Por: Juan Carlos Granados Tuta

El Bajo Cauca es una región de Antioquia compuesta por los municipios de Tarazá, Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Esta zona cuenta con 260.681 habitantes según el DANE a corte de 2020, y los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) revelan que en esta zona hay 226.703 personas afectadas por el conflicto armado. Esto significa que casi el 87% de esta población ha sido víctima de la guerra. 

Todos los caminos conducen a Mineros S.A. 

​​A inicios de 2021, la Comisión de la Verdad realizó una serie de diálogos en el Bajo Cauca debido a la crisis humanitaria que se presentó en la región en ese momento. Los distintos sectores sociales expresaron los problemas que históricamente se han presentado en la región y señalaron que el Estado debía actuar con extrema urgencia sobre el territorio. “No hay acceso a tierras y el modelo de desarrollo, basado casi exclusivamente en la minería, se mantiene intacto”, dijo un líder social de la zona. 

El artículo 156 de la Ley 685 de 2001 establece que los mineros ancestrales o barequeros, aquellos que se dedican a la extracción de oro sin maquinaria pesada, deben solicitar autorización al propietario del título minero para trabajar en sus terrenos. Este apartado también menciona que si hay conflictos entre el propietario del permiso de explotación y las comunidades, es el alcalde de la zona el que debe interceder entre ambos actores para solucionar el problema.

Carlos Zapata, director del Instituto de Capacitación Popular (IPC), una organización  que ha investigado el conflicto social en la zona, dice que esta ley afectó a los barequeros debido a que dificulta el acceso al trabajo a una parte de la población que ha convertido la minería en su sustento diario. La norma considera explotación ilícita a toda exploración realizada sin título minero, así como la comercialización del oro extraído. 

El 23 de abril de este año, Andrés Restrepo Isaza, presidente de Mineros S.A., le dijo a El Colombiano que la empresa ha devuelto más de 45.000 hectáreas con fines de conservación y formalización. Rutas del Conflicto envió el 30 de marzo un cuestionario a esta compañía preguntando por la cantidad de terrenos que tiene en desuso, sobre las investigaciones ambientales que le han abierto a Mineros S.A. y sobre la estigmatización de las comunidades que reclaman acceso a tierra. La compañía no respondió los cuestionamientos. 

El paro minero de este año no es el primero que se realiza en la región. Desde el 2012, las comunidades se han manifestado en reiteradas ocasiones por las complicaciones y estigmatización que tienen a la hora de hacer minería. Las tensiones se incrementaron hasta llegar a la última crisis humanitaria del Bajo Cauca. 

La tierra que posee el gigante de oro

Mineros S.A. se constituyó en 1974 y cuenta con un Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP) de más de 35.000 hectáreas en Bajo Cauca desde 1992, según el catastro minero. La jurisdicción de su dominio parte de la cuenca del río Nechí y abarca a los municipios de El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí. El tamaño de estas propiedades es casi el de la superficie de Medellín, incluyendo sus áreas rural y urbana. La capital antioqueña tiene 37.640 hectáreas de extensión. 

La filial que lleva a cabo la explotación de metales preciosos en este RPP es Mineros Aluvial S.A.S BIC. Esta subsidiaria tiene vigentes cincos contratos de concesión con más de 4.300 hectáreas disponibles para explotación minera. Según la información del catastro, Mineros S.A. cuenta en total con casi 40.000 hectáreas para llevar a cabo sus actividades extractivistas, que es más que la extensión de Medellín.

A pesar de que Mineros S.A. posee una vasta propiedad de explotación minera, ha solicitado aún más terreno en el Bajo Cauca. En el catastro aparece una petición de esta empresa hecha en 2018 para poder trabajar en casi 40 hectáreas en Nechí y El Bagre. La solicitud está archivada.

En el informe Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia publicado en 2019, se explica que entre Mineros S.A., Anglo Gold Ashanti Colombia S.A., Continental Gold Ltd, Negocios Mineros S.A. y Proyecto Coco Hondo S.A.S., controlan más de la mitad de la tierra en la que el Estado permite la exploración de metales preciosos en Colombia.

Entre los accionistas más conocidos de Mineros S.A. están Banderato Colombia S.A.S, Corficolombiana, que pertenece al Grupo AVAL de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Mercantil Colpatria S.A. y los fondos privados de pensiones Colfondos y Porvenir. 

El presidente de la junta directiva de Mineros S.A. es Eduardo Pacheco Cortés, encargado del Grupo Mercantil Colpatria S.A. hasta 2021 y actual líder de la directiva de Scotiabank Colpatria S.A. La familia Pacheco Cortés es la segunda más rica del país. Su patrimonio en 2019 fue de 1.614 millones de dólares, según la Revista Forbes. 

Eduardo Pacheco es uno de los colombianos que apareció en los Pandora Papers. Esta investigación periodística publicada en 2021 reveló que empresarios de todo el mundo usaron distintas maniobras para sacar capitales de sus respectivos países para evitar pagar impuestos. 

La Ley 141 de 1994 establece que las empresas deben pagar el 4% de regalías por la explotación de oro. Sin embargo, esta norma no aplica para Mineros S.A. En el documento ¡Paz ambiental!, la sostenibilidad del planeta exige una nueva revolución del antropocentrismo al ecocentrismo del IPC, se expone que esta empresa es dueña del derecho de explotación tanto del suelo como del subsuelo de los terrenos que hacen parte de su reconocimiento de propiedad privada. El IPC explica en este informe que el pago de regalías de esta empresa está circunscrito al 0,4% y no al 4% por ser propietario privado del subsuelo que utiliza, según el artículo 227 del Código de Minas. 

Además de sus títulos mineros y de la petición hecha en 2018, Mineros S.A. recibió en 2022 cuatro servidumbres legales derivadas de actividad pública por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la utilización de predios baldíos de la nación. 

Los baldíos son terrenos que hacen parte de los bienes del país, y las servidumbres le permiten a un actor privado como Mineros S.A. usar la tierra del Estado para actividades que deben tener un beneficio social. En 2021, la empresa realizó siete solicitudes de servidumbres, de las cuales cuatro son para la utilización de predios en El Bagre y las otras tres para realizar lo mismo en Zaragoza. 

Las siete peticiones de Mineros S.A. iniciaron el trámite de regulación y fueron firmadas por Campo Elías Vega Rocha, exsubdirector de tierras de la ANT. Vega es investigado por la Procuraduría junto a otros cinco funcionarios públicos por el arrendamiento de predios a particulares a precios muy bajos sin avalúos catastrales en el Archipiélago Islas del Rosario, ubicado en Bolívar. 

Cuando la contaminación del río Nechí ahogó a los peces

En mayo de 2018, las comunidades denunciaron que el río Nechí fue contaminado por Mineros S.A. La situación ambiental de esta fuente hídrica fue tan grave que cambió el color del agua y se presentó una alta mortandad de peces y otras especies. 

En esta imagen interactiva se puede ver el cambio que ha tenido el río Nechí con el paso de los años. 

“Los más afectados por los daños ambientales son las personas que no se dedican a la minería. Los agricultores, pero sobre todo los pescadores se han visto perjudicados por toda la contaminación que han sufrido las fuentes hídricas”, cuenta Zapata. 

La afectación ambiental se presentó por la ruptura de un jarillón, una estructura que contiene el agua y permite separar la suciedad del agua afectada por el proceso de exploración minera, propiedad de Mineros S.A. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en la Resolución 00857 de junio de 2018 señaló que el jarillón había sido construido sin autorización ambiental. Además, la ANLA le dijo al IPC que abrió una investigación contra Mineros S.A. por no haber informado a tiempo de la situación del río Nechí. 

La contaminación se produjo el 13 de mayo de 2018 y la empresa se manifestó seis días después. La respuesta de Mineros S.A. fue que el jarillón se rompió debido a la alta temporada de lluvias y al proyecto Hidroituango que incrementó seis veces el caudal del río Cauca.

La compañía dijo que esto produjo que se rompiera el jarillón y que el río Cauca estaba cargado de lodo y sedimentos, por lo que al mezclarse con el río Nechí ocasionó el cambio de color y olor en el agua. El IPC denunció en 2021 que en el humedal de San Pumoso, en Nechí, se volvió a romper un jarillón de Mineros S.A. y que esto ocasionó nuevas afectaciones ambientales. 

Las advertencias de las autoridades a Mineros S.A. no son nuevas. En un informe de la Contraloría del 2013, esta entidad señaló que la empresa minera en ese momento utilizaba mercurio para sus exploraciones a pesar de que era un tóxico muy peligroso que podría generar graves consecuencias. Mineros S.A. anunció ese año que dejaría de usar mercurio en sus procesos de explotación minera. Las empresas en Colombia no pueden usar mercurio para actividades extractivistas desde 2018 tras la entrada en vigencia de la Ley 1658 de 2013. 

El director del IPC afirma que es necesario que se evalúe el Reconocimiento de Propiedad Privada de Mineros S.A., porque a pesar de que el Tribunal Superior de Medellín declaró al río Cauca como sujeto de derechos, se presentan afectaciones ambientales por la extracción de metales preciosos. 

Convenios entre Mineros S.A. y las Fuerzas Militares

Rutas del Conflicto ha documentado tres casos en los que Mineros S.A. le ha pagado al Ejército por servicios de protección. El primer convenio se pactó por 1.135.400.000 millones de pesos entre 2013 y 2014 para que el Ejército protegiera las instalaciones de los municipios de Nechí, Zaragoza y Anorí. El trabajo de seguridad lo llevaron a cabo la Décima Primera Brigada y Décima Cuarta Brigada del Ejército.

