Otro invierno más en medio del barro, el hacinamiento y el hambre. Ya han pasado 12 años desde que una comunidad de indígenas sikuani levantó unos cambuches —viviendas improvisadas— de lona verde y bolsas de basura, junto al casco urbano del municipio de La Primavera, en el departamento de Vichada. A pesar de la pobreza en la que sobreviven, los indígenas siguen luchando por volver a su territorio ancestral, un predio ubicado a unos 30 kilómetros del asentamiento en el que habitan y que hoy está convertido en un extenso cultivo de palma aceitera en manos de un excongresista colombiano y su familia.

En medio de las dificultades del desplazamiento que sufrieron, la comunidad ha recurrido a diferentes instancias del Estado para retornar y ha denunciado las afectaciones ambientales que ha causado el proyecto palmero. “Esperamos que nos digan que podemos volver pero, mientras tanto, allá están dañando la tierra, nuestros lugares sagrados”, dice un miembro de la comunidad, que se mantiene en el anonimato pues teme represalias en su contra.

Al igual que este poblador indígena, casi todas las fuentes relacionadas con esta historia pidieron proteger su identidad, debido a las condiciones de violencia que se viven en el territorio. Durante los últimos meses han aumentado las denuncias de grupos de hombres armados en la zona, como lo registró la alerta temprana emitida en marzo por la Defensoría del Pueblo, donde se señala la presencia de grupos armados herederos del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los ‘Puntilleros Libertadores del Vichada’. Además, el asesinato de reclamantes de tierras en otras regiones de los llanos orientales ha infundido miedo en las comunidades.

El territorio que reclama la comunidad indígena ha sufrido afectaciones ambientales por parte de la empresa de palmera, propietaria de los predios en la actualidad: ha sido sancionada por montar una planta extractora sin los debidos permisos, así como por tener un mal manejo de residuos sólidos y vertimientos de aguas industriales sin el debido tratamiento. Como ha ocurrido en otros casos de la misma región, la empresa habría acumulado predios que el Estado entregó hace más de dos décadas a personas señaladas de tener vínculos con el narcotráfico, mientras los indígenas viven hacinados en medio del hambre en los cascos urbanos de la zona, perdiendo sus tradiciones ancestrales.

Toma aérea de cultivo de palma en Agrícola El Encanto

Los residuos del proyecto palmero

El nombre del asentamiento indígena en el casco urbano de La Primavera es ‘El Trompillo’ y el del territorio que reclaman es Altagracia, una extensa sabana de 13 000 hectáreas en medio de los caños Negro y Elvita, rodeados de bosques de galería y morichales, pequeños ecosistemas inundables muy comunes en esta región. Los propietarios de estos predios son familiares y allegados del exsenador Alfonso Mattos y son manejados por las empresas Agrícola El Encanto y Aceites del Vichada, que también pertenecen a Mattos, su esposa y sus hijos. El ex senador es hermano de Carlos Mattos, pedido en extradición a España por sobornar a una jueza de la República, y del ganadero Edward Mattos, acusado de asesinato y señalado de tener vínculos con el paramilitarismo en los departamentos de Cesar y Meta. (ver el reportaje Los Mattos: retrato de una familia para enmarcar).

Los indígenas han visitado el predio durante el último año y medio, y dicen ser testigos del mal manejo de residuos sólidos y líquidos por parte de la empresa palmera. “Tienen un basurero muy grande, en algunas partes se ve el agua muy sucia por los líquidos que le ponen a la palma y en otro lado está lleno de bolsas y plásticos”, cuenta un miembro de la comunidad. Un funcionario local señaló que pudo verificar las denuncias de los indígenas sobre el mal uso de los residuos sólidos y líquidos en el cultivo de palma. Sin embargo, pidió la reserva de su nombre debido a los peligros que enfrenta por su continuo trabajo en campo.

Desvio de ingreso haciaAgricola El Encanto

 

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto realizaron un extenso viaje para documentar las condiciones de desplazamiento de la comunidad indígena y también estuvieron en un sector del predio que reclaman. Los periodistas registraron, como se aprecia en las fotografías, el abandono de bolsas, lonas y galones de plástico desocupados en medio del cultivo de palma.

La comunidad indígena señala que en el área de las imágenes existía un vivero para la fase inicial de las plantas de palma, que luego eran sembradas en otras zonas del predio. Gran parte de los cultivos se encuentran abandonados ya que las palmas no son altas y se encuentran llenas de maleza. En la actualidad, la producción no llega al 20 % de todo el predio que ocupa la empresa, según se puede ver en los mapas satelitales del predio.

Una ingeniera ambiental que ha trabajado para otras empresas palmeras de la región de la Altillanura —que comprende las sabanas de Meta y Vichada en los llanos orientales—, revisó las fotografías y le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam que es evidente el mal manejo de residuos sólidos. “Existen normas que condicionan el manejo de estos residuos. Por lo que se ve, no están haciendo lo que dice el Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015, que entrega directivas a tener en cuenta en los cultivos de palma”, dice.

Las quejas por el manejo ambiental del proyecto de palma vienen desde 2016. Incluso, Corporinoquia, la entidad ambiental encargada de velar por la integridad de estos ecosistemas, ya le impuso sanciones a varias empresas del negocio palmero.  De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición y de un comunicado de prensa, la sociedad Agrícola El Encanto y Aceites del Vichada S.A. fueron sancionadas preventivamente el 16 de mayo de 2016 y se les ordenó la suspensión inmediata de la planta extractora de aceite de palma “por no contar con los permisos ambientales correspondientes a emisiones atmosféricas”. Corporinoquia también encontró “vertimientos de aguas residuales industriales sin previo tratamiento”.

En la respuesta al derecho de petición, la entidad señaló que un año después, en agosto de 2017, volvió al predio para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas, pero nuevamente encontró irregularidades, por lo que formuló cargos dentro de un proceso sancionatorio ambiental (ver respuesta al derecho de petición). La autoridad ambiental aseguró que no podía  revelar los cargos ni entregar más información porque el proceso y la documentación eran privadas y no públicas.

Tanto Agrícola El Encanto como Aceites del Vichada S.A. son empresas de la familia del excongresista Alfonso Matos, en las que aparecen, según los registros de cámaras de comercio, su esposa Ana Cecilia Lacouture y sus hijos David Alfonso, Catherine y Stephanie Mattos Lacouture. El proyecto palmero sufrió una crisis económica en 2016, según dan cuenta los documentos de la Superintendencia de Sociedades —organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles—. Agrícola El Encanto tuvo una reestructuración debido a las enormes deudas que tenía a la fecha, entre ellas con la Caja Agraria, hoy Banco Agrario. (ver documento de la Superintendencia)

Los indígenas sikuani aseguran que la familia Mattos llenó de palma gran parte del predio pero, debido a la crisis empresarial, la dejaron abandonada y solo retomaron el proyecto en 2017 en una parte del terreno. Las plantas a las que se refieren los pobladores indígenas no tienen más de dos metros de altura y varias se encuentran en zonas inundadas por el fuerte invierno de este año, que en esta zona del país puede durar entre ocho y nueve meses.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto hablaron con un experto en los efectos ambientales de los cultivos de palma, que también prefirió mantener su nombre en reserva, y señaló que, a pesar de que estas plantaciones abandonadas podrían servir como bosque artificial para algunas especies en medio de la sabana, “el impacto sobre el ecosistema es diferente en cada caso y tendría que hacerse un estudio puntual para saber los efectos de estos cultivos en las circunstancias específicas de la zona”.

Cultivo de palma Agrícola El Encanto, costado orientalTa a

Para los sikuani, la palma de aceite es un cultivo ajeno al entorno en el que ellos siempre vivieron. En un proceso de solicitud de restitución de estos predios, interpuesto en 2020 por la comunidad indígena ante la Unidad de Restitución de Tierras —entidad creada por el Estado para atender los reclamos de las víctimas del conflicto armado que perdieron sus tierras—, un juez le ordenó a varias entidades (ver documento), entre ellas a Corporinoquia, que registraran cualquier daño ambiental que hubiera sufrido el predio y aplicaran medidas cautelares para prevenir su afectación mientras se cierra el proceso judicial.

Los indígenas sikuani insisten en que la preservación de estas tierras es esencial para garantizar su existencia física y cultural. “Esperamos que nos devuelvan nuestro territorio ancestral, con nuestros sitios sagrados, con los animales, los caños, los árboles, con todo. No podemos aceptar que dañen el lugar donde hemos vivido desde hace tanto tiempo”, dice un miembro de la comunidad.

El negocio con la tierra

A mediados de la década de los noventa, esta comunidad indígena tenía una vida seminómada, hacían recorridos en los territorios por los que habían caminado sus ancestros y que hoy están sembradas con palma. Para esa época  el Frente 16 de la guerrilla de las FARC llegó a San Teodoro, un pequeño casco urbano, vecino de las tierras de Altagracia, y rápidamente lo convirtió en un centro clave para el narcotráfico de la zona.

