Por: Pilar Puentes Espinosa 

En medio de un constante debate por la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra en Colombia, la Altillanura se ha convertido en el centro de las políticas de los gobiernos de las últimas dos décadas y de los intereses de grandes capitales económicos que ven en ella una gran capacidad de convertirse en la despensa agrícola del país. Rutas del Conflicto pudo rastrear que cerca de 30 empresas tienen en su poder al menos medio millón de hectáreas, la mayoría con cuestionamientos relacionados a la legalidad de la propiedad, sumadas a los reclamos de colonos y comunidades indígenas para acceder a títulos de territorios ancestrales. 

Para el gobierno de Gustavo Petro, la reforma agraria es urgente e indispensable para cumplir las promesas de campaña y esta zona es clave para esos propósitos.  La ministra de Agricultura, Cecilia López, ha dicho a varios medios de comunicación que, “Colombia tiene que ser una potencia mundial en la producción de alimentos. Para esto se necesita que se cumpla el punto uno (del acuerdo) de La Habana, que claramente habla de la reforma rural”. 

Mientras se resuelve las estrategias de gobierno para cumplir con la reforma y su rol en la Altillanura, indígenas que han habitado la zona desde hace siglos y campesinos colonos que llegaron hace más de 40 años siguen esperando la formalización de su tierra. A la par, empresas agroindustriales, agroforestales y petroleras continúan ampliando los terrenos en los que tienen varios problemas. Rutas del Conflicto construyó una base de datos a partir de los casos de estudio periodísticos y de varias ONG, que muestran el mapa de las empresas que han venido concentrando tierras en esa región.

Expertos señalan tres factores que complejizan la propiedad de la tierra en esa zona: adjudicaciones irregulares, ocupación indebida de baldíos de la nación y acumulación de Unidades Agrícolas Familiares. 

Mientras que el Estado, con la Agencia Nacional de Tierras, avanza a pasos de tortuga en la clarificación y formalización de baldíos, los conflictos sociales se agudizan a toda marcha, con organizaciones indígenas cada vez más robustas que reclaman las tierras donde están enterrados sus ancestros y de las que fueron desplazados. Estas comunidades y los colonos que llegaron durante gran parte del siglo XX tuvieron que soportar la violencia del conflicto armado que favoreció la apropiación de predios por parte narcotraficantes y esmeralderos.

En 2006 el Bloque Centauros de los paramilitares, que hacía presencia en más del 80% de la Altillanura, se desmovilizó. En ese momento los empresarios, con el respaldo del gobierno, pusieron sus ojos en una tierra, considerada la futura despensa agrícola del país. Según la ONG Indepaz, en 2014 se adoptó en Colombia la Política para el desarrollo integral de la Orinoquia: Altillanura, en la que se “definieron las estrategias para aprovechar su potencial y superar las limitaciones, entre ellas las relacionadas con la escasez de mano de obra calificada y el acceso a tierras para el desarrollo de iniciativas a gran escala, como la siembra de palma de aceite, maíz, soya, caña de azúcar y forestales, la producción de carne y la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales”.

Todas estas actividades económicas necesitan grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la Altillanura por su proceso de colonización cuenta con grandes niveles en la informalidad en la tenencia y existen muchos terrenos es baldíos. Además como lo explica la abogada dedicada al derecho agrario y quien dirigió el empalme de gobierno Petro en temas agrarios, Jhenifer Mojica,  se creó una especulación financiera porque en el mercado de valores, la tierra iba ser una garantía en medio de proyectos de gran impacto agroindustrial

Los problemas empezaron desde la adjudicación

Una de las empresas que llegó a la región a ocupar grandes extensiones de tierras fue el grupo Aliar, conformado por empresarios paisas y santandereanos con su marca comercial La Fazenda, en la vereda La Cristalina, en Puerto Gaitán, Meta. Antes de que las 16 mil hectáreas de la hacienda El Brasil llegarán a manos de esta empresa pasaron por el ‘zar de las esmeraldas’ Víctor Carranza. Rutas del Conflicto ha investigado este caso en varias oportunidades (ver ¿Cómo nos quitan la tierra?) y encontró que en 1995 el extinto Incora le adjudicó 12 predios, alrededor de 900 hectáreas cada uno, a presuntos cercanos a Carranza. 

El proceso de adjudicación se hizo en medio de la violencia que ejercían las llamadas Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada y el predio, según la sentencia de Justicia y Paz del Bloque Centauros, funcionaba como base paramilitar. Además,  la comunidad que vivía en la vereda La Cristalina, cerca del predio, no conocía a los adjudicatarios, los señalaba de ser trabajadores del ‘Zar’ y reconocía a Carranza como único dueño de El Brasil. Un requisito para ser beneficiario de la reforma agraria era haber ocupado el predio con mínimo 5 años y haber explotado dos terceras partes, condiciones que parecen no cumplirse.

En 2018, se abrió un proceso de revocatoria de las 13 adjudicaciones por considerarlas presuntamente irregulares. Tras grandes trabas y obstaculizaciones en junio de 2021, la ANT, decidió no continuar con el proceso de El Brasil aduciendo que no se encontraron dichas irregularidades en la titulación y que no existen pruebas sobre la presunta vinculación de los adjudicatarios con el conflicto. 

El nombre de Víctor Carranza y sus allegados aparecen frecuentemente en la historia de varios predios que luego fueron adquiridos por estas empresas. Así ocurre en al menos seis mil hectáreas que luego fueron adquiridas por la multinacional Cargill en el Vichada, así como en 27 mil más en Puerto Gaitán en El Porvenir.  Estas últimas representan un caso particular, ya que el Incoder tumbó las adjudicaciones en el año 2014, pero no ha decidido qué hacer con la tierra, que es reclamada por campesinos e indígenas. 

La Procuraduría delegada para asuntos agrarios, acompañó el proceso de revocatoria de las 27 adjudicaciones. Según el ente de control, la ANT no emprendió a tiempo las acciones para la recuperación de predios que estaban en contextos de víctimas de desplazamiento y despojo donde ahora empresas están explotando la tierra. 

Para Ana Jimena Bautista, abogada e investigadora en temas de tierras y de los derechos del campesinado en la ONG Dejusticia, la Agencia Nacional de Tierras no ha solucionado los problemas históricos y sistemáticos que cometieron las anteriores entidades de tierras, Incora e Incoder. “No es solo que la ANT no haga sino lo que hace es terriblemente cuestionable como el caso de El Brasil con la expedición de las resoluciones para cerrar el caso”, afirmó. 

La ONG Indepaz, en su informe  ¿Amnistía a la “concentración productiva” del siglo XXI en la Orinoquía? advierte que hay una falla estructural en la política agraria de identificación, asignación y recuperación de bienes del Estado, agravada por la inexistencia de un inventario de tierras rurales. Además de adjudicaciones irregulares en los que no se califica adecuadamente a los beneficiarios de la reforma agraria ni los límites de extensión de la adjudicación. 

Este caso no es único. Muchos predios que han adquirido las empresas tienen indicios de haber sido adjudicados irregularmente, a personas que no eran sujetos de reforma agraria. Parte de las tierras en Puerto Gaitán, que hacían parte del proyecto petrolero Pacific Rubiales y hoy le pertenecen a Ecopetrol, fueron entregadas por el Incoder a una familia de un empresario hotelero y del chance, al igual que a la familia de una funcionaria del Banco Agrario. El objetivo de la reforma agraria era entregar la tierra a campesinos y  no a empresarios. 

En el municipio de La Primavera, en Vichada, el excongresista Alfonso Mattos ha acumulado junto a su familia cerca de 14 mil hectáreas que hoy son reclamadas por una comunidad indígena sikuani. Según los folios de matrícula, varios predios fueron adjudicados a Cayetano Melo Perilla y algunos de sus allegados. Perilla ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser un narcotraficante. Edwar Mattos, hermano de Alfonso también acumuló 5 mil hectáreas en Mapiripán que fueron señaladas por el paramilitar Diego Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ de ser parte de un proyecto de palma de la organización ilegal.

En la Altillanura, la informalidad y en muchos casos la cooptación de funcionarios públicos permitió que personas que no eran beneficiarias  de adquirir tierra baldía la obtuvieran. Además esas adjudicaciones se dieron en territorios ancestrales, ignorando que vivían comunidades indígenas en la región. 

El abogado de comunidades sikuani, que trabajó para la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Brayan Cárdenas, afirmó que, “el Estado solo está archivando investigaciones o no las está haciendo en contextos donde hay comunidades indígenas que tiene hasta dos procesos abiertos: uno por restitución y otro por adjudicación, en lugares dónde empresas adquirieron la tierra”.  (ver retorno de la comunidad sikuani a La Cristalina)

A lo que se refiere el abogado, es que las comunidades han reclamado estas tierras por dos vías. La primera a través de la Unidad de Restitución, al ser víctimas del conflicto, haber sido desplazados  y por ello perder la tierra que habían ocupado. La segunda por la Agencia Nacional de Tierras, en las que las comunidades indígenas están pidiendo la titularidad de varias hectáreas para conformar sus resguardos y habitar la región que pisaron sus ancestros. 

Para Fabián León, investigador del Centro de Información de Derechos Humanos y Empresas, no es un debate nuevo que los sectores económicos debían cumplir con la debida diligencia a la hora de ver un proyecto productivo, en zonas donde hay un número significativo de víctimas del conflicto y de comunidades que llevan décadas intentando acceder a la propiedad. León afirmó que, “la debida diligencia no apareció con la Ley 1448 de 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras, aparece en los años 90, en donde se mira también los factores de riesgo de una inversión a un proyecto”.

Ocupar patrimonio del Estado

En la inmensidad de la Orinoquía aun quedan muchos predios sin adjudicar que están siendo explotados por grandes empresas. En Puerto Gaitán se encuentra uno de los complejos petroleros más grandes del país, en la vereda Rubiales. 

Hace algunos años estos pozos eran propiedad de la multinacional Pacific Rubiales (durante los primeros años por Meta Petróleo del empresario Germán Efromovich) y se consideraba como la ‘joya de la corona’ del mercado de hidrocarburos. En su punto más alto, Pacific y su socia Ecopetrol, extrajeron 300.000 barriles de crudo al día. En 2015, cayó en declive rápidamente y como lo contaron miembros de la junta directiva, “las deudas acumuladas por equivocados negocios y malos manejos”, acabaron con la empresa (ver especial)

Pacific pasó a vender sus acciones a Frontera Energy. Los años que duró el emporio fueron suficientes para acumular, alrededor, de 55 mil hectáreas, entre las que están dos baldíos de la nación: La Morelia y Los Arrayanes.

En 2013, varios congresistas denunciaron a la opinión pública la ocupación indebida de baldíos por parte de Pacific y de Ecopetrol, además de cómo las empresas buscaban apropiarse de la tierra por medio de un proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Es decir, es un modo de adquirir predios en la que la persona lo ocupa por más de 10 años y se reconoce como dueño del mismo. La Corte Constitucional se pronunció al respecto y el país  espera que en diciembre se publiqué  la sentencia definitiva en la que se prohíbe que un juez otorgue la propiedad de un baldío, cuando la ANT es la única entidad competente para adjudicar. 

En 2015 la entidad priorizó la recuperación de baldíos en los que estaban La Morelia y Los Arrayanes. Sin embargo, como lo registra el certificado de tradición y libertad de la Morelia, la ANT bajo el Acuerdo 168 de 2021 constituyó una reserva a favor de Ecopetrol. Estos predios, desde que Pacific llegó a la zona, fueron tapizados de palma aceitera en medio de quejas de campesinos que habitaban esas tierras. (ver historia)

Para Brayan Cárdenas, el Estado está evadiendo la responsabilidad de cumplir con la reforma agraria y de proteger al campesinado y a las comunidades indígenas, donde la tierra es parte central de la vida. “Hay una oficiosidad cuando hablamos de campesinos e indigenas. El Estado ha cedido terreno a los intereses políticos y privados. Hay una prioridad del Estado al empresariado y no a la gente que quiere acceder a la tierra por medio de la Ley 160 de 1994”, dice Cárdenas. Precisamente el fondo de tierras, que es la bolsa de dónde se adjudican predios, tiene su centro en los baldíos de la nación, que muchos de ellos están en manos de empresas. 

A una hora de Puerto Gaitán se llega a las colonias Menonitas  cuyos miembros arribaron desde Norteamérica en 2015 y  han acumulado cerca de 40 mil hectáreas de origen baldío. La falsa tradición reina en la Altillanura y los predios comprados por estas personas no son ajenos. Por lo menos han ocupado dos predios que superan las 9 mil hectáreas y que siguen perteneciendo a la Nación.

Para Ana Jimena Bautista de DeJusticia, la recuperación de baldíos es un tema pendiente al qur  la ANT le ha dado largas. “La argumentación que ha venido creando la ANT es manifestar su incapacidad ante la cantidad de procesos agrarios existentes,  se dice que tiene más de 30 mil procesos agrarios, sobre todo por el seguimiento de la sentencia T-488 2014 (clarificación de la propiedad).  Ese ha sido como su caballito de batalla para justificar su inoperancia”, afirmó Bautista.

10 años tras las denuncias de acumulación

El debate de la concentración de la tierra tampoco es nuevo. Organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y expertos han denunciado desde hace varias décadas la acumulación y sobre todo en detrimento del acceso a la propiedad de comunidades campesinas y étnicas.

Rutas del Conflicto encontró que la mayoría de las empresas de la base de datos han acumulado tierra en la Altillanura, en contra del artículo 79 de la Ley 160 de 1994. Esta ley prohíbe tener más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) que está entre las mil y 1.300 hectáreas por familia, en esta región del país, y le garantiza tener un modo de subsistencia y construir un patrimonio. La mayoría de empresas de la lista tienen predios de origen baldío que superan los valores establecidos en la UAF.

En 2013 varios congresistas entre ellos Wilson Arias, Ivan Cepeda y Jorge Enrique Robledo, realizaron un debate de control político sobre lo que llamaron la extranjerización de la tierra, en el que denunciaron a varias empresas por la acumulación de UAF en Meta y Vichada. Además de mostrar las maromas jurídicas que hicieron para ocultar dicha acumulación, y que pusieron en evidencia las políticas de Estado que favorecieron a las empresas en detrimento de las comunidades que siguen reclamando la tierra. 

En el debate, los congresistas señalaron los casos de la multinacional Cargill y el ingenio Río Paila, cada uno con más de 40 mil hectáreas acumuladas con el apoyo del buffet de abogados Brigard Urrutia. En el primer caso, un grupo de funcionarios de la multinacional creó una empresa llamada Proterra que ahora es la propietaria de esos predios, a través de su filial Colombia Agro. Varios directivos y contratistas de esta empresa tienen procesos judiciales por daños ambientales en la zona (Ver reportaje).

Tras las denuncias los entes de control pusieron sus ojos en 16 casos, que también se encuentran en la base de Rutas del Conflicto. La Contraloría abrió investigaciones sobre cómo las empresas habían adquirido la tierra. En 2012 y 2013 las contralorías delegadas para el sector agropecuario y gestión pública adelantaron varias actuación especial encaminada a estudiar los casos de presunta acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura y sacó un informe que permitió comprender cuáles eran y cómo se habían hecho a la tierra (ver informe)

Sin embargo, en 2018 la Contraloría cerró las investigaciones porque los baldíos al salir al mercado no determinaban un detrimento en el patrimonio estatal. Es decir, que los predios, una vez entregados a través de la reforma agraria dejaban de ser parte del Estado, por ello las transacciones entre privados que se hicieran después de la adjudicación  no generaba una afectación a los recursos públicos. A la fecha no hay investigaciones abiertas por este ente de control. 

El 31 de agosto de 2018 la delegada para asuntos agrarios de la Procuraduría le solicitó a la ANT el estado de las investigaciones que había adelantado en su momento el Incoder para ver el avance en relación con la infracción del artículo 72 de la Ley 160 de 1994. 

La Agencia Nacional de Tierras le contestó a la Procuraduría que los procesos siguen abiertos y resaltó qué “la nulidad de la que trata el inciso 9º del artículo 72 de la Ley 160 de 1994 se refiere a un negocio entre particulares cuyos efectos deben ser resueltos por los jueces de la República y que la nulidad legal que recae sobre el negocio jurídico no revierte el dominio de estos bienes a la Nación”, como se observa en la solicitud de información pedida a la entidad. 

La ANT se refiere a la misma justificación que hizo la Contraloría, al afirmar que los predios al salir del  patrimonio del Estado y realizar transacciones entre particulares no comprometen los recursos de la Nación. Es decir, que las empresas que acumularon tierra se les podría anular la venta y los predios serían devueltos a un intermediario o al adjudicatario , pero no regresa a propiedad del Estado. 

Uno de los efectos que  resaltan, tanto Mojica como Bautista, es que denunciar la  acumulación de UAF sí tuvo un impacto en la opinión pública. Como lo afirmó Jhenifer Mojica, “la compra acelerada de tierras en los Llanos paró, las empresas dejaron de adquirir tierra tras los debates de control político”. Además, se hizo evidente cómo estas compañías crearon estrategias legales para que no fuera tan sencillo rastrear de quiénes eran las propiedades y así a vista rapida no se hablara de acumulación. 

Sin embargo, con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, los empresarios volvieron a impulsar la compra de tierras en la Altillanura, ya con la meta de convertir esta tierra en la despensa agrícola del país. “El debate ya cambia, no es solo tener la tierra como prenda de garantía sino ya entrar a querer desarrollar la producción agropecuaria. Lo central es preguntarse cómo se va a hacer sin atropellar a las comunidades y a los ecosistemas”, explicó Mojica.  

Las empresas que intervinieron en la altillanura, muchas de ellas invitadas por los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, insisten en que el Estado les brinde la seguridad jurídica para mantener la propiedad de esas tierras. Indepaz advirtió en su informe que la inseguridad jurídica ha sido un obstáculo para las inversiones en la Altillanura, sin embargo como también lo explica la ONG y Mojica, no solo para las empresas existe esa inseguridad sino también para el pequeño propietario. 

Mientras que la ANT no clarifique y legalice  la propiedad de la tierra en la Altillanura los conflictos sobre la titularidad seguirán sobre la mesa. Las comunidades, tanto campesinas como indígenas, quedaron en medio de un mercado especulativo sobre la tierra y que cada vez ven más lejana la posibilidad de sobrevivir al crecimiento de los monocultivos de maíz, soya, arroz y palma que cubren gran parte del Meta y del Vichada. 

Actualizado el: Jue, 09/15/2022 - 16:30

Por: Ricardo Sánchez Gómez

En total, la cementera adquirió más de 6.600 hectáreas entre los años 2005 y 2012 en los Montes de María. Actualmente, la Fundación Crecer en Paz, creada por Argos, afirma estar esperando el resultado de procesos de restitución en otros 18 predios, sobre los cuales aún no hay sentencia.  