En el segundo convenio , la empresa pagó a las Fuerzas Militares 1.163.241.000 millones de pesos por protección en sus instalaciones de Zaragoza, en la mina La Ye, entre 2017 y 2019. El tercer convenio se firmó por 868.276.000 millones de pesos entre 2018 y 2019. En total, Mineros S.A. le ha pagado más de 3 mil millones de pesos al Ejército por servicios de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mié, 05/17/2023 - 16:18

El pasado 20 de marzo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - Çxhab Wala Kiwe (ACIN), a través de un comunicado hecho público por medio del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), lanzó una alerta territorial por desarmonías en el territorio y la región. En este, se hicieron denuncias de hechos violentos ocurridos a lo largo del mes. Dentro de estos, se encontraban amenazas a autoridades ancestrales en Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Miranda, asesinatos de comuneros, líderes y guardias indígenas,  defensores de derechos humanos y la quema de la tulpa comunitaria del resguardo La Concepción, en Santander de Quilichao. 

De hecho, tan solo de enero a febrero del 2023, 21 víctimas indígenas habían sido asesinadas, 16 amenazadas, 16 perseguidas y 9 menores de edad reclutados forzosamente según cifras del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC. De estas acciones, se identificó que, en su mayoría, fueron realizadas por algún grupo armado ilegal con presencia en la zona. 

Sin embargo, la violencia que hoy azota al Norte del Cauca no es un hecho repentino. La posición estratégica, en términos geográficos, de la región y su riqueza, tanto hídrica como en recursos mineros, ha hecho que distintos grupos armados pongan en juego la disputa por el control territorial. 

Así lo explicó Samuel Escobar, defensor de derechos humanos de pueblos indígenas al mencionar que, “el Norte del Cauca se convirtió, lógicamente, en un territorio propicio para lo que en su momento se conoció como la guerra de guerrillas”. A esto se le suma que, con la llegada de las AUC a la región entre los años 90 y principios de los 2000, hubo un aumento significativo de vulneraciones a los pueblos indígenas, siendo el pueblo Nasa uno de los más afectados. 

Con el comienzo de los diálogos en el marco de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, uno de los grupos armados con más control dentro del territorio, se pensó que el panorama podría mejorar. “Se creyó que se generaría un nuevo ambiente, un nuevo aire y sí, se mermaron muchas cosas, las tomas y los ataques, pero diría uno que la firma fue un respiro temporal", mencionó Escobar. 

Asimismo, Edwin Guëtio, Coordinador del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, declaró que desde las organizaciones defensoras habían precisado y denunciado que “el asunto del posconflicto iba a ser más complicado en nuestros territorios que el mismo conflicto, lo que parece un tema profético porque es lo que se ha venido evidenciando”. 

A partir de finales del 2016 y el primer semestre del 2017, se empezaron a reorganizar los actores ilegales y nuevas disidencias de las Farc que buscaban cooptar el territorio y establecer economías ilegales. De aquí que el control territorial que antes era ejercido por este grupo armado, quedara “fracturado o fraccionado entre distintos grupos, disidencias, carteles y clanes, lo que hizo que aumentara considerablemente el riesgo de extinción del pueblo Nasa del Norte del Cauca”, describió Escobar. 

Entre economías ilegales y el control de grupos armados

Los Kiwe Thegnas, o guardias, son conocidos, dentro de la cosmología indígena, como los cuidadores y cuidadoras del territorio. Son, también, una herramienta para fortalecer y proteger los ejercicios de control territorial. Esto es uno de los factores que los ha expuesto a un alto riesgo de ataques de grupos armados. 

Samuel Escobar afirmó que en el 2022, circularon cerca de 50 panfletos amenazando a las autoridades indígenas firmados por distintos bandos. Dentro de estos, el Frente Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, comandados por alias Iván Mordisco desde el frente Primero de los Llanos Orientales. Otros fueron firmados por la Segunda Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa. 

Las disputas, además, se han dado a razón de poder cooptar la zona por sus ventajas geográficas. Esto debido a que el Norte del Cauca cuenta con una salida hacia la Costa Pacífica a través del río Naya y hacia el oriente del país por Belalcázar hacia Huila. La búsqueda por el control de la ruta del narcotráfico ha sido uno de los principales factores para la presencia de los grupos mencionados. 

Según Juan Manuel Camayo, Coordinador del Tejido y Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos de la ACIN, el narcotráfico se afianzó en el territorio con la llegada de “foráneos que incentivaron las economías ilegales, o más bien ilícitas, con el tema de la coca, la marihuana y promovieron la siembra, ellos trajeron consigo los grupos armados y las estructuras que hoy cuentan con capacidad táctica y militar”. Antes de esto, en palabras de Silvio Chocué, gobernador del Resguardo El Guadualito, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, “todo era tranquilidad, las Farc estaban lejos, en otras partes, pero con el tema de la coca, todo se agudizó”. 

Los líderes de las comunidades han tomado el rol de oposición a estos actores armados. El gobernador Chocué explicó que, “en vista de que desde la guardia hemos tratado de hacer control territorial, eso es lo que les ha molestado, hemos sido su piedra en el zapato, por eso nos amenazan y asesinan”. Por su parte, Güetio describió que el “conflicto se deriva porque quieren usurpar el ejercicio constitucional y legítimo de los pueblos indígenas de ser quienes son la autoridad máxima en nuestra comunidad”. El Coordinador del CRIC también añadió que, de acuerdo a las cifras del primer boletín del Observatorio de Derechos Humanos de la organización, que va de enero a febrero del presente año, de las 88 víctimas de asesinatos, persecuciones, amenazas y reclutamientos forzados, 47 fueron comuneros, 19 integrantes de la guardia indígena, 11 autoridades y 11 personas que no pertenecían al territorio, pero que fueron victimizadas dentro del mismo. 

El bastón de mando contra el fusil

El reclutamiento de niños en la región también ha sido un flagelo que ha golpeado de manera significativa la seguridad dentro de los resguardos indígenas. Según cifras del Sistema de Información y Monitoreo de DDHH de la ACIN, en el 2021 fueron reclutados 272 menores de edad. Para el 2022, se registraron al menos 247 casos de reclutamiento de menores de edad en distintos resguardos de Huellas, Toribío, López Adentro, Paéz, Corinto y Las Delicias. Camayo añade que, para lo que va del 2023, se tiene un registro de 41 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. “El nivel de la afectación de la juventud es muy grave y eso tiene que ver con que hoy los liderazgos los está asumiendo la juventud”, agregó. 

Escobar relaciona esto con las economías ilegales, pues “muchos jóvenes son reclutados a través de un ejercicio aparentemente de voluntad, les dicen “venga, raspe coca, venga ayúdanos con esto”, pero alrededor de los cultivos están las estructuras armadas ilegales”, describió. Además, “son usados como carne de cañón, los llevan con facilidad a morir a otros territorios y los regresan ya para su sepultura”, añadió el defensor. 

Por otro lado, Silvio Chocué describió la obligación que las autoridades indígenas han tenido frente a asumir el rol del rescate de menores de edad cooptados por grupos armados. Sin armas y con la palabra como defensa, se han dirigido a las zonas altas de las montañas, donde los altos mandos de estos grupos hacen presencia para exigirles el respeto a la niñez. “No hemos ido a chocar con ellos porque sabemos bien que solamente tenemos el poder de la palabra y lo que representamos: el bastón. Ellos tienen el fusil, así es muy berraco ir a la fuerza”, relató. 

En esta guerra el territorio tampoco está a salvo. Para los pueblos indígenas, la tierra va más allá de ser un espacio físico.  Las tulpas, los nacimientos de agua y los cerros sagrados han terminado convertidos, en palabras de Güetio, en “víctimas del conflicto”. Estos espacios no son simplemente lugares donde se celebren ceremonios, sino que son parte fundamental del tejido social y cultural de las comunidades indígenas. Más allá de atentar contra la gobernabilidad en los territorios, estas acciones amenazan de manera directa las expresiones culturales de las comunidades. Camayo lo define como una muestra clara del “nivel de rechazo, de repudio, pero también de la afectación que se tiene hacia la comunidad”. 

A esto se le añade que, además del territorio, los médicos tradicionales y los sabedores y sabedoras del pueblo Nasa también han sido un marco claro de violencia. Según Edwin Güetio, está situación viene desatando un “genocidio cultural” que amenaza la estabilidad y la gobernabilidad propia de los pueblos indígenas. 

La guerra le ganó a la institucionalidad

La respuesta institucional ante el reclutamiento de menores de edad en la región es aún más preocupante. Silvio Chocué lo expresa mencionando que, luego de haber hecho el reporte de menores de edad que fueron llevados por un grupo armado y ante el inminente riesgo de nuevos reclutamientos ante derechos humanos, “estos anotaron en el papel, nos dijeron “sí, miremos cómo vamos a hacer para ayudar” y ahí murió todo”. 

Frente a esto, en el resguardo El Guadualito, las autoridades indígenas le pidieron a la comunidad que actuaran en conjunto para garantizar la protección de sus menores de edad. Han tenido, incluso, que rechazar dineros ilícitos para obras en la comunidad para demostrar que no apoyan a los grupos armados. “Han querido llegar a ofrecer plata a los presidentes de juntas para temas de vías, de infraestructura, nosotros los hemos orientado y les hecho dicho que el día en el que lo reciban, el el día que se echaron la soga al cuello, hay necesidad y todo, pero no lo aceptamos”, explicó el gobernador Chocué.

Las comunidades indígenas han tomado el mando en sus territorios para poder superar los hechos de violencia que los aquejan. Para Juan Manuel Camayo, esta ha sido la forma de “mostrarle de cara al país la incidencia y la presencia que la institucionalidad no ha tenido con nosotros”. Esto ha sido una causa directa de la lentitud con la que se ha atendido los casos denunciados. Los líderes y las organizaciones son empujados, entonces, a asumir un rol que la institución no cumple. “Si bien es cierto que el tema de paz le compete al comisionado de paz y al gobierno, los riesgos inminentes hacen que tratemos los temas humanitarios, porque ellos se quedan escasos”, añadió Camayo. 

Dentro de los mecanismos que las comunidades han desarrollado para hacer frente a este tema, están las ramas de educación, de prevención y acompañamiento a la niñez. Por otro lado, se han articulado las guardias indígenas de las 10 zonas del CRIC para atender este fenómeno. Las autoridades también han tomado el control de caracterizar y documentar los hechos que han sucedido, crear planes para afrontarlos y lograr una reparación integral colectiva. 