San Teodoro se llenó de gente que buscaba fortuna sembrando o raspando coca. Incluso, se construyó un prostíbulo con tablas de madera y se abrieron otros locales para consumir alcohol.

Mientras todo esto ocurría, desde 1993, varias personas totalmente desconocidas para los pobladores indígenas hicieron que el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) les titulara gran parte de las tierras de Altagracia. Varios de los adjudicatarios no cumplían los requisitos exigidos, primero por la Ley 135 de 1961 y luego por la Ley 160 de 1994, en las que se señala que los baldíos de la nación deben ser entregados a comunidades étnicas o personas sin ninguna propiedad que hayan ocupado y trabajado la tierra por lo menos durante cinco años. 

Altagracia terminó dividiéndose en 14 predios que hoy son explotados por Agrícola El Encanto y Aceites del Vichada, entre ellos están las fincas San Cayetano de 2250 hectáreas y Judea de 1292, que hoy pertenecen al círculo cercano del excongresista Alfonso Mattos. Según los certificados de tradición y libertad de los predios, el terreno San Cayetano fue adjudicado en 1993 a José Cayetano Melo Perilla, un empresario arrocero que en 2009 fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como narcotraficante y enlace financiero de las FARC para lavado de activos (ver documento). Melo le vendió el predio por 400 millones de pesos (aproximadamente 105 000 dólares) a Katherine Mattos Lacoture, hija de Alfonso Mattos en 2007. (ver certificado de tradición y libertad)

 

De igual manera, en los documentos oficiales se registra que el predio Judea fue adjudicado en 1996 a Hugo Melo Perilla, hermano de Jose Cayetano Melo Perilla y también empresario arrocero. Sin embargo, la adjudicación solo fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño en 2007, y un año después, el predio fue vendido a Carlos Eduardo Diazgrados, exempleado de los Mattos Barrero. Este es un detalle importante porque el registro de un predio ante esta oficina es una condición indispensable para demostrar la propiedad de las tierras.

 

Los otros 12 predios fueron adjudicados entre 1993 y 1996 a personas como los hermanos  Luis Fernando y Jorge Mario Gonzalez García, que nunca habían vivido en la región y que son desconocidos tanto por los pobladores indígenas como por los colonos de la zona.  En la práctica, las 14 fincas forman un solo predio en poder de los Mattos y sus empresas. 

 

Mientras que el Incora le entregaba los títulos a personas desconocidas, los pobladores indígenas sufrieron la violencia que cada vez aumentaba en la zona. A mediados de 1999 llegaron los paramilitares a quitarle el control del cultivo y procesamiento de coca a la guerrilla de las FARC (Ver reportaje Vichada: tierra de hombres para hombres sin tierra).

El 3 de mayo de ese año, un grupo de cerca de 200 paramilitares llegó a San Teodoro, pueblo vecino de Altagracia. Ese día asesinaron a cinco personas, entre las que se encontraba Eduardo Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Teodoro.

Un miembro de la comunidad indígena cuenta que, para esos días, en medio del ataque paramilitar y la reacción de la guerrilla, se dispararon los rumores de que querían asesinar a los sikuani. “Decían que nos iban a matar, teníamos miedo en ese tiempo”, recuerda.
 

Los paramilitares se quedaron en la Altillanura y la guerrilla la fue abandonando durante los siguientes años. Luego, los paramilitares de la zona se desmovilizaron entre 2005 y 2006, dando paso a la llegada de grandes empresas agroindustriales a la región, política promovida por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

Según los documentos de propiedad de los predios que los indígenas sikuani reclaman como territorio ancestral, la familia del excongresista Mattos Barrera y varios allegados, le compraron a los adjudicatarios entre 2008 y 2009. En los certificados de tradición y libertad se observa cómo varios predios que habían sido adjudicados en los noventa, no habían sido registrados en las oficinas de Instrumentos Públicos —condición necesaria para demostrar la propiedad de las tierras—. Solo en el 2007, cuando comenzaron a llegar los empresarios, se hicieron varios de estos registros (ver uno de los certificados)

La comunidad sikuani asegura que durante todo este tiempo habitaron Altagracia hasta que, en 2008, según dicen, aparecieron varios hombres que les dijeron que la tierra tenía dueño y que tenían que desalojarla. Recuerdan que un hombre se presentó como Rodrigo Hernández y, junto con cerca de 20 hombres armados, dijo representar a Alfonso Mattos.

Luego de esto, un grupo de la comunidad dejó el predio y se fue desplazado hasta Puerto Carreño, capital de Vichada. Según el testimonio de los dirigentes indígenas, a mediados de 2009, Hernández regresó nuevamente con hombres armados, y esta vez en compañía de Alfonso Mattos, para exigirles a los que quedaban que abandonaran el territorio. “No nos fuimos, pero en agosto [de 2009] llegaron unos desconocidos y quemaron unos ranchos. No soportamos más y nos vinimos para La Primavera”, dice uno de los pobladores indígenas. Desde entonces no han podido regresar a habitar la tierra que consideran suya.

Por estos hechos, el excongresista tiene una denuncia por desplazamiento forzado en la Fiscalía de La Primavera desde 2018. Los dirigentes indígenas, acompañados jurídicamente por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, le solicitaron a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la revocatoria de las adjudicaciones. También acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para pedir que los 14 predios que ocupan los empresarios les sean entregados formalmente a la comunidad, que se desplazó en su totalidad a La Primavera y Puerto Carreño.

Desde la firma del Convenio 169 de 1989, el gobierno colombiano asumió ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la obligación de proteger y reconocer la propiedad colectiva de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. “De ahí en adelante se han aprobado varias leyes para titularles a estas comunidades los predios en los que han vivido y han desarrollado sus prácticas culturales históricamente”, según cuenta Brayan Triana, abogado del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario.

En 2020, un juez de tierras aceptó la demanda de los indígenas, decretó varias medidas cautelares sobre el territorio de Altagracia (conformado por los 14 predios) y comenzó el proceso judicial (ver documento). Debido a la oposición por parte de quienes hoy aparecen como dueños de la tierra, el proceso pasará a un tribunal de tierras para determinar, finalmente, quién se queda con Altagracia. Por lo que ha pasado con otros procesos de este tipo en el país, se espera que la decisión tarde varios años. Mientras tanto, la comunidad indígena sigue sufriendo las penurias del desplazamiento.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron vía telefónica y por Whatsapp a Alfonso Mattos para pedirle su versión de la historia y consultarle por los protocolos ambientales de las empresas Agrícola El Encanto y Aceites del Vichada. También se enviaron mensajes a los correos electrónicos de las dos empresas registradas ante la cámara de comercio. En ninguno de los casos se obtuvo una respuesta.

Subsistir en el desplazamiento

Ya ha pasado más de una década desde que 124 indígenas de 32 familias llegaron al asentamiento El Trompillo, en el casco urbano del municipio de La Primavera. Allí se unieron a otras comunidades desplazadas, también sikuani y de otras etnias indígenas como cuiba  y piapoco. En total, 636 personas viven en 23 hectáreas.

 

Todos ellos hacen parte de un enorme éxodo indígena que se aceleró con la llegada de los grandes proyectos agroindustriales y petroleros en la Altillanura colombiana. Como ocurre en La Primavera, en otros municipios de la región como Puerto Gaitán y Puerto Carreño, las comunidades indígenas han llegado a vivir prácticamente en la indigencia, creando cinturones de pobreza en los cascos urbanos.

Los sikuani de Altagracia sobreviven con el poco trabajo que los hombres consiguen en el municipio de La Primavera y gracias a las artesanías que tejen las mujeres. “A veces salen cosas para trabajar un día, pero no es permanente. También vendemos lo que hacen ellas, pero no es algo que nos deje para comer todos los días”, cuenta un miembro de la comunidad.

Los pobladores indígenas han resistido en medio del hacinamiento y el hambre. En los cambuches de lona y plástico, que no superan los 15 metros cuadrados, duermen hasta siete personas en medio de las duras condiciones del invierno. “Aquí si no tenemos plata no comemos. Allá en nuestro territorio podíamos cazar, había espacio para vivir mejor que lo que tenemos aquí”, cuenta uno de los sikuani.

Para un miembro  de la Corporación  Claretiana que ha apoyado a la comunidad  y que ha realizado varios informes sobre su situación —pero que pide la reserva de su nombre por seguridad— la visión de desarrollo agroindustrial y petrolera que llegó a la región, patrocinada por el mismo Estado, excluye totalmente a los indígenas. Señala que estas comunidades han sido sujeto de violencia sistemática desde hace décadas para sacarlos de sus territorios, por ejemplo con las llamadas ‘guahibadas’ o cacerías de indígenas que se mantuvieron hasta la década de los setenta o, ahora, con las amenazas para que dejen sus territorios.

