos resguardos del pueblo indígena awá y el resguardo nasa Kiwnas Cxhab. 

La comunidad indígena nasa y la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo exigieron una audiencia pública ambiental para tratar el tema de la ampliación del bloque petrolero. Esta audiencia convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) se llevó a cabo el 31 de enero de 2014, tal como está descrito en la sentencia de la Corte Constitucional T 730 de 2016. 

“En dicho espacio la comunidad denunció las graves afectaciones a los derechos humanos de las que estaba siendo víctima como consecuencia de la explotación petrolera de la zona, motivo por el cual se encontraban en desacuerdo con la ampliación de la licencia, expusieron también su inconformidad frente al oficio del 13 de octubre de 2009 emitido por el Instituto Colombia de Desarrollo Rural (Incoder) [entidad que reemplazó al Incora], a través del cual dicha entidad sostuvo que el proyecto en cuestión no afecta territorios indígenas, bajo el argumento que no existen dichos pueblos en la zona” se consigna en la sentencia. 

Tanto las comunidades campesinas como el pueblo nasa manifestaron que hicieron llegar sus historias clínicas a la Corte Constitucional, donde se manifestaban problemas gastrointestinales y respiratorios. 

Sin importar los alegatos de las cerca de 3000 personas del pueblo  indígena y de los campesinos que viven en el territorio, la Anla aceptó la propuesta de ampliación del bloque, la realización de nuevas obras y la adición de permisos para el uso del agua. Para el gobernador Coicue esto fue, una vez más, un atropello contra su territorio. “Nosotros vemos que hay cambios muy graves. En este momento la cobertura vegetal se ha perdido. Como comunidades indígenas vemos el desequilibrio ambiental, los cambios bruscos de temperatura. El cosmos está sufriendo y enfermando a las comunidades”, afirmó. 

Los indígenas nasa tampoco entienden cómo el Ministerio del Interior, cuando se otorgó la licencia para el bloque petrolero y cuando se pidió su ampliación, certificó que no había comunidades étnicas en la zona. “Nosotros estamos constituidos como resguardo desde 2003, nuestros ancestros han habitado esta zona desde hace más de 300 años y el Ministerio cómo se atrevió a decir que nosotros no habitamos la tierra”. En la sentencia se lee que el Ministerio solo le contestó a la Corte Constitucional que ellos revisan distintas bases de datos y que en ninguna de ellas había información sobre el resguardo nasa.  

 

Sin consulta pero la explotación sigue

 

Aunque el resguardo Kiwnas Cxhab no se encuentra en las 12 mil hectáreas licenciadas en el bloque petrolero, sí está ubicado en las 38 mil hectáreas de influencia del proyecto. Además, a solo 120 metros en línea recta del campo Quillacinga está el asentamiento indígena nasa. “Ahora toda el agua está llena de lodo, de crudo y eso no se ha descontaminado. Uno puede a simple vista ver las manchas oscuras en el suelo, las plantas, en el agua”, afirmó José Eduvan Coicue.

En 2014, el resguardo Kiwnas Cxhab, y los representantes de campesinos de las veredas Buenos Aires, La Montañita, Teteyé, El Diamante, Guayabal, Campo Alegre y La Gotera decidieron presentar una tutela —mecanismo para la protección de derechos fundamentales en Colombia— alegando que nunca se les consultó sobre el proyecto petrolero y que hubo vulneración a derechos básicos como agua potable, al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y al desarrollo sostenible. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa negó las pretensiones en un fallo de 2015 pero las comunidades apelaron y el caso pasó a la Corte Constitucional.

En esa instancia, Corpoamazonia, la autoridad ambiental de la región, mostró que por fallas operacionales, en mayo y octubre de 2014, las fuentes hídricas de las veredas Agua Blanca, Buenos Aires y Los Cristales fueron afectadas. Según el gobernador indígena, el consorcio tomó medidas en su momento para suministrar agua potable a los pobladores pero no se realizaron acciones a largo plazo para la descontaminación de los ríos. 

“Nosotros decidimos ponernos a recolectar todas las pruebas que muestran la contaminación. Nos unimos con varias organizaciones para hacer recorridos, tomar muestras, fotos y testimonios para mostrarle a la Corte”, afirmó el gobernador José Eduvan Coicue. 

 

El crudo no solo ha afectado los nacimientos de agua sino también la vegetación del territorio nasa. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Durante el proceso jurídico que llevaba la Corte por la tutela presentada, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios manifestó que realizó una visita al proyecto petrolero por las constantes quejas de la comunidad y, en el concepto técnico 041 de 2012, concluyó que el consorcio Colombia Energy incumplió su Plan de Manejo Ambiental “dejando ver en sus actuaciones frente a la contaminación provocada por sus procesos de producción, una falta de compromiso con el medio ambiente y con el acatamiento de las resoluciones y autos emitidos por la autoridad ambiental (Anla)”.

En el informe de la Procuraduría se describe que no solo la actividad de los campos petroleros cercanos al resguardo ha afectado al ecosistema sino aquellos que se han dejado en abandono: “por efecto de los gases que hacen brotar a la superficie un líquido viscoso que se adhiere a las plantas y al suelo; el cual destruye la vegetación, la flora y la fauna”. La Procuraduría también destacó el distanciamiento entre la empresa y la comunidad, producto de la falta de comunicación y confianza entre las partes.

En el proceso en la Corte también se pronunció la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad encargada de administrar y regular los hidrocarburos en el país, y aseguró que los resultados de laboratorio para agua y suelo mostraron un promedio acorde con los rangos normativos. Sin embargo, la misma entidad manifestó que algunos cuerpos de agua contenían altos niveles de cadmio, plomo, fenoles y fosfatos, especialmente en caños y quebradas de los afluentes del río San Miguel, San Lorenzo y Putumayo.  

El asunto se complejizó tanto que el pueblo nasa y las comunidades campesinas que viven en la zona de influencia del proyecto contrataron una consultoría con la Corporación Geoambiental TERRAE para evaluar los impactos ambientales del proyecto y presentarla a la Corte. TERRAE declaró que por lo menos 16 de las 18 quebradas, que pasan por los asentamientos campesinos y el resguardo nasa, están contaminadas con cadmio, arsénico y plomo en el corredor Puerto Vega -Teteyé, por lo que no son apropiadas para el consumo.

La consultora también indicó que las fuentes hídricas se han contaminado no solo por los derrames sino por su cercanía a los pozos petroleros y por la construcción de la planta para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos de la explotación. La Consultoría mostró que, por las acumulaciones de tierra con crudo, y las altas temperaturas, se produjo una serie de líquidos que contaminaron varias de las fuentes de agua que los habitantes del corredor utilizan para consumo.
 

El río San Miguel y el río Putumayo todavía conservan parches de petróleo producto de derrames desde el 2013.  Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

A los conceptos de la Procuraduría y de la Corporación Terrae se sumó la visita técnica realizada en 2015 por Corpoamazonia, en la cual se determinaron graves afectaciones a las fuentes hídricas de distintas veredas del municipio de Puerto Asís, como el río Cuembí y el río Putumayo. La entidad también reportó alto deterioro de la vegetación en áreas de bosque de protección y zonas de humedales. 

El 7 de julio de 2015 Corpoamazonia abrió una investigación sancionatoria contra el consorcio Colombia Energy pero este es el momento en que no hay claridad sobre cuál fue la decisión. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hicieron un pedido formal de información a esta autoridad ambiental para tener detalles sobre la investigación, pero aún no se ha recibido una respuesta.

Después de varios laberintos jurídicos, decisiones y posteriores impugnaciones, la Corte Constitucional emitió un fallo que indígenas y campesinos celebraron como histórico. La sentencia T 730 de 2016 le exigió a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior coordinar el proceso de consulta previa con el pueblo nasa y demás demandantes para avalar el proyecto petrolero del consorcio Colombia Energy pues entró en operación sin el consentimiento de las comunidades. Sin embargo, como lo explica Sonia Cifuentes de la  Asociación Minga —organización dedicada a fortalecer los procesos organizativos del pueblo nasa en miras de preservar la cultura y las costumbres indígenas— “ya no era posible tener una consulta previa sino que íbamos a tener una posconsulta, porque las actividades petroleras ya están desde hace muchos años. Aquí el punto era mirar cómo la empresa reparaba el territorio”.  

Cifuentes  comenta que este fallo es un precedente porque le exige al Ministerio de Interior realizar un proceso de concertación entre la empresa y las comunidades, crear una metodología para poder reparar a los pobladores y llevar  un proceso de descontaminación.

La Asociación Minga brindó asesorías permanentes en las reuniones que debían hacerse entre la empresa y las comunidades con el fin de llegar a un acuerdo como dictó la sentencia. “Se hicieron varias reuniones con la empresa, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, buscando la manera de construir la ruta metodológica para planear los recorridos para que, colectivamente, se ubicaran las afectaciones y buscar la manera de cómo se podrían hacer las compensaciones ambientales por parte de la empresa”, dice Cifuentes.  

Los indígenas nasa fueron insistentes en la necesidad de comprender las afectaciones del territorio no solo en términos ambientales. De acuerdo con Javier Marin, del equipo de comunicaciones de Minga, no solo se trata de la contaminación directa que hay sobre los territorios y que es evidente, sino la “contaminación” de sus arraigos culturales, cosmogónicos y espirituales, “que fue el punto más álgido en las discusiones con la empresa”. 

“Hay una ausencia de los espíritus guardianes en el territorio sagrado debido a la contaminación de las petroleras. Uno hunde un palo en los nacimientos de los ríos y sale lleno de crudo”, afirmó el gobernador José Eduvan Coicue.

 

La guardia indígena realiza recorridos cada tres meses para evaluar la situación ambiental en la zona. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Cinco años después y la contaminación continúa 

 

Tras el fallo de la Corte Constitucional y las múltiples reuniones entre la comunidad y el consorcio Colombia Energy, la empresa vendió, el 8 de marzo de 2019, la concesión del Bloque Suroriente por 80 millones de dólares a la empresa Gran Tierra Energy, la cual llegó a explotar el proyecto petrolero y los tres campos cercanos al resguardo indígena: Quinde, Cohembí y Quillicinga. 

Sin embargo, según cuentan miembros del resguardo Kiwnas Cxhab, la venta del bloque no ha significado un cambio en la descontaminación del agua y en reanudar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. Dicen que la contaminación del agua sigue siendo un problema para ellos y, aunque se supone que el agua debe llegar en carrotanques cada semana para garantizar el suministro para el resguardo, dadas las condiciones de clima, de orden público o disposiciones de la empresa, eso no siempre ocurre. Los indígenas dicen que, en épocas de invierno, se ven obligados a recurrir al agua lluvia y, en épocas de verano, no tienen otra salida más que consumir el agua contaminada por la actividad petrolera. 

 

Una de las lagunas cercanas al resguardo tiene rastros de crudo, lo que ha obligado a la comunidad a no realizar baños espirituales en el territorio. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

 

Aunque en 2020 el municipio de Puerto Asís construyó un acueducto que sumistraría el agua a más del 80 % de los habitantes del corredor Puerto Vega Teteyé, según el gobernador José Eduvan Coicue, esto no se  ha cumplido en su totalidad. “Construyeron el acueducto pero todavía no está terminado y hay días que no funciona”, comentó. 

A pesar de esto, Gran Tierra Energy asegura que se han hecho los máximos esfuerzos de limpieza en el territorio. La empresa le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que desde que llegaron en 2019, comenzaron con un proceso de socialización comunitaria para construir una planta para iniciar el proceso de descontaminación. “Hasta el momento, el proceso de socialización de Gran Tierra ha incluido más de 100 reuniones con miembros de la comunidad”, asegura la compañía.

