El diálogo entre la sociedad civil y la institucionalidad fue el protagonista en el evento Actores Económicos, Construcción de Paz y Garantías de No Repetición

Esta reunión fue organizada por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización internacional que hace seguimiento a la conducta empresarial en materia de derechos humanos y que desde 2019 monitorea el tratamiento que las instituciones nacionales le han dado a la relación entre actores económicos y conflicto armado.

Organizaciones de la sociedad civil de Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, César, Chocó, La Guajira, Meta, Putumayo y Bogotá fueron invitadas a este evento que se llevó a cabo en el Hotel Dann, en la capital, el 30 y 31 de mayo. Fabián León, director del CIEDH explicó la importancia y necesidad de este tipo de reuniones. “Este año iniciamos los acercamientos con el Comité de Seguimiento y Monitoreo (CSM) de la Comisión de la Verdad para que ellos puedan incluir en su trabajo un esquema de indicadores que incluya o que permita ver medidas frente a la actuación de actores económicos en el marco del conflicto”, cuenta León.

El investigador afirma que en el informe de la Comisión de la Verdad se hizo una mención genérica de la participación y afectaciones que causaron las empresas a los derechos humanos de distintas comunidades de Colombia. Además, León menciona que desde el Centro de Información se detectó un vacío en la discusión nacional sobre la participación de actores económicos. “Desde la institucionalidad, como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no es posible vincular en algún tipo de responsabilidad al empresariado. Solo es posible que ellos se sometan voluntariamente como terceros ante la JEP a pesar de que el sector económico fue protagonista en el conflicto”, dice León.

Por eso, en los dos días que duró el evento se invitó al Comité de Seguimiento de la Comisión y al magistrado Óscar Parra para que este tema se incluya en la agenda pública y en la discusión actual sobre la implementación de los Acuerdos de Paz. “Los actores económicos no quedaron vinculados formalmente a los Acuerdos y hoy siguen presentándose formas de violencia que son denunciadas con clamor desde las comunidades, por lo que es necesario una justicia y reparación efectivas”, afirma el director del CIEDH.

Debido a la responsabilidad y participación en el conflicto armado de las empresas es que este evento es un espacio propicio para el diálogo entre distintas organizaciones de la sociedad civil que han monitoreado violaciones de derechos humanos por parte del sector económico. Así lo afirma Islena Rey, presidenta del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta (CCDHM). 

Rey dice que tras el evento se llegaron a distintas conclusiones y que es necesario que se implementen en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad y en la no repetición. “Primero,dijimos que es imprescindible la prohibición de la contratación de mercenarios por parte de las empresas. Segundo, a todos nos pareció necesario el desmonte de los batallones minero energéticos porque no es posible que haya seguridad privada para las empresas mientras las comunidades están indefensas. Tercero y último, manifestamos que es imperativo el hallazgo de víctimas de desaparición forzada”, contó Rey. 

En el segundo día del evento participó el magistrado de la JEP Óscar Parra, quien es el relator del macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado. 

El magistrado Óscar Parra durante su participación en el evento/ Foto: CIEDH

Después de que acabó la jornada de la mañana en la que habló el magistrado Parra, Islena tuvo la oportunidad de acercarse a hablar con él en representación de la CCDHM y hacerle varias solicitudes en una muestra de que a través de este tipo de eventos es posible acercar a la sociedad civil y víctima del conflicto con la institucionalidad.

“Mi petición al magistrado Óscar Parra fue la de profundizar en las investigaciones y escuchas de los postulados, paramilitares, policías y militares implicados en los asesinatos y desapariciones de los miembros del CCDHM. Igualmente, le solicité que investigara a los contratistas de las empresas de hidrocarburos que a través de la tercerización que hicieron con paramilitares y sicarios violaron los derechos de la población.”, relató Rey. 

La lideresa concluye que no se puede dejar de lado la participación de las empresas en el conflicto y que por eso es importante la integración de distintas organizaciones de la sociedad civil de diversas partes del país para esclarecer lo sucedido durante la guerra debido a que cada víctima tiene una historia que merece ser contada. “Lo importante es lograr que estos hechos vergonzosos jamás vuelvan a repetirse. Los culpables de crímenes de lesa humanidad, como los ocurridos, deben ser judicializados y obligados a devolver las tierras robadas e indemnizar integralmente a las víctimas”, afirma Rey.

El director del CIEDH dijo que uno de los logros del evento fue el acercamiento de la sociedad civil con la institucionalidad colombiana, pero también con Naciones Unidas. De esta manera, afirma León, el diálogo se puede transformar en acciones para salvaguardar la vida de distintas comunidades en el país. “Vamos a continuar el relacionamiento con el Comité de Seguimiento en aras de contribuir en la construcción de un enfoque de derechos humanos afectados por las empresas y continuaremos con el respaldo a las organizaciones para que puedan aportar al esclarecimiento de la verdad”, sostuvo León. 

 

 

 

Actualizado el: Lun, 07/17/2023 - 15:52

Una remediación pendiente: la contaminación de la industria petrolera no se atiende pese a la legislación vigente

Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia contemplan la reparación de los daños ambientales en su normativa actual, sin embargo, según los expertos consultados, “falta decisión política” para hacer cumplir las leyes. 

En Bolivia avanzan los planes de expansión de la actividad de hidrocarburos y en Ecuador se debate aún, en cortes internacionales, un caso emblemático de contaminación.

En Perú ningún pasivo ambiental ha sido completamente remediado hasta el momento, mientras en Colombia se acaba de aprobar una ley para catalogar los daños ocasionados por la actividad petrolera. 

Autor: Yvette Sierra / Mongabay Latam.

“Ahora que la tendencia mundial es el abandono de los combustibles fósiles llegó el momento de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”, dijo el presidente Guillermo Lasso en mayo de 2022 durante su Informe a la Nación. Las declaraciones del mandatario fueron tomadas como una afrenta por las comunidades indígenas y locales, sobre todo de la Amazonia, que llevan décadas esperando la remediación de los daños ambientales generados por las operaciones petroleras. Según información oficial, Ecuador acumula en total 4675 pasivos ambientales y “fuentes de contaminación” de esta industria en todo el territorio nacional.

Bolivia y Perú no están al margen de la carrera por expandir la explotación de hidrocarburos en la región, mientras sigue pendiente la limpieza de los daños causados. El gobierno de Luis Arce anunció recientemente sus planes de exploración y explotación de hidrocarburos para este 2023 y el 2024. Son 18 los proyectos en marcha con los que Bolivia espera revertir la crisis de gas y los subsidios al diésel que agobian al país desde hace algunos años. Mientras tanto, Perú ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley que busca modificar la legislación sobre áreas naturales protegidas para abrir estos espacios al mercado de los hidrocarburos. 

El presidente Gustavo Petro, que enfrenta una grave crisis política en estos días, anunció durante el Foro Económico Mundial celebrado en enero de este año en Davos, Suiza, que urge “descarbonizar” la economía para enfrentar la crisis climática que afecta al planeta. El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia incluye un espacio dedicado a potenciar la extracción de minerales estratégicos para allanar el camino hacia una transición energética. Sin embargo aún no hay acciones concretas en marcha y la remediación de 106 Impactos No Resueltos sigue en proceso o en estado pendiente.


Pasivo ambiental, rellenado con tierra oscura para cubrir el olor del derrame que sucedió hace algunos años atrás, en la base de Shiviyacu, ubicado en la selva peruana. Foto: Patrick Wesember.

La investigación realizada pudo establecer que de los 8278 pasivos ambientales y otros impactos petroleros identificados en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, aún quedan por remediarse la mayoría, un total de 6371. Este escenario va en contra de las leyes que contemplan la protección ambiental e incluso la reparación de los daños causados por las empresas o el Estado en los cuatro países. Y en algunos casos, como ha sucedido en Bolivia y ahora podría pasar en Perú, el panorama es aún más crítico, pues los planes de explotación incluyen las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas. 

¿Qué decisiones políticas afectan la atención de más de ocho mil desechos petroleros?¿Cuáles son las tareas pendientes que tienen las autoridades?

 


Ecuador: una historia de contaminación

“Sinceramente, no me parece adecuado denominar pasivo ambiental a algo que está activo y que sigue causando daño”, dice Pablo Fajardo, el abogado ecuatoriano que lleva casi 20 años  enfrentándose a la gigante petrolera estadounidense Texaco-Chevron en el caso de contaminación por petróleo más emblemático de Latinoamérica. 

Fajardo se refiere así a los daños ambientales que ha dejado esta empresa petrolera en las provincias de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, donde —según información del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica enviada a esta alianza periodística— 1107 pasivos, entre ellos piscinas llenas de petróleo, fosas y derrames de hidrocarburo, permanecen sin remediación.

“Eso refleja la pobre política de Estado y su capacidad de control porque si una empresa petrolera causa un derrame tiene la obligación de repararlo inmediatamente. Si no lo hace, el Estado debe actuar para proteger los derechos de la población, pero acá, resulta que tenemos un estado cómplice de los derrames y no es capaz de exigir esa reparación a quien lo causó”, repite visiblemente molesto Fajardo. 

Para el abogado, lo que hace falta en Ecuador es voluntad política. “Existe legislación, existe el marco constitucional. Está el Código Orgánico del Ambiente, la Ley de Gestión Ambiental, hasta en la misma Constitución de la República del Ecuador se determina la obligación que tienen de restaurar inmediatamente los daños ambientales. No hay voluntad política, y el gobierno o los gobiernos por intentar, según ellos, incrementar las inversiones extranjeras de las transnacionales, lo que hacen es no exigirles un adecuado control ambiental”, precisa. 

La ex asambleísta Mariuxi Sánchez, representante de la provincia de Orellana del partido Unión por la Esperanza, reafirma que “hace falta voluntad política” para cumplir con la reparación de los pasivos ambientales. En San Carlos, en la provincia de Orellana, señala Sánchez, todavía hay personas que tienen sus viviendas sobre pasivos ambientales y que no lo sabían porque se trata de piscinas que fueron cubiertas, eso es lo que asegura dejó Texaco-Chevron. “Imagínese consumir agua contaminada con el crudo, por eso, se sospecha que los altos índices de cáncer que existen en la provincia de Orellana se deben a esta fuente de contaminación”, dice la ex asambleísta.

Cruzando la pequeña ciudad de Shushufindi está la refinería donde los tanqueros cargan y transportan el crudo hacia Esmeraldas, en la costa ecuatoriana, para su exportación. Al menos un mechero está encendido en esas instalaciones, quemando gas y soltándolo a la atmósfera. Foto: Armando Lara.

Sánchez recuerda que en el 2012 estuvo en una de las zonas contaminadas por la operación de Texaco - Chevron y pudo ver una piscina de casi un kilómetro de largo. “Cuando estaban haciendo la inspección se dieron cuenta de la magnitud que tenía esta piscina, fue terrible. Y era muy doloroso escuchar a las personas de las comunidades cuando me contaban sobre los problemas de salud que tenían. Conocí a una señora que me dijo que su hermana, su cuñado y su sobrina fallecieron con cáncer, pero además, la única sobrina que había sobrevivido hasta ese momento también tenía cáncer”, narra la representante del partido Unión por la Esperanza.

Los pueblos indígenas de las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde operó la transnacional Texaco-Chevron, mantienen una disputa legal con las empresa en cortes internacionales, pese a que la compañía norteamericana perdió un juicio en Ecuador en el que se le impuso una sanción de casi 9000 millones de dólares que hasta ahora no ha pagado. “Hemos tenido un ministro de Hidrocarburos, Fernando Santos Alvite, que fue abogado de Chevron, y que durante este último gobierno pretendía negar la existencia de los pasivos ambientales dejados por esta empresa”, dice Mariuxi Sánchez, refiriéndose a los funcionarios que estuvieron vinculados a la actividad petrolera en el sector privado.

Bolivia: leyes que no se cumplen

La falta de decisión política también fue resaltada en Bolivia. La senadora Cecilia Requena, del partido Comunidad Ciudadana, asegura que “no existe la capacidad ni siquiera de aplicar la normativa vigente, ni la Constitución boliviana [Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia]  que es aparentemente en el texto muy avanzada, así como normas, diría yo, declarativas como la Ley de los Derechos de la Madre Tierra”.

Esta ley, aprobada en el año 2010 durante el gobierno del ex presidente Evo Morales, contempla los derechos a la diversidad de la vida, el agua, el aire limpio, el equilibrio y la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente, además del derecho a vivir libre de la contaminación. Sin embargo, en la práctica, esta norma, como muchas otras, solo se queda en el papel.

Requena, integrante de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado de Bolivia, señala que el extractivismo, particularmente de hidrocarburos, ha generado una renta al país que ha permitido al Movimiento Al Socialismo (MAS) —en el gobierno por más de 15 años— mantenerse en el poder. “Los veo como adictos al extractivismo e incapaces de entender a Bolivia en un contexto del siglo XXI. Celebran la industrialización, pero estamos hablando de recursos naturales no renovables. Hay una incapacidad de ver que Bolivia podría tener otras economías sostenibles, como la economía del bosque que podría incluir servicios ambientales. Y ahora está la locura de entrar a la Amazonía, que es lo único que nos ayudaría en la resiliencia climática”. 


En el Senado, comenta Requena, intenta hacerle frente a la expansión de las actividades de hidrocarburos, pero su bancada no logra mayores resultados pues el MAS, movimiento que llevó a la presidencia a Luis Arce, tiene la mayoría. “Estamos concentrados en la fiscalización y en la denuncia, pero también en la generación de una narrativa con una visión distinta de lo que podría ser Bolivia. Tampoco nos hemos rendido por completo en el ámbito de la normativa, pero lo estamos haciendo de manera, digamos, estratégica”. 

Hay un tema adicional que menciona la senadora del partido Comunidad Ciudadana que es la falta de información y transparencia del gobierno sobre la actividad petrolera. Esta situación se ha podido constatar durante la construcción de la base de datos para esta investigación, puesto que tras varios pedidos de información realizados a las instituciones del gobierno boliviano los datos recibidos solo dan cuenta de 101 pasivos y pozos abandonados dentro de áreas naturales protegidas, pero no se informa sobre otras zonas de explotación petrolera.

“La falta de acceso a la información es sistemática y, a estas alturas, yo le puedo decir que es deliberada en muchos casos. Es una forma de cubrirse de una fiscalización ya sea de la sociedad civil, de los medios o del Parlamento”, dice la senadora. “Bolivia es uno de los pocos países de la región que no tiene una ley de acceso a la información. Comunidad Ciudadana ha presentado dos proyectos de ley de acceso a la información en estos dos años y medio de legislatura, pero no se aprueban. Es una falta de voluntad clarísima”, agrega.


Líder indígena de Caigua muestra la quebrada que lleva el mismo nombre de su comunidad con las emanaciones de petróleo que dañan el Parque Nacional Aguaragüe. Foto: Miguel Surubi.

Patricia Molina, directora general del Fondo Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), organización de la sociedad civil que se enfoca en acciones en torno a políticas ambientales, seguimiento y fiscalización de la gestión ambiental, señala que el problema de los pasivos ambientales lleva muchos años y que incluso durante el proceso de privatización y capitalización en Bolivia, que empezó en 1985 con una serie de reformas económicas, se realizó “una auditoría petrolera que incluyó un acápite de los pasivos pero que fue un documento casi secreto, porque la idea era no pasarle estos pasivos a las empresas que estaban llegando para invertir”.

