Municipio y departamento: ,
Vereda y corregimiento: Puerto León
Presunto responsable:
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LISTADO DE VÍCTIMAS
Actualizado el: Mié, 10/27/2021 - 16:38
En zona rural de Cúcuta, en la vereda Puerto León del corregimiento de Banco de Arena, se presentó la que sería la masacre número 68 en lo corrido del 2021 en el país. Esta vez se trató del asesinato múltiple de tres personas cuando hombres fuertemente armados llegaron a la zona. En el hecho también resultó herido otro hombre. En el lugar, además, se había registrado hacía unos días un ataque con explosivos a una caravana de la Policía.
Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo alertaron de la propagación y expansión de grupos armados en zona rural de Cúcuta. Estos actores armados utilizan métodos como el descuartizamiento, las amenazas y desapariciones forzadas. En el territorio hacen presencia las guerrillas del Eln, el grupo narcoparamilitar de las Agc una Gao frente 33 en alianza con Gentil Duarte y el Comando Danilo García de la denominada Segunda Marquetalia.
El Eln es un grupo guerrillero vinculado con el negocio del narcotráfico que ha hecho presencia en la zona rural de Cúcuta por el control de los cultivos de coca que se encuentran en el territorio. Este grupo guerrillero está en guerra con las Agc o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con las que se disputan el territorio y la puerta de entrada hacia la región del Catatumbo que, además de ser un corredor estratégico para Venezuela y el Caribe, también posee el mayor número de cultivos de coca en el país, según reportes del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el general Óscar Moreno, envió a la zona “una comisión de investigadores y de la Fiscalía para realizar el levantamiento de los cadáveres”. Los hechos están en investigación de las autoridades, aunque, cómo se mencionó anteriormente, se registran enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Eln.
El asesinato del reportero Marcos Efraín Montalvo, ocurrido hace un mes, calló una voz crítica de ese municipio y sumió a sus colegas en la zozobra. Ahora muchos se preguntan cómo seguir en su oficio bajo la amenaza permanente de la violencia.
Marco Efraín Montalvo, de 68 años, llevaba casi 50 ejerciendo el periodismo cuando un sicario lo mató el 19 de septiembre en pleno centro de Tuluá, Valle del Cauca. Ahora muchos de sus colegas temen ser las próximas víctimas de quienes buscan silenciar a la prensa e imponer el terror en esa ciudad. “Existen indicios suficientes para sostener que su homicidio está relacionado con las denuncias que hacía sobre corrupción y bandas criminales locales”, dijo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre este caso. La última vez que ocurrió allí un crimen similar fue en 1994, cuando asesinaron al locutor Horacio Yepes Lozano.
Montalvo trabajó para varios medios regionales y seguía publicando denuncias en sus redes sociales. Trataba temas relacionados con Tuluá, conocida como el ‘corazón del Valle del Cauca’, con una población de unas 218 mil personas y ubicado a 92 kilómetros de Cali. Este es el municipio más habitado en el centro del Valle y tiene influencia sobre al menos cinco municipios cercanos. Su relevancia ha convocado una importante cantidad de reporteros, y aunque no existe un número preciso, la mayoría calcula que hay al menos 50. “Incluso podemos estar sobrepasando los cien”, dice el periodista Yonieher Ramírez.
Montalvo aprendió periodismo en las salas de redacción y en las calles, y usó para su trabajo diferentes formatos hasta llegar a las redes sociales. También fue maestro de decenas de periodistas en Tuluá, donde era un referente. Su asesinato sorprendió a todos, pero se enmarca en el clima violento que vive la región. Durante los últimos años Tuluá ha figurado entre los municipios con más homicidios del país. Aunque la pandemia provocó un descenso de los asesinatos en otros lugares, en 2020 esta ciudad registró 152 muertes violentas y un aumento del 25 % en la tasa de homicidios. Hasta 2016 estuvo entre las 50 las ciudades más violentas del mundo. En los últimos meses al menos cuatro personas han sido decapitadas.
El asesinato de Montalvo ocurrió en un local comercial del barrio La Esperanza. “Es residencial, uno de los más tranquilos”, dice alguien que prefiere no ser identificado y que vio a Montalvo caminar muchas veces hacia ese lugar, donde solía tomar cerveza.