A este complejo panorama se suma que la situación histórica del conflicto armado en el departamento de Putumayo también ha traído grandes problemas ambientales y sociales pues en muchas ocasiones los grupos armados atentan contra la infraestructura y la actividad petrolera. En 2015, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) detuvieron con arma de fuego una caravana de 23 carrotanques en el corredor Puerto Vega Teteyé y obligaron a los conductores a abrir las válvulas y derramar el crudo. Se estima que se regaron alrededor de 200 mil galones de combustible en la vía, los cuales corrieron entre dos y tres kilómetros por el Río Cuembí, que desemboca en el río Putumayo. 

Después de seis años todavía se puede ver el crudo en algunos sitios. El Consorcio Colombia Energy, que para ese entonces todavía era dueño del bloque petrolero, alegó no tener la responsabilidad de la limpieza de cuerpos de agua pues no fueron ellos los responsables. Sin embargo, la sentencia de la Corte Constitucional obliga al operador petrolero a actuar con prontitud, impidiendo mayores afectaciones mientras la autoridad ambiental se hace cargo. En 2019, con la llegada de Gran Tierra Energy, la empresa adoptó las órdenes de la sentencia y creó el Plan de Saneamiento de las Áreas Afectadas por Terceros con el fin de monitorear y documentar los impactos ambientales y llevar un registro de la limpieza hecha por la empresa.

Según la comunidad campesina del corredor y las autoridades del pueblo nasa, los derrames no vienen únicamente de los actores armados sino también de fallas operacionales. Gran Tierra Energy afirma que desde 2019 se han presentado “seis eventos operacionales menores” en el área de influencia de los campos Cohembi y Quillacinga y se ha limpiado inmediatamente una pequeña cantidad de material (menos de 1 barril), cumpliendo con un 100 % de la limpieza. “No hubo daños permanentes al medio ambiente. Estos eventos han sido reportados a la Autoridad Ambiental competente (Anla)”, explica la compañía.

La empresa argumenta que han limpiado 28 hectáreas del bloque Suroriente afectadas por los derrames anteriores a la compra del bloque petrolero. Gran Tierra Energy le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que, “en septiembre de 2019 se acordó un plan de avance con las comunidades y la empresa inició las actividades de limpieza en el corredor Puerto Vega-Teteyé. Desafortunadamente, debido al COVID-19 y los problemas de seguridad en la región, la empresa se vio obligada a suspender las actividades de limpieza por el momento”. 

Tras ver que las manchas oscuras y pegajosas seguían en los nacimientos de agua, que animales como el tigrillo se veían cada vez menos y que el agua no llegaba al resguardo, los indígenas decidieron, junto con la comunidad campesina, limpiar los derrames causados por los grupos armados y por fallas operacionales de las empresas que han operado el bloque Suroriente: Colombia Energy y Gran Tierra Energy.  La sentencia de la Corte Constitucional le dio la posibilidad a la guardia indígena nasa de entrar a los campos petroleros para evidenciar los impactos ambientales y documentarlos. 

Para el gobernador José Eduvan Coicue, esta es una tarea importante que hacen cada tres meses acompañados por organizaciones como Asociación Minga, para llevar un registro de los daños y comunicárselo a las entidades estatales correspondientes. 

Y no solo fueron los nasa del resguardo Kiwnas Cxhab los que decidieron ponerse manos a la obra para recuperar su territorio. Las comunidades campesinas y otros ocho resguardos indígenas que habitan el corredor Puerto Vega Teteyé decidieron crear una cooperativa llamada Ecotransvias. Una empresa comunitaria que tiene dos grandes objetivos: el primero es democratizar el transporte de los habitantes dentro de la zona y el complejo petrolero y, el segundo, limpiar los cuerpos de agua afectados por derrames de crudo. 

Ecotransvias nació del impulso de las comunidades para organizarse como colectivo y llegar a un acuerdo con Gran Tierra Energy para que sean los líderes indígenas y campesinos los encargados de adelantar los trabajos de limpieza. La empresa, junto con la cooperativa, han contratado a más de 300 trabajadores de las veredas del corredor para limpiar las zonas afectadas por el derrame de 200 mil galones a manos de las extintas Farc y los derrames operacionales. Su objetivo es que puedan usar el agua para el riego de cultivos de pancoger. 

“Los nasa dicen que ellos mismos limpian su territorio. Pero esto tampoco quiere decir que sea un escenario ideal. En principio, ellos no tendrían que llegar a eso porque no deberían existir este tipo de contaminaciones”, explicó Sonia Cifuentes.
 

En uno de los recorridos de 2021 la guardia indígena recolectó información para presentar denuncias a Corpoamazonia. Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes. 

 

Para el gobernador José Eduvan Coicue, lo único que los nasa esperan es continuar limpiando el territorio y que los espíritus guardianes del bosque vuelvan a las cuencas de los ríos. A pesar de estar comprometidos con la descontaminación de su territorio, en realidad los indígenas nasa del resguardo Kiwnas Cxhab siguen firmes en que no quieren la presencia de la industria petrolera en su territorio.

“No es simplemente el traslape del territorio indígena con el proyecto sino las dinámicas culturales. Más allá del resguardo se trata de un acceso real a los ríos, a las zonas donde cazan y hacen sus baños espirituales. No siempre lo adjudicado cobija el territorio cultural de los indígenas. Eso es lo que también está en riesgo”, resalta Javier Marin de la Asociación Minga.

 

Actualizado el: Jue, 02/17/2022 - 16:28

Por: Pilar Puentes E *Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Imagen tomada por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible

 

Las comunidades indígenas, los campesinos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la Amazonía insisten en que la deforestación en la región no ha mejorado en absoluto. Por el contrario, se ha intensificado. Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), el 2022 empezó de la peor manera para los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta. “Hay una aceleración en la cantidad de incendios que se están presentando y en lo temprano del año en que se están viendo un gran número de puntos de calor”, afirmó Botero. 

De igual manera, la Mesa de Monitoreo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su informe del 31 de enero de este año, al hacerle seguimiento a los puntos de calor diarios en todo el país observó que los valores más altos de los últimos 10 años ocurrían en los biomas de la Amazonía. (ver informe).  La información recopilada en el monitoreo de la organización Global Forest Watch muestra que durante el mes de enero se presentaron más de 1200 alertas de incendios, comparadas con el 2021 cuando se presentaron 280 en la región de la Amazonía.

El pico más alto de alertas de incendios se encuentra en la semana del 10 de enero de 2022 con 6 mil alertas en todo el país. Imagen tomada de Global Forest Watch.

 

Además, ha habido un incremento en los puntos de calor durante la temporada de menos lluvia —primeros meses del año— en los ecosistemas de bosques basales húmedos, sabanas inundables y los complejos de humedales que conectan a la Amazonía con la Orinoquia, entre los que están varias zonas protegidas como la Reserva y el Resguardo Nukak, según indica la Mesa de Monitoreo del Ministerio de Ambiente. 

A finales de diciembre empezó la primera temporada seca del año, o de menos lluvias, que se extenderá hasta finales de marzo. Los incendios que se han presentado en enero se deben a la gran cantidad de árboles que se tumbaron en el último trimestre del 2021. Igualmente, el  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su último boletín de detección temprana de deforestación —el del segundo trimestre de 2021—, advirtió que la Amazonía fue la región con más reportes (38,6 %), muchos de los cuales se dieron en áreas protegidas como los parques naturales nacionales Tinigua y Sierra de la Macarena. 

 

 

Se han incrementado los puntos de calor durante el mes de enero en comparación al año 2021. Se cree que la temporada de quema de madera llegará hasta marzo 

 

Cada vez que arranca un nuevo año también comienza la época de quema de bosques en la Amazonía colombiana, pero el año pasado sorprendió porque, según otro de los reportes de deforestación del Ideam, entre enero y marzo de 2021 la deforestación bajó notoriamente respecto al mismo periodo de 2020: en Caquetá un 38 %, en Meta un 36 %  y en Guaviare un 20 %. En total, en 2020 se perdieron 62.200 hectáreas de bosques y la cifra para 2021 fue de 41.600. 

Pero otra parece ser la historia para este 2022. La Amazonía lleva aproximadamente 35 días sin lluvia y con temperaturas que oscilan entre los 35 y los 37 grados centígrados. Como lo explicó Botero, esto genera un contexto perfecto para que las personas puedan quemar y abrir la selva, aprovechando la madera seca que se encuentra en los suelos de los bosques como consecuencia de la tala indiscriminada y aprovechando la baja humedad. 

El arco noroccidental de la Amazonia tiene grandes parches cortando la conectividad con la Orinoquia. Foto de Rodrigo Botero 

 

Los parques Chiribiquete y Tinigua siguen perdiendo la batalla contra la deforestación 

En el arco noroccidental de la Amazonía se concentran la mayoría de puntos de calor. Esta zona —que comprende a 10 municipios de Caquetá, Guaviare y Meta— alberga parte del parque Chiribiquete, el área continental protegida más grande de Colombia y donde, según datos de la FCDS,  para 2020 la tala y quema de bosque creció en 149 % respecto al 2019. 

Incendio al interior del Parque Nacional Chiribiquete el 28 de enero de 2022. Imagen tomada de Matt Finer en su cuenta de Twitter

 

Estas hectáreas deforestadas y quemadas permiten la concentración y el acaparamiento de tierras que se consolidan con proyectos de ganadería. “La gente está tumbando y quemando la selva para consolidar esas nuevas tierras e incorporarlas al mercado agropecuario”, afirmó Botero. Por eso, para él, no es de extrañar que los municipios más afectados por la deforestación son aquellos donde más ha aumentado la actividad ganadera y agrícola. 

En 2021, el Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para América Latina (Cods) publicó un reporte en el que se muestra que en ocho municipios cercanos al parque Chiribiquete se registraron cerca de 650.000 cabezas nuevas de ganado y más de 300.000 hectáreas deforestadas en los últimos cinco años. Como lo explica Botero, el arco noroccidental se convertirá en sabana en el largo plazo si no se toman acciones inmediatas, pues la deforestación también trae consigo la siembra de monocultivos que alimentan al ganado en muchos de los lotes despejados. 

Como lo han documentado Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, el resguardo Yaguara II, que alberga a las comunidades indígenas de las etnias Pijao, Tucano y Piratacuyo está en riesgo. En septiembre de 2021 le escribieron una carta al presidente Ivan Duque para contarle del nuevo desplazamiento del que son víctimas y solicitarle la protección de su territorio y sus derechos. Las comunidades ya habían sido desplazadas por actores armados en 2004 y retornaron al territorio en 2019 tras una medida cautelar y acompañados de la Unidad de Restitución de Tierras. 

Este territorio está ubicado entre los parques Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena, tres de los más amenazados en Colombia por la pérdida de bosque. De hecho, la extinta guerrilla de las Farc abrió un camino ilegal entre los sectores de Puerto Cachicamo y La Tunia, que tiene al menos 23 kilómetros dentro de áreas protegidas.

Una fuente de la zona, que prefiere no dar su nombre debido a las constantes amenazas y el desplazamiento forzado sufrido en 2021, describió lo grave de la situación. “Nosotros nos fuimos del territorio y en diciembre empezó la tala y ahorita la quema. Tumbaron una cantidad de hectáreas de tierra y las vías que estaban haciendo las terminaron. Cuando nos fuimos la vía todavía no llegaba hasta el río La Tunia, pero ya llegó”, explicó. 

Aunque la ganadería es una de las mayores causantes de la deforestación, no se puede dejar de lado la expansión vial. A través de las imágenes de Global Forest Watch se observa que la vía Puerto Cachicamo- La Tunia ha presentado un incremento en los incendios dentro del parque Chiribiquete respecto al año inmediatamente anterior. Para la fuente en terreno, esto se debe a que la comunidad indígena fue desplazada. “La guardia indígena cuidaba los límites del resguardo y protegíamos el territorio. Nuestro desplazamiento fue clave para que la quema fuera más fuerte. Nos sacaron justo en la época que más se hacen quemas y talas. Se juntaron las situaciones para acabar indiscriminadamente con el territorio”, afirmó.

Los incendios han abierto paso a las construcción de la vía Puerto Cachicamo- La Tunia. Imagen tomada de Global Forest Watch.

