En entrevista con los investigadores Rocío Caballero y Fernando Herrera, se habló sobre los desafíos del derecho a la CPLI en las comunidades indígenas de Colombia y de los bonos de carbono, un sistema de venta de permisos de emisión de gases de efecto invernadero con el propósito de reducir la contaminación climática, que están rodeados de vacíos institucionales en relación con la CPLI.

 

¿Cuánto tiempo en promedio puede durar una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) con todas sus etapas?

 

Fernando Herrera: Ni el Convenio 169 de 1989 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que consagra y reafirma la existencia de la consulta previa estima un tiempo o una duración, la Constitución Política de Colombia tampoco lo estima, los fallos de las Cortes tampoco dan una estimación. Pero sí hay un requerimiento de que los tiempos de las consultas previas deben acoplarse a un principio, que tiene este Convenio 169, que es el de Adecuación Cultural. Por vía de este principio de Adecuación Cultural lo que ha venido insistiendo es que los tiempos de la consulta deben respetar los tiempos de los pueblos, es decir, para definir la ruta de trabajo de una consulta previa en Colombia se tienen que respetar los calendarios ancestrales y los tiempos que consideren las comunidades de acuerdo a sus intereses, a sus aspiraciones y a sus necesidades de evaluar los riesgos y los posibles beneficios que pueda generar eventualmente un proyecto sometido a consulta. De manera tal que no hay tiempos.

 

¿El gobierno nacional ha respetado los calendarios ancestrales de las comunidades indígenas al momento de realizar consultas previas?

 

F: El gobierno nacional ha venido tratando de tener un principio de celeridad de economía de tiempos, pero no ha podido exigir un tiempo porque la Constitución no lo permite y los instrumentos internacionales tampoco. Hay consultas ultrarrápidas que se han hecho en 20 días, que ahí es que uno entra a cuestionar que si eso fue una consulta en realidad o fue la simulación de una. Realmente lo que dice la Corte Constitucional y varios instrumentos internacionales es que los tiempos deben ser concertados con los pueblos que van a ser consultados.

 

¿De qué forma se ha visto afectado este derecho de la CPLI en tiempos de pandemia por el Covid-19?

Rocío Caballero: Cuando llega la pandemia, estos procesos de consulta previa quedan con la incertidumbre de qué va a suceder porque no existen las garantías para hacerlos con la real participación de las comunidades en sus espacios asamblearios. Lo que vimos es que el gobierno nacional el año anterior intentó realizar esa flexibilización de hacer consultas previas virtuales y eso fue muy grave. A nivel nacional muchas comunidades y organizaciones nos manifestamos en contra de estas decisiones porque era una violación al derecho a la consulta previa. Finalmente, esa decisión del gobierno fue suspendida precisamente ante la presión de las comunidades.

 

F: Las consultas se tienen que hacer desde las formas de comunicación que tienen los pueblos y desde las realidades de las comunidades. En muchas comunidades de nuestro país no disponemos de cobertura wifi o 4G para realizar consultas virtuales. Esto generó un obstáculo grandísimo para que las comunidades pudieran participar de las mismas. Lo que han venido declarando muchas comunidades es que la virtualidad corta los tiempos de diálogo. Fácilmente en un diálogo con el gobierno, las comunidades se pueden sentar 3-4 días con sus correspondientes noches si así lo pide la ley de origen y esto no se puede hacer en una jornada de 1 o 2 horas por Zoom. Lo que han hecho las comunidades indígenas es que suspendieron las consultas hasta que se dieran todas las garantías para un diálogo más presencial, más territorial y más respetuoso, de las formas en las que conversan y construyen diálogos los pueblos y comunidades más allá de una formalidad por Zoom.

 

Además de los obstáculos de la virtualidad, ¿Cómo han sido afectadas las comunidades indígenas y su derecho a la consulta previa con la presencia de grupos armados ilegales?

R: Cuando hay un actor armado en el territorio las comunidades se ven en una situación de vulneración de sus derechos. Muchas veces las comunidades están en situación de confinamiento o están en situación de desplazamiento, o en situación de exterminio por causa del conflicto armado y por el abandono estatal. Entonces mientras haya actores armados, las comunidades no tienen esa libertad para decidir. Las comunidades hacen los esfuerzos por mantener el gobierno propio y defender su supervivencia, sin embargo, es muy difícil. Primero para que las comunidades puedan ser libres de decidir, debería resolverse la situación del conflicto armado antes de traerle a las comunidades nuevas imposiciones.

 

¿Qué otro tipo de violencias sufren las comunidades indígenas que dificultan su derecho a la consulta previa?

F: Sumado a las violencias armadas tenemos otros tipos de violencias como actos de desinformación; intentos de división de los liderazgos en las comunidades por parte de las empresas e instituciones públicas para fragmentar los procesos de diálogos sociales con las comunidades; intentos de estigmatización, de llamar terroristas a las comunidades que entran en minga porque una consulta no se está desarrollando bien o decir que una comunidad es enemiga del desarrollo. Sumado a los grupos armados ilegales también las mismas empresas contribuyen a generar factores de violencia al estigmatizar a las comunidades. Hay una concurrencia de violencias armadas combinadas con violencias sociales y políticas que presionan a las comunidades para que se sientan debilitadas y no exijan lo que deben exigir. Hay que evaluar si en Colombia cuando hablamos de consultas previas estamos hablando de consultas realmente previas, realmente libres y realmente informadas.

 

¿Cuáles son los principales vacíos que tienen las entidades nacionales al momento de realizar un proyecto en un territorio indígena?

 

R: En los territorios hemos visto una falta de institucionalidad regional y nacional para llevar a cabo la consulta previa. Ni la Defensoría del Pueblo ni otras organizaciones cumplen con su papel de acompañar a las comunidades ni de garantizar el derecho a la consulta previa. Hay abusos de poder al encontrar que las comunidades carecen de información técnica entonces terminan vulnerando también el derecho a que la comunidad decida con toda la información. Se ha encontrado también mucha afinidad entre el Estado y las empresas que pretenden desarrollar proyectos, entonces las comunidades quedan sin garantías frente a esa imparcialidad que se debería. Por otro lado, una de las grandes problemáticas que se ha mantenido ha sido el tema del reconocimiento de los pueblos sobre sus territorios. El Ministerio del Interior muchas veces ha negado la presencia de los pueblos étnicos sobre sus lugares. Se ha dado la facultad de certificar si sobre cierto territorio, que tiene intereses una empresa, hay o no pueblos étnicos.

 

F: Desafortunadamente en el informe encontramos que los servidores públicos y la institucionalidad estatal no ha entendido que es ser parte de un Estado pluriétnico y multicultural. Por ende, no han logrado entender qué es la consulta previa y siguen viendo la consulta como un obstáculo al desarrollo, como una traba al desarrollo de las empresas. No ha logrado entender que, como lo ha venido diciendo la Corte Constitucional, hace más de 10 años con más de 30 sentencias emblemáticas, la consulta previa es una oportunidad increíble para el diálogo interétnico y multicultural. Tenemos un problema de desconocimiento de los funcionarios públicos y del sector empresarial del país que no ha logrado ver la consulta previa como una oportunidad para prevenir daños ambientales y económicos que nos pueden afectar a todos.

 

¿Cuáles son las desigualdades territoriales y sociales que dificultan la comprensión de proyectos y la afectación que su implementación pueda tener en los territorios?

F: Un gran obstáculo que nosotros encontramos en nuestra investigación es que el gobierno nacional no ha entendido que dentro del principio de Adecuación Cultural de las consultas está otro principio muy importante que es el Enfoque Territorial. Una cosa es la consulta en los pueblos amazónicos, otra muy distinta es la consulta para los pueblos de la Orinoquía y otra para los pueblos nómadas o pescadores. En los procesos de creación de normas que ha venido desarrollando el gobierno nacional, no se está teniendo en cuenta esa diferenciación étnica, cultural y territorial que deben tener las consultas. No pueden meter a todos los territorios en los mismos lineamientos ni en los mismos protocolos que han venido desarrollando y por eso las consultas deben respetar esa realidad territorial y esa cosmovisión que tienen los pueblos étnicos.

 

¿A qué se debe que no exista una cifra unificada sobre el presupuesto destinado por el gobierno para los pueblos indígenas?

F: Cuando nos han respondido después de insistir tanto, lo que hemos tenido son respuestas fragmentadas y desarticuladas. Hemos tenido situaciones en las que hemos recibido respuestas que se contradicen cuando el Estado es uno solo, cuando la función presupuestal debe ser una sola y cuando todas estas entidades deberían dar exactamente la misma información. Cada vez que usted pide información de presupuesto se encuentra con diferentes versiones del presupuesto que lo único que hacen es enredar, confundir y desinformar a las comunidades que deberían tener la claridad de a qué tienen derecho en términos de recursos para poder pedir esos recursos para sus proyectos territoriales y su propia financiación de sus planes de vida.

