Desaparición forzada, tragedia compartida en el cañón del río Cauca
La reciente construcción de la Hidroeléctrica de Ituango puso nuevamente en el centro de discusión a las más de 600 personas desaparecidas en los 12 municipios afectados.
El día en que Sandra Callejas, presidenta de la Asociación de Desplazados de Ituango por el Restablecimiento de los Derechos (Asdedi), encontró unos restos humanos en las playas del río Ituango que desemboca en el Cauca, no dudó en recogerlos y velar para que tuvieran una sepultura. Tenía razones poderosas para hacerlo.
“Pensé que podrían ser de mis hermanos, por eso dije: No voy a dejarlos acá, me los voy a llevar’, que por lo menos se saquen de este lugar y que lleguen a un sitio fijo para que descansen, pa’ que ellos sientan que uno ya los recogió de aquí”, señala Sandra, quien los tuvo cuatro días en su casa con su familia.
Su condolencia por estos muertos proviene de un luto inconcluso: La desaparición de tres de sus hermanos. En el 2002 Sandra no volvió a saber nada de su hermano José Milagros, quien tenía 22 años. Un año más tarde desapareció también Gonzalo, de 18. El último en desaparecer fue Ángel de Dios. A él lo asesinaron frente a su esposa e hijos, pero el cuerpo se lo llevaron los armados y nunca lo trajeron de vuelta.
Su madre, Teresa Higuita, murió en el 2009 de pena, de tanto llorar y añorar el regreso de sus tres muchachos. Nunca pensó parir hijos para la guerra. A Sandra le carcome el alma recordar cómo sufría su mamá. Conozca la historia completa de Sandra Callejas aquí.
Como Sandra, centenares de personas en el cañón del río Cauca buscan sin descanso a sus familiares sobre los que nadie volvió a saber. Esta región compuesta por 12 municipios: Ituango, Valdivia, Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Sabanalarga, Peque, Liborina, Buritica, Olaya y Santafé de Antioquia, vivió un conflicto armado de más de 50 años.
La dimensión de la desaparición forzada en esta zona al norte de Antioquia es impactante. De los 125 municipios que componen el departamento, los 12 que forman del cañón concentran la tercera parte de los desaparecidos. El cañón del río Cauca concentra el 35,9% del total de personas víctimas de desaparición forzada en todo el departamento, 6 mil 230.
Se trata de una subregión con características distintas a los otros departamentos por los que pasa el segundo río más grande del país. Mientras que en el Valle del Cauca y parte del Eje Cafetero, el Cauca discurre entre tierras planas propicias para la siembra de caña y otros cultivos, poco antes de llegar al norte de Antioquia, se encuentra con una cadena de montañas estriadas que se alzan a lado y lado de su cauce. Precisamente esa geografía fue la que convirtió al cañón en la zona propicia para la construcción del principal proyecto hidroeléctrico del país, Hidroituango, pues las empinadas paredes de tierra a lado y lado contendrán el agua estancada, cuando finalice la construcción del embalse.
Las comunidades cañoneras se oponen al megaproyecto. Manifiestan su preocupación por los centenares de personas que permanecen desaparecidas en esta zona. Según cifras oficiales de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), a noviembre del 2017, se reportaron en los 12 municipios afectados por Hidroituango, 2 mil 238 personas víctimas de desaparición forzada, de las cuales 621 son directas, porque la persona fue la que sufrió la desaparición.
Para la misma fecha, el Registro Nacional de Desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó sobre 659 víctimas directas de desaparición. El Centro Nacional de Memoria Histórica reportó 643 casos.
La mayoría de objeciones a la hidroeléctrica señalan que las inundaciones, construcciones de infraestructura terciaria e incluso la instalación de zonas de vivienda transitorias para trabajadores del proyecto, implican modificaciones en el territorio que podrían imposibilitar la búsqueda de fosas comunes o posibles sitios de inhumación usados en la guerra. Bien sea que estos cuerpos queden bajo el agua o perdidos para siempre en la tierra removida durante las obras, las comunidades señalan que esto constituye un acto de revictimización para los muertos y sus familias. “Desaparecer a los desaparecidos”, señalan.