La Fiscalía le confirmó a la FLIP que no tenía conocimiento de ningún tipo de amenazas contra Montalvo, pero tras su muerte el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) recogió denuncias de Mauricio Altamirano, sobrino de Montalvo, quien contó que en 2019 un hombre que iba en una motocicleta lo golpeó con el casco y le advirtió “que dejara de informar sobre temas delicados”. También dijo que este año su tío había recibido amenazas de muerte por Facebook.
“Si esto le pasó a Marcos, ¿en qué momento nos toca a los demás?”, dice el periodista Israel Arango, quien trabaja en un medio local. “No deja de ser intimidante”, añade. Sus colegas manifiestan sentimientos similares. “No se sabe qué pasó. Hay zozobra y solo se va a acabar cuando se esclarezca el crimen. En este momento uno no sabe si puede hablar o es mejor callar”, dice el reportero Jhon Jairo García.
Los colegas piden celeridad en las investigaciones. Según cifras de la FLIP, cerca del 80 % de los homicidios contra periodistas en Colombia permanecen impunes.
Desde Bogotá se asignó un equipo especializado de la Fiscalía, y en este momento se ofrece una recompensa de más de 100 millones de pesos por información que facilite capturar a los responsables. El ministro de Defensa, Diego Molano, planteó la posible relación del crimen con las denuncias periodísticas que hacía Montalvo. La Alcaldía de Tuluá rechazó el crimen y el alcalde John Jairo Gómez aseguró en una entrevista que conocía el trabajo del reportero y su importancia. Pero el alcalde matizó. “Que yo lo haya visto activo en un medio de comunicación, no. Hace años no lo veía activo, de pronto en redes sociales lo veía comentando”, dijo.
La FLIP expresó preocupación frente a la ambigüedad que mostró Gómez. “Son declaraciones que le restan relevancia al trabajo y a las denuncias que realizaba Marcos”, dijo la organización, y pidió al funcionario adoptar un discurso que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas.
El secretario de gobierno, Jorge Alexander Gallego, dijo que desde el gobierno municipal respetan y valoran la labor de la prensa. Gallego contó que nunca habló con Montalvo, pero sabía que era un periodista reconocido en el municipio.
Gallego se mostró confiado. “Las cifras muestran que hasta la fecha hemos logrado un esclarecimiento del 24 % de los homicidios cometidos este año. Hemos esclarecido 21 de los 87 crímenes”, dijo.
Las amenazas contra periodistas en Tuluá no son recientes. “Siempre han estado, son cíclicas. A inicios de los 2000 hubo bastantes por la disputa entre paramilitares y la guerrilla”, dice Carlos Humberto Castillo, reportero del periódico El Tabloide. Su colega Israel Arango cuenta que las amenazas suelen llegar en panfletos o llamadas. “Uno casi nunca les pone cuidado, porque casi siempre son amenazas sin fundamento. Uno ya sabe a cuáles ponerles cuidado y a cuáles no”, dice.
Pero en algunos casos la amenaza se concreta. En Tuluá, la FLIP registró otros dos periodistas asesinados. En 1994, en la zona rural, desconocidos mataron a Horacio Yepes Lozano. El 1 de diciembre de 1989 ocurrió uno de los crímenes más recordados, contra el director de El Tabloide, José Wenceslao Espejo, baleado en un restaurante de Tuluá. Este asesinato es atribuido a las denuncias que había hecho contra narcotraficantes de la región.
En todo el país la FLIP registra 163 periodistas asesinados por causas asociadas a su oficio. Uno de cada cinco de estos crímenes ha ocurrido en el Valle del Cauca, con 33 registros. El departamento ocupó en 2020 el tercer puesto con más agresiones contra la prensa. Antes de Montalvo, el homicidio más reciente ocurrió en diciembre del año pasado en Cali, contra el periodista de Q’Hubo Felipe Guevara.
Como en otras zonas del país, la pauta que contratan en Tuluá las administraciones locales e instituciones estatales financia los medios de comunicación y el trabajo de los periodistas. Pero también ha servido como método de control sobre la prensa. Hoy no hay denuncias sobre presiones para ocultar o mostrar información, pero varios periodistas contaron cómo la han sufrido anteriormente.