A causa de esto, también se han dado desplazamientos de líderes que son amenazados en su ejercicio de defensa de la vida. Según Güetio, esto ha sido una estrategia de los grupos armados para “sembrar en la mente de las comunidades y de todos el terror, asesinando a líderes para que no asuman esa posición de defender las luchas comunitarias y se vuelvan sumisos a las directrices de los grupos armados”. Con respecto a todo lo anterior, Camayo denunció que “la guerra le ganó a la institucionalidad, por eso están los vacíos”.

El respeto por la vida y el territorio

Para Samuel Escobar, los desafíos que afrontan los pueblos indígenas han sido una muestra de que “se sigue resistiendo pese a las dificultades, hay muchas fortalezas pero también mucha resiliencia. A pesar de los hechos trágicos que siguen pasando, se movilizan, han asumido el riesgo de no desaparecer, de pedir y exigir el respeto por la vida y por sus territorios”. 

Con el fin de mitigar la violencia, las comunidades del Norte del Cauca plantean una serie de exigencias, tanto a las instituciones, como a los grupos armados para garantizar la armonía territorial. Una de las principales es el no reclutamiento de menores de edad como herramienta de conflicto. Asimismo, piden que se respete su territorio sagrado, “que no se use como forma de escudarse dentro de un territorio estratégico, porque para nosotros es un espacio sagrado y deben entender esa magnitud”, declaró Juan Manuel Camayo. 

Piden también que se les garantice la oportunidad de participar de manera directa en la creación de protocolos y diálogos en el marco de la paz total. Aunque, como menciona Edwin Güetio, “la fuerza pública del Estado no es una garantía para la vida de los pueblos indígenas”, se ha planteado que sea la oferta institucional la que se adecúe a los planes de vida de los pueblos indígenas, “porque esta no responde a las realidades ni dinámicas concretas en el territorio y la construcción histórica que han hecho las comunidades”.

Con respecto a las economías ilícitas, exigen que la sustitución de los cultivos se dé de la mano de la población indígena para garantizar que los recursos sí se implementen de manera adecuada. Según Chocué, “esa es una de las alternativas, que se sustituyan los cultivos y se invierta en el campo y la agricultura, acá las tierras son buenas”. 

Los espacios pedagógicos son otra parte clave que debe ser garantizada. Se exige el fortalecimiento de la educación en espacios que no solo le pertenezcan al movimiento indígena, sino también a las organizaciones. Para Camayo, la clave en la pedagogía está en que “estos son los espacios donde nacen y surgen los nuevos liderazgos en los territorios, en las comunidades y en las áreas urbanas, son espacios que no deben perderse”. 

Mientras todo esto pasa, las comunidades siguen resistiendo con bastón de mando en mano, pese a la violencia que ha afectado sus territorios. “Hay hechos de dolor que marcan, que ponen a reflexionar, pero estos no los van a paralizar, son 5 décadas de conflicto y violencia histórica, de discriminación y como hoy dicen los nasas, “Si uno no está, otros nacerán”, señaló Samuel Escobar. 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 04/20/2023 - 16:37

Los exparas hicieron un comunicado, que se hizo público el 29 de marzo,  tras casi 20 años de no hacerlo, en el que solicitaron una audiencia pública para hablar de los resultados de la Ley de Justicia y Paz. Algunos de los hombres más conocidos que firmaron la petición son Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, Carlos Mario Jiménez, Fredy Rondón, Edward Cobos y Rodrigo Pérez. 

El pasado domingo, el presidente Petro afirmó que está de acuerdo con hablar con los exjefes paramilitares acerca de los bienes que ellos debieron haber entregado para la reparación de las víctimas. 

¿Por qué los exjefes ‘paras’ propusieron la reunión?

El presidente Petro planteó el encuentro el 22 de marzo de este año, en un acto de indemnización a las víctimas de los paramilitares en Barrancabermeja. El primer mandatario dijo que es responsabilidad de su gobierno cerrar lo planteado en la Ley de Justicia y Paz y que en medio del proceso de reparación de las víctimas de los ‘paras’, la Unidad de Víctimas se volvió como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un festín de corrupción. 

En esa misma declaración, Petro propuso reunir a los exjefes paramilitares que hicieron parte de Justicia y Paz para realizar un balance de lo sucedido con las ayudas a las víctimas. También, el presidente afirmó que es importante revisar las deudas con la verdad que aún están vigentes de los crímenes cometidos por los ‘paras’. 

En la carta publicada por los excomandantes paramilitares, estos afirman que aceptan la invitación hecha por el presidente. En este comunicado, expresaron que el primer mandatario está minimizando los logros de la Ley de Justicia y Paz, y que fue el Estado el que le incumplió a los paramilitares.

Explican que esa fue la razón por la que surgieron nuevos grupos armados, algunos controlados por los exjefes, tras la desmovilización que finalizó en 2006. Además, sostienen que debido a la negligencia del Estado han asesinado a 4902 excombatientes paramilitares. Por esto, dicen que están dispuestos a llevar a cabo una audiencia pública siempre y cuando se les garantice su seguridad.

Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que es muy poco lo que se sabe acerca del asesinato de paramilitares desmovilizados. “Ha quedado un mensaje de que los homicidios han sido por ajustes de cuentas. Sin embargo, no se tiene claridad de esto y creo que muchos de los asesinatos podrían tener relación con las verdades que estaban relatando los desmovilizados en las audiencias y lo que aún les faltaba por contar”, afirma Barrera. 

¿Qué es la Ley de Justicia y Paz? 

La Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, es un marco jurídico aprobado por el Congreso en el Gobierno de Álvaro Uribe que permitió la desmovilización paramilitar. Esta ley implementa una rebaja de las condenas, estableciendo que los excombatientes deben pagar entre cinco y ocho años de cárcel, a cambio de que colaboren en el proceso de esclarecimiento de la verdad y de reparación a las víctimas. 

Por medio de esta ley, se desmovilizaron el Bloque Cacique Nutibara, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estaba conformada por distintos bloques y frentes regionales, el Bloque Central Bolívar, la Alianza Oriente, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (CMM) y el Bloque Élmer Cárdenas. 

Esto se llevó a cabo debido a que fue una propuesta del expresidente Álvaro Uribe durante su mandato. En ese entonces, afirmó que estaría dispuesto a dialogar con todos los grupos armados.

Lo bueno y lo malo de Justicia y Paz

Cristina Montalvo, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, dice que uno de los logros de Justicia y Paz es que el país se enteró de grandes entramados criminales como lo fue la parapolítica. “Se supo acerca de que había un Congreso paramilitar, de la relación de la fuerza pública con las autodefensas, de los campos de entrenamiento a los que asistían menores de edad y de la cooptación del Estado en distintas regiones”, sostuvo Montalvo. 

Por su parte, el investigador del Cinep afirma que gracias al marco jurídico de Justicia y Paz muchas personas pudieron ser reconocidas como víctimas. “Este fue un paso muy importante para las personas afectadas por el conflicto armado, que después con la Ley de Víctimas del 2011 encontraron mayores facilidades”, explica Barrero. 

Sin embargo, Montalvo asegura que en las audiencias de versiones libres de Justicia y Paz hubo revictimización. “La verdad se construyó a partir de lo dicho por el victimario y no por las víctimas. En varias ocasiones, el exparamilitar decía que había asesinado a alguna persona porque era guerrillero o expendedor de drogas, y las víctimas no tuvieron la oportunidad de refutar estas afirmaciones”, explica la decana. 

Además, Montalvo asegura que Justicia y Paz dejó deudas en la reparación a las víctimas. “Solo hubo compensaciones administrativas, pero no judiciales. Hacen falta sentencias en las que haya actos de reparación como el levantamiento de un muro con el nombre de las víctimas, por ejemplo”, dice Montalvo.

Barrera afirma que uno de los problemas de Justicia y Paz fue la identificación e incautación de bienes de los paramilitares que se supone debían destinarse en forma de compensación a las víctimas. “Gran parte del dinero otorgado a las personas afectadas por las autodefensas ha sido del Estado y no de las propiedades de los paramilitares”, sostiene el investigador del Cinep. 

Además, Barrera asegura que aún hace falta saber quiénes estuvieron detrás de varios crímenes de las autodefensas. “Es necesario saber de aquellos que se beneficiaron por distintas acciones paramilitares en las que hubo una participación importante de terceros que aún no se sabe quiénes son y qué motivaciones tuvieron”, dice el investigador.

 

Actualizado el: Mar, 04/11/2023 - 15:03

Por: Juan Carlos Granados Tuta y Pilar Puentes 

 *Esta publicación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

La organización Front Line Defenders lanzó su informe 2022, un documento que muestra la situación de personas que han dedicado su vida a la defensa de la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Este análisis global registró que el año pasado 401 defensores fueron asesinados en 26 países.

El informe analiza el alcance y la gravedad de las violencias contra las personas defensoras, pero también describe la resiliencia de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones. 

Latinoamérica sigue siendo la región con mayor número de muertes de personas defensoras de derechos humanos, como lo afirmó la directora interna de la organización, Olive Moore. También es el lugar en donde observan “un panorama más peligroso para los y las defensoras de derechos humanos, sumándose a la guerra de Ucrania y Rusia” 

De los cinco países del mundo que concentraron más del 80% de los asesinatos de defensores de derechos humanos, cuatro son latinoamericanos: Colombia (186), México (45), Brasil (26) y Honduras (17). A ellos se suma Ucrania con 50 casos. El informe sostiene que el ámbito de defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas fue el más atacado, representando casi la mitad (48 %) del total de asesinatos.

Front Line Defender es una organización que se creó en 2001 y se dedica a la protección de los defensores de derechos humanos a nivel mundial. Tiene sedes en América, Asia, África, Medio Oriente y Europa. Desde el 2013, publica sus informes de análisis global en los que reporta las distintas violencias que sufren los defensores de derechos humanos. 