Mientras que la Fiscalía afirma ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se adelantó una búsqueda exhaustiva de desaparecidos, previa a la construcción, Ríos Vivos Antioquia, una organización comunitaria que lidera la oposición al proyecto, argumenta que el intento de la entidad fue insuficiente, en parte, porque quienes saben dónde hay fosas no han podido aportar esta información por falta de garantías de seguridad. Señalan que durante el 2018 al menos dos líderes opositores de la represa fueron asesinados. Ver audiencia completa.
El pasado 12 de marzo del 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz dio a conocer una serie de medidas cautelares en 16 lugares de los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, donde se presume fueron inhumadas víctimas de desaparición forzada ocurridas con ocasión del conflicto, entre ellos, los municipios afectados por el megaproyecto Hidroituango. Este órgano solicitó a la Fiscalía toda la información relacionada con las exhumaciones en la zona de influencia del proyecto. También la Dirección de Justicia Transicional y EPM deberán entregar información que se presume importante para la búsqueda.
Este reportaje es un esfuerzo por reconstruir los hechos de violencia y de desaparición forzada en el cañón del río Cauca. El texto también profundiza en el caso Hidroituango y sus implicaciones para la búsqueda de personas desaparecidas.
¿Qué ocurrió en el cañón?
Para una eventual búsqueda exhaustiva de personas desaparecidas en el cañón del río Cauca, es importante comprender cómo fueron y, en la medida de lo posible, cómo son las lógicas de la guerra en el territorio.
El conflicto armado se desarrolló de manera diferencial en el departamento de Antioquia y en cada uno de sus municipios. Sin embargo, resulta difícil analizar lo ocurrido en territorios como Ituango sin conectar su historia de confrontación con la de sus vecinos, integrantes de lo que se conoce como el cañón del río Cauca.
Rutas del Conflicto y Consejo de Redacción conversaron con miembros del Observatorio Comunitario para los Derechos Humanos del Norte, Bajo Cauca y Nudo de Paramillo, órgano de investigación de la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia. Tratando de encontrarle explicación al horror vivido por los cañoneros, compartieron un ejercicio de memoria desde sus integrantes. “Esto nos hace volver a hechos que han sido complejos para el territorio, pero nos permiten buscarles explicación. Vemos que todavía persisten las causas que originaron esas situaciones violentas, que han cambiado porque los fenómenos no se sostienen intactos en el tiempo, pero las consecuencias son similares”, afirma un líder del Observatorio quien prefiere no dar su nombre por amenazas previas.
La comunidad afirma que el conflicto armado en la región se concentró en las fronteras geográficas por cuenta de la presencia de distintos actores armados disputándose el control sobre el territorio. Fue en este contexto que el Cauca se configuró como una de aquellas múltiples fronteras. Los puentes intermunicipales que atraviesan el Cauca fueron foco de violencia y desaparición, según la comunidad.
En esta subregión delinquieron las Autodefensas Unidas de Córdoba y del Urabá, conocidos como paramilitares de la Casa Castaño. De sus 22 frentes, 4 dominaron la zona: Bloque Mineros de Cuco Vanoy, Bloque Metro, Bloque Norte y Bloque Noroccidente. Su incursión data desde 1995 hasta 2006 cuando durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se acuerda la desmovilización paramilitar.
Otros actores armados que hicieron presencia durante ese período fueron el Bloque José María Córdoba de las Farc, integrado por los frentes 18, 5, 57, 58, 36 y 34, y la fuerza pública representada en la IV Brigada de la Séptima División del Ejército y la Policía Nacional.
Todos los grupos tenían especial interés en controlar el municipio de Ituango, que limita al norte con Tarazá (bajo Cauca) y San José de Uré (Córdoba); al este con Valdivia y Briceño; por el sur con Briceño, Toledo y Peque, y por el oeste con Dabeiba y Mutatá (Urabá). Además, tiene el 50 por ciento de su territorio en el Nudo de Paramillo, cuyas estribaciones son un corredor propicio para el negocio del narcotráfico y por donde han transitado las guerrillas del Epl, Eln y las Farc, así como estructuras paramilitares y bandas criminales.