Argos adquirió esas tierras a través de un patrimonio autónomo que construyó por medio de filiales como Tekia S.A.S y la Fiduciaria Fiducor, con la intención de desarrollar un proyecto de siembra de teca. El cultivo de ese tipo de árbol maderable depende de grandes proporciones de tierra para poder generar rentabilidad. Sin embargo, la empresa ignoró la procedencia de los terrenos que compraba.

Las sentencias, proferidas entre 2016 y 2021, muestran coincidencias en la cadena de propiedad de esas tierras: a partir de 2005, campesinos desplazados por la violencia vendieron sus predios a precios bajos a inversionistas. Después, esos mismos compradores negociaron miles de hectáreas con el Grupo Argos, pero esta vez, a precios hasta 11 veces más altos, según documentó de la Comisión de la Verdad. 

La sentencia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia el 12 de octubre de 2016 explica que la empresa “demuestra actividades o comportamientos repetidos (…), con lo cual puede sospecharse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia” y que “el carácter repetido y el esquema de compras da lugar a la posibilidad de una planeación que otorga a sus comportamientos un atributo de patrón de sistematicidad”. El documento, que se refiere a predios en El Carmen de Bolívar, agrega que Argos no puede recibir una compensación monetaria del Estado porque adquirió predios afectados por el conflicto armado. 

El exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras(URT), Ricardo Sabogal, señala que es importante considerar las 17 sentencias en su conjunto. “La manera de entender el conflicto no es a la luz de una sentencia, sino de muchas que dan fe de lo mismo, y que demuestran una sistematicidad.”

Jhenifer Mojica, consultora en temas agrarios y ambientales, también afirma que el número de sentencias muestra que hubo un “patrón” en las acciones del Grupo Argos. “La empresa desarrolló su actividad sin tomar las medidas de diligencia y sin evitar beneficiarse de la situación de despojo”. Mojica agregó que estos casos deberían enseñarles a las empresas que no pueden lucrarse de un contexto de violencia. “Por más oportunidad de negocio que parezca, se tiene que actuar de manera debida, se tiene que indagar el contexto en el que se compra, se deben respetar los derechos humanos”, concluye.

La Fundación Crecer en Paz, creada por el Grupo Argos para trabajar con campesinos en los Montes de María, afirma que la empresa y la que era su filial, Tekia, fueron compradoras de “buena fe”. Además, agrega que las sentencias reconocen que no tuvieron vínculos con grupos ilegales, ni generaron despojo o desplazamiento, y que no ejercieron presión alguna a los vendedores de los predios. Después de las decisiones judiciales por la restitución, la fundación asevera que ha demandado a los inversionistas quienes le vendieron las tierras a la empresa.  

“Refinada estrategia”

Argos utilizó una “refinada estrategia” para acumular tierras de “alta calidad, con localización óptima y acceso a redes de servicios para desarrollar proyectos agroforestales a gran escala”, según el capítulo de relatos territoriales del informe de la Comisión de la Verdad. El documento considera a los Montes de María como una región representativa “del complejo modelo” para el despojo, que incluye la “participación de variados actores”, incluyendo funcionarios, empresarios, agentes del Estado, asesores e intermediarios. 

Ese capítulo del informe de la Comisión de la Verdad agrega que el Grupo Argos estuvo involucrado en la compra de los predios desde su inicio, con las ofertas de los inversionistas a los campesinos desplazados. “Estimularon una red de aliados estratégicos (terceros inversionistas) que adquirieron los predios en los Montes de María y los negociaron con la compañía para no hacerlo directamente con campesinos parceleros”. Además de Argos y de los terceros inversionistas, la relación involucraba al alto gobierno “que garantizaba la seguridad en la zona e invitaba a la inversión de capitales”, según el documento. 

La constitución de la fiduciaria sería parte de la estrategia de compra masiva. “Se trataba de un fideicomiso sui generis, pues la compañía decidía qué predios se compraban (encargándose del estudio de títulos y exonerando de responsabilidad a la fiduciaria), y no delegaba la administración del patrimonio autónomo, sino apenas la formalización de la compra a nombre de la fiduciaria”. Eso significa que, aunque la fiduciaria tuviera la titularidad de los predios, los derechos de propiedad se revertirían a la empresa, concluye el documento de la Comisión. 

Cuestionados por Rutas del Conflicto, Argos y Tekia niegan haber sido parte de las compras de los predios por los inversionistas a las víctimas. “Es claro entonces que no existió ningún tipo de intermediación, ni mucho menos una ‘red de aliados estratégicos’ para la adquisición de esos predios. Tekia y Argos no fueron parte en los negocios de compraventa que se celebraron con los reclamantes”, afirman (Ver respuesta de las compañías). Las empresas agregan que los tribunales “en ningún momento” concluyeron que quienes le vendieron los predios a Argos actuaron como sus intermediarios. 

Aún según el Grupo Argos, la intención de su proyecto era vincular inversionistas públicos y privados, y por eso se decidieron por la fiducia, considerando que “garantizaba no solo transparencia, sino también la confianza de terceros que tuvieran interés en participar”. La empresa agrega que el propietario de los predios era el patrimonio autónomo, mientras que la operación y la gestión del proyecto forestal lo ejecutó Tekia S.A.S. “El patrimonio autónomo fue totalmente legal y es un mecanismo contractual ampliamente utilizado en este tipo de proyectos, sin que se pueda afirmar que existió alguna circunstancia especial o indicativa de irregularidades”, señala la empresa. 

Ni diligencia, ni buena fe exenta de culpa

Argos y Tekia presentaron el recurso jurídico para probar que actuaron de buena fe exenta de culpa para buscar una compensación económica en los procesos de restitución. Señalaron que compraron los predios de manera lícita a sus legítimos dueños y en un contexto de posconflicto, en el que la fuerza pública ya había recuperado la seguridad en la zona. En el caso de que lograran probar que actuaron con diligencia, recibirían el resarcimiento por un negocio que también les afectaba. 

Jhenifer Mojica explica que la buena fe exenta de culpa está prevista en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que establece que “quien quiera oponerse a la restitución, alegando que se tiene un derecho adquirido de manera honesta sobre la tierra, tenga que demostrar que obró de manera diligente para evitar beneficiarse o incurrir en situaciones de despojo”. Argos no pudo demostrar que actuó de manera diligente. “Lo que se demostró en los procesos es que sí se lucró de la situación de despojo”, concluye Mojica. 

Si bien Argos hizo las escrituras públicas de los predios adquiridos, “sí incurrió en la falta de diligencia y cuidado al no hacer los estudios jurídicos y al asumir el riesgo de comprar predios donde era evidente que había desplazados”, explica Julio Cuastumal, abogado especialista en derecho procesal y coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. 

En ninguna de las 17 sentencias de restitución de tierras falladas, Argos logró comprobar la buena fe exenta de culpa, y se ha visto obligada a devolver las tierras. Sabogal añade que era “completamente imposible” que una compañía tan grande e influyente como Argos no se diera cuenta del conflicto armado en los Montes de María. 

La sentencia promulgada por el Tribunal Superior de Antioquia, que decide sobre uno de los casos de El Carmen de Bolívar, también concluye que Argos no se preocupó por entender el pasado violento de la región: 

"Las precauciones que asumió Cementos Argos S.A. fueron insuficientes, pues en estos eventos no basta con realizar un estudio formal de legalidad (…), sino que es necesario tener en cuenta el contexto (…) que el conflicto armado genera en la tenencia de la tierra y en el ejercicio de los derechos de las personas”. 

Las sentencias resolvieron no indemnizar la multinacional, ni sus filiales. Según Argos y Tekia, se les exigió adelantar un proceso de debida diligencia que no existía cuando compraron las tierras.  “Se evaluó la actuación de las empresas con parámetros de la Ley 1448 de 2011 [Ley de Víctimas y Restitución de Tierras], la cual no existía cuando se realizaron las compras de esas tierras”, afirman.

Sin embargo, Jhenifer Mojica asegura que la debida diligencia no es algo nuevo que llegó con la Ley 1448, sino un estándar internacional previo. Lo diferente es que, a partir de la ley, los opositores a los procesos de restitución deben probar que actuaron con buena fe. “Decir que ese ‘obrar de manera adecuada’ nació en la ley de víctimas es ridiculizar el trasfondo de lo que ocurrió, que fue que Argos compró tierras en una zona fuertemente golpeada por el conflicto armado”, afirma. 

“No es suficiente con ir y mirar los certificados de tradición y libertad. Además de revisar las escrituras, existe la obligación de revisar la situación de violencia y temas de desplazamiento”, agrega Julio Cuastumal.

Lea acá la respuesta de Argos

Los casos de Oso Negro y El Aceituno

Uno de los casos que ejemplifica la relación entre la violencia y las ventas de las tierras en los Montes de María es el de Oso Negro, una finca de 49 hectáreas ubicada en Ovejas, Sucre. Allí vivieron Víctor Olivera y su familia hasta que tuvieron que salir desplazados por la violencia, según información del portal Tierra en Disputa, una alianza de Rutas del Conflicto con Verdad Abierta. En el 2006, Olivera fue asesinado y sus familiares se desplazaron a Sincelejo. Sin recursos o la posibilidad de volver a su tierra debido a la inseguridad, recibieron una propuesta de venta del predio en el 2008. Los inversionistas ofrecieron 49 millones de pesos por las 49 hectáreas de la finca, y el negocio se concretó.  

En este caso, el intermediario fue el político cordobés Otto Bula, condenado actualmente por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Años después, quien adquirió esas hectáreas fue el Grupo Argos, por una suma superior a lo que se le dio a la familia desplazada. En el 2013, Elsa Arrieta de Olivera y su familia solicitaron la restitución de su finca ante la URT. El Tribunal Superior de Cartagena consideró el pedido procedente en la sentencia del 15 de mayo de 2020.

Algo similar pasó en el Carmen de Bolívar. Allí, la familia Torres, beneficiaria del antiguo Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), vivía y trabajaba en una finca a la que bautizaron El Aceituno. Debido a los embates de la guerra, los Torres fueron desplazados forzosamente y, en el 2009, se vieron obligados a vender su finca. El comprador fue Álvaro Echeverría, que les pagó 300 mil pesos por hectárea, según el portal Tierra en Disputa. Meses después, Echeverría vendió la propiedad a Fiduciaria Fiducor, filial de Argos. 

La familia Torres solicitó en el 2015 la restitución de El Aceituno, y el 25 de julio de 2018 el Tribunal Superior de Cartagena consideró la solicitud procedente. Así como en los casos de Oso Negro y El Aceituno, el conflicto afectó a los campesinos que vivían y trabajaban en los 23 predios que las sentencias judiciales le ordenaron a Argos restituir en El Carmen de Bolívar (Bolívar) y Ovejas (Sucre). 

Medardo Tovar, otro de los reclamantes de El Aceituno, a pesar de ganar el caso, nunca pudo regresar a su predio, ya que la fuerza pública ha señalado que aún existen minas antipersonales en la zona. Tovar murió a finales de 2021 después de una luchar 23 años por volver a su finca.

Ricardo Sabogal y Julio Cuastumal coinciden en que es extraño que, mientras los Montes de María seguían siendo una zona de alto riesgo para las familias desplazadas, no lo era para esos nuevos compradores que llegaron a la zona. “Incluso había predios que tenían minas, y aun así los compraron”, señala Cuastumal. 

El exdirector de la URT llegó entre el 2004 y el 2005 a los Montes de María con un proyecto que estudiaba el desplazamiento y la informalidad en la tenencia de la tierra. Cuando iniciaron las compras masivas de esas tierras, el bajo precio de las hectáreas vendidas les llamó la atención. Además, los compradores, que eran particulares y nada tenían que ver con el gobierno, llegaron con las bases de datos de las personas a las que las entidades financieras les habían hecho préstamos para adquirir la tierra.

“La gente llegaba con los listados. Hablaban con los campesinos y les decían que estaban debiendo cierta cantidad de dinero a los bancos. [Decían] que todavía había mucha violencia, y que las hectáreas ya se encontraban enmalezadas. Entonces, los convencieron de vender las tierras y les dieron tres pesos por ellas”, explica Sabogal.

Compras masivas de tierra

Los inversionistas lograron comprar tierras a una escala que no había sido vista en los Montes de María. Álvaro Ignacio Echeverría, por ejemplo, el primer empresario paisa, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, que llegó a acumular en esa región, logró hacerse con cerca de 5 mil hectáreas, según el portal Tierra en Disputa.

La gobernación de Bolívar señaló la venta masiva e indiscriminada de predios y el riesgo inminente de a poblaciones más vulnerables en el Carmen de Bolívar en la Resolución 001 del 03 de octubre de 2008, y trató de impedirlas con una medida cautelar. Las compras en gran escala no solo alteraron el orden económico y el mercado de tierras del municipio, sino también aumentaron el riesgo para las personas desplazadas, “que ya que no tenían tierra a donde regresar”, explica el ex director de la URT. 

Otro punto importante es que más de la mitad de los predios negociados en el municipio había sido inicialmente adjudicados por el Incora, según estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro. Dichas tierras eran protegidas por la ley 160 de 1994, que establecía mecanismos para evitar la acumulación y la venta forzosa de los predios, explica el abogado Julio Cuastumal. Sin embargo, no hubo quien hiciera cumplir la ley. 

El informe de la Comisión de la Verdad cita a elementos que facilitaron la compra de tierras a gran escala y a precios bajos en los Montes de María: la imposibilidad de retorno de los campesinos, las deudas de los propietarios con empresas del Estado, ser predios adjudicados por el Incora o el Incoder, la pobreza vivida por las personas desplazadas y la complicidad de servidores públicos. 

“Buena fe” y demandas a inversionistas

Argos y Tekia afirman que las sentencias de restitución de tierras han determinado que ambas empresas fueron compradoras de buena fe, “sin vínculos con grupos ilegales, quedando claro que no se generaron desplazamientos, ni despojos, y que no se ejerció presión alguna sobre los vendedores de los predios”. En las sentencias que se han proferido hasta el momento, los jueces han resuelto no indemnizar a las empresas. 

La Fundación Crecer en Paz, que hoy es quien administra las tierras que compró Argos en Carmen de Bolívar, Bolívar y Ovejas, Sucre, afirma que ha presentado demandas contra los inversionistas que les vendieron esas hectáreas. La fundación explica que, en una decisión judicial contra uno de ellos, “se ratificó la actuación de buena fe de Argos y se reconoció que no hubo ninguna intermediación para la compra de los predios, ordenándole a restituir el precio recibido a la Fundación Crecer en Paz”.

Argos llegó a los Montes de María a través de la Reforestadora del Caribe S.A, hoy Tekia, que era filial de Grupo Argos. Aterrizaron en la región con la intención de desarrollar proyectos de reforestación sembrando teca, pero también por la invitación pública del Estado. Debido a las reclamaciones de las hectáreas que adquirió la cementera, y a lo poco rentable que resultó el negocio de la teca, Argos renunció a ejecutar el proyecto forestal y creó en el 2015 la Fundación Crecer en Paz. Según su directora, María Clara Rodríguez Raga, la fundación es completamente independiente de la multinacional. 

Rodríguez Raga afirma que la misión de la fundación consiste en vincular a campesinos de la zona que no tengan acceso a tierras productivas para desarrollar proyectos sostenibles, “darles un capital semilla para arrancar, y una vez los proyectos estén en equilibrio y con posibilidades de éxito, titularles la propiedad de la tierra”.

La fundación trabaja con asociaciones de campesinos que, en su mayoría, ayudó a constituir. Estas asociaciones reciben en comodato los predios que donó Argos para ejecutar proyectos agrícolas, siempre y cuando cumplan con las reglas que Crecer en Paz establece para su uso, “como la prohibición de talar árboles grandes, la de usar agroquímicos o la de no hacer quemas en las tierras”. La intención expresa por la fundación es capacitar a las comunidades y entregar las más de 6 mil hectáreas que tienen entre Carmen de Bolívar y Ovejas. 

Según la fundación, hay actualmente procesos de restitución de tierras de 18 predios esperando sentencia, que comprometen a cerca de 1.600 hectáreas de las que posee. 

Actualizado el: Lun, 09/19/2022 - 23:34

Por: Álvaro Avendaño

La pesadilla que inició con las masacres lleva 25 años en proceso y continúa sin resolverse. Aunque algunos campesinos que hacen parte de los primeros ocupantes de la parcelación El Toco han resuelto la situación jurídica de sus predios y han sido restituidos, hay parceleros que continúan a la espera de una respuesta; incluso a otros les han negado el derecho. Muchos de ellos hoy en día son adultos mayores con condiciones de salud delicadas que todavía exigen respuestas a las entidades estatales y departamentales. 

La negativa a ser sujeto de restitución fue la respuesta que recibió el parcelero Miguel Ricardo por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Miguel es uno de los primeros ocupantes y desde el inicio ha encarnado la lucha por defender los derechos de sus amigos y vecinos parceleros con La Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco -ASOCOMPARTO-. La lucha que ha enfrentado Miguel lo ha puesto en la mira de quienes ven en su liderazgo una amenaza en contra de los intereses que muchos tienen por la tierra y el subsuelo de El Toco.

Por eso los habitantes del predio han vivido el temor que producen las amenazas que vuelven cada tanto. Las paz que había durando unos meses fue 

interrumpida el 18 de agosto del 2022  cuando llegaron siete hombres con armas cortas intimidando y reteniendo ilegalmente a una pareja de adultos mayores, ocupantes de la parcela 32. Los hombres se identificaron como integrantes del Clan del Golfo y comentaron que estaban ahí, investigando por un taladro hidráulico que al parecer fue robado. Esa misma noche los hermanos López y la familia Brito, que pasaban por el lugar, también fueron retenidos y amarrados por los siete extraños armados.

Mientras estaban amarrados, una de las parceleras  fue obligada a cocinar para los captores bajo amenazas, una práctica común en los tiempos del paramilitarismo, por más de 7 horas, los intrusos robaron ropa, dinero en efectivo, celulares, zapatos y una vieja escopeta que estaba en la casa.

Lo que parecía ser un robo ejecutado por “delincuencia común”, adquirió otro matiz cuando el 24 de agosto en  la noche entró una llamada al celular de Miguel Ricardo, venía de uno de los números de los celulares robados días atrás. Miguel contestó y con una voz gruesa el hombre al otro lado de la línea le dijo: 

“Si usted sigue metiéndose en esta mierda va a oler a formol, deje de averiguar quién se robó eso, ni ande averiguando qué pasó porque lo vamos a poner a oler formol”

Aunque es difícil señalar directamente quién está impulsando estas amenazas al liderazgo de Miguel Ricardo, lo cierto es que las intimidaciones a los primeros ocupantes para que vendan bajo presión  no cesan. Las amenazas para Miguel no son nuevas, en dos ocasiones atentaron contra su vida en frente a su casa en Agustín Codazzi, un municipio cercano a la parcelación, lo que generó que Miguel tuviera un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección por cinco años aproximadamente.