 

¿De qué forma se puede implementar la CPLI en proyectos de bonos de carbono?

R: Para que una empresa llegue a un territorio a plantear este tipo de proyectos debe estar inscrita en el Ministerio de Ambiente y si cumple con los estándares mínimos que dicta la convención de las Naciones Unidas. También es importante que se pueda partir de la Ley 1753 de 2015 que es sobre el registro nacional de programas y proyectos de acciones para REDD+. Se debe insistir en que se realicen consultas previas por vía de este tipo de proyectos que llegan a las comunidades. Lo que se ha visto es que ni el Ministerio del Interior, ni el de Ambiente han sido claros en que se necesitan consultas previas para este tema. Todavía hay, a mi modo de ver, unas incertidumbres institucionales frente al tema.

 

¿Cuáles comunidades indígenas están siendo afectadas por proyectos de bonos de carbono?

R: Lo primero es que el tema de los bonos de carbono es nuevo y llega a los territorios muy silencioso. Sin embargo, está llegando con fuerza. Hemos hecho seguimientos en la Amazonia, en Vaupés, en Guaviare y últimamente en el Chocó.

 

En su informe muestran que hay una falta de instrumentos e indicadores objetivos para verificar el cumplimiento de la consulta previa y una ausencia de canales y mecanismos de diálogo social ¿cómo se puede mejorar el ejercicio de la CPLI?

F: La consulta es un proceso indefinido que se sigue desarrollando una vez se protocolice la misma, la etapa de post-consulta. Sobre esto no hay instrumentos que permitan cuantificar y cualificar cuando se está haciendo bien una consulta. Aquí lo que hay son valoraciones subjetivas de las instituciones. Lo que nosotros hemos venido pidiendo con el informe es que se concierten con las comunidades esos indicadores de cumplimiento, unos instrumentos y unas metodologías para formular la ruta de consulta, para monitorear el comportamiento de la consulta durante el tiempo que dure y para evaluar el cumplimento de los acuerdos. Eso nos permite decidir si una consulta se está desarrollando dentro de los estándares internacionales y si la consulta está siendo respetuosa con las creencias de la comunidad.

 

¿De qué forma la comunidad podría tener un rol más activo?

F: En cuanto a la participación, la Corte Constitucional y los instrumentos internacionales han venido dictando de cómo se puede asegurar la participación de las comunidades y es con la participación plena y absoluta. Cuando el gobierno convoca para una consulta, se debe convocar a toda la comunidad, ahí deben estar todos los hombres y todas las mujeres, todas las personas que hacen parte de esa comunidad. Pero si la comunidad siente que debe tener apoyo técnico o profesional, debe tener las garantías presupuestales para que puedan tener su equipo de economistas, abogados, organizaciones filiales y el gobierno está en la obligación de garantizar el presupuesto y dar todas las medidas de seguridad para que esos actores invitados sean parte del proceso. Es sencillo, es cumplir los lineamientos que ha exigido la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. Si el gobierno revisa estos fallos ahí ya tiene las medidas para cumplir la consulta de la mejor forma posible y si el gobierno revisa la ley de origen y los planes de vida de cada pueblo ahí ya sabe por donde irse para mejorar la participación de las comunidades en las consultas.

 

Actualizado el: Vie, 08/06/2021 - 13:56

Por: Carol Sánchez - colaboración entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam

En medio de las inmensas selvas amazónicas colombianas, en un día del año 2000, los dos grandes sabedores de los pueblos indígenas que habitan el Parque Nacional Natural (PNN) Cahuinarí y el PNN Yaigojé Apaporis –los bora miraña y makuna– cerraron un pacto sagrado con sus espíritus guardianes: no revelarían nunca en dónde estaban los yacimientos de oro ni abrirían de nuevo sus aguas a la minería ilegal. El metal, ese que ellos llaman “el reflejo del sol en la tierra”, estaría destinado a mantenerse escondido para siempre. Y, sin embargo, bastaron pocos años para que a ‘Boa’, el sabedor del Cahuinarí, le pudiera más la avaricia que su promesa.

Pobladores indígenas de Araracuara, en el departamento de Amazonas, cuentan que ‘Boa’ transó información por dinero con quienes buscaban el oro. Que el rompimiento del pacto desató una guerra espiritual entre los líderes espirituales de los dos pueblos y que el sabedor murió agonizando cuando los espíritus le devolvieron en enfermedad lo que él le hizo a la tierra.

Abrirle el territorio a los mineros llevó a que en el 2009 se diera una bonanza de explotación ilegal a lo largo del río Caquetá —la tercera de las cuatro que ha habido en su cauce desde 1986—. Víctor Moreno, coordinador del proyecto Paisajes Amazónicos Sostenibles de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), recuerda que hubo épocas en las que las balsas mineras formaban una sola hilera que atravesaba todo el río. “Era como ver pueblos flotantes”, cuenta.

Siete años más tarde, en 2016, se dio la última bonanza y después de eso, a veces con mayor o menor intensidad, las balsas persisten en el Caquetá y sus afluentes. Es más, en junio de 2021, los pobladores indígenas vieron cuatro o cinco embarcaciones ilegales cerca de las comunidades de Berlín y La Tagua. Imágenes satelitales de una organización que prefiere no ser revelada para proteger a su personal en campo, llegaron a mostrar hasta 19 embarcaciones en el mismo mes en el Río Puré, uno de sus afluentes.

 

 

Dragas mineras ilegales regristradas a lo largo del río Puré. Colombia y Brasil. Cortesía: MAXAR.

La minería en los ríos de esta zona no es ilegal solo porque carezca de permisos y títulos. También lo es porque viola las leyes de origen de los pueblos indígenas amazónicos como los bora miraña, makuna, uitoto y aduche, a lo largo de las cuencas. Según su cosmogonía, son los espíritus guardianes del agua los únicos que pueden autorizar la extracción del oro. A ellos nadie les ha vuelto a preguntar “y por eso es que llegan las desgracias”, afirma la lideresa uitoto Nazareth Cabrera.

Grupos armados y particulares buscan las rentas de la minería ilegal. “Los dineros de la minería salen de los lugares en donde se explota. Lo que sí quedan son las consecuencias ambientales y sociales”,  explica una fuente que trabaja en la zona y conoce de esta problemática.

Según Víctor Moreno, poner en operación una balsa minera puede costar hasta 150 millones de pesos (cerca de 39 000 dólares) y el pago para quienes trabajan en las embarcaciones, alrededor de seis u ocho personas, no supera los 3 millones de pesos quincenales (787 dólares) con jornadas de trabajo de hasta 20 horas diarias. Sin embargo, los ingresos, según reveló el Ejército Nacional en 2020, pueden ser de hasta 60 000 millones de pesos (aproximadamente 16 millones de dólares) por cada 400 o 500 gramos de oro.

Los militares en sus actividades de control y algunos habitantes locales, según cuenta Moreno, manifiestan que los verdaderos dueños, a los que se les llama “gasteros”, están en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá —bien lejos de los daños ambientales—.

 

 

Balsa minera en el río Caquetá y montículo de arena que deja la extracción. Cortesía: MAXAR.

 

 

Río Caquetá. Foto: Nazareth Cabrera.

Grandes amenazas para los indígenas no contactados

Intangible. Así se nombra a gran parte del territorio de casi un millón de hectáreas del Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré, ubicado entre el río Caquetá y el río Putumayo, en el extremo sur de la Amazonía colombiana. Es la tierra de los indígenas no contactados, los yurí-passé que se creían extintos hasta que en 2012 el investigador Roberto Franco comprobó que, hace más o menos 120 años, ellos eligieron internarse en la selva para aislarse del mundo occidental.

Decir que lo “eligieron” suena a mucho, pues luego de sobrevivir a la colonización española y ser sometidos y esclavizados durante ‘la fiebre del caucho’ en la Amazonía colombiana, ya no se trataba de opciones sino de la única forma de no desaparecer. Sin embargo, en este momento huir ya no es suficiente. Hoy, la minería ilegal a lo largo del río Caquetá y sus afluentes, como el río Puré, se convirtió en un nuevo riesgo para su existencia.

Daniel Aristizábal, coordinador del proceso de Pueblos en Aislamiento Planicie Amazónica de la organización Amazon Conservation Team, destaca varios riesgos. El primero: que se viole su deseo de no ser contactados. Para evitar controles militares, indica, quienes ejercen la minería ilegal se adentran en las selvas buscando rutas sin presencia estatal. El PNN Río Puré, donde habitan los aislados, es una de esas rutas y la posibilidad de que los indígenas reconozcan que hay extraños pisando su territorio no es poca. Para Aristizábal, esto lleva al segundo riesgo: que el miedo al contacto los esté arrinconando y haciendo cada vez más pequeño el espacio por el que transitan.