 

Las 37 comunidades indígenas que viven en la región norte de la Amazonía están en riesgo por la construcción de las vías ilegales y el mercado especulativo de la tierra. Como lo explicó el director de FDS, Rodrigo Botero, “pasaron los cuatro años de Duque y se hicieron los 57 kilómetros de vía nueva entre Calamar- Miraflores [departamento de Guaviare] y ahora hay una rapiña salvaje por la tierra”. Según el monitoreo de Global Forest Watch, desde la primera semana de enero se han presentado incendios cercanos a la construcción de esta vía. 

Se han abierto más de 55 kilómetros de selva para la vía Calamar -Miraflores. Imagen tomada de Rodrigo Botero.

 

Los impactos de la tala y la quema de bosque están presentes en los parques nacionales Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sierra de la Macarena. Rodrigo Botero sobrevoló el territorio en la última semana de enero. “Tinigua está en llamas”, afirmó. El tamaño de las quemas, la ampliación de la red vial y la cantidad de madera votada en el suelo alerta y preocupa a organizaciones como la FCDS y Gaia Amazonas. 

La zona sur del Parque Natural Nacional Tinigua, según los expertos, ya se perdió por la deforestación. “Ya no tiene ningún tipo de funcionalidad como área protegida y se ve que la tendencia se desplaza hacia la zona norte del río Guayabero, donde se empiezan a registrar parches deforestados y quemados”, sentenció Botero. Según el Ideam, Tinigua perdió 6527 hectáreas en 2020. 

Al perder esta zona del parque se pierde el corredor ecológico que inicia en la cordillera de Los Andes, pasando por el bosque altoandino hasta conectar los ecosistemas de la Orinoquía y la Amazonía.  

Muchos lotes quemándose desde el Domingo . Entre el río Duda, el Guayabero , y por los lados del Retorno, hubo un pico de incendios derivados de deforestación . Ojo ! @FcdsOrg @NoruegaenCOL @USAID_Colombia @asantosrubino @andesamazonfund pic.twitter.com/0qA9UPPevs

— Rodrigo Botero G (@RodrigoboteroG) January 25, 2022

 

El silencio del Estado

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y su director Rodrigo Botero, así como el investigador Matt Finner, director del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), han expuesto los incendios que se han venido presentando durante enero con el fin de llamar la atención del Estado y de las autoridades ambientales competentes. 

“El Estado no debería estar callado sobre esto. Nosotros estamos llamando la atención como sociedad civil y como organizaciones que tienen acceso a la información y generan información. La Amazonía se está quemando”, afirmó Botero.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam le preguntaron al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por las acciones que estaban tomando para combatir la oleada de incendios en la región y respondieron que desde el año pasado las autoridades ambientales han generado una serie de talleres de prevención para la temporada típica de menos lluvias. 

“Hemos venido articulando con las autoridades ambientales, las comunidades, bomberos, la fuerza pública y el Ministerio para generar acciones de menor afectación en las zonas protegidas en esta época del año, como es el desarrollo de campañas de vigías forestales junto con la comunidad”, afirmó el viceministro de de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente, Nicolás Galarza. 

Aunque desde la Mesa de Monitoreo del Ministerio se han priorizado zonas, como la reserva Nukak en el Guaviare con tres puntos de calor activos y el PNN Tinigua con 405 puntos, para Rodrigo Botero lo que se necesita es una acción preventiva ya que todos los años, en épocas de sequía, se incrementan las quemas intencionadas de bosque y en los mismos puntos. “Bueno, la madera ya está en el suelo pero todavía se podría intervenir para prevenir los incendios y que se tomen acciones legales contra las personas que queman grandes pedazos de tierra”, aseguró.

El panorama a corto plazo para la Amazonía norte es poco alentador. Ya pasó el primer mes del 2022 y los puntos de calor no han tenido precedentes en la última década, según contó Rodrigo Botero y como lo confirma la alerta de la Mesa de Monitoreo del Ministerio de Ambiente. Se estima que la tala indiscriminada que se vio durante el mes de enero se queme hasta finales de febrero y principios de marzo. 

“No es prematuro decir que los incendios se llevarán grandes extensiones de tierra este año. Además, la tierra ya no absorbe el agua como lo hacía en épocas de lluvia para soportar la sequía sino que ahora está pasando el efecto de arcilla expansivas” afirmó Botero. En otras palabras, el suelo de la Amazonía se está quebrando, perdiendo humedad, formando grandes grietas y derrumbando la vegetación nativa.

 

 

 

Actualizado el: Jue, 02/03/2022 - 09:25

Por: Rutas del Conflicto, con el apoyo de La Liga Contra el Silencio.

La espesa selva del Pacífico chocoano, sumada a la deficiente infraestructura y al abandono estatal dificultan el acceso a la telefonía móvil y a internet en la mayor parte de ese territorio. Las cifras muestran que solo el 2 % de los hogares en zonas rurales puede conectarse, y en la parte urbana solo el 24 % cuenta con este servicio. La baja conectividad hizo que la mayoría de niños, niñas y adolescentes no pudieran recibir educación virtual durante la pandemia, como ocurrió también en lugares como Tumaco, Nariño.

David Córdoba es profesor de un colegio en Quibdó, ubicado en una de las zonas más vulnerables del municipio, adonde han llegado varios de los alumnos desplazados por la violencia desde diferentes puntos del departamento. Córdoba dice que la pandemia aumentó las brechas entre la educación pública y la privada, debido a la imposibilidad de conectar a sus estudiantes en clases virtuales. “El papá o la mamá le dejaban el celular al niño, no se lo llevaban al trabajo y el niño hacía lo poco que podía hacer. La educación virtual fue un desafío en el que perdimos el año, porque nos podíamos conectar con unos, pero con la mayoría no”, lamenta Córdoba.

“Hasta ahora estamos empezando a ver la realidad de lo que pasa en el país, y es que todas las personas que no tenían acceso a internet y a computadores no pudieron ir a clase. Eran las personas más vulnerables”, dice Lina Torres, directora de proyectos de la organización Movilizatorio, un laboratorio de participación ciudadana e innovación social para Latinoamérica que ha trabajado en educación.

Según información del Ministerio de las TIC, en Colombia hay más de 60 millones de líneas móviles. Hay más teléfonos que personas. Pero la realidad en Chocó es otra. Docentes y líderes sociales manifiestan que muchos hogares solo tienen un celular para toda la familia. Esto, junto a la baja conectividad, dificulta el acceso de niños, niñas y jóvenes a la educación.

Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una organización que trabaja en la promoción y garantía de los derechos humanos en el mundo digital, el factor económico se suma a las razones que afectaron la educación. Durante la pandemia muchos de los estudiantes solo podían acceder a los recursos virtuales desde un celular. “Si tú miras, ‘Colombia Aprende’ tenía un montón de recursos, pero no están pensados para acceder desde el celular. Entonces podías tener conectividad, pero si no tenías un computador tampoco podías acceder”, explica Botero.

‘Colombia Aprende’ es un portal educativo del Ministerio de Educación que lleva cerca de 17 años y ofrece recursos para mejorar la calidad educativa. Según datos del Dane y Saber 11, compartidos por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, en 2020, de 4.171 estudiantes de grado 11, de colegios privados y oficiales, solo 1.223 reportaron tener internet y computador. Menos de uno de cada tres estudiantes contaba con estas herramientas. 

Educación desde las guías

Cifras presentadas el año pasado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), mostraban que “el 96 % de los municipios del país no tiene los recursos ni la cobertura para desarrollar cursos virtuales”. En este contexto las guías de aprendizaje con los contenidos de cada materia se convirtieron en la principal estrategia de enseñanza en Chocó. Los maestros se capacitaron por medio de la plataforma Zoom en la elaboración de estas guías. Sin embargo, no todos los docentes recibieron los talleres. Leandro*, quien pidió no ser identificado, es docente en la subregión del Bajo Atrato y asegura que no todos los profesores saben utilizar un computador, ni tampoco tienen acceso a uno.

Los profesores aseguraron que en algunas partes de Chocó llegaron computadores y tablets para los alumnos, pero no fueron suficientes y tampoco resolvía el problema de conectividad. Desde Movilizatorio, dice, Lina Torres, han podido entender cómo funciona el acceso a las tecnologías y a las redes en el país. También están desarrollando el proyecto ‘Digimente para la educación mediática’, que es la capacidad que tienen las personas para navegar en los ecosistemas de información. “En algunos casos llegaban las herramientas, pero no el conocimiento. Por ejemplo, les llegaban computadores a los profesores y no sabían manejarlos. Necesitamos educación para los estudiantes, pero también para los profesores”, dice.

“Yo me capacité en los programas que brinda el gobierno y me dieron mi computador, con el que he estado elaborando las guías. Pero yo soy la excepción; hace falta una mayor capacitación de los docentes”, asegura Leandro. Y explica que las guías las realizaban principalmente en las cabeceras municipales los profesores que tenían acceso a computador y se habían capacitado. Después las guías físicas eran enviadas a los estudiantes.

La movilidad en Chocó se hace a través de los ríos en pequeñas embarcaciones conocidas como ‘chalupas’. Durante el confinamiento estricto, que inició el 25 de marzo del 2020 y finalizó el 31 de agosto, las guías eran enviadas a los estudiantes junto con los víveres de abastecimiento que partían de las cabeceras municipales. “Nosotros las mandábamos con los líderes cuando venían a la cabecera municipal, porque era imposible contactarse con ellos”, cuenta Leandro.

Dependiendo de cuán alejada estaba la zona donde eran enviadas las guías, estas podían viajar durante unas horas o incluso un día entero. El profesor David Córdoba cuenta que en algunas ocasiones comunicarles a sus estudiantes que las guías ya habían sido enviadas y dónde debían recogerlas era un reto. Los llamaba a todos hasta poder contactar a uno que tuviera señal y le pedía que comunicara la información a sus compañeros vecinos.

Las comunidades indígenas fueron de las más afectadas por la lejanía de sus resguardos y la poca conectividad con la que cuentan. Camilo* es profesor en una comunidad en el Medio Atrato, y cuenta que el lugar más cercano para conseguir señal queda a cinco horas a pie de donde está ubicada la población. Movilizarse hasta este punto no es garantía de que se va a obtener comunicación, la señal es inestable, y si las condiciones climáticas no son favorables, es imposible obtenerla. Allí la educación virtual es impensable.

Cuando en las comunidades rurales había un docente se facilitaban las cosas, pues recibía las guías y las compartía con los estudiantes. También lograba resolver las inquietudes que quedaban. Por las medidas de aislamiento, algunos profesores utilizaban megáfonos o pedían prestados unos parlantes conocidos como ‘bocinas’, para dictar algunas clases desde la calle. Camilo cuenta que llegó un punto en el que los docentes de las comunidades indígenas debieron ir casa por casa dando instrucciones de las guías, aún durante los momentos de aislamiento estricto, cuando fue difícil de cumplir porque algunos temas necesitaban ser explicados.

Rosío González trabaja en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), organización aliada del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), una iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil que investiga en varios municipios de Chocó. Ella asegura que los maestros debieron ingeniarse diferentes formas para tener contacto con sus estudiantes. “Una de las alternativas que vimos fue el uso de la radio, que fue fundamental para algunos profesores. Por ejemplo, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) prestó su emisora comunitaria”, dice González. 

Adith Bonilla, coordinadora territorial de la Comisión de la Verdad en Chocó, explica que en el departamento la radio ha sido importante para poder solventar la baja conectividad. “Siempre he dicho que en el Chocó estamos en el siglo XII, en el voz a voz. [Durante la pandemia] nos tocó grabar unas cápsulas y pasarlas a través de las radios comunitarias para que la gente supiera del trabajo de la Comisión, porque no había otros medios”, dice Bonilla.

Los docentes consultados para este reportaje aseguran que el acompañamiento familiar no existía, o era insuficiente. “En muchas familias el padre o la madre no sabía cómo explicarle al niño, o tenía que salir a trabajar y no lo podía hacer. Esto dificultaba más los procesos educativos”, cuenta González.