La llamada amenazante llegó justamente cuando la Unidad de Víctimas, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET y el proyecto AGRICEL van a ejecutar grandes presupuestos que dejarán a la parcelación con mejores condiciones de riego, vías e infraestructura. Miguel afirma que El Toco “es un territorio apetecido por muchas personas, dentro de ellas ganaderos y empresas mineras. Hay envidia por los beneficios que los procesos que han liderado las víctimas que hoy llevan mejoras al territorio. Algunos opositores (personas que también alegan tener derecho sobre la propiedad de esas tierras) han sido agresivos con los primeros ocupantes”. 

Los parceleros señalan que la mayoría ha recibido ofertas por su tierras r y a aquellos que siguen luchando por la restitución de sus predios no los quieren volver a ver en El Toco. 

Mientras las instituciones atienden las denuncias con reuniones protocolares, en las que algunos representantes ni siquiera asisten, los parceleros continúan en la lucha por restablecer sus derechos, hacer respetar su vida y su permanencia en el territorio de la mano del liderazgo de Miguel Ricardo. “Estas son unas amenazas para que Miguel abandone su trabajo, él no tiene parcela pero siempre ha luchado por denunciar y exigir respuestas. Ellos quieren que los antiguos no estemos ahí”, señala Aristel López uno de los parceleros originales del El Toco y miembro de ASOCOMPARTO.

La comunidad espera que las adecuaciones al territorio sean provechosas para las familias campesinas que hace 25 años salieron del territorio y que deben ser restituidas colectivamente, no para los ocupantes de mala fe o de las empresas que puedan llegar después a disfrutar de las mejoras que las víctimas han luchado por tantos años.  

El proyecto del distrito de riego

A finales del 2022 la comunidad de El Toco verá en su paisaje una estructura metálica que gira sobre la tierra por medio de llantas y dejando una estela de agua a su paso. Se trata del proyecto de riego AGRICEL, una apuesta de la gobernación del Cesar y el Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero CDT para crear Células de desarrollo agrícola y fortalecer la producción agrícola en la parcelación. Este proyecto fue licitado por un valor estimado de $6.387.436.650 millones de pesos adjudicados al Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar(CDT) según el número de proceso CD-SGR-0988-2021 consultado en SECOP II con el número de contrato 2021 03 0044. 

Según la información que reposa en SECOP I, existe un proceso de selección adjudicado, identificado con el número CMA-SGR-0004-2021, tiene como objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CÉLULAS DE DESARROLLO AGRÍCOLA – AGRICEL CON SISTEMAS DE PIVOTE CENTRAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, VEREDA EL TOCO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”, con un valor de $ 446.396.534 millones. 

Las dos empresas que conforman el consorcio adjudicatario son BIOPROJECT SAS ZOMAC (que participa con el 80%), una empresa que ha ejecutado millonarios contratos en el departamento del Cesar y ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA (participando en el 20% restante). La empresa Proarquimas  SAS Zomac ha sido cuestionada en investigaciones periodísticas publicadas por el medio de comunicación “El periódico” en el artículo titulado Los Nule del Cesar, señalando la persistencia de la compañía como contratista del departamento. 

“Esto es una gran alianza que hace el departamento con el CDT Ganadero, lo que buscamos es que esta iniciativa o esta política pública pueda tener una investigación en los temas de pozos profundos, adecuaciones de tierra, estudios de suelos para garantizar una productividad de cualquier cultivo que se quiera desarrollar en esa vereda”, señaló José Emilio Osorio, secretario de agricultura del departamento del Cesar.

 Aunque el proyecto tiene la importante misión de convertir la tierra de El Toco en un territorio fértil, las inconsistencias en la adjudicación del contrato de la interventoría parecen opacar tan noble iniciativa. Según la abogada Diana Beltrán, el consorcio que se presentó a evaluación no tiene las mismas empresas que ganaron el proceso. “Al revisar los documentos de acceso público en la plataforma SECOP I, como el acta de cierre del proceso y el informe de evaluación, queda en evidencia que en éste se presenta la oferta de un consorcio conformado por PROAQUIMICAS S.A.S. ZOMAC , al cual le evalúan requisitos financieros y jurídicos, pero en relación con los requisitos técnicos, evalúan al mismo consorcio pero conformado por BIOPROJECTS S.A.S. ZOMAC y no por PROAQUIMICAS S.A.S. ZOMAC, sin ninguna explicación, lo que claramente es una inconsistencia que puede dar pie a una investigación por parte de los entes de control”, señala la abogada.

El sistema de riego por pivote central que busca regar 400 hectáreas, sin cercas en medio, no ha sido montado por contratiempos en la importación del aluminio del cual están fabricada la estructura debido a la pandemia por la COVID-19 y la guerra en la frontera de Ucrania y Rusia, los cuales están justificados en prórrogas y documentos de acceso públicos. Sin embargo, ya se perforaron los pozos desde los cuales se va a extraer el agua del subsuelo. Este proyecto piloto busca irrigar en un futuro más de 7.000 hectáreas utilizando un sistema de distribución de las aguas subterráneas en estructuras metálicas parecidas al ala de un avión con ruedas que gira sobre un eje mientras sus aspersores humedecen el suelo. 

En este proyecto han participado algunos parceleros de El Toco, incluyendo algunos que hacen parte de ASOCOMPARTO, bajo una Cooperativa llamada COOAGROTOCO. El proyecto impulsado por el CDT Ganadero fomenta lazos con los compradores de los productos agrícolas, apuntando a una autofinanciación del mantenimiento de la infraestructura de riego. Quizás ese es el punto que causa temor en la comunidad: la administración de los recursos para saldar los gastos de energía de la estructura, así como el personal de seguridad que cuidarán de la misma. 

Ante estas dudas, el secretario de Agricultura José Emilio Osorio afirmó que los gastos de energía serán asumidos por COOAGROTOCO al ser ellos a quienes se les entregue el proyecto finalizado. “Acá lo importante es que ellos no van solos, se trata de agricultura por contrato y somos nosotros (campesinos y gobernación) quienes podemos hacer una alianza con un aliado comercial que pueda suplir los gastos y las necesidades mientras los cultivos empiezan a dar rentabilidad”, señaló el secretario

Los campesinos esperan que el proyecto arranque para continuar trabajando la tierra con mayor productividad. Se espera que el proyecto AGRICEL logre aportar a las economías cooperativas de los agricultores de El Toco y siga con su objetivo de aportar al campesinado. Lo anterior es importante teniendo en cuenta que en la historia de Colombia hay casos de proyectos que buscaron solucionar problemas de riego a los campesinos y terminaron siendo infraestructura de grandes empresas agroindustriales como fue el caso del distrito de riego de María la Baja. 

El origen de la parcelación

El poder y el reconocimiento de la familia Murgas en el Cesar lleva casi un siglo en medio de grandes extensiones de tierra, cargos públicos, privados y exitosos negocios agroindustriales. La descendencia Murgas ha tenido importantes figuras públicas, José Antonio Murgas el “padre del departamento del Cesar”, el ministro de Trabajo en 1973 y exgobernador del departamento es uno de los patriarcas de la familia Murgas y el hermano de Alfonso Murgas, un empresario que amasó su riqueza en proyectos ganaderos, algodoneros y palmicultores en grandes extensiones de tierra en varios municipios del departamento. 

Una de sus haciendas, “El Toco”, ubicada en el Corregimiento Los Brasiles, al interior del municipio de San Diego a 90 minutos de Valledupar, se convirtió en una territorio de esperanza y un nuevo comienzo para 82 familias campesinas que llegaron a ocupar la hacienda en 1991, esperando que el INCORA intercediera en la compra y adjudicara ese predio dividiendo la tierra para cada una de las familias que decidieron establecer su proyecto de vida en esas parcelas de tierra fértil.

El padre de Miguel Ricardo, fundador de la parcelación del Toco, asistía a las reuniones de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en compañía de su hijo, en estas reuniones se capacitaba y organizaba a la comunidad campesina para obtener legalmente un “pedazo de tierra” para vivir y trabajar.

Las 1.593 hectáreas de tierra en El Toco, que eran utilizadas anteriormente como hacienda de algodón, palma y ganado, fue comprada por el INCORA en 1997 a Alfonso Murgas. Esta planicie fértil al lado del río Cesar iba a ser, en 1998, adjudicada en 82 parcelas a las familias que eran sujetos de reforma agraria.

Para ese año la comunidad campesina se había organizado en una Junta de Acción Comunal, construyeron dos escuelas, un centro de acopio de los productos agrícolas sembrados en el territorio, una tienda comunal, un puesto de salud, una cancha de fútbol, dos escuelas primarias y todas las vías de acceso a las parcelas. Casi cualquier problema dentro de la comunidad era solucionado colectivamente. Había un fuerte lazo entre la comunidad -que hoy en día sobrevive- y aportaba al sueño de ver convertida su parcelación en la despensa agrícola del Cesar, soñaban con ser reconocidos como un territorio llamado Brisas del Cesar. 

Hoy la infraestructura que construyeron en ese entonces, se cae a pedazos por las arremetidas del paramilitarismo y la inoperancia del estado colombiano. Se sigue deteriorando mientras las instituciones siguen dilatando procesos para restituir el territorio definitivamente y atender todas las afectaciones que vivió la comunidad campesina.

Cuando la hacienda fue dividida por los campesinos en parcelas, se realizó una primera  medición teniendo en cuenta el número de integrantes por familia, las zonas comunes y las vías de acceso, de esta forma se organizaron en el extenso territorio. Sin embargo, cuando el INCORA realizó otra medición, se dieron cuenta que el territorio se quedaba corto al tener en cuenta las medidas de la Unidad Agrícola Familiar UAF. En este punto, la entidad decidió adjudicar, como lo indica el acta 23 del 13 de agosto de 1996, parcelas a 55 familias y quedó estipulado que las 25 familias restantes serían ubicadas en el predio El Irán, en una zona cercana a la parcelación.

Lo que parecía una victoria para la comunidad de El Toco, se quedó en el papel y se vio truncada por la llegada de las botas, los fusiles y las insignias de los paramilitares.

El Toco arrebatado

El despojo en la parcelación El Toco está directamente relacionado a la presión paramilitar del bloque Juan Andrés Álvarez (JAA) sobre los municipios del Cesar. Aunque ya se sabía de la presencia de los armados y de los actos violentos que cometían como torturas y violencia sexual, la presencia paramilitar parecía lejana en la parcelación. La pesadilla llegó a las vidas de las familias del Toco un 8 de abril de 1997 a las nueve de la mañana cuando más de 30 hombres armados, entraron con lista en mano buscando a cinco personas. Así lo señaló Francisco Gaviria, alias ‘Mario’  en su versión libre el 15 de marzo de 2011.

“La orden que dio 40 fue: bueno me hacen el favor entran allá. me ubican estas personas, me las matan y me mandan a desocupar la zona.”

En la búsqueda de las personas de la lista asesinaron a Daniel Antonio Cogollo pensando que era Rafael Daniel Cogollo, su padre, secretario de la Junta de Acción Comunal.

Aquella mañana asesinaron a Darío Enrique Parada, las balas que irrumpieron su cuerpo no acabaron con los sueños de la comunidad pero sí le impidieron conocer a su hija. Ante el miedo, las familias agarraron lo que pudieron y salieron de la parcelación buscando salvar sus vidas y las de sus familias de la amenaza latente que suponía encontrarse cara a cara a los paramilitares y sus fusiles. Esta fue la primera de las tres masacres que vivieron las familias de El Toco y marcó el inicio de un desplazamiento forzado de 80 familias.

Ese mismo día Miguel Ricardo, ejerciendo sus funciones como encargado del puesto de salud, recibió en sus manos a una bebé que había perdido a Darío,su padre. El parto se dio en medio del dolor que había llegado a la comunidad con los paramilitares. El dolor de la muerte de su esposo había  adelantado el parto de María*. Miguel todavía lo recuerda.

Las lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras la comunidad caminaba desde El Toco, hasta los Brasiles y de ahí, siguieron por la carretera departamental hasta Agustín Codazzi recordando a las personas que habían sido asesinadas ese día. Esa caminata marcó las vidas de los habitantes de la parcelación. 

Los nuevos ocupantes y la emboscada

 Las balas y los asesinatos buscaban que los corazones de los campesinos se llenaran de miedo y nunca volvieran a esas tierras para luego ser una fértil zona para negocios (industriales, agroindustriales o minero energéticos). Pero el sueño por la tierra y el deseo de vivir tranquilamente en el campo los impulsó a seguir luchando por su derecho a los predios que consideraban suyos. 

El retorno se convirtió en un reto mayor después del 19 de mayo de 1997. Para esa fecha los paramilitares llegaron al corregimiento de Los Brasiles. Cuando entraron asesinaron a ocho personas, cinco de ellos parceleros de El Toco. En esta Incursión paramilitar asesinaron a Víctor Plata Álvarez, Daniel Plata Belloso, Hernán Pineda, José Yance Garrido, Joaquín Gaviria. También asesinaron a Lenis Álvarez, Fernando Quintana y Edgar Prieto.

“Imagínese, ocho asesinados en una comunidad de apenas 150 personas. Eso fue muy duro para todo el mundo, después de eso Los Brasiles quedó deshabitado por 4 años” Miguel Ricardo, parcelero de El Toco

Mientras las parcelas estaban deshabitadas y Los Brasiles se convertía en otro pueblo fantasma, el ganadero y  comandante paramilitar, Huges Rodríguez, alias ‘Barbie’ tumbó cercas, y quemó las viviendas. También mandó traer a la parcelación camiones llenos de reses, las cuales deambulaban libremente por los escombros calcinados de las casas campesinas. El territorio había cambiado.

Entre  1997 y el 2000 llegaron otras familias: los segundos ocupantes. Algunos parceleros manifiestan que muchas de de ellas sabían de la violencia y desplazamiento que había ocurrido en el territorio (incluso habían tenido contacto con paramilitares), sin embargo levantaron sus casas y empezaron una vida con sus familias y animales. Desde entonces, estos segundos ocupantes tienen voz y voto dentro del territorio, han sido acogidos por las instituciones estatales y sus relatos hacen parte de las investigaciones del caso de El Toco. Incluso algunas mediciones al territorio fueron informadas a los segundos ocupantes, ignorando el interés de los primeros ocupantes en seguir haciendo parte de las decisiones de la parcelación. 

Ante el panorama desolador del control paramilitar algunas personas decidieron vender a bajo costo, otras familias se fueron para no volver, la familia García perdió a 3 seres queridos y hasta el momento no han retornado. Otras más se asentaron en Agustín Codazzi, El Brasil y Valledupar. Desde entonces, los esfuerzos de los parceleros por continuar su lucha, haciendo denuncias y abriendo el caso ante las entidades municipales y nacionales empezaron y aún no han cesado.

Pasaron tres años de control paramilitar, no se veían hombres en camuflado o con fusiles, pero corría el rumor que Hugues seguía interesado en controlar la parcelación. Para lograr su cometido, los paramilitares se apoyaron en la información que dio Maglionis Arzuaga, un ocupante que llegó después de las masacres, con el cual difundieron un engaño en el que convocaron a una reunión en la parcelación argumentando que era una convocatoria de la CRUZ ROJA y el INCORA para dar solución y atención a la situación de los reclamantes el 7 de agosto del 2000.

Maglionis Arzuaga fue inspector de Policía de los Brasiles y desde 1999 tiene a su nombre una parcela en El Toco, después de que se presentara a una convocatoria de subsidios de tierra del Incora en 1996. Así lo señala el Acta 001 del 4 de febrero de 1999, la cual ha sido insumo para numerosas investigaciones como “Tierra y carbón en la vorágine del Magdalena: Los casos de las parcelaciones del Toco, el Platanal y Santa

fé” del CNMH y “Los años del retorno: Violencia, desplazamiento forzado y organización campesina en la comunidad de El Toco en el Cesar”, de PAX Holanda. En esta última investigación, Arzuaga confirma las compras irregulares que realizaba el paramilitar Barbie: “Él (Hugues Rodríguez) nos mandó, a Holguín y a mí, para buscar a los parceleros, y nunca me dio un porcentaje de eso, ni me lo mencionó, ni nunca se habló de eso. Yo le decía a la gente que fueran por los siete millones. Compraron varios”

Cuando llegaron los parceleros a la reunión convocada, no había funcionarios públicos y no se veía ningún tipo de presencia institucional, la desconfianza creció y algunas personas decidieron irse del lugar. Sin embargo, los que se quedaron se encontraron con la llegada de hombres armados que los retuvieron y los condujeron al centro de acopio. Allí preguntaron por los segundos ocupantes y los dejaron ir, solo se quedaron con tres parceleros que eran primeros ocupantes: Carlos Miranda, Natividad Liñán y Fabiola Martínez. Sin mediar palabra, los paramilitares les quitaron la vida.

El asesinato de estos líderes fue ejecutado por el bloque Juan Andrés Alvarez perteneciente al Bloque Norte de las UAC en cabeza del comandante Jhon Jairo Esquivel  “alias el Tigre” bajo las órdenes de “Jorge 40” y la casa Castaño, muy cercanos a Hugues Rodríguez el “comandante Barbie”. 

Los parceleros consideran una decisión extraña que Hugues Rodríguez fuera declarado como víctima inscrito en el Registro Único de Víctimas RUV el 23 de marzo de 2016. Así lo confirmó el portal periodístico Verdad Abierta en la investigación Hugues Rodríguez, ¿El eslabón perdido del paramilitarismo en el Cesar?  en este texto se expone el argumento por el que los parceleros no están de acuerdo con esta decisión, aún cuando la familia de Barbie sí sufrió hechos victimizantes, la investigación expone que “las personas que hicieron parte de un grupo armado ilegal o han sido condenados por hechos que guardan relación con el conflicto armado no tienen derecho a sus beneficios.”

Los intereses sobre la parcelación

Sin campesinos en la tierra, Hugues Rodríguez continuó legalizando los predios. En unos casos, como el del parcelero José Osuna, le falsificaron su firma y la utilizaron en papeles fraudulentos, en otros casos fue por medio de cartas que servían como contratos de préstamos por dos millones de pesos a campesinos. Se firmaban cláusulas y automáticamente dejaban comprometida la venta legal de su parcela al comandante Barbie. El miedo a las represalias llevó a que, como señala el CNMH,  Los parceleros firmaran un documento en el que pagarían de manera solidaria $136.500.000 al comandante. “Con base en el pagaré No. 0001 suscrito en Valledupar el 16 de diciembre de 2003, el juzgado 10 Civil del Circuito de Valledupar embargó y remató la mitad de las parcelas … a favor de ese ganadero (Hugues Rodríguez)”, señala la investigación del CNMH.