En la memoria de los habitantes son claros los sitios que marcaban el fin del dominio de un grupo y el comienzo del otro. Alejandrina Toro, una mujer mayor antioqueña, da testimonio de los horrores de la época. Ha vivido casi toda su vida en el cañón del río Cauca, a excepción de los años que como desplazada estuvo en Medellín. En el 2004 las Farc le ordenaron abandonar su casa a pocos metros del puente de Pescadero, que conecta a los municipios de Ituango y Toledo.
Antes de forzarlos a abandonar su hogar, Alejandrina, sus dos hijos y su esposo, vivieron la cruenta guerra entre guerrilleros de las Farc, que hacían presencia en Ituango, y paramilitares de las Auc, que estaban en Toledo. Cuenta que en el puente durante la noche se escuchaban gritos, quejidos, disparos y chapuzones en el agua. De día, durante sus labores ribereñas, ella y sus hijos, barequeros se encontraban cuerpos que descendían por el río.
“Siempre los mataban de noche, cuando no había nadie como para que nadie atestiguara, quiénes eran o quién era el que estaban matando. (...) Si lo hacían de día, nos decían ‘¿Ustedes qué vieron? No vieron nada. ¿Qué oyeron? No oyeron nada’ y nosotros...calladitos ahí, hasta que llegó el día en que nos dijeron que desocupáramos, que ya se iban a tomar el puente, que lo iban a volar, entonces ya nosotros nos tuvimos que ir de ahí. Eso fue en el 2004.”, recuerda Toro.
Entre el 15 y el 23 de enero del 2018, la ONU en compañía de otras entidades, adelantó la Misión de Observación y Verificación (MOV), sobre las condiciones de búsqueda de personas desaparecidas y preservación de las zonas donde se presume están inhumados los cuerpos sin identificar a lo largo del cauce del cañón del río Cauca.
Durante este ejercicio las comunidades le expresaron al órgano internacional que en el período 1990-2000, se observaban a diario cuerpos en diferentes trayectos del río Cauca, y en lugares denominados por los pobladores como hilos o remansos, pequeños afluentes que eventualmente desembocan en el Cauca.
Estos relatos fueron compilados en un informe que finaliza con unas recomendaciones al Estado colombiano y sus órganos. “Desarrollar un plan de búsqueda regional participativo, respetuoso y con garantías, que determine el universo de personas desaparecidas, recupere los cuerpos y realice procesos de identificación y entrega digna de las víctimas, que se presume están en el cauce, la ribera y zonas aledañas del río Cauca, en el departamento de Antioquia”, es una de las sugerencias de la ONU para Colombia.
Puestos de control: zonas fronterizas en carretera
Sin embargo, el río Cauca no es la única frontera en estos 12 municipios y por tanto no solo los puentes, sino unos puntos específicos en carretera, se tornaron escenarios de retenes ilegales y desapariciones forzosas.
En ese entonces y hasta la fecha, los pobladores se desplazan en buses escalera o chivas, con rutas intermunicipales específicas a lo largo del cañón. Habitantes de Ituango afirman que la mayoría de desapariciones ocurría en retenes ilegales en carretera, donde hombres armados hacían bajar a las personas de los buses, señalándolas de auxiliadoras de otro grupo armado. La comunidad presume la existencia de fosas comunes cercanas a donde quedaban aquellos puestos de control.
Miembros del Observatorio compilaron y organizaron la información de estos sitios clave.
Para llegar a Ituango, donde las Farc hacía una fuerte presencia, había que pasar primero por Peque y Sabanalarga desde el occidente; Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Valdivia, Yarumal desde el norte; desde el bajo Cauca por Tarazá; desde el sur de Córdoba por Tierralta, Puerto Libertador y San José de Uré.
En la vía hacia Peque instalaban retenes en la entrada para Frontino, Uramita, en la frontera de este municipio con Ituango, en la vereda Guacharaquero, La florida, El Tinto, La Hundida y otros.
Para llegar hasta Ituango era obligatorio pasar por el puente Pescadero que comunica con Toledo. Por un lado estaban las Auc y por el otro las Farc. Aquí fue donde se dieron las primeras desapariciones. En este municipio los retenes estaban en La Matanza, Las Brisas, El Granero y La Grimania.
En el municipio de San Andrés de Cuerquia también había retenes ilegales. Alto Seco, El Barro y Los Naranjos son veredas que los tuvieron. Estos puestos de control están cerca del río Cauca.