 

El desplazamiento también afecta su cultura y los expone a problemas sociales y de salud pública como la drogadicción. “Aquí hemos trabajado duro para seguir hablando nuestra lengua, tratamos que los niños y los jóvenes no se vayan para el centro del municipio, que no cojan vicios”, dice uno de los líderes que vive en El Trompillo. 

 

Sin embargo, la situación es diferente en asentamientos de los municipios de Puerto Gaitán y Puerto Carreño, donde los jóvenes indígenas han ido perdiendo su identidad cultural con el contacto con los habitantes de los cascos urbanos y son frecuentes los casos de abuso de alcohol y drogas.

Mientras que la justicia decide qué hacer con las tierras de los sikuani, la comunidad de El Trompillo seguirá subsistiendo en medio de las duras condiciones del desplazamiento. La tierra en la que viven hoy tampoco les pertenece, ya que apenas está en proceso de convertirse en un resguardo y es muy pequeña para la cantidad de personas que la habitan.

Los indígenas insisten en que su objetivo principal es regresar a su territorio ancestral, volver a sus costumbres, a la caza y a la pesca. Dicen que no saben cuánto más puedan soportar en las condiciones en que viven. Temen que poco a poco vayan camino al exterminio.

Actualizado el: Mié, 09/15/2021 - 16:52

En entrevista con los investigadores Rocío Caballero y Fernando Herrera, se habló sobre los desafíos del derecho a la CPLI en las comunidades indígenas de Colombia y de los bonos de carbono, un sistema de venta de permisos de emisión de gases de efecto invernadero con el propósito de reducir la contaminación climática, que están rodeados de vacíos institucionales en relación con la CPLI.

 

¿Cuánto tiempo en promedio puede durar una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) con todas sus etapas?

 

Fernando Herrera: Ni el Convenio 169 de 1989 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que consagra y reafirma la existencia de la consulta previa estima un tiempo o una duración, la Constitución Política de Colombia tampoco lo estima, los fallos de las Cortes tampoco dan una estimación. Pero sí hay un requerimiento de que los tiempos de las consultas previas deben acoplarse a un principio, que tiene este Convenio 169, que es el de Adecuación Cultural. Por vía de este principio de Adecuación Cultural lo que ha venido insistiendo es que los tiempos de la consulta deben respetar los tiempos de los pueblos, es decir, para definir la ruta de trabajo de una consulta previa en Colombia se tienen que respetar los calendarios ancestrales y los tiempos que consideren las comunidades de acuerdo a sus intereses, a sus aspiraciones y a sus necesidades de evaluar los riesgos y los posibles beneficios que pueda generar eventualmente un proyecto sometido a consulta. De manera tal que no hay tiempos.

 

¿El gobierno nacional ha respetado los calendarios ancestrales de las comunidades indígenas al momento de realizar consultas previas?

 

F: El gobierno nacional ha venido tratando de tener un principio de celeridad de economía de tiempos, pero no ha podido exigir un tiempo porque la Constitución no lo permite y los instrumentos internacionales tampoco. Hay consultas ultrarrápidas que se han hecho en 20 días, que ahí es que uno entra a cuestionar que si eso fue una consulta en realidad o fue la simulación de una. Realmente lo que dice la Corte Constitucional y varios instrumentos internacionales es que los tiempos deben ser concertados con los pueblos que van a ser consultados.

 

¿De qué forma se ha visto afectado este derecho de la CPLI en tiempos de pandemia por el Covid-19?

Rocío Caballero: Cuando llega la pandemia, estos procesos de consulta previa quedan con la incertidumbre de qué va a suceder porque no existen las garantías para hacerlos con la real participación de las comunidades en sus espacios asamblearios. Lo que vimos es que el gobierno nacional el año anterior intentó realizar esa flexibilización de hacer consultas previas virtuales y eso fue muy grave. A nivel nacional muchas comunidades y organizaciones nos manifestamos en contra de estas decisiones porque era una violación al derecho a la consulta previa. Finalmente, esa decisión del gobierno fue suspendida precisamente ante la presión de las comunidades.

 

F: Las consultas se tienen que hacer desde las formas de comunicación que tienen los pueblos y desde las realidades de las comunidades. En muchas comunidades de nuestro país no disponemos de cobertura wifi o 4G para realizar consultas virtuales. Esto generó un obstáculo grandísimo para que las comunidades pudieran participar de las mismas. Lo que han venido declarando muchas comunidades es que la virtualidad corta los tiempos de diálogo. Fácilmente en un diálogo con el gobierno, las comunidades se pueden sentar 3-4 días con sus correspondientes noches si así lo pide la ley de origen y esto no se puede hacer en una jornada de 1 o 2 horas por Zoom. Lo que han hecho las comunidades indígenas es que suspendieron las consultas hasta que se dieran todas las garantías para un diálogo más presencial, más territorial y más respetuoso, de las formas en las que conversan y construyen diálogos los pueblos y comunidades más allá de una formalidad por Zoom.

 

Además de los obstáculos de la virtualidad, ¿Cómo han sido afectadas las comunidades indígenas y su derecho a la consulta previa con la presencia de grupos armados ilegales?

R: Cuando hay un actor armado en el territorio las comunidades se ven en una situación de vulneración de sus derechos. Muchas veces las comunidades están en situación de confinamiento o están en situación de desplazamiento, o en situación de exterminio por causa del conflicto armado y por el abandono estatal. Entonces mientras haya actores armados, las comunidades no tienen esa libertad para decidir. Las comunidades hacen los esfuerzos por mantener el gobierno propio y defender su supervivencia, sin embargo, es muy difícil. Primero para que las comunidades puedan ser libres de decidir, debería resolverse la situación del conflicto armado antes de traerle a las comunidades nuevas imposiciones.

 

¿Qué otro tipo de violencias sufren las comunidades indígenas que dificultan su derecho a la consulta previa?

F: Sumado a las violencias armadas tenemos otros tipos de violencias como actos de desinformación; intentos de división de los liderazgos en las comunidades por parte de las empresas e instituciones públicas para fragmentar los procesos de diálogos sociales con las comunidades; intentos de estigmatización, de llamar terroristas a las comunidades que entran en minga porque una consulta no se está desarrollando bien o decir que una comunidad es enemiga del desarrollo. Sumado a los grupos armados ilegales también las mismas empresas contribuyen a generar factores de violencia al estigmatizar a las comunidades. Hay una concurrencia de violencias armadas combinadas con violencias sociales y políticas que presionan a las comunidades para que se sientan debilitadas y no exijan lo que deben exigir. Hay que evaluar si en Colombia cuando hablamos de consultas previas estamos hablando de consultas realmente previas, realmente libres y realmente informadas.

 

¿Cuáles son los principales vacíos que tienen las entidades nacionales al momento de realizar un proyecto en un territorio indígena?

 

R: En los territorios hemos visto una falta de institucionalidad regional y nacional para llevar a cabo la consulta previa. Ni la Defensoría del Pueblo ni otras organizaciones cumplen con su papel de acompañar a las comunidades ni de garantizar el derecho a la consulta previa. Hay abusos de poder al encontrar que las comunidades carecen de información técnica entonces terminan vulnerando también el derecho a que la comunidad decida con toda la información. Se ha encontrado también mucha afinidad entre el Estado y las empresas que pretenden desarrollar proyectos, entonces las comunidades quedan sin garantías frente a esa imparcialidad que se debería. Por otro lado, una de las grandes problemáticas que se ha mantenido ha sido el tema del reconocimiento de los pueblos sobre sus territorios. El Ministerio del Interior muchas veces ha negado la presencia de los pueblos étnicos sobre sus lugares. Se ha dado la facultad de certificar si sobre cierto territorio, que tiene intereses una empresa, hay o no pueblos étnicos.

 

F: Desafortunadamente en el informe encontramos que los servidores públicos y la institucionalidad estatal no ha entendido que es ser parte de un Estado pluriétnico y multicultural. Por ende, no han logrado entender qué es la consulta previa y siguen viendo la consulta como un obstáculo al desarrollo, como una traba al desarrollo de las empresas. No ha logrado entender que, como lo ha venido diciendo la Corte Constitucional, hace más de 10 años con más de 30 sentencias emblemáticas, la consulta previa es una oportunidad increíble para el diálogo interétnico y multicultural. Tenemos un problema de desconocimiento de los funcionarios públicos y del sector empresarial del país que no ha logrado ver la consulta previa como una oportunidad para prevenir daños ambientales y económicos que nos pueden afectar a todos.