Colombia, el país con más asesinatos de defensores

En 2022, el 46% del total de los homicidios de personas defensoras se registró en Colombia. La organización Somos Defensores, documentó 186 asesinatos. El 22 de febrero de ese año, por ejemplo, en el departamento del Cesar, en Colombia, fueron asesinados Jorge Tafur y Teófilo Acuña, líderes que defendían el complejo cenagoso de la Zapatosa, uno de los sitios Ramsar del país. 

En 2019 Acuña, junto con otros tres líderes, fueron detenidos y acusados de los delitos de terrorismo y nexos con grupos armados. Los procesos judiciales no llegaron a ningún lado y fueron absueltos, pero la mancha sobre su trabajo continuó. La captura de Acuña fue utilizada como excusa por los grupos armados ilegales para tacharlo de enemigo y posteriormente asesinarlo, aseguran integrantes de la Comisión de Interlocución el Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), organización de la cual Acuña era líder.

En menos de seis meses fueron asesinados tres líderes ambientales en el Cesar, Colombia. Por: Kimberly Vega

La violencia no sólo se ha traducido en el asesinato de los defensores sino también en la estigmatización, la judicialización, las amenazas constantes a ellos y a sus familias. En el caso de Latinoamérica, la amenaza de muerte fue la agresión más frecuente.

Front Line Defenders documentó que a nivel mundial, los líderes y lideresas les fueron imputados cargos legales. Entre los más nombrados están seguridad nacional, estatal y sedición con 19,0 %; terrorismo, membresía o apoyo a una organización terrorista 12,8 %; difamación e insultos al Estado 10,1 %; difundir noticias falsas o rumores/propaganda (9,0 %) y otros cargos penales (21,8 %).

Para el Colectivo José Alvear Restrepo, en Colombia ha sido utilizada la judicialización para acabar con los procesos organizativos, las luchas comunales y estigmatizar a los defensores. La abogada Yessika Hoyos Morales, que lleva varios procesos de líderes que han sido denunciados ante la justicia, afirma que, “la judicialización llega después de una protesta o movilización social donde el líder debe enfrentar a la justicia. Normalmente, el proceso se acaba y empieza la lucha para que ese defensor sea reparado ante el Estado. Llevamos procesos que empezaron en 2002 y a la hora los líderes no han sido reconocidos como vícitmas”, enfatizó. 

Tras la muerte de Acuña y Tafur fue asesinado su compañero José Luis Quiñonez, quien defendía el río Lebrija. Las familias de los seis municipios que cobija la Zapatosa han recibido varias amenazas de muerte y hostigamientos de funcionarios públicos de la Alcaldía. 

 

Defensores de derechos humanos en la zona norte de Colombia reunidos tras el asesinato de José Luis Quiñonez. 

El informe explica que en Colombia los defensores de derechos humanos han asumido el rol de implementadores del Acuerdo de Paz de 2016, ante la ausencia estatal en los territorios. Esto ha puesto en riesgo a las pequeñas organizaciones sociales, expuso Front Line Defenders. El año pasado, en Colombia 72 líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron asesinados. 

El informe menciona que donde ocurren los homicidios hay presencia de grupos armados, legales e ilegales, así como de empresas que han afectado la situación humanitaria de las regiones. Front Line Defenders agrega que no sólo ha habido violencia física, sino también campañas de desprestigio e incluso falsos positivos judiciales. 

Javier Giraldo, experto del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que en Colombia ha cambiado la dinámica de asesinatos de líderes sociales. “Antes se buscaba acabar con personajes relevantes dentro de las luchas de los territorios, ahora los grupos armados quieren exterminar los liderazgos de base”, dice Giraldo. 

Además, el investigador menciona que el nuevo modus operandi de los grupos armados para asesinar defensores de derechos humanos dificulta el esclarecimiento de los hechos. “Ahora los homicidios los hacen encapuchados que van en moto y no es posible identificarlos. Por eso, es necesario que las autoridades investiguen las luchas sociales que lideraba la víctima, ahí puede haber pistas de quiénes están detrás de los crímenes”, afirma Giraldo. 

Población indígena, la más afectada  

En México, Front Line Defenders explica que los estados más afectados por la violencia son Oaxaca, Guerrero, y Chiapas. Francisco Cerezo, coordinador de la organización mexicana Comité Cerezo, expresa que en estos tres estados se encuentra una cantidad de población indígena más alta que en el resto del país. Cerezo menciona que sólo en Oaxaca se presentaron 10 de los 22 casos de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en México en el 2022.

“Actualmente los conflictos que se viven en estos estados responden principalmente a lógicas estatales y municipales, donde los grupos paramilitares al servicio de empresas mineras son los que cometen las más graves violaciones a los derechos humanos”, explica el investigador. 

Comunidad indigena en la amazonia colombiana. Por: Juan Carlos Contreras 

El informe menciona los casos de Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle, defensores ambientales y miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), que fueron asediados por grupos ilegales durante el 2022. Flores Solís, junto a los integrantes de la organización, se oponen  al llamado Proyecto Integral Morelos, el cual contempla la construcción de un gasoducto y dos termoeléctricas. El defensor fue acusado de motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica. Flores Solís pasó 10 meses en la cárcel. 

Cerezo afirma que  la violencia en torno al Proyecto Integral Morelos  ha provocado  “una ejecución extrajudicial y varios ataques y amenazas de muerte en contra de los activistas que se oponen a este proyecto”, dice el defensor de derechos humanos. 

La situación en Guatemala no ha sido muy distinta. En el segundo semestre del 2022, hubo desalojos judiciales y extrajudiciales contra al menos ocho comunidades en el departamento de Alta Verapaz. Al finalizar el año, más de 125 familias fueron desplazadas por protestar contra la tala ilegal. 

Alta Verapaz es uno de los sitios con mayores dificultades en Guatemala. En este departamento, se concentra la mayor cantidad de grupos indígenas de este país. Cuenta con un 83% de pobreza y un 53% de pobreza extrema, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014, la más reciente hasta la fecha. 

Sin embargo, el gran problema que aflige a la población de Alta Verapaz es el conflicto por la tierra. “La problemática agraria es la que más se ha manifestado, dando lugar a recurrentes desalojos, que en la mayoría de los casos ha sido por la vía forzosa, fenómeno que se ha acentuado principalmente en el departamento de Alta Verapaz”, se expone en el artículo “Desalojos forzosos en Alta Verapaz en el marco del respeto de los derechos humanos, en el cumplimiento de las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos”. 

En Brasil, en el estado de Maranhão, el pueblo indígena Ka'apor se ha visto afectado por la constante tala ilegal, la minería y la expansión de la agroindustria. Front Line Defenders explica que esto ha sido posible debido a las acciones de las organizaciones criminales y a la supuesta connivencia de los políticos locales. Desde 2015, siete miembros de la comunidad han sido asesinados y las investigaciones hasta la fecha no han identificado a los responsables. En diciembre de 2022, la Policía Federal brasileña reabrió la investigación de la muerte del líder indígena Sarapo Kaapor. La comunidad indígena ha denunciado que Kaapor fue asesinado por oponerse a los proyectos empresariales que generan destrucción de la selva.

Además, la situación de los pueblos indígenas se agravó tras el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. En 2021, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denunció a Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por promover la apertura de territorios y reservas indígenas para la explotación industrial. 

En Ecuador, Front Line Defenders dice que los ataques contra el pueblo indígena Shuar no cesan. El informe explica que durante 2022 actores estatales y no estatales violentaron a esta comunidad por su oposición a las empresas petroleras y mineras. 

Los Shuar han llevado a cabo una lucha por la defensa de su territorio contra la empresa ExplorCobres S.A, filial de la compañía china CRCC-Tonguan Investment. A esta compañía le entregaron casi 42 000 hectáreas para la realización de actividades mineras. 

En agosto de 2016, la policía desalojó familias del pueblo Shuar alegando que las comunidades indígenas se encontraban dentro de los terrenos de la empresa en cuestión, a pesar de que los Shuar llevaban una década en el sitio. Sin embargo, un fallo judicial emitido el año pasado le dio la razón al pueblo Shuar acerca de las denuncias que habían hecho sobre la ausencia de consulta previa en los procesos de explotación minera. Tras esta determinación de la ley ecuatoriana, los indígenas Shuar se mantienen en su negativa a la actividad del proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, a cargo de ExplorCobres S.A.

Ataques a quienes cubren temas ambientales

En marzo de 2022, en Guatemala, el reportero maya q'eqchi Carlos Ernesto Choc Chub, del medio comunitario Prensa Comunitaria Kilómetro 169, fue objeto de una denuncia en su contra por 13 miembros de la Policía Nacional Civil y la Policía Fiscal de Izabal por “instigación a delinquir”.

El informe narra que esta acción judicial contra Choc Chub se relaciona con su labor periodística. El reportero realizó una cobertura de un violento desalojo que sufrió el pueblo maya q'eqchi' cuando protestó contra las actividades de la Compañía Guatemalteca de Níquel y (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO), subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group. 

Solway es la dueña de la mina de níquel más grande de Guatemala. El 28 de noviembre del 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones a esta empresa por corrupción y tráfico de influencias en Guatemala. En marzo de este año, las subsidiarias anunciaron la suspensión de sus operaciones mineras en el país centroamericano por las medidas tomadas por Estados Unidos. 

En palabras de la directora Olive Moore, los cargos legales contra los líderes fueron usados por los Estados para acabar los procesos organizativos: “Gobiernos represivos de todo el mundo utilizaron la ley como arma contra los defensores y defensoras de derechos humanos en un intento de silenciarlos y obstaculizar su trabajo. En ese sentido, estas personas se llevaron la peor parte de la persecución legal y de otra índole, así como un gran número de amenazas digitales y físicas”.

El 5 de junio del año pasado, el periodista británico Dom Phillips y el  defensor de los derechos de los indígenas brasileños Bruno Pereira fueron asesinados cuando salían de una expedición en la Amazonía, después de realizar una investigación sobre pescadores en áreas protegidas. El periodista trabajaba con el líder en un libro sobre conservación ambiental en una de las zonas donde hay mayor cantidad de indígenas en aislamiento voluntario.

