En el proyecto Mi Municipio, los jóvenes de las regiones más golpeadas por la violencia trabajan en la reconstrucción de la memoria de sus pueblos
Vista Hermosa se encuentra en los Llanos Orientales colombianos, donde las temperaturas pueden pasar de los 30°C y la humedad, del 60 por ciento. Este municipio del Meta ha sido golpeado por la violencia de diferentes actores armados durante décadas, y aunque ha sido escenario de cientos de muertes y de desplazamientos, actualmente lo habitan jóvenes que hablan con propiedad sobre construcción de paz, oportunidades y retos a superar.
Rutas del Conflicto estuvo en Vista Hermosa para dar talleres de periodismo a jóvenes de los grados 9no y 11 de la Institución Educativa Centauros y a miembros de la Unión de Pensamiento Joven, una organización de habitantes del pueblo. Muchos de ellos ya habían escuchado, visto y leído noticias sobre su municipio y no estaban contentos con ellas. “Solo se habla de violencia”, dijeron algunos.
Juntos, hablamos sobre algunas maneras para narrar la memoria y la historia de Vista Hermosa desde sus puntos de vista, y así surgieron diversas propuestas de enfoque.
“Uno de los retos (que tenemos) es que nosotros y las demás personas debemos convivir con los desmovilizados y darles otra oportunidad para que estudien y aprendan cosas nuevas y buenas”, escribió una estudiante.
Otros desafíos descritos por alumnos son: el mejoramiento de los suministros de agua y de gas y del servicio de internet, la pavimentación de calles y la creación de espacios para el deporte y la cultura.
Los jóvenes, sin embargo, no dejan de considerar las historias de violencia que vivieron. En un aula de más de 30 estudiantes, cuando fueron cuestionados sobre si conocían a alguna víctima del conflicto, más de la mitad levantó la mano. Y una alumna preguntó: “Yo conozco. En dado caso, ¿puedo hablar de mí misma?”
“Cuando tenía nueve años, estábamos en pleno diciembre, un 8, y estábamos en nuestra casa. Hubo un enfrentamiento entre el Ejército y las Farc. Eso me marcó porque vi mucha violencia”, contó otra estudiante.
Para ellos, los sobrevivientes del conflicto no son números ni habitantes de un pueblo lejano, sino que tienen cara, sentimientos, una vida que describen como común y son ejemplos de cómo salir adelante. Son esas las historias que los jóvenes eligieron contar.
“La persona que quisiera elegir sería mi abuelo, ya que él y mi abuela fueron desplazados y amenazados por la guerrilla. También me gustaría entrevistar a mi tía, que es desmovilizada”, escribió una estudiante.
En el pueblo, al pie de la hermosa vista de la serranía de la Macarena, hay muchas historias ocultas entre el sol y la humedad. A lo largo de las siguientes semanas, algunas estarán disponibles en Rutas del Conflicto y quienes las cuentan son los jóvenes que nos muestran a Vista Hermosa desde sus ojos.
*La plataforma web será lanzada próximamente. Este proyecto fue posible gracias a los participantes de una campaña de Crowdfunding y a la Universidad del Rosario.
Dahiana Marín, de 16 años, es alumna de grado 11 en la Institución Educativa Los Centauros, en Vista Hermosa, Meta. Dahiana escribió este artículo como parte de los talleres en comunicación trabajados en el proyecto Mi Municipio.
Abdonias Palacios Bedoya, de 78 años de edad, y Flor Marina Bedoya Palacios tuvieron seis hijos. Entre ellos dos mujeres, Gloria y Elizabeth, y cuatro hombres, Edgar, Alberto, José Abdonias y William.
La pareja Abdonias y Flor Marina vivían en este municipio, Vista Hermosa, hace más de 40 años, cuando, en la década de 1980, su hija Gloria fue desaparecida. Según informaron algunos pobladores, fue asesinada por un grupo de paramilitares de esa época, y jamás se ha vuelto a saber de ella. Su cuerpo tampoco ha sido encontrado.
Los esposos Palacios Bedoya continuaron sus vidas en el municipio de Vista Hermosa, pues aquí tenían todos sus bienes. Mi abuelito Abdonias llegó a ser concejal de nuestro municipio en los años 1997, 1998 y 1999. Era una familia económicamente bien, que le servía a la comunidad en su finca, daba oportunidad de trabajo a muchas personas. Abdonias era realmente un personaje y sus hijos fueron creciendo y formando cada uno su familia.
En el año 2004 esa familia sufrió nuevamente una tragedia que marcó y causó un fuerte dolor: el asesinato del hijo Edgar, conocido más por sus allegados como ‘Yiyo’. Viéndose en esa bochornosa situación, la familia decidió abandonar la región, pero, en el camino de la fuga, se sorprendieron al saber que un grupo armado los estaba esperando para asesinar a mi abuelo. Gracias a Dios, él pudo escapar.
Persistiendo a las situaciones, al cabo de un tiempo regresaron al pueblo tratando de recuperar sus vidas, aunque ya estaban ubicados en el municipio de El Castillo, también en el Meta, a dos horas de Vista Hermosa.
En el año 2006, aquí en el casco urbano del municipio asesinaron a su hijo menor, William. El 1º de noviembre de ese mismo año, la familia fue despojada de la peor manera de su finca, obligados a abandonar sus propiedades y con el dolor del alma de alejarse de su municipio, se marcharon a Villavicencio.