 

¿Cuáles son las desigualdades territoriales y sociales que dificultan la comprensión de proyectos y la afectación que su implementación pueda tener en los territorios?

F: Un gran obstáculo que nosotros encontramos en nuestra investigación es que el gobierno nacional no ha entendido que dentro del principio de Adecuación Cultural de las consultas está otro principio muy importante que es el Enfoque Territorial. Una cosa es la consulta en los pueblos amazónicos, otra muy distinta es la consulta para los pueblos de la Orinoquía y otra para los pueblos nómadas o pescadores. En los procesos de creación de normas que ha venido desarrollando el gobierno nacional, no se está teniendo en cuenta esa diferenciación étnica, cultural y territorial que deben tener las consultas. No pueden meter a todos los territorios en los mismos lineamientos ni en los mismos protocolos que han venido desarrollando y por eso las consultas deben respetar esa realidad territorial y esa cosmovisión que tienen los pueblos étnicos.

 

¿A qué se debe que no exista una cifra unificada sobre el presupuesto destinado por el gobierno para los pueblos indígenas?

F: Cuando nos han respondido después de insistir tanto, lo que hemos tenido son respuestas fragmentadas y desarticuladas. Hemos tenido situaciones en las que hemos recibido respuestas que se contradicen cuando el Estado es uno solo, cuando la función presupuestal debe ser una sola y cuando todas estas entidades deberían dar exactamente la misma información. Cada vez que usted pide información de presupuesto se encuentra con diferentes versiones del presupuesto que lo único que hacen es enredar, confundir y desinformar a las comunidades que deberían tener la claridad de a qué tienen derecho en términos de recursos para poder pedir esos recursos para sus proyectos territoriales y su propia financiación de sus planes de vida.

 

¿De qué forma se puede implementar la CPLI en proyectos de bonos de carbono?

R: Para que una empresa llegue a un territorio a plantear este tipo de proyectos debe estar inscrita en el Ministerio de Ambiente y si cumple con los estándares mínimos que dicta la convención de las Naciones Unidas. También es importante que se pueda partir de la Ley 1753 de 2015 que es sobre el registro nacional de programas y proyectos de acciones para REDD+. Se debe insistir en que se realicen consultas previas por vía de este tipo de proyectos que llegan a las comunidades. Lo que se ha visto es que ni el Ministerio del Interior, ni el de Ambiente han sido claros en que se necesitan consultas previas para este tema. Todavía hay, a mi modo de ver, unas incertidumbres institucionales frente al tema.

 

¿Cuáles comunidades indígenas están siendo afectadas por proyectos de bonos de carbono?

R: Lo primero es que el tema de los bonos de carbono es nuevo y llega a los territorios muy silencioso. Sin embargo, está llegando con fuerza. Hemos hecho seguimientos en la Amazonia, en Vaupés, en Guaviare y últimamente en el Chocó.

 

En su informe muestran que hay una falta de instrumentos e indicadores objetivos para verificar el cumplimiento de la consulta previa y una ausencia de canales y mecanismos de diálogo social ¿cómo se puede mejorar el ejercicio de la CPLI?

F: La consulta es un proceso indefinido que se sigue desarrollando una vez se protocolice la misma, la etapa de post-consulta. Sobre esto no hay instrumentos que permitan cuantificar y cualificar cuando se está haciendo bien una consulta. Aquí lo que hay son valoraciones subjetivas de las instituciones. Lo que nosotros hemos venido pidiendo con el informe es que se concierten con las comunidades esos indicadores de cumplimiento, unos instrumentos y unas metodologías para formular la ruta de consulta, para monitorear el comportamiento de la consulta durante el tiempo que dure y para evaluar el cumplimento de los acuerdos. Eso nos permite decidir si una consulta se está desarrollando dentro de los estándares internacionales y si la consulta está siendo respetuosa con las creencias de la comunidad.

 

¿De qué forma la comunidad podría tener un rol más activo?

F: En cuanto a la participación, la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales han venido dictando de cómo se puede asegurar la participación de las comunidades y es con la participación plena y absoluta. Cuando el gobierno convoca para una consulta, se debe convocar a toda la comunidad, ahí deben estar todos los hombres y todas las mujeres, todas las personas que hacen parte de esa comunidad. Pero si la comunidad siente que debe tener apoyo técnico o profesional, debe tener las garantías presupuestales para que puedan tener su equipo de economistas, abogados, organizaciones filiales y el gobierno está en la obligación de garantizar el presupuesto y dar todas las medidas de seguridad para que esos actores invitados sean parte del proceso. Es sencillo, es cumplir los lineamientos que ha exigido la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. Si el gobierno revisa estos fallos ahí ya tiene las medidas para cumplir la consulta de la mejor forma posible y si el gobierno revisa la ley de origen y los planes de vida de cada pueblo ahí ya sabe por donde irse para mejorar la participación de las comunidades en las consultas.

 

Actualizado el: Vie, 08/06/2021 - 13:56

Por: Carol Sánchez - colaboración entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam

En medio de las inmensas selvas amazónicas colombianas, en un día del año 2000, los dos grandes sabedores de los pueblos indígenas que habitan el Parque Nacional Natural (PNN) Cahuinarí y el PNN Yaigojé Apaporis –los bora miraña y makuna– cerraron un pacto sagrado con sus espíritus guardianes: no revelarían nunca en dónde estaban los yacimientos de oro ni abrirían de nuevo sus aguas a la minería ilegal. El metal, ese que ellos llaman “el reflejo del sol en la tierra”, estaría destinado a mantenerse escondido para siempre. Y, sin embargo, bastaron pocos años para que a ‘Boa’, el sabedor del Cahuinarí, le pudiera más la avaricia que su promesa.

Pobladores indígenas de Araracuara, en el departamento de Amazonas, cuentan que ‘Boa’ transó información por dinero con quienes buscaban el oro. Que el rompimiento del pacto desató una guerra espiritual entre los líderes espirituales de los dos pueblos y que el sabedor murió agonizando cuando los espíritus le devolvieron en enfermedad lo que él le hizo a la tierra.

Abrirle el territorio a los mineros llevó a que en el 2009 se diera una bonanza de explotación ilegal a lo largo del río Caquetá —la tercera de las cuatro que ha habido en su cauce desde 1986—. Víctor Moreno, coordinador del proyecto Paisajes Amazónicos Sostenibles de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), recuerda que hubo épocas en las que las balsas mineras formaban una sola hilera que atravesaba todo el río. “Era como ver pueblos flotantes”, cuenta.

Siete años más tarde, en 2016, se dio la última bonanza y después de eso, a veces con mayor o menor intensidad, las balsas persisten en el Caquetá y sus afluentes. Es más, en junio de 2021, los pobladores indígenas vieron cuatro o cinco embarcaciones ilegales cerca de las comunidades de Berlín y La Tagua. Imágenes satelitales de una organización que prefiere no ser revelada para proteger a su personal en campo, llegaron a mostrar hasta 19 embarcaciones en el mismo mes en el Río Puré, uno de sus afluentes.

 

 

Dragas mineras ilegales regristradas a lo largo del río Puré. Colombia y Brasil. Cortesía: MAXAR.

La minería en los ríos de esta zona no es ilegal solo porque carezca de permisos y títulos. También lo es porque viola las leyes de origen de los pueblos indígenas amazónicos como los bora miraña, makuna, uitoto y aduche, a lo largo de las cuencas. Según su cosmogonía, son los espíritus guardianes del agua los únicos que pueden autorizar la extracción del oro. A ellos nadie les ha vuelto a preguntar “y por eso es que llegan las desgracias”, afirma la lideresa uitoto Nazareth Cabrera.

Grupos armados y particulares buscan las rentas de la minería ilegal. “Los dineros de la minería salen de los lugares en donde se explota. Lo que sí quedan son las consecuencias ambientales y sociales”,  explica una fuente que trabaja en la zona y conoce de esta problemática.

Según Víctor Moreno, poner en operación una balsa minera puede costar hasta 150 millones de pesos (cerca de 39 000 dólares) y el pago para quienes trabajan en las embarcaciones, alrededor de seis u ocho personas, no supera los 3 millones de pesos quincenales (787 dólares) con jornadas de trabajo de hasta 20 horas diarias. Sin embargo, los ingresos, según reveló el Ejército Nacional en 2020, pueden ser de hasta 60 000 millones de pesos (aproximadamente 16 millones de dólares) por cada 400 o 500 gramos de oro.

Los militares en sus actividades de control y algunos habitantes locales, según cuenta Moreno, manifiestan que los verdaderos dueños, a los que se les llama “gasteros”, están en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá —bien lejos de los daños ambientales—.

 

 

Balsa minera en el río Caquetá y montículo de arena que deja la extracción. Cortesía: MAXAR.

 

 

Río Caquetá. Foto: Nazareth Cabrera.