El tercer peligro es que los mineros ilegales de las balsas también cazan y pescan, lo que se traduce en una reducción de recursos para que los yurí-passé mantengan sus formas de vida. El cuarto riesgo, y uno de los más grandes, según dice Aristizábal, es que los aislados contraigan nuevas enfermedades. Por ejemplo, si algún minero está infectado de malaria y es picado por un mosquito, este luego puede llevar la infección a los no contactados y causar una epidemia.

A todo este escenario de preocupación se suma, por supuesto, la contaminación por mercurio que deja la minería ilegal. Aristizábal cree que las enfermedades que se ven en los resguardos indígenas de la cuenca media del río Caquetá —como malformaciones en fetos y afectaciones neurológicas— también se estarían dando en territorio de los aislados ya que los efectos se pueden extrapolar e incluso asumir como mayores, pues el río Puré es mucho más angosto y tiene muchas más balsas ilegales buscando oro.

 

 

Ríos amazónicos con presencia de minería ilegal en 2020. Mapa: Fundación GAIA Amazonas.

La diferencia es que a los no contactados, precisa Aristizábal, no se les puede hacer muestreos, no se les puede ir a contar que hay un elemento (el mercurio) que los está intoxicando, ni que lo mejor es que no consuman algunos peces. Si sus recién nacidos de repente llegan al mundo con algún problema o si sus adultos empiezan a enfermar de repente, no hay forma de que sepan cuál es la causa.

Nadie sabe con exactitud cuántos yurí-passe viven en la cuenca del río Puré o si, como en el pasado, encontrarán la forma de sobrevivir a las amenazas que el mundo occidental impone sobre ellos. Si el mercurio está causando un exterminio en la población, señala el experto de Amazon Conservation Team, se trataría de un fenómeno muy silencioso y sin testigos. Lo único que se sabe, y en lo que insisten expertos como Aristizábal, es que la minería ilegal en el Puré y los demás ríos tiene que parar.

Deterioro en la salud de los pueblos ancestrales

El miedo por las enfermedades que puede traer la acumulación de mercurio en la cadena alimenticia no es nuevo entre los pobladores indígenas. Luego de que el capitán Boa faltara a la palabra que le dio a los espíritus, las comunidades que habitan a lo largo del río Caquetá cuentan que recién nacidos, niños y niñas empezaron a sufrir de padecimientos que nunca antes habían visto. “La madre naturaleza estaba cobrando con vidas lo que en el pacto se rompió”, dice Nazareth Cabrera, lideresa del pueblo uitoto.

Desde 1986, el río y sus pueblos han recibido constantemente lo que la minería desecha: mercurio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición y consumo de este metal puede ser tóxica, provocar graves trastornos neurológicos y causar alteraciones en fetos y niños en sus primeros años de vida. Es más, en poblaciones indígenas que practican la pesca de subsistencia en países como Colombia y Brasil, la OMS ha observado que entre 1.5 y 17 de cada 1000 niños presentan un leve retraso mental causado por el consumo de pescado contaminado.

 

 

Puntos de muestreo en la cuenca media del río Caquetá. Fuente: Informe Aproximación a las afectaciones en el ambiente, al ser humano y su organismo por la exposición a mercurio y metil mercurio en el resguardo Puerto Zábalo Los Monos y su zona de control y vigilancia.

La intoxicación con mercurio también puede causar la enfermedad de minamata, cuyos síntomas incluyen problemas sensoriales en las extremidades –sentir, por ejemplo, que las manos y pies están ardiendo–; encontrar de repente dificultad para hablar, escuchar o mover los ojos; problemas para mantener el equilibrio, falla de memoria e insomnio.

El mercurio que se usa para separar el oro y la tierra del río llega a las aguas y, allí, las bacterias del ecosistema lo transforman en metalmercurio –su forma más tóxica–, después pasa a algas y plantas y luego a los peces. Es una preocupación mayor si se considera que todas las comunidades indígenas en la parte media y baja del río basan su dieta en la pesca y esta es su mayor fuente de proteína.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), una persona expuesta al mercurio no debería tener más de 15 microgramos por litro del metal en la sangre. El problema es que, por lo menos en la cuenca media del río Caquetá, ya se comprobó que se superan los límites. Y no por poco.

En septiembre del 2018, un muestreo realizado en las 12 comunidades (ver gráfica) que forman parte del resguardo Puerto Zábalo – Los Monos encontró que sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre. Cuatro veces el máximo permitido. El estudio que fue realizado por la Secretaría de Salud del Caquetá, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Justicia, entre otros, es uno de los cuatro, y el más reciente, que se han hecho en la región para entender los efectos del mercurio.

 

 

Niveles de concentración de mercurio en 12 comunidades indígenas de la cuenca media del río Caquetá. Fuente: Informe Aproximación a las afectaciones en el ambiente, al ser humano y su organismo por la exposición a mercurio y metil mercurio en el resguardo Puerto Zábalo Los Monos y su zona de control y vigilancia.

Victor Moreno, quien también fue uno de los investigadores que participó en el muestreo, asegura que cuando entregaron los resultados vio cómo para las comunidades indígenas es difícil entender las enfermedades a las que se están enfrentando. Según Moreno, ni en sus lenguas ni en su tradición existe un nombre para “el veneno” que ahora está en su sangre. Dice que los miraña no piensan darle nombre porque no quieren darle fuerza a sus impactos negativos. Sin embargo, fuerza ya tiene, pues el mercurio recorre sus cuerpos.

 

 

Maloka indígena en el Apaporis. Foto: GAIA Amazonas – Juan Gabriel Soler.

Un problema más allá de la frontera colombiana

El río Caquetá es largo. Tan largo que inicia en el Páramo de las Papas, entre los departamentos de Cauca y Huila, en el suroccidente de Colombia, y termina en el río Amazonas, en las selvas de Brasil, a 2820 kilómetros de su nacimiento. Recorrerlo es decidir navegar durante semanas en medio de la selva amazónica. A sus aguas llegan más ríos y caños que tampoco se han salvado de la minería.

Que haya un cruce de frontera no significa que estas aguas se vuelvan intransitables de un país a otro. Después de todo, como cuenta Moreno, fueron los mineros brasileños, conocidos como ‘garimpeiros’, los que a finales de los setenta y principios de los ochenta le enseñaron a los indígenas amazónicos colombianos la técnica del aluvión. Venían por distintos ríos buscando el oro y aprovecharon el desconocimiento de las tribus indígenas para conseguirlo.

Los pueblos ancestrales, al no ver destrucción boscosa como la que provoca la minería a cielo abierto, no reconocieron los impactos y hasta empezaron a trabajar en las balsas. Era una de las únicas formas de conseguir ingresos en estas tierras abandonadas por el Estado colombiano pero con fuerte presencia guerrillera.

 

 

Balsa minera en el río Caquetá y montículo de arena que deja la extracción. Cortesía: MAXAR.

Los ‘garimbeiros’, según cuenta una fuente que conoce el territorio y pidió reserva de su nombre, fueron expulsados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La guerrilla alegaba que los mineros estaban explotando a los indígenas al ofrecerles pagos miserables por trabajar en las balsas. Al final, los brasileños se fueron pero la actividad persistió. También asegura que, así por ahora nadie lo quiera aceptar, fueron las FARC quienes desde entonces empezaron a controlar la minería en la Amazonía y a beneficiarse con sus rentas.

Lo cierto es que ya son más de cuatro décadas de explotación y vertimiento de mercurio en estos ríos. Y la situación no mejora. Si en el lado colombiano del río Puré se vieron 19 balsas en junio de 2021, la misma organización internacional que prefiere ocultar su nombre también asegura que del lado brasileño contó 36 dragones, 13 lanchas y 3 casas mineras. Las imágenes satelitales y sobrevuelos también permiten ver los montículos de arena llenos de mercurio que la extracción deja a lado y lado del río.

Luz Alejandra Gómez, coordinadora del área de Sistema de Información Geográfica de la FCDS, afirma que en las aguas brasileñas del río Caquetá, que allí pasa a llamarse Japurá, la situación es similar. “Brasil es mucho más permisivo y el río se ha llenado de títulos mineros legales”, cuenta.

Del lado colombiano se han hecho algunos esfuerzos para blindar esta zona amazónica. La mayoría del terreno está catalogado como Parque Natural Nacional o como resguardo indígena, lo que le da un nivel de protección especial. Aún así, esta protección es insuficiente. Robinson Galindo, director territorial para Amazonas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, está convencido de que tratar la minería ilegal como un asunto único nacional no solucionará el problema. Para él, tanto la Cancillería colombiana como las autoridades brasileñas deben estar involucradas.

