“Han comprado nueva tierra y cortan madera donde estaban nuestros ancestros”, narra una fuente desde el Meta en Colombia. “Los mbya vivimos de lo que nos da los bosques, pero acá ya no queda casi nada», dice un poblador indígena de una comunidad asentada en medio del Bosque Atlántico Alto Paraná (BAAPA), en Paraguay. “Ellos talan miles de hectáreas”, dice un integrante de Kabi Habin, cooperativa de apicultores de Quintana Roo, en México. Estos testimonios tienen algo común: señalan a las colonias menonitas como responsables de la deforestación en sus territorios o municipios. Muchos de quienes hablan con nosotros temen hacerlo públicamente por miedo a represalias.

Las denuncias de parte de comunidades indígenas, campesinas, ejidos y población local señalan que grandes extensiones de terrenos han sido deforestados para introducir soya, maíz y sorgo en cinco países de Latinoamérica: Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Perú. Un equipo de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto de Colombia y El Deber de Bolivia investigó estos casos, primero con imágenes satelitales para detectar las alertas de deforestación recientes, y luego con reportería en territorio.

Las más de 500 mil alertas de deforestación, generadas entre enero y octubre de este año, llevaron a los periodistas a cinco puntos críticos donde hallaron bosques talados sin autorización, ocupación de territorios de comunidades originarias, tráfico de tierras, amenazas y varias denuncias que datan de años atrás.

La expansión de la agricultura mecanizada que desarrollan los menonitas ya viene siendo fiscalizada por distintas autoridades en Latinoamérica.  El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia, Eulogio Núñez, confirmó,  en un evento público, que algunas colonias han violado los límites de sus propiedades para ampliar sus campos de cultivo. Citó el caso puntual de la colonia Valle Verde, en el municipio de San José de Chiquitos, donde “intentaron extenderse más allá de lo legal y eso no está permitido. Incluso, donde querían extenderse es una tierra fiscal”, detalló Núñez.

¿Cuál es la magnitud de la presencia de los menonitas en la región? Un estudio científico reciente, Pioneros piadosos: la expansión de las colonias menonitas en América Latina, analiza la ocupación de este grupo religioso que emigró de Europa. El mapa de la presencia menonita elaborado para el estudio calcula que en América Latina hay alrededor de 214 colonias menonitas que “cubren una superficie total de unos 3,9 millones de hectáreas”, más que la superficie total de Holanda, se lee en la publicación. Los tres países que albergan la mayor cantidad de colonias son Bolivia con 90, México con 65 y Paraguay donde se han contabilizado 25. El primer país al que llegaron fue México en 1922.

Resumen de las colonias menonitas por país. Crédito: Extraído de la publicación Pious pioneers: the expansion of Mennonite colonies in Latin America.

El autor principal del estudio, Yann le Polain de Waroux, quien es investigador del Departamento de Geología de la Universidad McGill de Canadá, le dijo a Mongabay Latam que la expansión continuará, si se tiene en cuenta que “mientras haya colonias donde el valor de tener familias grandes es importante y al mismo tiempo el valor de ser agricultoras es importante también, entonces estas personas van a necesitar tierras y potencialmente tener que crecer y hacer nuevas colonias. Todavía hay impulsos para buscar nuevas tierras dentro de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica también”.

Menonitas en el municipio de Bacalar, en Quintana Roo. Foto: Robín Canul.

En la mira de las autoridades ambientales

Reconocer la presencia de una colonia menonita en una imagen satelital no es complicado cuando se observa su presencia en los mapas. Usualmente tienen patrones de ocupación marcados por la aparición de líneas rectas o vías, a partir de las cuales se van abriendo cuadrantes destinados a tierras agrícolas. La especialista en Sistemas de Información Geográfica de la organización ambiental ProPurús, Carla Limas, que ha analizado la ocupación menonita en la región Ucayali, en la Amazonía de Perú, se refiere a las líneas trazadas por los menonitas como ejes agrícolas, “porque son las líneas de las cuales nacen las parcelas”. Cuando se observan esos patrones desde lo alto se asemejan a grandes cicatrices en medio del bosque.

Patrones de uso de la tierra de algunas colonias menonitas en América Latina. Crédito: Extraído de la publicación Pious pioneers: the expansion of Mennonite colonies in Latin America.

La pérdida de cobertura forestal en los territorios de estas colonias ha llamado la atención de las autoridades ambientales. En la Amazonía de Perú, por ejemplo, las colonias instaladas en las regiones de Loreto y Ucayali enfrentan investigaciones fiscales. En Padre Márquez (entre Loreto y Ucayali), la fiscalía investiga la deforestación de 338 hectáreas; en Masisea (Ucayali) el caso gira en torno a la pérdida de 894 hectáreas y 1400 hectáreas en la colonia de Tierra Blanca (Loreto). Un punto en común une a estos tres casos: los antecedentes de tráfico de tierras detrás de la adquisición de los terrenos.

El caso de Tiruntán, que es una de las historias investigadas para este especial, se enfoca precisamente en el tráfico de tierras detrás de la adquisición de las propiedades y en la investigación por cambio de uso de suelo sin autorización. Además, se revelan las reuniones que están sosteniendo los líderes de las colonias menonitas y sus abogados en las más altas esferas políticas para conseguir legalizar su ocupación.

En Paraguay, la fiscalía atendió una demanda presentada por un poblador que denunció cómo maquinarias de una colonia menonita derribaron por lo menos tres hectáreas de bosques y destruyeron un estero en plena reserva de la comunidad Pindo’i. Mientras aguardan por una sentencia, las más de 600 alertas de deforestación indican que la pérdida de bosque continúa.

Uno de los desvíos que conduce a la comunidad indígena Pindo’i del pueblo Mbya, es una calle empedrada perfecta. Foto: Mario Silvero

En Colombia, los reclamos de las comunidades indígenas sikuani del Meta por las tierras ancestrales ocupadas por colonias menonitas fueron también atendidas por Cormacarena, la autoridad ambiental. Hay tres procesos sancionatorios registrados por la tala de bosques de galería y la contaminación en nacederos de agua. Y aunque los menonitas asumieron ante la autoridad compromisos para la recuperación de los bosques afectados, las comunidades denuncian que la deforestación no se ha detenido.

“Deforestaron lo que yo creo que es casi una hectárea de árboles cerca de Itwitsulibo. Incluso la madera todavía sigue ahí, no la han recogido”, dice el Gobernador Alexander Álvarez del Territorio Ancestral Itwitsulibo.

En México y Bolivia, colonias menonitas se han instalado y han comprado tierras de la selva maya y de la Amazonía que han dejado de ser rápidamente bosques para convertirse en campos agrícolas. En Quintana Roo, en México, se denuncia que algunos menonitas se están convirtiendo en ejidatarios para lograr su cometido y en Bolivia organizaciones ambientales indican que en algunos casos se hacen pasar por campesinos para obtener títulos de tierras y luego explotarlas. Solo en México, en 2018, la autoridad ambiental determinó que se realizó un cambio de uso de suelo en al menos 1316 hectáreas forestales sin contar con autorización.

Las denuncias y patrones de ocupación del territorio se repiten en varios de los países incluidos en este especial. De hecho, las colonias menonitas se han movido de un punto a otro dentro de la región. Así lo explica Yann le Polain de Waroux con dos ejemplos: “Veo como dos movidas. Una es de menonitas mexicanos, de las viejas colonias de Chihuahua, por ejemplo, que se encuentran con condiciones cambiantes de inseguridad, problemas de agua y sequía que están buscando una salida. Ellos son los que se ven en Colombia y también ahora en nuevas colonias en Argentina. La otra son las colonias bolivianas, con un crecimiento impresionante, que algunos están en Perú y están buscando nuevas tierras dentro de Bolivia pero también afuera”. ¿Cuál será el impacto de estas colonias menonitas en las tierras de Latinoamérica?
 

* Esta investigación transfronteriza es coordinada por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto de Colombia y El Deber de Bolivia. 

Edición general: Alexa Vélez. Editores: Thelma Gómez, Michelle Carrere y María Isabel Torres. Coordinación: Vanessa Romo. Equipo periodístico: Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez de Mongabay Latam; Natalia Brito y Pilar Puentes de Rutas del Conflicto de Colombia; Iván Paredes de El Deber de Bolivia; Aldo Benitez de Paraguay, y Valeria y Robin Canul de México. Producción audiovisual: Richard Romero. Foto y video: Ana María Guzmán, Hugo Alejos, Robin Canul, Juan González, Mario Silvero y Edwin Caballero. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.

Actualizado el: Mié, 10/19/2022 - 11:40

* Por: Natalia Brito. Esta publicación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

Los pueblos indígenas latinoamericanos no son ajenos a la presencia de las colonias Menonitas. Aunque son de origen europeo, esta comunidad religiosa ha ocupado amplias zonas en países como México, Argentina, Paraguay, Perú y Bolivia. En el 2015, tres colonias llegaron a Colombia, donde rápidamente provocaron revuelo por la deforestación causada en territorios indígenas ancestrales del departamento del Meta y por la acumulación de tierras con pasado turbio.

A raíz de las denuncias de las comunidades indígenas sikuani, que se han organizado para reclamar las tierras ocupadas por los ‘gringos’ -como ellos mismos los llaman- en los predios de Puerto Gaitán, en Meta, la autoridad ambiental Cormacarena ha registrado tres procesos sancionatorios en relación a las afectaciones ambientales provocadas por tala de bosques de galería y la contaminación en nacederos de agua. Dichos expedientes obran dentro de un proceso judicial radicado en la Fiscalía General de la Nación como parte de la Ley 1333 de 2009.

Según Cormacarena, durante el 2022 no se han presentado nuevas actividades de tala masiva, sino que por el contrario, se han realizado acciones para la recuperación del área afectada, tal como se acordó en los compromisos legales adquiridos entre la entidad y los menonitas. Incluso indican que, tras las investigaciones de la entidad ambiental y el seguimiento por parte de las comunidades indígenas, el 4 de octubre de 2021 Cormacarena sobrevoló con drones las hectáreas de los menonitas para verificar desde el aire si “se habían suspendido actividades de tala y quema de árboles en la zona, además la recopilación de información sobre la construcción ilegal de infraestructura vial, la ocupación de cauces y los efectos que estas acciones generaron en el ecosistema”, se lee en el informe que la entidad entregó a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam como respuesta a un derecho de petición.

Durante tres días Cormacarena y la Fiscalía realizaron las visitas y determinaron que no había actuaciones ilegales y que todo contaba con los permisos necesarios, por lo menos en lo que va del año. Sin embargo, en los temas territoriales, la situación sigue siendo preocupante. Desde marzo del presente año, organizaciones como la Corporación Claretiana y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) han disminuido su presencia en los territorios por la situación de violencia. En enero de este año fue asesinada la lideresa ambiental y de tierras, Luz Marina Arteaga en el municipio vecino, Puerto Lopéz. Algunos abogados que asesoraban a los pobladores indígenas lo siguen haciendo sin el respaldo de las organizaciones. Mientras los menonitas siguen adquiriendo propiedades. Se estima que al momento van por las 38 mil hectáreas, según los certificados de tradición y libertad de predios que estaban en proceso de compra cuando Rutas del Conflicto y Mongabay Latam realizaron la primera investigación sobre el pasado de las tierras que ocupa esta comunidad religiosa.

En el análisis que esta alianza periodística pudo realizar a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, encontró que sí existen nuevas evidencias de cambio de uso de suelo en los espacios ocupados por los menonitas y que forman parte del territorio que reclaman las comunidades. Entre enero y la primera semana de octubre de este año, se detectaron 505 alertas de deforestación.

Si tomamos en cuenta que entre agosto y diciembre del 2021 – cuando se denunciaron los problemas de deforestación ante Cormacarena- se generaron 459 alertas en la misma zona, la herramienta nos indica que el problema de desbosque seguiría en el área. En el rastreo de las alertas, podemos observar que las últimas se generaron entre abril y junio de este año.

Los gobernadores de los territorios ancestrales Barrulia, Tsabilonia e Iwitsulibu han denunciado constantemente amenazas e intimidaciones por parte de miembros de las colonias y de actores armados que presionan para desalojarlos de los predios e impedir la reclamación de tierras. Algunos de los gobernadores hablaron con temor con Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, pues señalan que hay una situación de seguridad peligrosa incluso para ellos mismos.

Varios testimonios recopilados durante la investigación le narraron a Rutas del Conflicto y a Mongabay Latam que los menonitas siguen talando los bosques de galería. “Han comprado nueva tierra y cortan madera donde estaban nuestros ancestros”, narra una fuente que prefiere omitir su nombre por las tensiones territoriales entre las comunidades indígenas y las colonias menonitas.

A esta voz se suma la del Gobernador Alexander Álvarez del Territorio Ancestral Itwitsulibo, que narra que en el mes de mayo “deforestaron lo que yo creo que es casi una hectárea de árboles cerca de Itwitsulibo. Incluso la madera todavía sigue ahí, no la han recogido”. Las voces consultadas alertan sobre la actividad de los menonitas aunque las autoridades locales insisten en que todo está en regla.

Amenazas, intimidaciones y desalojo a la comunidad indígena sikuani

“Ellos envían personas estratégicamente para escuchar lo que nosotros hablamos”, asegura con recelo Álvarez. Dice que se siente inseguro y desconfiado debido a las constantes amenazas en su contra y de la comunidad.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización acompañante en calidad de defensora de los derechos de los pueblos y los Derechos Humanos, ha registrado más de 10 denuncias entre enero de 2021 y junio de 2022 relacionadas con las comunidades indígenas y las colonias menonitas de Puerto Gaitán.

Esta organización es de las pocas que se ha mantenido constante en el acompañamiento a las violaciones de derechos humanos y hechos de conflicto armado que acechan a los sikuanis. Las organizaciones sociales que anteriormente los apoyaban con abogados y llevaban los procesos jurídicos de restitución de tierras se han ido de los territorios a causa de la creciente violencia.

Los claretianos señalan que en dos ocasiones han recibido ofrecimientos de dinero a cambio de irse de los territorios. En todos estas amenazas se menciona constantemente el nombre de Ernesto Martínez, alías “Cajuche”, persona a quien los indígenas señalan como intermediario de los menonitas y que ha amenazado a la comunidad deI Itwitsulibo (ver investigación). Recientemente, Martínez le reenvió un audio a través de Whatsapp a uno de los claretianos, en este se escucha una persona con acento extranjero diciendo que “a los abogados que defienden a los indígenas hay que ofrecerles plata, tú sabes que contra la plata nadie puede”.

En medio del desamparo y las presiones, los pobladores indígenas abogan por el derecho legítimo de su ancestralidad y su cosmovisión. Mientras intentan fortalecerse como resguardo y colectividad, su gobierno independiente llamado Cabildo busca la forma de protegerse legalmente contra las colonias menonitas que hoy construyen ciudadelas, vías, puentes y cultivos en medio los bosques que un día fueron su hogar.

La lideresa y gobernadora Alba Rubiela de la comunidad indígena Barrulia solicitó la protección del territorio en 2017 a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Dos años después, la entidad visitó los predios que suman más de 44 mil hectáreas y que se traslapan con los predios adquiridos por los menonitas. La ANT no ha vuelto al territorio para realizar una visita técnica, pero la comunidad en enero y abril de 2021 decidió retornar y ocupar predios que al momento le pertenecen a particulares. La llegada de los sikuani a esos predios ha generado enfrentamientos con los menonitas. Por un lado, los menonitas denuncian extorsiones y robos por parte de las comunidades indígenas, y por el otro, los sikuani hablan de amenazas de muerte y daños al territorio y ecosistemas.

A principios de enero del 2021, gracias a la Medida de Protección otorgada por la ANT en 2018, los sikuanis de Iwitsulibo y Tsawilonia Weewelianai -otras comunidades sikuani- retornaron a sus territorios con la intención de reconstruir sus vidas en comunidad y plantar sus tradicionales cultivos. Sin embargo, no pasó ni un día cuando la Policía Nacional de Puerto Gaitán llegó para decirles que no podían estar ahí. Ante esto, el Cabildo mostró la medida en donde se indica la suspensión de los procesos policiales.