Después de un largo tiempo en Villavicencio, decidieron comenzar la vida de cero y tomaron la decisión de irse a vivir al municipio de El Castillo, donde tenían una finca en la cual pasamos momentos muy felices, donde compartíamos navidades y fechas especiales. Esa familia se volvió numerosa, sus hijos ya son independientes. Su única hija mujer con quien tienen contacto, Elizabeth, se encuentra nuevamente en el municipio de Vista Hermosa, tomando posesión de aquella tierra que un día tuvo que abandonar.
Me alegra tanto saber que está saliendo adelante a pesar de todo lo sucedido. Ya está cultivando, trabajando con su propio ganado y numerosos animales. Los otros dos hijos de mi abuelo también decidieron rehacer sus vidas.
Abdonias estuvo un tiempo en Venezuela, donde no le fue muy bien, y decidió volver a El Castillo, donde actualmente vive en su finca y está comenzando nuevamente su vida. Quiero resaltar que esta familia, a pesar de todo, ha sabido salir adelante y ha llevado una vida normal.
Leidy Gualaco, de 16 años, escribió este artículo como parte de los talleres en comunicación trabajados en el proyecto Mi Municipio. Leidy es una estudiante de la Institución Educativa Los Centauros, en Vista Hermosa, Meta, el municipio con más víctimas de minas antipersonal en Colombia.
Actualmente en nuestra comunidad está muy presente el tema de la paz y una de las discusiones más grandes es lo que va pasar después de eso. Nuestra atención está centrada en las zonas de concentración (Zonas Veredales Transitorias de Normalización) donde se encuentran ya instalados la gran mayoría de guerrilleros de las FARC desmovilizados.
Son muchas las opiniones que están en disputa, muchas de ellas influenciadas por rumores, como la remuneración que será dada a ellos, o si en realidad allí en esas zonas de concentración se estará haciendo lo que se dice. Otras opiniones son influenciadas por las vivencias de las víctimas del conflicto que han perdido familiares, o de los cuales hasta ahora no saben nada. Ya cansados de esto, las víctimas simplemente quieren cambiar, superar ese pasado de dolor y partir para un futuro mucho mejor, donde puedan llegar a saber sobre sus familiares, ya que el grupo al margen de la ley (las FARC) prometió brindar informaciones.
En las zonas de concentración también se encuentran diversas opiniones de los desmovilizados. Una de ellas es la de Luis (nombre ficticio), quien actualmente tiene 37 años. A sus 17 años, por diversas razones, una de las más importantes: la falta de oportunidades para esa época, Luis decidió unirse a este grupo al margen de la ley, al cual sirvió por 20 años.
Ya cansado de ver a sus compañeros muertos en combate y de estar lejos de sus familiares, ve como una gran oportunidad el proceso de paz para volver a convivir con la sociedad, para llevar una vida más tranquila y, lo más importante, para estar cerca de su familia. Sin embargo, otros desmovilizados no opinan lo mismo que Luis, ya que todas sus vidas han permanecido en la guerra y, ya acostumbrados a eso, no ven la transición de buena manera.
Regreso al pasado
Como testimonio de una víctima tenemos el de Don Alfonso (nombre ficticio) campesino que fue desplazado en el 2007, por dos principales razones: la primera fue el proceso que se llevaba para la erradicación de la coca, ya que en ese tiempo los campesinos se sostenían de ese cultivo, y la segunda y más importante, que ponía en riesgo su vida y la de su esposa, fue un mal entendido con personas de las FARC. Amenazados de muerte, tuvieron que huir.
Actualmente Don Alfonso habita la zona urbana de Vista Hermosa y vive del cultivo del plátano. Cuenta que ve como una gran oportunidad el proceso de paz ya que gracias a eso ya ha podido visitar ocasionalmente la vereda de la cual fue sacado a la fuerza. Se siente feliz y mucho más tranquilo porque su municipio se ve con otra cara. Con respecto a lo que viene después de ese proceso de paz dice que no tiene problema en convivir con los desmovilizados, que todos tenemos una segunda oportunidad con la vida y que porque no dar esa oportunidad también a esas personas que quieren cambiar.
Estas dos historias, como muchas otras, demuestran que siempre hay un camino en el cual podemos encontrar la salida a todo ese pasado de dolor. Ese camino es el perdón que nos llevará a mejorar nuestra vida y a encontrar una paz verdadera.
Personalmente, lo que me motiva a escribir este artículo es poder decir que sí podemos encontrar en las FARC, como en las víctimas, a personas que tienen algo en común, que es pensar que lo mejor sí es la paz no solo para ellos y Vista Hermosa sino también para que toda Colombia pueda llegar a ser un mejor país.
Ruta a la memoria: el paramilitarismo en Colombia en 1997
Este fue un año clave para el desarrollo del conflicto en Colombia. Los paramilitares crearon las Auc, una confederación de grupos armados que les permitió extender su presencia a varias zonas del país, especialmente en regiones estratégicas para el narcotráfico, dejando decenas de masacres y asesinatos selectivos. Rutas del Conflicto le cuenta qué pasó ese año y algunas similitudes con la actualidad que vive el país en 2017.
Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:05
Nota
Información sobre minas antipersonal en Vista Hermosa se perdió en el conflicto: Farc
El jefe de la guerrilla en la zona veredal del pueblo con más víctimas de minas en Colombia, alias ‘Byron Yepes’, dijo que hará su “mejor esfuerzo” para identificar artefactos
Parte de los datos sobre la localización y la cantidad de minas antipersonal puestas por las Farc en Vista Hermosa, el pueblo con más víctimas de estos artefactos en Colombia, se perdieron en el conflicto, afirmó el jefe de la guerrilla en la Zona Veredal Transitoria de Normalización del pueblo, en el Meta. Alias ‘Byron Yepes’ añadió que el grupo hará su “mejor esfuerzo” para la seguridad del territorio.
Al menos 363 personas han sido afectadas desde 1990 por minas antipersonal en el municipio de Vista Hermosa, según datos oficiales. Además de las Farc, la fuerza pública y otros grupos armados que delinquieron en el pueblo han sido responsables por la existencia de estos artefactos y de la llamada munición sin explotar (como morteros que no han estallado y siguen siendo una amenaza).
“No se puede (tener un balance de las minas) porque la guerra, como ha sido tan larga, muchos de los ‘grapadores’, que trabajaron en eso, están muertos. Muchos, lo que no es fácil, y la información se ha perdido. Hubo cantidad de explosivos que se tenía en el mapa, que se tenían las coordenadas exactas, los puntos, pero en la guerra muchas de esas cosas se perdieron”, dijo el jefe guerrillero.
‘Yepes’ afirmó tener “el compromiso de trabajar duro” para que el municipio se libere de las minas, con la creación y capacitación de equipos de trabajo. La guerrilla, dijo, tiene “una idea” de como están los artefactos en el territorio, pero recordó que los procesos de desminado tienen larga duración.
El jefe en la zona veredal de Vista Hermosa y miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc consideró “lamentable” que personas hayan perdido la vida en el fuego cruzado durante el conflicto en la zona.
El desminado humanitario en Vista Hermosa comenzó oficialmente el 23 de marzo de este año, con cinco organizaciones responsables por el proceso de búsqueda y neutralización de los artefactos: Brigada de Desminado Humanitario, The HALO Trust, Ayuda Popular Noruega (APN), Campaña Colombiana contra Minas Antipersonal y Hándicap International.
Se estima que en Colombia hay cerca de 52 kilómetros cuadrados de superficie con posible presencia de minas.. El Meta es el departamento más afectado, con cerca de 8 kilómetros cuadrados.
Según la DAICMA (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal), el costo del desminado en Vista Hermosa está previsto en 23.374 millones de pesos, cuya financiación está a cargo del Departamento de Estado de EEUU. La búsqueda de los desaparecidos
La solución para el tema de los desaparecidos y el de los guerrilleros reclutados muy jóvenes también tendrá que esperar. ‘Yepes’ afirmó que la guerrilla está “trabajando para tener buena información”, pero que la búsqueda solo podrá empezar después de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la actuación conjunta con la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Cruz Roja.
“No son pocos los familiares de guerrilleros desaparecidos en la guerra. Nos toca buscarlos”, afirmó. Según ‘Yepes’, los propios familiares ya han empezado esa búsqueda, y es constante la llegada de personas a la zona veredal de La Cooperativa, en Vista Hermosa, para hallar a sus parientes.
La guerrilla, en los años 80, ya estaba en esa región, donde actuó con frentes como el 16, el 7 y el 27, este último el más grande, que llegó a tener 600 miembros, según ‘Yepes’. Las disputas en el pueblo entre paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza pública causaron víctimas de minas antipersonal, desapariciones, desplazamientos forzados y cientos de muertes.
‘Byron Yepes’, sin embargo, afirma que no se arrepiente. “Todo que hicimos nosotros fue en función del objetivo político. Pasaron cantidad de cosas en la guerra, que hubiésemos querido que no pasaran, por supuesto. Lo que estamos haciendo es ponerle la cara a las víctimas, lo estamos haciendo y lo vamos hacer”.
Zona veredal y Acuerdo de Paz
Los guerrilleros agrupados en Vista Hermosa llegaron a la Zona Veredal Transitoria de Normalización de La Cooperativa el 30 de enero de este año. Más de dos meses después, las edificaciones en las que habitarán 348 personas todavía están por construirse.
Los guerrilleros duermen en cambuches, tallan madera y empiezan algunas estructuras por ellos mismos. También inician cultivos, como el de yuca y el de maracuyá, ya sembrados.
La única casa totalmente construida en esa zona veredal es una de madera, que ya hacía parte de la finca. En frente a una de sus puertas, en la cual luce una flor dibujada sobre la madera, trabaja ‘Byron Yepes’ en un computador con acceso a Internet.
‘Yepes’, considerado muerto por el Ejército en 2009, apareció “resucitado” en un artículo del diario El Tiempo, el 6 de marzo de 2011. El reporte sobre la muerte estaba equivocado. Casi seis años después, Rutas del Conflicto lo entrevistó sobre los temas que preocupan a los habitantes de Vista Hermosa.
Sobre el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, ‘Yepes’ afirmó que se ha hecho una “pedagogía grande para explicarles [a los guerrilleros] la necesidad de estar comprometidos con el proceso” y rechazó que haya cualquier disidencia en su región.
Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:03
Nota
¿En Colombia sabemos qué es, exactamente, el paramilitarismo?
Colombiacheck y Rutas del Conflicto consultaron historiadores, periodistas, habitantes de Puerto Boyacá y fuentes documentales para determinar qué son los grupos paramilitares, cuándo iniciaron su accionar y si existe el peligro de que se rearmen.