Las guías, recuerdan algunos maestros, eran devueltas por los estudiantes a través de sus correos, de Whatsapp o de manera física, dependiendo de sus posibilidades. Pero había casos en los que las guías no recibían retroalimentación porque no eran entregadas. “Uno las enviaba en la chalupa con la esperanza de que las resolvieran y que pudieran aprender. Pero uno sabía que muchas veces no iba a poder hacer el seguimiento; era imposible por las dificultades de conexión”, dice Leandro.

Chocó silenciado

Varios de los docentes prefirieron no aportar sus nombres en este reportaje. La situación de orden público –con el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en disputas por el control territorial– que vive Chocó los obliga a cuidarse de lo que dicen. “Mejor no diga mi nombre. Después uno se mete en problemas y es mejor evitar”, asegura uno de ellos. Camilo, quien es docente indígena, agrega que muchos maestros se están moviendo constantemente en el territorio y que no es bueno usar su nombre real.

Incluso hablar por teléfono es peligroso. Un líder social del departamento asegura que las AGC los han amenazado por esto. “Nos dicen que nos tienen chuzados, que pilas con lo que andamos diciendo por ahí. Entonces la gente cada vez tiene más miedo de hablar”, cuenta.

“Hay un control total en el territorio, los ‘puntos’ [personas de civil que tienen las AGC al interior de las comunidades] controlan toda acción: lo que dicen, a dónde se mueven, lo que hacen, si hacen una reunión [...] Por esta misma desconfianza muchas veces los líderes se niegan a hablar incluso entre ellos mismos”, dice Adith Bonilla, de la Comisión de la Verdad.

También hay temas que prefieren omitir. Reconocen que los grupos armados y las bandas delincuenciales están reclutando a los jóvenes, pero no ahondan en la denuncia. La pandemia incluso invisibilizó las situaciones de conflicto, como denunció en junio del 2020 la Diócesis de Quibdó, junto a otras organizaciones en territorio. Entonces dijeron que el control y la violencia por parte de los grupos armados “siguen causando el mayor daño” a las comunidades. La situación no ha cambiado. Con la pandemia, dice Bonilla, los grupos armados tomaron mayor fuerza. “Porque las comunidades quedaron solas; las ONG no podían hacer sus visitas”, explica.

Las minas antipersonales también han puesto en riesgo la labor de los maestros. Varios debieron movilizarse por el territorio no solo con el miedo a contagiarse de covid-19, también con temor de quedar en medio de una confrontación armada o incluso caer en una mina. Un docente, que pidió el anonimato, asegura que tienen información de que a los alrededores de una de las escuelas en la zona rural hay minas que pueden poner en peligro a la comunidad educativa.

Durante el confinamiento por el covid varios docentes fueron amenazados. Líderes sociales confirman que al inicio de la pandemia algunos maestros que viajaban desde el casco urbano no alcanzaron a salir de las comunidades. En los territorios lograron grabar las confrontaciones armadas y los confinamientos que se presentaron en el Chocó. Después compartieron esto por diferentes medios. “Los profesores salieron amenazados, porque eso que se vio en las noticias no es nuevo, es lo que se vive a diario. Pero las comunidades no tenían celulares para grabar. Los profesores que no pudieron salir, grabaron. Y vea, de una los amenazaron”, asegura una lideresa.

Los docentes además perdieron contacto con algunos estudiantes. “Esto generó problemas de salud mental en algunos docentes, porque no sabían qué pasó con sus alumnos, si estaban bien, si algún grupo los había reclutado o incluso se habían ido a trabajar a alguna mina”, cuenta Rosío González, del CINEP. Sin la escuela como una institución presente en la vida de los niños, niñas y jóvenes, muchos quedaron a la deriva y vulnerables frente a propuestas de trabajo legal e ilegal. Los profesores confirman esta información, aunque prefieren no ampliar el tema.

En octubre de este año los estudiantes regresaron a las aulas. Leandro piensa que es importante volver a la presencialidad, pero dice que no cuentan con las condiciones para hacerlo. “En el colegio hay un solo baño habilitado para que entren los niños, las niñas y los maestros. Así es muy complicado”, dice. 

La pandemia no solo impactó la salud de miles de colombianos en estos rincones alejados. También acentuó los rezagos de siempre, y amplió la brecha de desigualdad en temas decisivos como la educación. Pasará mucho tiempo antes de que estas trabas empiecen a evaluarse y a resolverse. 
*Los nombres de estas fuentes fueron cambiados para proteger su identidad.

 

 

Actualizado el: Mar, 02/01/2022 - 08:16

Por: Camila Ramos, Sabrina Bastidas y Ana Rodríguez. 

Entre tragos Uriel Romero decide hacer la pregunta final: “¿usted mató al acólito de la iglesia?”. Alias ‘Canica’ guardó silencio un momento antes de por fin contestarle, “no, yo di órdenes para que lo mataran porque yo era el comandante”. Así, Uriel se enteró que su hermano Adonai, había sido asesinado y que tenía enfrente al responsable de su muerte.

Aprovechando su estado de alicoramiento, Uriel comenzó a cuestionarlo sobre las desapariciones en Chámeza, Casanare. Había escuchado antes que aquel hombre había participado en la masacre de Mapiripán y que también había estado presente el día en que su hermano fue desaparecido.

El paramilitar no se imaginaba que estaba siendo interrogado por uno de los familiares de Adonai y, sin quererlo, había comenzado a dar pistas fehacientes de su responsabilidad en la muerte del joven. ‘Canica’ le confesó que en Chámeza habían desaparecido a muchas personas, pero que a él le dolió cuando desaparecieron al acólito de la iglesia porque “era un pelao bien”.

Uriel Romero lleva siempre con él la foto de su hermano, Adonai Romero, y una camisa con las fotos de todos sus familiares desaparecidos.

Fotografía: Camila Ramos, Sabrina Bastidas y Ana Rodríguez. 

Durante el período del 2001 al 2003, el municipio de Chámeza, Casanare vivió duros episodios de violencia. De acuerdo con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el municipio se registraron un total de 37 desapariciones forzadas. Las familias de las víctimas se han encargado de la búsqueda de sus seres queridos y solos han logrado encontrar cerca de nueve cuerpos.

Las personas desaparecidas, usualmente, son víctimas de tortura y, en la mayoría de los casos, nunca recuperan su libertad. En el caso de Chámeza, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) señala que, “se ha encontrado que los cuerpos de las personas eran desmembrados para luego ser inhumados en fosas clandestinas muy pequeñas o fosas comunes. En otros casos, eran lanzados a ríos o lagunas”.

En Colombia, finalizando la década de los noventa, hubo una transformación del mecanismo de desaparición forzada cuando con el recrudecimiento de la guerra, esta “dejó de ser monopolio del Estado y pasó a hacer parte de los repertorios de violencia de grupos armados ilegales, como las guerrillas y los grupos paramilitares”. 

En busca de Adonai

Uriel tenía 17 años cuando comenzó la búsqueda de su hermano Adonai Romero. En 1997 los frentes 38 y 56 de las Farc atacaron la alcaldía, el colegio, las sedes de la Policía y la Registraduría y algunas casas de los habitantes del municipio, según el CNMH. A raíz de esto, en 1999 Uriel dejó de asistir al colegio y recibió un aviso de su primo militar de que él y su familia tenían que irse de Chámeza. Su hermano se quedó atrás, impulsado por la vocación de servir a la iglesia, de la que era acólito de un padre de apellido Arbeláez. En 2001 Uriel regresó solo a Chámeza, luego de haber salido desplazado con su familia tres años atrás. 

 

 

En el municipio vecino le dijeron a Uriel que su hermano había desaparecido junto a otras personas de la región. Un año y medio después de la desaparición de su hermano, Uriel pisó de nuevo el suelo de la tierra que lo vio nacer, a pesar del rumor de que “quien tuviera que venir a Chámeza se moría”. Ahí fue cuando se encontró con alias ‘Canica’, el paramilitar que había estado al mando durante los duros tiempos de violencia en la zona. 

Chámeza había comenzado a ser visible a causa de las grandes reservas de petróleo en la zona en los años noventa. Por esta razón, se creó la XVI Brigada del Ejército, ubicada en Yopal, Casanare, a dos horas del municipio. Según el informe ‘Chámeza, Memorias de la sal que nos dio la vida’ del CNMH, esta tendría la labor de garantizar la explotación petrolera y hacer frente al incremento de la presencia de las Farc y el Eln en la zona. 
 
En este informe se encuentran algunos relatos de víctimas del municipio que acusan a la XVI Brigada y a otros miembros de la Fuerza Pública de señalar a Chámeza como “zona roja” y a sus habitantes como colaboradores de la guerrilla. Según los testimonios, esto desencadenó la oleada de asesinatos y desapariciones a campesinos, profesores y médicos por esta estigmatización. Mariana Toro, familiar de José Santos Toro y Rigoberto Toro, desaparecidos en la región, comentó en una entrevista con el CNMH que esta brigada del Ejército se había ensañado con la comunidad luego de que la guerrilla asesinara a uno de sus soldados en el municipio.
 
La desaparición forzada se convirtió en una de las principales dinámicas ejercidas en Chámeza, lo que llevó a que sus habitantes se desplazaran a zonas aledañas en el afán de proteger sus vidas y las de sus familiares. En el informe se indica que, según el Registro Único de Víctimas (RUV), entre los años 1985 al 2014 se desplazaron masivamente alrededor de 781 familias chamezanas: 18 en el año 2000, 150 en el 2001, 241 en el 2002 y 169 familias en el 2003. Las cifras son aún más alarmantes cuando se tiene en cuenta que en el municipio vivían alrededor de 1.800 personas.
 
De acuerdo con el RUV, entre 1993 y el 2005, se registró un fortalecimiento de la presencia de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) bajo el mando de alias ‘Martín Llanos’, alias ‘Caballo’ y alias ‘Careloco’.

Familias unidas por la búsqueda

Yeison Salamanca es el líder de la Asociación Familiares Colombia Línea Fundadora de Recetor, Casanare, y una de las víctimas de desaparición forzada en la zona. Nueve de sus familiares, entre ellos sus padres y hermanos, fueron desaparecidos, lo que lo obligó a desplazarse de la zona huyendo de la violencia. Yeison y Uriel han trabajado juntos, de la mano con otras familias víctimas del mismo flagelo, pues Recetor y Chámeza son municipios aledaños. Como consecuencia se creó la fundación que, hasta el día de hoy, lucha por encontrar los cuerpos de estas personas que llevan desaparecidas desde hace casi 20 años y así poder obtener justicia.

El dolor y la incertidumbre de no saber dónde se encuentran sus familiares genera que las víctimas se organicen y que sean ellas mismas quienes, pista a pista, hallen un rastro que los lleve al paradero de sus parientes. La ayuda de la comunidad en la reconstrucción de los hechos, la constancia y el tiempo que han dedicado a la búsqueda de cada familiar los ha llevado a encontrar nueve de las 36 personas desaparecidas en Chámeza, según cifras entregadas por Uriel.

 

 

Romero logró limpiar el bosque en un transcurso de tres meses, después de reunir a un grupo pequeño de familiares de víctimas e, incluso, algunos miembros de su familia. Aunque seguían sin encontrar nada, no se daban por vencidos. Guiados por algunas declaraciones de alias ‘Careloco’ y testimonios de vecinos, comenzaron a hacer mapas para llegar a alguna conclusión sobre cómo hallar el cuerpo de su hermano. En este proceso, dieron con un vecino que les dio algunas pistas de los últimos minutos de vida de Adonai.
 

 

 

La Asociación Familiares Colombia ha denunciado que ellos no han recibido apoyo en la búsqueda por parte de instituciones como la UBPD y la Fiscalía, pues han sido las mismas víctimas quienes se han organizado para encontrar a sus familiares. Incluso la Asociación ha propuesto un trabajo en conjunto con la UBPD, pero la respuesta fue negativa. 
 