 

 

Balsa minera en el río Caquetá y montículo de arena que deja la extracción. Cortesía: MAXAR.

La transnacionalidad del fenómeno no tiene que ver sólo con los países que atraviesan los ríos. Análisis de GAIA Amazonas y FCDS han establecido que gran parte del mercurio con el que se extrae el oro de estos ríos se consigue por contrabando. Se presume que la ruta empieza en México, continúa en Bolivia, de ahí pasa a Perú y por la frontera entra a Colombia.

La conexión con otras economías ilegales

“No queremos a Parques Nacionales aquí”, le dijeron hombres armados, al parecer de las disidencias del frente Carolina Ramírez de las FARC, a algunos guardaparques del PNN Chiribiquete. El mensaje debía replicarse: todos los cuidadores de Parques se tendrían que ir de la Amazonía. En febrero de 2020 la orden se cumplió y la selva se quedó sin ellos.

Con los guardaparques se fueron también los talleres de protección ambiental que la institución le daba a las comunidades indígenas, las jornadas de concientización para cercar el territorio intangible y una de las pocas muestras de presencia estatal en estas selvas. A cambio, los ríos quedaron abiertos y sin puntos para controlar la minería ilegal. Desde entonces, la organización que pide la protección de su nombre registra cada vez más puntos de operación de minería ilegal.

Tan solo durante los primeros seis meses del 2020, el Ejército destruyó 20 dragas usadas para extraer oro del río Caquetá. Las fuerzas armadas aseguraron que pertenecían, en su mayoría, a disidencias de las Farc o al grupo criminal Clan del Golfo.

Fuentes en terriorio aseguran que quienes están detrás de la minería ilegal son los mismos que controlan los cultivos ilícitos de la zona: las disidencias y grupos de crimen organizado. De hecho, en un análisis histórico que contempla desde 1970 hasta 2019, GAIA Amazonas encontró que cuando aumenta la bonanza del oro baja el narcotráfico, y viceversa. Esto tiene sentido, en el 2018 el comandante de la Brigada del Ejército Contra la Minería Ilegal, coronel Carlos Alberto Montenegro, dijo que la minería ilegal era más rentable que el narcotráfico.

 

 

Balsas en el Apaporis. Foto: GAIA Amazonas – Juan Gabriel Soler.

Uno de los factores que hace tan productivo el negocio es lo fácil que se puede legalizar, contrario a lo que ocurre con la coca. Basta con lograr que un negocio de compraventa adquiera el oro para que este pueda ser comerciado de forma legal. Luego de que el oro es fundido, hacer una ruta de trazabilidad se convierte en misión imposible.

Sergio Vásquez, asesor de incidencia política de GAIA Amazonas, considera que la respuesta del Estado, como suele suceder en estos casos, se ha centrado en “desmantelar balsas y ya”, pero que no hay una política integral que considere mejorar las condiciones de vida de estas comunidades.

El Ejército envía soldados que destruyen dragas en el mismo río y no tiene la capacidad de sacar el mercurio, la gasolina, y los restos de la embarcación de estas selvas, asegura Luz Alejandra Gómez. Así que el veneno sigue el curso del agua, sigue contaminando.

Además, tampoco hay muchos capturados, cuenta Víctor Moreno. Y si los hay son, seguramente, los eslabones más bajos: el indígena o colono al que le pagan porque arriesgue su vida buceando en el río sin mayor protección, la cocinera que está en la balsa alimentando a los mineros o el que revisa que la tierra se separe del oro.

Víctor Motta, poblador indígena uitoto y secretario de Salud del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas en Colombia (CRIMA), cree que la solución no está en atacar dragas –que en todo caso son reemplazadas al poco tiempo de destruidas–, sino en trabajar con las comunidades indígenas para que sean ellas mismas quienes planteen los caminos que quieren seguir.

*Imagen principal: Imagen de referencia. Balsas en el río Apaporis. Foto: GAIA Amazonas – Juan Gabriel Soler.

Actualizado el: Jue, 07/22/2021 - 07:38

Por: Santiago Luque Pérez - Rutas del Conflicto en alianza con Mongabay Latam. Series de Mongabay: Especiales transnacionales

 

Las trochas abiertas por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se han ido convirtiendo en vías que se expanden y amenazan la Amazonía. En el sur de Colombia, en los departamentos de Caquetá y Guaviare, inicia la espesa selva que durante años estuvo olvidada y vetada para la mayoría de personas. Los grupos al margen de la ley no permitían el ingreso de nadie a estos terrenos por estrategia militar y solo algunos investigadores lo lograron, con el permiso de quienes dominaban en la selva. Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el control pasó a manos de las disidencias de ese grupo guerrillero, quienes no se han interesado en controlar la tala de árboles y la construcción de vías.

Hoy las carreteras se abren paso en medio de la selva y buscan abrir estos territorios para conectarlos con el resto del país. A través de Global Forest Watch, Mongabay Latam encontró que durante el 2020 y 2021 se han registrado alrededor de 12 801 alertas de deforestación en estos espacios, un promedio de  48% más que en el 2019. Asimismo, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha denunciado con preocupación la ampliación ilegal de la vía Puerto Cachicamo - La Tunia, en el departamento de Caquetá. En su totalidad son 66 kilómetros que inician en la Marginal de la Selva, a un costado del río Guayabero, que se extienden al sur, pasando por el Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete y el resguardo indígena Yaguará II, hasta llegar al río La Tunia.  Este incremento exponencial también se observa en la cantidad de alertas que arroja en este sector: de las más de 12 mil alertas obtenidas en ambos años en toda la zona, 7492 alertas corresponden a esta trocha abierta entre Puerto Cachicamo - La Tunia. Unas 6209 de ellas se registraron desde inicios del 2021.

Hay dos vías más que se han abierto a espaldas de la legalidad estatal, la que conecta La Tunia - Camuya de 58 kms de extensión, gran parte de ella está en zona protegida del Chiribiquete, y La Playa - Río Yarí con 33 kms. Según fuentes de la zona, en el futuro las tres vías podrían conectarse y formar una carretera que uniría a las sabanas del Yarí con la región andina.

Las vías han traído consigo deforestación en uno de los principales enclaves ecológicos del país. Foto: Archivo de Rutas del Conflicto

 

La Marginal de la Selva era una vía que durante años buscó atravesar la zona norte de la Amazonía del país. Unos kilómetros al occidente de donde se desprende la vía Puerto Cachicamo - La Tunia se da la conexión con la llamada ‘trocha ganadera’, otra vía ilegal que ha sido foco de deforestación y que atraviesa el PNN Sierra de La Macarena y conecta a los municipios de Vistahermosa y La Macarena.

Esta planificación vial ilegal se da en una zona que funciona como un importante corredor ecológico que inicia en la zona de páramos de la cordillera de Los Andes, pasa por el bosque altoandino, se conecta con los ecosistemas orinocenses y llega hasta la Amazonía.

No solo la biodiversidad está en peligro sino la supervivencia de varias comunidades indígenas. Miembros del resguardo multiétnico Yaguará II, que es atravesado por estas vías ilegales, dicen que las denuncias no son atendidas y aunque el Estado conoce los casos, aún no se decide a combatir este problema. Afirman que no son trabajos realizados por campesinos, ya que tienen conocimiento del uso de maquinaria pesada para la ampliación y apertura de carreteras.

Aunque el equipo de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto no accedió a la zona donde se encuentran estas vías ilegales, llegó a uno de los cascos urbanos más cercano, donde las personas manifestaron su temor a hablar. Las fuentes relatan una situación similar a la vista anteriormente en la Trocha Ganadera, vía ilegal que atraviesa el PNN Sierra de la Macarena y a la que el equipo accedió en el pasado. La selva, llena de árboles gigantes se ha empezado a convertir en madera tumbada y quemada, que después pasa a ser pastizal y terreno cercado. Se desconocen quienes ordenan las talas y ocupan estas tierras. 

En este mapa actualizado hasta el 2020 se puede observar la ubicación de las tres vías que atentan contra el Chiribiquete y el resguardo Yaguará II: los trazos 1, 2 y 3. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

 

Carreteras que no respetan la naturaleza

En 2020 la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) publicó el artículo ‘Vía al bosque amazónico ¿para qué y cómo? Preguntas clave’, en la revista Colombia Amazónica. Las investigadoras Gloria Inés González y Luz Alejandra Gómez documentaron el aumento de las carreteras en el arco noroccidental de la Amazonía. Un ejemplo es el PNN Sierra de la Macarena que, en 2018, tenía más de 200 kilómetros de carreteras y para 2019 elevó esa cifra a casi 300. 