Jhon Jairo García fue el director de Alerta Valle del Cauca en Radio Tuluá 1440 AM. Dice que durante el mandato del alcalde Gustavo Vélez Román (2016-2019) duraron tres años sin recibir dinero por pauta oficial. Todo empezó porque habían conformado un grupo de periodistas que realizaba denuncias y no tenían buenas relaciones con los funcionarios. “Un día me llama el jefe de prensa de la Alcaldía y me dice que en la emisora hay alguien que no quiere escuchar. Yo le digo que no voy a sacar a nadie porque a ellos los paga Radio Tuluá, no él”, recuerda García.
Durante la anterior administración local al menos cuatro periodistas recibieron ataques en redes sociales por la labor que realizaban. Después de un desalojo a comerciantes informales que terminó en disturbios, perfiles falsos y funcionarios públicos compartieron imágenes y mensajes que ligaban a los comunicadores con un supuesto plan liderado por una mujer privada de la libertad y que buscaba favorecer a un político local. Esta información estigmatizó la labor que realizaban los reporteros.
“Hay un ambiente muy violento y agresivo en redes sociales, hay ‘bodeguitas’ que trabajan para actores locales. Eso hace más tóxico el ambiente periodístico y no hay iniciativas de la administración local ni de otros sectores que fortalezcan ese trabajo”, dice Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, sobre el quehacer periodístico en Tuluá.
La pauta, principalmente la oficial, es clave porque se convierte en el salario de los periodistas. “Se ha perdido la dignidad salarial, muy pocos medios en Tuluá y en Valle del Cauca pagan un sueldo. Muchas personas viven de la pauta y eso genera una dependencia”, asegura el periodista Carlos Humberto Castillo. “La publicidad oficial hace que en muchos casos los periodistas terminen teniendo inclinación por una administración, y eso se refleja en el contenido periodístico. Se politiza el periodismo, se pierde independencia y transparencia”, dice Bock.
En Tuluá existe un vínculo cercano entre el periodismo y el poder político. Para Yonieher Ramírez, que pasó de los medios a trabajar en la Alcaldía, esta es una realidad del gremio. “Yo dejé de trabajar en medios y muy seguramente si algún día quiero volver a trabajar como periodista, tendré que dejar pasar un tiempo”, dice.
En este lugar también es común identificar cuando un periodista está a favor o en contra de la administración local. Muy pocos escapan de esa lógica. Marcos Efraín Montalvo había sido cercano al anterior gobernante, y con el actual tenía diferencias. Pero sus denuncias nunca se detuvieron.
Montalvo utilizaba Facebook para denunciar hurtos de los que se enteraba, o para llamar la atención sobre algún contrato que iba a firmar la administración pública y que ponía a disposición de quienes visitaban su página. En algunas ocasiones, al final de una publicación, agregaba una nota: “Opinión personal”, decía. Y escribía allí un pequeño comentario.
Montalvo era incisivo con los comentarios cuando conocía algún hecho de corrupción. “EN EL GOBIERNO DE ‘LA TRANSPARENCIA Y DE LA CERO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN’, DECLARAN INSUBSISTENTE A LA TESORERA DEL MUNICIPIO”, escribió en junio de 2020. Así, en mayúsculas, indignado. Durante el paro nacional de este año, el periodista cubrió el estado de las principales vías de acceso a Tuluá.
Pero la política era su tema central. En las últimas elecciones hubo una polarización marcada, y en la página de Facebook de Montalvo quedó registrada buena parte de esto. Hay varios mensajes en contra de quienes apoyaban a candidatos distintos a los suyos. En sus redes era beligerante. “Había tomado una posición política más fuerte”, aseguran quienes lo conocían. Algunos de sus colegas prefieren recordar las denuncias que hizo contra los carteles del cilantro, la cebolla y la papa en el municipio, que concentran la venta de esos productos y fijan su precio.
El periodista Arango, uno de sus pupilos, recuerda a Montalvo como una persona cuidadosa con las palabras que escribía. Dice que era de esos editores que leía y no dejaba pasar un solo error. “Ese hombre brillaba y tenía facilidad para escribir”, dice.