Por ahora, es aquel documento de la ANT el que ampara a los pueblos sikuani ante los múltiples intentos de desalojo y desplazamiento. El Cabildo en cabeza de sus gobernadores y gobernadoras trabajan por el reconocimiento ante la Unidad de Restitución de Tierras en calidad de víctimas de la violencia en Colombia. En marzo de 2022, las autoridades sikuani de Puerto Gaitán y Mapiripán presentaron un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que relatan las huellas del conflicto armado a través de su historia como pueblo.

Los problemas ambientales y territoriales que tienen con los menonitas los denominan en este informe como ‘La Quinta Guerra’ refiriéndose a que, aún después de la firma del Acuerdo de Paz, la guerra sigue estando presente a través de la agroindustria, de escrituras y licencias ambientales.

“En el presente, aún después de la firma del Acuerdo de Paz, se desarrolla otra guerra “que no se hace con fusil” sino a través de escrituras y Licencias Ambientales, pero que sí les quita las tierras, esta vez para extraer petróleo y producir aceite de palma y caucho, también para conceder espacio a comunidades foráneas como los menonitas. Aseguran que esta última violencia no proviene de ningún grupo armado sino directamente del Gobierno”, dice el informe de la JEP.

A este panorama se unen las denuncias públicas de la Corporación Claretiana que relatan día a día los sucesos de conflicto. Según la denuncia 45, el miércoles 8 de septiembre de 2021, el gobernador Alexander Álvarez se encontró con uno de los dirigentes de la comunidad menonita, Abraham Wolle Frosse, en la finca Liviney de la vereda Cristalinas. Frosse al reconocerlo le dice que “no siguiera molestando o trayendo más gente al territorio de Iwitsulibo, porque si no lo iban a mandar a matar y a dar una plata a los paramilitares para que lo mataran”, indican los testimonios.

Esta misma denuncia relata que, el 12 de septiembre de 2021, Frosse se presentó en la comunidad indígena junto a dos personas encapuchadas bajo la amenaza de matar al gobernador del cabildo, quien no se encontraba en ese momento en la comunidad. El lunes 13 de septiembre, uno de los hijos del gobernador Ávarez recibe una llamada en la que una persona -que ellos identifican como ‘el jefe de los paramilitares’- le dice que “a la familia le daba tres horas para que desocuparan el territorio… o de lo contrario los mataban”

A esto se le suman los antecedentes del 30 de junio de 2021, donde ocho hombres armados ingresaron a Itwitsulibo amenazando a los sikuanis por un supuesto robo de chatarra en las fincas adyacentes.

Las comunidades hablan con temor con Mongabay Latam: hace dos meses – a mediados de agosto – narran que particulares entraron a caballo nuevamente al territorio y aseguraron “que los van a acabar uno por uno”.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señala que los compromisos entre los menonitas y los sikuanis se limitan a temas ambientales y que aún no hay una vinculación real en el proceso de tierras. Herney Zuluaga, técnico acompañante de la ONIC, se niega a hablar de la situación por razones de seguridad, pues asegura que su Alto Consejero vive en la altillanura y cualquier información podría resultar peligrosa para su integridad. Además, la ONIC asegura estar en proceso de cambio de personal reciente y de empalme, por lo tanto, no hay un acompañamiento certero hacia los sikuani.

Doble realidad: procesos sancionatorios y compromisos de reforestación

Los tres procesos sancionatorios relacionados a los expedientes de Cormacarena para las colonias Menonitas debido a sus actividades deforestación y siembra de cultivos de soya y maíz en una zona ambiental protegida (bosques de galería y nacederos de agua), crearon una serie de compromisos legales de compensación ambiental.

Hasta el momento, la entidad ha referenciado la siembra de 200 individuos de palmas de moriche en una de las áreas mencionadas en los procesos. Asimismo, integrantes de la comunidad Menonita se vincularon a proyectos de reforestación como parte de la campaña de restauración Meta Verde en alianza con la Gobernación departamental que pretende restaurar las franjas protegidas.

imágenes satelitales del cambio del uso del suelo: en 2015, un año antes  de la llegada de los menonitas y  en 2021. Se estima que han deforestado 135 hectáreas según Cormacarena.

La Secretaria de Ambiente de Puerto Gaitán afirma que durante el presente año no han recibido nuevas denuncias ni han identificado nuevas quemas. A finales de julio, funcionarios de la secretaría visitaron los predios menonitas e informaron que no se han evidenciado nuevas afectaciones.

“Entre enero y febrero se les inmovilizaron unas máquinas amarillas a unos terceros que estaban extrayendo material de arrecife para venderselo a los menonitas, quienes están construyendo vías… Esto lo hizo la policía porque ellos no tenían los permisos pertinentes” informó la funcionaria de la alcaldía Ninfa Novoa, quien también alegó desconocer a cabalidad el cumplimiento de los compromisos con Cormacarena.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron hablar con la abogada de las colonias Menonitas, Jeny Azucena Díaz, con el objetivo de conocer las acciones de reforestación y compensación. Sin embargo, pese a tener una primera conversación en la que se manifestó que “ellos sí han cumplido y están a la espera de reunirse con la Unidad de Víctimas para ser orientados”, la entrevista nunca llegó a realizarse. La abogada nuevamente reiteró que ellos no tienen cultivos ni han deforestado, solamente cumplen con los compromisos por evitar tener problemas, pero que “todo eso son inventos de los indígenas… ellos mismos son los que han deforestado”.

Estas afirmaciones se dan incluso frente a los procesos sancionatorios indicados por Cormacarena, las investigaciones periodísticas, las imágenes satelitales y las denuncias constantes contra los menonitas, no sólo en Colombia sino en Latinoamérica. Los gobernadores Alexander Álvarez y Alba Rubiela dicen con seguridad que tanto la secretaría de Ambiente de la alcaldía como la abogado Jeny Azucena tienen pleno conocimiento de las reiteradas talas de árboles y la contaminación del agua.

Mientras que los menonitas siguen expandiendo sus colonias, sus cultivos y su presencia en la Altillanura, las comunidades indígenas esperan la respuesta del Estado.

*Imagen principal: La colonia menonita llegó en 2015 a la Altillanura colombiana. Foto: Ana María Guzmán.

Actualizado el: Mié, 10/19/2022 - 11:29

Por: Sebastián Muñoz López

Los símbolos, el diálogo y la construcción colectiva están íntimamente vinculados a la sanación por el arte. Las personas se visten de colores para representar sentimientos: “La estrategia de pintar sus cuerpos es muy bella, porque algunas pueden grabar en el cuerpo de otra persona imágenes que les han marcado. Han dibujado con pintura pistolas y cuchillos, otras dibujan flores, arcoíris, que representan su nuevo renacer, mientras cuentan lo que les pasó”, afirma la socióloga Juliana Gil, quien ha enfocado su trabajo ayudando a víctimas a sanar a través del arte.

Sin embargo, no todos los lenguajes son sanadores. Integrantes de los colectivos mencionaron reportajes de prensa que estigmatizan a las víctimas o se apropian de sus voces de forma errónea, intentando hablar por ellas. También ha sido un equívoco considerar a las personas afectadas por el conflicto como un todo homogéneo: cada experiencia es específica y tiene sus particularidades. Es por eso que este reportaje prioriza los relatos de las personas afectadas, pues sus voces permiten entender las estrategias de sanación por medio del arte a partir de sus propias experiencias.
 

Son más de nueve millones las personas que han sido víctimas en el marco del conflicto armado interno, según números del registro único de víctimas (RUV), de la Unidad para la Atención y Reparación Integral las Víctimas. El uso del arte como herramienta de transformación del dolor se da en un contexto de escasez en la atención psicosocial brindada por el Estado. El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI), la entidad encargada de crear e implementar estrategias para la atención psicosocial de víctimas del conflicto armado, solo atendió a 444.062 víctimas en todo el país en el período de 2014 a 2017, según datos del Ministerio de Salud. Según testimonios de las personas afectadas por el conflicto, la atención a la salud mental ofrecida por las entidades estatales no fue suficiente, por lo que surgieron nuevas propuestas de sanación. 

Haz clic para acceder al reportaje completo, aprobado como trabajo de grado del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario.

Actualizado el: Mié, 09/28/2022 - 20:02

Por: Ricardo Sánchez

En la madrugada del 4 de marzo de 1988, cerca de 30 paramilitares al servicio de la casa Castaño irrumpieron en las fincas bananeras de Honduras y La Negra, en Turbo, Antioquia. 17 obreros en Honduras, y 3 más en La Negra, la mayoría del Sindicato de Trabajadores Agrarios y militantes de la Unión Patriótica, fueron apartados y fusilados. Tras la masacre, esas tierras fueron despojadas y los suelos donde existieron los hogares de las comunidades fueron reemplazados con filas del monocultivo de banano. 

Según la investigación “Despojo y memoria de la tierra”, de la Comisión de la Verdad, lo que ocurrió después de esas masacres demostró cómo multinacionales bananeras, bancos, fiducias, instituciones del Estado y paramilitares, interactuaron en un entramado que resultó en el despojo masivo de tierras campesinas. La investigación explica que la tierra se utilizó como activo financiero, donde hipotecas y movimientos demostraron la mediación de los bancos sin importar que se tratara de predios despojados. 

Esa intermediación del sistema financiero no solo ocurrió en esa zona del Urabá antioqueño, también pasó en varios lugares del país. Aunque la responsabilidad de las entidades financieras ha comenzado a quedar en evidencia con las sentencias de restitución de tierras, todavía está por esclarecerse qué tanto participaron en la cadena de despojo y la acaparación de tierra en Colombia. 

Las sentencias demuestran que en Colombia existió un entramado de actores y estrategias para despojar la tierra de comunidades rurales. Los fallos de restitución de tierras concluyen que hubo inversionistas y empresas que se beneficiaron del conflicto armado y se lucraron con las fincas que quedaron abandonadas por la violencia. 

En esos casos, el sistema financiero contribuyó para que las tierras terminaran en manos de empresarios, políticos y otros grupos de poder. Para Fabián León, investigador de la ONG,  Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos, las entidades financieras “participaron directamente en este entramado en el lavado del despojo de tierras”, es decir que sirvieron para legalizar las ventas de esas hectáreas. 

El coordinador jurídico de Forjando Futuros, Julio Cuastumal, explica que había un modus operandi para que las empresas se enriquecieran a costa de las tierras de las comunidades ruralres. Cuastumal se refiere a la sistematicidad de la que hablan muchas sentencias de restitución. 

En los casos de despojo hay características que son comunes: los grupos paramilitares llegaron a las regiones causando terror con masacres y amenazas, lo que ocasionó desplazamientos. Entonces, los campesinos llegaron a los cascos urbanos con hambre y con deudas, por lo que no pudieron seguir respondiendo a sus compromisos financieros que estaban respaldados con sus tierras, fue ahí donde llegaron bancos, inversionistas y empresas que se aprovecharon de la vulnerabilidad de las comunidades. 

Los compradores de esas fincas llegaron después de las arremetidas paramilitares. “Lo extraño es que las víctimas no podían entrar a esas zonas, pero ellos sí. Entonces adquirieron las tierras y comenzaron a aprovecharlas”, explica Cuastumal.

En medio del desplazamiento y la adquisición de tierras, se crearon fiducias e hipotecas que formaron un entramado que permitió que las fincas fueran compradas por empresas para desarrollar proyectos agropecuarios o minero energéticos. 

Hipotecas para el despojo

Para Fabián León está claro que las entidades financieras tuvieron modelos establecidos en proceso que terminó en el despojo. El modelo más evidente fue en el que tuvieron que ver las hipotecas. En las sentencias proferidas por los tribunales de restitución de tierras se han anulado al menos 248 hipotecas sobre predios reclamados. 

Según el Informe Especial “Los bancos y el despojo de tierras” de la Fundación Forjando Futuros, existieron dos patrones de conducta en el que los bancos participaron del despojo con hipotecas. En el primero, despojaron a las víctimas con cobros prejurídicos o procesos de cobro coactivo, pues muchos campesinos tenían hipotecadas sus parcelas y al salir desplazados no pudieron cumplir con el pago. Hasta junio de 2020, 87 predios fueron restituidos a los reclamantes por magistrados que anularon las hipotecas cobradas por los bancos, según Forjando Futuros. 

El exdirector de Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, explica que las víctimas de desplazamiento no pudieron seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras porque se quedaron sin la principal fuente de sustento que eran sus fincas. Esa situación también se prestó para que los desplazados vendieran sus parcelas a precios irrisorios debido a su frágil economía. 

El segundo patrón de despojo demuestra que los bancos otorgaron préstamos respaldados con hipotecas a quienes se quedaron con la tierra de las víctimas recibiendo como garantía las mismas hectáreas despojadas. Forjando Futuros rastreó 161 predios sobre los cuales los magistrados anularon las hipotecas y las devolvieron a los reclamantes donde los bienes inmuebles fueron hipotecados por terceros. 

En estos casos de restitución, los bancos pidieron que se les reconociera una compensación económica y que los reclamantes continuaran con las obligaciones financieras de las hipotecas, pero los magistrados de los tribunales de tierras no lo aceptaron. “Se presentaban hechos de violencia notorios y públicos, lo que causó el despojo de los inmuebles”, explica el informe de Forjando Futuros. 

En las sentencias proferidas, se cuestiona la actuación de los bancos por su falta de diligencia en el estudio de los títulos y por su permisividad frente a los negocios que se desarrollaron sobre zonas azotadas por la violencia.  

Según Forjando Futuros, las sentencias demuestran que las entidades financieras favorecieron el despojo de tierras con conductas “sistemáticas y recurrentes” y que debieron actuar con diligencia a la hora de hipotecar o rematar los predios. 

Uno de los casos que ejemplifica esa situación es el de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal Superior Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena, que restituye un predio ubicado en Curumaní, Cesar. En ella los magistrados exponen que el Banco Agrario de Colombia “debió mediar mayor diligencia y cuidado (...) máxime cuando esta entidad cuenta y puede acceder a profesionales calificados para adelantar todas las averiguaciones pertinentes antes de aprobar y desembolsar dineros”, concluye la sentencia.

Fue tan poca la diligencia y el cuidado que tuvieron las entidades financieras al aprobar las hipotecas, que incluso habían predios que contaban con características que impedían que se hipotecaran.  Ese fue el caso de Damasco Parcela No 2, un predio ubicado en Ovejas, Sucre, que fue restituido a la familia reclamante por el Tribunal Superior de Tierras de Cartagena en una sentencia proferida el 14 de octubre de 2017. 

En esa ocasión actuó como opositor el banco BBVA, que aceptó una hipoteca sobre esa parcela que tenía una restricción vigente para su enajenación o para el establecimiento de cualquier gravamen. Los magistrados señalaron que BBVA “debió percatarse de la restricción y abstenerse de aceptar la hipoteca constituida a su favor”, por lo que declararon la nulidad absoluta de la hipoteca constituida.

Otro banco que estuvo involucrado en estas sentencias es Bancolombia, que otorgó créditos hipotecarios a terceros que se quedaron con los predios . Uno de los casos se presentó en el corregimiento de Villanueva, en Valencia, Córdoba, aunque Bancolombia no se presentó como la opositora principal a la restitución de tierras, pretendió que dos familias restituidas continuaran pagando los gravámenes que negociaron con quienes desplazaron a esas familias. Al argumentar que la entidad negoció la hipoteca con quienes se aprovecharon de las víctimas y que no hubo diligencia ni buena fe exenta de culpa, los Tribunales rechazaron esa solicitud.

Fabián León explica que “lo que ocurrió con las hipotecas fue que los bancos agilizaron los cobros prejurídicos, las moras y demás, lo que incidió en que los campesinos se quedaran sin tierra”. 

La palma y la banca en Urabá

Rutas del conflicto entrevistó a un economista, cuyo nombre se mantiene anónimo por cuestiones de seguridad, contratado para hacer la evaluación financiera de proyectos de palma, banano y plátano sobre suelos que les pertenecieron a comunidades desplazadas en la subregión de Urabá. Asegura que “la banca pública tuvo una incidencia enorme en la descomposición social que convivió con todos esos proyectos”.

El economista trabajó en empresas como Urapalma, que fue constituída el 30 de diciembre de 1999, dirigida inicialmente por Luis Donaciano Riascos y luego por Javier Daza Pretelt. Tiempo después, la justicia logró demostrar los vínculos entre este proyecto agroindustrial y el jefe paramilitar Vicente Castaño. 