Grandes amenazas para los indígenas no contactados

Intangible. Así se nombra a gran parte del territorio de casi un millón de hectáreas del Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré, ubicado entre el río Caquetá y el río Putumayo, en el extremo sur de la Amazonía colombiana. Es la tierra de los indígenas no contactados, los yurí-passé que se creían extintos hasta que en 2012 el investigador Roberto Franco comprobó que, hace más o menos 120 años, ellos eligieron internarse en la selva para aislarse del mundo occidental.

Decir que lo “eligieron” suena a mucho, pues luego de sobrevivir a la colonización española y ser sometidos y esclavizados durante ‘la fiebre del caucho’ en la Amazonía colombiana, ya no se trataba de opciones sino de la única forma de no desaparecer. Sin embargo, en este momento huir ya no es suficiente. Hoy, la minería ilegal a lo largo del río Caquetá y sus afluentes, como el río Puré, se convirtió en un nuevo riesgo para su existencia.

Daniel Aristizábal, coordinador del proceso de Pueblos en Aislamiento Planicie Amazónica de la organización Amazon Conservation Team, destaca varios riesgos. El primero: que se viole su deseo de no ser contactados. Para evitar controles militares, indica, quienes ejercen la minería ilegal se adentran en las selvas buscando rutas sin presencia estatal. El PNN Río Puré, donde habitan los aislados, es una de esas rutas y la posibilidad de que los indígenas reconozcan que hay extraños pisando su territorio no es poca. Para Aristizábal, esto lleva al segundo riesgo: que el miedo al contacto los esté arrinconando y haciendo cada vez más pequeño el espacio por el que transitan.

El tercer peligro es que los mineros ilegales de las balsas también cazan y pescan, lo que se traduce en una reducción de recursos para que los yurí-passé mantengan sus formas de vida. El cuarto riesgo, y uno de los más grandes, según dice Aristizábal, es que los aislados contraigan nuevas enfermedades. Por ejemplo, si algún minero está infectado de malaria y es picado por un mosquito, este luego puede llevar la infección a los no contactados y causar una epidemia.

A todo este escenario de preocupación se suma, por supuesto, la contaminación por mercurio que deja la minería ilegal. Aristizábal cree que las enfermedades que se ven en los resguardos indígenas de la cuenca media del río Caquetá —como malformaciones en fetos y afectaciones neurológicas— también se estarían dando en territorio de los aislados ya que los efectos se pueden extrapolar e incluso asumir como mayores, pues el río Puré es mucho más angosto y tiene muchas más balsas ilegales buscando oro.

 

 

Ríos amazónicos con presencia de minería ilegal en 2020. Mapa: Fundación GAIA Amazonas.

La diferencia es que a los no contactados, precisa Aristizábal, no se les puede hacer muestreos, no se les puede ir a contar que hay un elemento (el mercurio) que los está intoxicando, ni que lo mejor es que no consuman algunos peces. Si sus recién nacidos de repente llegan al mundo con algún problema o si sus adultos empiezan a enfermar de repente, no hay forma de que sepan cuál es la causa.

Nadie sabe con exactitud cuántos yurí-passe viven en la cuenca del río Puré o si, como en el pasado, encontrarán la forma de sobrevivir a las amenazas que el mundo occidental impone sobre ellos. Si el mercurio está causando un exterminio en la población, señala el experto de Amazon Conservation Team, se trataría de un fenómeno muy silencioso y sin testigos. Lo único que se sabe, y en lo que insisten expertos como Aristizábal, es que la minería ilegal en el Puré y los demás ríos tiene que parar.

Deterioro en la salud de los pueblos ancestrales

El miedo por las enfermedades que puede traer la acumulación de mercurio en la cadena alimenticia no es nuevo entre los pobladores indígenas. Luego de que el capitán Boa faltara a la palabra que le dio a los espíritus, las comunidades que habitan a lo largo del río Caquetá cuentan que recién nacidos, niños y niñas empezaron a sufrir de padecimientos que nunca antes habían visto. “La madre naturaleza estaba cobrando con vidas lo que en el pacto se rompió”, dice Nazareth Cabrera, lideresa del pueblo uitoto.

Desde 1986, el río y sus pueblos han recibido constantemente lo que la minería desecha: mercurio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición y consumo de este metal puede ser tóxica, provocar graves trastornos neurológicos y causar alteraciones en fetos y niños en sus primeros años de vida. Es más, en poblaciones indígenas que practican la pesca de subsistencia en países como Colombia y Brasil, la OMS ha observado que entre 1.5 y 17 de cada 1000 niños presentan un leve retraso mental causado por el consumo de pescado contaminado.

 

 

Puntos de muestreo en la cuenca media del río Caquetá. Fuente: Informe Aproximación a las afectaciones en el ambiente, al ser humano y su organismo por la exposición a mercurio y metil mercurio en el resguardo Puerto Zábalo Los Monos y su zona de control y vigilancia.

La intoxicación con mercurio también puede causar la enfermedad de minamata, cuyos síntomas incluyen problemas sensoriales en las extremidades –sentir, por ejemplo, que las manos y pies están ardiendo–; encontrar de repente dificultad para hablar, escuchar o mover los ojos; problemas para mantener el equilibrio, falla de memoria e insomnio.

El mercurio que se usa para separar el oro y la tierra del río llega a las aguas y, allí, las bacterias del ecosistema lo transforman en metalmercurio –su forma más tóxica–, después pasa a algas y plantas y luego a los peces. Es una preocupación mayor si se considera que todas las comunidades indígenas en la parte media y baja del río basan su dieta en la pesca y esta es su mayor fuente de proteína.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos por litro del metal en la sangre. El problema es que, por lo menos en la cuenca media del río Caquetá, ya se comprobó que se superan los límites. Y no por poco.

En septiembre del 2018, un muestreo realizado en las 12 comunidades (ver gráfica) que forman parte del resguardo Puerto Zábalo – Los Monos encontró que sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre. Cuatro veces el máximo permitido. El estudio que fue realizado por la Secretaría de Salud del Caquetá, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Justicia, entre otros, es uno de los cuatro, y el más reciente, que se han hecho en la región para entender los efectos del mercurio.

 

 

Niveles de concentración de mercurio en 12 comunidades indígenas de la cuenca media del río Caquetá. Fuente: Informe Aproximación a las afectaciones en el ambiente, al ser humano y su organismo por la exposición a mercurio y metil mercurio en el resguardo Puerto Zábalo Los Monos y su zona de control y vigilancia.

Victor Moreno, quien también fue uno de los investigadores que participó en el muestreo, asegura que cuando entregaron los resultados vio cómo para las comunidades indígenas es difícil entender las enfermedades a las que se están enfrentando. Según Moreno, ni en sus lenguas ni en su tradición existe un nombre para “el veneno” que ahora está en su sangre. Dice que los miraña no piensan darle nombre porque no quieren darle fuerza a sus impactos negativos. Sin embargo, fuerza ya tiene, pues el mercurio recorre sus cuerpos.

 

 

Maloka indígena en el Apaporis. Foto: GAIA Amazonas – Juan Gabriel Soler.

Un problema más allá de la frontera colombiana

El río Caquetá es largo. Tan largo que inicia en el Páramo de las Papas, entre los departamentos de Cauca y Huila, en el suroccidente de Colombia, y termina en el río Amazonas, en las selvas de Brasil, a 2820 kilómetros de su nacimiento. Recorrerlo es decidir navegar durante semanas en medio de la selva amazónica. A sus aguas llegan más ríos y caños que tampoco se han salvado de la minería.

Que haya un cruce de frontera no significa que estas aguas se vuelvan intransitables de un país a otro. Después de todo, como cuenta Moreno, fueron los mineros brasileños, conocidos como ‘garimpeiros’, los que a finales de los setenta y principios de los ochenta le enseñaron a los indígenas amazónicos colombianos la técnica del aluvión. Venían por distintos ríos buscando el oro y aprovecharon el desconocimiento de las tribus indígenas para conseguirlo.

Los pueblos ancestrales, al no ver destrucción boscosa como la que provoca la minería a cielo abierto, no reconocieron los impactos y hasta empezaron a trabajar en las balsas. Era una de las únicas formas de conseguir ingresos en estas tierras abandonadas por el Estado colombiano pero con fuerte presencia guerrillera.

 

 

Balsa minera en el río Caquetá y montículo de arena que deja la extracción. Cortesía: MAXAR.

Los ‘garimbeiros’, según cuenta una fuente que conoce el territorio y pidió reserva de su nombre, fueron expulsados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La guerrilla alegaba que los mineros estaban explotando a los indígenas al ofrecerles pagos miserables por trabajar en las balsas. Al final, los brasileños se fueron pero la actividad persistió. También asegura que, así por ahora nadie lo quiera aceptar, fueron las FARC quienes desde entonces empezaron a controlar la minería en la Amazonía y a beneficiarse con sus rentas.