En total son 29 folios, es decir 29 predios que fueron legalmente despojados y posteriormente rematados en 2004 con el aval de funcionarios públicos amañados que obviaron el contexto de violencia. 835,95 hectáreas alcanzaron a estar legalmente en las manos del Comandante Barbie. Esta situación cambió en 2006 cuando fue revocada la orden judicial por las investigaciones que afrontaba el paramilitar en la fiscalía. Este hecho lo corroboró la Superintendencia de Notariado y Registro en 2012 como fue publicado en el Informe ejecutivo de los resultados de investigación adelantada por la SNR en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar – departamento del Cesar. Después de esta decisión llegó el eucalipto de la mano de Madeflex con el aval de los primeros y segundos ocupantes. El paisaje cambió con esta especie ajena al ecosistema, pero este cultivo fue una de las formas de retomar la actividad económica en el territorio.

Aunque el despojo de El Toco parecía estar directamente relacionada con Hugues Rodríguez y su hato ganadero, este contexto fue posible gracias a la fuerza y financiación que le deben las élites cesarenses al paramilitarismo y la ambición empresarial que tenían algunos visionarios en negocios agroindustriales y minero energéticos que se adaptan muy bien a las características físicas, hidrológicas y geográficas del Cesar.

Aunque en El Toco no se encuentran licencias mineras, los campesinos afirman que el subsuelo de la parcelación es rica en minerales, posiblemente exista una veta de carbón, un depósito de gas o cualquier otro mineral, como ocurre en los municipios vecinos. Esta situación preocupa a la comunidad ya que el acuífero del César, el más grande del departamento, nutre el suelo y es una de las pocas fuentes de agua limpia en el territorio. Las aguas del Río Cesar empezaron a contaminarse a finales de la década de los noventa y, según algunos campesinos, causan irritación en la piel de las personas, enfermedades estomacales y genera en los animales casos de malformación de crías que nacen sin pelo y no sobreviven la semana completa. Los campesinos han construido pozos que funcionan como reservorios, algunas parcelas tienen cerca al arroyo El jobo una de las últimas fuentes de agua limpia del territorio.

La vocación de El Toco es agrícola, así lo recuerdan las ruinas del centro de acopio donde guardaban las cosechas de los parceleros. Sin embargo, las familias campesinas siguen sembrando la tierra por su cuenta y aunque ha sido difícil retomar la productividad de toda la tierra, varios campesinos como Juan López y su familia, continuaron cultivando y viviendo de la economía agrícola.

ASOCOMPARTO

La Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco, ASOCOMPARTO, se creó en el 2008, hace parte de la Asamblea Campesina del Cesar y es la organización que reúne a los primeros ocupantes en sus esfuerzos por recuperar los títulos de las parcelas a sus primeros dueños. Su trabajo ha permitido que en algunos casos se haya fallado a favor de los parceleros. Sin embargo, la lucha de esta Asociación apunta a reivindicar el derecho a una restitución colectiva de la tierra porque consideran que sus formas de vida campesinas les fueron arrebatadas y retomarlas implica una restitución coherente, con todos los primeros ocupantes que trabajaron con tanto esfuerzo la tierra. 

Miguel Ricardo es el representante legal de la Asociación y continúa los esfuerzos por luchar por su comunidad. Desde buscar los folios con sus propios dedos en anaqueles olvidados entre el polvo, hasta representar a su comunidad ante entidades y convocatorias de derechos humanos, el trabajo de Miguel ha sido reconocido por sus compañeros y compañeras de la asociación. Aunque él ha aportado en casos de otras parcelas para que sus dueños obtengan la titulación, en el caso de él le fue negado el derecho a ser sujeto de restitución Él resume su liderazgo como un llamado al servicio para su comunidad, que continúa sin importar que el caso de él todavía no esté resuelto. 

Algunas ONGS como PAX Holanda han acompañado a ASOCOMPARTO al igual que a otras comunidades reclamantes del Cesar. Para Antonio Calvo Silva, coordinador de PAX Holanda en Colombia, en el caso de El Toco lLa Unidad de Tierras no está restituyendo una sola parcera, están restituyendo el territorio, y el territorio es la tierra y es la gente, sus vecinos y su cultura. y esa cultura es la que afectó, y es hay que reconstruir, sus economías, sus compadrazgos”, por esto parece absurdo que existan decisiones de jueces ante casos que deberían ser iguales. 

Lastimosamente como suele pasar en Colombia los liderazgos y luchas comunitarias se heredan a las malas. La muerte y el paso de los años desgastan los sueños, pero gracias a la fuerza y al tejido de apoyo de ASOCOMPARTO el caso de la parcelación de El Toco hoy sigue adelante. Sin olvidar los prejuicios emocionales a los que se enfrentaron, y que aún se siguen viendo, los parceleros de El Toco continúan reclamando respuestas claras y contundentes por parte de las entidades y tribunales. 

La solución al caso de El Toco ha sido una de las más esquivas y entramadas en el Cesar, se ha dilatado en el tiempo esperando en los despachos de las entidades, y los tribunales han proferido decisiones que deberían ser iguales para todos pero no lo son. En este proceso también deben solucionar la situación de los segundos ocupantes que, en algunos casos, fueron víctimas de compras sin conocer el antecedente violento.

Mientras la historia de El Toco sigue sin resolverse, el subsuelo rico en minerales, que ya ha tenido exploraciones iniciales por cuenta de la Drumond, sigue sosteniendo la vida agrícola y agropecuaria con la que los primeros ocupantes soñaban y siguen soñando. Esta ilusión de los campesinos de El Toco solo será posible si se garantiza su seguridad en el territorio, se resuelve la titulación de las parcelas y se llegan a acuerdos que se respeten entre las entidades departamentales, los segundos ocupantes y el ecosistema que los acoge.

Actualizado el: Lun, 09/12/2022 - 20:28

Por: Ginna Santisteban y Óscar Parra

El ombligo de Colombia, como es conocido el municipio de Puerto López, Meta, se planeó como una potencia agroindustrial del país. Varios de los más recientes gobiernos, como el de Álvaro Uribe, hicieron serias apuestas para llevar al municipio la inversión de importantes empresas nacionales y multinacionales, y asentar en la zona el centro de operación para la siembra, por ejemplo, de palma de aceite, soya, maíz, y otros cereales o criaderos de animales. 

El paisaje en Puerto López es similar si se observa desde las avionetas que viajan a diario hacia el Vichada: extensas hectáreas de sembradíos, plantas procesadoras funcionando a toda marcha y personas labrando la tierra. El panorama es parecido excepto en los límites de Puerto López con Puerto Gaitán, Meta, en una zona que los locales conocen como El Toro, por una escultura que el narcotraficante Leonidas Vargas puso en la entrada de una de sus fincas. 

Allí, por El Toro, se encuentran cuatro predios que suman cerca de 8.000 hectáreas que conforman las fincas de Las Leonas, El Rodeo, Las Delicias y Caballeros, que entre 2006 y 2007, durante el mandato de Álvaro Uribe, fueron entregadas a 585 campesinos en cuatro títulos de lo que se llama ‘común y proindiviso’.

En este lugar, en medio de la extensa sabana, centenares de esas familias han intentado en vano desenredar una larga cadena de errores cometidos por el Estado para poder acceder al título individual de un pedazo de tierra. Las cuatro grandes haciendas entregadas hace 15 años se han fragmentado en fincas con pequeños cultivos de unos pocos campesinos, algunas extensiones de tierra en manos de proyectos agroindustriales y centenares de pequeños lotes en los que han crecido improvisados caseríos en donde viven contratistas de las grandes empresas de la zona.

El caos en la propiedad de las fincas de estas comunidades parte de la dificultad de dividir los títulos de los predios que se entregaron. El ‘común y proindiviso’ es una figura que ha usado el Estado colombiano desde la década de los sesenta para entregar tierra a grupos de campesinos que se asocian en un modelo colectivo en el que cada beneficiario tiene derecho a un porcentaje de la propiedad denominada ‘cuota parte’, pero no es el dueño puntual de ninguna parcela dentro de la misma.

El gobierno Uribe, a través del Incoder, creó sin mucho criterio estas ‘sociedades’ en esta zona de la Altillanura entre personas que no se conocían y con el tiempo, en la práctica, cada quién cercó un pedazo de tierra y lo asumió como suyo. 

Rápidamente comenzaron los problemas entre los mismos adjudicatarios por la delimitación de las parcelas que cercaron por su cuenta. Esa fragmentación del predio fue el punto de partida de decenas de transacciones comerciales, cuya gran mayoría se realizó en la informalidad y marcó el fracaso de este intento por entregarles tierras a familias que querían comenzar una vida campesina en un terreno propio.

“Más o menos, multiplicando las familias, por ahí cada una tenía 28 hectáreas. El común y proindiviso es un problema porque no hay una ley que diga que se le puede entregar a ‘Pepito Pérez’ porque tiene 20 años ahí. No hay dónde dice que no se puede romper si no está el 100% de los de los adjudicatarios presentes, y lo más berraco es que hay adjudicatarios que nunca se presentaron en el territorio”, cuenta un habitante de la zona. 

Los desaciertos del Estado han ido más allá de la caótica entrega inicial de los predios. Tan solo unos años después de la adjudicación colectiva, el Incoder entregó varios títulos individuales cuando ya no tenía la competencia de hacerlo, aumentando la tensión entre los campesinos. Según Uber Alfonso Díaz, abogado experto en tierras, los terrenos salieron del dominio de la nación desde 2007, cuando los adjudicó y su división dependía de los propietarios y no del Incoder.

Estas ‘soluciones particulares’ solo volvieron más compleja la situación general. Los que recibieron estos títulos individuales y lograron separar sus tierras, siguen siendo socios del resto del común y proindiviso. Esta fragmentación de la propiedad aumentó la tensión entre los campesinos por los linderos que se marcaron por la cuenta de cada uno de ellos.

Como si no fuera suficiente, la situación empeoró a principio de la década pasada cuando los campesinos comenzaron a recibir presiones y amenazas para que abandonaran o vendieran la tierra. El certificado de tradición y libertad de Las Delicias, uno de los cuatro predios, evidencia los efectos del conflicto reciente. “El folio tiene medidas de protección patrimonial individual, lo que quiere decir que hay personas que han sido desplazadas del predio. Además tiene inscritas medidas en etapa judicial del proceso de restitución de tierras”, señaló el abogado Díaz.

Después de más de 15 años de las adjudicaciones, otro puñado de campesinos ha logrado obtener los títulos acudiendo a la justicia civil. Otros vendieron informalmente las parcelas que crearon dentro del predio, pero que no tenían título. Con el tiempo, llegaron nuevas familias que ocuparon predios que habían sido abandonados o que nunca fueron habitados por los adjudicatarios iniciales.

Las tierras repartidas: el modelo de desarrollo

Las tierras asignadas a los 585 titulares de Las Leonas, El Rodeo, Las Delicias y Caballeros, pertenecieron al narcotraficante Leonidas Vargas, quien era la mano derecha del capo del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha. Vargas llegó a la Altillanura en los años ochenta y empezó a acumular grandes haciendas, pero a principios de los años noventa terminó enfrascado en una guerra con el otro gran terrateniente de la zona, el reconocido esmeraldero Víctor Carranza, quien terminó ganando el título como el gran dueño de la tierra de la región, especialmente después de que en 1993 Vargas fuera capturado por la Policía. 

En 2001, el narcotraficante salió de prisión y fue asesinado en 2009 en España. Desde mediados de los noventa hasta el 2003, el Estado realizó la extinción de dominio de sus propiedades, algunas de las cuales llegaron a la Dirección Nacional de Estupefacientes y otras quedaron bajo el control del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, entidad que distribuyó terrenos entre campesinos sin tierra, familias desplazadas y víctimas del conflicto. 

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Entre las tierras que fueron de Leonidas Vargas y se destinaron para las familias campesinas y desplazadas estaban Las Leonas, El Rodeo, Las Delicias y Caballeros, las cuales fueron distribuídas bajo estas adjudicaciones colectivas. “En ese momento, que era el gobierno de Uribe, nos adjudicaron con esa forma porque había algunas experiencias en otro lugar del país donde eso funcionó, pero, para que funcionara debían haber hecho un proceso psicosocial, porque colocar gentes que no tenían el concepto de vivir en comunidad no iba a funcionar”, dice uno de los campesinos que recibieron el título común y proindiviso.

Como lo explica en su trabajo de grado el especialista en acción sin daño y construcción de paz, Miguel Palacios, el Incoder no tuvo en cuenta que los beneficiarios no se conocían entre sí, ni que provenían de diferentes regiones del país en contextos diversos. “Las familias y las personas son vistas y tratadas como entidades homogéneas, incrementando las vulnerabilidades de grupos de especial protección constitucional como las personas mayores, personas con discapacidad y niños y niñas”, señala Palacios en el documento.

Un campesino de El Rodeo cuenta que los desencuentros entre los copropietarios eran frecuentes, especialmente, porque algunos de ellos consideraban que la repartición de la tierra que le correspondía a cada quien no había sido justa y exigían una nueva medición. “Es que allá el Incoder jamás nos reunió a las 28 familias antes de entregar la tierra; a medida que uno iba llegando lo iban mandando para allá con una resolución o con una orden de entrada al predio y acomódese como pueda, mire a ver de qué come, mire a ver de qué vive”, dijo el campesino. 

Estas tensiones eran particularmente graves si se tiene en cuenta que al estar bajo la figura del común y proindiviso todas las partes debían estar de acuerdo con las decisiones que se tomaran sobre el predio. Esto afectó las iniciativas productivas que empezaron a formarse y que terminaron fracasando. 

Además de los conflictos internos, a los comuneros los acechaba la necesidad, pues muchas de sus iniciativas no despegaron porque, entre otras, las tierras en las que habitaban requerían una inversión importante para producir. Como los campesinos buscaban desarrollar sus proyectos de manera particular en las parcelas que habían formado, pero de las que no tenían títulos individuales, los bancos no les prestaban dinero para sus cultivos.

En contraste, y cerca de estas tierras comunales, la agroindustria se desarrollaba con todo el respaldo del gobierno. A mediados de la década de los 2000 empezaron a llegar a la Altillanura compañías como La Fazenda, Mavalle y Bioenergy. Las empresas fueron atraídas por las garantías del gobierno, en esos años el de Uribe, que tenía un plan claro para el futuro de la región: desarrollar un rentable modelo productivo, que aprovechara el potencial agrario de la Altillanura y la disponibilidad de tierras, para el desarrollo de proyectos a gran escala como el cultivo de palma de aceite, maíz, soya y agroforestales. 

Impulsar la agricultura, pero no con los campesinos

Potenciar el desarrollo agrícola en regiones como la Altillanura fue un objetivo que persiguieron distintos gobiernos. Durante el periodo de Andrés Pastrana (1998-2002), incluso se empezó a hablar de implementar un modelo de alianzas productivas para vincular a pequeños productores rurales y campesinos con un aliado comercial -una gran empresa-, para fortalecer la comercialización e incentivar la competitividad del pequeño agricultor. 

Algunos ejemplos de la implementación de estas alianzas productivas fueron los casos de los Montes de María, Bolívar y el Catatumbo, Norte de Santander, en donde se vinculó a pequeños cultivadores de palma con compañías como Oleoflores. El negocio funcionaba de la siguiente manera: el aliado comercial -la gran empresa-, le daba apoyo técnico al pequeño agricultor y lo acompañaba en la siembra; después, el campesino le vendía lo producido a esa empresa que le había prestado el apoyo. Lo criticable de este modelo era que el pequeño productor rural quedaba comprometido con su aliado a venderle exclusivamente, pero también a producir bajo las condiciones que le exigía la empresa. 

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El Estado intentó promover este modelo en la Altillanura, aprovechando además el impulso que los gobiernos les estaban dando a las compañías agroindustriales para que adquirieran tierras en la región. Con esto, lo que tenían planeado era implementar el ejemplo del cercado brasileño, una figura que requería grandes extensiones de tierra para la producción de monocultivos que generaran buena rentabilidad. Sin embargo, algunas empresas necesitaban más tierra de la que habían comprado y entonces, recurriendo a la estrategia de las alianzas productivas, empezaron a sacar en arriendo las tierras de terratenientes, dueños de fincas de la zona, como se ha documentado en el caso de la empresa Bioenergy. 

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En Las Leonas, El Rodeo, Las Delicias y Caballeros intentaron usar esta estrategia. Los campesinos cuentan que cuando les adjudicaron las tierras, el gobierno llevó a varios empresarios para proponerles el modelo de ‘alianzas estratégicas’. “Cuando vinieron con todas esas propuestas nos decían que estas tierras no eran muy productivas, que lo ideal era que las cultiváramos junto a una empresa grande, pero sentimos que sería una relación muy desigual. Yo veía que íbamos a terminar casi como empleados de la empresa”, cuenta un campesino de la zona.

José Martínez, presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) en el Meta, señala que desde el Estado se ha insistido en estas alianzas productivas, en detrimento de otras opciones en las que se apoye proyectos colectivos de los propietarios. “El Estado ha estigmatizado la organización campesina. En esa época los funcionarios del gobierno andaban pendientes si los beneficiarios de las tierras iban a nuestras sedes a pedir asesoría”, cuenta Martínez.

El presidente de la ANUC agrega que varios de los campesinos se dieron cuenta que podían desarrollar proyectos propios en las parcelas que consideraban suyas y que podían ser más rentables que las alianzas con los empresarios en las que su rol se limitaba, “prácticamente a entregar la tierra en arriendo”. “La cosa es que quedaron amarrados con esa figura de común y proindiviso, sin posibilidad de pedir créditos y sin la posibilidad de asociarse libremente como ellos lo prefirieran”, dice Martínez.

El estudio La viabilidad de la agricultura familiar en la altillanura colombiana de la Universidad Javeriana y financiado por la ONG Oxfam, publicado en 2015, mostró que las tierras de La Leonas, Las Delicias, El Rodeo y Caballeros sí tenían las condiciones para convertirse en un espacio de producción agrícola campesino sin las características del monocultivo y la alta inversión de empresas agroindustriales. “En los diez casos de fincas familiares estudiadas a profundidad, encontramos que los modelos productivos implementados eran totalmente diferentes a los de la agroindustria, porque en contraste con la agricultura a gran escala de sus vecinos, estas familias tienen sistemas de producción con una alta diversidad biológica (silvestre y cultivada), utilizan tecnologías basadas en el uso intensivo de recursos disponibles”, señala el informe.