En Ituango los retenes ilegales estaban ubicados en los puntos conocidos como el Filo de la Aurora, Los Galgos, El Bombillo, puente Pescadero, El Líbano y Mote. Todos quedan en la carretera que conduce hacia a Medellín. Los grupos armados a sabiendas de que la gente se transportaba de Ituango hacia las veredas, los ubicaba en el río Ituango, Pío Décimo y en el puente que lleva a la entrada de la vereda El Cedral.
Miembros del Observatorio, en representación de los municipios cañoneros, afirman que estos sitios son clave para la búsqueda de personas desaparecidas. Presumen la existencia de fosas comunes cerca a estos puntos y señalan zonas por la ribera desde donde fueron arrojados cuerpos al río Cauca.
Historias de búsqueda y resistencia
Esta sección está dedicada a las mujeres cañoneras quienes buscan a sus desaparecidos y resisten ante la compleja situación social y ambiental de su territorio. Las hay lideresas de procesos comunitarios, excombatientes reincorporadas a la vida civil y emprendedoras con propósitos de crear redes de apoyo femenino regional.
El caso Hidroituango
Desde el inicio oficial del proyecto, en el 2014, las organizaciones sociales cañoneras pujan por una búsqueda priorizada de cuerpos desaparecidos en la zona de influencia de la hidroeléctrica. La comunidad reclama que la construcción de la represa y su inundación significan la destrucción o pérdida de rastro de fosas comunes en las que yacen cientos de desaparecidos.
Mientras que las comunidades exigen a la Fiscalía una pronta búsqueda y a EPM una postergación de sus actividades, el territorio empieza a ser intervenido. En el informe “Hidroituango: Desaparecer a los Desaparecidos”, la fundación Human Rights Everywhere (HREV), señala que incluso cuando se adelantaron exhumaciones en el área que iba a ser inundada, a las comunidades no les informaron ni les capacitaron sobre cómo iba a ser la búsqueda.
Esta situación fue elevada por la organización Ríos Vivos Antioquia, respaldada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Équitas), ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de mayo del 2018 en una audiencia pública de la CIDH, las partes expusieron sus argumentos y perspectivas y libraron ante la opinión pública un debate que resumió los puntos de desacuerdo. Ver audiencia completa.
Hay que mencionar que desde aquella audiencia hasta la fecha, los cambios en el territorio son de un talante drástico y se podría decir, irreparable: múltiples sitios señalados por las comunidades como clave para la búsqueda, fueron inundados o excavados.
Es el caso del puente intermunicipal de Pescadero, un sitio emblemático de desaparición forzada utilizado por los grupos armados para instalar retenes y asesinar a personas que creían colaboradoras de otras estructuras y desde el cual las arrojaban a las aguas del Cauca. Fue tal el ascenso del agua durante la tragedia de la represa, que el puente y buena parte de la vía terrestre que comunicaba Ituango con Toledo desapareció bajo la inundación. Hoy día, EPM ofrece el servicio de transporte vía ferry por esta zona.
El debate por una búsqueda integral de los desaparecidos del cañón permanece vigente y se divide en dos aspectos
¿Dónde buscar prioritariamente?
“Cuando en las cifras encontramos que hay más de 1.900 casos de desaparición forzada en la área de influencia de Hidroituango y eso se menciona, lo primero que piensa la gente es que hay por lo menos 1.900 cuerpos debajo del agua. Pero esa generalidad requiere cierto grado de precisión si realmente lo que se busca es entender cómo se dio la desaparición forzada en esta región. Si miramos el polígono de inundación de la obra, es claro que hay ciertas zonas que fueron complejas durante el conflicto armado y que desaparecieron, pero no fueron todas”, analiza un miembro del Observatorio Comunitario para los Derechos Humanos del Norte, Bajo Cauca y Nudo Paramillo, que en el mapa señala con un punto de manera específica el desaparecido antiguo puente Pescadero.
Un punto de desacuerdo se trata del área priorizada para la búsqueda de personas desaparecidas. Ante la CIDH, la Fiscalía argumentó que en el polígono de inundación ya se adelantaron todas las búsquedas y exhumaciones pertinentes. “La búsqueda se da por agotada”, afirmó la entidad.