Lo cierto es que ya son más de cuatro décadas de explotación y vertimiento de mercurio en estos ríos. Y la situación no mejora. Si en el lado colombiano del río Puré se vieron 19 balsas en junio de 2021, la misma organización internacional que prefiere ocultar su nombre también asegura que del lado brasileño contó 36 dragones, 13 lanchas y 3 casas mineras. Las imágenes satelitales y sobrevuelos también permiten ver los montículos de arena llenos de mercurio que la extracción deja a lado y lado del río.

Luz Alejandra Gómez, coordinadora del área de Sistema de Información Geográfica de la FCDS, afirma que en las aguas brasileñas del río Caquetá, que allí pasa a llamarse Japurá, la situación es similar. “Brasil es mucho más permisivo y el río se ha llenado de títulos mineros legales”, cuenta.

Del lado colombiano se han hecho algunos esfuerzos para blindar esta zona amazónica. La mayoría del terreno está catalogado como Parque Natural Nacional o como resguardo indígena, lo que le da un nivel de protección especial. Aún así, esta protección es insuficiente. Robinson Galindo, director territorial para Amazonas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, está convencido de que tratar la minería ilegal como un asunto único nacional no solucionará el problema. Para él, tanto la Cancillería colombiana como las autoridades brasileñas deben estar involucradas.

 

 

Balsa minera en el río Caquetá y montículo de arena que deja la extracción. Cortesía: MAXAR.

La transnacionalidad del fenómeno no tiene que ver sólo con los países que atraviesan los ríos. Análisis de GAIA Amazonas y FCDS han establecido que gran parte del mercurio con el que se extrae el oro de estos ríos se consigue por contrabando. Se presume que la ruta empieza en México, continúa en Bolivia, de ahí pasa a Perú y por la frontera entra a Colombia.

La conexión con otras economías ilegales

“No queremos a Parques Nacionales aquí”, le dijeron hombres armados, al parecer de las disidencias del frente Carolina Ramírez de las FARC, a algunos guardaparques del PNN Chiribiquete. El mensaje debía replicarse: todos los cuidadores de Parques se tendrían que ir de la Amazonía. En febrero de 2020 la orden se cumplió y la selva se quedó sin ellos.

Con los guardaparques se fueron también los talleres de protección ambiental que la institución le daba a las comunidades indígenas, las jornadas de concientización para cercar el territorio intangible y una de las pocas muestras de presencia estatal en estas selvas. A cambio, los ríos quedaron abiertos y sin puntos para controlar la minería ilegal. Desde entonces, la organización que pide la protección de su nombre registra cada vez más puntos de operación de minería ilegal.

Tan solo durante los primeros seis meses del 2020, el Ejército destruyó 20 dragas usadas para extraer oro del río Caquetá. Las fuerzas armadas aseguraron que pertenecían, en su mayoría, a disidencias de las Farc o al grupo criminal Clan del Golfo.

Fuentes en terriorio aseguran que quienes están detrás de la minería ilegal son los mismos que controlan los cultivos ilícitos de la zona: las disidencias y grupos de crimen organizado. De hecho, en un análisis histórico que contempla desde 1970 hasta 2019, GAIA Amazonas encontró que cuando aumenta la bonanza del oro baja el narcotráfico, y viceversa. Esto tiene sentido, en el 2018 el comandante de la Brigada del Ejército Contra la Minería Ilegal, coronel Carlos Alberto Montenegro, dijo que la minería ilegal era más rentable que el narcotráfico.

 

 

Balsas en el Apaporis. Foto: GAIA Amazonas – Juan Gabriel Soler.

Uno de los factores que hace tan productivo el negocio es lo fácil que se puede legalizar, contrario a lo que ocurre con la coca. Basta con lograr que un negocio de compraventa adquiera el oro para que este pueda ser comerciado de forma legal. Luego de que el oro es fundido, hacer una ruta de trazabilidad se convierte en misión imposible.

Sergio Vásquez, asesor de incidencia política de GAIA Amazonas, considera que la respuesta del Estado, como suele suceder en estos casos, se ha centrado en “desmantelar balsas y ya”, pero que no hay una política integral que considere mejorar las condiciones de vida de estas comunidades.

El Ejército envía soldados que destruyen dragas en el mismo río y no tiene la capacidad de sacar el mercurio, la gasolina, y los restos de la embarcación de estas selvas, asegura Luz Alejandra Gómez. Así que el veneno sigue el curso del agua, sigue contaminando.

Además, tampoco hay muchos capturados, cuenta Víctor Moreno. Y si los hay son, seguramente, los eslabones más bajos: el indígena o colono al que le pagan porque arriesgue su vida buceando en el río sin mayor protección, la cocinera que está en la balsa alimentando a los mineros o el que revisa que la tierra se separe del oro.

Víctor Motta, poblador indígena uitoto y secretario de Salud del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas en Colombia (CRIMA), cree que la solución no está en atacar dragas –que en todo caso son reemplazadas al poco tiempo de destruidas–, sino en trabajar con las comunidades indígenas para que sean ellas mismas quienes planteen los caminos que quieren seguir.

*Imagen principal: Imagen de referencia. Balsas en el río Apaporis. Foto: GAIA Amazonas – Juan Gabriel Soler.

Actualizado el: Jue, 07/22/2021 - 07:38

Por: Santiago Luque Pérez - Rutas del Conflicto en alianza con Mongabay Latam. Series de Mongabay: Especiales transnacionales

 

Las trochas abiertas por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se han ido convirtiendo en vías que se expanden y amenazan la Amazonía. En el sur de Colombia, en los departamentos de Caquetá y Guaviare, inicia la espesa selva que durante años estuvo olvidada y vetada para la mayoría de personas. Los grupos al margen de la ley no permitían el ingreso de nadie a estos terrenos por estrategia militar y solo algunos investigadores lo lograron, con el permiso de quienes dominaban en la selva. Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el control pasó a manos de las disidencias de ese grupo guerrillero, quienes no se han interesado en controlar la tala de árboles y la construcción de vías.

Hoy las carreteras se abren paso en medio de la selva y buscan abrir estos territorios para conectarlos con el resto del país. A través de Global Forest Watch, Mongabay Latam encontró que durante el 2020 y 2021 se han registrado alrededor de 12 801 alertas de deforestación en estos espacios, un promedio de  48% más que en el 2019. Asimismo, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha denunciado con preocupación la ampliación ilegal de la vía Puerto Cachicamo - La Tunia, en el departamento de Caquetá. En su totalidad son 66 kilómetros que inician en la Marginal de la Selva, a un costado del río Guayabero, que se extienden al sur, pasando por el Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete y el resguardo indígena Yaguará II, hasta llegar al río La Tunia.  Este incremento exponencial también se observa en la cantidad de alertas que arroja en este sector: de las más de 12 mil alertas obtenidas en ambos años en toda la zona, 7492 alertas corresponden a esta trocha abierta entre Puerto Cachicamo - La Tunia. Unas 6209 de ellas se registraron desde inicios del 2021.

Hay dos vías más que se han abierto a espaldas de la legalidad estatal, la que conecta La Tunia - Camuya de 58 kms de extensión, gran parte de ella está en zona protegida del Chiribiquete, y La Playa - Río Yarí con 33 kms. Según fuentes de la zona, en el futuro las tres vías podrían conectarse y formar una carretera que uniría a las sabanas del Yarí con la región andina.

Las vías han traído consigo deforestación en uno de los principales enclaves ecológicos del país. Foto: Archivo de Rutas del Conflicto

 

La Marginal de la Selva era una vía que durante años buscó atravesar la zona norte de la Amazonía del país. Unos kilómetros al occidente de donde se desprende la vía Puerto Cachicamo - La Tunia se da la conexión con la llamada ‘trocha ganadera’, otra vía ilegal que ha sido foco de deforestación y que atraviesa el PNN Sierra de La Macarena y conecta a los municipios de Vistahermosa y La Macarena.

Esta planificación vial ilegal se da en una zona que funciona como un importante corredor ecológico que inicia en la zona de páramos de la cordillera de Los Andes, pasa por el bosque altoandino, se conecta con los ecosistemas orinocenses y llega hasta la Amazonía.

No solo la biodiversidad está en peligro sino la supervivencia de varias comunidades indígenas. Miembros del resguardo multiétnico Yaguará II, que es atravesado por estas vías ilegales, dicen que las denuncias no son atendidas y aunque el Estado conoce los casos, aún no se decide a combatir este problema. Afirman que no son trabajos realizados por campesinos, ya que tienen conocimiento del uso de maquinaria pesada para la ampliación y apertura de carreteras.