Un día Montalvo escuchó por casualidad a Arango y vio algo en él. Le preguntó si quería aprender periodismo y le dijo que tenía buena voz. Así comenzaron 30 años de aprendizajes: leer noticias, proponer temas de investigación, hacer preguntas incisivas y escribir de manera impecable. “Con ese loco era una cosa rigurosa”, cuenta Arango entre risas.
Otros periodistas de Tuluá también recuerdan a Marcos Efraín Montalvo como una persona que se adaptó a las nuevas tecnologías. Ya no trabajaba en grandes medios de comunicación, pero usaba las redes sociales como su canal de denuncia. “Aunque tenía 68 años, fue de los primeros protagonistas en las redes”, asegura Arango.
Las nuevas tecnologías también le permitieron a Jhon Jairo García tener nuevos espacios para ejercer el periodismo. Después del problema con la pasada administración relacionado con la pauta oficial, su programa Alerta Valle del Cauca terminó y él creó una emisora virtual.
“Otro ejemplo es el de un periodista que dejó los medios y ahora su fortaleza es un espacio vía WhatsApp donde comparten y hablan de política. Les compran publicidad. Los lunes, miércoles y viernes todos esperan sus informes”, dice Carlos Humberto Castillo. En este panorama donde las redes sociales han permitido que más personas puedan comunicarse, sobresalió Marcos Efraín Montalvo.
Su asesinato contiene un mensaje. “No solamente estaban atacando a alguien que era muy crítico, sino a alguien que durante mucho tiempo fue un referente. Es una estrategia para silenciar a otros que están dispuestos a señalar las irregularidades en distintos municipios”, explica Bock, de la FLIP.
Esto “advierte el peligro que se corre por emitir opiniones que generen controversia o le hagan cosquillas a los verdaderos dueños del poder en Tuluá. Ni la edad ni la experiencia merecen respeto”, escribió en Twitter el periodista y escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal.
El secretario de gobierno Gallego confirma la presencia en Tuluá de grupos armados y bandas delincuenciales que reclutan a jóvenes como el que disparó contra Montalvo. Muchos se unen a esas organizaciones porque no encuentran oportunidades, aunque la Alcaldía dice que está trabajando para apoyar a los adolescentes. Gallego dice que en la cabecera municipal no hay disidencias de las Farc, pero sí en la zona rural.
En la zona urbana existen decenas de bandas delincuenciales. En el primer semestre de este año, según información oficial, se desarticularon siete grupos y se capturaron 316 personas. Entre ellas Sebastián Cuero, alias ‘Arracacho’, a quien se responsabiliza de más de una docena de homicidios.
En este clima de violencia, el asesinato de Montalvo agudizó el miedo entre sus colegas, que ahora esperan el esclarecimiento del crimen y garantías para quienes siguen ejerciendo el oficio. Sobre las amenazas, no a todos les llegan ni en todo momento. “Al final cada quien es dueño de sus propios miedos”, dice Arango.
Actualizado el: Mié, 10/27/2021 - 09:22
Municipio y departamento: ,
Vereda y corregimiento: La Rampa
Presunto responsable:
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LISTADO DE VÍCTIMAS
Pedro Pablo Silva
Uriel González Sánchez
Carlos Antonio Daza Pérez
Leonardo González Tabares
Actualizado el: Jue, 10/21/2021 - 20:53
El 8 de julio de 2021, fue perpetrada la masacre número 50 en Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), completando así 188 víctimas de masacres en el país durante el año en curso. La comunidad halló a tres personas sin vida con varios impactos de bala sobre la vía rural que conecta Ambalema con Cambao, a la altura de la vereda La Rampa, al norte del Tolima. Una cuarta persona sobrevivió al ataque, pero falleció más tarde en un centro médico. Las víctimas fueron identificadas como Pedro Pablo Silva de 32 años, Uriel González Sánchez de 51, Carlos Antonio Daza Pérez de 28 y Leonardo González Tabares de 30. Dos de ellas oriundas del municipio de Espinal, Tolima.
