Parte de los datos sobre la localización y la cantidad de minas antipersonal puestas por las Farc en Vista Hermosa, el pueblo con más víctimas de estos artefactos en Colombia, se perdieron en el conflicto, afirmó el jefe de la guerrilla en la Zona Veredal Transitoria de Normalización del pueblo, en el Meta. Alias ‘Byron Yepes’ añadió que el grupo hará su “mejor esfuerzo” para la seguridad del territorio.

Al menos 363 personas han sido afectadas desde 1990 por minas antipersonal en el municipio de Vista Hermosa, según datos oficiales. Además de las Farc, la fuerza pública y otros grupos armados que delinquieron en el pueblo han sido responsables por la existencia de estos artefactos y de la llamada munición sin explotar (como morteros que no han estallado y siguen siendo una amenaza).

“No se puede (tener un balance de las minas) porque la guerra, como ha sido tan larga, muchos de los ‘grapadores’, que trabajaron en eso, están muertos. Muchos, lo que no es fácil, y la información se ha perdido. Hubo cantidad de explosivos que se tenía en el mapa, que se tenían las coordenadas exactas, los puntos, pero en la guerra muchas de esas cosas se perdieron”, dijo el jefe guerrillero.

‘Yepes’ afirmó tener “el compromiso de trabajar duro” para que el municipio se libere de las minas, con la creación y capacitación de equipos de trabajo. La guerrilla, dijo, tiene “una idea” de como están los artefactos en el territorio, pero recordó que los procesos de desminado tienen larga duración.

El jefe en la zona veredal de Vista Hermosa y miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc consideró “lamentable” que personas hayan perdido la vida en el fuego cruzado durante el conflicto en la zona.

El desminado humanitario en Vista Hermosa comenzó oficialmente el 23 de marzo de este año, con cinco organizaciones responsables por el proceso de búsqueda y neutralización de los artefactos: Brigada de Desminado Humanitario, The HALO Trust, Ayuda Popular Noruega (APN), Campaña Colombiana contra Minas Antipersonal y Hándicap International.

Se estima que en Colombia hay cerca de 52 kilómetros cuadrados de superficie con posible presencia de minas.. El Meta es el departamento más afectado, con cerca de 8 kilómetros cuadrados.

Según la DAICMA (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal), el costo del desminado en Vista Hermosa está previsto en 23.374 millones de pesos, cuya financiación está a cargo del Departamento de Estado de EEUU. La búsqueda de los desaparecidos

La solución para el tema de los desaparecidos y el de los guerrilleros reclutados muy jóvenes también tendrá que esperar. ‘Yepes’ afirmó que la guerrilla está “trabajando para tener buena información”, pero que la búsqueda solo podrá empezar después de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la actuación conjunta con la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Cruz Roja.

“No son pocos los familiares de guerrilleros desaparecidos en la guerra. Nos toca buscarlos”, afirmó. Según ‘Yepes’, los propios familiares ya han empezado esa búsqueda, y es constante la llegada de personas a la zona veredal de La Cooperativa, en Vista Hermosa, para hallar a sus parientes.

La guerrilla, en los años 80, ya estaba en esa región, donde actuó con frentes como el 16, el 7 y el 27, este último el más grande, que llegó a tener 600 miembros, según ‘Yepes’. Las disputas en el pueblo entre paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza pública causaron víctimas de minas antipersonal, desapariciones, desplazamientos forzados y cientos de muertes.

‘Byron Yepes’, sin embargo, afirma que no se arrepiente. “Todo que hicimos nosotros fue en función del objetivo político. Pasaron cantidad de cosas en la guerra, que hubiésemos querido que no pasaran, por supuesto. Lo que estamos haciendo es ponerle la cara a las víctimas, lo estamos haciendo y lo vamos hacer”.

Zona veredal y Acuerdo de Paz

Los guerrilleros agrupados en Vista Hermosa llegaron a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de La Cooperativa el 30 de enero de este año. Más de dos meses después, las edificaciones en las que habitarán 348 personas todavía están por construirse.

Los guerrilleros duermen en cambuches, tallan madera y empiezan algunas estructuras por ellos mismos. También inician cultivos, como el de yuca y el de maracuyá, ya sembrados.

La única casa totalmente construida en esa zona veredal es una de madera, que ya hacía parte de la finca. En frente a una de sus puertas, en la cual luce una flor dibujada sobre la madera, trabaja ‘Byron Yepes’ en un computador con acceso a Internet.

‘Yepes’, considerado muerto por el Ejército en 2009, apareció “resucitado” en un artículo del diario El Tiempo, el 6 de marzo de 2011. El reporte sobre la muerte estaba equivocado. Casi seis años después, Rutas del Conflicto lo entrevistó sobre los temas que preocupan a los habitantes de Vista Hermosa.

Sobre el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, ‘Yepes’ afirmó que se ha hecho una “pedagogía grande para explicarles [a los guerrilleros] la necesidad de estar comprometidos con el proceso” y rechazó que haya cualquier disidencia en su región.

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:03

En Colombia, con un conflicto armado en el que intervienen diversos actores y en el que confluyen multiplicidad de circunstancias, el lenguaje ha dado, incluso, para encontrarle diversos eufemismos a la barbarie. Tal vez el paramilitarismo ha sido la forma violenta a la que más nombres se le han puesto. ‘Masetos’, ‘Paracos’, ‘Aguilas Negras’ han sido solo algunos sinónimos que se han extendido a través de los medios de comunicación, lo que en ocasiones no ha permitido llamar a las cosas por su nombre y ha generado confusiones. ¿Sabemos en Colombia que es, exactamente, el paramilitarismo y cuándo nació? ¿Todavía hay paramilitares? Calificamos este chequeo como engañoso, por la multiplicidad de informaciones que hacen difícil distinguir la realidad.

El historiador Germán Sahid, explica que los grupos de autodefensa son aquellos a los que el Estado les dio la capacidad de armarse para salvaguardar su terreno en función de una lógica contrainsurgente. “Otra cosa son los grupos de justicia privada, empresarios, legales o ilegales, que crean grupos privados armados para defender su operación criminal o ilegal”, aclara.

Según Sahid, las autodefensas nacen en Colombia en 1964.

La idea de conformar grupos antisubversivos surgió simultáneamente en diferentes regiones del país, iniciativas que luego se juntaron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero ese objetivo no era exclusivamente insurgente, tenía detrás varios intereses.