Estas situaciones han creado choques entre las víctimas y la institución, y sumado a esto, se han puesto obstáculos en la participación de los familiares en la exhumación de los cuerpos y no les han brindado ayuda psicosocial después de la entrega.

Según la UBPD, “desde la apertura de la sede territorial de Yopal, la entidad determinó como prioritario el abordaje de dicho municipio en las labores de búsqueda”. Asimismo, aseguró que ha adelantado la investigación en Chámeza a través de reuniones y también “diálogos constantes con personas y familias que han sido víctimas de las desapariciones forzadas de sus familiares y allegados”.
 
Hasta el momento, aseguró la misma entidad, solo se ha desarrollado una acción humanitaria de prospección, es decir, exploración del terreno para descubrir o encontrar algún cuerpo, pero sin hallazgos positivos. La UBPD afirmó que ha propuesto espacios de pedagogía con organizaciones de desaparición forzada del municipio y que ha articulado acciones con la institucionalidad local. Sin embargo, esto se contrapone con los relatos de los familiares que han asumido la búsqueda de sus desaparecidos con sus propios medios.

En el caso de Familiares Colombia Línea Fundadora, ni siquiera el Estado les ha ayudado a proteger las zonas de búsqueda a pesar de las denuncias que han enviado sobre posibles obstrucciones en el proceso. Esta es la situación que se vivió con un predio donde se estaban realizando búsquedas y fue perturbado cuando el dueño, un exalcalde, comenzó a construir su propiedad, sin importar las alertas que la comunidad había hecho para que nadie tocara el terreno.
 

 

El miedo al retorno

 

 

Las personas que se ven forzadas a abandonar sus territorios, no contemplan la opción de regresar porque ya no hay nada en estas tierras que los amarre a ellas, solo el dolor. El miedo se vuelve un factor importante en el desplazamiento, pues estas personas no quieren retornar a un lugar habitado por la violencia armada y lleno de recuerdos.
 
Ese mismo miedo impacta sus vidas personales pues suelen cargar solos con sus duelos y angustias. Indepaz señala, en su informe ‘Afectaciones Psicológicas A Familiares De Personas Desaparecidas’, que la desaparición forzada causa “un duelo irresuelto con problemas emocionales y psicológicos profundos que afectan los proyectos de vida de las personas y sus familias, dañando los vínculos humanos y las relaciones comunitarias y sociales, no solo en un corto y mediano plazo, en muchas ocasiones pasan décadas buscando el saber la verdad y justicia para su familia”.
 
Pero a pesar de todo esto, la comunidad chamezana se ha mantenido fuerte en su propósito de construir paz en su municipio. Muchas familias han regresado a sus casas para rehacer sus vidas, viviendo día tras día, sin nunca olvidar.

 

 

Jorge Evelio Díaz, sacerdote de la parroquia San Nicolás de Tolentino, cuenta cómo es la situación actual de Chámeza. Díaz asegura que el retorno le ha dado vida al municipio que, de a pocos, se ha reconstruido y unido.

Los esfuerzos por construir memoria en Chámeza nacen de la misma comunidad que lucha, día a día, por conmemorar y recordar a sus familiares. Pese a que los fuertes episodios de violencia afectaron las relaciones entre los habitantes del municipio, su lucha por buscar a sus seres queridos los unió en el reclamo por la verdad y la reparación. La Asociación Familiares Colombia es una muestra del apoyo que la comunidad se da entre sí, tanto para emprender búsquedas como para sanar junto a otros. 
 
Según los líderes de la Asociación, el Estado ha mostrado poco interés en colaborar con los procesos de búsqueda y con el trabajo en conjunto con la comunidad. También señalan que, a pesar de su ausencia en la investigación, se han abanderado injustamente de hallazgos que han sido resultado del trabajo, tiempo y dedicación de los familiares de las víctimas para encontrar los cuerpos de sus desaparecidos.

La lucha de estas familias no termina cuando encuentran a sus familiares, ya que siguen en una pelea constante con el gobierno local para poder conservar los símbolos que ellos han construido para la memoria. Uno de ellos es la placa ubicada en el parque central del municipio, en donde se encuentran los nombres de las personas desaparecidas. A pesar de los reclamos de las víctimas, la placa se encuentra a un lado del pedestal, partida a la mitad y arrumada junto a escombros del parque.

 

 

Esta placa fue hecha en conmemoración a las víctimas de desaparición, sin embargo, este año en una restauración organizada por la Gobernación sufrió una ruptura y hasta el momento no ha sido reemplazada, pese a las promesas que les han hecho a las víctimas. 
Fotografía: Camila Ramos, Sabrina Bastidas y Ana Rodríguez. 

La UBPD señala que ha recibido 28 solicitudes de búsqueda de Chámeza que se encuentran en trámite. Según la Unidad, en estos casos se han adelantado diálogos iniciales y de ampliación de información, acciones de orientación y tomas de muestras de material genético. Sin embargo, los líderes de Familiares Colombia Línea Fundadora y las familias afirman que han enviado más de cien solicitudes para que la entidad acompañe y apoye la búsqueda que ellos están realizando. “En estos 20 años nosotros hemos recorrido todos los sitios y lugares de fosas. Nosotros no podemos hacer el trabajo que ellos hacen, pero sí podemos trabajar articuladamente. No necesitan venir tres o cuatro veces a hacernos talleres porque eso cansa a la gente”, afirma Yeison Salamanca.

Mientras todo esto ocurre las familias de los desaparecidos no cesan en su lucha y continúan en la reconstrucción de sus vidas luego de que les arrebataran a sus seres queridos. “No es igual recuperar un cuerpo que a una persona viva, pero al menos esto compensará que las víctimas puedan visitar los restos de sus seres queridos, puedan llevar flores, ofrecerles una misa y visitar su tumba cada vez que quieran”, menciona Uriel.

Actualizado el: Vie, 12/17/2021 - 06:56

Reminiscencias, voces para enfrentar la ausencia, es un podcast de La Cola de Rata y Rutas del Conflicto, que busca memorar las vidas de las personas jóvenes que fueron asesinados durante las movilizaciones sociales, del paro nacional de Colombia en 2021. Buscaremos trascender la nota periodística y las cifras entregadas por las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país.

El recuerdo y la voz de sus familiares y amigos más cercanos, serán quienes conduzcan y presenten a través de su narración, sus lugares de origen e infancia, sus sueños, aficiones y temores. 

Por: alianza entre La Cola de Rata y Rutas del Conflicto. 

 

Capítulo 1: Mientras tanto, el sol se muere

Tras la muerte de Lucas Villa se ha asistido a la inacción de las autoridades y a la tipografía inerte que describe los hechos en diarios nacionales. Por ahora, solo algunas investigaciones periodísticas alternas han tenido rigor para ir en búsqueda de la verdad.

Muchos ya contaron solo su muerte, en este podcast se relata cómo fue su vida. Familiares y amistades recuerdan algunos de los momentos que se  quedaron en sus corazones, desde su nacimiento hasta el día de su muerte durante el paro nacional. Acá, narran sus maromas siendo muy pequeño, la rebeldía de su adolescencia, los accidentes de su vida, su búsqueda espiritual y un viaje por Sudamérica del cual regresó muy enfermo. 
 

 

 

 

 

Capítulo 2: La calle es un abismo

Héctor Fabio Morales es recordado por su generosidad. Creció entre la adversidad, con un ímpetu alimentado desde temprana edad por la entrega comunitaria de su madre. Su vida era sencilla, entre afectos familiares y cotidianidades de barrio. Cuando fue asesinado a las afueras del Museo de Arte de Pereira, en pleno contexto de paro nacional, su rostro ya no solo fue recordado por sus familiares. 

Entre voces cercanas, este capítulo reconstruye momentos importantes de su vida, sus motivaciones, sueños y la determinación que tuvo para luchar por una vida digna.

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 12/28/2021 - 22:20

Por: Katharina Danisch y Juan Pablo Arcos. 

En noviembre del 2021, después de cinco años, terminó la primera fase de implementación del Acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 entre el Gobierno colombiano y la ahora ex guerrilla de las Farc. Con este motivo, LIMPAL presentó un informe abordando dos focos de investigación. Una parte expone los resultados del seguimiento a indicadores de género del Acuerdo de Paz  realizado por esta organización, y la otra, informa sobre las acciones de género de la Política de Reincorporación socioeconómica de exintegrantes de las FARC-EP.

LIMPAL es una organización no gubermental, feminista, pacifista y antimilitarista en Colombia que hace parte del movimiento Women´s International League For Peace and Freedom (WILPF), que trabaja en más de 50 países. Se reconoce como el movimiento pacifista de mujeres más antiguo en el mundo. LIMPAL busca aportar a la construcción de paz en Colombia bajo criterios feministas, ante todo la participación política de las mujeres y su concepción como sujetas políticas, además del reconocimiento, la defensa y la protección de las mujeres y niñas. Con estos propósitos LIMPAL lleva 20 años trabajando en Colombia.

Alrededor de tres velas; una blanca, otra amarilla y otra morada, comenzó la socialización del informe, invitando a las y los invitados a reflexionar sobre el aporte que realizan desde sus campos de estudio y conocimiento para ayudar a otras mujeres. El espacio lo realizó Orlydis Vergara Padilla, miembro del grupo de investigación territorial en Bolívar y Meta.

En junio y julio de este año, las investigadoras de LIMPAL hablaron con más de 50 mujeres, entre las que se encontraban mujeres ex-combatientes de las Farc en proceso de reincorporación, en los departamentos del Meta y de Bolívar. De acuerdo con Diana María Salcedo López, directora de la organización no gubernamental, estas mujeres “habían estado participando en diferentes espacios y procesos de implementación del Acuerdo de paz”. 

En las entrevistas se incluyeron las voces de mujeres de diferentes sectores sociales que vienen de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), tanto de la ruralida, como de zonas urbanas. Además, el análisis aborda un componente importante de mujeres que se reconocen como negras y uno de mujeres con identidades y orientaciones sexuales diversas. “Esta lectura fue bastante compleja de tejer porque la mirada es distinta dependiendo donde se ubica uno, pero la misma diversidad de mujeres también nos da una perspectiva muy importante en términos de interseccionalidad” dijo Salcedo. 

RIESGOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

Recolectar y reflejar las experiencias y percepciones de todas estas mujeres sobre la implementación del Acuerdo de paz, así como posicionar sus miradas respecto a las narrativas institucionales fue uno de los principales objetivos de la investigación.  “En general, en muchos casos el análisis que proponen las mujeres contrasta con lo que reportan entidades públicas en su informes”, explicó Natalia Chaves Monroy, Coordinadora de Investigación de LIMPAL.

La representación de las mujeres en lo pactado en el Acuerdo de paz no se ha visto de forma real en los territorios, sobre todo en la toma de decisiones colectivas y la búsqueda de liderazgos. En su momento, 65 mil mujeres participaron en los espacios de construcción de los PDET, lo que representa el 32,5% del total de participantes, como reporta la Agencia para la Renovación del Territorio (ART). Sin embargo, de las más de 33 mil iniciativas recogidas para los PDET en todo el país, sólo el 14% (4.620) son iniciativas de género. 

Las mujeres que participaron en los grupos de planeación hoy sienten que su esfuerzo fue en vano y que las acciones que ellas propusieron directamente dirigidas hacia las mujeres, “al recogerlo el Estado ya no aparecen como tal” sino de forma generalizada, lamenta un lideresa del municipio El Carmen de Bolívar citada en el informe. 

La incidencia de la ciudadanía, en especial de las mujeres, para el ejercicio de  seguimiento y la veeduría, fue insuficiente desde el principio y se ve aún más limitada por la pandemia de COVID-19. En general se puede observar una grave desarticulación entre la variedad de acciones de diferentes entidades públicas, que afecta la efectividad, el alcance y la sostenibilidad de las acciones en los territorios. A falta de un llamamiento real del Estado para su participación, las mujeres debieron ejercer una autogestión en los viajes y en la manutención propia en los territorios donde se discutían los proyectos para que su voz fuera escuchada.