Al parecer, relata la comunidad, dos hombres dispararon contra dos personas que se movilizaban en motocicleta por la zona rural de este municipio. Después atacaron a “un campesino testigo del hecho”, que pasaba por el lugar en su tractor, y a uno más tarde, que se acercó al lugar de los hechos a ver qué ocurría.
Aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto, por el momento se sabe que en esa zona del Tolima transitan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las “Águilas Negras” (que harían presencia por medio de panfletos, a pesar de que su existencia ha quedado entredicha por las autoridades), y el grupo residual de las antiguas FARC Frente Ismael Ruiz, del Comando Conjunto de Occidente.
Esta sería la segunda masacre que se presentó en el Tolima en menos de una semana, después de una ocurrida el 4 de julio, cuando fueron asesinados cuatro hombres en la vereda La Trinidad del municipio de El Espinal, además del asesinato de otra persona en Melgar, sumando así, 9 víctimas en el departamento.
Jairo García, el viceministro de Defensa para la Estrategia y la Planeación, anunció la recompensa de 30 millones de pesos para quien dé información que permita identificar el paradero de los responsables de estas dos masacres, tras realizar en horas de la noche de ese mismo día, 8 de julio de 2021, un consejo de seguridad extraordinario en Ibagué.
Según Indepaz, esta zona del departamento configura uno de los principales corredores para las economías ilegales de la región, ya que conecta con la capital del país, Bogotá. Además, comparó los índices de violencia en 2020 en relación con los del presente año y encontró que esta aumentó en un 32%. Para julio del año anterior, se habían presentado 34 masacres, y para este, 50, es decir, 16 más.
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Vereda y corregimiento: Espinal
Presunto responsable:
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LISTADO DE VÍCTIMAS
José Abreu
Luis Alberto Vargas Uranga
Jorge Andrés Rojas Ríos
Actualizado el: Jue, 10/21/2021 - 19:49
El 4 de julio de 2021, en el municipio de El Espinal, departamento del Tolima, tres personas fueron asesinadas. Es la masacre número 48 en Colombia, según Indepaz, y ocurrió cuando Carlos José Abreu (36 años), Luis Alberto Vargas Uranga (36 años) y Jorge Andrés Rojas Ríos (28 años), oriundo de Pitalito, Huila, fueron interceptados por un grupo armado en una vía terciaria que conduce al corregimiento de Chicoral, vereda La Trinidad, mientras se movilizaban en motocicleta.
Aunque no se sabe si fue una estructura armada al margen de la ley la que perpetró la masacre, y se desconocen los responsables, de lo que sí tienen certeza es que los tres hombres fueron asesinados a disparos, pues tenían heridas de bala en distintas partes de sus cuerpos. La comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía del Tolima, la coronel Zoraida Monroy, sostuvo: “El hecho es materia de investigación por parte de un equipo conjunto especial de Policía judicial y CTI de la Fiscalía”.
Meses atrás, la Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprano 043/19, “advirtiendo el riesgo de las dinámicas de conflicto armado identificadas en la zona, esto por la presencia de estructuras armadas y la confrontación entre las mismas”. Las estructuras que al parecer disputan el control territorial en El Espinal, conforme con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las “Águilas Negras”, el frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia y el frente Adán Izquierdo, también de las antiguas FARC. Algunos de estos grupos se disputan el corredor de narcotráfico que está en el corregimiento de Chicoral y la comunidad también ha señalado la circulación de panfletos firmados por las “Águilas Negras”, aunque su existencia sea desvirtuada por las autoridades.
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Vereda y corregimiento: Bogotá
Presunto responsable:
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LISTADO DE VÍCTIMAS
Edwin Ernesto Albarracín Durán
Luis Armando Albarracín Durán
Kevin Santiago Barragán
Actualizado el: Jue, 10/21/2021 - 19:13
El jueves 28 de julio de 2021, hacia las diez de la noche, en la localidad de Usme, en el barrio Gran Yomasa, al sur de Bogotá, se registró la que sería la masacre número 60 en Colombia en lo corrido del año, según Indepaz.