En el libro Guerras recicladas, la periodista María Teresa Ronderos cuenta la historia del paramilitarismo en Colombia. No es para nada gratuito que el primer capítulo se titule Las autodefensas de Puerto Boyacá, modelo para armar. Allí Ronderos relata que el secuestro, en 1979, de alguien muy querido en la región fue uno de los hechos que desató las acciones de “lo que iba a ser el principal grupo paramilitar del país durante casi una década” liderado principalmente por la familia Pérez. Fue precisamente Henry Pérez, quien convirtió a Puerto Boyacá en “La capital antisubversiva de Colombia”.

“Las de Henry Pérez no fueron las únicas autodefensas del Magdalena Medio que incentivó el Ejército. Desde fines de los años setenta, un finquero mediano que cultivaba la tierra de su familia y criaba cerdos y gallinas, originario de Sonsón, Antioquia, y llamado Ramón Isaza, había ya formado su propio grupo armado para defenderse de la guerrilla”. Este grupo se llamó Los Escopeteros, pero había más grupos en esa región, que a mediados de los 80 operaban bajo las órdenes de Henry Pérez en lo que se denominó Autodefensas de Puerto Boyacá.

El Informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica explica que “la explosión del fenómeno paramilitar puso en escena el entrecruzamiento del narcotráfico con el conflicto armado. Esta nueva intervención del financiamiento del narcotráfico se produjo por la confluencia de los intereses de tres sectores: los de las élites económicas, que buscaban defender su patrimonio, como sucedió con la organización que les sirvió de fachada en Puerto Boyacá, la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio − Acdegam; los de los propios narcotraficantes, que buscaban expandir sus negocios ilegales y querían protegerse de las presiones extorsivas de la guerrilla a los laboratorios y a la compra de hoja de coca; y los de los militares, que tenían como propósito atacar a la guerrilla y al enemigo civil interno”.

 

Unión de fuerzas

 

El mismo informe señala que los grupos paramilitares del Magdalena medio se consolidaron y que además irrumpieron nuevos grupos en varias zonas del país: en Córdoba bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el Cesar, con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada de Santa Marta, con Hernán Giraldo y Los Rojas; en Casanare, con Los Buitrago; y en los Llanos Orientales y Putumayo, con los aparatos armados al servicio del narcotráfico.

En la unificación de estos grupos a mediados de los noventas tuvo mucho que ver la familia Castaño Gil, de Amalfi, Antioquia.

En su libro, Ronderos cuestiona el gran mito fundacional del grupo paramilitar creado por Fidel Castaño y varios de sus hermanos: el dolor del secuestro y posterior asesinato del padre. La periodista deja al descubierto que hay inconsistencias en los testimonios de la familia sobre la fecha y las circunstancias del hecho y relata ampliamente cómo Fidel, el hermano mayor, ya tenía negocios ilícitos mucho antes de crear el grupo antisubversivo, que además, le servía para cuidar de esos intereses.

En el libro En la Encrucijada, Colombia en el Siglo XXI, capítulo Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir, Mauricio Romero, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario cuenta que fueron Carlos Castaño y Ernesto Báez, entre otros, quienes iniciaron el proyecto de centralización política y militar de los grupos paramilitares. Primero crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y luego conformaron una confederación nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

“En efecto, el periodo entre 1994 y 1997 fue de un intenso trabajo organizativo interno para darle un perfil político y militar más definido a lo que hasta el momento eran diferentes grupos dispersos en distintas regiones del país, sin un distintivo claro, uniforme reconocible, estatutos, propósitos públicos y una estructura de mando identificable”, dice el texto.

Según el relato de Romero, crear una federación nacional, como se propuso Carlos Castaño, partiendo de una diversidad de intereses locales y particulares, la mayoría ligados a negocios ilegales, parecía imposible.

“Las condiciones para poder hacer parte del proyecto de federación era comprometerse a fondo con la lucha antisubversiva y adoptar los distintivos de las AUC. Cada frente era autónomo para desarrollar sus finanzas y relaciones locales, pero cualquier acuerdo con la guerrilla era considerado una traición. La ventaja para los jefes regionales de los aparatos ilegales era la participación en una organización nacional que podía negociar con mayor nivel de tolerancia para sus actividades, incluidas las ilegales. Además, la vinculación a la federación ofrecía la posibilidad de hacer parte de una negociación futura con el gobierno, y tener una puerta para un potencial regreso a la legalidad”.

El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició en 2002 una negociación con los paramilitares que terminó en una desmovilización y desarme parcial, pero que no tuvo éxito, entre otras cosas, precisamente porque no fue total, lo que derivó en que algunos integrantes de las autodefensas se rearmaran en el crimen organizado o en grupos similares o que se autodenominan paramilitares.

Finalmente Sahid explica que lo que se conoce ahora como neoparamilitares son grupos de criminales desmovilizados de todos los grupos armados, que hacen parte de las bandas criminales y que se reciclan en el negocio de la criminalidad.

“Muy posiblemente en esta transición todavía no tenemos grupos completamente consolidados como autodefensa en el sentido de contrainsurgencia, pero muy posiblemente en unos cuatro o cinco años volvamos a tener insurgencias y contrainsurgencias por la incapacidad del Estado de construir instituciones después del acuerdo con las Farc o del acuerdo de Ralito”, concluye el historiador.

Mapa interactivo para rastrear la evolución del paramilitarismo en Colombia (1977-2006)

 

Esta herramienta permite rastrear, año a año, la historia y la expansión de los grupos paramilitares en Colombia.

El mapa interactivo responde preguntas sobre la aparición, el auge y el debilitamiento del fenómeno paramilitar, mostrando las fechas y los lugares que marcaron esta historia de terror. A través de una línea de tiempo, se explica en detalle cómo nacieron y crecieron los primeros grupos de autodefensa y cómo se tejieron las alianzas entre paramilitares, narcotraficantes y miembros de la fuerza pública para diseminar el llamado “modelo” paramilitar, primero en los ochenta y luego en los noventa. También aporta evidencia sobre cómo estos grupos criminales se repartieron y disputaron el territorio.

La herramienta recoge la documentación que Rutas del Conflicto ha logrado recopilar y examinar desde 2013 y los testimonios de los sobrevivientes de la violencia paramilitar que valientemente nos han compartido sus historias. Además de los valiosos hallazgos de investigadores como la periodista María Teresa Ronderos y el equipo del portal Verdad Abierta.