La experta explica también que hay varios vacíos en la norma vigente y que uno de ellos está relacionado a lo que debería ser considerado un impacto de la actividad petrolera. “En las normas bolivianas, inclusive la Constitución, la parte operativa es inexistente y obviamente hace nulos cualquier pasivo proveniente de la fase de exploración. Se considera impacto muy bajo, entonces, solamente se consideran los impactos de la explotación”, agrega Molina. 

Los pasivos ambientales que ha dejado la actividad petrolera principalmente en el Chaco “son muy graves”, señala la experta de Fobomade. Básicamente, se trata de “pozos abandonados que están eliminando hidrocarburos, gases y desechos en una zona muy importante que es la Serranía del Aguaragüe, donde se origina toda el agua de una región que ya de por sí es seca”.

Perú: miles de pasivos sin completar remediación

“En algún momento encontramos un caso emblemático en Tumbes. Era un pasivo petrolero donde todavía brotaban restos de petróleo y, eventualmente, salía fuego. Y las personas lo consideraban como un atractivo turístico, como aguas termales. Adultos y niños se bañaban en ese pozo sin saber que era un pasivo petrolero”, recuerda Lissette Vásquez, adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. “Este es solo un ejemplo del riesgo que significan para la integridad de las personas”.

Desde el año 2014, Perú cuenta con un inventario de pasivos de hidrocarburos. Este inventario contiene más de 3000 pasivos ambientales en nueve regiones del país, la mayoría ubicados en la costa peruana, en las regiones de Tumbes y Piura, según la información recibida para esta investigación.

Existe, además, otra categoría para denominar a los lugares contaminados o afectados por petróleo y son los llamados “sitios impactados”, que corresponden específicamente a los puntos contaminados en el Lote 192 —antes 1AB— ubicado en la región Loreto, en la Amazonía peruana. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) actualmente existen 171 sitios y ninguno ha sido remediado. 

Niño de la comunidad de Andoas, muestra un documento donde da positivo a plomo y cadmio. Foto: Patrick Wesember.


Vásquez menciona que en el año 2015 la Defensoría publicó el informe Un llamado a la remediación, en el que advertía sobre los retrasos en la atención de los pasivos ambientales y recomendaba al Estado peruano, puntualmente al Ministerio de Energía y Minas, que por lo menos se priorice la remediación de aquellos pasivos que significaban un alto riesgo para la salud, la seguridad y la calidad ambiental. Han pasado ocho años y no se ha avanzado, señala Lissette Vásquez. 

“Hay una deuda histórica con la población indígena de la región Loreto por la contaminación petrolera que ha habido a lo largo de todos estos años y se requería una medida urgente que de alguna manera se ha propiciado con este fondo de remediación”, dice la funcionaria de la Defensoría, en referencia al Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental creado en en el 2015 y que tenía por objetivo atender los puntos de alto riesgo. 

Pero también están los más de 3000 pasivos ubicados principalmente en las regiones de Tumbes y Piura, en la costa norte del país. “Estas dos regiones son, históricamente, donde se inició la exploración petrolera y las poblaciones que están asentadas en zona petrolera siempre son afectadas. Se pone en riesgo su vida, su salud, su derecho a un ambiente sano y equilibrado”, agrega Vásquez. 

El marco normativo existe, lo que hace falta es gestión, que las autoridades cumplan con su labor y el Estado priorice la implementación de estas acciones, explica la funcionaria. “En Perú, ninguna entidad del Estado podría argumentar la falta de marco jurídico para lograr la remediación de estos lugares afectados por la actividad petrolera”, dice Vásquez y agrega que es el Ministerio de Energía y Minas la autoridad responsable del proceso de remediación. 

Para la congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, uno de los problemas es la falta de articulación entre los sectores responsables del sector hidrocarburos. “Hay una fragilidad institucional fuerte de todo el sistema de gestión ambiental en general. No hay quien haga un monitoreo y seguimiento constante del impacto en la salud de la población afectada. Eso quedó evidenciado en el [derrame] de Repsol”, menciona la congresista y vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. 

Lo más reciente en Perú es la propuesta para modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas y permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas de mayor nivel de conservación como son los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Esta propuesta de cambio en la legislación ha sido planteada por el Ejecutivo y pone en evidencia el interés de abrir los espacios más biodiversos a las actividades de extracción de petróleo y gas. 

Colombia: una ley en camino

“La deuda no es solo ambiental sino que también es una deuda legislativa, de reconocimiento de esas afectaciones ambientales”, explica Cristian Avendaño, del Partido Verde en la Cámara de Representantes de Colombia. “Se tiene que empezar esa caracterización de los pasivos, superar el déficit legislativo que hay para el reconocimiento de los pasivos y abrirle paso a una reglamentación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a los mecanismos de compensación ambiental”, agrega.

El legislador se refiere al proyecto de ley presentado en octubre de 2022 por su agrupación política con el fin de regular y gestionar los impactos ambientales que han dejado las actividades extractivas, así como los rellenos sanitarios acaba de ser aprobada en el Senado de la República de Colombia y ha sido enviada al presidente Gustavo Petro para su aprobación final.  

En Colombia estaba pendiente una legislación que caracterice de manera concreta los impactos ambientales dejados por las actividades petroleras, así como por la minería y otras actividades extractivas. En el caso del sector hidrocarburos se conoce como “impactos no resueltos” a los daños causados por esta actividad que, según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, suman 161 en los departamentos de Antioquía, Boyacá, Putumayo y Santander. 

Con la propuesta de ley se busca saldar la ausencia de información y crear un registro oficial que reúna los impactos causados por las actividades extractivas. “De acuerdo con esta ley,  el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá la responsabilidad de clasificar y determinar los pasivos ambientales. Luego, con esta clasificación, el Congreso tendrá la responsabilidad de redactar otro proyecto que permita darle una vía mucho más amplia y específica a las compensaciones ambientales”, dice Avendaño. 


Petróleo entre el colchón de junco de la Ciénaga de Palagua, en Boyacá. Foto: Juan Carlos Contreras.

Cuando se le pregunta a Avendaño por qué se ha tardado tanto Colombia en atender ese vacío legal, responde que lo que ha primado en el país ha sido una “visión conservadora y extractivista de los gobiernos. Todo esto tiene que ver con una visión antropocentrista de desarrollo de los ecosistemas”. 

Armando Sarmiento, profesor del departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana, explica que la actividad petrolera en Colombia, en términos de volúmenes y campos de producción, es reciente. Según el portal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la baja producción de petróleo a inicios del siglo XXI llevó a pensar que el país tendría que importar combustibles. Esto no ha sido así y, actualmente, según el Ministerio de Minas y Energía, “las reservas probadas de petróleo pasaron de 2039 millones de barriles reportados en 2021 a 2074 millones de barriles en 2022”.

En cuanto a la normativa actual, Sarmiento asegura que “la autoridad ambiental es rigurosa, pero aún hay cosas por mejorar. Sin embargo, en los últimos 30 años ha tenido una evolución importante y tenemos instrumentos de control y seguimiento”. El experto menciona, por ejemplo, que con la Ley Ambiental de 1993 —mediante la cual se crea el Ministerio del Ambiente— surge la figura de la licencia ambiental y se comienzan a desarrollar los estándares metodológicos que rigen actualmente la actividad petrolera. 

Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales del Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia (WWF por sus siglas en inglés) señala que lo principal de esta ley que acaba de ser aprobada es “contar con una definición de pasivo ambiental, porque sin definición adoptar acciones es muy complejo. En un año debe tenerse la reglamentación y la definición de pasivo ambiental por subsectores. Han sido 20 años peleando por esta ley".

Cabrera también considera que la aprobación de la ley en Colombia es un mensaje para  el resto de países de la región que no cuentan con leyes para los pasivos ambientales. “Es importante que se avance a nivel regional y se reglamente el manejo de los pasivos en toda Latinoamérica, además que se cuente con legislación para otras actividades extractivas como la minería ilegal, que es un generador de pasivos principalmente en la Amazonía", precisa el experto. 
 

Actualizado el: Mar, 06/27/2023 - 11:24

Colombia: los daños ambientales de la explotación petrolera han transformado a Puerto Boyacá

* En el municipio de Puerto Boyacá, en Colombia, la actividad petrolera es responsable de 109 sitios contaminados, de los cuales 37 corresponden a Mansarovar Energy según datos proporcionados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En total, la ANLA ha registrado a nivel nacional 161 “impactos no resueltos”, como los clasifica el Estado.

* Desde 1946, la empresa estadounidense Texas Petroleum Company comenzó la explotación de hidrocarburos en Puerto Boyacá; casi 50 años después, Omimex de Colombia adquirió esos activos y hoy pertenecen a Mansarovar Energy. En tan solo uno de sus campos, la empresa tiene 95 pozos en producción y 185 abandonados.

* Pescadores, ganaderos, habitantes e incluso las autoridades del municipio de Puerto Boyacá han presentado denuncias judiciales por las afectaciones al ecosistema y a los cuerpos de agua de la región, sin que hasta ahora se hayan realizado acciones de remediación de los lugares contaminados.

 

Por Catalina Sanabria Devia

*Esta investigación es una alianza entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto 

José Celestino Trujillo es pescador y vive hace casi 80 años en la vereda Muelle Velásquez, en Puerto Boyacá. Durante décadas ha sido testigo de las transformaciones que ha sufrido ese territorio que lo vio nacer. Uno de los sitios en donde más se observan esos cambios, dice, es la Ciénaga de Palagua, el segundo espejo de agua dulce más importante del departamento de Boyacá, después de la Laguna de Tota. Este territorio pantanoso es hábitat de por lo menos 160 especies y uno de los lugares en donde se refleja la contaminación que ha dejado la industria petrolera que opera en la zona desde hace más de cinco décadas.

En su juventud, José Celestino se dedicaba a pescar en la Ciénaga de Palagua, que se ubica en el valle del río Magdalena, a unos 36 kilómetros del casco urbano de Puerto Boyacá. Celestino recuerda que en una red cabían tres o cuatro peces que en la región se conocen como bocachicos, cada uno con una extensión equivalente a la de un antebrazo humano. Hoy ya casi no se encuentran estos peces; si los hay, su tamaño disminuyó a tal punto que son del mismo largo de una mano.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto visitaron la zona. Durante el recorrido, no sólo evidenciaron las afectaciones que ha dejado la industria petrolera en el lugar, también escucharon a los habitantes de la vereda Muelle Velázquez. Ellos afirman que alrededor de 200 hectáreas de la ciénaga están contaminadas con residuos de hidrocarburos.   

José Celestino Trujillo, integrante de Asopezpalagua. Foto: Juan Carlos Contreras

 

La contaminación en Campo Velásquez

En 1946, la Texas Petroleum Company inició la explotación de Campo Velásquez, el cual se encuentra al sur de la Ciénaga de Palagua, en la jurisdicción de las veredas Calderón y Velásquez. Casi 50 años después, Omimex de Colombia adquirió estos activos y hoy pertenecen a Mansarovar Energy. En su página oficial, la misma petrolera señala que en Campo Velásquez cuenta con 95 pozos petroleros en producción, 185 abandonados y 32 cerrados, sin que especifique la diferencia entre unos y otros. Allí se producen alrededor de 3270 barriles de crudo por día. 

Milton Guzmán, administrador y socio honorario de la asociación de pescadores Asopezpalagua, cuenta que la empresa Mansarovar Energy adquirió los oleoductos subacuáticos que en un principio pertenecieron a la Texas Petroleum Company y luego a Omimex de Colombia. De acuerdo con Milton, las tuberías, por falta de mantenimiento y por la gran cantidad de crudo que bombeaban, solían romperse y el hidrocarburo se vertía en el agua. “A los tres o cuatro días veíamos la inmensa mortandad de peces”, expresa José Celestino, también integrante de Asopezpalagua. 

Debido a su producción petrolera en Campo Velásquez, la empresa Mansarovar Energy es responsable de 37 de los 109 sitios contaminados por la actividad petrolera que existen en el municipio de Puerto Boyacá, de acuerdo con los datos entregados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para esta investigación.

Esos puntos de contaminación podrían ser considerados en el resto de Latinoamérica como “pasivos ambientales”, un concepto que se usa para referirse a los daños a ecosistemas y comunidades a largo plazo y que han sido provocados por proyectos extractivos, mineros o los rellenos sanitarios que se encuentran abandonados. Aunque esta figura no existe legalmente en Colombia, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley con el que se busca, entre otras cosas, crear el Registro Nacional de Pasivos Ambientales (REPA). Por ahora, esos impactos petroleros con las mismas características que un pasivo ambiental son denominados por el Estado colombiano como “impactos no resueltos”.

La base de datos construida para esta investigación transnacional logró establecer que en Colombia existen por lo menos 161 “impactos no resueltos”. Estos lugares contaminados se concentran en Boyacá, Santander, Antioquia y Putumayo.

Zona en donde se encuentra la tubería subacuática en la Ciénaga de Palagua. Foto: Juan Carlos Contreras

El Aceitero, localizado en la zona de la Ciénaga de Palagua, por ejemplo, es una de las áreas afectadas por la contaminación de hidrocarburos en Puerto Boyacá. Los pescadores le llaman así precisamente por la abundancia de petróleo que hay en sus profundidades. Al prender los motores de los botes o meter un listón de madera al agua, el hidrocarburo se hace visible en la superficie. 

Leonardo Granados es abogado, asesor de la Alcaldía de Puerto Boyacá para la defensa estratégica del territorio y director de la Corporación San Silvestre Green, una organización no gubernamental que tiene como propósito contribuir al desarrollo sostenible. Granados asegura que en el punto en donde se encuentra El Aceitero confluye el daño medioambiental: “Después de georreferenciar las zonas de contaminación y los predios afectados por las operaciones en Campo Velázquez de Mansarovar, se concluye que las aguas corren a la Ciénaga de Palagua y llegan al Aceitero. Esto ha generado un 90% de pérdida hídrica y de pescado”.

Imágenes de la zona conocida como El Aceitero, en donde se evidencia el petróleo. Fotos: Juan Carlos Contreras

 

La Ciénaga de Palagua está conformada no solo por sus 180 hectáreas de espejo de agua, sino también por las 1200 que tiene de humedal. Las fincas aledañas se surten del agua que proviene de este cuerpo hídrico, así lo explica Mauricio Salazar, ingeniero forestal, coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) de Puerto Boyacá hasta finales de 2022 y fundador de la Mesa Ambiental del municipio. En época de precipitaciones, explica Salazar, la lluvia se mezcla con el petróleo, circula por las veredas y finalmente desemboca en la ciénaga.

En 2021, los dueños de 18 predios iniciaron acciones penales y administrativas en contra de la empresa Mansarovar Energy por la contaminación del agua en la zona; aunque aseguran que son más los afectados.

Uno de los predios contaminados es El Jordán. De acuerdo con la ANLA, este lugar es uno de los 37 pasivos ambientales que acumula la petrolera en esta región. Según Édgar y Giovanny Bermúdez, padre e hijo ganaderos propietarios de El Jordán, su finca ha sido afectada por las operaciones en Campo Velásquez. Hace dos años, ellos intentaron abrir jagüeyes, unos lagos pequeños para que sus animales se hidrataran. Para su sorpresa, el agua estaba llena de petróleo. 