Las mujeres citadas en el informe consideraron no sólo inadecuadas, sino incluso dañinas las medidas del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). “En este programa únicamente hacen como 6 sesiones, te visitan 6 veces y ya, hacen un reporte cuando la víctima se encuentra en otro estado,” contó una mujer del Bolívar en una entrevista para el informe. El PAPSIVI se constituye como el grupo de procedimientos que permiten atender los impactos psicosociales y los daños a la salud física y mental de las víctimas del conflicto armado. 

Ordylis Vergara Padilla, investigadora de LIMPAL, deja claro que el acompañamiento psicosocial continuo, y no solamente a corto plazo, sería fundamental para que las mujeres puedan sanar “afectaciones que seguramente han estado transmitiendo por todo el cuerpo, el alma y todas las emociones durante años”. Sin embargo, en vez de recibir apoyos integrales, sienten que el gobierno las sigue re-victimizando, que no tiene suficiente respeto para las víctimas y que existe una falta de empatía de los funcionarios públicos para sus experiencias de pérdida y dolor. En total, apenas el 6% de las 3.745.822 víctimas mujeres del conflicto armado registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) recibieron atención o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional. 

 

Entre las organizaciones que hicieron parte de la presentación del informe se encontraba la Misión de Observación Electoral (MOE), la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad para las Víctimas, la Contraloría General General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Así mismo, estuvieron presentes entidades internacionales como ONU Mujeres, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Embajada de Suecia y muchas otras.

El balance no es más alentador en cuanto a los programas para las alrededor de 3.200 mujeres exintegrantes de las Farc en proceso de reincorporación socioeconómica. Ante las alarmantes cifras de asesinatos de ex-integrantes de Farc, que están cerca de las 300 víctimas mortales de acuerdo con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, a las autoras del informe de LIMPAL les “resulta inexplicable la falta de voluntad política del gobierno para desarrollar acciones efectivas que prevengan y sancionen la ocurrencia de estos hechos.” Además, las mujeres excombatientes resaltaron en las entrevistas su necesidad de tener proyectos productivos u oportunidades laborales que aseguren su autonomía económica. Los  obstáculos como la falta de acceso a la propiedad de tierras, la ausencia de infraestructura para la comercialización de productos o las barreras para acceder a un apoyo para proyectos que se quieran ejecutar, dificultan las condiciones socioeconómicas de las mujeres y su reintegración en las comunidades. 

Este panorama evidencia  la limitada implementación de los 51 indicadores de género del Acuerdo y su principal factor es el aumento de acciones de grupos armados en los territorios, así como un desconocimiento grande sobre el PMI y medidas como el Plan Integral de Mujeres Lideresas y Defensoras a nivel local. 
 

AMENAZAS PARA EL TEJIDO SOCIAL

Cuando las acciones por parte del Estado se implementan sin un proceso de acompañamiento de la comunidad y sin un análisis del contexto social puede generar una desarticulación del tejido social, pero también profundiza las rupturas que ya hay en el territorio, explicaron las investigadoras de LIMPAL. “Lo que ellas nos han mencionado, y lo que nosotras también hemos visto, es que se da entonces una ruptura con las otras mujeres que están en el territorio porque hay una priorización de las victimizaciones de las mujeres y eso inevitablemente lleva a una ruptura. Son hechos donde las mujeres empiezan a competir por la oferta institucional, que genera competencias en el territorio por los liderazgos y por las vocerías”, dijo Orlidys Vergara Padilla.

Vergara, quien hizo parte del equipo de investigación territorial en Bolívar y Meta, también  mencionó   la competencia electoral con las Curules de paz que se votan el 13 de marzo de 2021, que a su vez,  afecta los lazos sociales entre las mismas víctimas del conflicto armado y entre las mujeres. Según la investigadora, estos procesos demuestran las estructuras machistas y patriarcales que ponen en riesgo a las mujeres que compiten contra sus compañeros masculinos y que compiten a su vez entre ellas. 
 

PROMESAS INCOMPLETAS 

El enfoque de género en el Acuerdo de paz es una victoria de las organizaciones defensoras de mujeres y de la comunidad LGBTI+ que incidieron en las negociaciones. Fue reconocido internacionalmente por ser el primer Acuerdo de paz con un enfoque de género transversal en el mundo. Sin embargo, lo que se escribió hace 5 años, en la realidad de la implementación no está teniendo los efectos de cambio esperados. “Transversalizar el enfoque de género implica muchas veces solo incluir “los” y “las”, pero no hay una incorporación real desde la estructura misma desde donde se planean las cosas. Parece como si el enfoque de género, que además solamente es asociado a las mujeres, se solucionara con incluir dos o tres cosas con relación a las mujeres”, expresó Diana Salcedo López, directora del LIMPAL.

 

 

“Nosotras hicimos una gran cantidad de propuestas, inicialmente habían varias quedadas, pero en lo que nos han ido mostrando, de cómo quedó finalmente nos damos cuenta que nos cambiaron la mayoría [...] las peticiones de las víctimas no se ven reflejadas y las de las mujeres mucho menos. [...] vemos que no pasa nada, todo se va en palabras y promesas”, expresó una lideresa del municipio La Uribe en el Meta. Las investigadoras de LIMPAL comparten este sentimiento de miedo y frustración, “pero frente a esta situación siempre hay dos caminos”, reflexiona Diana, “o nos quedamos quietas y miramos  o andamos y proporcionamos acciones para el cambio. Hay una capacidad en las mujeres, poniendo nuestras experiencias al servicio de la construcción de paz para que este sea un país donde se puede vivir en dignidad”.

 

Diana Salcedo López, directora del LIMPAL, habla sobre el informe de los primeros cinco años del Acuerdo de paz y su enfoque de género.

De todas maneras, la implementación diferencial del Acuerdo es fundamental para avanzar en la construcción de una paz duradera porque tanto la experiencia de la violencia durante el conflicto armado como las necesidades para mejorar las condiciones de vida y encontrar estrategias de sanación y reconciliación son diferentes según el género. En eso insiste Diana Salcedo: “Las mujeres hemos sido las mayores víctimas de la guerra, pero también desde antes del diálogo de paz, habíamos tejido puentes para nuevos diálogos y la transformación de esos conflictos”. 

Actualizado el: Lun, 12/13/2021 - 17:29

Por: La Liga Contra el Silencio.

El 6 de septiembre pasado, a las 11:53 de la mañana, Rutas del Conflicto* recibió un mensaje desde el correo servicio.antifraude@telefonica.com, con copia a phishing@telefonica.com. “[Abuse][Ecopetrol] Exposición de información confidencial detectada en su sitio web”, decía el asunto. En este mensaje, que parecía generado de forma automática, Telefónica España dice que es la encargada de proteger la ciberseguridad y gestionar las acciones fraudulentas en contra de Ecopetrol, y advierte a Rutas del Conflicto que en su página web fue detectada información confidencial de su cliente. 

La multinacional se refiere al Acuerdo de Cooperación-AC- No. 01, publicado en la investigación Convenios de Fuerza y Justicia, realizada junto a La Liga Contra el Silencio. Allí se presentaron detalles sobre un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía y varias empresas minero-energéticas de Colombia. “El fichero disponible para descarga en este enlace”, continúa el correo, “es un documento que pertenece a nuestro cliente, y contiene información confidencial (Procedimientos internos, infraestructura, etc.) de su organización. Esta información interna representa un alto riesgo contra nuestro cliente y por ello, no ha autorizado su acceso público”. El mensaje concluye con la solicitud de darle fin a lo que ellos consideran un fraude, pidiendo que el documento referente al contrato sea eliminado inmediatamente. 

Pero este convenio, donde participan Ecopetrol, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO), figura en un documento encontrado en la plataforma de contratación pública Secop I. La naturaleza de la información consignada en esta plataforma es pública, en aras de garantizar la transparencia en los contratos que se celebren con instituciones del Estado. Por lo tanto, el reclamo no procede.

Raissa Carrillo, coordinadora de atención y defensa de periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), considera que la exigencia de Telefónica es grave. “No solo afecta a la difusión y a la parte colectiva de la libertad de prensa y la libertad de expresión; también puede evitar que se den más investigaciones sobre estos temas, y esto rompe con la veeduría que no solo hacen los medios, sino también la ciudadanía”, dice. 

El correo lo firma CyberThreats Anti-Fraud Service, de Telefónica Tech, que según su página web, es un “proveedor de Servicios de Seguridad Gestionada Inteligente”. Una división de Telefónica España que ofrece ciberseguridad con tecnología de punta. Además de Ecopetrol, tiene clientes como Mercedes Benz, Highways England y Gestamp, entre otras multinacionales. 

 

 

Ante la solicitud de eliminar información pública, esta investigación presentó  derechos de petición a Ecopetrol y Telefónica para conocer qué tipo de relación tienen estas empresas y cómo pueden llegar a atentar contra el derecho a la información pública, el principio de transparencia y la libertad de prensa en el país. 

Hasta la fecha de esta publicación, Telefónica no respondió a nuestros cuestionamientos. Ecopetrol, por su lado, dice que ambas empresas tienen relaciones contractuales desde 2004, y que esos servicios son de dos tipos: uno de infraestructura de comunicaciones y otro de ciberseguridad. 

 

¿Ciberseguridad o censura? 

 

La ciberseguridad, según la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología, es “el conjunto de recursos, políticas, conceptos de seguridad, directrices, acciones, seguros y tecnologías que pueden utilizarse buscando la disponibilidad, integridad, autenticación y confidencialidad, con el fin de proteger a los usuarios en el ciberespacio”. La discusión en torno a la ciberseguridad en Colombia ha sido larga, pero poco profunda, como lo expresó Karisma en una nota de 2020. El debate se ha desarrollado en torno a una política de seguridad nacional que ha intercalado la responsabilidad entre el Estado y terceros. 

En este caso, Telefónica Tech ofrece un servicio denominado Security Operation Center (SOC), que toma medidas de seguridad digital ante ataques cibernéticos y delitos informáticos para empresas como Ecopetrol. Un ejercicio alineado con la política nacional de seguridad digital. En esto se basa Ecopetrol para argumentar que su infraestructura física y digital es vital para la seguridad energética del país. Esto los lleva a actuar frente a riesgos en el ciberespacio. 

Hasta el 19 de octubre pasado, Ecopetrol asegura haber analizado más de 3.000 intentos de phishing, identificado 3.000 publicaciones no autorizadas, y retirado más de 1.194 campañas falsas de ofertas de empleo, minimizando así el riesgo de ciberataques por medio de servicios como el SOC. La ejecución de este servicio, “emite alertas cuando detecta casos de publicaciones en los que eventualmente se pudieran violar normas de confidencialidad, vulnerar la Ley de Habeas Data o presentarse suplantaciones para engañar o defraudar a terceros”, dice la empresa. Un ejercicio que consiste en monitorear la web para ver qué información hay de la empresa y cómo puede llegar a afectarla.

Edgardo Alonso Arrieta, de la gerencia de cyberseguridad y ciberdefensa de Ecopetrol admite, en la respuesta al derecho de petición enviado, que la información publicada por Rutas del Conflicto es verídica, y que efectivamente se encuentra disponible en Secop; de modo que “no hay lugar a la solicitud de eliminar dicha información”, expresó Arrieta. La respuesta concluye haciendo énfasis en que Ecopetrol respeta la libertad de prensa, y que el SOC lo único que hace es proteger a la compañía de delitos informáticos.

Para Emmanuel Vargas, abogado, periodista y codirector de El Veinte, una asociación que combate la censura a través del litigio en Colombia, el caso de Telefónica España y Ecopetrol demuestra el interés que tienen las compañías por cuidar su reputación en internet. Esto, según Vargas, también evidencia cómo estos servicios recurren a presiones legales para que medios de comunicación como Rutas del Conflicto no afecten la reputación de sus clientes.