Para acceder a la información basta con ubicar el año de consulta en la línea de tiempo y hacer clic sobre el ícono de un grupo paramilitar sobre el mapa.

 

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:01

Varias organizaciones sociales y sectores de la comunidad en general han denunciado la presencia de grupos herederos del paramilitarismo en algunas zonas que antes eran de influencia de las Farc. La guerrilla llegó a esta región de los Llanos Orientales hace más de 40 años, con frentes como el 16, el 7 y el 27, que durante décadas tuvieron una fuerte presencia en la zona. Entre los crímenes más representativos contra la población están las explosiones de minas antipersonal, convirtiendo a Vista Hermosa en el municipio con mayor número de víctimas de este flagelo en Colombia. Rutas del Conflicto habló con el jefe de esta zona veredal con el propósito de conocer la posición de la guerrilla en temas puntuales de preocupación de los habitantes del pueblo.

‘Yepes’ aseguró que ante el repliegue de sus tropas en la vereda La Cooperativa, donde hoy se concentran 348 guerrilleros esperando reintegrarse a la vida civil, grupos “paramilitares” han estado ocupando nuevos territorios. “Por acá, contra la cordillera, la población viene y comenta que por allá hay gente de los paramilitares. En Santo Domingo, incluso más al sur. Nunca llegaron por ahí, ahora que estamos acá, por ahí andan. Eso no es sencillo, es preocupante”, dijo el jefe guerrillero.

Además, denunció la presencia de estos grupos en otros municipios del Meta: San Juan de Arama, Puerto Rico, Puerto Lleras, Fuente de Oro y Vista Hermosa, cuyo casco urbano está ubicado a 80 kilómetros de La Cooperativa.

Ante la pregunta de ¿cómo la desmovilización paramilitar cambió la guerra en la región?, ‘Yepes’, quien llegó por primera vez al territorio en 1992, manifestó que la desmovilización del Bloque Centauros de las Auc “nunca pasó. El señor (Miguel) Arroyave (alias ‘Arcángel’, exjefe del Centauros) lo mataron por acá. La fuerza de ellos continúa, todavía no hay rezague de eso”.

Arroyave fue asesinado en septiembre de 2004 por sus propios hombres mientras negociaba su desmovilización. Aunque gran parte del Bloque Centauros se desmovilizó entre septiembre de 2005 y abril de 2006, otra parte continuó delinquiendo en “bandas criminales” o “grupos neoparamilitares” como el ‘Erpac’ y ‘Los Urabeños’, también conocidos como ‘Clan Úsuga’ o ‘Clan del Golfo’ (para conocer más sobre esta y otras historias relacionadas con la evolución de los grupos paramilitares en Colombia, utilice la herramienta ‘Geografía del paramilitarismo’: https://goo.gl/NIhJlV).

‘Yepes’ es el jefe de La Cooperativa, una de las 26 zonas destinadas para la concentración y la dejación de armas, durante seis meses, de los cerca de 6.900 miembros de las Farc en proceso de desmovilización.

“El poder en Vista Hermosa”

No solo el avance de fuerzas paramilitares preocupa a los guerrilleros de La Cooperativa, sino también la influencia de los ‘paras’ han tenido en la política en Vista Hermosa y en otros municipios de la región, además del uso de panfletos amenazantes de exterminio social, la mal llamada “limpieza social”.

‘Yepes’ dice que ha denunciado la situación ante el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, que, como su nombre lo indica, está encargado a monitorear y verificar el cumplimiento del Acuerdo de Paz sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y sobre la dejación de las armas, integrado por la ONU, el Gobierno y las Farc.

“Hay que esperar. Como dentro del acuerdo también está el tema de que hay que crear una unidad especial para el exterminio y la prohibición del paramilitarismo, hay que esperar que los acuerdos avancen en su implementación para que se empiecen a crear todas las políticas que deriven de todas las unidades que se tienen que crear. Ahora, como el gobierno ni reconoce que existen paramilitares”, comentó el jefe guerrillero.

En la sección 6.1.9. del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc, se contempla una: “(c.) ley o acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo, establecido en el numeral 74 del Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares (pág. 202)”.

Cuestionado sobre las preocupaciones de la comunidad ante la convivencia con los guerrilleros en la etapa de postacuerdo, y sobre si ese tema le preocupa, ‘Byron Yepes’ respondió:

 

¿Qué es el paramilitarismo según la guerrilla?

Son diversas las perspectivas que hay sobre el fenómeno del paramilitarismo. A pesar de que ‘Yepes’ dijo que este es un fenómeno, en sus propias palabras, “multidimensional, es decir, tiene expresiones diferentes en la Costa, en Antioquia, en el Cauca, en el Valle, no es una cosa homogénea”, el jefe guerrillero también consideró que hay vínculos de conducta entre los diferentes grupos paramilitares.

El pasado 5 de abril, el Presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto para la creación de la Comisión de la Verdad, componente central de la justicia transicional acordada en el Acuerdo de Paz para la reparación de las víctimas del conflicto. A partir de su conformación, que debe estar completa en máximo un lapso de seis meses, la Comisión de la Verdad tendrá tres años para presentar un documento con la información sobre los hechos más graves del conflicto armado. Para ese entonces, se espera que se realice una lectura completa de los paramilitares y de los demás actores involucrados en el conflicto que realmente pueda esclarecer más de medio siglo de guerra.

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:00

La muerte de los líderes sociales sigue haciendo parte del paisaje de un país que por más de tres décadas ha mirado con desdén la violencia en las regiones. En medio de las noticias urbanas, de los atracos semanales en video que copan los noticieros, apenas algunos medios que realizan un cubrimiento serio del conflicto reseñan la lista que sigue creciendo.

Aunque varias organizaciones sociales y sectores políticos le han exigido al gobierno que tome medidas para detener los crímenes, los asesinatos continúan, y de los responsables no se sabe prácticamente nada.

La discusión durante las últimas semanas se ha centrado en si detrás de los crímenes pueden estar estructuras paramilitares, similares a las que se expandieron con terror por todo el país a finales de los noventa, o si, como dice el gobierno, la actual es una oleada de asesinatos aislados, sin relación entre sí, y que obedecen a otras lógicas de violencia.

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Lo verdaderamente grave es que los crímenes no paran y, como ha pasado desde hace más de tres décadas, la justicia parece ser incapaz de identificar y juzgar a unos asesinos “invisibles”.