“Nos comunicamos con la empresa, en ese momento había personal para que fuera a revisar. Tomaron unas pruebas y dijeron que en efecto había contaminación, pero nunca volvieron ni nos dieron respuesta. Mansarovar siempre ha estado enterada de esa situación”, cuenta Giovanny. 

Los Bermúdez ahora solo tienen terneros. Cuentan que cuando tenían vacas, los animales se deshidrataban y si tomaban del agua contaminada se enfermaban, perdían peso, abortaban y morían. Y es que en época de verano, la temperatura en la zona alcanza hasta los 40 grados centígrados y los pozos de agua potable se secan.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam buscaron por varios medios una entrevista con Mansarovar Energy para obtener su versión de los hechos. La empresa respondió únicamente un par de preguntas. Sobre el Aceitero, asegura haber realizado las actividades de diagnóstico de primera fase para así establecer una estrategia de intervención. En cuánto al Jordán, Mansarovar afirma no tener permiso de acceso al predio. 

Giovanny Bermudez aclara que al no haber sido posible una conciliación directa con la petrolera, él acudió a Leonardo Granados y solicitó a Mansarovar que todo lo correspondiente al caso lo trataran con su representante legal. “Generalmente, cuando a las empresas se les da permiso para ingresar a un predio, entran a eliminar evidencias. Como estamos en un proceso con la Fiscalía General de la Nación para hacer el recaudo de material probatorio, la petrolera podría incurrir en el delito de destrucción y ocultamiento del mismo. Por tal motivo, no se le ha permitido el ingreso a la finca”, explica el abogado Granados.

Malas herencias y daños no remediados

Mansarovar Energy inició sus operaciones en el territorio hace tres lustros, pero los perjuicios ambientales se remontan a mediados del siglo pasado, cuando la Texas Petroleum Company llegó a Puerto Boyacá a dedicarse a la explotación de hidrocarburos en Campo Velásquez durante décadas. Luego, en 1995, la compañía estadounidense vendió sus activos a Omimex de Colombia y finalmente pasaron a ser de Mansarovar Energy, una empresa creada en 2006 tras la unión de la estatal india ONGC-Videsh y la estatal china Sinopec.

Tal cómo informó el diario El Tiempo, a mediados del siglo pasado, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Texas Petroleum Company determinando que no se pagaran regalías por la producción petrolera en Campo Velásquez. Ni siquiera hoy en día, bajo la administración de Mansarovar, se han pagado regalías al Estado por su producción. 

Texas Petroleum fue la primera responsable de los impactos ecológicos en la zona, pues según el hoy disuelto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), la empresa realizaba sus actividades sin consideraciones ambientales, sus equipos eran obsoletos y no trataba los vertimientos de petróleo que ocasionaba.

 

Válvula de pozo petrolero en Campo Velásquez. Foto: Juan Carlos Contreras

José Celestino recuerda que la empresa estadounidense, en vez de remediar los daños causados, trataba de encubrirlos. Con maquinaria pesada removía el petróleo que se encontraba en tierra y cuando había demasiado en el agua, le prendía fuego. Según José Celestino y más habitantes de la zona, en la década de los sesenta la petrolera lanzó desde una avioneta semillas de junco, una especie de planta acuática. Hoy en día hay aproximadamente 50 hectáreas de junco ocupando la Ciénaga de Palagua. “Ahí es donde está la joya de la contaminación y la taparon”, reclama el abogado Granados.

El ingeniero Salazar cuenta que el buchón de agua (Eichhornia crassipes), también conocido como taruya, igualmente ha sido utilizado para cubrir el petróleo que se encuentra en el fondo del Aceitero. Al ser una especie introducida no hay un control biológico sobre ella y se ha vuelto invasora. “Se reproduce sin que nada la detenga”, explica. Además, cuando estas plantas mueren, la materia orgánica se deposita en el fondo, formando un tipo de colchón. Así, la ciénaga se ha secado poco a poco, ha perdido oxígeno y el espejo de agua es cada vez menor.

Junco y taruya en medio de la Ciénaga de Palagua. Foto: Juan Carlos Contreras

“Nosotros pedimos que toda esta área sea removida, que se saque el junco contaminado y se filtre, se limpie la ciénaga, pero no lo hacen porque es costoso. La compañía dice que todo está perfecto, que según los documentos ha cumplido. Sin embargo, la evidencia en el terreno es diferente. Tiene que prevalecer la realidad sobre el papel”, sugiere Milton Guzmán, administrador y socio honorario de Asopezpalagua.

Frente a los daños ambientales, en 1994 el municipio de Puerto Boyacá presentó una Acción Popular contra la Texas Petroleum Company. En 2008 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá declaró responsables a la Texas Petroleum Company y a Omimex de Colombia por el “deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en las áreas de Campo Velásquez y Campo Palagua”, este último ubicado al norte de la ciénaga. Así, el juzgado sentenció a las petroleras al cumplimiento de un plan de manejo especial para la recuperación de la ciénaga, el cual se encuentra en la resolución 782 del año 1993 del INDERENA.

A su vez, los integrantes de Asopezpalagua emprendieron una acción popular paralela que ganaron en 2010. En este caso, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá ordenó algo más específico: “Les dijo a las compañías petroleras que deben hacer un estudio del fondo de la ciénaga, porque los sedimentos están completamente llenos de hidrocarburos, que es lo que ha dañado a los peces y lo que ha acabado con la pesca”, explica el abogado Granados.

El 24 de noviembre de 2022 representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) y Asopezpalagua realizaron una visita a la zona para corroborar si se ha cumplido lo dictado en las sentencias. Iniciaron el recorrido en el pozo 100, denominado Puerto Nuevo, pasaron por la batería 3 y finalizaron en Muelle Velásquez. También estuvieron en El Aceitero. Durante el trayecto fueron testigos del petróleo que hay entre los colchones de junco. “Esperamos que el juez tome medidas ante el desacato y se obligue a la empresa a cumplir después de 30 años”, expresa Guzmán de Asopezpalagua.

Según ha informado la Corporación San Silvestre Green, por escritura pública No. 4253 del 30 de noviembre de 2006, Omimex de Colombia pasó a ser Mansarovar Energy y adquirió no solo los activos de Campo Velásquez, sino también los pasivos ambientales. Por lo tanto, tendría que hacerse responsable de remediar ecológicamente la zona. En palabras de Mauricio Salazar, anteriormente coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) de Puerto Boyacá: “No podemos seguir permitiendo que la industria petrolera que ha causado tanto daño al medio ambiente y al ecosistema quede impune como sucedió con Texas, Omimex y como prácticamente está sucediendo ahora con Mansarovar”.   

Campo Moriche, donde la contaminación continúa 

Campo Moriche es otra de las áreas de explotación de Mansarovar Energy en Puerto Boyacá y, al igual que en Campo Velásquez, sus operaciones han generado varios impactos ambientales. Dos de ellos sucedieron el 8 de junio de 2020 y el 9 de septiembre del mismo año en la vereda el Ermitaño. La ruptura de una de las tuberías provocó dos derrames de petróleo que afectaron el suelo, los cuerpos de agua, la fauna y la flora del territorio. En ese momento Herman Amaya, director de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), aseguró que únicamente el derrame de septiembre generó daños irremediables, pues se produjo a tan solo tres kilómetros del río Magdalena.

Mansarovar reportó las contingencias a la ANLA, a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL). En el caso del derrame del 9 de septiembre indicó que se habían derramado tres cuartos de barril de crudo. El 11 de septiembre de 2020, representantes de Corpoboyacá y funcionarios de la Alcaldía de Puerto Boyacá realizaron una visita técnica a la zona para constatar los datos. “Se evidenció que cerca de 100 barriles de crudo se derramaron en 1.200 metros cuadrados de Campo Moriche, de los cuales 15 eran de petróleo crudo neto”, publicó Corpoboyacá. La empresa otorgó datos alejados de la realidad, pues tan sólo ese  derrame fue mucho mayor y más grave de lo que había señalado. 

En ese entonces, en las redes sociales se viralizaron las imágenes de unos chigüiros —una especie de roedor conocido también como capibara— que, por el derrame, estaban bañados en petróleo. Mauricio Salazar fue quien tomó esas fotografías. “Encontramos a los chigüiros completamente contaminados. Por lo general ellos ven a un humano y se esconden, pero estaban tan aletargados que se quedaron ahí, quietos. Ese terreno era inestable y no conocíamos su profundidad, nuestro peso hacía peligroso intentar agarrar a los animales. La idea era que lo hicieran personas con trajes especiales y que los limpiaran, pero luego vi en un informe que habían muerto”, menciona el ingeniero.

Mauricio Salazar, coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) hasta diciembre de 2022. Foto: Juan Carlos Contreras.

Salazar realizó varias visitas para inspeccionar el terreno y cuenta que Mansarovar siempre daba el mismo recorrido e impedía el paso hacia algunas zonas. Además, debido a la pandemia del COVID 19, había protocolos de bioseguridad y permisos especiales que tramitar. Desde su punto de vista, esto le ayudó a la empresa a ganar tiempo para que, cuando llegaran las entidades competentes a revisar el área, todo estuviera en orden. 

En una de las inspecciones, el entonces coordinador de la UGAM oyó maquinaria pesada. Vio dos bulldozer tumbando media montaña, lo cual se le hizo extraño porque nunca había recibido documentos informando que se iba a hacer un movimiento grande de tierra. “Subí y al otro lado de la loma había lo que parecía ser un mar de agua contaminada, algo impresionante. Yo no captaba qué era eso y cuando lo analicé, era crudo puro. Lo estaban ocultando”, asegura Salazar. 

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto preguntaron a Mansarovar Energy su posición frente a que se le acuse de dar datos erróneos sobre los derrames en Campo Moriche e intentar encubrirlos. La empresa no se refirió a estos hechos en específico, pero manifestó que la ANLA, en su última visita realizada en marzo de 2023, constató de forma directa la finalización de actividades de remediación y de los estudios ambientales. Esta alianza periodística solicitó una entrevista a la ANLA para contrastar la información. Sin embargo, para la fecha de publicación del reportaje, no hubo respuesta por parte de la entidad.

Iniciativas, reclamos y exigencias

Según Jicly Mutis, desde su alcaldía se ha invertido en la compra de predios de interés hídrico y en programas de reforestación en  los alrededores de las cuencas. Sin embargo, tanto él como Granados concuerdan en que la encargada directa de limpiar y remediar la Ciénaga de Palagua es la empresa Mansarovar Energy. Según el abogado, la ANLA también tiene una responsabilidad de omisión frente a los impactos ambientales ocasionados por la petrolera.

“Es inadmisible que no haya sanciones ejemplares. Estamos pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente un control preferente. Puerto Boyacá es víctima, debe ser indemnizado como tal y sus áreas deben ser reparadas. La vocación de este territorio es el ecoturismo y la gastronomía, pero la contaminación le está impidiendo esa vía de desarrollo alternativa a la industria del petróleo”, explica Granados.

En la actualidad, la Corporación San Silvestre Green le exige a la Fiscalía la imputación de cargos a Mansarovar Energy por los delitos de daño de recursos naturales, contaminación con yacimiento de hidrocarburo, fraude procesal, ocultamiento de material probatorio y, en el caso específico de Campo Velásquez, fraude a resolución judicial por el incumplimiento de las sentencias. Granados calcula que las sanciones serán por alrededor de nueve mil millones de pesos, lo que equivale a 1 871 697 dólares. 

El abogado explica que en el caso del Campo Moriche ya se tomaron las pruebas de laboratorio y se está a la espera de la cita por parte del fiscal para ratificación y ampliación de hechos y así proceder a la imputación. 

Para Campo Velásquez el proceso es más lento porque la cantidad de área afectada es mayor y es necesario tomar bastantes pruebas de laboratorio. Granados espera que antes de junio de 2023 se atribuyan cargos contra Mansarovar Energy. Según él, por primera vez en la historia del gobierno colombiano se presenta la oportunidad para sentar un precedente frente a los pasivos ambientales.


 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mar, 06/27/2023 - 10:58

"Escuela Guayabal: olvidar la vida, aprender la muerte”

Jhonatan* lo presenció todo. Los oídos le zumbaron al primer disparo, el primero de varios que escuchó detonar de una pistola nueve milímetros en la humanidad de Eyder Andrés Galindo, su amigo de 13 años. En esos días sus vidas dieron un vuelco hacia un abismo de difícil retorno. 

 

Por: Anghel Katerine Aldana Sierra

Apenas habían pasado algunas semanas desde que Eyder, de su puño y letra, escribió un mensaje para su mamá, Ana Patricia: “Mami, no se preocupe que yo voy a estar bien. Lo hago por usted. Me voy a trabajar porque no sirvo para el estudio. No vaya a llorar. La quiero mucho a usted y a mi hermana (…)”. El trozo de papel reposó sobre la cama hasta que Ana Patricia llegó en horas de la noche a su casa luego de una larga jornada de trabajo, de donde conseguía el sustento para su familia como madre cabeza de hogar.  

Antes de salir esa mañana del 16 de junio del año 2004, Ana Patricia vio a su hijo Eyder dormido en su cama, la última imagen que tendría de él nacido en la noche del 12 de octubre de 1990, en Puerto Caicedo, Putumayo, cuando ella tenía apenas 16 años.  Era alto y su corporalidad generaba la impresión de tener más años. Como cualquier otro niño de su edad, disfrutaba jugar con sus amigos del barrio, aún no le cogía interés al estudio y cuando salía del colegio solía escaparse un rato a jugar billar. Allí, entre tacos, carambolas y tres bandas, conoció a un joven quien le ofreció a él y a su amigo Jhonatan ganar en un mes 600 mil pesos recogiendo arroz en una finca del Casanare. Para Eyder esta oferta representaba la posibilidad de ayudar a su madre, que, para pagar una casa propia, trabajaba en dos empleos de día y de noche, significaba en últimas, un alivio a su angustia y una oportunidad de tener un futuro mejor para él y su familia. 

“Cuando llegué en la noche mi hijo ya no estaba. Desde ese día no sé nada de él, no se ha comunicado conmigo. (...) ese día mi hijo estaba en la casa, y mi hermana quien vive conmigo me contó que un señor fue a buscarlo y que mi hijo salió con él, pasó el día y no apareció”, le contó Ana Patricia a la Fiscalía General de la Nación.

La noche (la vida) se hizo angustia, zozobra, llanto. A primera hora del siguiente día Ana Patricia emprendió su búsqueda. Los vecinos, los amigos, las calles. Sin poder obtener respuestas, acudió al CAI del barrio, pero los policías le dijeron que debía esperar 72 horas. La injusticia hecha costumbre. Un patrullero la acompañó por hospitales, ollas y calles olvidadas, pero no hallaron ningún rastro de Eyder. 

10 días después, Ana Patricia volvió a intentar poner la denuncia, y se dirigió a las instalaciones de la SIJIN, en la carrera Quinta con calle Sexta. Esta vez sí le fue recibida, pero nada pasó. Lo único que resultó de aquel día fue un papel que dejó constancia de la denuncia, de la impunidad. Sola y desorientada no sabía qué hacer: “Entonces llegó un momento en que nadie me ayudaba”.