En el caso del PNN de Chiribiquete, si bien aún no cuenta con grandes extensiones de vías, estas sí han ido en aumento. Incluso, un funcionario estatal, que por razones de seguridad pidió la reserva total de su identidad, le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que la deforestación no solo llega con la construcción de estas carreteras, sino que se va acelerando la tala de árboles al interior de las áreas protegidas.

La situación de seguridad en el resguardo indígena Yaguará II es tan frágil que muchos otros funcionarios locales y expertos ambientales en territorio pidieron la reserva de sus nombres y le dijeron a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que hay intereses económicos para conectar el PNN Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo.  La conexión de estas vías permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son espesa selva. Aunque hay tres importantes ríos —Tunia, Camuya y Yarí— que se interponen para tener una sola vía, algunos creen que con una estructura de madera, conocida como ‘planchón’, los ilegales logren superar estas barreras naturales; algo similar a lo que ocurrió con la Trocha Ganadera en el PNN Sierra de la Macarena.

El Ministerio de Ambiente presentó las cifras de deforestación del 2020. Mostró el caso de Yaguará II como ejemplo de pérdida de bosque por causa de la construcción de infraestructura no planificada y denunció que se está realizando los trabajos de ampliación de la vía Puerto Cachicamo - La Tunia. Imagen: Ministerio de Ambiente e IDEAM.

La comunidad indígena teme que esto se materialice y aunque no tienen certeza de ello, creen que las diferentes carreteras ilegales que amenazan sí buscan conectarse, lo que implicaría la ruptura de las barreras naturales que han impedido el ingreso de particulares para explotar estos terrenos. De concretarse la unión de estas vías ilegales también se abriría la puerta al aumento en la extracción de recursos naturales de la zona. “Hay más vías hacia los lados de La Macarena, por el sector de Montebello, en límites de Guaviare y Meta. Eso ha aumentado la deforestación en esa zona del resguardo”, aseguró uno de los indígenas.

Gloria Inés González, investigadora del FCDS, afirma que hasta la fecha no pueden asegurar que haya interés por conectar estas vías. “Lo que sí se puede afirmar en el monitoreo que están haciendo las entidades es que se aprecia que puede haber indicios de nuevos corredores de movilidad y nuevos accesos en el área del resguardo”, añade. 

Aunque la posición del Gobierno Nacional ha sido culpar a las disidencias de las Farc por la deforestación en esta zona del país, las comunidades no se atreven a asegurar que toda la responsabilidad sea de ellos. “Lo que se tiene entendido es que las disidencias quieren la protección de los bosques, pero es irrelevante porque ellos apoyan los cultivos ilícitos y para eso tumban mucha montaña. Dicen una cosa y actúan de otra manera”, aseguró otra de las fuentes consultadas en territorio. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto intentaron contactar a Parques Nacionales y Naturales de Colombia para pedir su versión sobre las vías mencionadas pero hasta la fecha de esta publicación no se ha obtenido una respuesta. También se intentó contactar, por medio de correo electrónico, a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) y tampoco se ha recibido respuesta.

El ministerio de Ambiente presentó las cifras de deforestación para el año 2020 y señaló que la construcción de la vía Puerto Cachicamo - La Tunía está afectando los bosques de esta zona. “De la mano de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el ministerio del Interior estamos revisando esto, están acabando con nuestros recursos naturales y no lo vamos a permitir”, aseguró Carlos Correa, ministro de ambiente. Añadió que alrededor de la carretera se están acaparando terrenos de entre 50 y 100 hectáreas.También se denunció que hay una casa o edificación desde la que se está trabajando en la ampliación y las mejoras ilegales de la vía.

En esta región del país es difícil que alguien se atreva a acusar con contundencia, pues cualquier declaración puede llevar a una amenaza de muerte. Por eso no se sabe exactamente quiénes están abriendo vías y deforestando la región. Lo que sí afirmaron los entrevistados en territorio es que quienes deforestan grandes extensiones de tierra cuentan con grandes recursos económicos “porque no es barato ni algo que un pequeño campesino pueda realizar solo”.

“Aquí las fincas están muy baratas porque no tienen documentos de propiedad, entonces los colonos vienen cercando desde hace tiempo, tienen agricultura y ganadería. Ahora llega gente de otras partes [...] a comprar, a seguir abriendo carreteras, apuntándole a que en un futuro deroguen las leyes de protección sobre las tierras para que les titulen”

Entre los PNN Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete y el resguardo Yaguará II coexisten desde las disidencias de las FARC, hasta ganaderos y empresarios. Las vías que se ven en terreno, desde el aire y hasta en mapas satelitales, no solo buscan ampliar la frontera ganadera y agrícola a costa de reservas naturales, sino que intentan conectar el norte de la Amazonía de Caquetá y Guaviare, una región que ha estado al margen de los proyectos de explotación por su difícil acceso y su importancia ecológica, con la Altillanura; una zona en la que el Estado colombiano ha promovido extensos proyectos agroindustriales como la palma aceitera, el maíz y el  arroz. El miedo de las comunidades y los expertos está en que pase lo mismo que en la Altillanura, que ha sido fuertemente deforestada para la ganadería.

Una fuente en territorio que pidió el anonimato por razones de seguridad, le dijo a Mongabay Latam y a Rutas del Conflicto que el Estado conoce la vía Cachicamo- La Tunia y las problemáticas que genera, pero que no actúan hasta el momento. “Nosotros queríamos denunciar esta vía y hablamos con un Fiscal, pero la respuesta fue que eso era mucha burocracia, que para qué hacíamos eso”.

La ausencia de las instituciones nacionales contrasta con el actuar que tuvo el anterior gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry, quien en 2018 pidió la construcción y ampliación de la vía que comunica a los municipios de Calamar y Miraflores, en el departamento de Guaviare, hacia la Reserva Natural Nukak, en área protegida. Incluso, el Plan Vial Departamental actual, aprobado durante su gobernación, contemplaba a esta y otras carreteras que atraviesan la zona de reserva forestal dentro del programa de inversión de infraestructura. Incluso destinaba varios millones de pesos para ellas. Echeverry fue sancionado en 2019 por el Ministerio de Ambiente con más de mil millones de pesos por estos actos, el equivalente a 265 mil dólares.

“Que lo legalicen, es que ya está intervenida la zona, ya está, ya se hizo el daño, ya se tumbó la selva, ya no hay nada que hacer. Que lo legalicen”, afirmó Nebio Echeverry en declaraciones recopiladas por Rutas del Conflicto. En un foro denominado ‘Construyendo país’ y liderado por el presidente Iván Duque en 2018, Echeverry también se refirió a que el departamento tenía “400 000 cabezas de ganado, pero que hay pastos para más de un millón de vacas”, desconociendo a la ganadería como uno de los principales motores de deforestación del Guaviare.

La vía Puerto Cachicamo - La Tunia es la que registra mayor deforestación de las tres vías analizadas y corta tanto el parque Chiribiquete como el resguardo Yaguará II. Las imágenes corresponden a marzo de 2020 (primera imagen) y junio de 2021 (segunda imagen). Imágenes: Global Forest Watch 

Un líder ambiental asegura que es impresionante toda la gente que está llegando al Guaviare a comprar tierras. “Aquí las fincas están muy baratas porque no tienen documentos de propiedad, entonces los colonos vienen cercando desde hace tiempo, tienen agricultura y ganadería. Ahora llega gente de otras partes, del Caquetá o de Arauca [departamentos colombianos] a comprar, a seguir abriendo carreteras, apuntándole a que en un futuro deroguen las leyes de protección sobre las tierras para que les titulen”.

El año pasado el Gobierno Nacional destacó la disminución en la deforestación de 2019, pero esta no se ha detenido y aún no se conoce la cifra oficial de pérdida de bosque durante el 2020. Pero hay razones para prender las alarmas. Entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 se perdieron más de mil hectáreas al interior del PNN Chiribiquete, principalmente en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán. 

Además, al interior de los resguardos indígenas también continúan tumbando bosque. Cifras de la FCDS documentan 2292 hectáreas perdidas en el resguardo Yaguará II entre 2019 y 2020, superando las 1891 que se habían perdido en el periodo anterior.

Yamile Salinas Abdala, abogada e investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha realizado varios estudios sobre acumulación y uso de la tierra en Colombia, señala que estos procesos de deforestación y ocupación de terrenos en zonas de preservación ambiental hacen parte de un proceso que a largo plazo permite a grandes empresas acumular predios en colaboración con servidores públicos.

Según Salinas, este proceso ya ha mostrado en el pasado cómo se desplazan comunidades étnicas y campesinas, y se destruyen los ecosistemas para que luego grandes empresas, con el apoyo de grandes políticas de Estado y en alianza con servidores públicos, legalicen la propiedad de estas tierras. La investigadora señala que hay varios casos documentados en Colombia con proyectos agroindustriales, minero-energéticos, agroforestales y de construcción de infraestructura.