 

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Revisando en detalle la evolución de lo que llamamos paramilitarismo desde 1977, la masacre de líderes sociales se ha venido repitiendo una y otra vez, sin que la justicia pueda mostrar los rostros de los responsables. (Ver mapa de expansión paramilitar)

A principio de los ochenta fueron asesinados varios concejales de izquierda y sindicalistas en Antioquia. El país terminó por comprar la historia de la justa venganza de la familia Castaño en contra de los asesinos de su padre, pero los hechos muestran otra realidad.

Como lo documentó en detalle la periodista María Teresa Ronderos, algunos militares y políticos tradicionales, aterrorizados por la idea de perder el control que habían tenido por décadas, terminaron aliados con narcotraficantes para exterminar cualquier alternativa que les disputara el poder en las regiones.

El país tuvo que esperar años para saber quién era Fidel Castaño. De los políticos locales y los militares que lo respaldaron no se supo nada.

Luego, ese mismo terror apareció en el Magdalena Medio, esta vez con un respaldo menos disimulado de los narcotraficantes y algunos militares de la región. Ahí comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, que luego se exportó a las zonas de interés de los capos de la droga y los esmeralderos boyacenses: a los laboratorios de cocaína en el sur del país y las nuevas haciendas en los Llanos Orientales. (Ver especial Vichada)

Aunque el periodismo y la academia han documentado parcialmente el proceso de expansión criminal, la justicia no ha sido generosa en las sentencias. Durante los noventa, la expansión fue más terrorífica y organizada, esta vez la familia Castaño fue la que exportó los crímenes de líderes sociales y las masacres a casi todas las regiones habitadas del país.

Por supuesto que no se puede generalizar: en cada región los aliados con los rostros criminales eran distintos, dependiendo de los intereses de cada quien en las regiones. Lo han sido el temor militar y policial al crecimiento de la subversión; el pánico de los poderes políticos locales a perder el control de los recursos públicos y la burocracia; lo han sido algunos empresarios enemigos de los sindicatos y ambientalistas, quienes reclaman porel impacto social y ambiental de sus negocios.

Todo lo anterior ha pasado desde hace mucho tiempo y sigue ocurriendo nuevamente. Mueren líderes indígenas y campesinos que reclaman tierras, mueren ambientalistas que denuncian abusos de la minería legal e ilegal, mueren líderes políticos que encuentran en la coyuntura del proceso de paz, un espacio para llegar al poder de las regiones. (ver nota de Verdad Abierta)

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Y los asesinos siguen siendo invisibles. Eso sí, siguen teniendo muchos nombres que los mantienen en el anonimato, como los han tenido desde hace mucho tiempo: masetos, águilas negras, bandas criminales.

 

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El Estado tiene la obligación de investigar si en las regiones ha subsistido la mortal alianza entre mafias, políticos corruptos, militares que siguen viviendo en la Guerra Fría y empresarios sin escrúpulos. Con los cultivos de coca disparados y con las Farc despejando territorios, podemos estar ante una tormenta perfecta. Ojalá que la historia no se repita.

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:58

La familia Olivera tuvo que vivir las miserias de la guerra en el municipio de Ovejas, en Sucre. Vivían en medio de enfrentamientos entre ‘paras’ y guerrilleros, fueron amenazados y desplazados en varias ocasiones y el padre de la familia, Víctor, fue asesinado en 2006. Dos años después la violencia disminuyó, pero el dolor y la pobreza agobiaban a diario a los Olivera. Decidieron vender su finca de 47 hectáreas por cerca de 50 millones de pesos a un influyente político que llegó a la zona a comprar tierras a diestra y siniestra: el exsenador Otto Nicolás Bula.

Durante las últimas semanas el excongresista aparece a diario en los medios de comunicación y la Fiscalía entrega a cuentagotas sus declaraciones. En ellas se le señala, entre muchas cosas, de ser intermediario para que dineros de la empresa Odebrecht financiara la campaña a la presidencia de Juan Manuel Santos en 2014.

 

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En medio de la polarización que vive el país, Bula se convirtió en una ficha más del juego, en el que santistas y uribistas se tachan de traidores, corruptos y mentirosos.

 

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El ahora muy conocido exsenador tendrá que responder ante las evidencias que lo señalan de ser un eslabón en la cadena de compra de contratos de la empresa brasileña en Colombia, pero lamentablemente no tendrá que enfrentar un juicio por las acusaciones por sus presuntos vínculos con paramilitares. Tampoco le explicará al país cómo funciona el negocio que ha legalizado el despojo de miles de campesinos víctimas de la guerra.

El caso de la familia Olivera es uno de decenas en los que aparece involucrado el exsenador en la Costa (Ver reportaje de VerdadAbierta.com) . Cientos de hectáreas que hoy se encuentran sembradas de teca en manos de grandes, empresas como la cementera Argos, pasaron por las manos de Otto Bula, sus socios o empresas con las que ha tenido algún tipo de relación.

También en Ovejas, en la Hacienda La Europa, de cerca de mil hectáreas, apareció una extraña empresa paisa que se hacía llamar Arepas Don Juancho comprando gran parte de la tierra. Una investigación del portal VerdadAbierta.com deja en evidencia el complejo entramado empresarial que han utilizado estos intermediarios para ser invisibles ante las comunidades. En el momento de la investigación, VerdadAbierta.com verificó que Arepas Don Juancho no vendía arepas ni insumos para su fabricación en ninguna parte, pero estableció vínculos de esta supuesta compañía con la Agropecuaria Montes de María, una empresa a la que perteneció el exsenador Bula.

Pero es equivocado pensar que estas compras masivas de tierra a bajos costos que dejaron sin propiedad a miles de campesinos se realizan solo con el poder del dinero.

 

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Revisando los casos es evidente que el negocio en varias zonas del país, involucró a funcionarios de notarías y decenas de funcionarios públicos.

 

 

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Los casos de las tierras en las que está involucrado Bula demuestran su poder en decenas de municipios de la Costa. Los llamados Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada, conformados entre otros por concejales de los pueblos y encargados por velar por los intereses de las víctimas, aprobaron todas las ventas de tierra.