El comienzo de la ausencia 

Llegó octubre sin Eyder. Para entonces se rumoraba que varios muchachos habían sido desaparecidos del barrio; como ocurría en el de al lado; en el sur oriente y sur occidente; en Bogotá, Villavicencio, Girardot, Santander. Al cabo de unos meses, comenzaron a llegar a las casas de estas familias, sumidas en la angustia, llamadas de militares que les informaban que sus hijos habían sido capturados en operaciones del Ejército. En unas cuantas, las voces fueron de desconocidos que les indicaron recoger a sus hijos en terminales de transporte malheridos. En otras (muchas) los teléfonos nunca sonaron.   

Un día, Ana Patricia recibió la noticia de que habían encontrado a Eyder y que estaba en una de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto la llenó de alegría y muy temprano salió al encuentro con su hijo. Al llegar, se percató que había muchos jóvenes que fueron acogidos de forma transitoria, y allí, Ana Patricia buscó pero no encontró la mirada que buscaba. A todo el que se le cruzó le preguntó por Eyder. En eso, se topó con Jhonatan, que le contó que ambos habían sido reclutados por las Autodefensas Campesinas del Casanare, pero que de su hijo no sabía nada más.

Ana Patricia casi no logró reconocer a Jhonatan, era entonces mucho más alto. Lo distinguía desde tiempo atrás porque vivía en la misma cuadra. Tenía 17 años y había nacido en el Espinal, Tolima, el 18 de noviembre de 1986: 

“[luego de salir del Tolima] Duré un tiempo en la calle aquí en Bogotá, a veces pintaba, echaba pisos, lo que me saliera, vendía dulces, lo que me saliera, luego me fui para donde mi mamá, porque supe en donde vivía aquí en Bogotá, como en 1998”, le contó Jhonatan a la Fiscalía.

Desde entonces, vivió en el barrio Los Libertadores. En el 2000 conoció a Eyder y se hicieron amigos. Gracias a su relato, Ana Patricia conoció que aquel 16 de junio de 2004 a su hijo lo reclutaron junto a otros seis jóvenes del barrio y se encontraba en el Casanare. Seguramente las palabras no encontraron salida de la boca de Jhonatan para narrarle a la angustiada madre todo lo que sabía sobre Eyder. 

Por buscar: objetivo militar 

Los días de angustia y las noches de insomnio siguieron transcurriendo ante la ausencia de Eyder y de respuestas. No siendo suficiente, desde que Ana Patricia emprendió la búsqueda, recibió de forma constante amenazas, engaños y extorsiones de los armados que acechaban en el barrio, quienes vieron en su desespero una oportunidad de lucro. Lo primero fueron las llamadas para recordarle que acudiera al silencio y a la quietud.

Llegó mayo de 2005 sin Eyder, era el Día de la Madre y el celular de Ana Patricia sonó.

“(…) recibí una llamada de una voz muy similar a la de mi hijo. Me dijo: ‘Feliz día mamá’, escuché una canción llanera de madre y colgaron”, escribió la madre de Eyder en una carta que le envió a la Fiscalía.

En horas de la madrugada de un día de noviembre de ese mismo año, un hombre desconocido se presentó a la casa de Ana Patricia. Aseguró haber sido enviado por su hijo y tener un número de celular para ponerse en contacto con él, pero que preguntara por ‘El Negro’. A pesar del miedo y en su desespero por no dejar ir la única luz que se asomaba desde su desaparición, lo dejó entrar y subió al segundo piso de la vivienda para dejar grabado en papel los números que le permitirían escuchar de nuevo la voz de Eyder. Bajó presurosa la escalera. El hombre entregó los datos y partió junto con 500 mil pesos que robó ante el descuido de la madre angustiada. Al cabo de unos cuantos segundos respiró hondo y marcó desde su celular: “Llamé insistentemente hasta que por fin me contestaron y en cuanto pregunté por ‘El Negro’ me pasaron a varias personas y posteriormente me colgaron”, dice la carta que mandó a la Fiscalía.

La violencia no dio tregua y tuvo que vender su casa a bajo precio y desplazarse a otro barrio para su protección y la de los suyos. Durante varias semanas las noches las tuvo que pasar en lugares diferentes: “Posteriormente mi vida fue un infierno pues fui declarada objetivo militar para ser dada de baja en cualquier parte”, contó en la carta.

Con el paso de los años, los violentos siguieron convirtiendo el dolor y la esperanza de Ana Patricia en ganancia para ellos. Para junio del año 2007, recibió una llamada de un hombre que le aseguró ser de las Autodefensas Campesinas del Casanare y la instigó para que se reuniera con él. 

“Me explicó que para ver a mi hijo necesitaba entregarle DOS MILLONES DE PESOS (…) y 15 días después UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (…) me garantizaban que primero hablaría con él por teléfono y que después acordarían conmigo cuándo poder verlo. Después de recurrir a préstamos, de ir de un lado para otro, cumplí con las cantidades exigidas. Sin embargo, días después me exigieron CINCO MILLONES DE PESOS (…) yo les dije que no contaba con ese dinero, pues yo era una mujer trabajadora de escasos recursos económicos (…) días después me llamaron para informarme que me tenían vigilada, que no fuera a cometer un error y salir corriendo a contarle a la Policía nada, sino quería recibir a mi hijo en una bolsa”, señaló la madre a la Fiscalía.

Los llamados (gritos) que Ana Patricia hizo ante la justicia no fueron escuchados. En agosto de 2005 interpuso por tercera vez la denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata de Paloquemao. Pasado un mes, sin búsqueda, se abrió una investigación previa asumida por la Fiscalía 330 que, en ese mismo junio de 2007 en que Ana Patricia fue forzada a entregar 3 millones de pesos a los estafadores, cerró la investigación, quedando así durante los siguientes tres años. Ante los investigadores los alias fueron nombrados; los lugares fueron señalados; los ojos cafés, la nariz chata, el pelo negro y crespo, la estatura de 1.65, la piel morena, el nombre y apellido del reclutador fueron reseñados; la madre entregó la información que a pesar de las amenazas había recolectado, pero la justicia nunca llegó. 

El reclutador

En el barrio los muchachos lo conocían como Pablo*, era un joven al que le sobraba calle. Meses atrás había estado recluido en la correccional para menores “El Redentor”.  Era amigo de infancia de varios jóvenes con quienes jugaba micro en las canchas del barrio. Entre sus amigos estaban Sebastián, Fernando, Emerson, Manuel y Ricardo* con quienes celebró al recobrar la libertad.  

“Era amigo de toda la vida, él vivía en el barrio Los Libertadores, y vendía dulces en los buses y robaba”, señala la declaración de uno de ellos ante la Fiscalía.

De la “correccional” trajo una propuesta de trabajo para sus amigos que se rebuscaban la vida limpiando los vidrios de los carros y vendiendo pañuelos en el centro: unos primos suyos necesitaban gente para trabajar en fincas recogiendo arroz o raspar coca en el Casanare a cambio de 600 mil pesos mensuales y un día de descanso a la semana. Sin dudarlo aceptaron la oferta de trabajo. Al día siguiente los primos de Pablo los llevaron hasta el barrio La Sevillana, les dieron plata para los pasajes y los montaron en un bus intermunicipal con destino al municipio de Monterrey, no sin antes ponerlos bajo el cuidado del conductor, que era cercano a los suyos. 

Luego de hacer la primera parada en Villavicencio, el bus fue detenido por un retén del Ejército en la vía, los muchachos se bajaron, mostraron sus documentos y luego fueron interrogados: “Nosotros dijimos que íbamos para Monterrey, entonces ellos nos dijeron que a qué, les dijimos que a recoger arroz, entonces un soldado de esos se rió y nos dejaron seguir”, contó uno de los jóvenes a la Fiscalía.

La instrucción del conductor era dejarlos en la bomba que queda a la entrada de Monterrey. Eran las siete de la noche y los jóvenes descendieron.  

“Una vez llegamos allí un hombre (…) nos contacta y nos dice que nos va a llevar a un hotel, nos montamos en un taxi como con platón, y nos dirigimos hacía el monte trocha hacia arriba, como a los 20 o 30 minutos paramos en una casa donde habían (sic) tres personas (…) ellos nos dieron la bienvenida, y nos preguntaron que a qué veníamos, y les dijimos que a coger arroz y ellos nos dijeron ‘¿a coger arroz o a raspar gente?’, les dijimos que cómo así, y ellos nos dijeron: ‘Bienvenidos a las Autodefensas del Casanare de Martín Llanos’, y nosotros preguntamos [que] qué eran las autodefensas y ellos nos contestaron: “Maricas, los paracos”.

A las pocas semanas la misma propuesta de trabajo llega a oídos de Jhonatan, quien le comentó a Eyder y a otro amigo del barrio de nombre Alejando. Ambos accedieron y fijaron el día de partida. Pablo llegó primero a donde Eyder, quien por miedo a la negativa de su madre no contó de sus planes, solo dejó una nota y siguió a su amigo del barrio. A los pocos minutos tocaron a la puerta de Jhonatan, y le dieron la razón de que Pablo los estaba esperando en una cafetería a pocos pasos de allí. Los dos muchachos y el reclutador comieron pan y gaseosa. 

“[Pablo] dijo: ¿dónde está el pelado? [respondimos] está en la casa y nos dijo: ‘camine lo buscamos, porque es urgente’. Lo sacamos. Nos fuimos el ‘tercio’”, declaró Jhonatan a la Fiscalía.

Caminaron y se encontraron con alias “El Mono”, otro de los reclutadores. El sujeto, que iba en una moto, los invitó a comer algo, luego los miró y seleccionó.

“Ahí nos eligió a Eyder y a mí, a Alejandro no porque era muy bajito y que no tenía cuerpo para estar allá. El ‘man’ sacó el rollo de billetes y nos dio plata. En ese momento llegó otro al que le decíamos El Tigre, a él lo llevó otro [reclutador] (…) después supimos que en cada barrio había un reclutador”, contó Jhonatan a la Fiscalía.

Alias el Tigre, que también fue reclutado pero que conocía para dónde y a qué iba, quedó como encargado de los muchachos. Así, dejando atrás a Alejandro, partieron en un bus hacia La Sevillana. La misma ruta, el mismo procedimiento. 

“(…) llegamos y el man del bus dijo ¿cuáles son? En ese bus nos llevaron hasta Monterrey, Casanare. (…) ahí nos estaban esperando en una bomba al lado donde paran los buses, y que nos estaba esperando [alias Murdoc en] un taxi. (…) nos subimos al taxi y nos llevaron por allá a una finca (…) nos recibe un señor, una señora y los hijos. Nos dijeron que por la mañana nos llevaban a otra finca, más ‘pa dentro’. (…) llegamos y pensé que estábamos en la guerrilla, porque yo vi armas, estaba la gente uniformada como los soldados. Nos recibió el comandante HK. Nos dijo que no estábamos en la guerrilla sino en los paracos”, contó Jonathan a la Fiscalía.

Escuela Guayabal: olvidar la vida, aprender la muerte“(…) ese día aprendimos que cuando alias ‘3-50’ se paraba tres veces frente a uno de los reclutados, ese se moría (…) ese día mataron a uno (…) el recibimiento fue que los nuevos teníamos que picar al que mataron con hacha, machete o lo que fuera, cavarle la fosa y enterrarlo”, contó uno de los testigos a la Fiscalía.

Los primeros en llegar fueron Sebastián, Emerson, Manuel y Fernando a la Escuela Guayabal. La llegada para todos era igual, una frase que los aterrizaba en la realidad y hacía claro el engaño en el que los hicieron caer: “Bienvenidos a las Autodefensas Campesinas del Casanare”. Les hacían quitar la ropa que traían, les daban uniforme, algunas cosas para la vida en filas, los ‘calveaban’ y se daba inicio al curso cuando se completaba el cupo mínimo de ‘nuevos reclutas’. 

Lo que fue una escuela veredal donde niños y niñas se formaban, leían, escribían y dibujaban la vida, se convirtió en una escuela de la muerte al mando de un exmilitar, donde se configuraba el proceso de degradación de la humanidad propia y la del otro. El acercamiento a las prácticas y la actitud para la muerte se aprendió sobre la vida y los cuerpos de sus propios compañeros. 

“(…) cuando llegamos allá ‘3-50’ hizo formar a todo mundo que íbamos para curso y nos dijo: ‘Ustedes los nuevos formen a este lado’ y le dijo a los otros muchachos: ‘Ustedes todos a tierra’ y el comandante empezó a hablar y comenzó a regañar a todo mundo y cuando ya estábamos en el piso escuché cuatro disparos, cuando vi al muchacho que le había metido los cuatro tiros en la cabeza y entonces nos dijo: ‘Muchachos, perdonen la bienvenida pero es que acá las leyes son para cumplirlas: y nos dijo ‘Ustedes los nuevos cojan un hacha y me lo pican, los quiero ver en 10 minutos con un pedazo de ‘Aladino’ y si no los mato a ustedes’ y ahí empezamos a hacer el curso de entrenamiento”, le contó uno de los testigos a la Fiscalía.

Como ‘Aladino’, quedaron en las escuelas paramilitares muchos otros niños, niñas y adolescentes usados para instruir sobre prácticas de homicidio y descuartizamiento. Acto que era además empleado como amenaza colectiva para los que apenas miraron con ojos quietos (o los que prefirieron apagar la mirada, pero igual los sonidos los alcanzaron) sobre lo que les pasaría si faltaban al dicho de su comandante; herramienta de terror para garantizar la obediencia. 

Faltando algunos días para finalizar el curso, vieron llegar a Jhonatan y a Eyder, apenas se vieron se reconocieron, alcanzaron a compartir algunos días y se separaron. El grupo de jóvenes en el que se encontraban los cinco muchachos recibió el nombre de ‘Tornado’. Comenzó el curso para los nuevos. El mismo recibimiento:

“(…) nos dieron la bienvenida y dijeron todo el mundo boca abajo y dijeron pasen los enfermos, los nuevos y los antiguos, y entonces el comandante ‘3-50’ pasaba por encima de cada uno y hablando de dios y todo eso (…) entonces pasó una muchacha embarazada adelante y la colocó boca abajo y nos dijo que nos colocáramos de pie todos y ahí le descargó 35 tiros a la muchacha en la espalda y a mí me dijo que le quitara la cabeza con un hacha o con un machete y si no lo hacía me mataba, y a Eyder le dijo que le quitara los brazos y a otros nuevos que le quitaran las piernas y a otro que le sacara el feto del vientre y que abrieran una fonda y que la echáramos ahí por pedazos y nosotros lo hicimos, nos tocaba o nos mataban, estábamos resignados”, contó uno de los jóvenes a la Fiscalía.

Estas escenas hicieron parte de su día a día, mientras padecían duros entrenamientos físicos, malos tratos e insultos. 

“(…) nos hacían disparos a los pies, nos hacían cantar toda la noche o quedarnos en el río, la comida a veces era escasa o a veces era buena, el castigo común para todos era un palazo en la espalda por bajar los brazos”, dijo Jonathan a la Fiscalía.

 A su llegada también los registraron en una base de datos, les tomaron fotos y guardaron información personal, que era además usada para amenazarlos y evitar que escaparan o desobedecieran las órdenes impartidas

“(…) al otro día del entrenamiento llegaron a tomarnos fotos, nos dieron toda la información nuestra, de dónde vivíamos, quiénes eran nuestros padres y familiares y todo lo importante, y comenzamos entrenamiento. Duró un mes porque había muchos combates con otros paramilitares”, señaló Jhonatan en su declaración.