La vía La Tunia - Camuya ha entrado al parque Chiribiquete y ha dejado una huella de deforestación, sobre todo en 2021. Estas imágenes cuentan cómo se encontraban las alertas de deforestación en marzo de 2020 (primera imagen) y en junio de 2021 (segunda imagen). Imágenes: Global Forest Watch

 

El tema de infraestructura, agrega la investigadora de Indepaz, tiene una importancia clave en esta zona del país, ya que desde hace mucho tiempo existe el interés de varios empresarios pora construir la Conexión Pacífico-Orinoquía, una carretera que conecte a la ciudad de Puerto Carreño, en límites con Venezuela, con el puerto de Buenaventura, el más grande del país, en el Pacífico. Este proyecto se reactivó el año pasado y de concretarse pasaría muy cerca de los PNN Tinigua, Picachos y Sierra de la Macarena. Sin embargo, las vías no llegan solas y traen otras problemáticas que se concentran a su alrededor, como ocurrió con la Marginal de La Selva. Cuando el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos anunció su construcción, se disparó el acaparamiento y la especulación de la tierra, aunque luego el proyecto fue descartado en 2018 por las afectaciones ambientales que traería.

Un resguardo indígena bajo amenaza

Los indígenas del resguardo Yaguará II han visto con preocupación el avance en la construcción de la carretera ilegal de Puerto Cachicamo - La Tunia, lo que estaría aumentando la deforestación y la llegada de personas externas al territorio. “Es la vía más avanzada y amplia, prácticamente ya no faltan sino dos kilómetros para llegar al río Tunia y es algo que nos tiene preocupados por la llegada de colonos y porque el río lo utilizamos para la pesca”, afirmó una persona de la comunidad que prefiere mantener su nombre en reserva dada la complicada situación de orden público en la región. Según la FCDS, hasta el 2019 había 506 kilómetros de vías construidas al interior de resguardos indígenas en los departamentos de Guaviare y Caquetá.

Como mencionábamos al inicio del texto, el problema de esta vía se disparó desde 2020, pero ha sido en 2021 donde se han registrado más alertas de deforestación. De acuerdo con la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, aunque en entre agosto y diciembre se identificaron 1 283 alertas GLAD, desde marzo de 2021 e incluso hasta la última semana de junio aparecieron 9 035 alertas de deforestación. De los sectores más deforestados en este 2021, es la vía Puerto Cachicamo - La Tunia la que más alertas registra, con 6 209 . En las otras dos vías problemáticas, como La Tunia- Camuya y La Playa- Río Yari, se han registrado 2 826 alertas. 

Asimismo, hay un grave peligro de que estas tres vías se unan con la de Puerto Cachicamo- Barranco Colorado, ubicada en el Parque Sierra de la Macarena. Durante la pandemia, en esta vía se registraron 143 alertas.

La historia del resguardo Yaguará II ha estado marcada por retos y obstáculos. Los indígenas viven en una zona aislada, en un área rural entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Allí conviven integrantes de las etnias Pijao,Tucano y Piratacuyo.

 

La vía La Playa - Río Yari, en el límite del parque Chiribiquete también ha registrado aumento en sus alertas de deforestación: la primera imagen corresponde a marzo de 2020 y la segunda a junio de 2021. Imágenes: Global Forest Watch.

 

Los Pijao llegaron a estos territorios, que hoy limitan con el PNN Chiribiquete, mientras huían de la violencia bipartidista en el municipio de Chaparral (Tolima). Arribaron en 1964 con la asistencia de la Fuerza Aérea Nacional.

En 1994 se constituyó legalmente el resguardo pero, a inicios del siglo XXI, la violencia por parte de la guerrilla de las Farc obligó a que los indígenas salieran desplazados hacia el casco urbano de San Vicente del Caguán. Cuando quisieron regresar a su territorio, siguieron enfrentándose a la inseguridad y al ingreso de colonos e indígenas de otras etnias que dificultaron su retorno.

Los verdaderos dueños del resguardo Yaguará II interpusieron una solicitud para recuperar su espacio y el proceso fue aceptado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), pero ha pasado el tiempo y aún no ha llegado a manos de un juez. 

Los problemas que enfrentan los indígenas Pijao,Tucano y Piratacuyo no terminaron ahí. Su reclamo por las tierras aún está en etapa de caracterización y registro, pues según confirmaron funcionarios de la entidad, “no tenemos garantías [de seguridad] para visitar el predio”. Por ahora lo único que pudo hacer la URT fue solicitar medidas de prevención sobre los predios, las cuales fueron falladas el 26 de septiembre de 2017 a favor de los indígenas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué. La justicia le ordenó al Estado detener la deforestación, garantizar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los indígenas.

En la actualidad, los indígenas denuncian el incumplimiento del fallo y la falta de garantías para su retorno. A pesar de esto, 24 familias y más de 70 personas se arriesgaron y retornaron al territorio. El regreso de las comunidades indígenas al resguardo Yaguará II también se traduce en una oportunidad para detener la deforestación. Actualmente las familias que volvieron se encuentran trabajando en proyectos para fortalecer su presencia y poder detener la deforestación de la mano de diferentes organizaciones como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) —autoridad ambiental en la región—, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF).

 

Las vías del Guaviare son en su mayoría ilegales. Abiertas en un principio por la guerrilla de las Farc, se han ido agrandando y expandiendo sin saber los responsables. Foto: Archivo de Rutas del Conflicto.

 

“Con la Sociedad Zoológica de Frankfurt (SZF) estamos trabajando con lo de la Guardia Indígena, en una cabaña de vigilancia que se está formando. Se capacitó un grupo para las labores que se deben realizar al interior de los linderos”, afirmó una persona del resguardo que pidió el anonimato. La intención de este proyecto es que los indígenas puedan actuar ante el ingreso de un particular a sus predios y ante la explotación de los recursos naturales. Ellos también apoyaron la realinderación de los predios que se realizó recientemente con Agencia Nacional de Tierras (ANT)

La FCDS los ha estado apoyando en diferentes aspectos, uno de ellos corresponde a la implementación de un proyecto financiado por Visión Amazonía, que contempla ordenar ambientalmente el resguardo, formular un plan de vida y tener un plan económico. “Cuando estaba reciente el Acuerdo de Paz se pensó en fortalecer el turismo de naturaleza, ahora se cambió a un plan de foresteria comunitaria en el que haya aprovechamiento sostenible del bosque. La meta es lograr el permiso con la CDA”, afirmó Gloria Inés González de la FCDS.

Con los colonos existentes no han tenido problemas, incluso algunos salieron de la zona del resguardo y se instalaron en los límites. El temor se centra en los nuevos actores que puedan llegar y ocupar sus tierras. Una persona de la comunidad, que prefirió no dar su nombre por seguridad, manifestó que aún no se han ratificado los linderos que tienen con el PNN de Chiribiquete, por lo que hay inseguridad jurídica sobre los territorios.

ilustración de portada: Kipu Visual

Esta investigación hace parte del especial transfonterizo Mapas del delito: vigilancia satelital revela el violento impacto de la deforestación en tierras indígenas. Complementada con los reportajes Comunidades kichwa arrinconadas por el narcotráfico y la tala en Perú, Narcotráfico arrasa bosques de indígenas shipibo y los obliga a replegarse en Perú, Alerta roja: la fiebre de la madera balsa en Ecuador ya es detectada por los satélites y Traficantes de tierra invaden área protegida de Bajo Paraguá en Bolivia.

 

Actualizado el: Mar, 09/14/2021 - 10:36

Por Cerosetenta y La Liga Contra el Silencio

“Si no es hoy, no es nunca”, dijo Ányela Capote antes de desaparecer. Dejó su teléfono cargando, sus cuatro hijos (la mayor de seis años) al cuidado de una prima y salió. Eran las 10 de la noche del 10 de abril de 2020. Tres noches después la policía encontró su cuerpo desnudo en un pastizal, herido a cuchillo y envuelto en cobijas. Estaba cerca de su casa, y a solo 150 metros de donde vive un vecino 39 años mayor que ella, quien desde hacía meses la acosaba. Ányela –venezolana, 27 años, morena y de pelo crespo– varias veces le había pedido que no la molestara más. El teléfono de esta persona fue el último que ella marcó ese viernes por la noche. 

“Para conseguirla cerca de donde vive ese señor no hay más nada, sino que él fue”, dijo Mileidy Guzmán, prima de Ányela, en una entrevista con Prensa Libre Casanare cuando se confirmó la identidad del cadáver. “En verdad fue la última persona que habló con ella y que la vio”, añadió, encogiéndose de hombros. 