Las dificultades para obtener los títulos y sus consecuencias

Lo que en la actualidad se ve en las tierras comunales es una fragmentación. Algunos tienen sus cultivos de pancoger para consumo propio, varios predios están abandonados y algunos han vendido sus tierras a empresarios que cultivan cereales. “Hay personas que han comprado algunas parcelas aprovechando que había gente que tenía poco para subsistir, entonces algunos vendieron muy económico. Algunos también han arrendado a monocultivos más amplios como de palma”, cuenta uno de los campesinos que tiene tierra en El Rodeo. 

La figura de común y proindiviso ha sido todo un obstáculo para solucionar la compleja situación de la propiedad de la tierra en estos predios. La abogada Jenny Díaz, que asesora y representa a varios campesinos que intentan acceder a títulos independientes de sus parcelas, señala que las entidades del Estado se han desentendido del problema que ellas mismas crearon. “Se lavan las manos diciendo que ya esto es una cuestión entre particulares, entre los que están en el común y proindiviso. Después de todo lo que hicieron mal, ahora dicen que el campesino es el que tiene que asumir el costo en tiempo y dinero para salir de este enredo”, señala la abogada.

Con el tiempo, muchos campesinos cansados de no poder acceder a créditos, optaron por vender la tierra que consideraban suya, aunque no tuvieran títulos y esto generó un mercado informal que ha cambiado el paisaje de esta tierras. Especialmente en los sectores de los predios que dan a la carretera que comunica a Puerto López con Puerto Gaitán, inclusive se venden lotes para construir viviendas. “Todo este desorden ha permitido el crecimiento de poblados sin servicios públicos, ni siquiera tienen un centro de salud o una estación de Policía. Me dicen que está llegando gente que trabaja en las empresas de la zona a comprar un lote para armar una casa como puede”, cuenta la abogada Díaz.

La figura de común y proindiviso genera varias complejidades para poder entregar una solución a quienes quieren formalizar la propiedad de las tierras que consideran suyas. Los efectos en las comunidades que fueron beneficiarias de tierras bajo este modelo en todo el país han tenido problemas similares.

La profesora y coordinadora académica del Observatorio de Tierras, Rocío Peña, dirigió una investigación con esta organización en la que estudiaron varios casos en los que se le entregaron predios a campesinos en común y proindiviso, y encontró, en general, que la figura no le entregó condiciones a las comunidades para que mejoraran su calidad de vida. “La gente está peor que antes de que les adjudicaran la tierra en estos casos de común y proindiviso”, señala Peña.

La coordinadora del Observatorio señala que el Estado ha fallado a la hora de dotar de bienes públicos a las comunidades y que la gestión de una propiedad de estas características ha tenido muchos problemas que no se contemplaron. “Por ejemplo, como es un solo predio, resulta que llevan una sola toma de electricidad para mucha gente. El pago del predial se vuelve una pesadilla si no se tiene un proyecto común para todos los adjudicatarios y como aparecen dueños de una terreno amplio, no pueden acceder a planes y programas para pequeños campesinos”, explica la abogada.

La investigación del Observatorio halló varias maneras en las que comunidades han gestionado los conflictos derivados de estos fallidos procesos de adjudicación en común y proindiviso, y publicó una cartilla pedagógica que muestra caminos jurídicos a personas que estén interesadas en individualizar su título. (Ver Cartilla). “Nuestro principal propósito es darle una guía de lo que implica pertenecer a una propiedad en común y proindiviso y lo que se necesita para poder disolverla; tanto por vía de división administrativa y notarial como por vía judicial y proceso divisorio”, señala el documento.

Estas soluciones que plantean desde el observatorio pueden ser una salida para todos los que hoy reclaman la propiedad de estas tierras: las personas que han llegado a vivir en las parcelas abandonadas, los empresarios que han comprado mejoras, los trabajadores de las empresas que viven en estos barrios informales sin servicios, y por supuesto, para los campesinos que han persistido desde la entrega de los títulos, hace ya 15 años.

Porque a pesar de las dificultades aún persisten pequeños agricultores y siguen apostándole a sus emprendimientos e iniciativas productivas. Incluso, como cuenta un campesino, la tierra ha sido tan generosa que han conseguido producir vino: “Las fincas sí sirven para que uno viva si el Estado nos apoya. Nosotros tenemos plátanos,mangos, aguacates, limones, guanábanas. Hay vecinos que también tienen pancoger, emprendimientos de maracuyá, de miel de abejas; algunos cultivan maíz, otros trabajan con el tema de producción de leche, con el tema de lácteos. Es nuestra tierra y queremos tener la oportunidad de solucionar todo esto”.

Actualizado el: Dom, 09/18/2022 - 08:28

Actualizado el: Mié, 09/07/2022 - 20:13

Protección del agua, dadora de vida

William Cruz vive en Mayoyoque, una de las inspecciones más lejanas del casco urbano de Puerto Guzmán en Putumayo. Junto a su padre trabaja la caña, el cacao y la siembra de otras especies. También es presidente de la Asociación Campesina de Trabajadores de Sachamate, la cual ha dedicado sus esfuerzos y acciones a la defensa del humedal Santa Rosa. Este cuerpo de agua se encuentra en el núcleo 1 de la inspección, abarca aproximadamente 3000 hectáreas y está al margen de muchas comunidades putumayenses. Hay unas 30 veredas a su alrededor: Alto Mayoyoque, Villa Nueva, Bélgica, Saudita, entre otras, y cuentan con 18 a 21 familias cada una.

Hoy en día, las áreas cercanas al humedal están altamente deforestadas, lo cual lo ha perjudicado porque sus nacimientos de agua dependen de los árboles que albergan líquido, producen oxígeno y sirven como cobertura del sol. William asegura que, de perderse Santa Rosa, la vegetación también moriría. “Ese es nuestro temor, que de aquí a mañana se vea eso. Nuestra agua proviene de allí. Luchar por el medio ambiente es una alternativa fundamental para todos”, expresa.
 

Deforestación: una dinámica compleja

Históricamente Putumayo ha estado relacionado con prácticas y economías agrícolas. A partir de los años 30 se comenzaron a abrir vías desde la cordillera de los Andes hacia el departamento a través de una colonización espontánea, que no fue acompañada por el gobierno, y la cual aumentó con el auge petrolero en la década de los 60. Más tarde, en los 80, se instauraron cultivos de uso ilícito: la coca llegó al territorio para influir en los procesos de deforestación. De acuerdo con la tesis de Maestría en Desarrollo Rural del académico Ricardo Castro Hurtado, las zonas selváticas de Putumayo han resultado llamativas debido a su riqueza hídrica y a que muchas de ellas son formalmente “baldías”, es decir que son bienes públicos del Estado y pueden ser adjudicados bajo ciertos parámetros legales. 

Javier Revelo Rebolledo, profesor de la Universidad del Rosario y codirector del grupo de estudio Selva y Conflicto, coincide en que las tierras de la Amazonia colombiana tienen una serie de atractivos en comparación con otras del país, pues suelen ser más baratas por no estar integradas al mercado nacional e internacional, por no tener acceso a carreteras ni a servicios públicos. Así, muchas personas se han asentado en la región para establecer prácticas productivas y conformar sus familias, y eso ha generado cambios en el paisaje. 

Actualmente en municipios del medio Putumayo como Puerto Guzmán y Villa Garzón muchas familias se dedican a la ganadería. Esta actividad, muy rentable en áreas lejanas a los cascos urbanos, ha llegado al departamento a través de lo que se conoce como el “modelo caqueteño”, una forma de ocupación territorial basada en la ganadería extensiva y dilatada, en este caso, de norte a sur. “La gente deforestó, tumbó todo allí y se pasó a Putumayo. Eso es destruir la vegetación y el medio ambiente, pero a la vez es complejo porque no han habido alternativas que puedan sustituir eso, el ganado. Es casi la única salida que ha tenido auge”, asegura William. 

Durante el trabajo de campo de Selva y Conflicto, los entrevistados de Putumayo sostuvieron que tener una vaca o un novillo es como tener un cheque al portador fácilmente comercializable y que la ganadería es muy productiva y llamativa, pues de ella se genera tanto carne como leche y queso. Javier Revelo sugiere que la solución a la deforestación por esta actividad no está en criminalizarla o buscar erradicarla a la fuerza porque de ella dependen muchas personas: tanto grandes como pequeños propietarios, así como muchos desposeídos de la tierra. Una gran apuesta sería transformar las lógicas de desarrollo regional con criterios de justicia. Se necesita no solo una transición energética, sino también una transición agropecuaria. 

Comunidades en pie de lucha

Los impactos de las prácticas agrícolas, ganaderas y extractivas en Putumayo han generado un cambio en la vida, las tradiciones y las creencias de las comunidades. “Nosotros tenemos una historia de las negritudes, de personas antiguas que entraron acá cuando esto todavía era baldío. Un señor que ya falleció me contaba que las boas salían del agua a asolearse y así podíamos determinar el tiempo, el clima, los cambios para las cosechas. Esos animales ya no se ven. Ahí comienza uno a ver la pérdida”, menciona William.

Muchos de los habitantes de las veredas han desarrollado una conciencia ambiental y se propusieron defender el humedal Santa Rosa, que hoy en día se encuentra en riesgo. En principio, la gente que colinda con el cuerpo de agua hizo el compromiso de cuidarlo, respetarlo y no pasar el lindero que lo delimita. William, junto a más integrantes de la asociación, ha enviado a Corpoamazonia varias solicitudes. Una de las mayores propuestas es que el humedal sea reconocido como sujeto de derechos, así sería protegido por las autoridades competentes y se daría un cambio cultural en el que cuidar la naturaleza sería un deber ciudadano. La asociación también busca financiación para crear en Santa Rosa un centro de concientización, recreación y turismo. 

Además, el campesinado ha sugerido replantearse el modelo ganadero y volverlo silvopastoril, es decir que se críen vacas bajo condiciones más sostenibles y amables con el medio ambiente. Esta es una práctica en la que se siembra vegetación que sirve de comida para los animales y/o para delimitar los hatos en vez de tumbar árboles y poner cercos. Así sucesivamente, hay grandes proyectos que se pueden ejecutar, pero es necesaria la colaboración de Corpoamazonia y otras entidades porque “a punta de bolsillo campesino eso no se puede”, expresa el líder social.

La reforestación también ha sido una de las alternativas de las comunidades para restaurar el territorio. Por su parte el padre de William, Óscar Cruz, ha arborizado zonas donde el monte y la grama se habían secado. A sus 70 años de edad aún siembra samán, cedro, dinde, achapo, entre otras especies de árboles. “Todo es a fuerza mía, a fuerza bruta porque el gobierno no me ha ayudado. Eso es lo que vivimos aquí en las veredas”, dice Óscar. Muchos otros fincarios también se han comprometido con reforestar y han planteado estrategias para cuidar los afluentes y nacimientos de agua y los corredores ambientales.
 

El intento por revitalizar Solano

A diferencia de Putumayo, entre los años 50 y 60 hubo en Caquetá programas de colonización dirigidos por el Estado y ligados al fomento de la ganadería. Durante esa época se sentaron las bases del acaparamiento que se amplió hasta llegar a municipios como Solano, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, los cuales representan los más altos niveles de deforestación del departamento. Según Global Forest Watch, de 2001 a 2021 Solano perdió alrededor de 89 mil hectáreas de cobertura forestal, lo que equivale a poco más del doble de la extensión en kilómetros cuadrados de la ciudad de Medellín.

Las negociaciones de la Habana marcaron un punto determinante en el curso de la deforestación, de allí que 2018 haya sido el año más crítico para el municipio. En su especial El verde palidece, la Revista Semana relata: “Cuando la guerra dejó de aparecerse por la selva de Solano, comenzaron a llegar colonos ofreciendo 100 mil pesos por cada uno de los árboles que se habían demorado en crecer 80 o 100 años. (...) Justo en el momento en que las Farc se fueron y dejaron de imponer su ley, la gente se encontró sin qué comer. La hoja de coca era el combustible que hacía circular el dinero en la región”.

Y es que de acuerdo con el politólogo Javier Revelo, las Farc fueron autoridad en varias zonas de la Amazonia, además de que incorporaron la dimensión ambiental en el ejercicio de su poder político. El académico Teófilo Vásquez asegura que en el medio y bajo Caguán la guerrilla mantuvo un efectivo control territorial y reguló la vida social, política y económica de los habitantes. Entonces, con la desmovilización también cambió el poblamiento territorial, lo cual influye en las dinámicas de deforestación. “Había muchas regiones a las cuales no se podía entrar, era necesario tramitar permisos con la insurgencia. Ahora ha llegado cada vez más gente a estas zonas”, sugiere Javier.
 

Sembrar de nuevo

Tropenbos Colombia es una fundación que contribuye a la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y lleva trabajando 30 años en el sector de Araracuara, municipio de Solano. En 2018 comenzó a trabajar en la parte norte del municipio de la mano de TNC (The Nature Conservancy), una organización que desde entonces ha sido aliada de Tropenbos para acompañar la implementación de planes de manejo. Un año después, Tropenbos comenzó a adelantar un nuevo proyecto de restauración del bosque con las comunidades locales. 

En 2020 la alcaldía de Solano estableció cuatro acuerdos de articulación con organizaciones, entre ellas TNC, Tropenbos y Patrimonio Natural, con fin de apoyar el cumplimiento de la Sentencia 4360, emitida por la Corte Suprema de Justicia y con la que se ordenó al municipio formular un plan de freno a la deforestación. Aunque el fallo se hizo célebre por ser la primera sentencia judicial en el mundo en proteger a la Amazonía, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) pidieron “declarar que no han existido avances significativos en el cumplimiento de la sentencia”.

Zunil Lozano, antropóloga y coordinadora de campo de Tropenbos, cuenta que uno de los proyectos de la fundación se ha enfocado en restaurar el bosque amazónico que ha sido talado y/o quemado. The Nature Conservancy ha acompañado la formulación de una agenda ambiental campesina y planes de manejo territorial de los resguardos indígenas. Gracias a esas herramientas de planeación, los habitantes han identificado zonas de recuperación y corredores de conectividad que pueden restaurarse.

Tropenbos acompaña los procesos de restauración prioritarios para la gente, empezando por indagar los intereses ambientales de las comunidades: unas personas están enfocadas en la restauración con pioneras y frutales amazónicos, otras buscan recuperar fuentes hídricas y algunas quieren enriquecer bosques secundarios con árboles maderables. Su objetivo es, en cualquier caso, aportar a la sostenibilidad del medio ambiente, así como a la economía de los caqueteños. Una de las propuestas ha sido sembrar bosques para el aprovechamiento humano, animal y para el cumplimiento propio del ciclo de la naturaleza. Actualmente hay decenas de iniciativas de reforestación que se han impulsado en acuerdo con las Juntas de Acción Comunal y las autoridades indígenas. “Estamos trabajando con 8 resguardos y con 12 veredas campesinas. Son 100 familias las que están involucradas en la restauración del bosque”, expresa Zunil. 

Aunque por el momento Tropenbos pretende consolidar estas iniciativas de restauración productiva, también plantea que la administración municipal y otras organizaciones aliadas que vienen trabajando conjuntamente en Solano, e incluso en otros lugares del bioma amazónico, puedan inspirarse para llevar a cabo propuestas similares y escalar su impacto. “La idea es que tengamos una sistematización juiciosa de cómo lo hacemos y así se pueda replicar, de pronto que Corpoamazonia lo adapte. Con esa adopción las comunidades locales podrían demostrar al gobierno que las alternativas de cuidado del medio ambiente son más efectivas que las vías coercitivas para frenar la deforestación. No solo restauran el bosque, sino también el entramado social”, menciona la coordinadora
 

Conciencia y gobernanza ambiental  

Las personas judicializadas por deforestación suelen ser parte del eslabón más débil de la cadena, por lo general los campesinos que son contratados para tumbar monte o para quienes su única manera de subsistir es a través de los cultivos de coca. Según Simón Uribe, politólogo y codirector de Selva y Conflicto, con esas estrategias punitivas no se atacan las causas estructurales del fenómeno. “Es una política de criminalización, de asumir que la deforestación es la ausencia de ley que debe imponerse en el territorio. Eso desconoce las profundas dimensiones sociales que están arraigadas al problema”, afirma. 

La respuesta coercitiva a la deforestación durante los últimos años puede configurar una nueva guerra que corre el riesgo de repetir los mismos errores, de fracasar, perpetuar la relación conflictiva entre el gobierno y las comunidades y dejar mucha sangre en el camino. “Con esas medidas poco se consideran las posibilidades reales de la gente, poco se escucha a las personas y por qué hacen lo que hacen. No se reconoce la racionalidad que hay detrás de algo como la deforestación, y eso es lo mismo que se hizo con el campesino cocalero”, concluye Javier Revelo.

Entonces, Tropenbos desarrolla otro proyecto en el que forma a las comunidades para que tengan herramientas para su defensa y puedan tomar decisiones desde el conocimiento, así como genera espacios de reflexión en torno a las formas de combatir la deforestación. “Operaciones como Artemisa sacan a las personas de los Parques Nacionales Naturales, pero se ha evidenciado que esas estrategias no tienen mayor efectividad. Con la academia, las instituciones y la población local buscamos evidenciar que existen otras formas de hacerle frente a este fenómeno, que lo mejor es que la gente que habita el territorio tenga los elementos requeridos para liderar proyectos comunitarios del cuidado del medio ambiente y así viva de manera digna”, sostiene Zunil.

La gobernanza ambiental por parte de las comunidades es un factor determinante, pues a través de ella se pueden generar acuerdos para consolidar zonas de restauración intercultural y mecanismos de protección a cuerpos de agua. Hoy en día La alcaldía de Solano junto con Tropenbos, TNC, Fundación Natura, ACT y Pastoral Social, está actualizando El Plan de Freno a la Deforestación del Municipio de Solano y el Esquema de Ordenamiento Territorial, herramientas clave para esa gobernanza ambiental y que darán insumos a los actores del municipio para actuar a mediano plazo. 

Con las propuestas de restauración Tropenbos interviene en lugares específicos, a una escala más pequeña, pero la idea es que a partir de su participación en la planeación de esos instrumentos se pueda escalar la propuesta para que todas las  zonas de bosque restauradas se puedan conectar y esa conectividad se vuelva esencial para las personas que viven allí.
 

Guaviare: “Silenciaron los fusiles, pero se encendieron las motosierras”

Guaviare ha sido un departamento con alta presencia de grupos insurgentes sobre todo en el municipio de Calamar, de donde es Felipe Henao, joven activista de la región. Él cuenta que antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc se escuchaban muchos comentarios de personas inquietas por la desmovilización: “La preocupación de mis amigos, vecinos y campesinos era: ¿Y qué va a pasar ahora con la naturaleza, con el bosque, si los que mandaban acá eran ellos?”.