El financiero de este proyecto señala que indudablemente las entidades bancarias debían conocer el “contubernio enorme” que existía sobre las tierras de los desplazados. “Ellos lo debían haber sabido. Es imposible que no lo supieran”, enfatiza. Pero el sistema financiero apoyó a los despojadores y participó de la financiación de esos proyectos agroindustriales. “En ese sentido, fue el Banco Agrario el que más financió los proyectos de la palma aceitera en Urabá”, explica. 

La entidad financiera más recurrente en las situaciones de despojo es el Banco Agrario. Forjando Futuros encontró por lo menos 107 predios con problemas en los que esa empresa constituyó hipotecas. Para Fabián León, esa entidad es la más común porque era la que tenía más presencia en la zona rural y se dedicaba precisamente a temas agrarios.

Según el portal Tierra en Disputa, una alianza de Rutas del Conflicto y Verdad Abierta, la Superintendencia de Notariado y Registro demostró que 17.720 hectáreas que pertenecían a los consejos comunitarios que ocupan el área de Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó,  fueron adquiridas de manera ilegal con el visto bueno de la Oficina de Registro de Quibdó para ejecutar proyectos productivos. 

En medio de ese despojo, Urapalma recibió incentivos del Estado para sacar adelante proyectos de siembra de Palma y además les fueron otorgados créditos por más de 5 mil millones de pesos aportados por el Banco Agrario. 

“Las transacciones del Banco Agrario fueron sobre hipotecas y garantías reales que no son donde se sembró la palma”, explica el economista que trabajó para Urapalma, quien añade que las hipotecas se hicieron sobre otras garantías mucho más efectivas. “La empresa hipotecó unos predios que tenía en Santa Marta, en Pozos Colorados, que sí tenían un valor muy importante en el mercado”,señala el extrabajador de Urapalma, que añade que las tierras en Urabá no tenían valor en el mercado porque ”tenían muchos líos judiciales”.

El Banco Agrario fue un instrumento para que se implementara cultivos de palma y se hablara de proyectos productivos que beneficiarían al país, “pero el desplazamiento era un hecho y los monocultivos afectaron la ecología de la región” añade. “Ninguna institución colombiana, salvo la Defensoría del Pueblo, actuó a favor de la comunidad”, denuncia el economista. 

Las fiducias del despojo

El exdirector de la URT, Ricardo Sabogal, afirma que en Colombia, “no es necesario ponerle un fusil a una persona para despojarle de sus tierras”, Por lo que la responsabilidad de las empresas que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de las familias desplazadas ha quedado en evidencia.

El coordinador jurídico de Forjando Futuros, Julio Cuastumal, argumenta que, en las zonas de conflicto armado, a parte de revisar las escrituras y los certificados de tradición y libertad, los compradores y entidades financieras que participaron de los negocios, tenían la obligación de verificar la situación de violencia. “Tenían que revisar si una persona que está vendiendo, no es ni le compró a alguien que fue desplazada o que es víctima del conflicto armado, y eso no lo hicieron las empresas”, concluye.

Según las sentencias,  existió un modus operandi que se evidenció con el entramado jurídico que antecedió la compra de hectáreas en todo el país. Hubo un aparataje legal en el que primero intervinieron comisionistas que sirvieron de puente entre los campesinos y los primeros inversionistas. Después, por medio de empresas filiales y fiducias mercantiles para la constitución de patrimonios autónomos, empresas como el Grupo Argos se hicieron con la propiedad de las miles de hectáreas que les habían pertenecido a campesinos que las trabajaron durante décadas y que salieron desplazados por la violencia.  “Es una práctica que usan las empresas para restarle visibilidad a su presencia  en zonas que fueron o son conocidas por los problemas de orden público”, explica Sabogal 

Para Cuastumal el hecho de que las empresas adquieran terrenos en donde hubo violencia a través de fiducias, muchas veces administradas por bancos, para tapar su nombre, no está del todo claro. “No sabemos si esa era la intención, pero pareciera. El hecho de que no quisieran figurar como los dueños de las hectáreas es una situación lógica, pero una que también los responsabiliza de saber en qué se estaban metiendo las empresas” afirma.

En las sentencias de restitución de tierras es ya recurrente que entidades fiduciarias como la creada por Argos, Fiducor, aparezcan como opositoras a estos procesos de restitución de tierras. 

En Colombia la fiducia mercantil que se crea para estos fines corresponde a un negocio jurídico en el que una persona, que hace las veces de fiduciante o fideicomitente, le transfiere bienes a otra persona jurídica, que recibe el nombre de fiduciario, quien se encarga de administrar y ejecutar el propósito comercial sobre esos bienes. 

Una particularidad de esta figura mercantil es que se puede ser al mismo tiempo fiduciante y fiduciario. Esto se puede evidenciar en la fiduciaria constituida por el grupo Argos, donde el mismo grupo empresarial, pero a través de distintas filiales, hace las veces de fiduciante y beneficiario. Por esa razón las fiducias ayudaron a que fuera difícil encontrar quienes eran los verdaderos dueños de las hectáreas despojadas. 

Las sentencias de restitución de tierras que comprometen en la cadena de despojo a las empresas en Colombia develan la complejidad legal que se construye alrededor de la tenencia, acumulación y uso de la tierra. Cada es más claro el rol de los bancos y entidades financieras en esta cadena.

Actualizado el: Jue, 09/22/2022 - 17:07

Por: Carol Sanchez 

En agosto de 2021, el entonces presidente de Colombia Iván Duque aprobó que la Agencia Nacional de Tierras le entregara a Ecopetrol la administración de más de 9.000 hectáreas –es decir, casi dos veces la isla San Andrés– de tierras baldías en Puerto Gaitán, Meta. La figura que se utilizó para hacerlo fue la de “reserva especial”, que solo pueden ser otorgadas a favor de entidades estatales, con el objetivo exclusivo de ejecutar actividades de interés nacional, tales cómo la explotación minera o de hidrocarburos. En este caso, la reserva se conformó “con destino exclusivo al desarrollo y a la continuidad de todas las actividades que sean requeridas o necesarias en el proyecto Campo Rubiales”.

Sin embargo, los predios reservados tienen larga historia de ocupación por parte Pacific Rubiales, hoy Frontera Energy, en donde además hay sembradas más de 3.500 hectáreas de palma aceitera que sirven a privados.

Los Arrayanes y La Morelia, los baldíos reservados para Ecopetrol, están ubicados en la vereda Rubiales, que desde los 90 empezó a ser uno de los ejes petroleros del país. A su alrededor hay al menos 20 terrenos de origen también baldío que fueron adjudicados a supuestos sujetos de reforma agraria que luego los vendieron a Pacific Rubiales y sus filiales. El resultado: más de 55.000 hectáreas de tierra adjudicable a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente que terminaron en manos de la que fue la petrolera más grande del país. 

Mientras tanto, con la creación de la reserva a favor de Ecopetrol, campesinos que reclaman desde hace al menos 10 años lotes dentro de La Morelia y Los Arrayanes quedan con posibilidades nulas de acceder a las tierras que han ocupado y hecho productivas desde antes que la industria petrolera llegara a la zona. Es el caso de Esneyder Lozano quien, luego de ser desplazado por la violencia en el 2007, ocupó un predio cerca a La Morelia que hoy Ecopetrol considera en “conflicto” y al que a pesar de haber ocupado por más de 15 años no puede llamar suyo.

Ya en 2017, Rutas del Conflicto había expuesto la forma en la que Pacific Rubiales se adueñó de estos 20 predios y empezó a incentivar el cultivo de palma en La Morelia a pesar de no ser su dueño. Hoy, seis años después de que Ecopetrol tomara el control de Campo Rubiales, la creación de esta reserva implica que todos los baldíos alrededor del campo petrolero –tierra suficiente para albergar la ciudad de Cali entera– están en manos de la industria petrolera. El procedimiento para aceptar la creación de esta reserva, además, deja muchos interrogantes.

Los cuestionamientos al Acuerdo que crea una reserva de 9.000 hectáreas a favor de Ecopetrol

El objetivo con el que la ANT le entregó a Ecopetrol la administración de Los Arrayanes y La Morelia, de una extensión de más de 9.000 hectáreas, fue el de desarrollar actividades exclusivas del proyecto Campo Rubiales. Sin embargo, la investigación que Rutas del Conflicto hizo en 2017 apunta a que en esos predios hay miles de hectáreas sembradas por la entonces Pacific Rubiales, quien ya no debería ejercer ni la posesión ni la ocupación de esas tierras.

Además, en 2019 Rutas del Conflicto y Mongabay Latam lograron identificar que las empresas que siembran palma en áreas cercanas al río Tillavá, en la vereda de Rubiales, son la Operadora agroindustrial del Meta y Promotora Agrícola de los Llanos Sucursal Colombia (Proagrollanos). Ambas empresas privadas. No es claro cómo estos cultivos particulares se alinean con el propósito de la reserva, que solo debería servir a intereses de la Nación.

Según el abogado experto en tierras Uber Alfonso Díaz, abogado experto en tierras, la creación de la reserva por sí sola se hizo bajo todo el reglamento jurídico colombiano. No obstante, señala que es difícil justificar que se le entregue la administración de una extensión de tierra tan grande a una empresa petrolera, pues, en su opinión, la infraestructura extractiva no necesita de tantas hectáreas. Después de todo, es cantidad suficiente para albergar un municipio mediano de Colombia.

Ana Jimena Bautista, abogada en tierras e investigadora de Dejusticia, ve otra preocupación en el proceso. En su concepto, la figura de reserva especial es una muy particular y con poco uso en el país. Además, asegura que ensu misma concepción deja desprotegidos a campesinos, que también son sujetos de derechos, mientras sí tiene en cuenta colectividades especiales como las indígenas.

Que esta reserva se haya dado en predios que iban a ser recuperados a favor de la Nación por estar siendo indebidamente ocupados por empresas petroleras que los estaban explotando, para luego ser dada en tenencia a Ecopetrol, otra petrolera, también genera preguntas.

Ahora, la tradición de posesión y ocupación de estos dos baldíos también genera interrogantes. Ambos estuvieron durante años en manos de Pacific Rubiales o sus filiales, en lugar de en sujetos de reforma agraria. Incluso, cuando la ANT continúo con el proceso de recuperación de los Arrayanes, Meta Petroleum, filial de Pacific, presentó un recurso de reposición tendiente a desestimar la actuación. Para el momento, Los Arrayanes ni siquiera tenía folio de matrícula, pero estaba siendo ocupado por la petrolera.

La historia de ambos predios tiene que contarse por partes. La siguiente línea del tiempo explica en detalle cómo el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados se vio interferido por la petición de la reserva. Hay tres cosas importantes a resaltar.

La primera es que, en el 2017, la ANT ordena vincular a Ecopetrol y a Major International Oil, otra filial de Pacific, al proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados de Los Arrayanes. Tan solo dos meses después, Ecopetrol le pide a la Agencia la creación de la reserva especial, lo que lleva a que ese proceso de recuperación sea archivado.

Para ese momento, Major International todavía aparecía en papeles como el poseedor de La Morelia, a pesar de que desde el 2016 era Ecopetrol quien operaba Campo Rubiales, y de que la tenencia de esa tierra se basaba en las actividades de explotación del campo. 

Lo segundo es que, si bien los Arrayanes era reconocido como un baldío en tenencia de Meta Petroleum por la ANT, éste sólo tuvo folio de matrícula hasta el 2019. Es decir que, mientras campesinos pedían la tierra sin obtener mayor respuesta por parte de las entidades públicas, solo bastó que Ecopetrol abriera un proceso para que la recuperación del baldío parara y se plasmara la tradición del predio en papeles.

La Morelia y Los Arrayanes: baldíos que ya nunca serán para campesinos

Como parte de la creación de la ANT, a la entidad se le asignó una tarea fundamental para la política agraria del país: adelantar y decidir sobre los procesos de recuperación de los baldíos indebidamente ocupados que ya el extinto INCODER había iniciado. Entre la lista de estos predios a recuperar se encontraban La Morelia y Los Arrayanes, con un total de 10.009 hectáreas. 

La historia en papeles de La Morelia empieza en 1990, cuando era ocupada por colonos que declararon bajo escritura pública las mejoras que hicieron sobre el terreno. Cuatro años después el primer operador de Campo Rubiales, Coplex International, compró esas mejoras y pasó a ocupar las 12.500 hectáreas que en ese entonces el terreno abarcaba. Ahí empieza la ocupación indebida por parte de empresas petroleras de este baldío de la Nación.

Ya en 2005, cuando Pacific Rubiales llegó a operar este campo petrolero, La Morelia–reducida a 7.526 hectáreas en 2004– pasó a manos de una de sus filiales, Meta Petroleum. Sin embargo, en 2014 su posesión fue vendida a otra empresa brazo de Pacific, llamada Major International Oil, por tan solo 150 millones de pesos. Al día de hoy, el “Fideicomiso Parqueo Major International” es el dueño de 5 predios más en esa misma zona.

Rutas del Conflicto le preguntó a la Agencia Nacional de tierras en agosto de 2022 si había identificado opositores o reclamantes de tierras en La Morelia antes de admitir la creación de la reserva a favor de Ecopetrol. Su respuesta: “Los ocupantes identificados dentro de los trámites recuperación de baldíos indebidamente ocupados en el predio “La Morelia 1” fueron dos (2)”. No obstante, en el Acuerdo 168 de 2021, el cual aprueba la creación de la reserva, la misma Agencia asegura que corroboró la “inexistencia de posibles ocupantes”. Una más de las irregularidades del proceso.

En el caso de Los Arrayanes, la situación es similar, sino más inconsistente. La ANT le dijo a Rutas del Conflicto que durante el proceso de recuperación de ese baldío había identificado seis ocupantes. Sin embargo, de nuevo, en el Acuerdo no se habla de la existencia de ocupantes y apenas se mencionan dos “colindantes”: Esneyder Lozano y Marta Lucía Restrepo, campesinos de la región.

Rutas del Conflicto habló con Esneyder Lozano, quien asegura que en 2007 llegó a Rubiales desplazado de la violencia y ocupó 522 hectáreas de tierra en un predio al que él y su esposa bautizaron “La Paloma”. Ya en el 2013 solicitaron la adjudicación de esas tierras sin que el INCODER les diera respuesta alguna.

Según Lozano, hoy Ecopetrol le dice que su tierra es una en “conflicto” por hacer parte de la reserva y afirma que cada vez que intenta hacer una mejora la empresa se lo dificulta. “Voy a hacer cualquier trabajo y entonces ellos salen con que no, que esta es una tierra en conflicto, llaman a la Policía, pero ellos sí pueden hacer sus actividades normales, y uno no les puede decir nada. O sea que, sinceramente, uno de campesino en este país no tiene ninguna ventaja”, dice. Incluso, en el 2021, un abogado de Frontera Energy –que ya no opera el campo– acompañado de la Policía y de funcionarios públicos, removieron una de las cercas que Lozano tenía en el terreno.

La Paloma, para Esneyder, no hace parte ni de Los Arrayanes, ni de La Morelia, y bajo ese supuesto basó la solicitud sin respuesta de adjudicación de baldíos. Sin embargo, así esa disputa se resolviera a su favor, Esneyder y su familia nunca van a poder tener la propiedad de la tierra que ocupan de buena fe hace 15 años. La Ley 1728 de 2014 hace inadjudicables terrenos que estén a menos de 2.5 kms de distancia de infraestructura petrolera, y este caso. “Cuando llegamos no había nada aquí, yo sabía que era un baldío, que era tierra que se la pueden dar a campesinos. Sabía que la petrolera estaba en la zona, pero cerca de la finca no había nada de la empresa”, afirma. Lo que significaría que el impedimento de poseer La Paloma fue puesto después y no antes de su llegada.

Rutas del Conflicto también tuvo acceso a un documento que Marta Lucía Restrepo, la otra oponente a la creación de la reserva, envió a la ANT en el 2017. En él solicita que se excluya su lote, al que llama “El Rincón de los Conucos”, de Los Arrayanes y que éste sea titulado a su nombre. 