Aunque el equipo de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto no accedió a la zona donde se encuentran estas vías ilegales, llegó a uno de los cascos urbanos más cercano, donde las personas manifestaron su temor a hablar. Las fuentes relatan una situación similar a la vista anteriormente en la Trocha Ganadera, vía ilegal que atraviesa el PNN Sierra de la Macarena y a la que el equipo accedió en el pasado. La selva, llena de árboles gigantes se ha empezado a convertir en madera tumbada y quemada, que después pasa a ser pastizal y terreno cercado. Se desconocen quienes ordenan las talas y ocupan estas tierras. 

En este mapa actualizado hasta el 2020 se puede observar la ubicación de las tres vías que atentan contra el Chiribiquete y el resguardo Yaguará II: los trazos 1, 2 y 3. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

 

Carreteras que no respetan la naturaleza

En 2020 la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) publicó el artículo ‘Vía al bosque amazónico ¿para qué y cómo? Preguntas clave’, en la revista Colombia Amazónica. Las investigadoras Gloria Inés González y Luz Alejandra Gómez documentaron el aumento de las carreteras en el arco noroccidental de la Amazonía. Un ejemplo es el PNN Sierra de la Macarena que, en 2018, tenía más de 200 kilómetros de carreteras y para 2019 elevó esa cifra a casi 300. 

En el caso del PNN de Chiribiquete, si bien aún no cuenta con grandes extensiones de vías, estas sí han ido en aumento. Incluso, un funcionario estatal, que por razones de seguridad pidió la reserva total de su identidad, le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que la deforestación no solo llega con la construcción de estas carreteras, sino que se va acelerando la tala de árboles al interior de las áreas protegidas.

La situación de seguridad en el resguardo indígena Yaguará II es tan frágil que muchos otros funcionarios locales y expertos ambientales en territorio pidieron la reserva de sus nombres y le dijeron a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que hay intereses económicos para conectar el PNN Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo.  La conexión de estas vías permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son espesa selva. Aunque hay tres importantes ríos —Tunia, Camuya y Yarí— que se interponen para tener una sola vía, algunos creen que con una estructura de madera, conocida como ‘planchón’, los ilegales logren superar estas barreras naturales; algo similar a lo que ocurrió con la Trocha Ganadera en el PNN Sierra de la Macarena.

El Ministerio de Ambiente presentó las cifras de deforestación del 2020. Mostró el caso de Yaguará II como ejemplo de pérdida de bosque por causa de la construcción de infraestructura no planificada y denunció que se está realizando los trabajos de ampliación de la vía Puerto Cachicamo - La Tunia. Imagen: Ministerio de Ambiente e IDEAM.

La comunidad indígena teme que esto se materialice y aunque no tienen certeza de ello, creen que las diferentes carreteras ilegales que amenazan sí buscan conectarse, lo que implicaría la ruptura de las barreras naturales que han impedido el ingreso de particulares para explotar estos terrenos. De concretarse la unión de estas vías ilegales también se abriría la puerta al aumento en la extracción de recursos naturales de la zona. “Hay más vías hacia los lados de La Macarena, por el sector de Montebello, en límites de Guaviare y Meta. Eso ha aumentado la deforestación en esa zona del resguardo”, aseguró uno de los indígenas.

Gloria Inés González, investigadora del FCDS, afirma que hasta la fecha no pueden asegurar que haya interés por conectar estas vías. “Lo que sí se puede afirmar en el monitoreo que están haciendo las entidades es que se aprecia que puede haber indicios de nuevos corredores de movilidad y nuevos accesos en el área del resguardo”, añade. 

Aunque la posición del Gobierno Nacional ha sido culpar a las disidencias de las Farc por la deforestación en esta zona del país, las comunidades no se atreven a asegurar que toda la responsabilidad sea de ellos. “Lo que se tiene entendido es que las disidencias quieren la protección de los bosques, pero es irrelevante porque ellos apoyan los cultivos ilícitos y para eso tumban mucha montaña. Dicen una cosa y actúan de otra manera”, aseguró otra de las fuentes consultadas en territorio. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto intentaron contactar a Parques Nacionales y Naturales de Colombia para pedir su versión sobre las vías mencionadas pero hasta la fecha de esta publicación no se ha obtenido una respuesta. También se intentó contactar, por medio de correo electrónico, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) y tampoco se ha recibido respuesta.

El ministerio de Ambiente presentó las cifras de deforestación para el año 2020 y señaló que la construcción de la vía Puerto Cachicamo - La Tunía está afectando los bosques de esta zona. “De la mano de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el ministerio del Interior estamos revisando esto, están acabando con nuestros recursos naturales y no lo vamos a permitir”, aseguró Carlos Correa, ministro de ambiente. Añadió que alrededor de la carretera se están acaparando terrenos de entre 50 y 100 hectáreas.También se denunció que hay una casa o edificación desde la que se está trabajando en la ampliación y las mejoras ilegales de la vía.

En esta región del país es difícil que alguien se atreva a acusar con contundencia, pues cualquier declaración puede llevar a una amenaza de muerte. Por eso no se sabe exactamente quiénes están abriendo vías y deforestando la región. Lo que sí afirmaron los entrevistados en territorio es que quienes deforestan grandes extensiones de tierra cuentan con grandes recursos económicos “porque no es barato ni algo que un pequeño campesino pueda realizar solo”.

“Aquí las fincas están muy baratas porque no tienen documentos de propiedad, entonces los colonos vienen cercando desde hace tiempo, tienen agricultura y ganadería. Ahora llega gente de otras partes [...] a comprar, a seguir abriendo carreteras, apuntándole a que en un futuro deroguen las leyes de protección sobre las tierras para que les titulen”

Entre los PNN Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete y el resguardo Yaguará II coexisten desde las disidencias de las FARC, hasta ganaderos y empresarios. Las vías que se ven en terreno, desde el aire y hasta en mapas satelitales, no solo buscan ampliar la frontera ganadera y agrícola a costa de reservas naturales, sino que intentan conectar el norte de la Amazonía de Caquetá y Guaviare, una región que ha estado al margen de los proyectos de explotación por su difícil acceso y su importancia ecológica, con la Altillanura; una zona en la que el Estado colombiano ha promovido extensos proyectos agroindustriales como la palma aceitera, el maíz y el  arroz. El miedo de las comunidades y los expertos está en que pase lo mismo que en la Altillanura, que ha sido fuertemente deforestada para la ganadería.

Una fuente en territorio que pidió el anonimato por razones de seguridad, le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que el Estado conoce la vía Cachicamo- La Tunia y las problemáticas que genera, pero que no actúan hasta el momento. “Nosotros queríamos denunciar esta vía y hablamos con un Fiscal, pero la respuesta fue que eso era mucha burocracia, que para qué hacíamos eso”.

La ausencia de las instituciones nacionales contrasta con el actuar que tuvo el anterior gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry, quien en 2018 pidió la construcción y ampliación de la vía que comunica a los municipios de Calamar y Miraflores, en el departamento de Guaviare, hacia la Reserva Natural Nukak, en área protegida. Incluso, el Plan Vial Departamental actual, aprobado durante su gobernación, contemplaba a esta y otras carreteras que atraviesan la zona de reserva forestal dentro del programa de inversión de infraestructura. Incluso destinaba varios millones de pesos para ellas. Echeverry fue sancionado en 2019 por el Ministerio de Ambiente con más de mil millones de pesos por estos actos, el equivalente a 265 mil dólares.

“Que lo legalicen, es que ya está intervenida la zona, ya está, ya se hizo el daño, ya se tumbó la selva, ya no hay nada que hacer. Que lo legalicen”, afirmó Nebio Echeverry en declaraciones recopiladas por Rutas del Conflicto. En un foro denominado ‘Construyendo país’ y liderado por el presidente Iván Duque en 2018, Echeverry también se refirió a que el departamento tenía “400 000 cabezas de ganado, pero que hay pastos para más de un millón de vacas”, desconociendo a la ganadería como uno de los principales motores de deforestación del Guaviare.

La vía Puerto Cachicamo - La Tunia es la que registra mayor deforestación de las tres vías analizadas y corta tanto el parque Chiribiquete como el resguardo Yaguará II. Las imágenes corresponden a marzo de 2020 (primera imagen) y junio de 2021 (segunda imagen). Imágenes: Global Forest Watch 

Un líder ambiental asegura que es impresionante toda la gente que está llegando al Guaviare a comprar tierras. “Aquí las fincas están muy baratas porque no tienen documentos de propiedad, entonces los colonos vienen cercando desde hace tiempo, tienen agricultura y ganadería. Ahora llega gente de otras partes, del Caquetá o de Arauca [departamentos colombianos] a comprar, a seguir abriendo carreteras, apuntándole a que en un futuro deroguen las leyes de protección sobre las tierras para que les titulen”.