Bula se paseó durante casi dos décadas por Córdoba, Sucre y Bolívar, usando y exhibiendo el poder que había ganado junto al primo del expresidente Uribe, el exsenador Mario Uribe, condenado por vínculos con los paramilitares en Córdoba. Bula, que manejó su campaña al Senado en 2002 en ese departamento, nunca responderá a la justicia por sus presuntos vínculos con los ´paras´, que lo han señalado entre otras cosas de ser un testaferro de Mario Uribe, porque en la Fiscalía nunca se movió su investigación durante años y el proceso prescribió esta semana.

Bula es el intermediario que aparece súbitamente en zonas en las que ha disminuido la violencia a comprarles tierras a campesinos pobres para revenderlas uno o dos años después a altos precios. No es un personaje particular en el paisaje pos ‘paras’ y pos ‘Farc’ en el que insiste vivir el país hace casi una década. Como él hay decenas y los negocios se han concretado en varias zonas de Colombia.

Álvaro Ignacio Echeverría y Raúl Mora, empresarios antioqueños cercanos a expresidente Uribe, son otros de los intermediarios que llegaron a comprar fincas a los Montes de María. Como lo ha documentado este portal en Vichada ( Ver especial ) , a miles de kilómetros, para la misma época llegaron empresarios vallunos a comprar miles de hectáreas a campesinos que soportaron años de guerra, que terminaron en menos de dos años en manos de grandes compañías nacionales y multinacionales como Cargill y Riopaila.

La clave a la hora de examinar estos casos es elemento común que convirtió estas tierras que habían tenido un valor miserable por años, debido a las consecuencias de la guerra, y que repentinamente se convirtieron en una mina de oro.

En el caso de los Montes de María, en un vídeo publicado por VerdadAbierta.com, se ve al ministro de Agricultura de ese entonces, Andrés Fernández, en una reunión invitando a campesinos a vender sus tierras a prominentes empresarios paisas. En el caso del Vichada, uno de los intermediarios, Carlos Llano, le dijo a este portal que “pudimos hacer unas adquisiciones con el fin de desarrollar proyectos de ganadería, agricultura y reforestación, siempre animados por los planes de infraestructura que anunciaba el gobierno para esta región” (ver entrevista completa).

 

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Parece que los únicos que no se enteraban del valor que iban a adquirir esas tierras en unos cuantos meses eran los campesinos víctimas de la violencia.

 

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Lo más preocupante de todo es que ante la ley ninguno de los intermediarios cometió delito alguno. Comprar barato para vender en muy poco tiempo por cinco o diez veces el valor inicial, sigue apareciendo ante muchos círculos la evidencia de unas excelentes habilidades comerciales, así se haya dejado sin tierra a gente humilde que le tocó sufrir por años las miserias del conflicto.

Según la Ley de Victimas y Tierras, los que tienen que responder son las empresas propietarias de las fincas en la actualidad. Una sentencia de la Corte Constitucional determinó que en el caso de la cementera Argos que esta debía revisar las transacciones previas a la compra de unos terrenos en los Montes de María y tendría que devolver las fincas a los campesinos. Sin embargo todos los intermediarios que hicieron el gran negocio, seguirán sin responder por lo que hicieron en estos casos y continuarán siendo los buenos muchachos con fuertes redes de poder invisibles ante la justicia, a no ser que tengan la mala suerte de que llegue un expediente de otro país que los vuelva visibles ante los ojos de todos.

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:52

Hace pocos días la Corte Constituciona ordenó al programa Séptimo Día, del Canal Caracol, rectificar la información de una serie de programas emitidos entre julio y agosto de 2015 sobre las comunidades indígenas. La razón para esta decisión es que en dichos capítulos el programa, que dirige Manuel Teodoro, expresó conclusiones como que en Cauca “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es tan clara”.

Según el fallo, el programa usó las creencias ancestrales indígenas para justificar su opinión sobre la justicia indígena y no tuvo suficiente sustento en sus afirmaciones.

En julio de 2012, ante una decisión de rechazar todo tipo de fuerza armada -legal o ilegal- en su territorio, indígenas de Toribío, Cauca, sacaron una base militar instalada allí. En los comentarios de ciudadanos del común sobre esta noticia en redes sociales, se puede observar que la primera reacción fue llamar guerrilleros a los indígenas, a pesar de que estos declararon que tampoco querían a la guerrilla en su territorio y recalcaron que también han sido víctimas de su accionar.

Estas son sólo algunas muestras de la estigmatización que por años han cargado, de manera generalizada, las comunidades indígenas en Colombia, a quienes se suele considerar como aliadas de los grupos subversivos. En la segunda entrega de la alianza entre Rutas del Conflicto y Colombiacheck para verificar los mitos de la guerra en el país, hablamos con expertos para entender el porqué de esta creencia y entender de dónde proviene. Encontramos que, no sólo es falsa, sino que es peligrosa porque va en contravía de la protección que la ley les otorga a las culturas y los pueblos indígenas.

Para exponer los resultados de esta reportería, preparamos dos videos. Uno que explica cómo las organizaciones insurgentes se aprovechan del discurso de autonomía indígena y de sus reclamaciones ancestrales, a pesar de que sus luchas son muy diferentes, como lo describe Gustavo Ulcué, uno de los líderes nasa entrevistados.

El segundo video da a conocer la otra cara olvidada de esta moneda: que más de 183.000 indígenas han sido víctimas de múltiples formas de violencia en el conflicto colombiano, incluyendo siete masacres perpetradas por las Farc. Una realidad que contrasta con la estigmatización, muchas veces reforzada por los medios de comunicación en su manejo informativo de las noticias en las que los indígenas son protagonistas.

Además, elaboramos esta visualización interactiva que permite analizar los territorios en los que se han registrado más víctimas indígenas, los tipos de crímenes que más las han asediado y las masacres -según información recopilada en la base de datos de Rutas del Conflicto- en las que se han visto afectadas comunidades indígenas.

Actualizado el: Lun, 10/19/2020 - 11:39

¿Su principal actividad económica es la compraventa de bienes inmobiliarios? Si es así, ¿desde cuando se dedica a este oficio?

Mi principal actividad económica se circunscribe al sector agropecuario. Soy Zootecnista de la Universidad Nacional con posgrado en nutrición animal de la Universidad de California. Toda mi vida he estado vinculado al sector agropecuario a través de actividades como ganadería de leche, siembra de caña de azúcar, porcicultura, cultivo de tilapia, y asesorías nutricionales en el Valle. La venta que se hizo a Cargill surgió como una oportunidad puntual pero no obedece a mi actividad principal.

¿Cuándo, bajo qué circunstancias y con qué propósito llegó al Vichada?