Otro caso particular es el de Eliminalia, una empresa catalana que ofrece eliminar las menciones a los nombres de sus clientes en la web, por medio de estrategias que rayan con la ilegalidad, como lo denunció La Silla Vacía, cuando dicha organización trató de censurar una publicación del medio a toda costa. También fueron investigados por presuntamente suplantar a funcionarios de la Unión Europea para presionar a medios de comunicación. 

Vargas considera que en el futuro otras compañías de relaciones públicas o de comunicaciones podrían ofrecer estos servicios de monitoreo web, pues cada vez más empresas empiezan a ser conscientes de la necesidad de tener una buena imagen en internet.

“Lo que uno esperaría es que la gente contrarreste sus problemas de reputación no haciendo cosas malas, pero eso no es lo que se encuentra en la práctica”, comenta Vargas. Por el contrario, lo que buscan estas compañías es borrar el contenido publicado, esconder o silenciar la información que les afecta. 

La relación entre ambas compañías es llamativa. Ecopetrol es una petrolera de economía mixta, considerada por muchos como la empresa más importante del país. En materia de derechos humanos su compromiso con garantizarlos queda en entredicho. Así lo evidencia el índice Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), que mide a las principales empresas del mundo según su respeto a aquellos, y que le dio en 2019 una calificación de solo 40,4 puntos sobre 100.

Por su parte, Telefónica es una multinacional española dedicada a las telecomunicaciones y que promueve activamente los derechos humanos a través de campañas como #OrgulloDeTi, que recalca su compromiso con los derechos de las personas LGBT+, o de la Fundación Telefónica, que le apuesta a la transformación social por medio de la educación y la cultura digital.

Desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial, este tipo de firmas debe contar con una política de derechos humanos que se aplique integralmente y que blinde sus acciones y a las personas que se vean afectadas de una u otra forma. La ciberseguridad también está integrada a estas acciones empresariales. 

Sin embargo, muchas veces la norma no se traslada a la acción, generando unas zonas grises de interpretación y un panorama difuso frente a las consecuencias de estos actos. “Los derechos humanos hay que tomarlos desde el momento cero, no cuando ocurre la masacre. Se deben abordar desde esa visión preventiva y tener claridad sobre lo que está impactando la ciberseguridad; por qué se hace, cómo se hace, cuándo es legítimo, cuándo no”, dijo una abogada especialista en el tema. 

 

¿Protección u opresión? 

 

Desde hace algunos años en Colombia, diferentes organizaciones, en especial de abogados, contactan a medios de comunicación o a periodistas con un reclamo: dicen que se está vulnerando el derecho al olvido de sus clientes. Como sucedió con el correo de Telefónica España, solicitan la eliminación inmediata del contenido, y advirtiendo que en caso contrario podría haber consecuencias legales.

El derecho al olvido es una faceta del derecho al habeas data que reclama la eliminación o modificación de contenido publicado en la web porque ya no cumple con la finalidad de su tratamiento. En Colombia la jurisprudencia (sentencias T-414 de 1992 luego se delimita su alcance mediante la T-277 de 2915 y T-725 de 2016, entre otras, y la jurisprudencia más reciente es la T-098 de 2017) al respecto es uniforme desde hace pocos años, y aplica solo a información financiera en bases de datos de entidades públicas y privadas.

La FLIP explica que el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos que prevalecen sobre el derecho al olvido. Sin embargo, persiste la estrategia de empresas que intentan eliminar o esconder las publicaciones que afectan su reputación en internet. Estas acciones, que se realizan tras identificar el contenido perjudicial a través del monitoreo web, pueden entorpecer el ejercicio periodístico con amenazas legales.

El derecho al olvido no aplica para contenidos periodísticos, pues prima el deber de informar a la ciudadanía en temas de interés público. De igual forma, el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012 dispone que el régimen de datos personales (del cual se deriva el derecho al olvido) no se aplica a contenidos periodísticos. En Colombia, es una restricción al derecho a la libertad de expresión obligar a los medios a eliminar información relacionada con procesos penales. En nuestro país solo un juez podría restringir la libertad de expresión o de prensa.

En este panorama, los periodistas deben recurrir a otros mecanismos de protección, desde conocimiento legal para responder a estas solicitudes, hasta recursos preventivos durante el ejercicio periodístico. “Utilizar internet desde la pestaña de incógnito; esto permite que no haya una huella digital. O recurrir a otros medios para contactar a las fuentes, entre otros”, comenta Raissa Carrillo, coordinadora de atención y defensa de periodistas de la FLIP.

Pero no siempre se cuenta con una asesoría legal inmediata. Con el fin de evitar “más problemas”, los periodistas ceden a la petición y terminan borrando o desindexando el contenido. “El simple hecho de que ya les llegue la carta es desalentador, prefieren evitarse el problema. Aunque sea una decisión autónoma, es autocensura”, dice el abogado Emmanuel Vargas. 

Con la autocensura vienen los riesgos físicos y psicosociales derivados de estas solicitudes, que casi siempre buscan solo intimidar. Desde la coordinación de atención y defensas de periodistas de la FLIP han identificado que, en la mayoría de los casos, este tipo de afectaciones no son tan evidentes, y por eso es preciso prestarles mayor atención. “Si te llega una amenaza por redes sociales, eso tiene un impacto emocional y en tu seguridad física. Si esto conduce a un camino de autocensura, hay que corregir y minimizar las debilidades que uno tiene”, dice Raissa Carrillo. 

La particularidad de cada caso elevará o disminuirá la autocensura y los riesgos que se puedan presentar. Sin embargo, en todos los casos se ve una constante: las acciones que debe tomar el periodista para su autoprotección devienen en opresión. Esto ocurre porque la responsabilidad cae sobre los hombros del reportero. Es decir, se culpa al periodista por no haber sido lo suficientemente cuidadoso con la información. 

 

Ciberseguridad sí, pero no así 

 

Con todos los matices que se generan alrededor de la ciberseguridad, es importante decir que esta ha sido utilizada con fines de prevención. “No hay que decirle no a la ciberseguridad, porque hay procesos encaminados para prevenir delitos contra menores. Hay que evaluar cada caso”, dice Raissa Carrillo, de la FLIP. 

La particularidad define la ruta de acción y ha dado resultados favorables en la prevención de delitos contra menores de edad, por ejemplo. Pero en cuanto a los medios de comunicación, la ciberseguridad entra en una zona gris donde puede estar amenazada la libertad de prensa y la libertad de expresión, e incluso el acceso a información pública. 

Esta zona gris ha permitido que el concepto de ciberseguridad mute hacia variaciones como el ciberpatrullaje, un compendio de acciones de vigilancia en línea, principalmente en redes sociales. La más reciente investigación de la FLIP, titulada Los jueces de la verdad, el mar de mentiras detrás del ciberpatrullaje del Estado, revela que durante las manifestaciones sociales de este año, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares realizaron una campaña dirigida a identificar a ciudadanos que cuestionaban o criticaban su labor. 

El monitoreo web genera preguntas sobre qué criterios se evalúan antes de ejecutarlo, qué se entiende por contenido nocivo para las empresas o entidades del Estado, y qué se pretende vigilar. “Desde el Estado se están catalogando ciertos comportamientos en línea. ¿Qué tan legal es que nos estén vigilando? Ese es el problema de fondo finalmente”, señala la abogada Raissa Carrillo. Además, es clave resaltar que tanto el monitoreo web como el ciberpatrullaje se han convertido en acciones cada vez más masivas que no cuentan con mecanismos de control. 

En medio de este panorama, la ciberseguridad termina funcionando como una moneda, con dos caras: una, como mecanismo para prevenir delitos digitales; otra, como herramienta para presionar a medios de comunicación y periodistas a borrar contenidos. Esta situación invita a mantener la lupa sobre estos casos que violentan la libertad de expresión y acorralan a periodistas y medios que pueden terminar autocensurándose.

*Rutas del Conflicto es uno de los medios aliados de La Liga Contra el Silencio.
 

Actualizado el: Mié, 12/01/2021 - 23:40

Por: La Liga Contra el Silencio.

Una mañana, hace 30 años, Juan Burbano salió temprano de su casa para cortar leña, cuando una rama le cayó encima. Su familia se preocupó porque no regresaba, y lo hallaron desangrado al final de la tarde cuando lo fueron a buscar. Hace dos años, Wilson Arboleda también salió a buscar leña y se hirió con una herramienta. Alcanzó a andar unos metros, pero no encontró a nadie y murió. Ambos hechos, con muchos años de diferencia, sucedieron en la zona rural de Tumaco, Nariño. Ninguno pudo hacer una simple llamada en busca de ayuda.

“Si usted puede comunicarse, avisa y lo llevan al hospital”, dijo César Arboleda, presidente del consejo comunitario del río Gualajo, donde ocurrieron estos casos. “Sería distinto si hubiera conectividad, se pudiera gestionar un helicóptero o una lancha que pudiera salvarle la vida a una persona”, confirmó Lenis Augusto Castro, presidente de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que agrupa a 18 consejos comunitarios de Tumaco y Francisco Pizarro, en Nariño. 

Las muertes de Burbano, de 46 años; y de Arboleda, de 51, retratan parte de las afectaciones de las comunidades ubicadas en el área rural de Tumaco derivadas de la falta de conectividad. 

James Castillo, de la Oficina de Sistemas de la Alcaldía de Tumaco, reconoce que el 98 % del área rural del municipio no tiene telefonía móvil ni internet. Hace 27 años se logró en Colombia la primera llamada entre celulares: entonces hablaron el magnate Julio Mario Santo Domingo, Carlos “El Pibe” Valderrama y María Cristina Mejía, expresidenta de la empresa Celumóvil. Pero todavía hoy las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de esta zona carecen de una comunicación como la de esos tres personajes. “En pleno siglo XXI es triste que en nuestras comunidades esto sea una cosa del otro mundo”, lamentó Castro. 

“La comunicación es por vía humana. Si tú necesitas algo de otra comunidad, mandas un mototaxi y esperas que te regresen la respuesta. Estamos en la era de hielo”, explicó José Santa Cruz, integrante del equipo técnico de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), organización que reúne 34 comunidades campesinas.

A la falta de conectividad se suma que ninguna de las comunidades negras ni campesinas que están agrupadas en Recompas y en Asominuma tiene lanchas ambulancia. Para evacuar heridos o enfermos tienen que buscar a alguien que preste una embarcación. Sin embargo, como no pueden llamar, muchas veces ese proceso tarda horas. 

La situación de Tumaco se repite en otros municipios del Pacífico nariñense. Además, las mujeres sufren impactos diferenciados. 

El 1 de octubre de 2020, en el resguardo indígena Nunalbí Alto Ulbí, de Barbacoas, Nariño, Edelmira Pérez tuvo complicaciones con su embarazo. Ella, de 44 años, prendió las primeras alarmas hacia las tres de la madrugada, en la comunidad Alto Ulbí, en aquel momento confinada por combates entre grupos armados. Un niño salió hacia la carretera Tumaco-Pasto para pedir ayuda. Caminó siete horas; cuando por fin pudo avisar, la mujer ya había muerto. Una comisión de 500 indígenas entró hasta la comunidad por la noche y les avisaron que Edelmira había muerto hacia las diez de la mañana.

Los riesgos en la zona rural de Tumaco superan las complicaciones de salud y los accidentes laborales. En la región operan y combaten varios grupos armados que viven del narcotráfico: la disidencia del Frente 30 de las Farc, la estructura llamada ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’, otra que se reconoce por el nombre de ‘Iván Ríos’, y el frente ‘Oliver Sinisterra’. Este escenario de guerra, que en Tumaco suma varias décadas, convierte al municipio en el segundo con más víctimas de minas antipersonales: 352, según la entidad estatal Descontamina Colombia. 