Tanto Phillips como Pereira habían recibido amenazas de muerte por su trabajo ayudando a proteger a los indígenas del Amazonas de los traficantes de drogas, así como de los mineros, madereros y cazadores ilegales. Como lo reseña The Guardian, diario para el que trabajaba Phillips, no hay evidencia aún de los autores intelectuales y materiales del crimen. 

La impunidad sigue latente en los crímenes contra los defensores de derechos humanos. A pesar de las múltiples violencias que sufren los y las defensores de derechos humanos continuaron en la lucha del territorio, la tierra, el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos en medio de contextos hostiles. 

Actualizado el: Mié, 04/05/2023 - 15:45

Tras un año de la masacre en Alto Remanso, Putumayo, donde fueron asesinadas 11 personas, entre los que se encontraban una mujer en estado de embarazo y un joven de 16 años, las víctimas decidieron hablar con Rutas del Conflicto para relatar lo que han vivido desde entonces. 

Jhoiner Hernández, hermano de Divier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), relata lo difícil que ha sido continuar con su vida tras el asesinato de su hermano y su cuñada, Ana María Sierra, la cual estaba embarazada en el momento de su homicidio. Por su parte, Rodolfo Pama, padre de Brayan Pama, el menor que fue asesinado en la masacre, cuenta las trabas y complicaciones que se han presentado durante el proceso de investigación de la muerte de su hijo.

 

Actualizado el: Mar, 03/28/2023 - 18:53

Llenos de pánico y miedo, quince personas, incluyendo menores de edad, se refugiaron en un pequeño cuarto, sin tener alguna forma de defenderse y rogando la llegada pronta de ayuda. Pasaron alrededor de 15 minutos entre los estallidos de las balas y el terror, hasta que la policía llegó y los puso a salvo. Canticus, como consejero secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), buscó a la familia para ayudarlos y atender la situación violenta de desplazamiento forzado que también enfrentaban en ese momento.

Como líder indígena de la Organización UNIPA, Canticus se ha dedicado a acompañar a las familias Awá que atraviesan una crisis humanitaria en Nariño. Según cifras de la misma organización, desde el 2022 hasta la fecha, el pueblo Awá ha sufrido nueve confinamientos, cinco casos de desaparición forzada, nueve desplazamientos forzados individuales, once desplazamientos masivos y veintiséis asesinatos. “O sea, aquí ya hemos registrado más de 30 compañeros asesinados. Eso solamente en un año”, señaló Floriberto.

Por toda esta situación, las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador lanzaron por primera vez una alerta temprana binacional con el fin de hacer un llamado a proteger la vida y los derechos del pueblo Awá. Las dos instituciones destacaron que la violencia contra las familias indígenas proviene de la presión y el auge de las actividades ilícitas que ejercen las disidencias de las FARC, el ELN y los grupos de crimen organizado. 

En el documento presentado el pasado 7 de marzo se indica que los grupos armados amenazan en ambas zonas de la frontera. “Usan a su favor hechos como el aislamiento geográfico, la posición estratégica binacional, la poca o nula presencia estatal y la condición diferencial de estas comunidades, para instalarse dentro o cerca de los territorios Awá”, se señaló en el informe. 

El territorio en disputa

Para los Awá, el territorio lo es todo: significa armonía y vida. Como Rastreador de su comunidad, Canticus trabaja por la protección de la cultura y las memorias de su pueblo. Con este objetivo ha recorrido sus territorios ancestrales que están ubicados en el suroccidente de Colombia, en los departamentos de Nariño y Putumayo y en algunas provincias del Ecuador. Sin embargo, durante los últimos años su trabajo se ha resumido en atender y registrar las violencias de las que han sido víctimas muchas comunidades indígenas por el conflicto armado en el pacífico nariñense. 

UNIPA, una de las cuatro organizaciones que conforman la Gran Familia Awá Binacional (GFAB), representa a más de 25.000 habitantes de los territorios ancestrales colectivos ubicados en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego y Roberto Payá. Según cifras de esta organización, desde el año pasado, se han registrado 10.743 víctimas por desplazamiento forzado, confinamiento, homicidio, desaparición forzada y hasta por minas antipersona. Un poco menos de la mitad de los habitantes Awá de esta zona del país. 

Según un informe de la Comisión de la Verdad, los Awá son una de las comunidades más afectadas por la confrontación entre guerrillas, Ejército y paramilitares en Colombia. “Por su ubicación estratégica, entre Pasto y Tumaco, hoy es una región asediada por los cultivos de coca que presionan a los territorios y las comunidades para expandirse”, se señaló en el informe Colombia Adentro, en el capítulo de Nariño y sur del Cauca.

De acuerdo con Diego Alejandro Restrepo, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, la situación en la costa pacífica nariñense es compleja. “Lo que hemos visto recientemente, más o menos desde el 2021, es la consolidación de la Segunda Marquetalia en la costa pacífica nariñense”, explicó Restrepo. Según el investigador, en 2018 se observó una proliferación de estructuras armadas organizadas. Pares alcanzó a identificar unos 17 grupos armados dedicados al narcotráfico y a la extorsión. Sin embargo, durante los últimos dos años se ha alertado sobre una toma violenta de esta zona del país por parte de los grupos exFarc, exactamente por la Segunda Marquetalia. 

Restrepo afirma que, si bien todavía hay una presencia del Clan del Golfo en el territorio, esa presencia se ha vuelto cada vez más marginal por cuenta del fortalecimiento de la Segunda Marquetalia. “Es una consolidación armada violenta y esto es principalmente lo que ha generado ese nivel de intimidación que vemos en la región”, afirmó Restrepo. Además, agrega que las organizaciones como UNIPA pueden representar una amenaza para los intereses territoriales y de control de estos grupos. “De allí que surjan todas las agresiones contra los líderes y contra la comunidad”, detalló el integrante de Pares.

Toda esta violencia en contra de las organizaciones indígenas y sus resguardos ya ha tenido unas repercusiones sobre sus pobladores, sobre todo por el desplazamiento forzado que obliga a las familias a separarse de sus comunidades. “Se han evidenciado graves problemas en la convivencia y en el buen vivir de nosotros. Han intentado debilitar los procesos comunitarios, organizativos, de política propia y los procesos de liderazgo”, denunció Floriberto Canticus. 

Pisando el riesgo 

Francisco Marín, integrante de la Plataforma de Organizaciones sociales de Víctimas y defensoras de derechos humanos en Nariño, manifiesta que la respuesta por parte del Gobierno Nacional no ha sido adecuada. Según Marín, han intentado organizar una mesa territorial de garantías, pero no han recibido respuesta desde el año pasado. “Necesitamos medidas concertadas entre la sociedad civil y las instituciones para que realmente se empiece a frenar la violencia contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, tanto ambientales, como étnicos y sociales”, manifestó Francisco.

Otra preocupación de las organizaciones es la atención de primeros auxilios a las víctimas. Una de las agresiones que más preocupa a los habitantes de Nariño y que ha afectado fuertemente a la población Awá son las minas antipersona. El último hecho ocurrió a principios de febrero. Dos integrantes de la comunidad, entre ellos un menor de 17 años, fueron víctimas de la activación de una mina antipersona mientras transitaban por el sector de Yarumal, en Ipiales, Nariño. UNIPA, en un comunicado sacado dos días después de la agresión, denunció que el menor seguía en el resguardo necesitando atención urgente.  

Marín le explicó a Rutas del Conflicto que en muchas de estas situaciones las comunidades suelen dirigirse a los programas y a las organizaciones humanitarias internacionales que hacen presencia en el lugar y muy pocas veces se dirigen directamente a las instituciones estatales por su tardía respuesta. “Inclusive, a veces han tenido que pasar la frontera para acceder a una atención temprana porque no encuentran ayuda oportuna de este lado”, añadió. 

Las minas antipersona han afectado a la comunidad Awá de manera significativa. Desde el año pasado se han registrado nueve víctimas por estos aparatos explosivos. “Nuestras familias Awá no pueden caminar tranquilamente a la cacería porque ya nuestros caminos están supremamente minados. No pueden salir a pescar, ni irse a las siembras o hacia las huertas de dónde sacan para el sustento diario de la familia”, señaló Canticus.

Los cultivos de coca amenazan la población

Tumaco ha sido uno de los municipios con más cultivos de coca en todo el país. En este municipio se encuentra toda la cadena de producción y procesamiento del clorhidrato de cocaína. Es un puerto importante para la salida del producto hacia Norteamérica, Panamá, México y hasta para Europa. “Es una dinámica muy compleja porque hoy en día se pueden encontrar narco cultivos, extensiones grandes, hectáreas dedicadas al procesamiento del clorhidrato de cocaína”, señaló Diego Restrepo.

Una de las razones por las que esta situación persiste, según Restrepo, es la falta de voluntad política para continuar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. También agrega que la falta de implementación integral del acuerdo de paz se presenta como un obstáculo para la sustitución. “El narcotraficante fácilmente llega a su finca o a los lugares de cultivos y entrega el producto puerta a puerta; mientras que el campesino que cultiva cacao le es complicado distribuir su producto por las vías en mal estado que se traducen en más costos de transporte”, explicó el investigador. 

Las fallas en el proceso de sustitución han llevado a que el negocio de la droga se siga fortaleciendo. “El debilitamiento de los programas de restitución llevaron a una desilusión y un rompimiento de las expectativas de los campesinos y las comunidades involucradas; permitiendo que los narcotraficantes vuelvan a tener el control sobre la zona”, advirtió Restrepo.  

“Se deben adelantar diálogos entre los grupos armados y el Gobierno Nacional. Se necesitan mejores condiciones humanitarias para quienes se encuentran en medio del conflicto”, manifestó Marín como parte del llamado que hacen varias organizaciones sociales de Nariño. Además, desde UNIPA también se exige un diálogo. “Se debe activar la Mesa de Concertación del pueblo Awá, la MCAWA, para que puedan conversar el Gobierno nacional y las autoridades del pueblo Awá, con el fin de efectuar o plantear estrategias que nos permitan minimizar todo el riesgo que vivimos a diario”, afirmó Floriberto Canticus. 