El miedo surgió porque ante la ausencia de la guerrilla podrían llegar distintos actores a apropiarse de las tierras, pues gran parte de ellas son baldías. Esa realidad no estaba tan lejana. Grupos residuales de las Farc fomentaron el negocio lucrativo de permisos de deforestación. Así, empresarios, grandes ganaderos y actores con poder adquisitivo han pagado por tener acceso a la tierra y tumbar el bosque, una forma en la que se autoproclaman como sus dueños.

“Silenciaron los fusiles, pero se encendieron las motosierras. Llegó gente nueva, con mucho presupuesto, y desplazó a los campesinos. Donde antes había una escuela y un centro médico, hoy ya no existe ninguno de los dos porque pocas personas son dueñas de todo ese territorio”, asegura Felipe. De acuerdo con Angélica Rojas, coordinadora de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) en el Guaviare, en esos procesos de negociación los actores armados cumplen un rol de policía: facilitan la entrada al territorio, garantizan ciertas condiciones de seguridad y dan órdenes.

Las Juntas de Acción Comunal están atravesadas por dicho conflicto. Mientras trabajan de la mano de las autoridades y el gobierno, se ven forzadas a rendir cuentas y cumplir lo que demandan los grupos al margen de la ley. Una de las órdenes es que las veredas deben destinar 50 de sus hectáreas o más a la deforestación. “Ese no es un tema que se debate en espacios departamentales o nacionales ni se le ve como un factor de alta influencia en la deforestación, aunque haga parte del engranaje maquiavélico que permita que los bosques sigan siendo los más afectados”, afirma Felipe.

Angélica explica que las familias que entran a las áreas protegidas, en este caso al Chiribiquete, lo hacen principalmente por dos razones: no hay gobernabilidad y no se ha resuelto la histórica deuda agraria. Muchas personas viven en condición de pobreza y de acoso por parte de actores armados, y frente a ello no les queda más opción. De acuerdo con la coordinadora es una situación injusta e irónica porque Guaviare, teniendo la mayor reserva campesina del país, también tiene las mayores condiciones de latifundio.

Por su parte, los indígenas también se han visto afectados. “Cada vez están siendo más permeados por ganaderos y acaparadores de tierra que han visto la oportunidad en el desconocimiento de las comunidades étnicas y culturales para poder irse adentrando en los resguardos”, menciona Felipe. Un caso es el del resguardo indígena La Fuga en San José del Guaviare, donde cuatro mil de las siete mil hectáreas que le pertenecen están en manos de colonos cuya mayor economía es la ganadería. “El Estado no ha hecho mucho por devolverles esas tierras a las cuales tienen derecho”, agrega.
 

Unión por la naturaleza

Felipe es fundador y líder del proyecto ambiental “Pipe Q-ida, guardianes del Chiribiquete”, el cual nació ocho meses antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Ante las preocupaciones por la ausencia de la guerrilla, Pipe Q-ida se propuso educar, capacitar y crear conciencia de que no tenía que haber una dependencia de esos grupos al margen de la ley, sino que, como ciudadanos y como guaviarenses, podían tomar acción.

“Cuando comenzamos nos preguntaban por qué hablábamos de cuidar el bosque en una región donde los árboles abundaban, por qué cuidar el agua si el río nunca se iba a secar”, dice Felipe. Actualmente, la iniciativa está conformada por más de mil voluntarios que han tenido acciones de impacto. Han sembrado 45.570 árboles en el departamento, han recogido decenas de toneladas de desechos en ríos y humedales y más de 1.800 familias han participado en sus talleres, capacitaciones y cursos de formación de jóvenes y liderazgo ambiental.

A través de su gran activismo en redes sociales, Pipe Q-ida también pretende convertir a la conservación del medio ambiente en una “moda”, en una tendencia en redes sociales. También espera conectar con nuevas personas, conocer cómo pueden aportar y sobre todo, que aprendan sobre la región y reconozcan el valor sagrado que tiene para las comunidades. “Somos embajadores de la biodiversidad y la vida en este territorio, creemos que tanto el Amazonas como el Chiribiquete requieren atención especial porque de ahí dependen muchos factores para la calidad de vida no solo de esta generación, sino de las futuras”.

Hoy en día el proyecto se ha convertido en un símbolo del trabajo de conservación. Además de los jóvenes, a sus siembras se han unido asociaciones campesinas, operadores de turismo, estudiantes del SENA e incluso la fuerza pública. “Yo siento que en el departamento ya hicimos nuestro trabajo y estamos listos para volar a otros como Caquetá, Putumayo, Vaupés, Amazonas, Guainía. Consideramos que la semilla que hemos sembrado en el Guaviare es un claro ejemplo y un buen piloto para decirles a los demás que es cuestión de ejemplo y que el éxito está en la constancia”, concluye Felipe.

Según la FCDS, a principios de 2022 Calamar, Solano y Puerto Guzmán representaron respectivamente el 6,80%, el 6,14% y el 5,19% de pérdida de cobertura vegetal a nivel nacional. Las historias aquí contadas reflejan la complejidad de la deforestación y los conflictos asociados a ella, así como las iniciativas que han surgido en colectividad para combatirla en cada uno de dichos municipios y sus alrededores. La invitación a la institucionalidad es que sus políticas y estrategias sean diferenciadas y no acudan a la violencia, sino que partan de escuchar las voces de las comunidades afectadas que hoy en día se abanderan de esta lucha tanto ambiental como social.

Actualizado el: Mié, 09/07/2022 - 08:31

Por: Pilar Puentes Espinosa

Campesinos de la zona bananera llevan 22 años desplazados de su tierra, fueron violentados, tanto hombres y mujeres fueron abusados, todos tenían miedo de hablar, pero llegó la restitución y creyeron que un nuevo comienzo estaba por llegar. Sin embargo, tras cuatro años de que el juez de tierras fallara a su favor nada ha pasado. 15 familias campesinas no han logrado retornar a la finca La Nigrinis, en el municipio de  Puebloviejo, Magdalena. Es indispensable que La Agencia Nacional de Tierras, ANT, entregue las adjudicaciones correspondientes. La entidad se ha negado sistemáticamente y las demás órdenes del juez no han podido llevarse a cabo sin la titularidad de la tierra. 

El 31 de octubre de 2018 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras expidió la sentencia  con la órdenes y las familias solo han recibido negativas por parte del Estado. Un año después, el 30 de julio de 2019, se les entregó materialmente el predio.

“No se ha avanzado en absolutamente nada”, afirmó Daniela Paredes, abogada de la Comisión Colombia de Juristas y representante de las familias reclamantes. Para que se adelanten las demás órdenes judiciales es indispensable que la comunidad tenga los títulos de propiedad. La Nigrinis al ser un predio baldío debe ser titulada por la ANT a favor de los beneficiarios de la restitución. Sin ellos, nunca tendrán acceso al proyecto productivo ni a la vivienda que también ordena la sentencia de restitución, lo que conlleva a  que no regresen a la tierra que se les devolvió, luego de que los paramilitares del Bloque Norte en el año 2000 les dieron 24 horas para abandonar los predios. 

La ANT viene justificando desde 2019 por qué no ha expedido las resoluciones de adjudicación. La entidad informó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que no era la entidad competente para llevar a cabo la división material del predio, y que esta debía ser llevada a cabo por la URT. Después, la ANT argumentó que el predio estaba en una zona inadjudicable y por ello no podía ser entregado a los beneficiarios. Para la CCJ, la ANT está abriendo discusiones que ya fueron analizadas por la URT en la etapa administrativa, y discutidas en el respectivo trámite judicial en el proceso de restitución de tierras, con el único objetivo de dilatar sus obligaciones frente a la adjudicación de baldíos, afectando directamente el derecho a la reparación integral de las víctimas.  

No solo son las demoras en las adjudicaciones sino la situación de riesgo en la que actualmente se encuentra La Nigrinis, ante la llegada de invasores o ‘tierreros'. La CCJ de manera reiterada ha venido informando al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena los incumplimientos a las órdenes de la sentencia, que han derivado en que terceras personas que no tienen la calidad de víctimas y no se hicieron parte del proceso de restitución, ingresaran al predio La Nigrinis.

 En esta solicitud se señaló lo siguiente “debido al estado de abandono en el que se encuentran actualmente los predios, personas aún sin identificar, iniciaron labores de limpieza de los predios (sic) con la intención de invadir los mismos, sin tener en cuenta que se trata de predios de propiedad privada, restituidos en el marco de un proceso de restitución de tierras” . 

Pese a que la CCJ ha solicitado al Tribunal Superior de Cartagena iniciar el incidente de responsabilidad frente a la ANT por el incumplimiento de la orden relacionada con la titulación de las parcelas, el despacho no ha accedido a tal solicitud. Fue hasta que el 17 de marzo del 2022, que el Tribunal emitió un auto, en el que ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras instalar vallas en el predio La Nigrinis, en las que se anuncie que se trata de un predio restituido en el marco de un proceso de restitución de tierras, y así mismo ordenó al inspector de Policía de Puebloviejo iniciar acciones con el objetivo de evitar la ocupación del predio de otras personas ajenas a la restitución.

Las 15 familias siguen a la espera de tener los títulos de las parcelas que recuperaron mientras cada día que pasa sienten que están más lejos de volver a La Nigrinis. Muchos ya son adultos que superan los 60 y 70 años y no tienen la energía de volver a arar la tierra, montarse en una moto dos horas desde el casco urbano para llegar a construir. 

Mucho menos quieren volver si más de la mitad de la comunidad, que incluye reclamantes de otras tres fincas, no logrará regresar al Chimborazo, como se llama el predio más grande en el que se encuentra La Nigrinis. “Ellos creían que la restitución iba a ser un proceso expedito y que iban a regresar todos y no fue así. Muchos no quieren volver por las mismas dificultades”, afirmó la abogada de la CCJ. 

Un triunfo incompleto

Es difícil hablar de la historia de La Nigrinis sin contar la historia del Chimborazo, de Cantagallar y de Ceibones. La comunidad de los cuatro predios, todos ubicados en el corregimiento de Tierra Nueva, en el año 2000 tuvo que dejar el trabajo de años, las cosechas y sus viviendas, después de ser víctimas de confinamiento y trabajos forzados, violencia sexual, amenazas y otros hechos victimizantes que finalmente ocasionaron el desplazamiento forzado de aproximadamente ciento cinco familias campesinas. Con la expedición de la Ley 1448 de 2011 las familias del caso El Chimborazo  creyeron en la posibilidad de que se les restituyeran las tierras que se vieron obligadas a abandonar por causa y con ocasión del conflicto armado, es así, como en el 2016 mediante solicitud de restitución de tierras acudieron ante un juez para que ordenará la restitución jurídica y material de sus parcelas. Sin embargo les negaron la solicitud de restitución de tierras, excepto a las 15 familias que pidieron La Nigrinis. 

Como lo relató la abogada, Daniela Paredes, que representa a las 103 familias de Puebloviejo, la entrega de La Nigrinis fue un triunfo parcial. Todos los habitantes de las cuatro fincas hacen parte, de lo que la justicia ha llamado, el caso El Chimborazo, sin embargo solo 15 fueron reconocidos en el proceso. La sentencia dictaminó que no fueron restituidos los otros tres predios que reclamaban los demás solicitantes. 

La sentencia que devolvió el predio La Nigrinis solo se diferencia de los otros tres en una cosa: era un baldío de la nación. Los demás eran propiedad privada, por lo que el tribunal pudo constatar que tenían títulos debidamente inscritos. Para la CCJ, “la Nigrinis fue restituida porque era baldío,  y los demás predios solicitados no tenían la calidad jurídica de baldíos. El despacho no encontró probados los elementos de la posesión”, afirmó la representante de la comunidad ante el Tribunal

A la Agencia Nacional de Tierras se le pidió priorizar a las familias que se les negó la restitución en los programas de acceso a tierras. La Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, ha adelantado las solicitudes, pero casi cuatro años después la ANT no ha avanzado, dejando a las familias a la deriva por parte del Estado. 

Según la abogada Paredes, “fue muy duro pararse delante de la comunidad y decir: a 15 les restituyeron a los otros no. El Tribunal nunca dimensionó las consecuencias de esa decisión: quebrar un tejido social  y comunitario”. 

Los obstáculos no paran

La restitución, como bien se explica en la Ley 1448 de 2011,  es integral con miras a mejorar las condiciones de vida y subsanar el estado de vulnerabilidad. El retorno a La Nigrinis es una deuda no saldada con las víctimas del Bloque Norte que no se terminó con la sentencia y tampoco acabará con la adjudicación de los predios que conforman La Nigrinis. 

Las condiciones en que está la carretera, la situación de seguridad en la región y especialmente para los líderes y líderes sociales no permiten un retorno que les garantice mejorar sus condiciones de vida. 

“No sé cómo se va a materializar la orden de vivienda.  El predio queda a dos horas del casco urbano, los camiones se hunden en la carretera, se voltean, la vía está en unas condiciones terribles. No sé cómo van a llevar los materiales de construcción”, afirmó la abogada Paredes. 

La lideresa Beatriz narró las condiciones de pobreza que viven los reclamantes que no les permite viajar hasta el predio o hacer esfuerzos para hacerlo en medio de caminos maltrechos. “Nosotros no tenemos nada. La restitución no llega, las indemnizaciones tampoco, ya somos mayores y en las fincas ya no nos contratan para jornalear”, afirmó.  La comunidad espera que las entidades les respondan y mejoren no solo el predio sino la vía y así poder transitar dignamente

Para la CCJ saben que cumplir la orden de vivienda puede convertirse en otro litigio dada la poca voluntad y los múltiples obstáculos para cumplir la orden del juez. Algunos de los reclamantes ya no quieren regresar al predio por las condiciones de la vía. “¿Cómo van a ir al mercado o al centro de salud  cuando los carros se quedan atrapados en la carretera. No hay medios de transporte?”, afirmó la abogada. 

Todos los reclamantes tienen una vocación agraria innegable. Ninguno pidió la restitución por equivalencia, es decir el dinero o un predio con características parecidas a La Nigrinis,  querían regresar a la tierra que lucharon y trabajaron pero no esperaban una respuesta del Estado negativa por un lado, y por el otro que las órdenes no se cumplieran. Sin embargo, Beatriz y los campesinos siguen luchando por mantener unida a la comunidad del Chimborazo. 

“Cuando fui despojada tenía 37 años, ahora tengo 56 años. Ya no tengo la misma fuerza. Hace cuántos años fuimos y pedimos la tierra y para qué. Los restituidos ni siquiera han podido volver y no hay cómo volver”, enfatizó la lideresa. No solo son las carreteras las que se suman a los problemas no resueltos por el Estado. En La Nigrinis tampoco hay agua. Los reclamantes han buscado cómo hacer un pozo, pero como ellos lo explican vale más de 11 millones de pesos y no tiene con qué comprar una libra de carne que vale 13 mil. 

La resistencia 

Para las víctimas de El  Chimborazo la guerra bajó en intensidad pero no se ha ido. Tanto Beatriz como otros líderes de tierras han tenido que gestionar sus propios protocolos de seguridad ante la falta de respuesta del Estado.

“Si hay que presentarse en algún lado o llevar algún documento, mis compañeros me ayudan con mil o dos mil pesos. No se les puede pedir más”, afirmó Beatriz. Mientras esperan que la ANT los priorice en los programas de acceso a tierras están gestionando un proyecto con la Universidad del Magdalena.

Mientras esperan la respuesta del Estado,  la comunidad desarrolla un proyecto junto con la Universidad y la Cámara de Comercio, para hacer abono orgánico. Para ello necesitan hacer un pozo porque les va a regalar una turbina sumergible y una plata solar.  En palabras de la lideresa, “las familias de Nigrinis y algunos otros están animados con la posibilidad de este nuevo proyecto”. 

La Universidad los ha capacitado con ingenieros para conocer los lombricultivos y mejorar las prácticas agrícolas. “Es un apoyo fundamental en cuestiones agrarias. La ingeniera que tenemos se ha caído de la moto porque están muy malos esos caminos, se para y seguimos trabajando. Es la única forma de mantener a la comunidad unida”, señala la lideresa. 

Tanto Beatriz como la comunidad tienen muchos proyectos para trabajar la tierra de la mejor manera. Habla rápido y emocionada de una iniciativa para certificar las semillas, de abono, de lombricultivos, de tener un distrito de riego para los cultivos de pancoger.  “Nos estamos alistando para cuando podamos volver, ya sea a Nigrinis o cuando salgan nuevas adjudicaciones”. 

El Chimborazo sigue siendo una tarea pendiente de la nueva administración del Estado. La CCJ espera que pronto se resuelvan y se cumplan las órdenes de la sentencia. Beatriz sigue luchando para no dejar quebrar a la comunidad y continuar ayudando en el proceso mientras siguen latentes las violencias a los líderes y lideresas en el país.  Solo esperan que a principios del próximo año salgan los 15 actos administrativos para comenzar a construir viviendas y consolidar tantos proyectos. 

Actualizado el: Mié, 09/07/2022 - 18:10

Por: Pilar Puentes.  *Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.

Una semana antes de que lo asesinaran, José Luis Quiñones, líder de tierras y ambiental, reunió a 200 familias en Tamalameque, en el departamento de Cesar, para organizar —por tercera vez— lo que estas comunidades campesinas llaman ‘la recuperación’ de la hacienda La Pola. El hombre, con voz fuerte y determinación les dijo: “Si muero, mi muerte no puede ser en vano. ¿Ustedes van a asumir el compromiso de recuperar la tierra y de permanecer en los territorios? Si es así, estoy dispuesto a dar la vida, pero necesito que todos nos comprometamos a cultivar y a trabajar  la tierra”.

Quiñones es el tercer líder de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC) asesinado este año. En febrero mataron a Teófílo Acuña y Jorge Tafur, figuras reconocidas a nivel nacional que también trabajaban en la recuperación de tierras y playones en las ciénagas de la cuenca media del río Magdalena Medio a través de ocupaciones por parte de campesinos.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía no avanzan y no ha habido respuestas del Estado a los reclamos, por el contrario, los integrantes de la organización han sido estigmatizados como invasores, así lo señalan voceros de la CISBCSC que defienden la tierras y las sabanas comunales del Sur del Cesar. Mientras tanto, más líderes de la organización, que adelanta otros cuatro procesos para recuperar playones, están en riesgo y recibiendo amenazas de muerte. Se desplazaron a Bogotá, cinco diás después del asesinato de Quiñones,  buscando respuestas  a sus luchas y acciones contra la violencia de la que han sido objeto, pero dicen que tampoco obtuvieron respaldo. 