Según Mileidy, había una relación entre su prima y el vecino que la acosaba. “Él la ayudaba y ella lo ayudaba. Pero como ella decía, lo hacía por sus hijos”, contó. Tenía que prostituirse, agregó Darwin, otro vecino del barrio El Fical, en Yopal. “Ella se dedicaba a eso cuando el marido no conseguía lo suficiente para la familia”, explicó. 

El hombre de 67 años fue capturado en enero de este año como presunto responsable del feminicidio de Anyela Capote y enviado a prisión. 

En 2020, cuando empezó la pandemia, una mujer venezolana en Colombia tenía el doble de probabilidad de morir de forma violenta, comparada con una colombiana, según datos de Medicina Legal analizados por El País. El riesgo de sufrir violencia en pareja era un 39 % más alto, y el de sufrir violencia sexual un 28 % mayor.

La violencia contra venezolanas terminó en feminicidio 33 veces durante el año pasado; cuatro casos más que en 2019, según las cifras que recolecta mes a mes la revista Cerosetenta.

La inmensa mayoría corresponde a mujeres menores de 30 años. Es el caso de Naibel Yuraima Blanco, de 24 años y nacida en Trujillo, Venezuela. Naibel conoció a su pareja en el viaje a Colombia y seis meses después él la asesinó antes de fugarse con su hija de seis años.  

La violencia también se ensañó contra las mujeres trans. De las 32 asesinadas el año pasado, tres eran venezolanas, según el registro que lleva Cerosetenta. Alexandra Ramos Rivas, de 23 años, fue una de ellas. Era trabajadora sexual, vivía en Medellín y fue asesinada al parecer por un taxista que la frecuentaba y que ya la había amenazado, según un amigo de la víctima. 

La situación no ha cambiado este año: en los primeros cinco meses van 14 venezolanas asesinadas en el país. Desde 2019 suman 75 casos. 

Los casos de Ányela Capote, Alexandra Ramos y Naibel Yuraima Blanco demuestran que las migrantes se enfrentan a “decisiones imposibles”, según Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, una ONG que defiende a las mujeres en Venezuela y reporta los feminicidios dentro y fuera de ese país. “No tienes con qué comer ni cómo pagar, y la demanda es de tu cuerpo. No es que tú decidiste estar en el trabajo sexual, sino que parte de esa violencia hace que no tengas posibilidad de decidir”, explicó Borges.

La vulnerabilidad se carga en el morral 

En 2018 Ányela Capote llegó a Yopal con siete meses de embarazo y tres niños pequeños. Había salido un tiempo antes desde Maracay, estado Aragua, cuando en Venezuela empezó a faltar todo, incluido el acceso a la salud para mujeres gestantes. Con su esposo, Fredy Castañeda, intentaron mantener a la familia trabajando con  reciclaje. Pero tuvieron problemas, la pareja se separó y ella quedó a cargo. “Era la que siempre salía a dar la cara por sus hijos”, contó desde Perú su hermano Jhosman Capote. La pandemia terminó por dejarla sin opciones. 

De los cinco millones de venezolanos que han salido de su país en los últimos cinco años, casi dos millones están en Colombia. Y aunque acaba de terminar el cierre más largo de la frontera en los años recientes, la migración no se ha detenido. 

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, informó que el 52 % de los migrantes son mujeres y el 48 % son hombres. “El fenómeno que inicialmente fue sobre todo masculino se empieza a modificar hacia uno femenino”, dijo Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.  “Esto es importante porque la feminización de la migración tiene unas complejidades adicionales que las autoridades colombianas deben responder”, añadió. 

Por ejemplo, según Beatriz Borges, las mujeres migrantes huyen de un país donde hay un desabastecimiento del 90 % en anticonceptivos. En Venezuela no hay acceso al alimento y a la salud, y son ellas quienes padecen mayores grados de desnutrición, pues renuncian a la comida para dárselas a sus hijos. Muchas, además, tienen historiales previos de violencia de género que no denuncian por falta de garantías. En este momento todas las casas de abrigo en Venezuela están cerradas, dijo Borges. “Todas esas vulnerabilidades las llevan ellas en un morral, y se agravan en el camino porque la condición de migrante hace que haya una vulnerabilidad estructural”, explicó. 

Un informe reciente de la organización Cuso reveló que el 91,1 % de las migrantes venezolanas trabaja de manera informal y sin protección social. Además trabajan más horas que las mujeres colombianas, pero reciben en promedio la mitad del salario: 785.000 versus 1.458.000 pesos mensuales.

“Los primeros trabajos que les proponen tienen que ver con la explotación sexual, y siempre se ven sujetas a ese tipo de mirada, que es una mirada de despojo”, dijo Diego Battistessa, docente e investigador del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” – UC3M, quien construyó un mapa con los casos de venezolanas asesinadas en el extranjero entre 2017 y 2019.

La mayoría no denuncia. “No saben dónde porque les da miedo que las puedan deportar. Ellas mismas se invisibilizan en un estado que no les ofrece protección por el hecho de ser mujeres migrantes y refugiadas”, explica por su parte Beatriz Borges. 

La carga para las familias

Naibel Yuraima Blanco no conocía a casi nadie en La Primavera —un corregimiento ubicado a 14 kilómetros de Bolívar, en el Valle del Cauca— cuando su pareja la asesinó en la habitación que compartían. Llevaban solo dos meses allí, pero sus vecinos sabían que él la maltrataba. “A cada rato la golpeaba, tenía muchas cicatrices. Pero ella no comentaba nada ni le gustaba que le preguntaran. Para mí que estaba amenazada por él”, dijo Cecilia Bustamante, una vecina, a la emisora local Ondas del Pescador.

La noche del 17 de enero de 2020 los vecinos volvieron a escuchar gritos. Pasaron dos días más antes de que un olor fétido los alertara. El domingo 19 de enero la Policía encontró el cuerpo de Naibel acuchillado y oculto bajo una montaña de ropa. El agresor y la hija de Naibel se habían ido.

Yamilena García, una lideresa social de Bolívar de 42 años, asumió el caso aunque no conoció a la víctima. Buscó a su familia para que pudieran sacar el cuerpo de la morgue. Medicina Legal solo los entrega a familiares directos, pero la mayoría de los migrantes no tiene un círculo de apoyo cercano.

Uno de los policías que atendió el caso le dio un número, y Yamilena llamó. Se comunicó con la hermana de Naibel, le contó que la habían asesinado y que su cuerpo estaba en la morgue de Roldanillo, Valle. “A ver cómo hacemos para que su mamá o alguien venga y la reclame. Yo les colaboro para el entierro”, le dijo. 

Yamilena hizo una campaña en Facebook, habló con sus conocidos, y pidió ayuda en las alcaldías de Bolívar y Roldanillo hasta recoger 1,2 millones de pesos para costear el entierro. El 11 de febrero, tras más de 20 días de travesía, la mamá de Naibel pudo enterrarla. “El padre me colaboró con el hueco en el cementerio, el sepulturero con su trabajo, y así”, cuenta Yamilena. Muchos acompañaron la caravana fúnebre.

Cuerpos huérfanos

En medio de la informalidad obligada en la que viven los migrantes, entierros como el de Naibel son más comunes de lo que se piensa. La repatriación de cuerpos es costosa, y así ha sido siempre, según Zair Mundaray, asesor jurídico de la embajada del presidente interino Juan Guaidó en Colombia. Por eso la mayoría de los cuerpos se quedan en Colombia. 

Ante la ausencia de relaciones diplomáticas entre los dos gobiernos, y sin un consulado que se encargue de los trámites, las familias de los venezolanos asesinados en el país dependen de las ayudas que puedan brindar sus conocidos, organizaciones locales o personas como Yamilena García. 

Mundaray dijo que algunas alcaldías tienen recursos para ayudar a pagar los entierros de los más vulnerables, incluidos los migrantes. En esos casos ellos sirven de puente entre la familia y la entidad que colabora. Algo parecido hace Cepaz, apoyada en organizaciones locales, según contó Beatriz Borges. Pero reconocen que su alcance es muy limitado. “Tendríamos que saber cuántos fallecen a diario, y en la pandemia son muchísimos. Somos pocos y no tenemos recursos, pero sí orientación permanente para decirles qué hacer”, dijo Mundaray.

Sin embargo, ante la premura, las familias suelen ser víctimas de más injusticias. La mamá de Alexandra Ramos Rivas, por ejemplo, tuvo que cremar el cuerpo de su hija, aunque la asesinaron con nueve cuchilladas el 22 de enero de 2020. La cremación en estos casos no está permitida, pues el cuerpo es parte de la investigación. “A ella la iban a tirar a una fosa común porque no llegaba la familia, y además había que pagar como cuatro millones de pesos para que hicieran lo que tenían que hacer con ella”, relató Andrés Ocampo, amigo y compañero de cuarto de Alexandra.