Cabe mencionar que la Corte Constitucional en 2011 decretó que el pueblo Awá se encontraba en riesgo de exterminio debido al conflicto armado. Para ese momento se presentaban casos de desplazamiento y de integración a la fuerza a miembros de la comunidad a las guerras. Ahora, 12 años después, la comunidad continúa encontrándose en un momento de grave vulnerabilidad y de riesgo contra la preservación de su cultura y de su pueblo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mié, 03/22/2023 - 10:41

Rutas del Conflicto habló con el equipo de la subdirección nacional de tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) encabezado por Luis Higuera sobre este tema y el futuro de las ZRC en Colombia.

Las Zonas de Reserva Campesina son una forma de ordenamiento creada por la Ley 160 de 1994 que permite delimitar el territorio, prohíbe la acumulación de tierra y otorga un carácter preferencial al momento de ser objeto de políticas agrarias por parte de las entidades gubernamentales. 

El 30 de diciembre del año pasado la ANT declaró como ZRC al Páramo de Sumapaz. Este se encuentra entre los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila y el sur de Bogotá. Es la Localidad 20 de la capital del país y ocupa el 40% del distrito.

El conflicto armado en Sumapaz

La Comisión de la Verdad en su informe final realizó un capítulo sobre esta zona titulado “Estigmatización y violencia política en Sumapaz”, en el que explican que las Farc tuvo control e injerencia en el páramo porque esto les permitía ir de los llanos orientales a Bogotá en su estrategia de cercar a la capital. Las Farc asesinó alcaldes, funcionarios públicos, candidatos a puestos políticos, hizo tomas a distintos municipios y secuestró a gente de Sumapaz. 

La Comisión en este capítulo también cuenta que el Ejército y los paramilitares se aliaron para atacar a la población civil. “Se encargaron de perseguir y actuar en contra de personas señaladas de ser auxiliadores de la guerrilla, comunidades campesinas de territorios ocupados por las Farc”, dice el informe. 

El conflicto armado agudizó las necesidades y dificultades de la vida campesina en Sumapaz. La Comisión señala que con la Operación Colombia llevada a cabo por las Fuerzas Militares se produjeron desplazamientos masivos, así como endeudamiento por parte de los campesinos debido a que perdían sus cosechas en medio de la violencia. El informe señala que esto dificultó el desarrollo humano y productivo del campesinado en esta zona. 

En el momento en que este capítulo fue publicado aún no se había anunciado que Sumapaz sería una ZRC, pero la Comisión hizo alusión a los señalamientos que ha sufrido esta figura legal. “La estigmatización hacia las Zonas de Reserva Campesina, a pesar de estar en la ley 160 de 1994, ha sido un impedimento para su constitución”, explica el informe.

¿Por qué la constitución del Páramo de Sumapaz como ZRC tardó 11 años?

La solicitud para que Sumapaz se convirtiera en ZRC llegó al INCODER (entidad liquidada en 2015 que se encargaba del desarrollo rural) en 2011, pero las administraciones pasadas dijeron que había condiciones que complicaron el proceso. Lo primero que mencionaron es que la situación de que fuera una zona de páramo era un problema. Lo otro en lo que se reiteraban era en que Sumapaz tenía minas antipersonas, por lo que con base en esto había una negativa para hacer trabajo de campo. 

Después, en 2017 las comunidades radicaron el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), que es lo más importante que deben realizar las comunidades para formalizar el ZRC. La ANT en ese momento dijo que era necesario hacerle algunos ajustes al PDS, pero los líderes campesinos rechazaron los cambios propuestos por diferencias técnicas, por lo que el proceso quedó paralizado.

En 2021, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá falló a favor de las comunidades campesinas de Sumapaz que interpusieron una tutela por la vulneración a la igualdad material. El juzgado le dio seis meses a la entidad para definir el PDS. Las comunidades reformularon algunos puntos tras una nueva reunión con la ANT. Este nuevo Plan de Desarrollo fue presentado al consejo directivo de la ANT y este lo rechazó a finales de octubre de 2021.  

El consejo directivo decidió negar la constitución de la reserva campesina porque dijo que el PDS incumplía con varios requerimientos técnicos, sobre todo lo concerniente a la zonificación del páramo, que hoy aún no está formalizada. Sin embargo, no hay un documento que diga que la condición de páramo es una limitante para establecer una ZRC. 

Por eso, cuando cambia la administración con la llegada del presidente Petro, se evalúa nuevamente la decisión y nos damos cuenta que la negativa de la anterior administración se podía revertir con la modificación de algunos puntos del PDS presentado en 2021. Le contamos esto a las comunidades, ellos hicieron las modificaciones y el consejo directivo aprobó que Sumapaz fuera una ZRC. 

¿Qué cambios hubo con la nueva administración?

Antes había menos presupuesto para la ANT. Esto generaba mayores demoras, y si a eso le sumamos la falta de entendimiento entre la entidad y las comunidades de Sumapaz en años anteriores pues esto explica los retrasos. Hoy somos un grupo más robusto, antes los equipos estaban conformados por tres o cuatro personas. 

El presupuesto el año pasado fue de 300 millones, entonces eso no era suficiente para atender todas las peticiones de las comunidades y mucho menos para invertir y ajustar un Plan de Desarrollo Sostenible. Con la nueva inversión podemos ir a las regiones y trabajar con más facilidad con las comunidades. 

¿Qué dificultades implica que el 77% de las hectáreas de Sumapaz estén dentro del páramo?

Lo más complicado es que desde el inicio cuando se vayan a realizar ofertas de adjudicación y formalización hay unas limitantes de orden ambiental que se deben respetar.

¿Qué relación tiene la ANT con las otras instituciones que se enfocan en el tema de las tierras?

Somos un puente entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), entidad encargada de llevar los proyectos productivos a las comunidades, y las comunidades campesinas. A través de nosotros el campesinado puede tener mayor acercamiento y facilidades para entablar diálogos con esta institución. Además, es importante recalcar que parte del favorecimiento de las ZRC es que desde la ANT se hace un llamado a las distintas entidades para que ofrezcan y prioricen estas zonas. 

Hay otras instituciones con las que debemos comunicarnos para no tropezar con los errores del pasado. Tenemos diálogos con la Agencia de Renovación Territorial (ART), con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y con la Unidad de Restitución de Tierras, entre otras entidades. Una de las mayores falencias históricas es la falta de articulación porque si una institución no está involucrada esto limita las acciones de las demás.

¿Qué dificultades enfrenta el campesinado a diferencia de otros grupos sociales?

Uno de los mayores problemas es que la Constitución de 1991 borró la palabra campesino de la Carta Magna. Se le dio reconocimiento a los indígenas y a las negros, pero al campesino no, por lo que se generó una desigualdad constitucional. Entonces los negros consiguieron consejos comunitarios, los indígenas obtuvieron los resguardos, pero el campesino quedó por fuera de este tipo de reconocimientos que van más allá de la tierra. La declaración de un territorio propio significa una identidad y un sitio en donde pueden desarrollar sus proyectos de vida.

Por eso, tras este cambio que hubo por la Constitución, el campesinado luchó por unas zonas similares que son las ZRC, pero desde su nacimiento fueron estigmatizadas por los distintos gobiernos que señalaron a la población de ser partidaria y colaboradora de la guerrilla. Esa es una de las razones por las que en 25 años solo se constituyeron siete ZRC, mientras que nosotros hemos aprobado cuatro en cinco meses. 

¿Ha habido problemas entre campesinos, negros e indígenas por la propiedad de la tierra?

Sí, casi todas las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina son muy importantes porque permiten delimitar la propiedad de cada grupo y así darle salida a este conflicto. En ocasiones cuando se evalúa si un territorio puede convertirse en ZRC este se encuentra muy cerca de un resguardo indígena. Esto provoca una lucha legal por determinar a quién le pertenece la tierra. 

Sucede lo mismo entre el campesinado y los consejos comunitarios de las negritudes, por lo que delimitar los territorios de los campesinos permite que estos conflictos encuentren una solución más rápida en donde cada uno obtenga beneficios y entienda las razones. 

También sucede que cuando se evalúa la constitución de una ZRC casi siempre hay solicitudes para declarar la zona que se está examinando como resguardo indígena o consejo comunitario, por lo que las tensiones entre los grupos es constante. Incluso, solo hay dos Zonas de Reserva Campesina que están en estudio donde no hay solicitud ni de indígenas ni de negros. Se trata de Tarazá, Antioquia y Togüí, Boyacá. 

 ¿Cuál es la meta del Gobierno con las ZRC?

Esperamos crear entre 20 y 25 Zonas de Reserva Campesina cuando finalice el mandato del presidente Petro, ese es el objetivo principal.

¿Qué zonas están estudiando para que sean ZRC?

Tenemos un total de 28 zonas que están en solicitud y estamos trabajando en 16 en simultáneo. Esperamos que este año declaremos cinco nuevas ZRC, pero no quiere decir que solo estamos enfocándonos en esas cinco. Estamos estudiando Orteguaza (Caquetá), Apartadó (Antioquia), Tarazá (Antioquia), Chaparral (Tolima), Togüí (Boyacá), Pradera (Valle del Cauca), los Montes de María, el Catatumbo (Norte de Santander) y Tuluá (Valle del Cauca), por mencionar algunas.

 

Actualizado el: Vie, 03/03/2023 - 08:47

 

Actualizado el: Mar, 02/14/2023 - 17:52

Por: Juan Carlos Granados

La Corte IDH en su condena al Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica afirmó que, comentarios como que la UP era el “brazo político de las FARC”, “colaboradores de las FARC”, o “aliados de la guerrilla”, produjeron aún más victimización. La Corte sentenció que estos señalamientos afectaron “tanto la honra como la reputación individual de las presuntas víctimas, así como la imagen de la organización política y restringió la proyección individual y colectiva de las presuntas víctimas en el ámbito social.”