Las minas son un factor de riesgo cuando los lugareños van a buscar señal de telefonía. “A veces subimos a un árbol, buscamos la parte más alta de las lomas, pero son mínimos los momentos de conectividad”, contó Dilson Quiñonez, presidente del consejo directivo de Recompas. “Son lugares alejados, la gente corre peligros como picaduras de serpientes, de mosquitos. Son sitios de difícil acceso, no son adecuados para ir a llamar”, dijo Arboleda, del consejo comunitario del río Gualajo. En algunos lugares los grupos armados han prohibido los teléfonos, y los incautan cuando descubren que alguien tiene uno.

Ni libros ni internet

Seis líderes comunitarios mencionaron la educación como un tema prioritario. La pandemia agravó las consecuencias de la falta de conectividad sobre niños, niñas y adolescentes.  

La situación de la Institución Educativa de Vallenato, con 521 estudiantes y 17 sedes, dice mucho. El colegio tiene un solo computador que utiliza la rectoría para labores administrativas. “No se han entregado los medios tecnológicos para que avancemos. Seguimos atrapados en el siglo pasado; se sigue enseñando de la misma forma y lo mismo. Eso hace que muchos estudiantes dejen el colegio”, contó Albert Ortiz, rector de esa escuela. 

A la falta de equipos se suma otro obstáculo: el servicio de internet depende de unas antenas satelitales que el colegio no puede instalar. “En la contratación de una sola antena se van entre dos y tres millones de pesos. Tenemos 17 sedes, imagínate si contrato 17 antenas”, dijo Ortiz. 

El pénsum del colegio incluye la asignatura de Sistemas, pero la institución nunca ha tenido un profesor para dictarla. Además, la falta de computadores haría imposible dictarla. Ortiz contó que dan una formación “teórica” sobre tecnología. “Allá ningún estudiante conoce un computador, y no solamente en la institución que yo dirijo. La gran mayoría de las instituciones rurales tumaqueñas no cuenta con una sala de sistemas. Las que tienen solo están dotadas con dos o tres computadores que no sirven”, afirmó Ortiz.

En otros lugares de la región las comunidades han accedido a computadores, pero han sido inútiles por la falta de internet. “Hace cuatro años se hizo la gestión para obtener algunos equipos, pero se dañaron porque no tuvieron uso”, contó Arboleda sobre una experiencia en el río Gualajo. 

Toda esa falta de acceso a las tecnologías y la conectividad se vio agravada con la pandemia. El 15 de marzo de 2020, pocos días después de que se reportara el primer caso de coronavirus en Colombia, el presidente Iván Duque suspendió las clases presenciales y pidió a profesores y directivos diseñar estrategias para estudiar en casa. En varias ciudades la alternativa fue la educación virtual, pero en Tumaco era imposible.

En Vallenato enviaron guías para los estudiantes. Cada ocho días dejaban el material en algunos puntos de la comunidad y de ahí se distribuía a las casas. Pero este método tenía varias limitaciones. “Leer un papel no es lo mismo que interactuar con el maestro”, argumentó Ortiz.

Hubo comunidades donde la educación se frenó por la falta de conectividad y la imposibilidad de distribuir material hacia lugares distantes. “Nuestros territorios se quedaron durante ese año y medio de pandemia sin ver clases, sin poder acceder a clases virtuales”, dijo Dilson Quiñonez, de Recompas. Sin escuelas en una zona con tantos grupos armados, se agrava el ingreso a la guerra de niños y adolescentes.

La situación en las comunidades indígenas no es diferente. Carlos Nastacuás, concejal de Tumaco e integrante de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), aseguró que en los territorios de la comunidad hay tres instituciones educativas y ninguna tiene acceso a internet. “Instalar antenas ha sido un sueño porque cada resguardo tiene su escuela, entonces habría posibilidad de comunicarse, de que los niños puedan estudiar e investigar”, agregó Aura López, consejera de economía y producción de la misma organización étnica. 

Ese aislamiento de los estudiantes genera deserción escolar. Las escuelas de Tumaco rural solo dictan hasta octavo, de modo que los jóvenes deben salir hasta la cabecera municipal a terminar su bachillerato. Esto a su vez genera fracturas familiares. “Puedo poner a mi hijo (que vive en el casco urbano) de cinco años junto a un chico que venga (de las comunidades rurales) con 14 o 15 años y seguramente a este le va a dar miedo ponerle la mano al computador porque no ha tenido la posibilidad de tocarlo, no sabe por dónde iniciar”, dijo Lenis Augusto Castro. 

Además, la gran mayoría de las instituciones educativas no tiene bibliotecas. Allí se educan sin enciclopedias, que fueron símbolos de la Ilustración hace tres siglos, y sin internet. “Ahora la enciclopedia es Google, pero no tenemos ni lo uno ni lo otro”, concluyó Ortiz, que en 2020 pudo gestionar una insuficiente biblioteca de 150 libros para sus 521 estudiantes.  

Ilusiones oficiales y la sombra de Karen Abudinen

Una noticia dio esperanzas a las comunidades campesinas: el Proyecto Centros Digitales llegaría a Tumaco. “Con la implementación de este proyecto, esperamos tener más COLOMBIANOS CONECTADOS, porque con Más TIC construimos Más País (sic)”, dijo en un oficio la exministra Karen Abudinen a Keila Rocío Mendoza, secretaria de Educación de Tumaco. 

Abudinen le comunicó a la administración municipal que el ejecutor de ese proyecto iba a ser la Unión Temporal Centros Poblados. Además, enumeró los departamentos donde esta unión temporal instalaría los centros digitales, y resaltó la palabra “Chocó”. Recordemos que Tumaco pertenece al departamento de Nariño. 

 

 

La exministra explicó que ese proyecto llevaría internet a escuelas en zonas rurales y la comunidad tendría acceso de manera gratuita hasta 2031. El cronograma contemplaba que los centros digitales de Tumaco se entregarían a más tardar el 1 de julio de 2021, pero a la fecha de publicación de este artículo no había ninguno en funcionamiento. La ilusión de las comunidades se evaporó cuando estalló el escándalo de corrupción entre Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. La emisora La W reveló que la Unión Temporal presentó garantías bancarias falsas para acceder a un anticipo de más de 70.000 millones de pesos.

Las revelaciones y la presión social llevaron a que el presidente Duque pidiera en septiembre la renuncia de Abudinen; se declaró la caducidad del contrato el 13 de agosto. Por este hecho hay dos capturados y la Procuraduría adelanta un juicio disciplinario contra tres exfuncionarios del Ministerio. Incluso, Caracol Radio reveló que Juan José Laverde, uno de los capturados, aseguró que le dieron plata al exviceministro Iván Mantilla para favorecer a Centros Poblados.

En Tumaco 130 sedes educativas se habrían visto beneficiadas. “Con el escándalo se paró todo, nosotros tenemos comunicación constante con el Ministerio de las TIC, pero hasta ahora no nos han dicho nada”, lamentó James Castillo, de la Alcaldía de Tumaco. “Con el proyecto de Centros Poblados teníamos una gran esperanza para que la educación llegara a los niños, pero ya sabes lo que pasó con ese recurso”, dijo José Santa Cruz. 

El panorama de ese proyecto luce nublado. Le preguntamos al Ministerio de las TIC qué va a pasar con ese proyecto y cuándo deberán estar en funcionamiento los puntos digitales, respondieron: “Venimos trabajando en la definición del paso a seguir para retomar la puesta en marcha del proyecto, evaluando al detalle las diferentes alternativas jurídicas, técnicas y financieras, siempre pensando en aquellas que mejor atienden a las necesidades de las comunidades. Una vez se adopte la decisión, estaremos informando ampliamente a la opinión pública”.

Con un poco más de claridad se expresó la nueva ministra Carmen Ligia Valderrama, ante la Cámara de Representantes el pasado 16 de noviembre: “Una de las opciones es acudir a quien quedó de segundo en el proceso licitatorio, que es ETB. Pero debo decirles que no es la decisión adoptada por este Ministerio. En este momento ETB es una opción de las alternativas jurídicas que hay. Tenemos que ser muy rigurosos y muy detallistas en la decisión que adoptemos para saber cuál alternativa hay. Hoy no sé si es abrir un nuevo proceso licitatorio a un costo de tiempo muy grande para el país. Es posible, pero no lo sé”, reconoció.

Las palabras de Valderrama desmienten las afirmaciones que hizo Abudinen en un debate de control político el 24 de agosto. “Voy a contar la primera noticia que quiero dar en esta Comisión, y es que ETB va a ser el operador que va a tener este proceso”, dijo la exministra ante el Senado. Las recientes declaraciones de Valderrama acaban con las ilusiones de Castillo, quien daba por segura la continuidad del proyecto: “Sí se va a continuar. No sabemos cuándo, pero ETB ya tiene la licitación”, había dicho.

No es el único proyecto de conectividad del que desconfían los tumaqueños. En otro oficio que la exministra Abudinen le dirigió a la alcaldesa María Emilsen Angulo se mencionó la ampliación del servicio de telecomunicaciones móviles a cargo de las empresas Partners, Tigo y Comcel. La carta incluía un cronograma. A la fecha, confirmó Castillo, hay retrasos, aunque el funcionario no sabe con certeza cuáles antenas ya se instalaron y cuáles no, por lo que envió un documento al Ministerio de las TIC preguntando las fechas de entrega, pero no ha recibido respuesta. 

 

 

“En cuanto a la ejecución, de las 7 localidades previstas para 2021, ya se cuenta con reporte de cumplimiento por parte de los operadores. En este sentido y con el fin de conocer el estado actual de ejecución de estas obligaciones, la Subdirección de Vigilancia e Inspección les solicita periódicamente el reporte de avance de ejecución. Ahora bien, el cumplimiento en la ejecución del cronograma en los proyectos está sujeta a eventuales ajustes, en caso de que se presente y compruebe verdadera imposibilidad de cumplimiento por parte de los operadores, debido a causas excepcionales consagradas en la Ley”, respondió el Ministerio consultado por esta alianza.

En el río Gualajo dicen que quedaron privados de un proyecto por no estar desconectados. “Inscribimos a unas 450 familias y por el tema de conectividad pudieron acceder solo 250, básicamente las que estaban ubicadas en el casco urbano. Quienes estaban en la zona rural no pudieron acceder porque no las pudieron contactar”, contó Arboleda sobre un proyecto llamado Familias en su Tierra, liderado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

“No es verdad, nosotros fuimos a hacer el proceso de inscripción personalizado en el río Gualajo, estuvimos en dos de las cuatro veredas. Fuimos con mi equipo de la dirección regional de Nariño e hicimos el proceso de inscripción en el programa de forma presencial, las llamadas no convalidaban el proceso”, aseguró José Rosales, director encargado de la regional Nariño del DPS y jefe de la gestión regional nacional de Prosperidad Social.

Arboleda también asegura que la directora del DPS, Susana Correa, le prometió a la comunidad en 2019 instalar dos antenas de comunicaciones. Sin embargo, de eso no volvieron a saber nada. “Tuvimos una reunión con el que en ese momento era presidente de la junta del consejo comunitario, Aris Ledesma, con quien sí se establecieron unos compromisos. Pero en ningún momento se incluyeron antenas de comunicaciones”, desmintió Rosales.

Según Castillo, otro proyecto que no llegó fue el de “Conexiones para la Equidad”, anunciado por la exministra de las TIC, Sylvia Constaín. La licitación fue declarada desierta, y la promesa del acceso a internet para 52.000 familias quedó en nada. Las comunidades han incluido la necesidad de conectarse en diferentes pliegos de movilizaciones que han negociado con el Estado. Sin embargo, el cumplimiento de esos acuerdos ha sido muy bajo. En 2018 Unipa dijo que hizo un corte de cuentas: de más de 300 puntos firmados, solo se había cumplido un 25 %.

Por ahora, los habitantes de la zona rural de Tumaco siguen rezando por protección para que un accidente o una enfermedad no les cueste la vida por falta de atención oportuna. Frustrados, ven por televisión y escuchan por la radio discursos de funcionarios que exponen complejas operaciones financieras con recursos que mejorarían la salud y la educación de las comunidades.
 

Actualizado el: Mié, 12/01/2021 - 23:18