Un hombre armado y encapuchado, ingresó a una droguería y atacó con varios disparos a dos jóvenes que se encontraban en el establecimiento, además de un taxista que se encontraba a las afueras del lugar. Las víctimas aún no han sido identificadas, pero su edad oscilaba entre los 14 y 18 años. Aún se desconoce la identidad de su asesino.
El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, en cuya grabación se puede apreciar cómo el asesino ingresa al establecimiento comercial con una pistola adaptada con silenciador y abre fuego contra las víctimas. A uno de ellos le disparó directamente en la cabeza, mientras que en otra cámara de seguridad ubicada a las afueras del negocio, se evidencia cómo el asesino abordó al taxista y finalmente le disparó y huyó con quien fuera su cómplice, en una moto.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (Indepaz), este hecho ya supera las 220 víctimas de masacres durante el año en Colombia. La ONG también informó de la presencia de grupos armados en esta zona del país, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el grupo residual de las antiguas FARC del Frente 10 y bandas criminales como Los Orientales, Los Paisas y Los Obispos. Además de la circulación de panfletos firmados supuestamente por las “Águilas Negras”, de existencia contradicha por autoridades.
Las autoridades también dicen encontrarse investigando los hechos. Cuentan con la grabación de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial y de la zona, registros con los que esperan atrapar a quienes estuvieron detrás de este crimen.
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Vereda y corregimiento: La Montañita
Presunto responsable:
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LISTADO DE VÍCTIMAS
Ismael Lozano
Jefferson Lozano
Jacobo Lozano
Actualizado el: Jue, 10/21/2021 - 18:07
El viernes 23 de julio de 2021, fue perpetrada la masacre número 56 en Colombia en lo que va corrido del año, y la número cinco en el Caquetá. El hecho ocurrió en el kilómetro 5 de la vía que comunica al municipio de La Montañita con el de Milán y su corregimiento, San Antonio de Getuchá. Dos cuerpos fueron encontrados hacia las cuatro de la tarde, con múltiples impactos de bala, y un tercero gravemente herido, quien murió horas más tarde en un centro de salud.
Al parecer las víctimas se movilizaban en una camioneta, cuando fueron interceptadas por hombres armados. Una de las víctimas fatales era un soldado adscrito al Batallón de Sanidad de Bogotá. Los tres eran hermanos: Ismael Lozano, Jefferson Lozano y Jacobo Lozano.
La Defensoría del Pueblo ya había emitido una Alerta Temprana, la 001 de 2021, donde señalaba las acciones armadas contra la población civil en la zona. Así mismo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reseñó que en La Montañita “las problemáticas tienen que ver con tierras que son ocupadas ilegalmente por los grupos para distintas economías ilegales, así como disputas entre estructuras armadas”.
Algunos de los grupos armados que esta ONG reconoce en la zona del Caquetá son: Segunda Marquetalia por medio del Frente Jorge Briseño Suarez, el Frente 1 y 3 y el frente 62-Compañía Fernando Díaz de las antiguas FARC y panfletos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (GAC).Esta masacre se suma a otro crímenes ocurridos contra la población de este municipio en menos de 24 horas.
Fue asesinado José Vianey Gaviria Hoyos de 42 años, conocido como ‘El Flaco Gaviria’ por la comunidad. Su asesinato ocurrió sobre la vía que comunica a la vereda de la Unión Peneya con la de San Isidro. Era líder campesino, hacía parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Ciudad el Jardín y miembro de la Asociación Campesina de la Unión Peneya, en la zona rural del municipio. Reconocido por su liderazgo y participación en el Paro Nacional en Colombia 2021, a través del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), sobre la vía Altamira, Huila.
Algunos miembros del CPDH denunciaron amenazas a líderes y lideresas sociales durante las últimas semanas, tras el cese de las movilizaciones en el departamento, y posterior al asesinato de Gaviria, algunos de sus miembros recibieron amenazas. Así lo señaló Alejandro Garcia, vocero del Comité, a Caracol Noticias.
Otra de las organizaciones sociales del Caquetá, el Comité de Derechos Humanos de La Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas (Coordosac), a través de un comunicado informó del asesinato del líder social y comunal, quien “salió junto a otro compañero por la vía que conduce a la Unión Peneya a San Isidro y a la altura de la vereda Los Andes, son interceptados por dos hombres en moto con casco, que sin mediar palabra, le disparan en repetidas ocasiones”. Coordosac también señala que han aparecido panfletos intimidadores y el pasado 7 de julio desapareció en Docello, Dagoberti Giraldo, otro líder social.