En Colombia, con un conflicto armado en el que intervienen diversos actores y en el que confluyen multiplicidad de circunstancias, el lenguaje ha dado, incluso, para encontrarle diversos eufemismos a la barbarie. Tal vez el paramilitarismo ha sido la forma violenta a la que más nombres se le han puesto. ‘Masetos’, ‘Paracos’, ‘Aguilas Negras’ han sido solo algunos sinónimos que se han extendido a través de los medios de comunicación, lo que en ocasiones no ha permitido llamar a las cosas por su nombre y ha generado confusiones. ¿Sabemos en Colombia que es, exactamente, el paramilitarismo y cuándo nació? ¿Todavía hay paramilitares? Calificamos este chequeo como engañoso, por la multiplicidad de informaciones que hacen difícil distinguir la realidad.
El historiador Germán Sahid, explica que los grupos de autodefensa son aquellos a los que el Estado les dio la capacidad de armarse para salvaguardar su terreno en función de una lógica contrainsurgente. “Otra cosa son los grupos de justicia privada, empresarios, legales o ilegales, que crean grupos privados armados para defender su operación criminal o ilegal”, aclara.
Según Sahid, las autodefensas nacen en Colombia en 1964.
La idea de conformar grupos antisubversivos surgió simultáneamente en diferentes regiones del país, iniciativas que luego se juntaron en las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero ese objetivo no era exclusivamente insurgente, tenía detrás varios intereses.
En el libro Guerras recicladas, la periodista María Teresa Ronderos cuenta la historia del paramilitarismo en Colombia. No es para nada gratuito que el primer capítulo se titule Las autodefensas de Puerto Boyacá, modelo para armar. Allí Ronderos relata que el secuestro, en 1979, de alguien muy querido en la región fue uno de los hechos que desató las acciones de “lo que iba a ser el principal grupo paramilitar del país durante casi una década” liderado principalmente por la familia Pérez. Fue precisamente Henry Pérez, quien convirtió a Puerto Boyacá en “La capital antisubversiva de Colombia”.
“Las de Henry Pérez no fueron las únicas autodefensas del Magdalena Medio que incentivó el Ejército. Desde fines de los años setenta, un finquero mediano que cultivaba la tierra de su familia y criaba cerdos y gallinas, originario de Sonsón, Antioquia, y llamado Ramón Isaza, había ya formado su propio grupo armado para defenderse de la guerrilla”. Este grupo se llamó Los Escopeteros, pero había más grupos en esa región, que a mediados de los 80 operaban bajo las órdenes de Henry Pérez en lo que se denominó Autodefensas de Puerto Boyacá.
El Informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica explica que “la explosión del fenómeno paramilitar puso en escena el entrecruzamiento del narcotráfico con el conflicto armado. Esta nueva intervención del financiamiento del narcotráfico se produjo por la confluencia de los intereses de tres sectores: los de las élites económicas, que buscaban defender su patrimonio, como sucedió con la organización que les sirvió de fachada en Puerto Boyacá, la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio − Acdegam; los de los propios narcotraficantes, que buscaban expandir sus negocios ilegales y querían protegerse de las presiones extorsivas de la guerrilla a los laboratorios y a la compra de hoja de coca; y los de los militares, que tenían como propósito atacar a la guerrilla y al enemigo civil interno”.
Unión de fuerzas
El mismo informe señala que los grupos paramilitares del Magdalena medio se consolidaron y que además irrumpieron nuevos grupos en varias zonas del país: en Córdoba bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el Cesar, con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada de Santa Marta, con Hernán Giraldo y Los Rojas; en Casanare, con Los Buitrago; y en los Llanos Orientales y Putumayo, con los aparatos armados al servicio del narcotráfico.
En la unificación de estos grupos a mediados de los noventas tuvo mucho que ver la familia Castaño Gil, de Amalfi, Antioquia.
En su libro, Ronderos cuestiona el gran mito fundacional del grupo paramilitar creado por Fidel Castaño y varios de sus hermanos: el dolor del secuestro y posterior asesinato del padre. La periodista deja al descubierto que hay inconsistencias en los testimonios de la familia sobre la fecha y las circunstancias del hecho y relata ampliamente cómo Fidel, el hermano mayor, ya tenía negocios ilícitos mucho antes de crear el grupo antisubversivo, que además, le servía para cuidar de esos intereses.
En el libro En la Encrucijada, Colombia en el Siglo XXI, capítulo Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir, Mauricio Romero, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario cuenta que fueron Carlos Castaño y Ernesto Báez, entre otros, quienes iniciaron el proyecto de centralización política y militar de los grupos paramilitares. Primero crearon las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, y luego conformaron una confederación nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
“En efecto, el periodo entre 1994 y 1997 fue de un intenso trabajo organizativo interno para darle un perfil político y militar más definido a lo que hasta el momento eran diferentes grupos dispersos en distintas regiones del país, sin un distintivo claro, uniforme reconocible, estatutos, propósitos públicos y una estructura de mando identificable”, dice el texto.
Según el relato de Romero, crear una federación nacional, como se propuso Carlos Castaño, partiendo de una diversidad de intereses locales y particulares, la mayoría ligados a negocios ilegales, parecía imposible.
“Las condiciones para poder hacer parte del proyecto de federación era comprometerse a fondo con la lucha antisubversiva y adoptar los distintivos de las AUC. Cada frente era autónomo para desarrollar sus finanzas y relaciones locales, pero cualquier acuerdo con la guerrilla era considerado una traición. La ventaja para los jefes regionales de los aparatos ilegales era la participación en una organización nacional que podía negociar con mayor nivel de tolerancia para sus actividades, incluidas las ilegales. Además, la vinculación a la federación ofrecía la posibilidad de hacer parte de una negociación futura con el gobierno, y tener una puerta para un potencial regreso a la legalidad”.