Al paso de varios días de iniciado el curso Eyder se dislocó el hombro, no soportó los duros entrenamientos y el peso de una parte de una res que tuvo que cargar monte arriba. Desde que llegó, alias ‘3-50’ o ‘La Perra’ lo cogió entre ojos por su color de piel, el único muchacho afro del curso, lo insultaba, pegaba y lanzaba disparos a los pies. Un día muy temprano en la mañana los levantó a todos para el entrenamiento, luego los hizo formar y comenzó su ritual.

“(…) nos hicieron la diana, como todos los días a las 4 de la mañana y nos hicieron formar a las 5 de la mañana, en ese tiempo estábamos en entrenamiento pasando pista, arrastre bajo, zigzag, obstáculos, y en formación dijo: ‘Pasen los enfermos al frente’. Como Eyder estaba enfermo del hombro, por pasar [el] pasamanos se le zafó el hueso y el comandante dijo que él no podía pasar pasamanos y como era el único negro, el comandante lo tenía entre ojos, y lo hizo pasar al frente conmigo y nos hizo poner boca abajo a todos y pasaba por encima de nosotros sin tocarnos, dando zancadas, nos iba diciendo que la vida era muy hermosa y que había que aprovecharla y ya sabíamos que cuando se pasaba tres veces y se paraba al frente de uno de nosotros, era ya muerto, entonces se paró la tercera vez frente a Eyder y fue cuando le descargó toda la nueve en la espalda (…) quedó al lado de la pista, en la misma escuela”, contó el testigo a la Fiscalía

Jonathan se rehusó a hacer parte del proceso metódico de sevicia, que se ponía en marcha cada vez que alguno de ellos era asesinado, sobre el cuerpo sin vida de su amigo. La imagen quedó congelada en su memoria: el cuerpo que ya no era unidad desnudo en una fosa; una nueve milímetros; zumbidos en los oídos. 

“(…) Nosotros con Eyder nos conocíamos desde niños, de toda una vida. Eyder era menor que yo, él tenía 13 años pero era alto, a mí me duele ver cómo mataron a mi amigo, yo recuerdo muchas cosas de eso, a veces se tienen pesadillas y los recuerdos vuelven”, contó Jonathan en su declaración.

Salir del abismo 

Al cabo de un mes finalizó el curso y se pasó al combate en el monte. A todos los mandaron a integrar diferentes grupos de combate. Jhonatan fue llevado al que comandaba en ese entonces alias ‘Selva 3’, su apodo de guerra fue ‘Pantera’. Tiempo después lo llevaron a hacer un curso táctico para hacer parte de ‘La Móvil’, que era el grupo encargado de la seguridad de Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, al cabo de unas semanas quedó en medio de una operación militar y fue capturado: “(…) El Ejército llamaba entonces a los comandantes y les avisaba [de las operaciones] y ahí es ya cuando nos capturó el Ejército y a otros que no capturó los cogieron los paramilitares y los mataron”, contó Jonathan a la Fiscalía.

Sebastián, estuvo en un grupo liderado por alias ‘Berlín’ y recibió el apodo de ‘Conejo’. Emerson fue llevado a otro que delinquía en el departamento de Boyacá al mando de alias ‘Mancuso’. Fernando, de 17 años, fue apodado ‘Johan’ y llevado por un corto periodo a apoyar el grupo ‘La Móvil’ mientras era asignado a una contraguerrilla. Para esos años la guerra entre los de ‘Martín Llanos’ y el Bloque Centauros llegaba a su punto más alto, en medio de un proceso de paz que nunca inició:

“(…) [en una ocasión] cuando el señor comisionado de paz el señor Luis Carlos Restrepo quiso establecer la mesa de diálogo para la desmovilización del grupo (…) [Restrepo] le indicó a ‘Martín Llanos’ que lo primero que tenía que hacer era entregar a los menores de edad y en un segundo grupo entregar a los demás integrantes. Que si no entregaba al menos tres menores de edad no podía realizar la desmovilización, entonces ‘Martín Llanos ‘descargó fuerte su pistola sobre la mesa y dijo que entonces no habría desmovilización ya que él en sus filas no tenía menores de edad”, cuenta uno de los jóvenes.

El regreso a casa de los seis muchachos no fue igual para todos. Jhonatan fue capturado por el Ejército en la Operación Santuario a finales del año 2004. Emerson también fue capturado por el Ejército pero tras año y medio de haber sido reclutado. Fernando se reencontró con Manuel cuando fue llevado por segunda vez al grupo  ‘Pantera 1’. Debido a la precaria situación que atravesaban se escaparon y se resguardaron en una finca hacia los lados del departamento de Boyacá: “Cuando nos fuimos a entregar nos salió una escuadra del Ejército y nos entregamos a ellos, pero querían era como matarnos, ‘legalizarnos’, en ese momento apareció un carro blanco y rojo que era de la Cruz Roja (...) [ellos] nos subieron y nos llevaron para la base militar”, cuenta uno de los jóvenes.

Por su parte, Sebastián fue dejado en libertad luego de dos años como combatiente, gracias a la intervención de la esposa de alias ‘Boyaco Miguel’ o ‘Coyote’ que le solicitó dejarlo en libertad debido a su estado de salud. El relato de este último sobre lo que tuvo que hacer para liberarse de sus captores muestra su desespero ante la situación extrema a la que fueron sometidos:   

“Yo vi que a un compañero le dieron de baja, o sea la salida por estar enfermo, yo también me hice el enfermo, de los ojos, y me iban a matar, el comandante alias 05 me iba a matar, yo me salvé fue por la mujer de ‘Coyote’, a mí me pasaba de todo, tenía un hueco en una pierna ya todo llenó de gusanos, yo me pegaba con las piedras en la cara hasta sangrarme los ojos haciéndome el ciego y me salvé más de una vez de que me mataran”, le narró la víctima a la Fiscalía.

Sin Eyder

19 años han transcurrido desde su desaparición y reclutamiento forzado. Poco más de 30 desde que Ana Patricia llegó a Bogotá con Eyder en sus brazos con la esperanza de estar en un lugar más seguro y tener mejores posibilidades de salir adelante. Como ella narra, al llegar se propuso construir un futuro para su hijo sin importar el trabajo o sacrificio que implicara. Su mayor meta fue hacerse a una casa propia donde no pasaran necesidades ni humillaciones, con dos empleos y mucho llanto logró tenerla. 

En la entrada de esta casa, Eyder se sentaba con sus pequeñas amigas de la cuadra para contarles historias sobre viajes, travesuras y hazañas que había vivido apenas en su mente, todo para hacerlas pasar un rato de risas. En la cocina, Eyder aprendió a cocinar mirando e imitando a Ana Patricia, lo que sirvió para que, a sus 12 años, pudiera cuidarla cuando estuvo embarazada. En la sala, se sentaba junto a ella para ayudarla a organizar los gastos y amortiguar su angustia por las deudas que la aquejaban. Cada lugar lo irradió con su alegría. De esta casa lo sacaron con engaños y lo llevaron a la profundidad de la cordillera oriental, donde se encuentra la vereda Guayabal en el municipio de Monterrey, bañada por las quebradas que se desprenden del río Túa que atraviesa el municipio de norte a sur. Allí fue llevado y allí permanece bajo el cobijo de la tierra. 

Las tres labores de búsqueda emprendidas por la Fiscalía en estos 19 años han sido infructuosas e insuficientes, a pesar de las acciones realizadas por la Fundación Nydia Erika Bautista, organización de familiares de víctimas de desaparición forzada que ha representado y acompañado a la familia desde el año 2010. Ana Patricia sigue esperando encontrar a su hijo y mantener viva su memoria, esa, la de un niño independiente, amoroso y especial que a sus 13 años “era pura recocha”, como ella dice.  

Llegó 2023 sin Eyder.              

Actualizado el: Vie, 06/16/2023 - 15:23

Las vías ilegales llegaron al Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete

El Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete y el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II se encuentran en alto riesgo por la construcción de carreteras ilegales en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Las vías que los atraviesan y se expanden a una velocidad alarmante han causado una tala descontrolada en la Amazonía colombiana.

Por: Sabrina Bastidas Iguarán y Pilar Puentes E

La situación de la tala masiva para la construcción de carreteras en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá continúa y se acelera cada vez más, lo cual representa una amenaza para el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete y el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II. Estas carreteras, que atraviesan territorios indígenas y zonas protegidas, se están expandiendo a una velocidad alarmante, lo que ha generado preocupación tanto en las poblaciones locales como en los organismos de monitoreo, debido a las consecuencias que esto podría tener en el ecosistema y las comunidades de la región.

A principios de mayo, la Sociedad Zoológica de Frankfurt (FZS por sus siglas en inglés) alertó que personas  habían comenzado a abrir una nueva vía ilegal en la zona norte del resguardo, en la vereda Montebello de Calamar, Guaviare, cerca del municipio de La Macarena, Meta. Mediante un monitoreo satelital realizado durante 46 días, la FZS evidenció que, en tan solo un mes y medio, se construyeron 12 kilómetros de carretera con ocho metros de ancho. Según esta organización, esto equivaldría a la tala diaria de "241 metros de bosque denso amazónico".  Avanzando con ese seguimiento, la FZS identificó el pasado 18 de mayo que la vía nueva ya se unió con la vía de Cachicamo y tiene una longitud de 22,7 km. Adicionalmente, el 23 de mayo se realizó un sobrevuelo a baja altura para verificar la afectación por la construcción de esta vía que verificó dicha información.

Las vías que se expanden por la Amazonía están cada vez más cerca de unirse con ‘La Marginal de la Selva’. Fotografía de la FZS
Las vías que se expanden por la Amazonía están cada vez más cerca de unirse con ‘La Marginal de la Selva’. Fotografía de la FZS

La FZS en una entrevista con Rutas del Conflicto mencionó que del 19 de abril hasta el 4 de mayo se habían construido “1400 metros más de esa vía, lo que quiere decir que ya van casi los 14 o 15 kilómetros de carretera nueva”. Esto la ubica a tan solo 4 kilómetros del PNN Serranía del Chiribiquete. Además, se presume que podría conectar con otra vía ilegal que ya atraviesa el parque y se comunica con Cachicamo hacia el oriente del resguardo y con el centro urbano de La Macarena al noroccidente, lo que resultaría en la unión de la vía con la llamada"Marginal de la Selva", una carretera proyectada desde el mismo Estado desde hace varias décadas, cuya construcción se canceló por los problemas ambientales que traería.

De acuerdo con la FZS hay dos puntos claves que causan preocupación por la expansión de la carretera. El primero, es que se adentra dentro de un territorio que está legalmente constituido como resguardo indígena, por lo que cuenta con un tema de conservación, tanto natural como de los pueblos indígenas dentro de esta figura. El segundo, es que se está conectando con otras vías, muchas de estas que vienen desde La Macarena, de manera desordenada. “Eso produce unas presiones al territorio indígena y, a la vez, al acercarse tanto a un área protegida tan importante, va a empezar a hacer más vulnerables los objetivos de conservación y protección del tema de los pueblos en aislamiento voluntario”, comentaron investigadores de la organización. 

La deforestación como consecuencia de la construcción de vías es cada vez mayor. Fotografía de la FZS
Sobrevuelo realizado por la FZS de la carretera ilegal que se acerca a PNN Serranía del Chiribiquete 

El riesgo inminente está en que las carreteras facilitan el desplazamiento de comunidades “hacia el interior del resguardo y va a conectar otras vías que en este momento no son tan evidentes como la que tenemos en las imágenes, pero que sí pueden convertirse en vías principales, eso va a afectar el territorio de resguardo y de los pueblos indígenas asentados como es el caso de Yaguará”, añadió uno de los investigadores. 

Además, los miembros de las comunidades de la zona también han denunciado que no se conoce quiénes son las personas que están abriendo estas vías. La FZS explicó que para poder construir una vía del nivel de la que monitorean, “requiere una inversión alta”.   Considerando que se abren aproximadamente 100 metros de vía al día, los investigadores de la organización concluyen que no son campesinos trabajando con palas, sino que hay maquinaria involucrada. No obstante, la Sociedad no tiene información sobre quién está financiando la construcción de esta carretera. 

La deforestación aumentó 

En los departamentos de Guaviare y Caquetá, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían el control territorial. Este grupo abrió trochas que desde hace ya varios años se han venido convirtiendo en vías ilegales que atraviesan la selva espesa. Esto ha ocasionado deforestación masiva, pero también ha puesto en riesgo a las comunidades que habitan en el territorio. 

La deforestación como consecuencia de la construcción de vías es cada vez mayor. Fotografía de la FZS

En el especial de Rutas del Conflicto con Mongabay Latam Vías ilegales atraviesan resguardo indígena y parque nacional en la Amazonía de Colombia, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) denunció la ampliación de la vía Puerto Cachicamo - La Tunia en Caquetá. Para 2021, esta contaba con 66 kilómetros, iniciando en la Marginal de la Selva y extendiéndose hasta pasar por el PNN Serranía del Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II, llegando finalmente al río La Tunia. 

Entre 2020 y 2021, como fue documentado en este especial, cerca de 7.492 alertas de deforestación  corresponden solamente a esta vía ilegal. Sin embargo, esta no es la única de la cual se ha tenido registro y monitoreo desde la FCDS. 

En este mismo periodo, dos vías más estaban siendo estudiadas. La primera correspondía a La Tunia - Camuya y tenía 58 km, de los cuales algunos atraviesan el PNN Serranía del Chiribiquete, una zona protegida. La segunda vía es La Playa - Río Yarí, de 33 km. 

El informe Seguimiento a la transformación de la cobertura natural en el Resguardo Llanos del Yarí - Yaguará II 2021, de la FZS, mostró que en 2022, se deforestaron 609 hectáreas dentro del territorio entre enero y diciembre. Señalaron también que el 59% de ese total (359.01 hectáreas) se taló en el último trimestre del año. El paso de la deforestación es cada vez más acelerado, pues en enero de 2022, 692,4 hectáreas nuevas fueron deforestadas. El informe señala que esto representa “960 campos de fútbol del tamaño del Maracaná, o sea toda el área urbana de la ciudad de Cali”. 

La construcción de estas vías ilegales y la deforestación que han ocasionado también han puesto en jaque la seguridad de las comunidades indígenas. En 2004, la comunidad del resguardo indígena Yaguará II sufrió un desplazamiento masivo por amenazas de las FARC. Cuando quisieron regresar a su territorio, siguieron enfrentándose a la inseguridad y al ingreso de colonos e indígenas de otras etnias que dificultaron su retorno.  

El Resguardo Yaguará II fue creado el 22 de febrero de 1995, cuando el Instituto Colombiano de Reforma Agraria le entregó este territorio a comunidades de las etnias pijao, tucano y piratapuyo. Desde entonces, la familia Bocanegra asumió el liderazgo y la gobernanza del resguardo, pero todos sus integrantes tuvieron que dejar, no solo la región, sino el país, ante las amenazas  y el desplazamiento forzado.