Por tanto, solicitaron a la Defensoría del Pueblo y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), y demás autoridades y organizaciones acompañantes, atender la crisis humanitaria por la que atraviesa el Caquetá.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo, solo durante el primer trimestre del año 2021, fueron reportadas 175 conductas de vulneración en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de las cuales 34 resultaron en homicidios ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Eso significa, según la entidad, una reducción de 37,7% en comparación al mismo periodo del año anterior.
Los móviles en los que se desarrollan esos homicidios son, según Indepaz, sicariato y presencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, que “tercerizan a sicarios” para acabar con la vida de estos defensores de DD.HH., mientras que la para la Defensoría del Pueblo, los hechos se clasifican en amenazas con 123 casos, homicidios 34 caso, desplazamiento forzado 9 casos y extorsión 4 casos reportados.
Hasta la fecha, se desconoce la identidad de los responsables. Las autoridades dicen estar trabajando para hallar a quienes perpetraron esta masacre y este homicidio.
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Vereda y corregimiento: Marrero y Mata de Palma
Presunto responsable:
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LISTADO DE VÍCTIMAS
José Nelson Ulejelo
Andrés Bustamante
Ronald Cabarca
Actualizado el: Jue, 10/21/2021 - 16:40
El miércoles 28 de julio de 2021, sobre la vía que conduce a Puerto Rondón, desde las veredas Marrero y Mata de Palma, del departamento de Arauca, ocurrió la que, según Indepaz, sería la masacre número 59 en Colombia en lo corrido de este año.
Las víctimas mortales fueron tres hombres de una misma familia, identificados como José Nelson Ulejelo, quien fuera suegro de Andres Bustamante, y este, tío de Ronald Cabarca. Solo se conoce que fueron ultimados con arma de fuego de corto alcance; no hay mayor información de los responsables. El personero del municipio de Puerto Rondón, Oscar Fernando Vanegas, sería quien confirmó el triple asesinato.
Ante el hecho, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 006/21 para Arauca, donde señala un escenario de riesgo por el incremento de las acciones violentas de grupos armados que hacen presencia en esta zona del Caquetá, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) del Frente 10, 28 de las antiguas FARC y la Segunda Marquetalia.
Además, desde su regional Caquetá, la Defensoría rechazó estos asesinatos de manera contundente a través de su cuenta de Twitter, dice estar brindando acompañamiento a los familiares de las víctimas y exige a Medicina Legal, a la Fiscalía General de la Nación y “las autoridades competentes, adelantar acciones que permitan celeridad en la investigación y establecer los hechos”.
Esta masacre se suma a otra registrada hace dos semanas atrás en el municipio de Cravo Norte (Arauca), donde fueron asesinadas cuatro personas, miembros de una misma familia.
Municipio y departamento: ,
Vereda y corregimiento: La Paz
Presunto responsable:
Fecha: / /
LISTADO DE VÍCTIMAS
Jhon Fredy Lugo Franco
Víctima sin identificar
Víctima sin identificar
Actualizado el: Jue, 10/21/2021 - 15:22
Municipio y departamento: ,
Vereda y corregimiento: Balboa
Presunto responsable:
Fecha: / /
LISTADO DE VÍCTIMAS
Margarita Adrada
Brandon Mesa (menor de edad)
Maicol Cabrera (menor de edad)
Actualizado el: Jue, 10/21/2021 - 14:16
En el sur del Cauca, en el municipio de Balboa, hombres armados que se transportaban en moto atentaron contra personas que caminaban por un sector del barrio Bolívar. Dispararon indiscriminadamente y asesinaron a tres personas: Margarita Adrada, una mujer de 32 años, a quien supuestamente iba dirigido el ataque; y dos menores: Brandon Mesa, de 14 años, sobrino de la Margarita, y Maicol Cabrera de 11 años.
El hecho está siendo investigado por las autoridades para dar con el paradero de los responsables.