El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició en 2002 una negociación con los paramilitares que terminó en una desmovilización y desarme parcial, pero que no tuvo éxito, entre otras cosas, precisamente porque no fue total, lo que derivó en que algunos integrantes de las autodefensas se rearmaran en el crimen organizado o en grupos similares o que se autodenominan paramilitares.
Finalmente Sahid explica que lo que se conoce ahora como neoparamilitares son grupos de criminales desmovilizados de todos los grupos armados, que hacen parte de las bandas criminales y que se reciclan en el negocio de la criminalidad.
“Muy posiblemente en esta transición todavía no tenemos grupos completamente consolidados como autodefensa en el sentido de contrainsurgencia, pero muy posiblemente en unos cuatro o cinco años volvamos a tener insurgencias y contrainsurgencias por la incapacidad del Estado de construir instituciones después del acuerdo con las Farc o del acuerdo de Ralito”, concluye el historiador.
Mapa interactivo para rastrear la evolución del paramilitarismo en Colombia (1977-2006)
Esta herramienta permite rastrear, año a año, la historia y la expansión de los grupos paramilitares en Colombia.
El mapa interactivo responde preguntas sobre la aparición, el auge y el debilitamiento del fenómeno paramilitar, mostrando las fechas y los lugares que marcaron esta historia de terror. A través de una línea de tiempo, se explica en detalle cómo nacieron y crecieron los primeros grupos de autodefensa y cómo se tejieron las alianzas entre paramilitares, narcotraficantes y miembros de la fuerza pública para diseminar el llamado “modelo” paramilitar, primero en los ochenta y luego en los noventa. También aporta evidencia sobre cómo estos grupos criminales se repartieron y disputaron el territorio.
La herramienta recoge la documentación que Rutas del Conflicto ha logrado recopilar y examinar desde 2013 y los testimonios de los sobrevivientes de la violencia paramilitar que valientemente nos han compartido sus historias. Además de los valiosos hallazgos de investigadores como la periodista María Teresa Ronderos y el equipo del portal Verdad Abierta.
Para acceder a la información basta con ubicar el año de consulta en la línea de tiempo y hacer clic sobre el ícono de un grupo paramilitar sobre el mapa.
Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:01
Nota
'Paras' están ocupando territorios que dejamos: jefe de las Farc en zona veredal del Meta
En entrevista con Rutas del Conflicto, el jefe de la Zona Veredal Transitoria del municipio de Vista Hermosa, Meta, y miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc, alias ‘Byron Yepes’, se refirió al presente del paramilitarismo en la región.
Varias organizaciones sociales y sectores de la comunidad en general han denunciado la presencia de grupos herederos del paramilitarismo en algunas zonas que antes eran de influencia de las Farc. La guerrilla llegó a esta región de los Llanos Orientales hace más de 40 años, con frentes como el 16, el 7 y el 27, que durante décadas tuvieron una fuerte presencia en la zona. Entre los crímenes más representativos contra la población están las explosiones de minas antipersonal, convirtiendo a Vista Hermosa en el municipio con mayor número de víctimas de este flagelo en Colombia. Rutas del Conflicto habló con el jefe de esta zona veredal con el propósito de conocer la posición de la guerrilla en temas puntuales de preocupación de los habitantes del pueblo.
‘Yepes’ aseguró que ante el repliegue de sus tropas en la vereda La Cooperativa, donde hoy se concentran 348 guerrilleros esperando reintegrarse a la vida civil, grupos “paramilitares” han estado ocupando nuevos territorios. “Por acá, contra la cordillera, la población viene y comenta que por allá hay gente de los paramilitares. En Santo Domingo, incluso más al sur. Nunca llegaron por ahí, ahora que estamos acá, por ahí andan. Eso no es sencillo, es preocupante”, dijo el jefe guerrillero.
Además, denunció la presencia de estos grupos en otros municipios del Meta: San Juan de Arama, Puerto Rico, Puerto Lleras, Fuente de Oro y Vista Hermosa, cuyo casco urbano está ubicado a 80 kilómetros de La Cooperativa.
Ante la pregunta de ¿cómo la desmovilización paramilitar cambió la guerra en la región?, ‘Yepes’, quien llegó por primera vez al territorio en 1992, manifestó que la desmovilización del Bloque Centauros de las Auc “nunca pasó. El señor (Miguel) Arroyave (alias ‘Arcángel’, exjefe del Centauros) lo mataron por acá. La fuerza de ellos continúa, todavía no hay rezague de eso”.
Arroyave fue asesinado en septiembre de 2004 por sus propios hombres mientras negociaba su desmovilización. Aunque gran parte del Bloque Centauros se desmovilizó entre septiembre de 2005 y abril de 2006, otra parte continuó delinquiendo en “bandas criminales” o “grupos neoparamilitares” como el ‘Erpac’ y ‘Los Urabeños’, también conocidos como ‘Clan Úsuga’ o ‘Clan del Golfo’ (para conocer más sobre esta y otras historias relacionadas con la evolución de los grupos paramilitares en Colombia, utilice la herramienta ‘Geografía del paramilitarismo’: https://goo.gl/NIhJlV).