Fabian Hernandez, vocero de la CISBCSC asegura que “nosotros desde la Comisión y desde el trabajo que desarrollaron Acuña y Tafur estábamos trabajando con José Luis, en lo que llamamos la construcción del memorial ambiental del complejo cenagoso de Zapatosa y del río Lebrija. Tierras que históricamente fueron utilizadas por campesinos”. 

La Comisión centra su lucha en recuperar los cuerpos de agua y las tierras que fueron arrebatadas por la violencia paramilitar a principios de los 2000 y proteger el complejo cenagoso pues, donde antes se pescaba, ahora hay cultivos y ganado. 

Jose Luis Quiñones coordinaba dos casos de recuperación de playones cuando, el pasado 2 de agosto, hombres desconocidos le dispararon. El primer caso tiene que ver con La Pola, un predio ubicado en el municipio de Río de Oro, que está en propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) —entidad que administra bienes que se encuentran en proceso de extinción o a los que se les haya decretado extinción de dominio— ya que perteneció a los hermanos narcotraficantes Mejía Múnera. El otro caso es el del predio Matarredonda, un terreno ubicado en Tamalameque, en lo que la comunidad llama “playones y sabanas comunales”.

Para el Estado, este último caso es el de un predio baldío reservado, es decir, una tierra de la Nación que por sus condiciones ambientales no puede ser adjudicado a nadie. Sin embargo, particulares, a través de una fiducia, alegan ser los dueños e iniciaron un proceso policivo para desalojar a las familias que ocupan el lugar.

La tierra es para la vida

Las comunidades campesinas del Cesar fueron desplazadas, violentadas y despojadas de las tierras que cultivaron por años por los paramilitares del Bloque Norte, en cabeza de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y el frente Héctor Julio Peinado comandado por Francisco Prada Márquez, conocido como ‘Juancho Prada’, así como por los narcotraficantes Miguel Ángel y Victor Manuel Mejía Múnera. Todos ellos acumularon predios en la zona.

Como lo explica Nadia Umaña, vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), durante el conflicto armado existieron transformaciones en los ecosistemas, especialmente en las ciénagas que comprenden el complejo de Zapatosa. Esta zona tiene unos playones que en épocas de lluvia se inundan, permitiéndoles a las comunidades pescar y, en las temporadas secas, sembrar cultivos que no superen los tres meses, sin afectar el ecosistema. “Nosotros pescamos y cultivamos según la época del año, cuidando el territorio porque el territorio es vida”, afirma otra persona de la Comisión que por razones de seguridad prefiere omitir su nombre. 

Durante la expansión paramilitar, y especialmente tras su desmovilización, terratenientes empezaron a desecar las ciénagas, preparándolas para la cría de vacas y búfalos, además de pequeños monocultivos de maíz. Umaña explica que desde la Comisión hicieron un proceso de cartografía social para que la gente recordara dónde estaban los cuerpos hídricos. “Las personas nos decían: ‘aquí hace 40 o 30 años había un espejo de agua o aquí había una ciénaga, ahora hay ganado’”, cuenta. 

La Comisión define a las nuevas economías del territorio como “economías de muerte”. “Significa la muerte de la vida campesina y también el exterminio de la vida misma, de los bosques secos tropicales que dependen de las ciénagas y de los humedales que ahora son usados para la ganadería extensiva”, sentencia Umaña, quien también hace referencia a la tala indiscriminada del bosque seco para proyectos de búfalos y palma aceitera.   

En 2018, el complejo cenagoso de Zapatosa, que abarca parte de los municipios de Chimichagua, Curumaní, Tamalameque, Chiriguaná en el Cesar y El Banco en el departamento del Magdalena, fue declarado como sitio Ramsar, la máxima medida internacional para la protección de estos ecosistemas. Como lo explica Carlos Vieira, integrante de Fundación Natura, “es el cuerpo de agua dulce de este tipo más grande del país y es la desembocadura del río Cesar al río Magadalena”, afirma. 

Vieira explica que Zapatosa es de vital importancia para la seguridad alimentaria y para las familias que viven cerca del río ya que si no existiera, probablemente las corrientes del río Magdalena arrasarían con las comunidades que se encuentran aguas abajo. A falta de estudios y estadísticas, el experto estima que por lo menos 7000 pescadores artesanales han cambiado las técnicas de captura de especies debido a la modificación de los ecosistemas.  

Para uno de los voceros de CISBCSC, la lucha que llevaba junto con Quiñones se centraba en recuperar la zona para volver a la pesca. “Los terratenientes han acabado con la flora y fauna, con el ecosistema de la ciénaga y contaminado el agua”, sentencia. 

Quienes conocían a José Luis Quiñones aseguran que no solo luchaba para que la comunidad de Tamalameque tuviera un pedazo de tierra para cultivar sino también para que el ecosistema cenagoso de Zapatosa funcionara y se incluyeran actividades agrícolas y pesqueras sin que no fueran una amenaza para la fauna y flora de la región. 

Violencia e impunidad siguen reinando en el Magdalena Medio

El primer informe del Sistema de Información de Violaciones a los Derechos Humanos contra lideresas y líderes ambientales, ha documentado 11 asesinatos —incluídas las muertes de Tafur y Acuña—, 19 amenazas, cuatro desplazamientos forzados y ocho atentados en todo el país, solo entre enero y mayo de este año. El informe liderado por Community Organized Relief Effort (CORE), una organización dedicada a combatir la desinformación sobre los conflictos armados y la construcción de paz en Colombia, advierte que las violencias contra estos líderes están relacionadas con proyectos de minería, cultivos de uso ilícito, hidrocarburos, deforestación y ganadería extensiva.

Los voceros de la CISBCSC han documentado y denunciado las amenazas de las que han sido objeto, especialmente desde hace siete años cuando empezaron con los procesos de recuperación de tierras y sabanas comunales. “Para nosotros es claro el patrón de sistematicidad en las violencias contra la Comisión y organizaciones similares a la nuestra, justamente porque luchamos en el corazón del conflicto que es el tema del uso y la tenencia de la tierra y la protección de ecosistemas estratégicos”, afirma Nadia Umaña

Los tres líderes de la CISBCSC asesinados no solamente lideraban procesos de recuperación de tierras sino, como lo narró uno de sus compañeros que prefiere el anonimato, sino que “mantenían la llama encendida para rescatar la vida campesina”. 

Fabián Hernandéz, uno de los coordinadores de CISBCSC, asegura que las amenazas empezaron  con llamadas de muerte en contra de José Luis Quiñones. Estas intimidaciones no estaban lejos de las que han recibido el resto de las vocerías y de las que, en su momento, recibieron Tafur y Acuña, asesinados en febrero. “Incluso los terratenientes nos han amenazado públicamente, recibimos llamadas intimidantes y también están los panfletos del Clan del Golfo [grupo armado narcoparamilitar], que delinque en la zona”, afirma Hernandez. 

Durante este año,  la Comisión presentó a la Alcaldía, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo varios de los mensajes y llamadas que les han hecho amenazándolos si no abandonan los siete casos que llevan. Muchas de las amenazas también han sido esparcidas como rumores: “los municipios en el Cesar están muy cerca y los líderes empiezan a recibir una ‘razón’ de que los van a matar. Parece como un chisme. Nosotros vamos a las autoridades y les decimos que nos están amenazado y nos piden que mostremos y les decimos: ‘nos dijo alguien que vive en tal municipio’ y la autoridad nos responde que eso no es una amenaza real”, comenta Umaña. 

Pero CISBCSC cree que esto no debería ser desestimado tan a la ligera pues ese fue el “modus operandi” de muchas de las intimidaciones que llegaban a las familias de los líderes Tafur, Acuña y Quiñones, que luego fueron asesinados.

Las amenazas de los grupos armados van acompañadas de la advertencia de que ese es un primer aviso y que llegarán atentados y asesinatos si continúan denunciando y visibilizando los impactos generados por los conflictos socioambientales en los territorios. Además, CISBCSC señala que toda esta violencia también ha sido acompañada por una estigmatización por parte de funcionarios que representan al Estado en los municipios. 

La personera municipal, Yennis Salazar, afirmó en medios locales que: “En Tamalameque actualmente se están realizando invasiones en predios públicos y privados, estos últimos con escrituras, estas personas se hacen llamar reclamantes de tierras, y el señor Quiñones era uno de los líderes. No tenemos conocimiento de parte de quien recibió las supuestas amenazas”.

Para la organización es claro que las autoridades han desconocido la práctica campesina de la recuperación de tierras comunales y playones que se ha hecho desde los años setenta y que está amparada en la Ley 160 de 1994 donde se señala que estas zonas deben ser protegidas y no entregadas a terceros.

La Alcaldía de Tamalameque conocía que Quiñones era un líder visible en el territorio y el peligro al que estaba expuesto tras las amenazas.  Pero, para la Comisión, siempre sucede lo mismo: “Las autoridades y el alcalde salen a decir que lamentan el hecho, que rechazan este tipo de violencias y que no conocían la situación del líder”, sentencia Umaña. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto se comunicaron con la Alcaldía de Tamalameque pero no se recibió respuesta.

Para los líderes ambientales y de tierras que quedaron luchando en el Magdalena Medio no hay voluntad política de proteger la vida, tanto de ellos como del ecosistema. Días después del asesinato de Quiñones, muchos de sus compañeros no pudieron trasladarse hasta el sepelio porque el Clan del Golfo emitió resticciones en la movilidad. 
Fue entonces cuando decidieron viajar a Bogotá para informar de la situación de violencia en el Cesar. Llegaron a la capital para informar a la Fiscalía que van tres asesinatos de líderes de su organización en lo corrido del año e innumerables amenazas. “Vemos que la Fiscalía llevaba los casos por aparte, el de Tafur y Acuña por un lado y el de Quiñones por otro”, afirma Nadia Umaña. 

Por ahora, las únicas declaraciones oficiales sobre el asesinato de Jorge Luis Quiñones fueron dadas por el coronel Luis León Rodríguez, comandante de la Policía de Cesar:  “Iniciamos la investigación sobre este caso con la Fiscalía y personal del CTI [Cuerpo Técnico de Investigación] para esclarecer este homicidio registrado en Tamalameque”.

Los grandes enredos con Matarredonda

Tras un proceso de cartografía social en el que identificaron dónde había playones hace algunas décadas y dónde se encontraban los baldíos de la nación en la zona, José Luis Quiñones asumió, junto con otro vocero de la CISBCSC, la lucha por el predio de Matarredonda. 

Un terreno de aproximadamente 1200 hectáreas, cerca del complejo cenagoso de Zapatosa. Como lo muestra el certificado de tradición y libertad, en 1955 el Ministerio de Agricultura le adjudicó a Ricardo Arturo Armel Londoño y Salomón Armel Londoño, el predio Matarredonda, mucho antes que la reforma agraria, a través de la Ley 160 de 1994, prohibiera la adjudicación de baldíos que representen un valor ecológico. 

Entre los años sesenta y setenta el predio pasó por otras manos hasta que, en 1974, fue hipotecado por el Banco Ganadero. El certificado, que muestra el historial de propiedad de la tierra, no tiene más anotaciones de transferencia. Sin embargo, el medio Verdad Abierta logró identificar que Matarredonda, y el predio colindante Machín Berlín, son administrados por Acción Sociedad Fiduciaria, aunque se desconocen qué personas están detrás de esta fiducia.

En marzo de 2021 Quiñones reunió a 150 familias campesinas y desde entonces están ocupando el predio Matarredonda. ¿Por qué siguen ahí? La respuesta jurídica es compleja: según la legislación colombiana, la persona que alega la propiedad de un predio, y lo invade, debe presentar una querella policiva por perturbación y la Policía tiene 24 horas para desalojarlos si esto aplica. Si la invasión se prolonga más allá de las 24 horas, la decisión la debe tomar un juez. Como las familias que ocupan Matarredonda no fueron desalojadas en el tiempo estipulado, ahora un juzgado debe definir la situación.

Según Jorge Niño,  abogado del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y quien acompaña a las comunidades, no es claro por qué una fiducia alega la propiedad del predio. “Ni siquiera están en Matarredonda, tienen un administrador que viene a veces”, además que estas tierras tienen una función ecológica que no les permite ser adjudicadas. En estos casos, continúa el abogado, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tendría que empezar un proceso especial agrario como la revocatoria de la adjudicación. Para Niño, otra opción sería que, junto con la autoridad ambiental, se diera un plan de manejo especial para las actividades que se desarrollan en Matarredonda o recuperar la tierra para que vuelva a ser un baldío de la nación. 

La CISBCSC le ha solicitado a la ANT información  para conocer el estado legal del predio pero Niño asegura que la entidad no contesta a las solicitudes y todo termina en tutela. Una de las últimas respuestas fue “que tocaba esperar al cambio de gobierno porque estaban en empalme”.

Poco después del asesinato de Jorge Luis Quiñones, la CISBCSC tuvo que enfrentarse a amenazas de desalojo de las 150 familias por parte de las autoridades de Tamalameque. “Así nos pasó con Tafur y Acuña. Los asesinan e inmediatamente empiezan a decir que van a desalojar con policía a la comunidad, cuando este proceso debe definirlo un juez y no está en los términos de ley. La comunidad ya lleva más de un año ahí”, afirma Umaña. 

Para la organización social, el problema radica en que el Estado no tiene voluntad de hacer un trabajo riguroso y sistemático en el inventario de baldíos y tierras comunales. 

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron comunicarse con la Alcaldía de Tamalameque y con la inspección de Policía pero no fue posible obtener respuesta. De igual manera se envió una solicitud a la Agencia Nacional de Tierras para preguntar si ha emprendido acciones de recuperación o de clarificación a las tierras que bordean la ciénaga de Zapatosa pero hasta la fecha no han contestado. 

Un nuevo intento por ocupar La Pola 

La comunidad campesina tenía todo listo para ingresar al predio La Pola cuando asesinaron a José Luis Quiñones. El terreno de 334 hectáreas fue adjudicado a Carlos Maichel en 1962 en el municipio de Tierra de Oro. Años después la tierra fue transferida a la Sociedad Carlos Maichel e Hijos y en 1995 fue vendida al narcotraficante Víctor Manuel Mejía Múnera. Este último le vendió la propiedad a José Barvo Mejía por 1600 millones de pesos y, seis años después, en 2006, quedó en manos de Juan Carlos Pérez.

Desde el 2006, hasta la fecha, La Pola ha pasado por la Subdirección de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que ha delegado a personas para que administren el predio. 

Como lo relató Verdad Abierta en su investigación, a Juan Carlos Pérez la SAE le quitó el predio en 2010 a pesar de que este aseguró que compró legítimamente y que no conocía que las tierras hubieran pertenecido a un narcotraficante. Como lo explica el abogado Niño, la disputa por la tierra viene de décadas atrás, cuando las familias campesinas ocupaban el predio y no conocían los trámites necesarios para legalizar la propiedad. “Luego fueron despojadas”, asegura. 

En febrero y mayo de 2022 Jorge Luis Quiñones organizó, con varias familias campesinas, la entrada al predio. Las dos veces fueron desalojados en menos de 24 horas. A principios de agosto iban a entrar nuevamente pero Quiñones fue asesinado antes de que esto se concretara.

Para Fabián Hernandez, de la CISBCSC, estas recuperaciones de tierras no buscan solo ostentar propiedad de la tierra sino obtener condiciones de vida digna y seguridad alimentaria. “Estas recuperaciones nos permiten que al menos 1000 familias puedan comer tres veces al día”, le dijo a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam. 

La recuperación de La Pola no ha sido un proceso sencillo, en una de las oportunidades en que los campesinos intentaron entrar, se encontraron con hombres armados. El abogado Jorge Niño asegura que no conocían a estas personas y tampoco se sabe si son hombres armados autorizados de vigilancia o son actores armados ilegales. Solo hay dos certezas: la primera es que una de las personas que está administrando el predio por parte de la SAE arrienda el predio para el pastoreo de ganado y la otra es que la comunidad no se rendirá en la recuperación del predio. Hasta el momento la SAE no ha contestado a Rutas y a Mongabay sobre la situación jurídica del predio. 

Para los voceros de CISBCSC completar los procesos de ocupación es honrar la memoria de Quiñones. Esperan que las autoridades aclaren la muerte de sus tres compañeros y de otro campesino de la zona pero también necesitan protección y respaldo estatal. A pesar del inminente peligro, señalan que seguirán luchando por la tierra que para ellos es la vida. 

Actualizado el: Lun, 08/29/2022 - 10:18

La restitución ha sido un proceso lento, según los solicitantes y las organizaciones que acompañan judicialmente a los reclamantes, que no acaba con la decisiones de los juzgados y los tribunales de tierras. Los contextos de violencia, las dificultades para acceder a la restitución, las demoras en la entrega de títulos y volver a comenzar un proyecto de vida tras el despojo son los obstáculos que tienen que enfrentar las víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Desde la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, en el gobierno Santos se generaron fallas que demoraron las decisiones de los jueces de tierras. Sin embargo, líderes de tierras  afirman que se intensificaron el el gobierno de Ivan Duque. Según cifras de la organización Forjando Futuro, dedicada al acompañamiento jurídico a las comunidades en la restitución, sea han rechazado al 65% de los reclamantes desde el 2011 y solo se ha restituido el 9 % .  

La Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 139.586 solicitudes y sean resuelto judicialmente 12.685 casos de despojo. Para el directivo jurídico de Forjando Futuro, Julio Cuastumal, “la Unidad ha adoptado una postura de negación de derechos frente a las solicitud de inclusión en el registro de tierras despojadas. Todo con el objetivo de cumplir las metas de gobierno de que están tramitando las solicitudes”, afirmó. Además añadió que a la negación se le suma un obstáculo más y es no conocer las razones con las que se tomó la decisión de negar la restitución.

La entidad expide una resolución que determina si el solicitante es aceptado para la inscripción en el registro de tierras despojadas o se le niega la restitución alegando que no cumplió con  el requisito de ser víctima de despojo. Sin embargo como lo explica Cuastumal, el proceso no permite conocer las razones del rechazo de las solicitudes, las víctimas que acuden a la Unidad de Tierras no logran acceder al porqué se les rechazó.  

Después de la masacre, el desplazamiento y el despojo recibieron un no  

Es el caso del predio Diana Maria en la vereda Guacamayal, en Zona Bananera. En 2016 los campesinos presentaron la solicitud de restitución de tierras y en dos años la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena la negó argumentando que los campesinos no realizaron mejoras como “cerramientos, construcción de viviendas y corrales para animales, actos de señor y dueño”, por lo que nunca hicieron labores en calidad de poseedores sino de solamente tenedores. 