Hace 15 años me vinculé al Vichada y lideré un grupo de 16 inversionistas vallecaucanos de diferentes perfiles profesionales quienes, aunque no tenían conocimiento sobre la altillanura, creyeron en el futuro que esta región ofrecía como una alternativa importante para ampliar la frontera agrícola de Colombia. Así, pudimos hacer unas adquisiciones con el fin de desarrollar proyectos de ganadería, agricultura y reforestación, siempre animados por los planes de infraestructura que anunciaba el gobierno para esta región, y que después de 15 años de presencia en la región no se materializaron. Mi participación en los predios comprados se deriva de un aporte inicial de capital y honorarios que recibía de mis socios, mediante la cesión de un porcentaje sobre los mismos.

¿Cuando llegó a la zona, cómo eran las circunstancias de orden público? ¿Cómo era el panorama de violencia en la región?

Al llegar al Vichada me sorprendió la tranquilidad de la región, particularmente la zona de Santa Rosalía y La Primavera. A diferencia de otras zonas en los llanos, con un historial de violencia ampliamente documentado como Puerto López, Puerto Gaitán, Mapiripán, Serranía de la Macarena y otras áreas del sur del Meta.

¿Cuál fue el criterio para escoger las tierras para comprar?

El criterio de compra siempre tuvo dos fases. Una primera fase de tipo jurídico que consistía en hacer una investigación de toda la tradición de los predios, conocer a fondo quienes habían sido sus propietarios y tener la seguridad de que existiera la intención de los mismos de hacer una venta de manera libre y consciente, libre de cualquier tipo de coacción, y a precios de mercado. El segundo criterio que se tuvo en cuenta, era que los predios tuvieran vocación agrícola una vez se hicieran las adecuaciones demandadas para corregir las múltiples falencias que presentan los suelos de la altillanura.

¿Cómo estableció el precio para ofrecerle a los colonos?

El precio de las compras obedeció como en cualquier otra transacción de bienes raíces a las leyes de mercado que siempre han existido y prevalecen en la zona, toda vez que yo no era el único comprador y debía competir con las ofertas que hicieran otros compradores que por esa época también se vincularon al llano. Aquí vale la pena hacer una aclaración que considero importante, y es que en la gran mayoría de los casos las compras no se le hicieron a colonos, si por colono se entiende la persona a la cual le fue adjudicado inicialmente el predio. Una revisión de los certificados de tradición podrá aclarar que los predios ya habían tenido ventas previas.

¿Cuál era el precio promedio por hectárea que ofreció y pagó?

Para la época de las compras iniciales los precios variaban entre $100.000 y $400.000 por hectárea dependiendo de ubicación, porcentaje de área aprovechable, presencia de serranía y estado de las sabanas en cuanto a limpieza. Todos estos predios carecían de infraestructura y sus mejoras eran muy incipientes, no había divisiones, cercas, ni pastos mejorados, pero ofrecían un potencial productivo si en ellos se hacían las inversiones necesarias para corregir los problemas de suelos propios de la altillanura y que están ampliamente documentados en la literatura. Muchos campesinos cuentan que usted aparecía haciendo las ofertas por las fincas, pero a la hora de firmar las escrituras, aparecen otros nombres.

¿Es esto cierto? Si es así, ¿cómo fue su trabajo en esta intermediación?

Eso es cierto, pues como le comenté en el punto 2, mi función era identificar predios que ofrecieran potencial para actividades agropecuarias y forestales y adquirirlos, labor por la cual recibía unos honorarios representados en participación en los predios adquiridos. La diferencia de precios entre la compra y la venta ciertamente fue importante y obedeció a varias expectativas que se originaron con anuncios que hizo el gobierno hacia 2009 en el sentido de que se le iba a dar un impulso importante a la altillanura identificándola como la gran frontera agrícola del país, mediante la pavimentación de la vía a Puerto Carreño, La inversión en la navegabilidad del río Meta mediante la construcción de 7 puertos entre Puerto López y Puerto Carreño, la electrificación de Santa Rosalía y La Primavera tomando como base la red eléctrica de Casanare etc. Sobra decir que todos estos anuncios fueron un saludo a la bandera y a la fecha el Vichada adolece de los mismos problemas que siempre le han acompañado y la falta de infraestructura e inversión por parte del gobierno es total.

Varios propietarios originales de las tierras señalan que por muchos años soportaron la violencia de los grupos armados y que por esta razón accedieron a venderlas a precios bajos. Revisando los certificados de Tradición y Libertad observamos que algunas fincas en las que, según los colonos, usted fue el intermediario, se vendieron inicialmente por valores que no superan los 100 millones de pesos. Estas propiedades fueron revendidas a Colombia Agro, en menos de dos años, por cifras que alcanzaron los 2.500 millones de pesos. ¿Cuál es su versión de los hechos?

Puedo dar fe de que ninguno de los vendedores a quienes compramos predios tuvieron problemas de amenazas o desplazamientos. De hecho, por aquella época, y supongo que aún está vigente, existía una medida que exigía a los notarios la presentación por parte de compradores de predios en algunos municipios con historia de desplazamientos forzados, de un certificado que expedían las alcaldías municipales acreditando que el predio en venta estaba exento de esa condición. Sé que, para predios comprados en municipios con historia de presencia de grupos al margen de la ley, ese certificado era indispensable para correr las escrituras públicas. Por el contrario, Santa Rosalía y La Primavera nunca fueron considerados municipios con historial de desplazamientos forzados y por eso tal certificación no era necesaria. Esto me animó a invertir en la zona, más aún cuando tenía una responsabilidad con inversionistas que depositaron su confianza en mí.

Su esposa María Catalina Raffo Palau y uno de sus familiares, Andrés Caicedo Raffo, también aparecen como intermediarios en los documentos. ¿Se dedican ellos a la compraventa de bienes raíces? Otros intermediarios de apellidos Builes, Espinosa Larrarte y Riascos Villegas, según registros comerciales, tienen vínculos con usted en varias empresas. ¿Cuál es su relación con ellos? ¿Sabe cómo y por qué llegaron al Vichada a comprar tierras?

Tanto mi esposa como las personas mencionadas participaron en un pequeño porcentaje en algunas de las inversiones de predios que posteriormente fueron vendidos a Cargill. Ninguno de ellos se dedica a la compraventa de bienes raíces y la venta a Cargill surgió como un negocio de oportunidad.