‘Yepes’ es el jefe de La Cooperativa, una de las 26 zonas destinadas para la concentración y la dejación de armas, durante seis meses, de los cerca de 6.900 miembros de las Farc en proceso de desmovilización.
“El poder en Vista Hermosa”
No solo el avance de fuerzas paramilitares preocupa a los guerrilleros de La Cooperativa, sino también la influencia de los ‘paras’ han tenido en la política en Vista Hermosa y en otros municipios de la región, además del uso de panfletos amenazantes de exterminio social, la mal llamada “limpieza social”.
‘Yepes’ dice que ha denunciado la situación ante el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, que, como su nombre lo indica, está encargado a monitorear y verificar el cumplimiento del Acuerdo de Paz sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y sobre la dejación de las armas, integrado por la ONU, el Gobierno y las Farc.
“Hay que esperar. Como dentro del acuerdo también está el tema de que hay que crear una unidad especial para el exterminio y la prohibición del paramilitarismo, hay que esperar que los acuerdos avancen en su implementación para que se empiecen a crear todas las políticas que deriven de todas las unidades que se tienen que crear. Ahora, como el gobierno ni reconoce que existen paramilitares”, comentó el jefe guerrillero.
En la sección 6.1.9. del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc, se contempla una: “(c.) ley o acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo, establecido en el numeral 74 del Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares (pág. 202)”.
Cuestionado sobre las preocupaciones de la comunidad ante la convivencia con los guerrilleros en la etapa de postacuerdo, y sobre si ese tema le preocupa, ‘Byron Yepes’ respondió:
¿Qué es el paramilitarismo según la guerrilla?
Son diversas las perspectivas que hay sobre el fenómeno del paramilitarismo. A pesar de que ‘Yepes’ dijo que este es un fenómeno, en sus propias palabras, “multidimensional, es decir, tiene expresiones diferentes en la Costa, en Antioquia, en el Cauca, en el Valle, no es una cosa homogénea”, el jefe guerrillero también consideró que hay vínculos de conducta entre los diferentes grupos paramilitares.
El pasado 5 de abril, el Presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto para la creación de la Comisión de la Verdad, componente central de la justicia transicional acordada en el Acuerdo de Paz para la reparación de las víctimas del conflicto. A partir de su conformación, que debe estar completa en máximo un lapso de seis meses, la Comisión de la Verdad tendrá tres años para presentar un documento con la información sobre los hechos más graves del conflicto armado. Para ese entonces, se espera que se realice una lectura completa de los paramilitares y de los demás actores involucrados en el conflicto que realmente pueda esclarecer más de medio siglo de guerra.
Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 01:00
Nota
Editorial Rutas: ¿Quiénes asesinan a los líderes sociales?
La muerte de los líderes sociales sigue haciendo parte del paisaje de un país que por más de tres décadas ha mirado con desdén la violencia en las regiones. En medio de las noticias urbanas, de los atracos semanales en video que copan los noticieros, apenas algunos medios que realizan un cubrimiento serio del conflicto reseñan la lista que sigue creciendo.
Aunque varias organizaciones sociales y sectores políticos le han exigido al gobierno que tome medidas para detener los crímenes, los asesinatos continúan, y de los responsables no se sabe prácticamente nada.
La discusión durante las últimas semanas se ha centrado en si detrás de los crímenes pueden estar estructuras paramilitares, similares a las que se expandieron con terror por todo el país a finales de los noventa, o si, como dice el gobierno, la actual es una oleada de asesinatos aislados, sin relación entre sí, y que obedecen a otras lógicas de violencia.
Lo verdaderamente grave es que los crímenes no paran y, como ha pasado desde hace más de tres décadas, la justicia parece ser incapaz de identificar y juzgar a unos asesinos “invisibles”.
Revisando en detalle la evolución de lo que llamamos paramilitarismo desde 1977, la masacre de líderes sociales se ha venido repitiendo una y otra vez, sin que la justicia pueda mostrar los rostros de los responsables. (Ver mapa de expansión paramilitar)
A principio de los ochenta fueron asesinados varios concejales de izquierda y sindicalistas en Antioquia. El país terminó por comprar la historia de la justa venganza de la familia Castaño en contra de los asesinos de su padre, pero los hechos muestran otra realidad.
Como lo documentó en detalle la periodista María Teresa Ronderos, algunos militares y políticos tradicionales, aterrorizados por la idea de perder el control que habían tenido por décadas, terminaron aliados con narcotraficantes para exterminar cualquier alternativa que les disputara el poder en las regiones.
El país tuvo que esperar años para saber quién era Fidel Castaño. De los políticos locales y los militares que lo respaldaron no se supo nada.
Luego, ese mismo terror apareció en el Magdalena Medio, esta vez con un respaldo menos disimulado de los narcotraficantes y algunos militares de la región. Ahí comenzó el exterminio de la Unión Patriótica, que luego se exportó a las zonas de interés de los capos de la droga y los esmeralderos boyacenses: a los laboratorios de cocaína en el sur del país y las nuevas haciendas en los Llanos Orientales. (Ver especial Vichada)
Aunque el periodismo y la academia han documentado parcialmente el proceso de expansión criminal, la justicia no ha sido generosa en las sentencias. Durante los noventa, la expansión fue más terrorífica y organizada, esta vez la familia Castaño fue la que exportó los crímenes de líderes sociales y las masacres a casi todas las regiones habitadas del país.