Restrepo también afirma que en el 2014 solicitó al INCODER la adjudicación del predio que lo engloba, llamado “La Esperanza” y que la extinta entidad ordenó el inicio del proceso de titulación. Sin embargo, la ANT afirma en el Acuerdo 168 que el proceso de adjudicación fue cancelado para dar inicio a la recuperación de un baldío indebidamente ocupado. En este caso, Restrepo no solo nunca podrá tener la adjudicación sino que, además, con la constitución de la reserva, ya ni siquiera podrá recibir préstamos de La Caja de Crédito Agrario para desarrollar proyectos productivos en ese terreno.

La historia de acumulación por parte de petroleras de predios de origen baldío en Rubiales ha hecho que terrenos que debían ser para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, hoy no cumplan esa función. Las esperanzas de los campesinos de la zona de tener una sola de las más de 65.000 hectáreas de origen baldío que rodean a Campo Rubiales son nulas, mientras empresas privadas las explotan y Ecopetrol reserva 10.000 de ellas para su operación.

*Rutas del Conflicto envió el 17 de agosto de 2022 un derecho de petición a Ecopetrol solicitando que respondiera preguntas sobre: los argumentos que tuvieron para solicitar las más de 9.000 hectáreas como reserva, información acerca de las contingencias ambientales que la actividad petrolera ha causado en la zona, y sobre la forma en la que se ha visto involucrada la empresa estatal en los procesos de reclamación de tierras en La Morelia y Los Arrayanes. Sin embargo, a la fecha de publicación no se recibió respuesta.

Actualizado el: Vie, 09/16/2022 - 14:05

Por: Pilar Puentes Espinosa 

En medio de un constante debate por la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra en Colombia, la Altillanura se ha convertido en el centro de las políticas de los gobiernos de las últimas dos décadas y de los intereses de grandes capitales económicos que ven en ella una gran capacidad de convertirse en la despensa agrícola del país. Rutas del Conflicto pudo rastrear que cerca de 30 empresas tienen en su poder al menos medio millón de hectáreas, la mayoría con cuestionamientos relacionados a la legalidad de la propiedad, sumadas a los reclamos de colonos y comunidades indígenas para acceder a títulos de territorios ancestrales. 

Para el gobierno de Gustavo Petro, la reforma agraria es urgente e indispensable para cumplir las promesas de campaña y esta zona es clave para esos propósitos.  La ministra de Agricultura, Cecilia López, ha dicho a varios medios de comunicación que, “Colombia tiene que ser una potencia mundial en la producción de alimentos. Para esto se necesita que se cumpla el punto uno (del acuerdo) de La Habana, que claramente habla de la reforma rural”. 

Mientras se resuelve las estrategias de gobierno para cumplir con la reforma y su rol en la Altillanura, indígenas que han habitado la zona desde hace siglos y campesinos colonos que llegaron hace más de 40 años siguen esperando la formalización de su tierra. A la par, empresas agroindustriales, agroforestales y petroleras continúan ampliando los terrenos en los que tienen varios problemas. Rutas del Conflicto construyó una base de datos a partir de los casos de estudio periodísticos y de varias ONG, que muestran el mapa de las empresas que han venido concentrando tierras en esa región.

Expertos señalan tres factores que complejizan la propiedad de la tierra en esa zona: adjudicaciones irregulares, ocupación indebida de baldíos de la nación y acumulación de Unidades Agrícolas Familiares. 

Mientras que el Estado, con la Agencia Nacional de Tierras, avanza a pasos de tortuga en la clarificación y formalización de baldíos, los conflictos sociales se agudizan a toda marcha, con organizaciones indígenas cada vez más robustas que reclaman las tierras donde están enterrados sus ancestros y de las que fueron desplazados. Estas comunidades y los colonos que llegaron durante gran parte del siglo XX tuvieron que soportar la violencia del conflicto armado que favoreció la apropiación de predios por parte narcotraficantes y esmeralderos.

En 2006 el Bloque Centauros de los paramilitares, que hacía presencia en más del 80% de la Altillanura, se desmovilizó. En ese momento los empresarios, con el respaldo del gobierno, pusieron sus ojos en una tierra, considerada la futura despensa agrícola del país. Según la ONG Indepaz, en 2014 se adoptó en Colombia la Política para el desarrollo integral de la Orinoquia: Altillanura, en la que se “definieron las estrategias para aprovechar su potencial y superar las limitaciones, entre ellas las relacionadas con la escasez de mano de obra calificada y el acceso a tierras para el desarrollo de iniciativas a gran escala, como la siembra de palma de aceite, maíz, soya, caña de azúcar y forestales, la producción de carne y la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales”.

Todas estas actividades económicas necesitan grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la Altillanura por su proceso de colonización cuenta con grandes niveles en la informalidad en la tenencia y existen muchos terrenos es baldíos. Además como lo explica la abogada dedicada al derecho agrario y quien dirigió el empalme de gobierno Petro en temas agrarios, Jhenifer Mojica,  se creó una especulación financiera porque en el mercado de valores, la tierra iba ser una garantía en medio de proyectos de gran impacto agroindustrial

Los problemas empezaron desde la adjudicación

Una de las empresas que llegó a la región a ocupar grandes extensiones de tierras fue el grupo Aliar, conformado por empresarios paisas y santandereanos con su marca comercial La Fazenda, en la vereda La Cristalina, en Puerto Gaitán, Meta. Antes de que las 16 mil hectáreas de la hacienda El Brasil llegarán a manos de esta empresa pasaron por el ‘zar de las esmeraldas’ Víctor Carranza. Rutas del Conflicto ha investigado este caso en varias oportunidades (ver ¿Cómo nos quitan la tierra?) y encontró que en 1995 el extinto Incora le adjudicó 12 predios, alrededor de 900 hectáreas cada uno, a presuntos cercanos a Carranza. 

El proceso de adjudicación se hizo en medio de la violencia que ejercían las llamadas Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada y el predio, según la sentencia de Justicia y Paz del Bloque Centauros, funcionaba como base paramilitar. Además,  la comunidad que vivía en la vereda La Cristalina, cerca del predio, no conocía a los adjudicatarios, los señalaba de ser trabajadores del ‘Zar’ y reconocía a Carranza como único dueño de El Brasil. Un requisito para ser beneficiario de la reforma agraria era haber ocupado el predio con mínimo 5 años y haber explotado dos terceras partes, condiciones que parecen no cumplirse.

En 2018, se abrió un proceso de revocatoria de las 13 adjudicaciones por considerarlas presuntamente irregulares. Tras grandes trabas y obstaculizaciones en junio de 2021, la ANT, decidió no continuar con el proceso de El Brasil aduciendo que no se encontraron dichas irregularidades en la titulación y que no existen pruebas sobre la presunta vinculación de los adjudicatarios con el conflicto. 

El nombre de Víctor Carranza y sus allegados aparecen frecuentemente en la historia de varios predios que luego fueron adquiridos por estas empresas. Así ocurre en al menos seis mil hectáreas que luego fueron adquiridas por la multinacional Cargill en el Vichada, así como en 27 mil más en Puerto Gaitán en El Porvenir.  Estas últimas representan un caso particular, ya que el Incoder tumbó las adjudicaciones en el año 2014, pero no ha decidido qué hacer con la tierra, que es reclamada por campesinos e indígenas. 

La Procuraduría delegada para asuntos agrarios, acompañó el proceso de revocatoria de las 27 adjudicaciones. Según el ente de control, la ANT no emprendió a tiempo las acciones para la recuperación de predios que estaban en contextos de víctimas de desplazamiento y despojo donde ahora empresas están explotando la tierra. 

Para Ana Jimena Bautista, abogada e investigadora en temas de tierras y de los derechos del campesinado en la ONG Dejusticia, la Agencia Nacional de Tierras no ha solucionado los problemas históricos y sistemáticos que cometieron las anteriores entidades de tierras, Incora e Incoder. “No es solo que la ANT no haga sino lo que hace es terriblemente cuestionable como el caso de El Brasil con la expedición de las resoluciones para cerrar el caso”, afirmó. 

La ONG Indepaz, en su informe  ¿Amnistía a la “concentración productiva” del siglo XXI en la Orinoquía? advierte que hay una falla estructural en la política agraria de identificación, asignación y recuperación de bienes del Estado, agravada por la inexistencia de un inventario de tierras rurales. Además de adjudicaciones irregulares en los que no se califica adecuadamente a los beneficiarios de la reforma agraria ni los límites de extensión de la adjudicación. 

Este caso no es único. Muchos predios que han adquirido las empresas tienen indicios de haber sido adjudicados irregularmente, a personas que no eran sujetos de reforma agraria. Parte de las tierras en Puerto Gaitán, que hacían parte del proyecto petrolero Pacific Rubiales y hoy le pertenecen a Ecopetrol, fueron entregadas por el Incoder a una familia de un empresario hotelero y del chance, al igual que a la familia de una funcionaria del Banco Agrario. El objetivo de la reforma agraria era entregar la tierra a campesinos y  no a empresarios. 

En el municipio de La Primavera, en Vichada, el excongresista Alfonso Mattos ha acumulado junto a su familia cerca de 14 mil hectáreas que hoy son reclamadas por una comunidad indígena sikuani. Según los folios de matrícula, varios predios fueron adjudicados a Cayetano Melo Perilla y algunos de sus allegados. Perilla ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser un narcotraficante. Edwar Mattos, hermano de Alfonso también acumuló 5 mil hectáreas en Mapiripán que fueron señaladas por el paramilitar Diego Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ de ser parte de un proyecto de palma de la organización ilegal.

En la Altillanura, la informalidad y en muchos casos la cooptación de funcionarios públicos permitió que personas que no eran beneficiarias  de adquirir tierra baldía la obtuvieran. Además esas adjudicaciones se dieron en territorios ancestrales, ignorando que vivían comunidades indígenas en la región. 

El abogado de comunidades sikuani, que trabajó para la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Brayan Cárdenas, afirmó que, “el Estado solo está archivando investigaciones o no las está haciendo en contextos donde hay comunidades indígenas que tiene hasta dos procesos abiertos: uno por restitución y otro por adjudicación, en lugares dónde empresas adquirieron la tierra”.  (ver retorno de la comunidad sikuani a La Cristalina)

A lo que se refiere el abogado, es que las comunidades han reclamado estas tierras por dos vías. La primera a través de la Unidad de Restitución, al ser víctimas del conflicto, haber sido desplazados  y por ello perder la tierra que habían ocupado. La segunda por la Agencia Nacional de Tierras, en las que las comunidades indígenas están pidiendo la titularidad de varias hectáreas para conformar sus resguardos y habitar la región que pisaron sus ancestros. 

Para Fabián León, investigador del Centro de Información de Derechos Humanos y Empresas, no es un debate nuevo que los sectores económicos debían cumplir con la debida diligencia a la hora de ver un proyecto productivo, en zonas donde hay un número significativo de víctimas del conflicto y de comunidades que llevan décadas intentando acceder a la propiedad. León afirmó que, “la debida diligencia no apareció con la Ley 1448 de 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras, aparece en los años 90, en donde se mira también los factores de riesgo de una inversión a un proyecto”.

Ocupar patrimonio del Estado

En la inmensidad de la Orinoquía aun quedan muchos predios sin adjudicar que están siendo explotados por grandes empresas. En Puerto Gaitán se encuentra uno de los complejos petroleros más grandes del país, en la vereda Rubiales. 

Hace algunos años estos pozos eran propiedad de la multinacional Pacific Rubiales (durante los primeros años por Meta Petróleo del empresario Germán Efromovich) y se consideraba como la ‘joya de la corona’ del mercado de hidrocarburos. En su punto más alto, Pacific y su socia Ecopetrol, extrajeron 300.000 barriles de crudo al día. En 2015, cayó en declive rápidamente y como lo contaron miembros de la junta directiva, “las deudas acumuladas por equivocados negocios y malos manejos”, acabaron con la empresa (ver especial)

Pacific pasó a vender sus acciones a Frontera Energy. Los años que duró el emporio fueron suficientes para acumular, alrededor, de 55 mil hectáreas, entre las que están dos baldíos de la nación: La Morelia y Los Arrayanes.

En 2013, varios congresistas denunciaron a la opinión pública la ocupación indebida de baldíos por parte de Pacific y de Ecopetrol, además de cómo las empresas buscaban apropiarse de la tierra por medio de un proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Es decir, es un modo de adquirir predios en la que la persona lo ocupa por más de 10 años y se reconoce como dueño del mismo. La Corte Constitucional se pronunció al respecto y el país  espera que en diciembre se publiqué  la sentencia definitiva en la que se prohíbe que un juez otorgue la propiedad de un baldío, cuando la ANT es la única entidad competente para adjudicar. 

En 2015 la entidad priorizó la recuperación de baldíos en los que estaban La Morelia y Los Arrayanes. Sin embargo, como lo registra el certificado de tradición y libertad de la Morelia, la ANT bajo el Acuerdo 168 de 2021 constituyó una reserva a favor de Ecopetrol. Estos predios, desde que Pacific llegó a la zona, fueron tapizados de palma aceitera en medio de quejas de campesinos que habitaban esas tierras. (ver historia)

Para Brayan Cárdenas, el Estado está evadiendo la responsabilidad de cumplir con la reforma agraria y de proteger al campesinado y a las comunidades indígenas, donde la tierra es parte central de la vida. “Hay una oficiosidad cuando hablamos de campesinos e indigenas. El Estado ha cedido terreno a los intereses políticos y privados. Hay una prioridad del Estado al empresariado y no a la gente que quiere acceder a la tierra por medio de la Ley 160 de 1994”, dice Cárdenas. Precisamente el fondo de tierras, que es la bolsa de dónde se adjudican predios, tiene su centro en los baldíos de la nación, que muchos de ellos están en manos de empresas. 

A una hora de Puerto Gaitán se llega a las colonias Menonitas  cuyos miembros arribaron desde Norteamérica en 2015 y  han acumulado cerca de 40 mil hectáreas de origen baldío. La falsa tradición reina en la Altillanura y los predios comprados por estas personas no son ajenos. Por lo menos han ocupado dos predios que superan las 9 mil hectáreas y que siguen perteneciendo a la Nación.

Para Ana Jimena Bautista de DeJusticia, la recuperación de baldíos es un tema pendiente al qur  la ANT le ha dado largas. “La argumentación que ha venido creando la ANT es manifestar su incapacidad ante la cantidad de procesos agrarios existentes,  se dice que tiene más de 30 mil procesos agrarios, sobre todo por el seguimiento de la sentencia T-488 2014 (clarificación de la propiedad).  Ese ha sido como su caballito de batalla para justificar su inoperancia”, afirmó Bautista.

10 años tras las denuncias de acumulación

El debate de la concentración de la tierra tampoco es nuevo. Organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y expertos han denunciado desde hace varias décadas la acumulación y sobre todo en detrimento del acceso a la propiedad de comunidades campesinas y étnicas.

Rutas del Conflicto encontró que la mayoría de las empresas de la base de datos han acumulado tierra en la Altillanura, en contra del artículo 79 de la Ley 160 de 1994. Esta ley prohíbe tener más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) que está entre las mil y 1.300 hectáreas por familia, en esta región del país, y le garantiza tener un modo de subsistencia y construir un patrimonio. La mayoría de empresas de la lista tienen predios de origen baldío que superan los valores establecidos en la UAF.

En 2013 varios congresistas entre ellos Wilson Arias, Ivan Cepeda y Jorge Enrique Robledo, realizaron un debate de control político sobre lo que llamaron la extranjerización de la tierra, en el que denunciaron a varias empresas por la acumulación de UAF en Meta y Vichada. Además de mostrar las maromas jurídicas que hicieron para ocultar dicha acumulación, y que pusieron en evidencia las políticas de Estado que favorecieron a las empresas en detrimento de las comunidades que siguen reclamando la tierra. 

En el debate, los congresistas señalaron los casos de la multinacional Cargill y el ingenio Río Paila, cada uno con más de 40 mil hectáreas acumuladas con el apoyo del buffet de abogados Brigard Urrutia. En el primer caso, un grupo de funcionarios de la multinacional creó una empresa llamada Proterra que ahora es la propietaria de esos predios, a través de su filial Colombia Agro. Varios directivos y contratistas de esta empresa tienen procesos judiciales por daños ambientales en la zona (Ver reportaje).