Para el Tribunal no fue suficiente lo argumentado en la demanda. Esta explicaba la lucha por lograr volver al predios en el que trabajaron, primero como empleados de la familia Dangond de Castro y después como parceleros.  Diana María es vecina del predio La Marcela, ambos predios llevan los nombres de las primas de la familia De Castro. Los campesinos, de ambas fincas, que trabajaron por más de 20 años fueron desplazados y masacrados por el Bloque Norte. 

Las 47 familias de Diana Maria cultivaron la tierra hasta que su dueño Carlos Dangond murió en un accidente de tránsito. Su esposa, Teresita  Fernandez de Castro asumió la empresa pero se atrasó en la nomina. Llegaron a un acuerdo con los trabajadores para que ellos siguieran  explotando el predio por su cuenta. En  2001, en medio de la oleada de violencia que vivía la zona norte, paramilitares de las Auc llegaron a las fincas y asesinaron a los señores Diego García y Eduardo Cortés. El Bloque Norte dejó una advertencia que obligaba a los campesinos a abandonar la tierra por ser, supuestamente, invasores y colaboradores de la guerrilla. Las familias fueron desplazadas.

El Consejo Noruego para Refugiados, en 2014, capacitó a las familias de Diana María en sus derechos. En esa misma época el comandante paramilitar, José Gregorio Mangones, alias Carlos Tijeras, declaró en Justicia y Paz su participación en las masacres cometidas contra los campesinos de Diana Maria y La Marcela. En la audiencia libre señaló que Juan Manuel Fernández, hermano de Teresita Fernandez de Castro, fue quien ideó los asesinatos de los dos campesinos de Diana Maria. La Fiscalía inició un proceso del que fue absuelto por falta de pruebas.   

Las familias no volverán a las 110 hectáreas y los sueños de los reclamantes que ya cumplen más de 70 años  y se quedaron frenados por la decisión del juez.  Solo 7.166 sentencias se han proferido desde que se puso en marcha Ley de Restitución de Tierras en 2011, sin que ello sea garantía de ser restituidos o que se cumpla la orden judicial. 

Las demoras en los jueces 

Tras la desmovilización del Bloque Norte de las Auc, los campesinos de La Marcela, el predio de 201 hectáreas, liderados por José* llevaron su caso a la Unidad de Restitución de Tierras. Sin abogados, sin acompañamiento de organizaciones y con el temor de enfrentarse a una compañía internacional como la Dole Food Company le contaron a la entidad lo que habían sufrido en esa finca, cómo fueron desplazados, masacrados y a quienes sobrevivieron fueron obligados a trabajar en los cultivos de banano para los paramilitares. 

La Unidad aceptó el caso después de una larga investigación que requería reunir los testimonios de toda la comunidad. “Me tocaba ir y buscar dónde estaban viviendo ahora. Casi que llevarlos a Santa Marta para que contaran cómo nos habían sacado del predio al que bautizamos ya no como La Marcela sino como El Tiempo”, narró el líder. Este proceso tardó más de un año mientras se evaluaba si aceptaban a la comunidad en el registro de tierras despojadas mientras que a José lo amenazó un grupo armado no identificado. 

En junio de 2019 unos hombres armados llegaron a la casa del líder dispuesto a matarlo. Un compañero le avisó y logró esconderse en la casa de otro reclamante de La Marcela. Sus hijas recibieron la amenaza. José  ha interpuesto las denuncias ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección le había puesto un carro, dos escoltas, un chaleco y un botón de pánico. Sin embargo, este año le retiraron parte de su esquema de seguridad.

Cada mes debe sacar del poco dinero que recoge jornaleando en fincas vecinas para viajar a Santa Marta y preguntar en la Unidad qué ha pasado con su caso, qué documentos necesitan o si la empresa que explota el predio actualmente, Tecbaco, filial de Dole en Colombia, presentó la oposición a la restitución. Si eso ocurriese el caso de la comunidad de La Marcela se llevaría hasta un tribunal de tierras, seguramente al de Cartagena, donde está el caso de la hacienda La Europa.

A cinco horas de La Marcela, vive Andrés Narvaez, un campesino que no pierde la esperanza de regresar a la hacienda La Europa, en Ovejas, Sucre, en medio de los Montes de María,  después de presentar una solicitud de restitución de tierras hace nueve años. El lider también ha sido amenazado en múltiples momentos de su lucha por recuperar la tierra. Incluso en 2014 el capataz de la empresa que ocupa parte de La Europa le disparó cuatro veces: uno en la mano derecha, cerca al pulgar; otro en la mano izquierda y los otros dos en el pecho. La última amenaza fue un mensaje de texto a su celular en octubre de 2021.  (ver el caso La Europa)

Rutas del Conflicto envió un derecho de petición a la Unidad de Restitución de Tierras preguntando la etapa del proceso de restitución de Narváez. Nunca llegó la respuesta. El lider también interpuso una derecho de petición al Tribunal preguntando por qué se tardan más de nueve años en fallar si es restituido o no, tampoco le contestaron. 

Tanto para Narvaez como para José la restitución se quedó en promesas tras la desmovilización de los paramilitares. Los líderes siguen temiendo por sus vidas y no saben si algún día regresaran a la tierra que cosecharon y de la que fueron expulsados. “Yo aquí sigo peleando pero ya tengo mis años y si algo me pasa al menos que le quede la tierra a mis hijas y a mis nietos”, afirmó José. 

Las trabas para retornar

Después de tres años de que el Tribunal de Tierras de Cartagena aceptara el caso, le restituyó a 49 familias del predio Las Franciscas en Zona Bananera. Una tierra que fue adjudicada en los ochenta a la par de la llegada de los primeros paramilitares a la región. Las familias fueron desplazadas en múltiples oportunidades hasta que en 2002 no pudieron regresar por las amenazas del paramilitar José Gregorio Mangones, alias ‘Carlos Tijeras’. 

La sentencia declaró que la empresa que se opuso a la restitución, La Francisca S.A.S no probó “la buena fe exenta de culpa”  sin embargo, el Tribunal no compulsó copias para que la Fiscalía investigara la presunta responsabilidad de la empresa en el despojo y la violencia contra los campesinos.  El 17 de septiembre de 2019,  un año y medio después de la decisión del juez, se había estipulado para la entrega material del predio a los parceleros pero se impidió el ingreso a Las Franciscas bajo el argumento que se ponían en riesgo los cultivos que estaban en el predio por una emergencia biológica de un hongo que ataca las matas de banano. En noviembre llegó la entrega física de esas 147 hectáreas. 

Manuel Calixto Miranda, quien era representante legal de la Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a Las Franciscas (Aucrefran), que agremia a los pobladores de estas fincas, lideraba el proceso de restitución y de reparación colectiva. En 2020 comenzaron a desarrollar su proyecto productivo de siembra de banano. Al tiempo que comenzaron un proceso de reconstrucción de memoria junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica. 

En junio de 2021, Miranda falleció antes del lanzamiento del micrositio construido junto con el Centro Nacional de  Memoria Histórica. Tras una lucha de toda una vida por la tierra pudo disfrutar Las Franciscas durante un año y medio. 

En la vereda California, del corregimiento Nueva Colonia de Turbo, Antioquia; 10 familias lograron, también, la restitución en 2020.  Marta Cecilia Julio quien lideró a la comunidad y asesorada por la fundación Forjando Futuro logró después de 9 años la jueza del Juzgado de Tierras de Antioquia fallara a favor de la comunidad.  

En la sentencia se resuelve restituir tres predios que hacen parte de un gran predio denominado La Niña, en la que los paramilitares del Frente Alex Hurtado cometieron dos masacres y desplazaron a los habitantes. 

Tras la sentencia judicial que les devolvía los predios a la comunidad, le dio a la Agencia Nacional de Tierras 20 días para la resolución de adjudicación del predio “Niña Luz” a Marta Cecilia. La pandemia por el Covid 19 más las demoras administrativas retardaron la entrega.  Creían que tendrían que volver a esperar años para entrar a la tierra de la que salieron a la fuerza.  Tres meses después retornaron a California, junto con la Unidad de Restitución de Tierras lograron restablecer los cultivos de plátano y colocar en marcha un proyecto productivo. 

“Nosotros hicimos un ranchito para vivir ahí y para el señor que me ayuda con el cultivo”, afirmó Marta Cecilia. Todavía queda pendiente, según la orden judicial, las ayudas necesarias para la construcción de viviendas que también les permita reconstruir los lazos comunitarios que perdieron a causa del conflicto armado. La Fundación Forjando Futuro celebró la decisión del Juzgado, sin embargo, llamó la atención tanto en las demoras para lograr la restitución como la entrega material del predio y  las ayudas económicas. Además de pedir acompañamiento a las autoridades locales para proteger la vida y la integridad de las familias que regresaron.

Actualizado el: Mié, 08/17/2022 - 14:40

Por: Pilar Puentes Espinosa con la colaboración de Juan Carlos Granados 

El ganadero de Codazzi, Cesar, adquirió tierras en 2007 cuando los paramilitares del Bloque Centauros se estaban desmovilizado. El Secreto I, el Secreto II y el Secreto III ubicados en la vereda El Mielo, en Mapiripán, Meta. Los tres predios que suman 4.652 hectáreas están ubicados en este municipio de la Altillanura, en el que fueron perpetradas 37 masacres en la región, la primera de ellas en 1997 cuando la casa Castaño aliada con la fuerza pública y paramilitares de la región arribaron a Mapiripán causando un número aún indeterminado dede víctimas. (masacre de Mapiripán)

Las Autodefensas Unidad de Colombia enviaron a Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, desde el Urabá hasta el Meta con el objetivo de quitarle el negocio de coca a la guerrilla de las Farc. También, como se documentó en el libro Guerras recicladas, de la periodista María Teresa Ronderos, Don Mario fue el encargado de materializar un sueño de la Casa Castaño: “Volver al país un gigante de la producción de aceite de palma, fue lo que jalo a desembarcar tropas en Mapiripán (...). Allí testaferros y socios de su organización se apropiaron de tierras y alcanzaron a iniciar grandes sembrados de palma”. 

Don Mario se desmovilizó con el Blo que Centauros y en su proceso ante Justicia y Paz entregó 12 bienes que estaban en manos de testaferros del paramilitar en los departamentos del Meta y Vichada. Entre ellos entregó Los Agrados I, II y III vecinos de los predios Los Secretos. Sorpresivamente, también, entregó El Secreto III, predio que reclamó Mattos ante la Unidad de Restitución de Tierras y que Don Mario declaró que había usado los predios para el testaferrato . 

La solicitud 

Rutas del Conflicto pudo acceder a la resolución de negación a la restitución de los tres predios que pidió Edward Mattos. En este documento se registran los hechos que el ganadero le narró a la Unidad para ser considerado despojado, entre los que resalta cómo se hizo a la tierra en Mapiripán.

Mattos llegó con su empresa Agropecuaria Villa Diana, conformada junto con sus hijos Edward José, Laura y Diana Mattos de Castro y su esposa Tania Ines de Castro a Mapiripán.  En los folios de matrícula del Secreto I figura la compra que la empresa de la familia Mattos le hizo al adjudicatario José Guillermo Jimenez Cubillos en 2007. El Secreto II fue comprado también por la empresa a Óscar Jeferson Saavedra, ingeniero de la Cooperativa Palma del Llano. Según Indepaz, esta cooperativa englobó a Los Agrados -unió tres predios seguidos para conformar uno solo-, adjudicados irregularmente a dos trabajadores de Palma del Llano y a Diego Rivas Angel, un empresario que ha sido investigado por narcotráfico y lavado de activos, hermano del secretario del Ministerio de Agricultura del gobierno Uribe, en xxx año. Además Don Mario entregó como suyos Los Agrados para reparar a las víctimas en el proceso de Justicia y Paz.  (ver historia de Los Agrados)

El Secreto III fue comprado por Villa Diana a Rosa Delia Umbarila, esposa del adjudicatario del Secreto I. Una irregularidad en el proceso adelantado en su momento por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, ya que un mismo núcleo familiar no puede tener más de un predio rural para ser beneficiario de la Ley 160  de 1994. Mattos alegó que compró los predios por valor de mil quinientos millones de pesos, sin embargo, en la Oficina de Registros Públicos de San Martín, Meta, se registró la compra por el avalúo de cada uno de los predios. Por ejemplo, se anotó en el folio de matrícula que el Secreto I se había vendido por 44 millones de pesos. La URT advierte sobre la diferencia entre lo dicho por Mattos y lo que registran los folios de matrícula.  

En respuesta a estos hechos la Unidad de Restitución de Tierras llamó la atención en varios puntos: el primero, que los adjudicatarios vendieran tan solo 11 meses de haberse entregado el predio. Entre las condiciones que existen en la Ley 160 del 94, la Reforma Agraria, los campesinos “deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita” y “en todo caso, deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no inferior a cinco años para tener derecho a la adjudicación”. Trabajar la tierra por tantos años y venderla al poco tiempo generó dudas en la institución. 

Además, la Unidad señaló que en los folios de matrícula está la anotación hecha por el Incoder que prohibía “enajenar sin autorización expresa del Incoder dentro de los cinco años siguientes a la adjudicación”, condición que no se cumplió al venderle a Edward Mattos.

Sumado a ello, todas las ventas que se hicieran de predios en Mapiripán debían tener una  autorización del Comité de Atención Integral a la Población Desplazada, dada la situación de conflicto en la región y evitando que las transacciones se hicieran bajo presión de grupos armados. Sin embargo, la resolución que protegía los predios Los Secretos llegó después de la venta a Matttos Barrero. 

La Unidad resaltó que Villa Diana en cabeza de Edward Mattos como representante legal hasta 2010, acumuló Unidades Agrícolas Familiares, UAF, numero de  hectáreas necesarias para garantizar la subsistencia de una familia en un área rural. En Mapiripán la UAF está entre 1360 a 1840 hectáreas y los tres predios que compró Mattos suman  4.652  hectáreas. A todas luces una violación al articulo 72 de la Ley 160 que prohibe adquiirir la propiedad sobre terrenos originalmente baldios sin excede los limites de una UAF. 

En 2015, en un debate de control político sobre la acumulación de la tierra en la Altillanura se  había advertido que Edward Mattos estaba acumulando tierras de origen baldío. De igual manera,  se denunció que el hermano de Edward, el excongresista Alfonso Mattos también tenía tierra acumulada en Vichada, donde una comunidad indigena sikuani denuncia que fueron desplazados forzosamente de su territorio por la familia Mattos.  (ver historia). 

La Unidad le contestó a Edward Mattos diciendo que “para este despacho violó de manera flagrante lo establecido en el artículo 72 de La ley 160 de 1994. Los tres predios adquiridos provienen de baldíos de la nación y la sumatoria de las áreas de los mismos exceden ampliamente la UAF. Lo cual configura una ilegalidad conocida como acumulación de baldíos”, se lee en la resolución de solicitud de restitución. 

Para el despacho de la entidad, Mattos no cumple con las condiciones necesarias para ser restituido. Llama la atención que el empresario, hoy en la cárcel esperando juicio por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, pidiera la restitución del Secreto I y Secreto II cuando en 2016, una mujer llamada Edith Torres alegó ser la dueña de una parte de la propiedad de las fincas. En los folios de matrícula de los predios aparece que el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare fallo a favor de estas pretensiones a un abogado que compró los derechos de Torres. La familia Mattos de Castro perdió la mitad de cada uno de los terrenos. Al tiempo que se adelantaba este pleito en un juzgado del Guaviare sobre la propiedad, Mattos iniciaba la solicitud de restitución.

El sembrado de palma continúa 

El Secreto III en su entrada tiene una valla que dice que ese predio está siendo administrado por la Unidad de Víctimas. Daniel Rendón, alias Don Marío, después de declarar en las audiencias de Justicia y Paz, que esta fica y otras en el Meta  eran utilizadas por testaferros y entregó la tierra como forma de reparación a las víctimas del Bloque Centauros. El paramilitar alegó que era un predio de su propiedad y omitió que la titularidad está en manos de Agricola Villa Diana y la familia Mattos de Castro. 

Rutas del Conflicto preguntó a través de un derecho de petición a la Fiscalía 38 de Justicia y Paz por qué Don Marío entregó solo uno de los Secretos o por qué entregó el Secreto III si era propiedad de empresario cesarense. A la fecha no se ha obtenido respuesta. 

Al Fondo para la Reparación de las Víctimas le llegó el predio El Secreto III el 12 de marzo de 2012. En ese momento tenía sembradas 444 hectáreas de palma de aceite. Según el Fondo la palma estaba en un pésimo estado de conservación que debían atender de inmediato ante una posible plaga. Según “el acta de recepción por orden del magistrado de control de garantías fiscalía 38 delegada Unidad Nacional Para La Justicia y La Paz; se puede evidenciar el mal estado en que se recibieron los cultivos de palma”. 

La producción servirá para reparar a las víctimas, ya que la Fiscalía no ha aprobado la extinción de dominio y por ende el Fondo no ha podido vender la finca. El Secreto III durante los últimos años ha aumentado la producción en más de un 200%, según datos de la Unidad de Víctimas. En el cultivo trabajan 29 personas de las cuales 14 son víctimas del conflicto armado, para la entidad es la oportunidad de dar un trabajo digno y que contribuye a una reparación integral. 

Sin embargo, el Fondo no ha podido administrar plenamente el predio. Desde que asumieron su administración en 2012 se han presentado invasiones y por lo que presentaron acciones policivas y penales. “Son conocidas por la Inspección de Policía de Mapiripán, hasta la fecha no arrojan resultados por razones, tales como, inactividad en los despachos de los entes de control, otra por falta de policía judicial en la zona y  por condiciones de orden público”, afirmó la entidad   

Además advierten que están respondiendo a una querella policiva por perturbación a la servidumbre adelantada por Milciades Ignacio Forero contra la Unidad. Presuntamente,  está ocupando una porción de tierra que dice ser de Forero, para la entidad esta situación es inconsistente ya que quien tiene la administración total del predio es el Fondo. A la fecha, la Unidad de Víctimas desconoce si Edward Mattos o alguna persona de su familia o trabajador están involucrados en los procesos de ocupación ilegal y el adelantado por Forero. 

Han pasado 10 años desde que el Bloque Centauros se desmovilizó, tiempo que ha dejado más preguntas sobre la participación de Edward Mattos en el conflicto y su relación con Don Mario. También falta conocer cómo Villa Diana perdió más de la mitad de los predios por un proceso de pertenencia en un juzgado del Guaviare mientras que las víctimas del despojo de Mapiripán y los dueños originales de esas tierras esperan a que algún día puedan disfrutar la tierra a la que llegaron los paramilitares. 

Actualizado el: Mar, 08/16/2022 - 14:57