Por supuesto que no se puede generalizar: en cada región los aliados con los rostros criminales eran distintos, dependiendo de los intereses de cada quien en las regiones. Lo han sido el temor militar y policial al crecimiento de la subversión; el pánico de los poderes políticos locales a perder el control de los recursos públicos y la burocracia; lo han sido algunos empresarios enemigos de los sindicatos y ambientalistas, quienes reclaman porel impacto social y ambiental de sus negocios.
Todo lo anterior ha pasado desde hace mucho tiempo y sigue ocurriendo nuevamente. Mueren líderes indígenas y campesinos que reclaman tierras, mueren ambientalistas que denuncian abusos de la minería legal e ilegal, mueren líderes políticos que encuentran en la coyuntura del proceso de paz, un espacio para llegar al poder de las regiones. (ver nota de Verdad Abierta)
Y los asesinos siguen siendo invisibles. Eso sí, siguen teniendo muchos nombres que los mantienen en el anonimato, como los han tenido desde hace mucho tiempo: masetos, águilas negras, bandas criminales.
El Estado tiene la obligación de investigar si en las regiones ha subsistido la mortal alianza entre mafias, políticos corruptos, militares que siguen viviendo en la Guerra Fría y empresarios sin escrúpulos. Con los cultivos de coca disparados y con las Farc despejando territorios, podemos estar ante una tormenta perfecta. Ojalá que la historia no se repita.
Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:58
Nota
Bula y otros buenos muchachos
La familia Olivera tuvo que vivir las miserias de la guerra en el municipio de Ovejas, en Sucre. Vivían en medio de enfrentamientos entre ‘paras’ y guerrilleros, fueron amenazados y desplazados en varias ocasiones y el padre de la familia, Víctor, fue asesinado en 2006. Dos años después la violencia disminuyó, pero el dolor y la pobreza agobiaban a diario a los Olivera. Decidieron vender su finca de 47 hectáreas por cerca de 50 millones de pesos a un influyente político que llegó a la zona a comprar tierras a diestra y siniestra: el exsenador Otto Nicolás Bula.
Durante las últimas semanas el excongresista aparece a diario en los medios de comunicación y la Fiscalía entrega a cuentagotas sus declaraciones. En ellas se le señala, entre muchas cosas, de ser intermediario para que dineros de la empresa Odebrecht financiara la campaña a la presidencia de Juan Manuel Santos en 2014.
En medio de la polarización que vive el país, Bula se convirtió en una ficha más del juego, en el que santistas y uribistas se tachan de traidores, corruptos y mentirosos.
El ahora muy conocido exsenador tendrá que responder ante las evidencias que lo señalan de ser un eslabón en la cadena de compra de contratos de la empresa brasileña en Colombia, pero lamentablemente no tendrá que enfrentar un juicio por las acusaciones por sus presuntos vínculos con paramilitares. Tampoco le explicará al país cómo funciona el negocio que ha legalizado el despojo de miles de campesinos víctimas de la guerra.
El caso de la familia Olivera es uno de decenas en los que aparece involucrado el exsenador en la Costa (Ver reportaje de VerdadAbierta.com) . Cientos de hectáreas que hoy se encuentran sembradas de teca en manos de grandes, empresas como la cementera Argos, pasaron por las manos de Otto Bula, sus socios o empresas con las que ha tenido algún tipo de relación.
También en Ovejas, en la Hacienda La Europa, de cerca de mil hectáreas, apareció una extraña empresa paisa que se hacía llamar Arepas Don Juancho comprando gran parte de la tierra. Una investigación del portal VerdadAbierta.com deja en evidencia el complejo entramado empresarial que han utilizado estos intermediarios para ser invisibles ante las comunidades. En el momento de la investigación, VerdadAbierta.com verificó que Arepas Don Juancho no vendía arepas ni insumos para su fabricación en ninguna parte, pero estableció vínculos de esta supuesta compañía con la Agropecuaria Montes de María, una empresa a la que perteneció el exsenador Bula.
Pero es equivocado pensar que estas compras masivas de tierra a bajos costos que dejaron sin propiedad a miles de campesinos se realizan solo con el poder del dinero.
Revisando los casos es evidente que el negocio en varias zonas del país, involucró a funcionarios de notarías y decenas de funcionarios públicos.
Los casos de las tierras en las que está involucrado Bula demuestran su poder en decenas de municipios de la Costa. Los llamados Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada, conformados entre otros por concejales de los pueblos y encargados por velar por los intereses de las víctimas, aprobaron todas las ventas de tierra.
Bula se paseó durante casi dos décadas por Córdoba, Sucre y Bolívar, usando y exhibiendo el poder que había ganado junto al primo del expresidente Uribe, el exsenador Mario Uribe, condenado por vínculos con los paramilitares en Córdoba. Bula, que manejó su campaña al Senado en 2002 en ese departamento, nunca responderá a la justicia por sus presuntos vínculos con los ´paras´, que lo han señalado entre otras cosas de ser un testaferro de Mario Uribe, porque en la Fiscalía nunca se movió su investigación durante años y el proceso prescribió esta semana.
Bula es el intermediario que aparece súbitamente en zonas en las que ha disminuido la violencia a comprarles tierras a campesinos pobres para revenderlas uno o dos años después a altos precios. No es un personaje particular en el paisaje pos ‘paras’ y pos ‘Farc’ en el que insiste vivir el país hace casi una década. Como él hay decenas y los negocios se han concretado en varias zonas de Colombia.