Rutas del Conflicto realizó una aproximación a la reconstrucción de declaraciones estigmatizantes en contra de la Unión Patriótica de políticos, militares y medios de comunicación desde 1983 hasta hoy. 

Los señalamientos de la política colombiana contra la UP

En 1987, el presidente Virgilio Barco declaró en la revista South que la Unión Patriótica era el partido de las guerrillas. La UP hizo un comunicado rechazando esta afirmación y señalamientos del mandatario. 

Archivo de El Espectador del 7 de abril de 1987

Otra de las declaraciones que más eco tuvo en su momento fue la del ministro de Gobierno en 1990, Carlos Lemos Simmonds. El funcionario dijo en una entrevista con Colprensa que "el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica . Se van a enojar porque les estoy diciendo esto, pero ellos saben que es así".

 

Nota de El Tiempo del 22 de marzo de 1990

Cinco días después de ese comentario, el 22 de marzo de 1990, fue asesinado Bernardo Jaramillo, máximo representante de la UP. Según Revista Semana, Jaramillo en la última entrevista que dio ante los medios dijo que "por el hecho de que no le guste al ministro la forma como nosotros decimos las cosas, no le da derecho a condenarnos a muerte con sus declaraciones, tal como lo está haciendo".

Jaramillo era el candidato presidencial por la UP para las elecciones de 1990.Tras el homicidio de Jaime Pardo Leal en 1987, quien fue el candidato de la UP para las elecciones presidenciales de 1986, Bernardo asumió el liderazgo del partido.

 

Jaime Pardo ocupó el tercer puesto en las elecciones presidenciales de 1986/Archivo El Espectador

El procurador de la época, Alfonso Gómez Méndez, quien después sería Fiscal General, dijo que las declaraciones de Simmonds fueron una opinión política y que no tenían la intención que se le quería dar. Aun así, Simmonds renunciaría a su cargo por cuenta de la presión popular y mediática. El informe de la Comisión de la Verdad concluye que a pesar de que Bernardo Jaramillo hizo grandes esfuerzos por una salida negociada del conflicto, fue asesinado bajo la justificación de que era parte del brazo político de las Farc. 

Otro expresidente que hizo comentarios en el que responsabilizaba a las Farc del genocidio de la UP fue Ernesto Samper. En 2008, El Espectador propició un encuentro entre José Antequera, hijo del líder asesinado de la UP José de Jesús Antequera, y Samper.  Este último dijo en la reunión que en el libro ‘Armas y urnas’, se explora que hubo alguna complicidad del Gobierno, pero que las Farc tampoco estaban interesadas en proteger a los miembros de la UP y que la guerrilla también fue culpable del exterminio por omisión. Antequera le respondió que la responsabilidad de velar por la vida de los militantes de la UP era del Estado, no de las Farc. En 1995, la Unión Patriótica demandó al Gobierno de Samper para que reconociera los asesinatos de los militantes de la UP como un genocidio.

En el Gobierno de Álvaro Uribe la estigmatización contra la UP estuvo presente. En un comunicado de prensa del 24 de noviembre de 2007, la presidencia afirmó que “el Gobierno no puede permitir que los terroristas de las FARC continúen con la práctica de “combinar las formas de lucha””, lo que para el gobierno de Uribe contribuyó “a los asesinatos de integrantes de la Unión Patriótica y de líderes sindicales en Colombia”. 

El vicepresidente de Uribe, Francisco Santos, fue denunciado por injuria y calumnia por la Unión Patriótica luego de que en 2013 colocara un tweet que decía “(…) La historia de la UP es terrible. Pero esa es una sola cara, la otra es la de la combinación de las fuerzas de lucha”. Cuando Revista semana le preguntó sobre esa declaración dijo que “(...) la combinación de las fuerzas de lucha sí fue uno de los elementos del asesinato de los integrantes de la UP”.

Incluso la Corte Constitucional obligó a rectificar a Fabio Echeverry Correa, gerente de la campaña de reelección de Uribe en 2006, por una cuña publicitaria que fue transmitida en las cadenas RCN Radio, Caracol Radio y la Organización Radial Olímpica. El mensaje era un supuesto testimonio de un ex militante de la UP que decía “Señor Presidente: Yo pertenecía a la U.P., me parecía un buen movimiento, pero nos fuimos torciendo matar por matar, hacer daño a los demás, matar civiles, eso está mal hecho. Está bien que usted los esté combatiendo, por eso hoy día lo apoyamos a usted con todo lo que tenemos. Adelante, Presidente”. La Corte determinó que la falta de verificación del mensaje afectó el buen nombre y la honra de los familiares y sobrevivientes del partido político.

Además, cuando Uribe era senador en 2016, dijo en un conversatorio en Madrid que “en el asesinato de la UP intervino las mismas Farc. Ellos provocaron reacciones criminales por su combinación de formas de lucha”. 

El exministro de Defensa Fernando Landazabal Reyes y la UP

Landazabal Reyes fue general y ministro de Defensa entre 1982 y 1983. En este último año, anticipando el inicio un acuerdo entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc para negociar una salida al conflicto, Landazábal escribió en la revista del Ejército: “Las Fuerzas Armadas deben disponer su ánimo para una contienda de proporciones incalculables e imprevisibles que llevaría al país a una nueva fase de violencia”. Betancur pidió la renuncia de Landazabal en enero de 1984 por sus críticas a los diálogos de paz. 

El 18 de enero de 1984, el general Landazabal renunció a su cargo de ministro de Defensa por solicitud del presidente Belisario Betancur por la reiteración del militar a no negociar con las Farc/ Archivo Colprensa

Fabiola Posada, sobrina de Leonardo Posada, uno de los líderes de la UP más importantes en Barrancabermeja y en el Magdalena Medio, asesinado el 30 de agosto de 1986, comenta que Landazbal Reyes era uno de los militares que más atizaba en contra de la UP. Posada dice que en Barrancabermeja era frecuente la estigmatización contra los líderes de la Unión Patriótica, y que antes del homicidio de su tío había apareció un graffiti en un mural del municipio que decía “fuera comunistas de BCA, fuera Leonardo Posada”. 

Mural en Barrancabermeja contra Leonardo Posada en 1986/ Cortesía de Fabiola Posada

Ya como general retirado, Landazabal siguió declarando en contra de la UP. En 1986, el  exministro de Defensa dijo en una entrevista con Revista Semana que la UP no debería reclamar la posibilidad de tener un brazo armado. “Y usted sabe muy bien que las FARC eran el brazo armado del Partido Comunista, y que el Partido Comunista se llama hoy UP (...)”, afirmó Landazabal.

En 1989, el ex ministro de Defensa Landazabal Reyes dio una entrevista con Resumen Gráfico, medio apoyado por el Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) que fue creado por paramilitares del Magdalena Medio. En la conversación, Landazabal afirmó que las autodefensas eran legítimas y que no había que plantear la diferencia entre Ejército y pueblo. El ex ministro fue asesinado en Bogotá en 1998 por un sicario que le disparó en cinco ocasiones. 

Militares y paramilitares contra la UP 

Rafael Samudio, ministro de Defensa entre 1986 y 1988, también mostró su aceptación por los paramilitares y su aversión por la UP. En 1987, en medio de un debate en la Cámara de Representantes sobre los paramilitares, Samudio dijo que las autodefensas eran legítimas y que era cierto que las Fuerzas Militares le proporcionaban armas a los ‘paras’. Un año después, tras el atentado a la sede de la Unión Patriótica en Apartadó, Antioquia, Samudio declaró que “pues sería que tenían explosivos en su sede”.

La Corporación Reiniciar le permitió a Rutas del Conflicto acceder al informe ¡Venga esa mano, país!. Memoria de una vergüenza nacional. En el documento se muestran distintas declaraciones de militares contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista (PC). Entre esos comentarios estigmatizantes se encuentra el del comandante de las Fuerzas Militares en 1993, Ramón Gil, donde afirma que el PC depende de lo que le proporcione las Farc. 

Fotografía de El Tiempo del 19 de septiembre de 1993

El anexo IV de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de la UP, dice que el 10 de marzo de 1993 el Comandante del Batallón 21 Vargas con sede en Granada, Meta, afirmó que la administración del municipio de El Castillo, que era dirigida por la UP, era colaboradora de la guerrilla. “El Estado reconoció la existencia de denuncias públicas ante diferentes autoridades del orden nacional, departamental y local por los presuntos señalamientos hechos por el Comandante del Batallón 21 Vargas con sede en Granada, Meta”, explica el documento de la CIDH. 

Ever Velosa, alias “H.H”, comandante del Bloque Bananero de los paramilitares, dijo que durante el exterminio de la UP asesinaron a personas que no eran destacados líderes solo por hacer parte del partido. “Entonces sí, muchas de esas personas murieron por el hecho de pertenecer a la UP”; contó Velosa en 2008 ante el despacho 17 de la unidad de Justicia y Paz en Medellín. 

Las editoriales de los medios también son responsables  

En las peticiones que le hicieron las familias a la CIDH está la de “adoptar todas las acciones posibles para que los medios de comunicación que en su momento propiciaron la estigmatización de la Unión Patriótica rectifiquen”. Dos casos que muestran la reiteración de frases y estigmatización contra la UP son el del diario El Colombiano en 1987 y el de Enrique Santos Calderón.  El 20 de marzo de 1987, el diario El Colombiano en su editorial “Por los Caminos de Urabá”, dijo que “una cosa es que las guerrillas pasen por Jamundí y otra que elijan ahora a los alcaldes”. 