El año pasado el Gobierno Nacional destacó la disminución en la deforestación de 2019, pero esta no se ha detenido y aún no se conoce la cifra oficial de pérdida de bosque durante el 2020. Pero hay razones para prender las alarmas. Entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 se perdieron más de mil hectáreas al interior del PNN Chiribiquete, principalmente en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán. 

Además, al interior de los resguardos indígenas también continúan tumbando bosque. Cifras de la FCDS documentan 2292 hectáreas perdidas en el resguardo Yaguará II entre 2019 y 2020, superando las 1891 que se habían perdido en el periodo anterior.

Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha realizado varios estudios sobre acumulación y uso de la tierra en Colombia, señala que estos procesos de deforestación y ocupación de terrenos en zonas de preservación ambiental hacen parte de un proceso que a largo plazo permite a grandes empresas acumular predios en colaboración con servidores públicos.

Según Salinas, este proceso ya ha mostrado en el pasado cómo se desplazan comunidades étnicas y campesinas, y se destruyen los ecosistemas para que luego grandes empresas, con el apoyo de grandes políticas de Estado y en alianza con servidores públicos, legalicen la propiedad de estas tierras. La investigadora señala que hay varios casos documentados en Colombia con proyectos agroindustriales, minero-energéticos, agroforestales y de construcción de infraestructura.

La vía La Tunia - Camuya ha entrado al parque Chiribiquete y ha dejado una huella de deforestación, sobre todo en 2021. Estas imágenes cuentan cómo se encontraban las alertas de deforestación en marzo de 2020 (primera imagen) y en junio de 2021 (segunda imagen). Imágenes: Global Forest Watch

 

El tema de infraestructura, agrega la investigadora de Indepaz, tiene una importancia clave en esta zona del país, ya que desde hace mucho tiempo existe el interés de varios empresarios pora construir la Conexión Pacífico-Orinoquía, una carretera que conecte a la ciudad de Puerto Carreño, en límites con Venezuela, con el puerto de Buenaventura, el más grande del país, en el Pacífico. Este proyecto se reactivó el año pasado y de concretarse pasaría muy cerca de los PNN Tinigua, Picachos y Sierra de la Macarena. Sin embargo, las vías no llegan solas y traen otras problemáticas que se concentran a su alrededor, como ocurrió con la Marginal de La Selva. Cuando el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos anunció su construcción, se disparó el acaparamiento y la especulación de la tierra, aunque luego el proyecto fue descartado en 2018 por las afectaciones ambientales que traería.

Un resguardo indígena bajo amenaza

Los indígenas del resguardo Yaguará II han visto con preocupación el avance en la construcción de la carretera ilegal de Puerto Cachicamo - La Tunia, lo que estaría aumentando la deforestación y la llegada de personas externas al territorio. “Es la vía más avanzada y amplia, prácticamente ya no faltan sino dos kilómetros para llegar al río Tunia y es algo que nos tiene preocupados por la llegada de colonos y porque el río lo utilizamos para la pesca”, afirmó una persona de la comunidad que prefiere mantener su nombre en reserva dada la complicada situación de orden público en la región. Según la FCDS, hasta el 2019 había 506 kilómetros de vías construidas al interior de resguardos indígenas en los departamentos de Guaviare y Caquetá.

Como mencionábamos al inicio del texto, el problema de esta vía se disparó desde 2020, pero ha sido en 2021 donde se han registrado más alertas de deforestación. De acuerdo con la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, aunque en entre agosto y diciembre se identificaron 1 283 alertas GLAD, desde marzo de 2021 e incluso hasta la última semana de junio aparecieron 9 035 alertas de deforestación. De los sectores más deforestados en este 2021, es la vía Puerto Cachicamo - La Tunia la que más alertas registra, con 6 209 . En las otras dos vías problemáticas, como La Tunia- Camuya y La Playa- Río Yari, se han registrado 2 826 alertas. 

Asimismo, hay un grave peligro de que estas tres vías se unan con la de Puerto Cachicamo- Barranco Colorado, ubicada en el Parque Sierra de la Macarena. Durante la pandemia, en esta vía se registraron 143 alertas.

La historia del resguardo Yaguará II ha estado marcada por retos y obstáculos. Los indígenas viven en una zona aislada, en un área rural entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Allí conviven integrantes de las etnias Pijao,Tucano y Piratacuyo.

 

La vía La Playa - Río Yari, en el límite del parque Chiribiquete también ha registrado aumento en sus alertas de deforestación: la primera imagen corresponde a marzo de 2020 y la segunda a junio de 2021. Imágenes: Global Forest Watch.

 

Los Pijao llegaron a estos territorios, que hoy limitan con el PNN Chiribiquete, mientras huían de la violencia bipartidista en el municipio de Chaparral (Tolima). Arribaron en 1964 con la asistencia de la Fuerza Aérea Nacional.

En 1994 se constituyó legalmente el resguardo pero, a inicios del siglo XXI, la violencia por parte de la guerrilla de las Farc obligó a que los indígenas salieran desplazados hacia el casco urbano de San Vicente del Caguán. Cuando quisieron regresar a su territorio, siguieron enfrentándose a la inseguridad y al ingreso de colonos e indígenas de otras etnias que dificultaron su retorno.

Los verdaderos dueños del resguardo Yaguará II interpusieron una solicitud para recuperar su espacio y el proceso fue aceptado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), pero ha pasado el tiempo y aún no ha llegado a manos de un juez. 

Los problemas que enfrentan los indígenas Pijao,Tucano y Piratacuyo no terminaron ahí. Su reclamo por las tierras aún está en etapa de caracterización y registro, pues según confirmaron funcionarios de la entidad, “no tenemos garantías [de seguridad] para visitar el predio”. Por ahora lo único que pudo hacer la URT fue solicitar medidas de prevención sobre los predios, las cuales fueron falladas el 26 de septiembre de 2017 a favor de los indígenas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué. La justicia le ordenó al Estado detener la deforestación, garantizar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los indígenas.

En la actualidad, los indígenas denuncian el incumplimiento del fallo y la falta de garantías para su retorno. A pesar de esto, 24 familias y más de 70 personas se arriesgaron y retornaron al territorio. El regreso de las comunidades indígenas al resguardo Yaguará II también se traduce en una oportunidad para detener la deforestación. Actualmente las familias que volvieron se encuentran trabajando en proyectos para fortalecer su presencia y poder detener la deforestación de la mano de diferentes organizaciones como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) —autoridad ambiental en la región—, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF).

 

Las vías del Guaviare son en su mayoría ilegales. Abiertas en un principio por la guerrilla de las Farc, se han ido agrandando y expandiendo sin saber los responsables. Foto: Archivo de Rutas del Conflicto.

 

“Con la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF) estamos trabajando con lo de la Guardia Indígena, en una cabaña de vigilancia que se está formando. Se capacitó un grupo para las labores que se deben realizar al interior de los linderos”, afirmó una persona del resguardo que pidió el anonimato. La intención de este proyecto es que los indígenas puedan actuar ante el ingreso de un particular a sus predios y ante la explotación de los recursos naturales. Ellos también apoyaron la realinderación de los predios que se realizó recientemente con Agencia Nacional de Tierras (ANT)

La FCDS los ha estado apoyando en diferentes aspectos, uno de ellos corresponde a la implementación de un proyecto financiado por Visión Amazonía, que contempla ordenar ambientalmente el resguardo, formular un plan de vida y tener un plan económico. “Cuando estaba reciente el Acuerdo de Paz se pensó en fortalecer el turismo de naturaleza, ahora se cambió a un plan de foresteria comunitaria en el que haya aprovechamiento sostenible del bosque. La meta es lograr el permiso con la CDA”, afirmó Gloria Inés González de la FCDS.

Con los colonos existentes no han tenido problemas, incluso algunos salieron de la zona del resguardo y se instalaron en los límites. El temor se centra en los nuevos actores que puedan llegar y ocupar sus tierras. Una persona de la comunidad, que prefirió no dar su nombre por seguridad, manifestó que aún no se han ratificado los linderos que tienen con el PNN de Chiribiquete, por lo que hay inseguridad jurídica sobre los territorios.

ilustración de portada: Kipu Visual

Esta investigación hace parte del especial transfonterizo Mapas del delito: vigilancia satelital revela el violento impacto de la deforestación en tierras indígenas. Complementada con los reportajes Comunidades kichwa arrinconadas por el narcotráfico y la tala en Perú, Narcotráfico arrasa bosques de indígenas shipibo y los obliga a replegarse en Perú, Alerta roja: la fiebre de la madera balsa en Ecuador ya es detectada por los satélites y Traficantes de tierra invaden área protegida de Bajo Paraguá en Bolivia.

 

Actualizado el: Mar, 09/14/2021 - 10:36