Tras las denuncias los entes de control pusieron sus ojos en 16 casos, que también se encuentran en la base de Rutas del Conflicto. La Contraloría abrió investigaciones sobre cómo las empresas habían adquirido la tierra. En 2012 y 2013 las contralorías delegadas para el sector agropecuario y gestión pública adelantaron varias actuación especial encaminada a estudiar los casos de presunta acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura y sacó un informe que permitió comprender cuáles eran y cómo se habían hecho a la tierra (ver informe)

Sin embargo, en 2018 la Contraloría cerró las investigaciones porque los baldíos al salir al mercado no determinaban un detrimento en el patrimonio estatal. Es decir, que los predios, una vez entregados a través de la reforma agraria dejaban de ser parte del Estado, por ello las transacciones entre privados que se hicieran después de la adjudicación  no generaba una afectación a los recursos públicos. A la fecha no hay investigaciones abiertas por este ente de control. 

El 31 de agosto de 2018 la delegada para asuntos agrarios de la Procuraduría le solicitó a la ANT el estado de las investigaciones que había adelantado en su momento el Incoder para ver el avance en relación con la infracción del artículo 72 de la Ley 160 de 1994. 

La Agencia Nacional de Tierras le contestó a la Procuraduría que los procesos siguen abiertos y resaltó qué “la nulidad de la que trata el inciso 9º del artículo 72 de la Ley 160 de 1994 se refiere a un negocio entre particulares cuyos efectos deben ser resueltos por los jueces de la República y que la nulidad legal que recae sobre el negocio jurídico no revierte el dominio de estos bienes a la Nación”, como se observa en la solicitud de información pedida a la entidad. 

La ANT se refiere a la misma justificación que hizo la Contraloría, al afirmar que los predios al salir del  patrimonio del Estado y realizar transacciones entre particulares no comprometen los recursos de la Nación. Es decir, que las empresas que acumularon tierra se les podría anular la venta y los predios serían devueltos a un intermediario o al adjudicatario , pero no regresa a propiedad del Estado. 

Uno de los efectos que  resaltan, tanto Mojica como Bautista, es que denunciar la  acumulación de UAF sí tuvo un impacto en la opinión pública. Como lo afirmó Jhenifer Mojica, “la compra acelerada de tierras en los Llanos paró, las empresas dejaron de adquirir tierra tras los debates de control político”. Además, se hizo evidente cómo estas compañías crearon estrategias legales para que no fuera tan sencillo rastrear de quiénes eran las propiedades y así a vista rapida no se hablara de acumulación. 

Sin embargo, con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, los empresarios volvieron a impulsar la compra de tierras en la Altillanura, ya con la meta de convertir esta tierra en la despensa agrícola del país. “El debate ya cambia, no es solo tener la tierra como prenda de garantía sino ya entrar a querer desarrollar la producción agropecuaria. Lo central es preguntarse cómo se va a hacer sin atropellar a las comunidades y a los ecosistemas”, explicó Mojica.  

Las empresas que intervinieron en la altillanura, muchas de ellas invitadas por los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, insisten en que el Estado les brinde la seguridad jurídica para mantener la propiedad de esas tierras. Indepaz advirtió en su informe que la inseguridad jurídica ha sido un obstáculo para las inversiones en la Altillanura, sin embargo como también lo explica la ONG y Mojica, no solo para las empresas existe esa inseguridad sino también para el pequeño propietario. 

Mientras que la ANT no clarifique y legalice  la propiedad de la tierra en la Altillanura los conflictos sobre la titularidad seguirán sobre la mesa. Las comunidades, tanto campesinas como indígenas, quedaron en medio de un mercado especulativo sobre la tierra y que cada vez ven más lejana la posibilidad de sobrevivir al crecimiento de los monocultivos de maíz, soya, arroz y palma que cubren gran parte del Meta y del Vichada. 

Actualizado el: Jue, 09/15/2022 - 16:30

Por: Ricardo Sánchez Gómez

En total, la cementera adquirió más de 6.600 hectáreas entre los años 2005 y 2012 en los Montes de María. Actualmente, la Fundación Crecer en Paz, creada por Argos, afirma estar esperando el resultado de procesos de restitución en otros 18 predios, sobre los cuales aún no hay sentencia.  

Argos adquirió esas tierras a través de un patrimonio autónomo que construyó por medio de filiales como Tekia S.A.S y la Fiduciaria Fiducor, con la intención de desarrollar un proyecto de siembra de teca. El cultivo de ese tipo de árbol maderable depende de grandes proporciones de tierra para poder generar rentabilidad. Sin embargo, la empresa ignoró la procedencia de los terrenos que compraba.

Las sentencias, proferidas entre 2016 y 2021, muestran coincidencias en la cadena de propiedad de esas tierras: a partir de 2005, campesinos desplazados por la violencia vendieron sus predios a precios bajos a inversionistas. Después, esos mismos compradores negociaron miles de hectáreas con el Grupo Argos, pero esta vez, a precios hasta 11 veces más altos, según documentó de la Comisión de la Verdad. 

La sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia el 12 de octubre de 2016 explica que la empresa “demuestra actividades o comportamientos repetidos (…), con lo cual puede sospecharse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia” y que “el carácter repetido y el esquema de compras da lugar a la posibilidad de una planeación que otorga a sus comportamientos un atributo de patrón de sistematicidad”. El documento, que se refiere a predios en El Carmen de Bolívar, agrega que Argos no puede recibir una compensación monetaria del Estado porque adquirió predios afectados por el conflicto armado. 

El exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras(URT), Ricardo Sabogal, señala que es importante considerar las 17 sentencias en su conjunto. “La manera de entender el conflicto no es a la luz de una sentencia, sino de muchas que dan fe de lo mismo, y que demuestran una sistematicidad.”

Jhenifer Mojica, consultora en temas agrarios y ambientales, también afirma que el número de sentencias muestra que hubo un “patrón” en las acciones del Grupo Argos. “La empresa desarrolló su actividad sin tomar las medidas de diligencia y sin evitar beneficiarse de la situación de despojo”. Mojica agregó que estos casos deberían enseñarles a las empresas que no pueden lucrarse de un contexto de violencia. “Por más oportunidad de negocio que parezca, se tiene que actuar de manera debida, se tiene que indagar el contexto en el que se compra, se deben respetar los derechos humanos”, concluye.

La Fundación Crecer en Paz, creada por el Grupo Argos para trabajar con campesinos en los Montes de María, afirma que la empresa y la que era su filial, Tekia, fueron compradoras de “buena fe”. Además, agrega que las sentencias reconocen que no tuvieron vínculos con grupos ilegales, ni generaron despojo o desplazamiento, y que no ejercieron presión alguna a los vendedores de los predios. Después de las decisiones judiciales por la restitución, la fundación asevera que ha demandado a los inversionistas quienes le vendieron las tierras a la empresa.  

“Refinada estrategia”

Argos utilizó una “refinada estrategia” para acumular tierras de “alta calidad, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala”, según el capítulo de relatos territoriales del informe de la Comisión de la Verdad. El documento considera a los Montes de María como una región representativa “del complejo modelo” para el despojo, que incluye la “participación de variados actores”, incluyendo funcionarios, empresarios, agentes del Estado, asesores e intermediarios. 

Ese capítulo del informe de la Comisión de la Verdad agrega que el Grupo Argos estuvo involucrado en la compra de los predios desde su inicio, con las ofertas de los inversionistas a los campesinos desplazados. “Estimularon una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas) que adquirieron los predios en los Montes de María y los negociaron con la compañía para no hacerlo directamente con campesinos parceleros”. Además de Argos y de los terceros inversionistas, la relación involucraba al alto gobierno “que garantizaba la seguridad en la zona e invitaba a la inversión de capitales”, según el documento. 

La constitución de la fiduciaria sería parte de la estrategia de compra masiva. “Se trataba de un fideicomiso sui generis, pues la compañía decidía qué predios se compraban (encargándose del estudio de títulos y exonerando de responsabilidad a la fiduciaria), y no delegaba la administración del patrimonio autónomo, sino apenas la formalización de la compra a nombre de la fiduciaria”. Eso significa que, aunque la fiduciaria tuviera la titularidad de los predios, los derechos de propiedad se revertirían a la empresa, concluye el documento de la Comisión. 

Cuestionados por Rutas del Conflicto, Argos y Tekia niegan haber sido parte de las compras de los predios por los inversionistas a las víctimas. “Es claro entonces que no existió ningún tipo de intermediación, ni mucho menos una ‘red de aliados estratégicos’ para la adquisición de esos predios. Tekia y Argos no fueron parte en los negocios de compraventa que se celebraron con los reclamantes”, afirman (Ver respuesta de las compañías). Las empresas agregan que los tribunales “en ningún momento” concluyeron que quienes le vendieron los predios a Argos actuaron como sus intermediarios. 

Aún según el Grupo Argos, la intención de su proyecto era vincular inversionistas públicos y privados, y por eso se decidieron por la fiducia, considerando que “garantizaba no solo transparencia, sino también la confianza de terceros que tuvieran interés en participar”. La empresa agrega que el propietario de los predios era el patrimonio autónomo, mientras que la operación y la gestión del proyecto forestal lo ejecutó Tekia S.A.S. “El patrimonio autónomo fue totalmente legal y es un mecanismo contractual ampliamente utilizado en este tipo de proyectos, sin que se pueda afirmar que existió alguna circunstancia especial o indicativa de irregularidades”, señala la empresa. 

Ni diligencia, ni buena fe exenta de culpa

Argos y Tekia presentaron el recurso jurídico para probar que actuaron de buena fe exenta de culpa para buscar una compensación económica en los procesos de restitución. Señalaron que compraron los predios de manera lícita a sus legítimos dueños y en un contexto de posconflicto, en el que la fuerza pública ya había recuperado la seguridad en la zona. En el caso de que lograran probar que actuaron con diligencia, recibirían el resarcimiento por un negocio que también les afectaba. 

Jhenifer Mojica explica que la buena fe exenta de culpa está prevista en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que establece que “quien quiera oponerse a la restitución, alegando que se tiene un derecho adquirido de manera honesta sobre la tierra, tenga que demostrar que obró de manera diligente para evitar beneficiarse o incurrir en situaciones de despojo”. Argos no pudo demostrar que actuó de manera diligente. “Lo que se demostró en los procesos es que sí se lucró de la situación de despojo”, concluye Mojica. 

Si bien Argos hizo las escrituras públicas de los predios adquiridos, “sí incurrió en la falta de diligencia y cuidado al no hacer los estudios jurídicos y al asumir el riesgo de comprar predios donde era evidente que había desplazados”, explica Julio Cuastumal, abogado especialista en derecho procesal y coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. 

En ninguna de las 17 sentencias de restitución de tierras falladas, Argos logró comprobar la buena fe exenta de culpa, y se ha visto obligada a devolver las tierras. Sabogal añade que era “completamente imposible” que una compañía tan grande e influyente como Argos no se diera cuenta del conflicto armado en los Montes de María. 

La sentencia promulgada por el Tribunal Superior de Antioquia, que decide sobre uno de los casos de El Carmen de Bolívar, también concluye que Argos no se preocupó por entender el pasado violento de la región: 

"Las precauciones que asumió Cementos Argos S.A. fueron insuficientes, pues en estos eventos no basta con realizar un estudio formal de legalidad (…), sino que es necesario tener en cuenta el contexto (…) que el conflicto armado genera en la tenencia de la tierra y en el ejercicio de los derechos de las personas”. 

Las sentencias resolvieron no indemnizar la multinacional, ni sus filiales. Según Argos y Tekia, se les exigió adelantar un proceso de debida diligencia que no existía cuando compraron las tierras.  “Se evaluó la actuación de las empresas con parámetros de la Ley 1448 de 2011 [Ley de Víctimas y Restitución de Tierras], la cual no existía cuando se realizaron las compras de esas tierras”, afirman.

Sin embargo, Jhenifer Mojica asegura que la debida diligencia no es algo nuevo que llegó con la Ley 1448, sino un estándar internacional previo. Lo diferente es que, a partir de la ley, los opositores a los procesos de restitución deben probar que actuaron con buena fe. “Decir que ese ‘obrar de manera adecuada’ nació en la ley de víctimas es ridiculizar el trasfondo de lo que ocurrió, que fue que Argos compró tierras en una zona fuertemente golpeada por el conflicto armado”, afirma. 

“No es suficiente con ir y mirar los certificados de tradición y libertad. Además de revisar las escrituras, existe la obligación de revisar la situación de violencia y temas de desplazamiento”, agrega Julio Cuastumal.

Lea acá la respuesta de Argos

Los casos de Oso Negro y El Aceituno

Uno de los casos que ejemplifica la relación entre la violencia y las ventas de las tierras en los Montes de María es el de Oso Negro, una finca de 49 hectáreas ubicada en Ovejas, Sucre. Allí vivieron Víctor Olivera y su familia hasta que tuvieron que salir desplazados por la violencia, según información del portal Tierra en Disputa, una alianza de Rutas del Conflicto con Verdad Abierta. En el 2006, Olivera fue asesinado y sus familiares se desplazaron a Sincelejo. Sin recursos o la posibilidad de volver a su tierra debido a la inseguridad, recibieron una propuesta de venta del predio en el 2008. Los inversionistas ofrecieron 49 millones de pesos por las 49 hectáreas de la finca, y el negocio se concretó.  

En este caso, el intermediario fue el político cordobés Otto Bula, condenado actualmente por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Años después, quien adquirió esas hectáreas fue el Grupo Argos, por una suma superior a lo que se le dio a la familia desplazada. En el 2013, Elsa Arrieta de Olivera y su familia solicitaron la restitución de su finca ante la URT. El Tribunal Superior de Cartagena consideró el pedido procedente en la sentencia del 15 de mayo de 2020.

Algo similar pasó en el Carmen de Bolívar. Allí, la familia Torres, beneficiaria del antiguo Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), vivía y trabajaba en una finca a la que bautizaron El Aceituno. Debido a los embates de la guerra, los Torres fueron desplazados forzosamente y, en el 2009, se vieron obligados a vender su finca. El comprador fue Álvaro Echeverría, que les pagó 300 mil pesos por hectárea, según el portal Tierra en Disputa. Meses después, Echeverría vendió la propiedad a Fiduciaria Fiducor, filial de Argos. 

La familia Torres solicitó en el 2015 la restitución de El Aceituno, y el 25 de julio de 2018 el Tribunal Superior de Cartagena consideró la solicitud procedente. Así como en los casos de Oso Negro y El Aceituno, el conflicto afectó a los campesinos que vivían y trabajaban en los 23 predios que las sentencias judiciales le ordenaron a Argos restituir en El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Ovejas (Sucre). 

Medardo Tovar, otro de los reclamantes de El Aceituno, a pesar de ganar el caso, nunca pudo regresar a su predio, ya que la fuerza pública ha señalado que aún existen minas antipersonales en la zona. Tovar murió a finales de 2021 después de una luchar 23 años por volver a su finca.

Ricardo Sabogal y Julio Cuastumal coinciden en que es extraño que, mientras los Montes de María seguían siendo una zona de alto riesgo para las familias desplazadas, no lo era para esos nuevos compradores que llegaron a la zona. “Incluso había predios que tenían minas, y aun así los compraron”, señala Cuastumal. 

El exdirector de la URT llegó entre el 2004 y el 2005 a los Montes de María con un proyecto que estudiaba el desplazamiento y la informalidad en la tenencia de la tierra. Cuando iniciaron las compras masivas de esas tierras, el bajo precio de las hectáreas vendidas les llamó la atención. Además, los compradores, que eran particulares y nada tenían que ver con el gobierno, llegaron con las bases de datos de las personas a las que las entidades financieras les habían hecho préstamos para adquirir la tierra.

“La gente llegaba con los listados. Hablaban con los campesinos y les decían que estaban debiendo cierta cantidad de dinero a los bancos. [Decían] que todavía había mucha violencia, y que las hectáreas ya se encontraban enmalezadas. Entonces, los convencieron de vender las tierras y les dieron tres pesos por ellas”, explica Sabogal.

Compras masivas de tierra

Los inversionistas lograron comprar tierras a una escala que no había sido vista en los Montes de María. Álvaro Ignacio Echeverría, por ejemplo, el primer empresario paisa, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, que llegó a acumular en esa región, logró hacerse con cerca de 5 mil hectáreas, según el portal Tierra en Disputa.