Más de 90 familias regresaron al resguardo en 2020 con la esperanza de reconstruir sus vidas después de haberlo abandonado cuando las FARC tomaron control de la zona y los indígenas se vieron obligados a trasladarse al área urbana de San Vicente del Caguán. Sin embargo, al intentar regresar al territorio, se encontraron con amenazas y el control de las disidencias de la guerrilla. A pesar de las medidas cautelares otorgadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras en Ibagué para proteger a la comunidad del resguardo Llanos del Yarí - Yaguara II como víctima colectiva del conflicto, estas medidas no lograron protegerlos completamente.

Tampoco blindó al resguardo de la carta enviada en 2021 al entonces presidente Iván Duque, en el que le advertían del peligro en que estaban. En la misiva que le llegó a Duque mencionaba que: “Estas personas (los grupos armados ilegales) nos advirtieron que nadie podía oponerse a la tala y quema del bosque y a la siembra de cultivos de uso ilícito. También nos prohibieron cualquier relación o visitas de funcionarios públicos o entidades que trabajen para el Estado en el resguardo. Y nos exigieron suspender los procesos de reclamación de tierras que estamos llevando a cabo”. 

Ahora en medio de la crisis territorial por el desplazamiento de gran parte de las comunidades del resguardo, deben esperar la respuesta de un juez en el proceso que llevan en la Unidad de Restitución de Tierras que se encuentra en etapa judicial desde 2019. Mientras la deforestación aumenta, la familia que había liderado por décadas sigue exiliada por las constantes amenazas y el resto de la población sigue luchando por proteger el Parque Nacional Chiribiquete. 

 

 

Actualizado el: Jue, 06/08/2023 - 10:10

Mineros S.A., el gigante invisible del conflicto socioambiental en Bajo Cauca

Mineros S.A. es la empresa que tiene el control de la explotación del oro en el Bajo Cauca antioqueño. Durante el paro minero de este año en la región, la compañía pasó desapercibida por la agenda mediática del país que se centró en el Clan del Golfo y el Gobierno, pero para comprender  las tensiones sociales y ambientales de esta zona es necesario hablar de su actor económico más importante.

Por: Juan Carlos Granados Tuta

El Bajo Cauca es una región de Antioquia compuesta por los municipios de Tarazá, Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Esta zona cuenta con 260.681 habitantes según el DANE a corte de 2020, y los datos del Registro Único de Víctimas (RUV) revelan que en esta zona hay 226.703 personas afectadas por el conflicto armado. Esto significa que casi el 87% de esta población ha sido víctima de la guerra. 

Todos los caminos conducen a Mineros S.A. 

​​A inicios de 2021, la Comisión de la Verdad realizó una serie de diálogos en el Bajo Cauca debido a la crisis humanitaria que se presentó en la región en ese momento. Los distintos sectores sociales expresaron los problemas que históricamente se han presentado en la región y señalaron que el Estado debía actuar con extrema urgencia sobre el territorio. “No hay acceso a tierras y el modelo de desarrollo, basado casi exclusivamente en la minería, se mantiene intacto”, dijo un líder social de la zona. 

Uno de los actores que frecuentemente fue mencionado en estos diálogos fue la empresa Mineros S.A., prácticamente dueña del monopolio de la minería legal a gran escala en la zona, con la que los habitantes han tenido tensiones por el acceso a la tierra y la contaminación de las fuentes hídricas.  El paro minero del presente año es una muestra de los reclamos de las comunidades contra Mineros S.A. y del papel trascendental que tiene esta empresa en la región.

En los medios se repitió que los mineros estaban protestando por el retorno de la destrucción de dragas ilegales por parte del Gobierno. Sin embargo, el 20 de febrero de este año, cuando la Mesa Minera del Río Nechí anunció que entraría en paro, expresaron que lo harían, en parte, porque Mineros S.A. no respondió una solicitud en la que le pedían a la compañía la devolución al Estado de tierras que ya había explotado para que ellos pudieran trabajar. 

El artículo 156 de la Ley 685 de 2001 establece que los mineros ancestrales o barequeros, aquellos que se dedican a la extracción de oro sin maquinaria pesada, deben solicitar autorización al propietario del título minero para trabajar en sus terrenos. Este apartado también menciona que si hay conflictos entre el propietario del permiso de explotación y las comunidades, es el alcalde de la zona el que debe interceder entre ambos actores para solucionar el problema.

Carlos Zapata, director del Instituto de Capacitación Popular (IPC), una organización  que ha investigado el conflicto social en la zona, dice que esta ley afectó a los barequeros debido a que dificulta el acceso al trabajo a una parte de la población que ha convertido la minería en su sustento diario. La norma considera explotación ilícita a toda exploración realizada sin título minero, así como la comercialización del oro extraído. 

El 23 de abril de este año, Andrés Restrepo Isaza, presidente de Mineros S.A., le dijo a El Colombiano que la empresa ha devuelto más de 45.000 hectáreas con fines de conservación y formalización. Rutas del Conflicto envió el 30 de marzo un cuestionario a esta compañía preguntando por la cantidad de terrenos que tiene en desuso, sobre las investigaciones ambientales que le han abierto a Mineros S.A. y sobre la estigmatización de las comunidades que reclaman acceso a tierra. La compañía no respondió los cuestionamientos. 

El paro minero de este año no es el primero que se realiza en la región. Desde el 2012, las comunidades se han manifestado en reiteradas ocasiones por las complicaciones y estigmatización que tienen a la hora de hacer minería. Las tensiones se incrementaron hasta llegar a la última crisis humanitaria del Bajo Cauca. 

La tierra que posee el gigante de oro

Mineros S.A. se constituyó en 1974 y cuenta con un Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP) de más de 35.000 hectáreas en Bajo Cauca desde 1992, según el catastro minero. La jurisdicción de su dominio parte de la cuenca del río Nechí y abarca a los municipios de El Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechí. El tamaño de estas propiedades es casi el de la superficie de Medellín, incluyendo sus áreas rural y urbana. La capital antioqueña tiene 37.640 hectáreas de extensión

La filial que lleva a cabo la explotación de metales preciosos en este RPP es Mineros Aluvial S.A.S BIC. Esta subsidiaria tiene vigentes cincos contratos de concesión con más de 4.300 hectáreas disponibles para explotación minera. Según la información del catastro, Mineros S.A. cuenta en total con casi 40.000 hectáreas para llevar a cabo sus actividades extractivistas, que es más que la extensión de Medellín.

A pesar de que Mineros S.A. posee una vasta propiedad de explotación minera, ha solicitado aún más terreno en el Bajo Cauca. En el catastro aparece una petición de esta empresa hecha en 2018 para poder trabajar en casi 40 hectáreas en Nechí y El Bagre. La solicitud está archivada.

En el informe Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia publicado en 2019, se explica que entre Mineros S.A., Anglo Gold Ashanti Colombia S.A., Continental Gold Ltd, Negocios Mineros S.A. y Proyecto Coco Hondo S.A.S., controlan más de la mitad de la tierra en la que el Estado permite la exploración de metales preciosos en Colombia.

Entre los accionistas más conocidos de Mineros S.A. están Banderato Colombia S.A.S, Corficolombiana, que pertenece al Grupo AVAL de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Mercantil Colpatria S.A. y los fondos privados de pensiones Colfondos y Porvenir. 

El presidente de la junta directiva de Mineros S.A. es Eduardo Pacheco Cortés, encargado del Grupo Mercantil Colpatria S.A. hasta 2021 y actual líder de la directiva de Scotiabank Colpatria S.A. La familia Pacheco Cortés es la segunda más rica del país. Su patrimonio en 2019 fue de 1.614 millones de dólares, según la Revista Forbes

Eduardo Pacheco es uno de los colombianos que apareció en los Pandora Papers. Esta investigación periodística publicada en 2021 reveló que empresarios de todo el mundo usaron distintas maniobras para sacar capitales de sus respectivos países para evitar pagar impuestos. 

La Ley 141 de 1994 establece que las empresas deben pagar el 4% de regalías por la explotación de oro. Sin embargo, esta norma no aplica para Mineros S.A. En el documento ¡Paz ambiental!, la sostenibilidad del planeta exige una nueva revolución del antropocentrismo al ecocentrismo del IPC, se expone que esta empresa es dueña del derecho de explotación tanto del suelo como del subsuelo de los terrenos que hacen parte de su reconocimiento de propiedad privada. El IPC explica en este informe que el pago de regalías de esta empresa está circunscrito al 0,4% y no al 4% por ser propietario privado del subsuelo que utiliza, según el artículo 227 del Código de Minas

Además de sus títulos mineros y de la petición hecha en 2018, Mineros S.A. recibió en 2022 cuatro servidumbres legales derivadas de actividad pública por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la utilización de predios baldíos de la nación. 

Los baldíos son terrenos que hacen parte de los bienes del país, y las servidumbres le permiten a un actor privado como Mineros S.A. usar la tierra del Estado para actividades que deben tener un beneficio social. En 2021, la empresa realizó siete solicitudes de servidumbres, de las cuales cuatro son para la utilización de predios en El Bagre y las otras tres para realizar lo mismo en Zaragoza. 

Las siete peticiones de Mineros S.A. iniciaron el trámite de regulación y fueron firmadas por Campo Elías Vega Rocha, exsubdirector de tierras de la ANT. Vega es investigado por la Procuraduría junto a otros cinco funcionarios públicos por el arrendamiento de predios a particulares a precios muy bajos sin avalúos catastrales en el Archipiélago Islas del Rosario, ubicado en Bolívar. 

Cuando la contaminación del río Nechí ahogó a los peces

En mayo de 2018, las comunidades denunciaron que el río Nechí fue contaminado por Mineros S.A. La situación ambiental de esta fuente hídrica fue tan grave que cambió el color del agua y se presentó una alta mortandad de peces y otras especies. 

En esta imagen interactiva se puede ver el cambio que ha tenido el río Nechí con el paso de los años. 

“Los más afectados por los daños ambientales son las personas que no se dedican a la minería. Los agricultores, pero sobre todo los pescadores se han visto perjudicados por toda la contaminación que han sufrido las fuentes hídricas”, cuenta Zapata. 

La afectación ambiental se presentó por la ruptura de un jarillón, una estructura que contiene el agua y permite separar la suciedad del agua afectada por el proceso de exploración minera, propiedad de Mineros S.A. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en la Resolución 00857 de junio de 2018 señaló que el jarillón había sido construido sin autorización ambiental. Además, la ANLA le dijo al IPC que abrió una investigación contra Mineros S.A. por no haber informado a tiempo de la situación del río Nechí. 

La contaminación se produjo el 13 de mayo de 2018 y la empresa se manifestó seis días después. La respuesta de Mineros S.A. fue que el jarillón se rompió debido a la alta temporada de lluvias y al proyecto Hidroituango que incrementó seis veces el caudal del río Cauca.

La compañía dijo que esto produjo que se rompiera el jarillón y que el río Cauca estaba cargado de lodo y sedimentos, por lo que al mezclarse con el río Nechí ocasionó el cambio de color y olor en el agua. El IPC denunció en 2021 que en el humedal de San Pumoso, en Nechí, se volvió a romper un jarillón de Mineros S.A. y que esto ocasionó nuevas afectaciones ambientales. 

Las advertencias de las autoridades a Mineros S.A. no son nuevas. En un informe de la Contraloría del 2013, esta entidad señaló que la empresa minera en ese momento utilizaba mercurio para sus exploraciones a pesar de que era un tóxico muy peligroso que podría generar graves consecuencias. Mineros S.A. anunció ese año que dejaría de usar mercurio en sus procesos de explotación minera. Las empresas en Colombia no pueden usar mercurio para actividades extractivistas desde 2018 tras la entrada en vigencia de la Ley 1658 de 2013. 

El director del IPC afirma que es necesario que se evalúe el Reconocimiento de Propiedad Privada de Mineros S.A., porque a pesar de que el Tribunal Superior de Medellín declaró al río Cauca como sujeto de derechos, se presentan afectaciones ambientales por la extracción de metales preciosos. 

Convenios entre Mineros S.A. y las Fuerzas Militares

Rutas del Conflicto ha documentado tres casos en los que Mineros S.A. le ha pagado al Ejército por servicios de protección. El primer convenio se pactó por 1.135.400.000 millones de pesos entre 2013 y 2014 para que el Ejército protegiera las instalaciones de los municipios de Nechí, Zaragoza y Anorí. El trabajo de seguridad lo llevaron a cabo la Décima Primera Brigada y Décima Cuarta Brigada del Ejército.

En el segundo convenio , la empresa pagó a las Fuerzas Militares 1.163.241.000 millones de pesos por protección en sus instalaciones de Zaragoza, en la mina La Ye, entre 2017 y 2019. El tercer convenio se firmó por 868.276.000 millones de pesos entre 2018 y 2019. En total, Mineros S.A. le ha pagado más de 3 mil millones de pesos al Ejército por servicios de protección. 


 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Mié, 05/17/2023 - 16:18

Entre grupos armados y economías ilícitas, la guerra que no da tregua en el Norte del Cauca

Las denuncias de las comunidades indígenas que habitan el territorio del Norte del Cauca han venido en aumento a lo largo de los primeros meses del presente año. Los asesinatos de líderes, autoridades y comuneros en sus resguardos, los hostigamientos, las amenazas, y especialmente el reclutamiento de menores de edad siguen sin poder mitigarse. Por esto, han sido las autoridades mismas y los defensores de derechos humanos los que han tenido que enfrentarse contra los grupos armados para exigir el respeto a la vida y el territorio. 

 

El pasado 20 de marzo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - Çxhab Wala Kiwe (ACIN), a través de un comunicado hecho público por medio del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), lanzó una alerta territorial por desarmonías en el territorio y la región. En este, se hicieron denuncias de hechos violentos ocurridos a lo largo del mes. Dentro de estos, se encontraban amenazas a autoridades ancestrales en Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Miranda, asesinatos de comuneros, líderes y guardias indígenas,  defensores de derechos humanos y la quema de la tulpa comunitaria del resguardo La Concepción, en Santander de Quilichao. 

De hecho, tan solo de enero a febrero del 2023, 21 víctimas indígenas habían sido asesinadas, 16 amenazadas, 16 perseguidas y 9 menores de edad reclutados forzosamente según cifras del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC. De estas acciones, se identificó que, en su mayoría, fueron realizadas por algún grupo armado ilegal con presencia en la zona. 

Sin embargo, la violencia que hoy azota al Norte del Cauca no es un hecho repentino. La posición estratégica, en términos geográficos, de la región y su riqueza, tanto hídrica como en recursos mineros, ha hecho que distintos grupos armados pongan en juego la disputa por el control territorial. 

Así lo explicó Samuel Escobar, defensor de derechos humanos de pueblos indígenas al mencionar que, “el Norte del Cauca se convirtió, lógicamente, en un territorio propicio para lo que en su momento se conoció como la guerra de guerrillas”. A esto se le suma que, con la llegada de las AUC a la región entre los años 90 y principios de los 2000, hubo un aumento significativo de vulneraciones a los pueblos indígenas, siendo el pueblo Nasa uno de los más afectados. 

Con el comienzo de los diálogos en el marco de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, uno de los grupos armados con más control dentro del territorio, se pensó que el panorama podría mejorar. “Se creyó que se generaría un nuevo ambiente, un nuevo aire y sí, se mermaron muchas cosas, las tomas y los ataques, pero diría uno que la firma fue un respiro temporal", mencionó Escobar. 