¿Cómo y en qué momento supo usted del interés de Cargill por tierras en el Vichada?

El interés de Cargill por comprar tierras nos fue inicialmente dado a conocer por comisionistas de Santa Rosalía y La Primavera. Esto nos permitió entrar en contacto con representantes de la multinacional y después de un prolongado proceso de negociación vender nuestros predios a esa empresa.

Además del Vichada, ¿en qué otras zonas del país tiene negocios de compraventa de tierras?

No poseo tierras en otras regiones del país y tampoco estoy en la actividad de compraventa de predios. El abandono del gobierno en esta región unido a la inestabilidad jurídica sobre la propiedad de la tierra dio al traste con promisorios proyectos productivos de diferentes empresas que quisieron desarrollar el Vichada. Sin ánimo de polemizar ni defender causas ajenas, siempre me sorprendió que una región que por décadas permaneció en el olvido, curiosamente sólo hasta cuando surgieron empresas que quisieron hacer desarrollos agroindustriales importantes, algunos representantes de la clase política sintieron de repente dolor de patria y con el pretexto de que se estaba amenazando la seguridad alimentaria del país al permitir que dichas empresas nacionales y extranjeras adquirieran áreas necesariamente grandes por las características propias de la altillanura e hicieran cuantiosas inversiones en adecuación de suelos, compra de maquinaria, desarrollo de infraestructura vial y fluvial, contratación formal de mano de obra etc., interpusieron toda suerte de objeciones y enfilaron baterías contra inversionistas que desarrollaban una actividad con apego a la Ley. Si en algún momento hubo compras aprovechando situaciones de debilidad por parte de los vendedores o ejerciendo intimidación o coacción, éstas deben ser investigadas y castigadas por la Ley. Por otro lado, sé de algunos vendedores que en su momento enajenaron libremente sus predios a precios de mercado y aparecieron años después invocando situaciones de desplazamiento inexistentes. Con esto quiero respetuosamente sugerirle que tome con beneficio de inventario acusaciones a las que usted hace referencia en el sentido de que algunas ventas en la región de Santa Rosalía y Primavera obedecieron a presiones de grupos armados, toda vez que como le anoté en un punto anterior, esta región, aunque no ajena a la inseguridad que vivió el país en los años 90 y principios de los 2000, padeciendo incluso una cruenta toma guerrillera en 2001, no sufrió como otras regiones del país episodios de desplazamiento forzado que obligaran a colonos a vender sus parcelas a precios por debajo de su valor real.

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:14

*Fotografía: archivo Alcaldía de Tumaco.

Dentro del plan de expansión de las Auc fue contemplado llegar a Nariño. Vicente Castaño le ordenó al jefe paramilitar y narcotraficante Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, enviar un grupo de paramilitares a la zona en 1999. Poco antes, la guerrilla había lanzado dos ataques en la región costera nariñense, donde las Farc delinquían con el Conjunto Comando Occidental desde finales de los años setenta y el Eln, desde los años ochenta. Durante las negociaciones con el gobierno Pastrana, las guerrillas habían aumentado las hostilidades contra la fuerza pública y los pobladores más pudientes de la región.

Según escribió la periodista María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas, recién llegados, los ‘paras’ consiguieron respaldo de la Capitanía y de la Alcaldía de Tumaco, el municipio más importante del Pacífico nariñense. Para terminarse el año, los ‘paras’ realizaban ‘limpieza social’ y asesinaban a cualquiera que fuera señalado de tener una condición política de izquierda.

Seis meses después de la llegada paramilitar, Vicente Castaño le cedió el control del grupo al narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, exjefe del Bloque Central Bolívar, Bcb, como parte de una alianza nacional entre las Auc y el Bcb. ‘Macaco’ puso al mando a Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, hermano de su mano derecha, alias ‘Julián Bolívar’, y le ordenó formar el Bloque Libertadores del Sur.

Después de haber asesinado al gestor de un consejo comunitario y a un periodista, los ‘paras’ anunciaron en agosto del año 2000 su llegada a Tumaco con grafitis y comenzaron las amenazas contra la Pastoral Social. Asesinaron y amenazaron algunos miembros de un grupo de desplazados de Putumayo y de Caquetá asentados en el municipio y durante ese mismo año allí perpetraron dos masacres.

A principios de 2001, guerrilleros de las Farc montaron varios retenes en la vía Tumaco – Pasto, lo que resultó en intensos enfrentamientos por el control del territorio con los paramilitares. En abril del mismo año, los ‘paras’ asesinaron al periodista Flavio Bedoya en una campaña de muerte contra quienes los contrariaban y en mayo se expandieron hacia Bocas de Satinga y El Charco. El 19 de septiembre mataron a la hermana y defensora de los derechos humanos Yolanda Cerón, frente a la iglesia de La Merced.

Los ‘paras’ amenazaron a los periodistas de programa radial que conducía la hermana Cerón, que atendía los problemas de las comunidades, y persiguieron a todos los que tramitaron la creación de consejos comunitarios en la región y buscaron que les fueran tituladas tierras colectivamente.

En los años siguientes, los ‘paras’ perpetraron numerosos crímenes como los asesinatos de los líderes sociales José Aristides Rivera y José Luciano Castillo y una masacre en la que torturaron y asesinaron a 20 personas en junio de 2004, en un corregimiento de Tumaco llamado Llorente. Según documentó el centro de investigación académica Cinep, los integrantes de la fuerza pública que se encontraban en la zona no reaccionaron ante los hechos.

El 30 de julio de 2005, cerca de 690 miembros del Bloque Libertadores del Sur se desmovilizaron en Taminango, Nariño. La Justicia le atribuye cerca de 1.600 víctimas. Este grupo paramilitar estuvo financiado sobre todo por la extorsión y el narcotráfico, delito que tiene a alias ‘Pablo Sevillano’, exjefe del Libertadores del Sur, pagando una condena de 17 años de prisión en Estados Unidos. María Teresa Ronderos también documentó que mientras este grupo paramilitar estuvo en la costa nariñense, las autoridades incautaron cerca de 3.100 kilos de cocaína y encontraron 39 laboratorios en la zona para su producción.