La gobernación de Bolívar señaló la venta masiva e indiscriminada de predios y el riesgo inminente de a poblaciones más vulnerables en el Carmen de Bolívar en la Resolución 001 del 03 de octubre de 2008, y trató de impedirlas con una medida cautelar. Las compras en gran escala no solo alteraron el orden económico y el mercado de tierras del municipio, sino también aumentaron el riesgo para las personas desplazadas, “que ya que no tenían tierra a donde regresar”, explica el ex director de la URT. 

Otro punto importante es que más de la mitad de los predios negociados en el municipio había sido inicialmente adjudicados por el Incora, según estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro. Dichas tierras eran protegidas por la ley 160 de 1994, que establecía mecanismos para evitar la acumulación y la venta forzosa de los predios, explica el abogado Julio Cuastumal. Sin embargo, no hubo quien hiciera cumplir la ley. 

El informe de la Comisión de la Verdad cita a elementos que facilitaron la compra de tierras a gran escala y a precios bajos en los Montes de María: la imposibilidad de retorno de los campesinos, las deudas de los propietarios con empresas del Estado, ser predios adjudicados por el Incora o el Incoder, la pobreza vivida por las personas desplazadas y la complicidad de servidores públicos. 

“Buena fe” y demandas a inversionistas

Argos y Tekia afirman que las sentencias de restitución de tierras han determinado que ambas empresas fueron compradoras de buena fe, “sin vínculos con grupos ilegales, quedando claro que no se generaron desplazamientos, ni despojos, y que no se ejerció presión alguna sobre los vendedores de los predios”. En las sentencias que se han proferido hasta el momento, los jueces han resuelto no indemnizar a las empresas. 

La Fundación Crecer en Paz, que hoy es quien administra las tierras que compró Argos en Carmen de Bolívar, Bolívar y Ovejas, Sucre, afirma que ha presentado demandas contra los inversionistas que les vendieron esas hectáreas. La fundación explica que, en una decisión judicial contra uno de ellos, “se ratificó la actuación de buena fe de Argos y se reconoció que no hubo ninguna intermediación para la compra de los predios, ordenándole a restituir el precio recibido a la Fundación Crecer en Paz”.

Argos llegó a los Montes de María a través de la Reforestadora del Caribe S.A, hoy Tekia, que era filial de Grupo Argos. Aterrizaron en la región con la intención de desarrollar proyectos de reforestación sembrando teca, pero también por la invitación pública del Estado. Debido a las reclamaciones de las hectáreas que adquirió la cementera, y a lo poco rentable que resultó el negocio de la teca, Argos renunció a ejecutar el proyecto forestal y creó en el 2015 la Fundación Crecer en Paz. Según su directora, María Clara Rodríguez Raga, la fundación es completamente independiente de la multinacional. 

Rodríguez Raga afirma que la misión de la fundación consiste en vincular a campesinos de la zona que no tengan acceso a tierras productivas para desarrollar proyectos sostenibles, “darles un capital semilla para arrancar, y una vez los proyectos estén en equilibrio y con posibilidades de éxito, titularles la propiedad de la tierra”.

La fundación trabaja con asociaciones de campesinos que, en su mayoría, ayudó a constituir. Estas asociaciones reciben en comodato los predios que donó Argos para ejecutar proyectos agrícolas, siempre y cuando cumplan con las reglas que Crecer en Paz establece para su uso, “como la prohibición de talar árboles grandes, la de usar agroquímicos o la de no hacer quemas en las tierras”. La intención expresa por la fundación es capacitar a las comunidades y entregar las más de 6 mil hectáreas que tienen entre Carmen de Bolívar y Ovejas. 

Según la fundación, hay actualmente procesos de restitución de tierras de 18 predios esperando sentencia, que comprometen a cerca de 1.600 hectáreas de las que posee. 

Actualizado el: Lun, 09/19/2022 - 23:34

Por: Álvaro Avendaño

La pesadilla que inició con las masacres lleva 25 años en proceso y continúa sin resolverse. Aunque algunos campesinos que hacen parte de los primeros ocupantes de la parcelación El Toco han resuelto la situación jurídica de sus predios y han sido restituidos, hay parceleros que continúan a la espera de una respuesta; incluso a otros les han negado el derecho. Muchos de ellos hoy en día son adultos mayores con condiciones de salud delicadas que todavía exigen respuestas a las entidades estatales y departamentales. 

La negativa a ser sujeto de restitución fue la respuesta que recibió el parcelero Miguel Ricardo por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Miguel es uno de los primeros ocupantes y desde el inicio ha encarnado la lucha por defender los derechos de sus amigos y vecinos parceleros con La Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco -ASOCOMPARTO-. La lucha que ha enfrentado Miguel lo ha puesto en la mira de quienes ven en su liderazgo una amenaza en contra de los intereses que muchos tienen por la tierra y el subsuelo de El Toco.

Por eso los habitantes del predio han vivido el temor que producen las amenazas que vuelven cada tanto. Las paz que había durando unos meses fue 

interrumpida el 18 de agosto del 2022  cuando llegaron siete hombres con armas cortas intimidando y reteniendo ilegalmente a una pareja de adultos mayores, ocupantes de la parcela 32. Los hombres se identificaron como integrantes del Clan del Golfo y comentaron que estaban ahí, investigando por un taladro hidráulico que al parecer fue robado. Esa misma noche los hermanos López y la familia Brito, que pasaban por el lugar, también fueron retenidos y amarrados por los siete extraños armados.

Mientras estaban amarrados, una de las parceleras  fue obligada a cocinar para los captores bajo amenazas, una práctica común en los tiempos del paramilitarismo, por más de 7 horas, los intrusos robaron ropa, dinero en efectivo, celulares, zapatos y una vieja escopeta que estaba en la casa.

Lo que parecía ser un robo ejecutado por “delincuencia común”, adquirió otro matiz cuando el 24 de agosto en  la noche entró una llamada al celular de Miguel Ricardo, venía de uno de los números de los celulares robados días atrás. Miguel contestó y con una voz gruesa el hombre al otro lado de la línea le dijo: 

“Si usted sigue metiéndose en esta mierda va a oler a formol, deje de averiguar quién se robó eso, ni ande averiguando qué pasó porque lo vamos a poner a oler formol”

Aunque es difícil señalar directamente quién está impulsando estas amenazas al liderazgo de Miguel Ricardo, lo cierto es que las intimidaciones a los primeros ocupantes para que vendan bajo presión  no cesan. Las amenazas para Miguel no son nuevas, en dos ocasiones atentaron contra su vida en frente a su casa en Agustín Codazzi, un municipio cercano a la parcelación, lo que generó que Miguel tuviera un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección por cinco años aproximadamente.

La llamada amenazante llegó justamente cuando la Unidad de Víctimas, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y el proyecto AGRICEL van a ejecutar grandes presupuestos que dejarán a la parcelación con mejores condiciones de riego, vías e infraestructura. Miguel afirma que El Toco “es un territorio apetecido por muchas personas, dentro de ellas ganaderos y empresas mineras. Hay envidia por los beneficios que los procesos que han liderado las víctimas que hoy llevan mejoras al territorio. Algunos opositores (personas que también alegan tener derecho sobre la propiedad de esas tierras) han sido agresivos con los primeros ocupantes”. 

Los parceleros señalan que la mayoría ha recibido ofertas por su tierras r y a aquellos que siguen luchando por la restitución de sus predios no los quieren volver a ver en El Toco. 

Mientras las instituciones atienden las denuncias con reuniones protocolares, en las que algunos representantes ni siquiera asisten, los parceleros continúan en la lucha por restablecer sus derechos, hacer respetar su vida y su permanencia en el territorio de la mano del liderazgo de Miguel Ricardo. “Estas son unas amenazas para que Miguel abandone su trabajo, él no tiene parcela pero siempre ha luchado por denunciar y exigir respuestas. Ellos quieren que los antiguos no estemos ahí”, señala Aristel López uno de los parceleros originales del El Toco y miembro de ASOCOMPARTO.

La comunidad espera que las adecuaciones al territorio sean provechosas para las familias campesinas que hace 25 años salieron del territorio y que deben ser restituidas colectivamente, no para los ocupantes de mala fe o de las empresas que puedan llegar después a disfrutar de las mejoras que las víctimas han luchado por tantos años.  

El proyecto del distrito de riego

A finales del 2022 la comunidad de El Toco verá en su paisaje una estructura metálica que gira sobre la tierra por medio de llantas y dejando una estela de agua a su paso. Se trata del proyecto de riego AGRICEL, una apuesta de la gobernación del Cesar y el Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero CDT para crear Células de desarrollo agrícola y fortalecer la producción agrícola en la parcelación. Este proyecto fue licitado por un valor estimado de $6.387.436.650 millones de pesos adjudicados al Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar(CDT) según el número de proceso CD-SGR-0988-2021 consultado en SECOP II con el número de contrato 2021 03 0044. 

Según la información que reposa en SECOP I, existe un proceso de selección adjudicado, identificado con el número CMA-SGR-0004-2021, tiene como objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CÉLULAS DE DESARROLLO AGRÍCOLA – AGRICEL CON SISTEMAS DE PIVOTE CENTRAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, VEREDA EL TOCO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”, con un valor de $ 446.396.534 millones. 

Las dos empresas que conforman el consorcio adjudicatario son BIOPROJECT SAS ZOMAC (que participa con el 80%), una empresa que ha ejecutado millonarios contratos en el departamento del Cesar y ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA (participando en el 20% restante). La empresa Proarquimas  SAS Zomac ha sido cuestionada en investigaciones periodísticas publicadas por el medio de comunicación “El periódico” en el artículo titulado Los Nule del Cesar, señalando la persistencia de la compañía como contratista del departamento. 

“Esto es una gran alianza que hace el departamento con el CDT Ganadero, lo que buscamos es que esta iniciativa o esta política pública pueda tener una investigación en los temas de pozos profundos, adecuaciones de tierra, estudios de suelos para garantizar una productividad de cualquier cultivo que se quiera desarrollar en esa vereda”, señaló José Emilio Osorio, secretario de agricultura del departamento del Cesar.

 Aunque el proyecto tiene la importante misión de convertir la tierra de El Toco en un territorio fértil, las inconsistencias en la adjudicación del contrato de la interventoría parecen opacar tan noble iniciativa. Según la abogada Diana Beltrán, el consorcio que se presentó a evaluación no tiene las mismas empresas que ganaron el proceso. “Al revisar los documentos de acceso público en la plataforma SECOP I, como el acta de cierre del proceso y el informe de evaluación, queda en evidencia que en éste se presenta la oferta de un consorcio conformado por PROAQUIMICAS S.A.S. ZOMAC , al cual le evalúan requisitos financieros y jurídicos, pero en relación con los requisitos técnicos, evalúan al mismo consorcio pero conformado por BIOPROJECTS S.A.S. ZOMAC y no por PROAQUIMICAS S.A.S. ZOMAC, sin ninguna explicación, lo que claramente es una inconsistencia que puede dar pie a una investigación por parte de los entes de control”, señala la abogada.

El sistema de riego por pivote central que busca regar 400 hectáreas, sin cercas en medio, no ha sido montado por contratiempos en la importación del aluminio del cual están fabricada la estructura debido a la pandemia por la COVID-19 y la guerra en la frontera de Ucrania y Rusia, los cuales están justificados en prórrogas y documentos de acceso públicos. Sin embargo, ya se perforaron los pozos desde los cuales se va a extraer el agua del subsuelo. Este proyecto piloto busca irrigar en un futuro más de 7.000 hectáreas utilizando un sistema de distribución de las aguas subterráneas en estructuras metálicas parecidas al ala de un avión con ruedas que gira sobre un eje mientras sus aspersores humedecen el suelo. 

En este proyecto han participado algunos parceleros de El Toco, incluyendo algunos que hacen parte de ASOCOMPARTO, bajo una Cooperativa llamada COOAGROTOCO. El proyecto impulsado por el CDT Ganadero fomenta lazos con los compradores de los productos agrícolas, apuntando a una autofinanciación del mantenimiento de la infraestructura de riego. Quizás ese es el punto que causa temor en la comunidad: la administración de los recursos para saldar los gastos de energía de la estructura, así como el personal de seguridad que cuidarán de la misma. 

Ante estas dudas, el secretario de Agricultura José Emilio Osorio afirmó que los gastos de energía serán asumidos por COOAGROTOCO al ser ellos a quienes se les entregue el proyecto finalizado. “Acá lo importante es que ellos no van solos, se trata de agricultura por contrato y somos nosotros (campesinos y gobernación) quienes podemos hacer una alianza con un aliado comercial que pueda suplir los gastos y las necesidades mientras los cultivos empiezan a dar rentabilidad”, señaló el secretario

Los campesinos esperan que el proyecto arranque para continuar trabajando la tierra con mayor productividad. Se espera que el proyecto AGRICEL logre aportar a las economías cooperativas de los agricultores de El Toco y siga con su objetivo de aportar al campesinado. Lo anterior es importante teniendo en cuenta que en la historia de Colombia hay casos de proyectos que buscaron solucionar problemas de riego a los campesinos y terminaron siendo infraestructura de grandes empresas agroindustriales como fue el caso del distrito de riego de María la Baja. 

El origen de la parcelación

El poder y el reconocimiento de la familia Murgas en el Cesar lleva casi un siglo en medio de grandes extensiones de tierra, cargos públicos, privados y exitosos negocios agroindustriales. La descendencia Murgas ha tenido importantes figuras públicas, José Antonio Murgas el “padre del departamento del Cesar”, el ministro de Trabajo en 1973 y exgobernador del departamento es uno de los patriarcas de la familia Murgas y el hermano de Alfonso Murgas, un empresario que amasó su riqueza en proyectos ganaderos, algodoneros y palmicultores en grandes extensiones de tierra en varios municipios del departamento. 

Una de sus haciendas, “El Toco”, ubicada en el Corregimiento Los Brasiles, al interior del municipio de San Diego a 90 minutos de Valledupar, se convirtió en una territorio de esperanza y un nuevo comienzo para 82 familias campesinas que llegaron a ocupar la hacienda en 1991, esperando que el INCORA intercediera en la compra y adjudicara ese predio dividiendo la tierra para cada una de las familias que decidieron establecer su proyecto de vida en esas parcelas de tierra fértil.

El padre de Miguel Ricardo, fundador de la parcelación del Toco, asistía a las reuniones de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en compañía de su hijo, en estas reuniones se capacitaba y organizaba a la comunidad campesina para obtener legalmente un “pedazo de tierra” para vivir y trabajar.

Las 1.593 hectáreas de tierra en El Toco, que eran utilizadas anteriormente como hacienda de algodón, palma y ganado, fue comprada por el INCORA en 1997 a Alfonso Murgas. Esta planicie fértil al lado del río Cesar iba a ser, en 1998, adjudicada en 82 parcelas a las familias que eran sujetos de reforma agraria.

Para ese año la comunidad campesina se había organizado en una Junta de Acción Comunal, construyeron dos escuelas, un centro de acopio de los productos agrícolas sembrados en el territorio, una tienda comunal, un puesto de salud, una cancha de fútbol, dos escuelas primarias y todas las vías de acceso a las parcelas. Casi cualquier problema dentro de la comunidad era solucionado colectivamente. Había un fuerte lazo entre la comunidad -que hoy en día sobrevive- y aportaba al sueño de ver convertida su parcelación en la despensa agrícola del Cesar, soñaban con ser reconocidos como un territorio llamado Brisas del Cesar. 

Hoy la infraestructura que construyeron en ese entonces, se cae a pedazos por las arremetidas del paramilitarismo y la inoperancia del estado colombiano. Se sigue deteriorando mientras las instituciones siguen dilatando procesos para restituir el territorio definitivamente y atender todas las afectaciones que vivió la comunidad campesina.

Cuando la hacienda fue dividida por los campesinos en parcelas, se realizó una primera  medición teniendo en cuenta el número de integrantes por familia, las zonas comunes y las vías de acceso, de esta forma se organizaron en el extenso territorio. Sin embargo, cuando el INCORA realizó otra medición, se dieron cuenta que el territorio se quedaba corto al tener en cuenta las medidas de la Unidad Agrícola Familiar UAF. En este punto, la entidad decidió adjudicar, como lo indica el acta 23 del 13 de agosto de 1996, parcelas a 55 familias y quedó estipulado que las 25 familias restantes serían ubicadas en el predio El Irán, en una zona cercana a la parcelación.