Asimismo, Edwin Guëtio, Coordinador del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, declaró que desde las organizaciones defensoras habían precisado y denunciado que “el asunto del posconflicto iba a ser más complicado en nuestros territorios que el mismo conflicto, lo que parece un tema profético porque es lo que se ha venido evidenciando”. 

A partir de finales del 2016 y el primer semestre del 2017, se empezaron a reorganizar los actores ilegales y nuevas disidencias de las Farc que buscaban cooptar el territorio y establecer economías ilegales. De aquí que el control territorial que antes era ejercido por este grupo armado, quedara “fracturado o fraccionado entre distintos grupos, disidencias, carteles y clanes, lo que hizo que aumentara considerablemente el riesgo de extinción del pueblo Nasa del Norte del Cauca”, describió Escobar. 

Entre economías ilegales y el control de grupos armados

Los Kiwe Thegnas, o guardias, son conocidos, dentro de la cosmología indígena, como los cuidadores y cuidadoras del territorio. Son, también, una herramienta para fortalecer y proteger los ejercicios de control territorial. Esto es uno de los factores que los ha expuesto a un alto riesgo de ataques de grupos armados. 

Samuel Escobar afirmó que en el 2022, circularon cerca de 50 panfletos amenazando a las autoridades indígenas firmados por distintos bandos. Dentro de estos, el Frente Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, comandados por alias Iván Mordisco desde el frente Primero de los Llanos Orientales. Otros fueron firmados por la Segunda Marquetalia, el ELN, el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa. 

Las disputas, además, se han dado a razón de poder cooptar la zona por sus ventajas geográficas. Esto debido a que el Norte del Cauca cuenta con una salida hacia la Costa Pacífica a través del río Naya y hacia el oriente del país por Belalcázar hacia Huila. La búsqueda por el control de la ruta del narcotráfico ha sido uno de los principales factores para la presencia de los grupos mencionados. 

Según Juan Manuel Camayo, Coordinador del Tejido y Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos de la ACIN, el narcotráfico se afianzó en el territorio con la llegada de “foráneos que incentivaron las economías ilegales, o más bien ilícitas, con el tema de la coca, la marihuana y promovieron la siembra, ellos trajeron consigo los grupos armados y las estructuras que hoy cuentan con capacidad táctica y militar”. Antes de esto, en palabras de Silvio Chocué, gobernador del Resguardo El Guadualito, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, “todo era tranquilidad, las Farc estaban lejos, en otras partes, pero con el tema de la coca, todo se agudizó”. 

Los líderes de las comunidades han tomado el rol de oposición a estos actores armados. El gobernador Chocué explicó que, “en vista de que desde la guardia hemos tratado de hacer control territorial, eso es lo que les ha molestado, hemos sido su piedra en el zapato, por eso nos amenazan y asesinan”. Por su parte, Güetio describió que el “conflicto se deriva porque quieren usurpar el ejercicio constitucional y legítimo de los pueblos indígenas de ser quienes son la autoridad máxima en nuestra comunidad”. El Coordinador del CRIC también añadió que, de acuerdo a las cifras del primer boletín del Observatorio de Derechos Humanos de la organización, que va de enero a febrero del presente año, de las 88 víctimas de asesinatos, persecuciones, amenazas y reclutamientos forzados, 47 fueron comuneros, 19 integrantes de la guardia indígena, 11 autoridades y 11 personas que no pertenecían al territorio, pero que fueron victimizadas dentro del mismo. 

El bastón de mando contra el fusil

El reclutamiento de niños en la región también ha sido un flagelo que ha golpeado de manera significativa la seguridad dentro de los resguardos indígenas. Según cifras del Sistema de Información y Monitoreo de DDHH de la ACIN, en el 2021 fueron reclutados 272 menores de edad. Para el 2022, se registraron al menos 247 casos de reclutamiento de menores de edad en distintos resguardos de Huellas, Toribío, López Adentro, Paéz, Corinto y Las Delicias. Camayo añade que, para lo que va del 2023, se tiene un registro de 41 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. “El nivel de la afectación de la juventud es muy grave y eso tiene que ver con que hoy los liderazgos los está asumiendo la juventud”, agregó. 

Escobar relaciona esto con las economías ilegales, pues “muchos jóvenes son reclutados a través de un ejercicio aparentemente de voluntad, les dicen “venga, raspe coca, venga ayúdanos con esto”, pero alrededor de los cultivos están las estructuras armadas ilegales”, describió. Además, “son usados como carne de cañón, los llevan con facilidad a morir a otros territorios y los regresan ya para su sepultura”, añadió el defensor. 

Por otro lado, Silvio Chocué describió la obligación que las autoridades indígenas han tenido frente a asumir el rol del rescate de menores de edad cooptados por grupos armados. Sin armas y con la palabra como defensa, se han dirigido a las zonas altas de las montañas, donde los altos mandos de estos grupos hacen presencia para exigirles el respeto a la niñez. “No hemos ido a chocar con ellos porque sabemos bien que solamente tenemos el poder de la palabra y lo que representamos: el bastón. Ellos tienen el fusil, así es muy berraco ir a la fuerza”, relató. 

En esta guerra el territorio tampoco está a salvo. Para los pueblos indígenas, la tierra va más allá de ser un espacio físico.  Las tulpas, los nacimientos de agua y los cerros sagrados han terminado convertidos, en palabras de Güetio, en “víctimas del conflicto”. Estos espacios no son simplemente lugares donde se celebren ceremonios, sino que son parte fundamental del tejido social y cultural de las comunidades indígenas. Más allá de atentar contra la gobernabilidad en los territorios, estas acciones amenazan de manera directa las expresiones culturales de las comunidades. Camayo lo define como una muestra clara del “nivel de rechazo, de repudio, pero también de la afectación que se tiene hacia la comunidad”. 

A esto se le añade que, además del territorio, los médicos tradicionales y los sabedores y sabedoras del pueblo Nasa también han sido un marco claro de violencia. Según Edwin Güetio, está situación viene desatando un “genocidio cultural” que amenaza la estabilidad y la gobernabilidad propia de los pueblos indígenas. 

La guerra le ganó a la institucionalidad

La respuesta institucional ante el reclutamiento de menores de edad en la región es aún más preocupante. Silvio Chocué lo expresa mencionando que, luego de haber hecho el reporte de menores de edad que fueron llevados por un grupo armado y ante el inminente riesgo de nuevos reclutamientos ante derechos humanos, “estos anotaron en el papel, nos dijeron “sí, miremos cómo vamos a hacer para ayudar” y ahí murió todo”. 

Frente a esto, en el resguardo El Guadualito, las autoridades indígenas le pidieron a la comunidad que actuaran en conjunto para garantizar la protección de sus menores de edad. Han tenido, incluso, que rechazar dineros ilícitos para obras en la comunidad para demostrar que no apoyan a los grupos armados. “Han querido llegar a ofrecer plata a los presidentes de juntas para temas de vías, de infraestructura, nosotros los hemos orientado y les hecho dicho que el día en el que lo reciban, el el día que se echaron la soga al cuello, hay necesidad y todo, pero no lo aceptamos”, explicó el gobernador Chocué.

Las comunidades indígenas han tomado el mando en sus territorios para poder superar los hechos de violencia que los aquejan. Para Juan Manuel Camayo, esta ha sido la forma de “mostrarle de cara al país la incidencia y la presencia que la institucionalidad no ha tenido con nosotros”. Esto ha sido una causa directa de la lentitud con la que se ha atendido los casos denunciados. Los líderes y las organizaciones son empujados, entonces, a asumir un rol que la institución no cumple. “Si bien es cierto que el tema de paz le compete al comisionado de paz y al gobierno, los riesgos inminentes hacen que tratemos los temas humanitarios, porque ellos se quedan escasos”, añadió Camayo. 

Dentro de los mecanismos que las comunidades han desarrollado para hacer frente a este tema, están las ramas de educación, de prevención y acompañamiento a la niñez. Por otro lado, se han articulado las guardias indígenas de las 10 zonas del CRIC para atender este fenómeno. Las autoridades también han tomado el control de caracterizar y documentar los hechos que han sucedido, crear planes para afrontarlos y lograr una reparación integral colectiva. 

A causa de esto, también se han dado desplazamientos de líderes que son amenazados en su ejercicio de defensa de la vida. Según Güetio, esto ha sido una estrategia de los grupos armados para “sembrar en la mente de las comunidades y de todos el terror, asesinando a líderes para que no asuman esa posición de defender las luchas comunitarias y se vuelvan sumisos a las directrices de los grupos armados”. Con respecto a todo lo anterior, Camayo denunció que “la guerra le ganó a la institucionalidad, por eso están los vacíos”.

El respeto por la vida y el territorio

Para Samuel Escobar, los desafíos que afrontan los pueblos indígenas han sido una muestra de que “se sigue resistiendo pese a las dificultades, hay muchas fortalezas pero también mucha resiliencia. A pesar de los hechos trágicos que siguen pasando, se movilizan, han asumido el riesgo de no desaparecer, de pedir y exigir el respeto por la vida y por sus territorios”. 

Con el fin de mitigar la violencia, las comunidades del Norte del Cauca plantean una serie de exigencias, tanto a las instituciones, como a los grupos armados para garantizar la armonía territorial. Una de las principales es el no reclutamiento de menores de edad como herramienta de conflicto. Asimismo, piden que se respete su territorio sagrado, “que no se use como forma de escudarse dentro de un territorio estratégico, porque para nosotros es un espacio sagrado y deben entender esa magnitud”, declaró Juan Manuel Camayo. 

Piden también que se les garantice la oportunidad de participar de manera directa en la creación de protocolos y diálogos en el marco de la paz total. Aunque, como menciona Edwin Güetio, “la fuerza pública del Estado no es una garantía para la vida de los pueblos indígenas”, se ha planteado que sea la oferta institucional la que se adecúe a los planes de vida de los pueblos indígenas, “porque esta no responde a las realidades ni dinámicas concretas en el territorio y la construcción histórica que han hecho las comunidades”.

Con respecto a las economías ilícitas, exigen que la sustitución de los cultivos se dé de la mano de la población indígena para garantizar que los recursos sí se implementen de manera adecuada. Según Chocué, “esa es una de las alternativas, que se sustituyan los cultivos y se invierta en el campo y la agricultura, acá las tierras son buenas”. 

Los espacios pedagógicos son otra parte clave que debe ser garantizada. Se exige el fortalecimiento de la educación en espacios que no solo le pertenezcan al movimiento indígena, sino también a las organizaciones. Para Camayo, la clave en la pedagogía está en que “estos son los espacios donde nacen y surgen los nuevos liderazgos en los territorios, en las comunidades y en las áreas urbanas, son espacios que no deben perderse”. 

Mientras todo esto pasa, las comunidades siguen resistiendo con bastón de mando en mano, pese a la violencia que ha afectado sus territorios. “Hay hechos de dolor que marcan, que ponen a reflexionar, pero estos no los van a paralizar, son 5 décadas de conflicto y violencia histórica, de discriminación y como hoy dicen los nasas, “Si uno no está, otros nacerán”, señaló Samuel Escobar. 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el: Jue, 04/20/2023 - 16:37

El presidente Petro acepta reunirse con los exjefes paramilitares

El 9 de abril, en el día de las víctimas, el primer mandatario dijo que la audiencia pública propuesta por los 16 principales excomandantes de los ‘paras’ que siguen con vida debía llevarse a cabo para realizar un balance de la Ley de Justicia y Paz.

Los exparas hicieron un comunicado, que se hizo público el 29 de marzo,  tras casi 20 años de no hacerlo, en el que solicitaron una audiencia pública para hablar de los resultados de la Ley de Justicia y Paz. Algunos de los hombres más conocidos que firmaron la petición son Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, Carlos Mario Jiménez, Fredy Rondón, Edward Cobos y Rodrigo Pérez. 

El pasado domingo, el presidente Petro afirmó que está de acuerdo con hablar con los exjefes paramilitares acerca de los bienes que ellos debieron haber entregado para la reparación de las víctimas. 

¿Por qué los exjefes ‘paras’ propusieron la reunión?

El presidente Petro planteó el encuentro el 22 de marzo de este año, en un acto de indemnización a las víctimas de los paramilitares en Barrancabermeja. El primer mandatario dijo que es responsabilidad de su gobierno cerrar lo planteado en la Ley de Justicia y Paz y que en medio del proceso de reparación de las víctimas de los ‘paras’, la Unidad de Víctimas se volvió como la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un festín de corrupción. 

En esa misma declaración, Petro propuso reunir a los exjefes paramilitares que hicieron parte de Justicia y Paz para realizar un balance de lo sucedido con las ayudas a las víctimas. También, el presidente afirmó que es importante revisar las deudas con la verdad que aún están vigentes de los crímenes cometidos por los ‘paras’. 

En la carta publicada por los excomandantes paramilitares, estos afirman que aceptan la invitación hecha por el presidente. En este comunicado, expresaron que el primer mandatario está minimizando los logros de la Ley de Justicia y Paz, y que fue el Estado el que le incumplió a los paramilitares.

Explican que esa fue la razón por la que surgieron nuevos grupos armados, algunos controlados por los exjefes, tras la desmovilización que finalizó en 2006. Además, sostienen que debido a la negligencia del Estado han asesinado a 4902 excombatientes paramilitares. Por esto, dicen que están dispuestos a llevar a cabo una audiencia pública siempre y cuando se les garantice su seguridad.

Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que es muy poco lo que se sabe acerca del asesinato de paramilitares desmovilizados. “Ha quedado un mensaje de que los homicidios han sido por ajustes de cuentas. Sin embargo, no se tiene claridad de esto y creo que muchos de los asesinatos podrían tener relación con las verdades que estaban relatando los desmovilizados en las audiencias y lo que aún les faltaba por contar”, afirma Barrera. 

¿Qué es la Ley de Justicia y Paz? 

La Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, es un marco jurídico aprobado por el Congreso en el Gobierno de Álvaro Uribe que permitió la desmovilización paramilitar. Esta ley implementa una rebaja de las condenas, estableciendo que los excombatientes deben pagar entre cinco y ocho años de cárcel, a cambio de que colaboren en el proceso de esclarecimiento de la verdad y de reparación a las víctimas. 

Por medio de esta ley, se desmovilizaron el Bloque Cacique Nutibara, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estaba conformada por distintos bloques y frentes regionales, el Bloque Central Bolívar, la Alianza Oriente, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (CMM) y el Bloque Élmer Cárdenas. 

Esto se llevó a cabo debido a que fue una propuesta del expresidente Álvaro Uribe durante su mandato. En ese entonces, afirmó que estaría dispuesto a dialogar con todos los grupos armados.

Lo bueno y lo malo de Justicia y Paz

Cristina Montalvo, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Atlántico, dice que uno de los logros de Justicia y Paz es que el país se enteró de grandes entramados criminales como lo fue la parapolítica. “Se supo acerca de que había un Congreso paramilitar, de la relación de la fuerza pública con las autodefensas, de los campos de entrenamiento a los que asistían menores de edad y de la cooptación del Estado en distintas regiones”, sostuvo Montalvo. 

Por su parte, el investigador del Cinep afirma que gracias al marco jurídico de Justicia y Paz muchas personas pudieron ser reconocidas como víctimas. “Este fue un paso muy importante para las personas afectadas por el conflicto armado, que después con la Ley de Víctimas del 2011 encontraron mayores facilidades”, explica Barrero. 