Llevar el féretro a Venezuela costaba diez millones de pesos, dice Ocampo. “La mamá quería cremarla. Entonces se la entregaron en un cofre y no le costó nada”, contó. Pero sí hubo un costo: su caso quedó sin la principal evidencia para investigar el crimen. Una carga más de invisibilización para las personas trans a quienes en la mayoría de los casos ni siquiera se les consigna su identidad de género en los reportes que emiten entidades como Medicina Legal. 

“El problema de las muertes violentas es que no está permitida la cremación, que siempre es más barata en los planes funerarios de las alcaldías. El cuerpo tiene que inhumarse, y la Fiscalía tiene que saber dónde quedó por si hace falta exhumarlo para algún tema probatorio”, dijo Zair Mundaray.

Nada de eso será posible en el caso de Alexandra. Su mamá se quedó con sus cenizas y dijo que pensaba tirarlas al mar cerca de Barquisimeto, donde nació, “porque era su sueño”, contó su amigo Andrés Ocampo.

Los que quedan atrás

La pandemia complicó los procesos. Con el cierre de la frontera, las repatriaciones se suspendieron y se volvió aún más difícil para las personas viajar a despedir a sus familiares o a recuperar a sus niños, huérfanos después de los feminicidios.

A Ányela Capote, asesinada en Yopal, pudieron sacarla de Medicina Legal porque su prima estaba en Colombia y se encargó de firmar los documentos. Sus conocidos, además, lograron que el hospital de la ciudad les donara una bóveda para enterrarla en el cementerio municipal. Pero su familia solo pudo despedirse en la salida de la morgue. Las medidas de bioseguridad dejaron el resto en manos de una funeraria. “No supimos ni en qué bóveda quedó, porque ellos e hicieron el proceso”, dijo Darwin, su vecino, que acompañó al esposo y la prima de Ányela. 

Sus cuatro hijos, de 2, 3, 4 y 6 años, quedaron con el papá. “Aunque supuestamente él no tenía cómo tenerlos. Yo le envié una plata a mi mamá para que los fuera a buscar a Colombia, pero no se pudo viajar porque no había paso. Más nunca supimos nada de él ni de los niños”, contó Jhosman Capote, hermano de Ányela. 

Zair Mundaray explicó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un enlace con la embajada del gobierno interino para intervenir en algunos casos de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes en este momento suman más del 20 % de la población migrante en Colombia, según Ronal Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Pero pocas veces intervienen en casos como el de Ányela Capote. 

“Cuando esas cosas ocurren, la familia logra buscarle alguna salida con un pariente, con poca intervención institucional”, dijo Mundaray. Las familias buscan la forma de recuperar a esos niños. 

Es el caso de Naibel Yuraima Blanco. Luego de cometer el feminicidio, el agresor huyó y se llevó a su hija. Yamilena García relató que algunas personas lo vieron pidiendo dinero en la calle junto a la niña, cuando intentaba llegar a Cúcuta. La hermana de Naibel, según Yamilena, solo volvió a saber de él cuando se comunicó con ella para tratar de chantajearla, aunque al final devolvió a la niña.

“Lo más importante es que pudieron localizarla y ya la abuela la tiene”, contó Yamilena meses después. Dijo que algunos en su pueblo la felicitaron, pero que ella no lo hizo por eso. “Me apersoné solamente por el hecho de ser mujer, porque teníamos el mismo género”. Después duda: “Bueno, no sé. La verdad yo dije ‘hay que ayudar a la muchacha, a su familia’. Y se hizo. Se hizo sin importar quién era”.

 

Actualizado el: Jue, 07/08/2021 - 08:07

Erick se dedicaba a vender frutas y verduras con su papá en las calles de la ciudad vallecaucana. Desde muy joven mostró interés y pasión por el fútbol, su equipo favorito era el América de Cali. Le gustaba el rap, el baile y el deporte; su sueño era brindarle una mejor calidad de vida a su futuro hijo y a su esposa. “Para Erick su hijo y su esposa eran su mayor ilusión, él planeaba salir del país para encontrar estabilidad económica para su familia”, comenta el padre de la víctima. 

Sus amigos y familiares lo describieron como un joven alegre, trabajador y extrovertido. “Tengo gratos recuerdos con él, Erick era un hombre muy dado a su familia, a su padre, a su madre y sus hermanos”, afirmó Rodrigo Larrahondo, primo de Erick. 

El día de los hechos, a las 7 de la noche, Erick decidió ir a la estación de Calipso para unirse a las manifestaciones del Paro Nacional que empezó el 28 de abril. Cuando llegó al punto de encuentro, acompañado de uno de sus amigos, se percataron de que Derechos Humanos y la Primera Línea estaban hablando con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para evitar los actos de violencia durante la manifestación. Mientras esto ocurría, Erick y su amigo escucharon disparos cercanos del almacén Éxito y la estación del Mio, realizados por la Policía Nacional hacia los manifestantes, según los relatos del amigo de Erick. En medio de los disparos y el miedo, ambos decidieron buscar refugio y se separaron. 

Ya separados, el amigo de la víctima escuchó que alguien gritaba “hay un herido”.  Al acercarse se encontró con su amigo Erick que yacía en el suelo. Rápidamente lo llevaron a la carpa donde estaban los servicios paramédicos, lo auxiliaron y lo llevaron al hospital Carlos Holmes Trujillo. Allí llegó Gerardo, el padre de Erick, acompañado por el resto de su familia. Lo primero que notaron fue que las personas que atendían a Erickeran los paramédicos, quienes parecían estar muy tranquilos. “Yo vi que quienes estaban atendiendo a mi hijo estaban caminando, los veía muy tranquilos y por eso pensé que no era grave”, comenta el padre de la víctima. Sin embargo, cuando pudo ver a su hijo, se percató de la gravedad de las heridas. El impacto de bala le atravesó el cuerpo. 

Luego de estabilizar a Erick en el Carlos Holmes, le dijeron a la familia que lo iban a remitir al Hospital Departamental Universitario. Gerardo optó por seguirlos en una moto, su esposa se fue con su hijo en la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, el padre de Erick, perdió el rastro del cuerpo médico y cuando llegó al hospital, le dijeron que no habían recibido a ningún paciente con el nombre de su hijo. Minutos después lo llamó su esposa y le dijo que se encontraban ubicados en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili. 

 Un familiar llevó a Gerardo hasta el centro médico donde estaban tratando a su hijo. Minutos después de llegar, le informaron a la familia Larrahondo que Erick había fallecido a causa de la hemorragia producto de las heridas de bala. Según el informe del Valle de Lili, Erick Larrahondo falleció a las 9:39 p.m. del 22 de mayo de 2021. 

La familia de Erick permaneció hasta la madrugada afuera del centro médico. Cerca de las 2 de la mañana del 23 de mayo, vieron que la Policía Nacional llegó al Hospital a preguntar por Erick sin ninguna razón aparente. La familia de la víctima los confrontaron, pero ninguno de los oficiales les dio alguna respuesta. “Si ya lo habían matado, ¿para qué tenían que estar allá?”, dijo el padre de Erick al referirse a los actos realizados por los oficiales de policía. 

Días después de los acontecimientos, le informaron al padre de Erick que debía ir a la fiscalía para dar su declaración. El encargado del caso le dijo a Gerardo que Erick estaba siendo investigado por concierto para delinquir. Esto enfureció al padre de la víctima, “mi hijo nunca amaneció fuera de su casa. Nunca hemos estado en una estación. Él era un joven honesto y trabajador, así como soy yo. Era mi hijo”, afirmó Gerardo Larrahondo. 

Hasta el momento se desconoce el responsable directo del asesinato de Erick. Según le informó la fiscalía al padre de la víctima, no han encontrado el proyectil ni las suficientes pruebas para identificar a los responsables. Para la familia de Erick, los sucesos ocurridos durante el 22 y 23 de mayo son extraños, y por eso se encuentran buscando asesoría legal para realizar un proceso de investigación que les permita aclarar los hechos y hallar al culpable. 

Gerardo Larrahondo afirmó que hubo negligencia por parte del cuerpo médico, que la policía no tenía porqué estar buscando a su hijo. Y también, que las acusaciones por parte de la Fiscalía sobre Erick, son un montaje. 

 

Nota: Algunas de las personas que dieron su declaración decidieron mantener sus nombres en anonimato. La reconstrucción de los hechos, se realizó en conjunto con las declaraciones de los familiares y amigos de la víctima que presenciaron los acontecimientos. 

 

Actualizado el: Mar, 07/06/2021 - 13:48