Álvaro Ignacio Echeverría y Raúl Mora, empresarios antioqueños cercanos a expresidente Uribe, son otros de los intermediarios que llegaron a comprar fincas a los Montes de María. Como lo ha documentado este portal en Vichada ( Ver especial ) , a miles de kilómetros, para la misma época llegaron empresarios vallunos a comprar miles de hectáreas a campesinos que soportaron años de guerra, que terminaron en menos de dos años en manos de grandes compañías nacionales y multinacionales como Cargill y Riopaila.
La clave a la hora de examinar estos casos es elemento común que convirtió estas tierras que habían tenido un valor miserable por años, debido a las consecuencias de la guerra, y que repentinamente se convirtieron en una mina de oro.
En el caso de los Montes de María, en un vídeo publicado por VerdadAbierta.com, se ve al ministro de Agricultura de ese entonces, Andrés Fernández, en una reunión invitando a campesinos a vender sus tierras a prominentes empresarios paisas. En el caso del Vichada, uno de los intermediarios, Carlos Llano, le dijo a este portal que “pudimos hacer unas adquisiciones con el fin de desarrollar proyectos de ganadería, agricultura y reforestación, siempre animados por los planes de infraestructura que anunciaba el gobierno para esta región” (ver entrevista completa).
Parece que los únicos que no se enteraban del valor que iban a adquirir esas tierras en unos cuantos meses eran los campesinos víctimas de la violencia.
Lo más preocupante de todo es que ante la ley ninguno de los intermediarios cometió delito alguno. Comprar barato para vender en muy poco tiempo por cinco o diez veces el valor inicial, sigue apareciendo ante muchos círculos la evidencia de unas excelentes habilidades comerciales, así se haya dejado sin tierra a gente humilde que le tocó sufrir por años las miserias del conflicto.
Según la Ley de Victimas y Tierras, los que tienen que responder son las empresas propietarias de las fincas en la actualidad. Una sentencia de la Corte Constitucional determinó que en el caso de la cementera Argos que esta debía revisar las transacciones previas a la compra de unos terrenos en los Montes de María y tendría que devolver las fincas a los campesinos. Sin embargo todos los intermediarios que hicieron el gran negocio, seguirán sin responder por lo que hicieron en estos casos y continuarán siendo los buenos muchachos con fuertes redes de poder invisibles ante la justicia, a no ser que tengan la mala suerte de que llegue un expediente de otro país que los vuelva visibles ante los ojos de todos.
Actualizado el: Jue, 10/03/2019 - 00:52
Nota
¿Indígenas aliados de la guerrilla? una mentira muy peligrosa
Uno de los mitos de la guerra es señalar a los indígenas como aliados de la guerrilla, particularmente de las Farc. Colombiacheck y Rutas del Conflicto verificaron que se trata de un señalamiento falso, que generaliza y no tiene en cuenta las diferencias de fondo que separan las reivindicaciones indígenas y la lucha armada de la guerrilla.
Hace pocos días la Corte Constituciona ordenó al programa Séptimo Día, del Canal Caracol, rectificar la información de una serie de programas emitidos entre julio y agosto de 2015 sobre las comunidades indígenas. La razón para esta decisión es que en dichos capítulos el programa, que dirige Manuel Teodoro, expresó conclusiones como que en Cauca “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es tan clara”.
Según el fallo, el programa usó las creencias ancestrales indígenas para justificar su opinión sobre la justicia indígena y no tuvo suficiente sustento en sus afirmaciones.
En julio de 2012, ante una decisión de rechazar todo tipo de fuerza armada -legal o ilegal- en su territorio, indígenas de Toribío, Cauca, sacaron una base militar instalada allí. En los comentarios de ciudadanos del común sobre esta noticia en redes sociales, se puede observar que la primera reacción fue llamar guerrilleros a los indígenas, a pesar de que estos declararon que tampoco querían a la guerrilla en su territorio y recalcaron que también han sido víctimas de su accionar.
Estas son sólo algunas muestras de la estigmatización que por años han cargado, de manera generalizada, las comunidades indígenas en Colombia, a quienes se suele considerar como aliadas de los grupos subversivos. En la segunda entrega de la alianza entre Rutas del Conflicto y Colombiacheck para verificar los mitos de la guerra en el país, hablamos con expertos para entender el porqué de esta creencia y entender de dónde proviene. Encontramos que, no sólo es falsa, sino que es peligrosa porque va en contravía de la protección que la ley les otorga a las culturas y los pueblos indígenas.
Para exponer los resultados de esta reportería, preparamos dos videos. Uno que explica cómo las organizaciones insurgentes se aprovechan del discurso de autonomía indígena y de sus reclamaciones ancestrales, a pesar de que sus luchas son muy diferentes, como lo describe Gustavo Ulcué, uno de los líderes nasa entrevistados.
El segundo video da a conocer la otra cara olvidada de esta moneda: que más de 183.000 indígenas han sido víctimas de múltiples formas de violencia en el conflicto colombiano, incluyendo siete masacres perpetradas por las Farc. Una realidad que contrasta con la estigmatización, muchas veces reforzada por los medios de comunicación en su manejo informativo de las noticias en las que los indígenas son protagonistas.
Además, elaboramos esta visualización interactiva que permite analizar los territorios en los que se han registrado más víctimas indígenas, los tipos de crímenes que más las han asediado y las masacres -según información recopilada en la base de datos de Rutas del Conflicto- en las que se han visto afectadas comunidades indígenas.