Lo que parecía una victoria para la comunidad de El Toco, se quedó en el papel y se vio truncada por la llegada de las botas, los fusiles y las insignias de los paramilitares.

El Toco arrebatado

El despojo en la parcelación El Toco está directamente relacionado a la presión paramilitar del bloque Juan Andrés Álvarez (JAA) sobre los municipios del Cesar. Aunque ya se sabía de la presencia de los armados y de los actos violentos que cometían como torturas y violencia sexual, la presencia paramilitar parecía lejana en la parcelación. La pesadilla llegó a las vidas de las familias del Toco un 8 de abril de 1997 a las nueve de la mañana cuando más de 30 hombres armados, entraron con lista en mano buscando a cinco personas. Así lo señaló Francisco Gaviria, alias ‘Mario’  en su versión libre el 15 de marzo de 2011.

“La orden que dio 40 fue: bueno me hacen el favor entran allá. me ubican estas personas, me las matan y me mandan a desocupar la zona.”

En la búsqueda de las personas de la lista asesinaron a Daniel Antonio Cogollo pensando que era Rafael Daniel Cogollo, su padre, secretario de la Junta de Acción Comunal.

Aquella mañana asesinaron a Darío Enrique Parada, las balas que irrumpieron su cuerpo no acabaron con los sueños de la comunidad pero sí le impidieron conocer a su hija. Ante el miedo, las familias agarraron lo que pudieron y salieron de la parcelación buscando salvar sus vidas y las de sus familias de la amenaza latente que suponía encontrarse cara a cara a los paramilitares y sus fusiles. Esta fue la primera de las tres masacres que vivieron las familias de El Toco y marcó el inicio de un desplazamiento forzado de 80 familias.

Ese mismo día Miguel Ricardo, ejerciendo sus funciones como encargado del puesto de salud, recibió en sus manos a una bebé que había perdido a Darío,su padre. El parto se dio en medio del dolor que había llegado a la comunidad con los paramilitares. El dolor de la muerte de su esposo había  adelantado el parto de María*. Miguel todavía lo recuerda.

Las lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras la comunidad caminaba desde El Toco, hasta los Brasiles y de ahí, siguieron por la carretera departamental hasta Agustín Codazzi recordando a las personas que habían sido asesinadas ese día. Esa caminata marcó las vidas de los habitantes de la parcelación. 

Los nuevos ocupantes y la emboscada

 Las balas y los asesinatos buscaban que los corazones de los campesinos se llenaran de miedo y nunca volvieran a esas tierras para luego ser una fértil zona para negocios (industriales, agroindustriales o minero energéticos). Pero el sueño por la tierra y el deseo de vivir tranquilamente en el campo los impulsó a seguir luchando por su derecho a los predios que consideraban suyos. 

El retorno se convirtió en un reto mayor después del 19 de mayo de 1997. Para esa fecha los paramilitares llegaron al corregimiento de Los Brasiles. Cuando entraron asesinaron a ocho personas, cinco de ellos parceleros de El Toco. En esta Incursión paramilitar asesinaron a Víctor Plata Álvarez, Daniel Plata Belloso, Hernán Pineda, José Yance Garrido, Joaquín Gaviria. También asesinaron a Lenis Álvarez, Fernando Quintana y Edgar Prieto.

“Imagínese, ocho asesinados en una comunidad de apenas 150 personas. Eso fue muy duro para todo el mundo, después de eso Los Brasiles quedó deshabitado por 4 años” Miguel Ricardo, parcelero de El Toco

Mientras las parcelas estaban deshabitadas y Los Brasiles se convertía en otro pueblo fantasma, el ganadero y  comandante paramilitar, Huges Rodríguez, alias ‘Barbie’ tumbó cercas, y quemó las viviendas. También mandó traer a la parcelación camiones llenos de reses, las cuales deambulaban libremente por los escombros calcinados de las casas campesinas. El territorio había cambiado.

Entre  1997 y el 2000 llegaron otras familias: los segundos ocupantes. Algunos parceleros manifiestan que muchas de de ellas sabían de la violencia y desplazamiento que había ocurrido en el territorio (incluso habían tenido contacto con paramilitares), sin embargo levantaron sus casas y empezaron una vida con sus familias y animales. Desde entonces, estos segundos ocupantes tienen voz y voto dentro del territorio, han sido acogidos por las instituciones estatales y sus relatos hacen parte de las investigaciones del caso de El Toco. Incluso algunas mediciones al territorio fueron informadas a los segundos ocupantes, ignorando el interés de los primeros ocupantes en seguir haciendo parte de las decisiones de la parcelación. 

Ante el panorama desolador del control paramilitar algunas personas decidieron vender a bajo costo, otras familias se fueron para no volver, la familia García perdió a 3 seres queridos y hasta el momento no han retornado. Otras más se asentaron en Agustín Codazzi, El Brasil y Valledupar. Desde entonces, los esfuerzos de los parceleros por continuar su lucha, haciendo denuncias y abriendo el caso ante las entidades municipales y nacionales empezaron y aún no han cesado.

Pasaron tres años de control paramilitar, no se veían hombres en camuflado o con fusiles, pero corría el rumor que Hugues seguía interesado en controlar la parcelación. Para lograr su cometido, los paramilitares se apoyaron en la información que dio Maglionis Arzuaga, un ocupante que llegó después de las masacres, con el cual difundieron un engaño en el que convocaron a una reunión en la parcelación argumentando que era una convocatoria de la CRUZ ROJA y el INCORA para dar solución y atención a la situación de los reclamantes el 7 de agosto del 2000.

Maglionis Arzuaga fue inspector de Policía de los Brasiles y desde 1999 tiene a su nombre una parcela en El Toco, después de que se presentara a una convocatoria de subsidios de tierra del Incora en 1996. Así lo señala el Acta 001 del 4 de febrero de 1999, la cual ha sido insumo para numerosas investigaciones como “Tierra y carbón en la vorágine del Magdalena: Los casos de las parcelaciones del Toco, el Platanal y Santa

fé” del CNMH y “Los años del retorno: Violencia, desplazamiento forzado y organización campesina en la comunidad de El Toco en el Cesar”, de PAX Holanda. En esta última investigación, Arzuaga confirma las compras irregulares que realizaba el paramilitar Barbie: “Él (Hugues Rodríguez) nos mandó, a Holguín y a mí, para buscar a los parceleros, y nunca me dio un porcentaje de eso, ni me lo mencionó, ni nunca se habló de eso. Yo le decía a la gente que fueran por los siete millones. Compraron varios”

Cuando llegaron los parceleros a la reunión convocada, no había funcionarios públicos y no se veía ningún tipo de presencia institucional, la desconfianza creció y algunas personas decidieron irse del lugar. Sin embargo, los que se quedaron se encontraron con la llegada de hombres armados que los retuvieron y los condujeron al centro de acopio. Allí preguntaron por los segundos ocupantes y los dejaron ir, solo se quedaron con tres parceleros que eran primeros ocupantes: Carlos Miranda, Natividad Liñán y Fabiola Martínez. Sin mediar palabra, los paramilitares les quitaron la vida.

El asesinato de estos líderes fue ejecutado por el bloque Juan Andrés Alvarez perteneciente al Bloque Norte de las UAC en cabeza del comandante Jhon Jairo Esquivel  “alias el Tigre” bajo las órdenes de “Jorge 40” y la casa Castaño, muy cercanos a Hugues Rodríguez el “comandante Barbie”. 

Los parceleros consideran una decisión extraña que Hugues Rodríguez fuera declarado como víctima inscrito en el Registro Único de Víctimas RUV el 23 de marzo de 2016. Así lo confirmó el portal periodístico Verdad Abierta en la investigación Hugues Rodríguez, ¿El eslabón perdido del paramilitarismo en el Cesar?  en este texto se expone el argumento por el que los parceleros no están de acuerdo con esta decisión, aún cuando la familia de Barbie sí sufrió hechos victimizantes, la investigación expone que “las personas que hicieron parte de un grupo armado ilegal o han sido condenados por hechos que guardan relación con el conflicto armado no tienen derecho a sus beneficios.”

Los intereses sobre la parcelación

Sin campesinos en la tierra, Hugues Rodríguez continuó legalizando los predios. En unos casos, como el del parcelero José Osuna, le falsificaron su firma y la utilizaron en papeles fraudulentos, en otros casos fue por medio de cartas que servían como contratos de préstamos por dos millones de pesos a campesinos. Se firmaban cláusulas y automáticamente dejaban comprometida la venta legal de su parcela al comandante Barbie. El miedo a las represalias llevó a que, como señala el CNMH,  Los parceleros firmaran un documento en el que pagarían de manera solidaria $136.500.000 al comandante. “Con base en el pagaré No. 0001 suscrito en Valledupar el 16 de diciembre de 2003, el juzgado 10 Civil del Circuito de Valledupar embargó y remató la mitad de las parcelas … a favor de ese ganadero (Hugues Rodríguez)”, señala la investigación del CNMH.

En total son 29 folios, es decir 29 predios que fueron legalmente despojados y posteriormente rematados en 2004 con el aval de funcionarios públicos amañados que obviaron el contexto de violencia. 835,95 hectáreas alcanzaron a estar legalmente en las manos del Comandante Barbie. Esta situación cambió en 2006 cuando fue revocada la orden judicial por las investigaciones que afrontaba el paramilitar en la fiscalía. Este hecho lo corroboró la Superintendencia de Notariado y Registro en 2012 como fue publicado en el Informe ejecutivo de los resultados de investigación adelantada por la SNR en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar – departamento del Cesar. Después de esta decisión llegó el eucalipto de la mano de Madeflex con el aval de los primeros y segundos ocupantes. El paisaje cambió con esta especie ajena al ecosistema, pero este cultivo fue una de las formas de retomar la actividad económica en el territorio.

Aunque el despojo de El Toco parecía estar directamente relacionada con Hugues Rodríguez y su hato ganadero, este contexto fue posible gracias a la fuerza y financiación que le deben las élites cesarenses al paramilitarismo y la ambición empresarial que tenían algunos visionarios en negocios agroindustriales y minero energéticos que se adaptan muy bien a las características físicas, hidrológicas y geográficas del Cesar.

Aunque en El Toco no se encuentran licencias mineras, los campesinos afirman que el subsuelo de la parcelación es rica en minerales, posiblemente exista una veta de carbón, un depósito de gas o cualquier otro mineral, como ocurre en los municipios vecinos. Esta situación preocupa a la comunidad ya que el acuífero del César, el más grande del departamento, nutre el suelo y es una de las pocas fuentes de agua limpia en el territorio. Las aguas del Río Cesar empezaron a contaminarse a finales de la década de los noventa y, según algunos campesinos, causan irritación en la piel de las personas, enfermedades estomacales y genera en los animales casos de malformación de crías que nacen sin pelo y no sobreviven la semana completa. Los campesinos han construido pozos que funcionan como reservorios, algunas parcelas tienen cerca al arroyo El jobo una de las últimas fuentes de agua limpia del territorio.

La vocación de El Toco es agrícola, así lo recuerdan las ruinas del centro de acopio donde guardaban las cosechas de los parceleros. Sin embargo, las familias campesinas siguen sembrando la tierra por su cuenta y aunque ha sido difícil retomar la productividad de toda la tierra, varios campesinos como Juan López y su familia, continuaron cultivando y viviendo de la economía agrícola.

ASOCOMPARTO

La Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco, ASOCOMPARTO, se creó en el 2008, hace parte de la Asamblea Campesina del Cesar y es la organización que reúne a los primeros ocupantes en sus esfuerzos por recuperar los títulos de las parcelas a sus primeros dueños. Su trabajo ha permitido que en algunos casos se haya fallado a favor de los parceleros. Sin embargo, la lucha de esta Asociación apunta a reivindicar el derecho a una restitución colectiva de la tierra porque consideran que sus formas de vida campesinas les fueron arrebatadas y retomarlas implica una restitución coherente, con todos los primeros ocupantes que trabajaron con tanto esfuerzo la tierra. 

Miguel Ricardo es el representante legal de la Asociación y continúa los esfuerzos por luchar por su comunidad. Desde buscar los folios con sus propios dedos en anaqueles olvidados entre el polvo, hasta representar a su comunidad ante entidades y convocatorias de derechos humanos, el trabajo de Miguel ha sido reconocido por sus compañeros y compañeras de la asociación. Aunque él ha aportado en casos de otras parcelas para que sus dueños obtengan la titulación, en el caso de él le fue negado el derecho a ser sujeto de restitución Él resume su liderazgo como un llamado al servicio para su comunidad, que continúa sin importar que el caso de él todavía no esté resuelto. 

Algunas ONGS como PAX Holanda han acompañado a ASOCOMPARTO al igual que a otras comunidades reclamantes del Cesar. Para Antonio Calvo Silva, coordinador de PAX Holanda en Colombia, en el caso de El Toco lLa Unidad de Tierras no está restituyendo una sola parcera, están restituyendo el territorio, y el territorio es la tierra y es la gente, sus vecinos y su cultura. y esa cultura es la que afectó, y es hay que reconstruir, sus economías, sus compadrazgos”, por esto parece absurdo que existan decisiones de jueces ante casos que deberían ser iguales. 

Lastimosamente como suele pasar en Colombia los liderazgos y luchas comunitarias se heredan a las malas. La muerte y el paso de los años desgastan los sueños, pero gracias a la fuerza y al tejido de apoyo de ASOCOMPARTO el caso de la parcelación de El Toco hoy sigue adelante. Sin olvidar los prejuicios emocionales a los que se enfrentaron, y que aún se siguen viendo, los parceleros de El Toco continúan reclamando respuestas claras y contundentes por parte de las entidades y tribunales. 

La solución al caso de El Toco ha sido una de las más esquivas y entramadas en el Cesar, se ha dilatado en el tiempo esperando en los despachos de las entidades, y los tribunales han proferido decisiones que deberían ser iguales para todos pero no lo son. En este proceso también deben solucionar la situación de los segundos ocupantes que, en algunos casos, fueron víctimas de compras sin conocer el antecedente violento.

Mientras la historia de El Toco sigue sin resolverse, el subsuelo rico en minerales, que ya ha tenido exploraciones iniciales por cuenta de la Drumond, sigue sosteniendo la vida agrícola y agropecuaria con la que los primeros ocupantes soñaban y siguen soñando. Esta ilusión de los campesinos de El Toco solo será posible si se garantiza su seguridad en el territorio, se resuelve la titulación de las parcelas y se llegan a acuerdos que se respeten entre las entidades departamentales, los segundos ocupantes y el ecosistema que los acoge.

Actualizado el: Lun, 09/12/2022 - 20:28

Por: Ginna Santisteban y Óscar Parra

El ombligo de Colombia, como es conocido el municipio de Puerto López, Meta, se planeó como una potencia agroindustrial del país. Varios de los más recientes gobiernos, como el de Álvaro Uribe, hicieron serias apuestas para llevar al municipio la inversión de importantes empresas nacionales y multinacionales, y asentar en la zona el centro de operación para la siembra, por ejemplo, de palma de aceite, soya, maíz, y otros cereales o criaderos de animales. 

El paisaje en Puerto López es similar si se observa desde las avionetas que viajan a diario hacia el Vichada: extensas hectáreas de sembradíos, plantas procesadoras funcionando a toda marcha y personas labrando la tierra. El panorama es parecido excepto en los límites de Puerto López con Puerto Gaitán, Meta, en una zona que los locales conocen como El Toro, por una escultura que el narcotraficante Leonidas Vargas puso en la entrada de una de sus fincas. 

Allí, por El Toro, se encuentran cuatro predios que suman cerca de 8.000 hectáreas que conforman las fincas de Las Leonas, El Rodeo, Las Delicias y Caballeros, que entre 2006 y 2007, durante el mandato de Álvaro Uribe, fueron entregadas a 585 campesinos en cuatro títulos de lo que se llama ‘común y proindiviso’.