La banda criminal autodenominada ‘Los Rastrojos’ surgió después de la desmovilización de la mayoría de estructuras paramilitares entre 2004 y 2006, cuando narcotraficantes y exparamilitares bajo el mando de los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Los Comba’, se reorganizaron y continuaron delinquiendo en la Costa Pacífica, incluyendo Tumaco. El crimen organizado ocupó espacios que dejó el Bloque Libertadores del Sur y como sus antecesores, los ‘paras’, hizo acuerdos con miembros de la fuerza pública y le disputaron el control del negocio del narcotráfico a las guerrillas, en una guerra que solo en 2009 dejó a más de cien civiles inocentes muertos en Nariño.

En 2011, el Comando Conjunto Occidental de las Farc adoptó el nombre de Bloque Alfonso Cano, luego de que la fuerza pública acabara con la vida del exjefe guerrillero que usaba este mismo nombre como alias.

Hasta el 2013, ‘Los Rastrojos’ manejaron la mayoría de los negocios ilícitos en Tumaco, pero después de la captura de sus máximos jefes y el debilitamiento esta estructura criminal, las Farc pasaron a dominar dichos negocios. El portal Verdad Abierta documentó que en diciembre del año 2015 al menos 27 personas fueron asesinadas en este puerto de la Costa Pacífica, y que aunque la fuerza pública asegure que “se trataba de una pugna entre las redes de apoyo de las Farc”, otra hipótesis apunta a la llegada a la zona de la banda autodenominada ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.

En un artículo publicado en el mismo portal en septiembre del presente año, líderes sociales aseguraron que algunos milicianos de las Farc se unieron a las bandas criminales para continuar con el negocio del narcotráfico en la zona. Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2015), en zona rural de Tumaco se registraron cerca de 17.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, el 18 por ciento de la producción nacional.

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:48

*Fotografía: archivo Alcaldía de Tumaco.

Elba González, lideresa de la organización barrial ‘11 de Noviembre’, está preocupada porque, según ella, la situación de orden público en Tumaco puede deteriorarse en el corto plazo. “Ese es el temor que tenemos, que vayamos a empeorar si de aquí a diciembre no llega ese acuerdo que tanto necesitamos con las Farc”, dijo Elba. La organización ‘11 de Noviembre’ vela por los derechos de las mujeres en el municipio y fue una de las agrupaciones más comprometidas con las campañas de pedagogía sobre los acuerdos de La Habana en los barrios del casco urbano de este puerto nariñense.

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“Nos llegó una esperanza cuando escuchamos al señor de las Farc diciendo ‘de aquí no nos movemos porque queremos la paz y queremos el diálogo’”

 

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Aunque el conflicto armado aún agobia a la región, pues el municipio está parcialmente militarizado y cuenta con la presencia de guerrilla y bandas criminales, Elba no pierde el optimismo. “Tumaco lo que tiene es una esperanza de que aquí a diciembre se logre ese acuerdo entre el No, el Sí y las Farc. Eso es lo que nosotros esperamos, por eso es que este sábado estuvieron muchos jóvenes en la Iglesia marchando y pidiendo la paz”, aseguró esta lideresa.

Escuche acá el primer fragmento de la entrevista a Elba González:

“Nosotras decíamos, decían las compañeras, si en Colombia hubiera ganado el Sí, habrían habido muchos proyectos para nosotras, para la Costa Pacífica y especialmente para Tumaco”, señaló Elba. Tumaco tuvo una tasa de abstencionismo del 71,87 por ciento en la votación. La lideresa tumaqueña aseguró que los resultados del plebiscito evidenciaron la actual polarización política en Colombia, que no tuvo en cuenta a las víctimas.

Escuche acá el segundo fragmento de la entrevista a Elba González:

Estos son los resultados de votación del plebiscito en Tumaco:

 

Mire acá la lista completa de todas las masacres ocurridas en Tumaco

Conozca acá un recuento de la historia del conflicto en Tumaco

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:47

Aunque el Sí ganó con el 63,41 por ciento, las urnas del plebiscito no se abrieron en gran parte de las poblaciones rurales de Aracataca, debido a que las familias damnificadas tuvieron que ser trasladadas a las escuelas que iban a funcionar como puntos de votación.

Desde 1999 el pueblo no vivía una creciente de agua tan grande como la del último 2 de octubre. Según Mabel Cecilia, muchas víctimas estaban dispuestas a salir a votar, pero les quedó casi imposible por la tragedia. “Yo me achicopalé bastante por no poder ir a votar por el Sí, nosotras las víctimas queríamos que la paz se diera”, dijo Mabel.

Escuche al audio completo de la entrevista a Mabel Cecilia Escorcia:

El pueblo natal de García Márquez, al igual que toda esta región del Magdalena sufrió de la violencia guerrillera y paramilitar. El Frente 19 del Bloque Martín Caballero de las Farc, llegó a las zonas rurales de Aracataca como parte de una estrategia para dominar el territorio de Ciénaga Grande y de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se financiaron de extorsiones a empresarios, ganaderos y campesinos. El 19 de enero de 1992, en la vereda de El Torito, Aracataca, miembros del Frente 19 asesinaron a seis agricultores, al parecer, por ser colaboradores del Ejército.

Entre 1993 y 2002, al menos cinco masacres fueron perpetradas en Aracataca, la mayoría por paramilitares a cargo de las Autodefensas de El Palmor y del Bloque Norte, dirigidos por Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño. En el 2002, estos ‘paras’ crearon el Frente William Rivas del Bloque Norte, bajo el mando de José Gregorio Mangonez, alias ‘Tijeras’, quien está postulado a la Ley de Justicia y Paz.

En mayo de 2015, una jueza de Justicia y Paz ordenó la libertad de ‘Tijeras’ tras haber cumplido ocho años de prisión. Este paramilitar confesó ser responsable de cerca de 600 asesinatos y más de 2.100 hechos violentos por línea de mando.

El Bloque Norte, a cargo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, no solo absorbió a las Autodefensas de El Palmor, también a las del Sur del César, que pasaron a llamarse Frente Héctor Julio Peinado. Entre las Autodefensas de los Rojas, como también se conocían a las de El Palmor (1978-2000), y el Bloque Norte, perpetraron más de 15 masacres.

Para los habitantes de Aracataca es necesario que la paz llegue pronto, para que no se cometan más crímenes atroces en la región. “Yo siento que si la paz se da, los que van a vivir libremente son los nietos y los hijos de uno”, afirmó Mabel Cecilia Escorcia

Estos son los resultados de votación del plebiscito en Aracataca, Magdalena:

Mire acá la lista completa de todas las masacres ocurridas en la zona de Aracataca

Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:45