Sin embargo, Montalvo asegura que en las audiencias de versiones libres de Justicia y Paz hubo revictimización. “La verdad se construyó a partir de lo dicho por el victimario y no por las víctimas. En varias ocasiones, el exparamilitar decía que había asesinado a alguna persona porque era guerrillero o expendedor de drogas, y las víctimas no tuvieron la oportunidad de refutar estas afirmaciones”, explica la decana. 

Además, Montalvo asegura que Justicia y Paz dejó deudas en la reparación a las víctimas. “Solo hubo compensaciones administrativas, pero no judiciales. Hacen falta sentencias en las que haya actos de reparación como el levantamiento de un muro con el nombre de las víctimas, por ejemplo”, dice Montalvo.

Barrera afirma que uno de los problemas de Justicia y Paz fue la identificación e incautación de bienes de los paramilitares que se supone debían destinarse en forma de compensación a las víctimas. “Gran parte del dinero otorgado a las personas afectadas por las autodefensas ha sido del Estado y no de las propiedades de los paramilitares”, sostiene el investigador del Cinep. 

Además, Barrera asegura que aún hace falta saber quiénes estuvieron detrás de varios crímenes de las autodefensas. “Es necesario saber de aquellos que se beneficiaron por distintas acciones paramilitares en las que hubo una participación importante de terceros que aún no se sabe quiénes son y qué motivaciones tuvieron”, dice el investigador.

 

Actualizado el: Mar, 04/11/2023 - 15:03

En 2022, cuatro países de Latinoamérica concentraron el mayor número de ataques contra defensores | INFORME

  • Casi la mitad de los 401 asesinatos de defensores de derechos humanos registrados durante 2022 fueron en contra de personas involucradas en la defensa de la tierra y medio ambiente, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Front Line Defenders.
  • Latinoamérica es la región con el mayor número de violencias registradas en contra de los defensores. Los países con más casos son Colombia, México, Brasil y Honduras. 
  • Tan sólo en Colombia, 186 defensores fueron asesinados en 2022, de ellos 88 eran líderes ambientales. En México, se registró el homicidio de 18 líderes indígenas. Y en Guatemala, al finalizar el 2022, 125 familias indígenas de la comunidad Maya Las Pilas Q’eqchi’,  continuaban desplazadas tras denunciar la tala de árboles.

Por: Juan Carlos Granados Tuta y Pilar Puentes 

 *Esta publicación es parte de una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.

La organización Front Line Defenders lanzó su informe 2022, un documento que muestra la situación de personas que han dedicado su vida a la defensa de la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas, las mujeres y la comunidad LGBTIQ. Este análisis global registró que el año pasado 401 defensores fueron asesinados en 26 países.

El informe analiza el alcance y la gravedad de las violencias contra las personas defensoras, pero también describe la resiliencia de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones. 

Latinoamérica sigue siendo la región con mayor número de muertes de personas defensoras de derechos humanos, como lo afirmó la directora interna de la organización, Olive Moore. También es el lugar en donde observan “un panorama más peligroso para los y las defensoras de derechos humanos, sumándose a la guerra de Ucrania y Rusia” 

De los cinco países del mundo que concentraron más del 80% de los asesinatos de defensores de derechos humanos, cuatro son latinoamericanos: Colombia (186), México (45), Brasil (26) y Honduras (17). A ellos se suma Ucrania con 50 casos. El informe sostiene que el ámbito de defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas fue el más atacado, representando casi la mitad (48 %) del total de asesinatos.

Front Line Defender es una organización que se creó en 2001 y se dedica a la protección de los defensores de derechos humanos a nivel mundial. Tiene sedes en América, Asia, África, Medio Oriente y Europa. Desde el 2013, publica sus informes de análisis global en los que reporta las distintas violencias que sufren los defensores de derechos humanos. 

Colombia, el país con más asesinatos de defensores

En 2022, el 46% del total de los homicidios de personas defensoras se registró en Colombia. La organización Somos Defensores, documentó 186 asesinatos. El 22 de febrero de ese año, por ejemplo, en el departamento del Cesar, en Colombia, fueron asesinados Jorge Tafur y Teófilo Acuña, líderes que defendían el complejo cenagoso de la Zapatosa, uno de los sitios Ramsar del país. 

En 2019 Acuña, junto con otros tres líderes, fueron detenidos y acusados de los delitos de terrorismo y nexos con grupos armados. Los procesos judiciales no llegaron a ningún lado y fueron absueltos, pero la mancha sobre su trabajo continuó. La captura de Acuña fue utilizada como excusa por los grupos armados ilegales para tacharlo de enemigo y posteriormente asesinarlo, aseguran integrantes de la Comisión de Interlocución el Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), organización de la cual Acuña era líder.

En menos de seis meses fueron asesinados tres líderes ambientales en el Cesar, Colombia. Por: Kimberly Vega

La violencia no sólo se ha traducido en el asesinato de los defensores sino también en la estigmatización, la judicialización, las amenazas constantes a ellos y a sus familias. En el caso de Latinoamérica, la amenaza de muerte fue la agresión más frecuente.

Front Line Defenders documentó que a nivel mundial, los líderes y lideresas les fueron imputados cargos legales. Entre los más nombrados están seguridad nacional, estatal y sedición con 19,0 %; terrorismo, membresía o apoyo a una organización terrorista 12,8 %; difamación e insultos al Estado 10,1 %; difundir noticias falsas o rumores/propaganda (9,0 %) y otros cargos penales (21,8 %).

Para el Colectivo José Alvear Restrepo, en Colombia ha sido utilizada la judicialización para acabar con los procesos organizativos, las luchas comunales y estigmatizar a los defensores. La abogada Yessika Hoyos Morales, que lleva varios procesos de líderes que han sido denunciados ante la justicia, afirma que, “la judicialización llega después de una protesta o movilización social donde el líder debe enfrentar a la justicia. Normalmente, el proceso se acaba y empieza la lucha para que ese defensor sea reparado ante el Estado. Llevamos procesos que empezaron en 2002 y a la hora los líderes no han sido reconocidos como vícitmas”, enfatizó. 

Tras la muerte de Acuña y Tafur fue asesinado su compañero José Luis Quiñonez, quien defendía el río Lebrija. Las familias de los seis municipios que cobija la Zapatosa han recibido varias amenazas de muerte y hostigamientos de funcionarios públicos de la Alcaldía. 

 

Defensores de derechos humanos en la zona norte de Colombia reunidos tras el asesinato de José Luis Quiñonez. 

El informe explica que en Colombia los defensores de derechos humanos han asumido el rol de implementadores del Acuerdo de Paz de 2016, ante la ausencia estatal en los territorios. Esto ha puesto en riesgo a las pequeñas organizaciones sociales, expuso Front Line Defenders. El año pasado, en Colombia 72 líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron asesinados. 

El informe menciona que donde ocurren los homicidios hay presencia de grupos armados, legales e ilegales, así como de empresas que han afectado la situación humanitaria de las regiones. Front Line Defenders agrega que no sólo ha habido violencia física, sino también campañas de desprestigio e incluso falsos positivos judiciales. 

Javier Giraldo, experto del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que en Colombia ha cambiado la dinámica de asesinatos de líderes sociales. “Antes se buscaba acabar con personajes relevantes dentro de las luchas de los territorios, ahora los grupos armados quieren exterminar los liderazgos de base”, dice Giraldo. 

Además, el investigador menciona que el nuevo modus operandi de los grupos armados para asesinar defensores de derechos humanos dificulta el esclarecimiento de los hechos. “Ahora los homicidios los hacen encapuchados que van en moto y no es posible identificarlos. Por eso, es necesario que las autoridades investiguen las luchas sociales que lideraba la víctima, ahí puede haber pistas de quiénes están detrás de los crímenes”, afirma Giraldo. 

Población indígena, la más afectada  

En México, Front Line Defenders explica que los estados más afectados por la violencia son Oaxaca, Guerrero, y Chiapas. Francisco Cerezo, coordinador de la organización mexicana Comité Cerezo, expresa que en estos tres estados se encuentra una cantidad de población indígena más alta que en el resto del país. Cerezo menciona que sólo en Oaxaca se presentaron 10 de los 22 casos de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en México en el 2022.

“Actualmente los conflictos que se viven en estos estados responden principalmente a lógicas estatales y municipales, donde los grupos paramilitares al servicio de empresas mineras son los que cometen las más graves violaciones a los derechos humanos”, explica el investigador. 

Comunidad indigena en la amazonia colombiana. Por: Juan Carlos Contreras 

El informe menciona los casos de Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle, defensores ambientales y miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), que fueron asediados por grupos ilegales durante el 2022. Flores Solís, junto a los integrantes de la organización, se oponen  al llamado Proyecto Integral Morelos, el cual contempla la construcción de un gasoducto y dos termoeléctricas. El defensor fue acusado de motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica. Flores Solís pasó 10 meses en la cárcel. 

Cerezo afirma que  la violencia en torno al Proyecto Integral Morelos  ha provocado  “una ejecución extrajudicial y varios ataques y amenazas de muerte en contra de los activistas que se oponen a este proyecto”, dice el defensor de derechos humanos. 

La situación en Guatemala no ha sido muy distinta. En el segundo semestre del 2022, hubo desalojos judiciales y extrajudiciales contra al menos ocho comunidades en el departamento de Alta Verapaz. Al finalizar el año, más de 125 familias fueron desplazadas por protestar contra la tala ilegal. 

Alta Verapaz es uno de los sitios con mayores dificultades en Guatemala. En este departamento, se concentra la mayor cantidad de grupos indígenas de este país. Cuenta con un 83% de pobreza y un 53% de pobreza extrema, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014, la más reciente hasta la fecha. 

Sin embargo, el gran problema que aflige a la población de Alta Verapaz es el conflicto por la tierra. “La problemática agraria es la que más se ha manifestado, dando lugar a recurrentes desalojos, que en la mayoría de los casos ha sido por la vía forzosa, fenómeno que se ha acentuado principalmente en el departamento de Alta Verapaz”, se expone en el artículo “Desalojos forzosos en Alta Verapaz en el marco del respeto de los derechos humanos, en el cumplimiento de las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos”. 

En Brasil, en el estado de Maranhão, el pueblo indígena Ka'apor se ha visto afectado por la constante tala ilegal, la minería y la expansión de la agroindustria. Front Line Defenders explica que esto ha sido posible debido a las acciones de las organizaciones criminales y a la supuesta connivencia de los políticos locales. Desde 2015, siete miembros de la comunidad han sido asesinados y las investigaciones hasta la fecha no han identificado a los responsables. En diciembre de 2022, la Policía Federal brasileña reabrió la investigación de la muerte del líder indígena Sarapo Kaapor. La comunidad indígena ha denunciado que Kaapor fue asesinado por oponerse a los proyectos empresariales que generan destrucción de la selva.

Además, la situación de los pueblos indígenas se agravó tras el mandato del expresidente Jair Bolsonaro. En 2021, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denunció a Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por promover la apertura de territorios y reservas indígenas para la explotación industrial. 

En Ecuador, Front Line Defenders dice que los ataques contra el pueblo indígena Shuar no cesan. El informe explica que durante 2022 actores estatales y no estatales violentaron a esta comunidad por su oposición a las empresas petroleras y mineras. 

Los Shuar han llevado a cabo una lucha por la defensa de su territorio contra la empresa ExplorCobres S.A, filial de la compañía china CRCC-Tonguan Investment. A esta compañía le entregaron casi 42 000 hectáreas para la realización de actividades mineras. 

En agosto de 2016, la policía desalojó familias del pueblo Shuar alegando que las comunidades indígenas se encontraban dentro de los terrenos de la empresa en cuestión, a pesar de que los Shuar llevaban una década en el sitio. Sin embargo, un fallo judicial emitido el año pasado le dio la razón al pueblo Shuar acerca de las denuncias que habían hecho sobre la ausencia de consulta previa en los procesos de explotación minera. Tras esta determinación de la ley ecuatoriana, los indígenas Shuar se mantienen en su negativa a la actividad del proyecto minero San Carlos Panantza, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, a cargo de ExplorCobres S.A.

Ataques a quienes cubren temas ambientales

En marzo de 2022, en Guatemala, el reportero maya q'eqchi Carlos Ernesto Choc Chub, del medio comunitario Prensa Comunitaria Kilómetro 169, fue objeto de una denuncia en su contra por 13 miembros de la Policía Nacional Civil y la Policía Fiscal de Izabal por “instigación a delinquir”.

El informe narra que esta acción judicial contra Choc Chub se relaciona con su labor periodística. El reportero realizó una cobertura de un violento desalojo que sufrió el pueblo maya q'eqchi' cuando protestó contra las actividades de la Compañía Guatemalteca de Níquel y (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO), subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group. 

Solway es la dueña de la mina de níquel más grande de Guatemala. El 28 de noviembre del 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones a esta empresa por corrupción y tráfico de influencias en Guatemala. En marzo de este año, las subsidiarias anunciaron la suspensión de sus operaciones mineras en el país centroamericano por las medidas tomadas por Estados Unidos. 

En palabras de la directora Olive Moore, los cargos legales contra los líderes fueron usados por los Estados para acabar los procesos organizativos: “Gobiernos represivos de todo el mundo utilizaron la ley como arma contra los defensores y defensoras de derechos humanos en un intento de silenciarlos y obstaculizar su trabajo. En ese sentido, estas personas se llevaron la peor parte de la persecución legal y de otra índole, así como un gran número de amenazas digitales y físicas”.

El 5 de junio del año pasado, el periodista británico Dom Phillips y el  defensor de los derechos de los indígenas brasileños Bruno Pereira fueron asesinados cuando salían de una expedición en la Amazonía, después de realizar una investigación sobre pescadores en áreas protegidas. El periodista trabajaba con el líder en un libro sobre conservación ambiental en una de las zonas donde hay mayor cantidad de indígenas en aislamiento voluntario.

Tanto Phillips como Pereira habían recibido amenazas de muerte por su trabajo ayudando a proteger a los indígenas del Amazonas de los traficantes de drogas, así como de los mineros, madereros y cazadores ilegales. Como lo reseña The Guardian, diario para el que trabajaba Phillips, no hay evidencia aún de los autores intelectuales y materiales del crimen. 

La impunidad sigue latente en los crímenes contra los defensores de derechos humanos. A pesar de las múltiples violencias que sufren los y las defensores de derechos humanos continuaron en la lucha del territorio, la tierra, el medio ambiente y la defensa de los derechos humanos en medio de contextos hostiles. 

Actualizado el: Mié, 04/05/2023 - 15:45

Las víctimas de Alto Remanso se pronuncian tras un año de la masacre

Tras un año de la masacre en Alto Remanso, Putumayo, donde fueron asesinadas 11 personas, entre los que se encontraban una mujer en estado de embarazo y un joven de 16 años, las víctimas decidieron hablar con Rutas del Conflicto para relatar lo que han vivido desde entonces. 

Jhoiner Hernández, hermano de Divier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), relata lo difícil que ha sido continuar con su vida tras el asesinato de su hermano y su cuñada, Ana María Sierra, la cual estaba embarazada en el momento de su homicidio. Por su parte, Rodolfo Pama, padre de Brayan Pama, el menor que fue asesinado en la masacre, cuenta las trabas y complicaciones que se han presentado durante el proceso de investigación de la muerte de su hijo.

 

Actualizado el: Mar, 03/28/2023 - 18:53