En este lugar, en medio de la extensa sabana, centenares de esas familias han intentado en vano desenredar una larga cadena de errores cometidos por el Estado para poder acceder al título individual de un pedazo de tierra. Las cuatro grandes haciendas entregadas hace 15 años se han fragmentado en fincas con pequeños cultivos de unos pocos campesinos, algunas extensiones de tierra en manos de proyectos agroindustriales y centenares de pequeños lotes en los que han crecido improvisados caseríos en donde viven contratistas de las grandes empresas de la zona.

El caos en la propiedad de las fincas de estas comunidades parte de la dificultad de dividir los títulos de los predios que se entregaron. El ‘común y proindiviso’ es una figura que ha usado el Estado colombiano desde la década de los sesenta para entregar tierra a grupos de campesinos que se asocian en un modelo colectivo en el que cada beneficiario tiene derecho a un porcentaje de la propiedad denominada ‘cuota parte’, pero no es el dueño puntual de ninguna parcela dentro de la misma.

El gobierno Uribe, a través del Incoder, creó sin mucho criterio estas ‘sociedades’ en esta zona de la Altillanura entre personas que no se conocían y con el tiempo, en la práctica, cada quién cercó un pedazo de tierra y lo asumió como suyo. 

Rápidamente comenzaron los problemas entre los mismos adjudicatarios por la delimitación de las parcelas que cercaron por su cuenta. Esa fragmentación del predio fue el punto de partida de decenas de transacciones comerciales, cuya gran mayoría se realizó en la informalidad y marcó el fracaso de este intento por entregarles tierras a familias que querían comenzar una vida campesina en un terreno propio.

“Más o menos, multiplicando las familias, por ahí cada una tenía 28 hectáreas. El común y proindiviso es un problema porque no hay una ley que diga que se le puede entregar a ‘Pepito Pérez’ porque tiene 20 años ahí. No hay dónde dice que no se puede romper si no está el 100% de los de los adjudicatarios presentes, y lo más berraco es que hay adjudicatarios que nunca se presentaron en el territorio”, cuenta un habitante de la zona. 

Los desaciertos del Estado han ido más allá de la caótica entrega inicial de los predios. Tan solo unos años después de la adjudicación colectiva, el Incoder entregó varios títulos individuales cuando ya no tenía la competencia de hacerlo, aumentando la tensión entre los campesinos. Según Uber Alfonso Díaz, abogado experto en tierras, los terrenos salieron del dominio de la nación desde 2007, cuando los adjudicó y su división dependía de los propietarios y no del Incoder.

Estas ‘soluciones particulares’ solo volvieron más compleja la situación general. Los que recibieron estos títulos individuales y lograron separar sus tierras, siguen siendo socios del resto del común y proindiviso. Esta fragmentación de la propiedad aumentó la tensión entre los campesinos por los linderos que se marcaron por la cuenta de cada uno de ellos.

Como si no fuera suficiente, la situación empeoró a principio de la década pasada cuando los campesinos comenzaron a recibir presiones y amenazas para que abandonaran o vendieran la tierra. El certificado de tradición y libertad de Las Delicias, uno de los cuatro predios, evidencia los efectos del conflicto reciente. “El folio tiene medidas de protección patrimonial individual, lo que quiere decir que hay personas que han sido desplazadas del predio. Además tiene inscritas medidas en etapa judicial del proceso de restitución de tierras”, señaló el abogado Díaz.

Después de más de 15 años de las adjudicaciones, otro puñado de campesinos ha logrado obtener los títulos acudiendo a la justicia civil. Otros vendieron informalmente las parcelas que crearon dentro del predio, pero que no tenían título. Con el tiempo, llegaron nuevas familias que ocuparon predios que habían sido abandonados o que nunca fueron habitados por los adjudicatarios iniciales.

Las tierras repartidas: el modelo de desarrollo

Las tierras asignadas a los 585 titulares de Las Leonas, El Rodeo, Las Delicias y Caballeros, pertenecieron al narcotraficante Leonidas Vargas, quien era la mano derecha del capo del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha. Vargas llegó a la Altillanura en los años ochenta y empezó a acumular grandes haciendas, pero a principios de los años noventa terminó enfrascado en una guerra con el otro gran terrateniente de la zona, el reconocido esmeraldero Víctor Carranza, quien terminó ganando el título como el gran dueño de la tierra de la región, especialmente después de que en 1993 Vargas fuera capturado por la Policía. 

En 2001, el narcotraficante salió de prisión y fue asesinado en 2009 en España. Desde mediados de los noventa hasta el 2003, el Estado realizó la extinción de dominio de sus propiedades, algunas de las cuales llegaron a la Dirección Nacional de Estupefacientes y otras quedaron bajo el control del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, entidad que distribuyó terrenos entre campesinos sin tierra, familias desplazadas y víctimas del conflicto. 

Leer más en Conflicto en la Altillanura: una violencia heredada

Entre las tierras que fueron de Leonidas Vargas y se destinaron para las familias campesinas y desplazadas estaban Las Leonas, El Rodeo, Las Delicias y Caballeros, las cuales fueron distribuídas bajo estas adjudicaciones colectivas. “En ese momento, que era el gobierno de Uribe, nos adjudicaron con esa forma porque había algunas experiencias en otro lugar del país donde eso funcionó, pero, para que funcionara debían haber hecho un proceso psicosocial, porque colocar gentes que no tenían el concepto de vivir en comunidad no iba a funcionar”, dice uno de los campesinos que recibieron el título común y proindiviso.

Como lo explica en su trabajo de grado el especialista en acción sin daño y construcción de paz, Miguel Palacios, el Incoder no tuvo en cuenta que los beneficiarios no se conocían entre sí, ni que provenían de diferentes regiones del país en contextos diversos. “Las familias y las personas son vistas y tratadas como entidades homogéneas, incrementando las vulnerabilidades de grupos de especial protección constitucional como las personas mayores, personas con discapacidad y niños y niñas”, señala Palacios en el documento.

Un campesino de El Rodeo cuenta que los desencuentros entre los copropietarios eran frecuentes, especialmente, porque algunos de ellos consideraban que la repartición de la tierra que le correspondía a cada quien no había sido justa y exigían una nueva medición. “Es que allá el Incoder jamás nos reunió a las 28 familias antes de entregar la tierra; a medida que uno iba llegando lo iban mandando para allá con una resolución o con una orden de entrada al predio y acomódese como pueda, mire a ver de qué come, mire a ver de qué vive”, dijo el campesino. 

Estas tensiones eran particularmente graves si se tiene en cuenta que al estar bajo la figura del común y proindiviso todas las partes debían estar de acuerdo con las decisiones que se tomaran sobre el predio. Esto afectó las iniciativas productivas que empezaron a formarse y que terminaron fracasando. 

Además de los conflictos internos, a los comuneros los acechaba la necesidad, pues muchas de sus iniciativas no despegaron porque, entre otras, las tierras en las que habitaban requerían una inversión importante para producir. Como los campesinos buscaban desarrollar sus proyectos de manera particular en las parcelas que habían formado, pero de las que no tenían títulos individuales, los bancos no les prestaban dinero para sus cultivos.

En contraste, y cerca de estas tierras comunales, la agroindustria se desarrollaba con todo el respaldo del gobierno. A mediados de la década de los 2000 empezaron a llegar a la Altillanura compañías como La Fazenda, Mavalle y Bioenergy. Las empresas fueron atraídas por las garantías del gobierno, en esos años el de Uribe, que tenía un plan claro para el futuro de la región: desarrollar un rentable modelo productivo, que aprovechara el potencial agrario de la Altillanura y la disponibilidad de tierras, para el desarrollo de proyectos a gran escala como el cultivo de palma de aceite, maíz, soya y agroforestales. 

Impulsar la agricultura, pero no con los campesinos

Potenciar el desarrollo agrícola en regiones como la Altillanura fue un objetivo que persiguieron distintos gobiernos. Durante el periodo de Andrés Pastrana (1998-2002), incluso se empezó a hablar de implementar un modelo de alianzas productivas para vincular a pequeños productores rurales y campesinos con un aliado comercial -una gran empresa-, para fortalecer la comercialización e incentivar la competitividad del pequeño agricultor. 

Algunos ejemplos de la implementación de estas alianzas productivas fueron los casos de los Montes de María, Bolívar y el Catatumbo, Norte de Santander, en donde se vinculó a pequeños cultivadores de palma con compañías como Oleoflores. El negocio funcionaba de la siguiente manera: el aliado comercial -la gran empresa-, le daba apoyo técnico al pequeño agricultor y lo acompañaba en la siembra; después, el campesino le vendía lo producido a esa empresa que le había prestado el apoyo. Lo criticable de este modelo era que el pequeño productor rural quedaba comprometido con su aliado a venderle exclusivamente, pero también a producir bajo las condiciones que le exigía la empresa. 

Leer más en ¿Cómo nos quitan la tierra?

El Estado intentó promover este modelo en la Altillanura, aprovechando además el impulso que los gobiernos les estaban dando a las compañías agroindustriales para que adquirieran tierras en la región. Con esto, lo que tenían planeado era implementar el ejemplo del cercado brasileño, una figura que requería grandes extensiones de tierra para la producción de monocultivos que generaran buena rentabilidad. Sin embargo, algunas empresas necesitaban más tierra de la que habían comprado y entonces, recurriendo a la estrategia de las alianzas productivas, empezaron a sacar en arriendo las tierras de terratenientes, dueños de fincas de la zona, como se ha documentado en el caso de la empresa Bioenergy. 

Leer más en Disputa sin resolver: la acumulación de predios por Bioenergy.  

En Las Leonas, El Rodeo, Las Delicias y Caballeros intentaron usar esta estrategia. Los campesinos cuentan que cuando les adjudicaron las tierras, el gobierno llevó a varios empresarios para proponerles el modelo de ‘alianzas estratégicas’. “Cuando vinieron con todas esas propuestas nos decían que estas tierras no eran muy productivas, que lo ideal era que las cultiváramos junto a una empresa grande, pero sentimos que sería una relación muy desigual. Yo veía que íbamos a terminar casi como empleados de la empresa”, cuenta un campesino de la zona.

José Martínez, presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) en el Meta, señala que desde el Estado se ha insistido en estas alianzas productivas, en detrimento de otras opciones en las que se apoye proyectos colectivos de los propietarios. “El Estado ha estigmatizado la organización campesina. En esa época los funcionarios del gobierno andaban pendientes si los beneficiarios de las tierras iban a nuestras sedes a pedir asesoría”, cuenta Martínez.

El presidente de la ANUC agrega que varios de los campesinos se dieron cuenta que podían desarrollar proyectos propios en las parcelas que consideraban suyas y que podían ser más rentables que las alianzas con los empresarios en las que su rol se limitaba, “prácticamente a entregar la tierra en arriendo”. “La cosa es que quedaron amarrados con esa figura de común y proindiviso, sin posibilidad de pedir créditos y sin la posibilidad de asociarse libremente como ellos lo prefirieran”, dice Martínez.

El estudio La viabilidad de la agricultura familiar en la altillanura colombiana de la Universidad Javeriana y financiado por la ONG Oxfam, publicado en 2015, mostró que las tierras de La Leonas, Las Delicias, El Rodeo y Caballeros sí tenían las condiciones para convertirse en un espacio de producción agrícola campesino sin las características del monocultivo y la alta inversión de empresas agroindustriales. “En los diez casos de fincas familiares estudiadas a profundidad, encontramos que los modelos productivos implementados eran totalmente diferentes a los de la agroindustria, porque en contraste con la agricultura a gran escala de sus vecinos, estas familias tienen sistemas de producción con una alta diversidad biológica (silvestre y cultivada), utilizan tecnologías basadas en el uso intensivo de recursos disponibles”, señala el informe.

Las dificultades para obtener los títulos y sus consecuencias

Lo que en la actualidad se ve en las tierras comunales es una fragmentación. Algunos tienen sus cultivos de pancoger para consumo propio, varios predios están abandonados y algunos han vendido sus tierras a empresarios que cultivan cereales. “Hay personas que han comprado algunas parcelas aprovechando que había gente que tenía poco para subsistir, entonces algunos vendieron muy económico. Algunos también han arrendado a monocultivos más amplios como de palma”, cuenta uno de los campesinos que tiene tierra en El Rodeo. 

La figura de común y proindiviso ha sido todo un obstáculo para solucionar la compleja situación de la propiedad de la tierra en estos predios. La abogada Jenny Díaz, que asesora y representa a varios campesinos que intentan acceder a títulos independientes de sus parcelas, señala que las entidades del Estado se han desentendido del problema que ellas mismas crearon. “Se lavan las manos diciendo que ya esto es una cuestión entre particulares, entre los que están en el común y proindiviso. Después de todo lo que hicieron mal, ahora dicen que el campesino es el que tiene que asumir el costo en tiempo y dinero para salir de este enredo”, señala la abogada.

Con el tiempo, muchos campesinos cansados de no poder acceder a créditos, optaron por vender la tierra que consideraban suya, aunque no tuvieran títulos y esto generó un mercado informal que ha cambiado el paisaje de esta tierras. Especialmente en los sectores de los predios que dan a la carretera que comunica a Puerto López con Puerto Gaitán, inclusive se venden lotes para construir viviendas. “Todo este desorden ha permitido el crecimiento de poblados sin servicios públicos, ni siquiera tienen un centro de salud o una estación de Policía. Me dicen que está llegando gente que trabaja en las empresas de la zona a comprar un lote para armar una casa como puede”, cuenta la abogada Díaz.

La figura de común y proindiviso genera varias complejidades para poder entregar una solución a quienes quieren formalizar la propiedad de las tierras que consideran suyas. Los efectos en las comunidades que fueron beneficiarias de tierras bajo este modelo en todo el país han tenido problemas similares.

La profesora y coordinadora académica del Observatorio de Tierras, Rocío Peña, dirigió una investigación con esta organización en la que estudiaron varios casos en los que se le entregaron predios a campesinos en común y proindiviso, y encontró, en general, que la figura no le entregó condiciones a las comunidades para que mejoraran su calidad de vida. “La gente está peor que antes de que les adjudicaran la tierra en estos casos de común y proindiviso”, señala Peña.

La coordinadora del Observatorio señala que el Estado ha fallado a la hora de dotar de bienes públicos a las comunidades y que la gestión de una propiedad de estas características ha tenido muchos problemas que no se contemplaron. “Por ejemplo, como es un solo predio, resulta que llevan una sola toma de electricidad para mucha gente. El pago del predial se vuelve una pesadilla si no se tiene un proyecto común para todos los adjudicatarios y como aparecen dueños de una terreno amplio, no pueden acceder a planes y programas para pequeños campesinos”, explica la abogada.

La investigación del Observatorio halló varias maneras en las que comunidades han gestionado los conflictos derivados de estos fallidos procesos de adjudicación en común y proindiviso, y publicó una cartilla pedagógica que muestra caminos jurídicos a personas que estén interesadas en individualizar su título. (Ver Cartilla). “Nuestro principal propósito es darle una guía de lo que implica pertenecer a una propiedad en común y proindiviso y lo que se necesita para poder disolverla; tanto por vía de división administrativa y notarial como por vía judicial y proceso divisorio”, señala el documento.

Estas soluciones que plantean desde el observatorio pueden ser una salida para todos los que hoy reclaman la propiedad de estas tierras: las personas que han llegado a vivir en las parcelas abandonadas, los empresarios que han comprado mejoras, los trabajadores de las empresas que viven en estos barrios informales sin servicios, y por supuesto, para los campesinos que han persistido desde la entrega de los títulos, hace ya 15 años.

Porque a pesar de las dificultades aún persisten pequeños agricultores y siguen apostándole a sus emprendimientos e iniciativas productivas. Incluso, como cuenta un campesino, la tierra ha sido tan generosa que han conseguido producir vino: “Las fincas sí sirven para que uno viva si el Estado nos apoya. Nosotros tenemos plátanos,mangos, aguacates, limones, guanábanas. Hay vecinos que también tienen pancoger, emprendimientos de maracuyá, de miel de abejas; algunos cultivan maíz, otros trabajan con el tema de producción de leche, con el tema de lácteos. Es nuestra tierra y queremos tener la oportunidad de solucionar todo esto”.

Actualizado el: Dom, 09/18/2022 - 08:28

Actualizado el: Mié, 09/07/2022 - 20:13