En respuesta el Movice, junto con Équitas y Ríos Vivos Antioquia, argumentaron que la construcción de la represa pone en peligro los restos de los desaparecidos no solo de la zona que fue inundada, sino el área total de los municipios influenciados por la represa. Ante la Corte Internacional explicaron que el megaproyecto también implica construcción de túneles, desviaciones del río, y la creación de campamentos para los trabajadores del proyecto. Todas las anteriores implican remociones de tierra y acondicionamiento de un terreno que, aseguran, podría albergar restos humanos.
Un miembro del Observatorio Comunitario afirmó que sería ilógico pensar que el conflicto de 50 años que vivieron los municipios del cañón se comprimió dentro de la zona inundada. Señala que Ituango hace parte de un territorio más complejo que es el Nudo del Paramillo, por donde transitan múltiples actores armados y mercancías.
“Es cierto que en el margen del río hubo conflicto, pero el grueso, que es un 80% o 90% de la guerra no se dio allí. En la profundidad del Paramillo y en las otras fronteras el escenario del conflicto está más intacto, allí hay que indagar. La verdad sobre la desaparición forzada no está ciento por ciento en esta frontera que es el río”, aclara el miembro del Observatorio Comunitario.
Hay hechos que se ajustan con este análisis de las organizaciones. Durante la construcción de un campamento para trabajadores del proyecto, miembros de EPM se toparon con una fosa común con 10 cuerpos, en una zona conocida como “Cuni” en el corregimiento de El Valle (Toledo). Según el informe de la organización Human Rights Everywhere (HREV), a junio del 2018 la Fiscalía había identificado solo una de las 10 víctimas encontradas.
En los Galgos, donde antes estaba ubicado un basurero a cielo abierto, se instalaban retenes y se identificó una zona donde se presumía había fosas. Este lugar más tarde se convirtió en un relleno de tierra por las construcciones de las vías, y así ocurrió con otros puntos donde se sospechaba que había cuerpos por la permanencia de los grupos armados. “En esas montañas de tierra removida quedaron sepultados cuerpos de civiles que eran acusados de pertenecer o auxiliar a otros grupos”, precisa el Observatorio.
En Ituango no se han dado grandes procesos de exhumaciones, los únicos considerables son la de los campamentos y en el Filo la Aurora, donde a pesar de ello se cree que hay más. “Al cementerio de Ituango trajeron muchos cuerpos de Santa Rita, que fueron hallados en fosas comunes”, indica.
Para el Observatorio Comunitario, los lugares donde posiblemente hay cuerpos están en riesgo no solamente por la construcción de la represa. Argumentan que la energía que se genere saldrá por líneas de transmisión y que su construcción también modificará el territorio. Es por esto que la comunidad solicita una búsqueda prioritaria de desaparecidos no solo en el área inundada, sino en la totalidad de municipios afectados por la represa.
¿Hubo o no una búsqueda exhaustiva?
Ante la CIDH, la Fiscalía dijo que sí, mientras que las organizaciones respondieron que fue insuficiente.
La entidad, junto con Empresas Públicas de Medellín, el mayor accionista de Hidroituango, contrató a la Organización Socya, una entidad privada sin ánimo de lucro que según su sitio web, pretende “integrar el sector público y privado, para generar transformaciones sostenibles, atendiendo los retos sociales y ambientales del país”.
A Soyca le confirieron la tarea de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto. La Fiscalía dijo ante la CIDH que fruto de estas investigaciones, se exhumaron 159 cuerpos en los 12 municipios, e identificó 84, entre el 2014 y enero del 2018.
Estos datos concuerdan con los reportados por la Fiscalía 91 delegada ante los Jueces Penales del Circuito y los reportados por el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), de la Dirección de Justicia Transicional.
Las comunidades cañoneras acudieron a la ONU para verificar en territorio las condiciones de búsqueda de personas desaparecidas y la preservación de las zonas donde se presumen están inhumados los cuerpos sin identificar a lo largo del cauce del cañón del río Cauca. Fue así como se ejecutó la Misión de Observación y Verificación (MOV), un recorrido realizado en enero del 2018 por solicitud de la organización Ríos Vivos Antioquia y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Se trató de una misión interdisciplinar en la que participaron representantes de diferentes instituciones, entre ellas el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial Équitas), que cuenta con una experiencia de 11 años de trabajo científico enfocado en abordar integralmente la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como es la desaparición forzada.