Por su parte, El Tiempo en su editorial del 18 de octubre de 1992, escrito por Enrique Santos Calderón, afirmó que “una vez más han salido a relucir las estrechas vinculaciones del Partido Comunista y la Unión Patriótica, esas dos caras de la misma moneda con la actividad guerrillera de las Farc”. El 5 de febrero del presente año, Santos escribió en Los Danieles que la cúpula de las Fuerzas Militares querían impedir el surgimiento de la Unión Patriótica y que este grupo político estaba vinculado las Farc que “continuaba su estrategia de “combinación de formas de lucha”, que incluía extorsión, secuestros y atentados. 

Además, Santos en esta columna sostuvo que “al PC le costó mucho sus vínculos con las Farc. En su XV Congreso de 1988, cuando por doquier eran asesinados los miembros de la UP, insistió inexplicablemente en su estrategia de combinar todas las formas de lucha (sindical, social, electoral y armada)”. 

 

Actualizado el: Lun, 02/13/2023 - 17:41

Por: Sabrina Bastidas y Ana María Rodríguez

Tomada por: Cesar García

Érika Antequera había llegado del colegio junto con su hermano. Era el 3 de marzo de 1989, la radio de su casa, como era costumbre, llenaba los rincones con música. Su padre, José Antequera, un reconocido líder y activista de la Unión Patriótica (UP), había salido rumbo al Aeropuerto Internacional El Dorado en un viaje con destino a Barranquilla, su ciudad natal. Su madre se dirigía a la oficina en la que siempre había trabajado, era un día como cualquier otro para la familia.  

De repente, la música se paró. Se hablaba de un atentado en contra de Antequera. Érika, de apenas diez años, comenzaba a escuchar las primeras noticias de la muerte de su padre. El hecho se había convertido en noticia nacional en tan solo pocos minutos. Su madre, quien tuvo que regresar de urgencia, atravesó la puerta de la casa a toda prisa y tomó a sus dos hijos de las manos y, mirándolos a los ojos, les dijo “a su papá lo mataron”, contó Érika.  

Pasarían cerca de 34 años hasta que llegara el día en el que las preguntas de su hijo, un niño de 13 años intrigado sobre la figura de su abuelo materno, de quien poco había conocido, podrían contestarse mientras, juntos, veían la audiencia en la que la historia volvería a contarse. Érika había tomado la decisión de que su hijo “no padeciera la historia, sino que la comprendiera y entendiera, que fuera eso: historia”, explicó.

El pasado 30 de enero, en una audiencia transmitida desde Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano como responsable por el exterminio de la Unión Patriótica. Se declaró al Estado culpable por la violación de derechos humanos de alrededor de 6.000 víctimas pertenecientes a este partido político. Se declaró, además, que los hechos se dieron de manera repetitiva y sistemática en un periodo que comenzó cerca de 1984 y que duró más de 20 años.  

Con la firma del Acuerdo de Paz de La Uribe (Meta) en 1984, en el que el presidente de ese entonces Belisario Betancur firmó el cese al fuego con el grupo armado Farc-EP y comenzó     la Unión Patriótica como grupo político. Para 1986, con Virgilio Barco en la presidencia del país, se da el asesinato de Jaime Pardo Leal, líder de este partido recien creado.Este hecho marcó la persecución constante y violenta contra los militantes del partido en lo que se dice que fue una alianza entre el gobierno, grupos paramilitares y grupos al margen de la ley.  

“Ahora y siempre nuestra bandera es y será de la paz”, José de Jesús Antequera Antequera. 

 Mientras la Corte leía la condena al Estado por el exterminio de la UP, María Eugenia Guzmán y José Darío Antequera, madre y hermano de Erika, compartían con otras víctimas y abogados la felicidad de aquella noticia en el simbólico centro de la ciudad de Bogotá. Érika, por su parte, desde la lejanía, compartía con su hijo al que no le había podido contar el final que merecía la historia de su abuelo, José Antequera.  

 A pesar del ajetreo de vivir con un político importante, recuerda Érika, su día a día transcurría con normalidad. Si bien su padre era un personaje bastante ocupado, cuando llegaban las vacaciones, salían a disfrutar unos días en la playa. “Terminamos el colegio y nos íbamos a Barranquilla", contó. Eran dos semanas de vacaciones con escoltas incluidos, “pero ahí estaba él de todas formas en la celebración del cumpleaños de su abuela y en algunas otras reuniones,” añadió.  Pasaban celebraciones como en cualquier familia.  

 Según Érika, fueron escenas muy puntuales las que recuerda con su padre, pues él viajaba muchísimo y tenía muchas reuniones. Además, solía estar rodeado de mucha gente, siempre con buena música. Cada uno de sus recuerdos está acompañado de una canción, “tengo una que me recuerda al 3 de marzo y otras a las tardes en las que quizá yo loestaba esperando", explicó. En los libros, cuenta Érika, también lo encuentra. 

El asesinato de José de Jesús Antequera fue, como muchas muertes de la Unión Patriótica, prevista. Varios integrantes del partido venían denunciando las intenciones de exterminio que tenían los paramilitares en contra de la UP. De hecho, días antes de su asesinato, Antequera señaló a Fidel Castaño de ser parte de este plan. La angustia y las amenazas lo llevaron a alejarse, a querer salir de Bogotá y tomarse unos días en Barranquilla con su madre, pero tan sólo alcanzó a llegar al aeropuerto donde fue acribillado por un sicario.  

  El dolor se esparció por la ciudad. El alcalde de ese entonces, Andrés Pastrana, prohibió que se hicieran las honras fúnebres por temor a protestas. Cientos de personas salieron a marchar por el asesinato de Antequera, al igual que por la imposibilidad que impuso el alcalde para su velorio. De los encuentros resultaron varios heridos y un muerto. Al final, tuvieron que esperar cinco días para poder sepultarlo. 

La gente lloraba y gritaba de impotencia. Pero como ocurría con el resto de los asesinatos, al día siguiente tenían que continuar con su vida, llevando el dolor a su cotidianidad. “No nos dieron opción de vivirlo de otra manera. Mi mamá siguió trabajando en el mismo lugar, nosotros tuvimos que volver al colegio dos semanas después, como si nada hubiera pasado”, recordó  Erika Antequera. 

Erika rememoró el esfuerzo que hacía su madre por mantener la vida de ella y su hermano en una cierta normalidad. Lo logró en cierta medida, pero era casi imposible ocultar las ausencias que se iban sumando día a día y las huellas que cada partida dejaba. “Vivimos periodos de frustración porque no solamente mataron a mi papá, sino también mataron a muchos de sus amigos. Los recuerdo estando en la casa, celebrando alguna fiesta, una comida y, de repente, nunca más volvieron”. 

En los velorios se vivió el sufrimiento por quienes asesinaban, al igual que la angustia de que alguno de sus asistentes pudiese ser el siguiente en la lista. “Para mi mamá fue muy difícil ir de entierro en entierro durante años. Llegó un día en el que dijo no voy más o sino la siguiente voy a ser yo. No puedo más”, relató Antequera.  

A pesar de la tensa situación, la familia Antequera buscó hacer justicia por la muerte de José de Jesús. Guzmán, tocó varias puertas, pero era imposible cuando el silencio era dictadura. “En el momento que algún abogado quiso hacer algo, no corrió con buena suerte. No sé si al hombre lo mataron o le desaparecieron la familia, cualquiera de estas cosas atroces”, detalla Érika. Después de intentarlo por varios medios, llegó un momento en que su madre dijo, “yo no busco más, yo le entrego todo a Reiniciar y que la justicia me diga lo que tengo que hacer”.  

Estado y silencio

Con el fin de investigar y llegar a reclamar justicia por parte de las familias de las víctimas del genocidio, la Corporación Reiniciar surge en 1992. Este tiene como fin funcionar como una organización peticionaria ante el sistema interamericano. La demanda del caso de la Unión Patriótica se da en 1993, pero solo hasta mayo de 1997 fue aceptada ante la comisión. En este momento, se comienza a dar el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas.  

Aunque inicialmente se recopilaron los casos de 1,200 hechos de violaciones de derechos humanos, a través de talleres por parte de la corporación, se fueron encontrando más víctimas y familiares. “Fuimos documentando los casos y se terminó entregando a la comisión y a la corte más de 6.500 víctimas de genocidio, aunque sabemos que no pudimos documentar todos los casos,” describió Pablo Arenales coordinador nacional de las víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica. Dentro de esta investigación estaba el caso de José Antequera. Su familia entregó todo, fotografías, documentos y toda la historia que fue pedida por la corporación. 

Mientras la investigación corría, la familia Antequera intentó seguir el ritmo de la vida. Erika se fue para Madrid a estudiar periodismo en la Complutense. Se fue con el sueño de convertirse en periodista de guerra para luego volver a Colombia y cubrir el conflicto. Pero al llegar, la ciudad la conquistó, aparecieron nuevas oportunidades y entonces se cuestionó si cubrir violencia realmente era su sueño. Por esto, desde hace más de 20 años, está radicada en España.  

“Mi madre hizo lo que pudo para que tuviéramos una vida lo más normal posible y creo que la tuvimos, aunque con marcas para siempre. Eso luego determina tu forma de relacionarte, tu forma de ver el país, de percibir la política, de muchas cosas.”, recordó Erika.

Reiniciar ha sido una de las principales encargadas de combatir contra el silencio estatal. Como explica Arenales, el Estado colombiano nunca reconoció los hechos, “aun conociendo que había personas involucradas como agentes del estado, miembros del DAS y de la fuerza pública”. Los militantes del partido muchas veces denunciaron amenazas, planes de exterminio y de asesinatos de muchos dirigentes y “el Estado nunca tomó las medidas necesarias para protegerlos,” añadió Arenales. 

Por su parte, Érika también menciona que, en Colombia, este caso se caracterizó por la impunidad. “No hubo investigaciones y si las hubo, quien quiso investigar acabó también dentro del listado de las víctimas", señaló. De hecho, el silencio, la espera y las dificultades para la investigación han dificultado el proceso de señalar a un culpable específico. Esto es descrito por Érika como un proceso “difícil, es bien difícil establecer ese tipo de cosas y más cuando ha pasado tanto tiempo”.   

 

Actualizado el: Mié, 02/08/2023 - 20:26