La MOV halló resultados distintos a los de la Fiscalía. Concluyó que frente a la magnitud del fenómeno, la búsqueda y exhumaciones han sido escasas: “Significa que sólo se ha explorado un mínimo del fenómeno que no se compadece con la magnitud evidenciada en las cifras oficiales”. Señala el grave subregistro de desaparecidos en las cifras presentadas por los entes estatales y le solicita a la Fiscalía desarrollar un plan de búsqueda regional participativo, respetuoso y con garantías, que determine el universo de personas desaparecidas, recupere los cuerpos y realice procesos de identificación y entrega digna de las víctimas, que se presume están en el cauce, la ribera y zonas aledañas del río Cauca.
La fundación Human Rights Everywhere (HREV), también está en desacuerdo con lo expresado por la Fiscalía, ante la CIDH y en otras circunstancias concernientes a la desaparición en la zona. En el informe publicado por la fundación en mayo de 2018, explica que la Fiscalía tiende a desconocer las realidades de violencia que hoy en día viven las personas que conocen la ubicación de fosas o cuerpos de desaparecidos.
La Fiscalía dice: “La información que tenía recopilada por la institución por la ciudadanía y por el proyecto -de Hidroituango-, en relación con las víctimas en la cota de inundación se agotó y deja abierta la posibilidad de que en el momento en que otra información surja se procederá a realizar las diligencias a que tenga lugar, ya que hasta el momento, no se ha recibido información adicional sobre este tema”. Pero la HREV afirma que las comunidades solicitaron garantías de seguridad para entregar información pertinente para la búsqueda y no las han recibido.
En medio esta discusión, en el 2018 ocurrieron dos asesinatos que ejemplifican la situación que viven quienes pujan por una búsqueda exhaustiva. El 8 de mayo de ese año, Luis Alberto Montoya miembro de la organización Ríos Vivos Antioquia, de 35 años, fue asesinado mientras barequeaba a borde del río Cauca. Seis días antes Hugo Albeiro George Pérez, de 47 años e integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM), fue asesinado junto con su sobrino. Ambos hechos permanecen impunes.
En el territorio las comunidades viven lo que la desaparición forzada les ha quitado y les ha dado durante años. Al cementerio de la cabecera de Toledo llegaron alguna vez decenas de cuerpos sin identidades, víctimas de la violencia que azotaba la región. “En esos lugares se presentaron muertes y son los mismos en los que durante el conflicto fueron recogidos en volquetas 50, 60 o hasta 80 cuerpos llevados al municipio de Toledo y sepultados en fosas comunes en el Cementerio. En estos lugares la Fiscalía exhumó”, señala el Observatorio Comunitario para los Derechos Humanos del Norte, Bajo Cauca y Nudo Paramillo.
El municipio de Ituango también recibió cadáveres que provenían de otras partes, pero enterrados como NN en la cabecera. Juan Álvarez, sepulturero de Ituango, reflexiona sobre los muertos sin identificar que descansan en el cementerio principal del municipio. Afirma que periódicamente la comunidad religiosa convoca a misas por los NN que se encuentran allí sepultados. Estas reuniones son ampliamente concurridas por pobladores de la región.
En el tiempo que lleva como sepulturero, Juan no ha sido partícipe ni testigo de una historia de reencuentro: aquellas en que uno de los cuerpos NN sea identificado y entregado a sus respectivos familiares.
El soplo de esperanza de la JEP
Las recomendaciones de la ONU fueron estudiadas por la Justicia Especial para la Paz (JEP), acogiendo finalmente la solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Movimiento Ríos Vivos y la Corporación Jurídica Libertad, entre otras, de adelantar medidas cautelares en 16 lugares de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, donde se presume fueron inhumadas víctimas de desaparición forzada ocurridas con ocasión del conflicto, entre ellos, los municipios afectados por el megaproyecto Hidroituango. Con esta decisión renace la esperanza de encontrar a los desaparecidos del cañón del Cauca.
La JEP solicitó a la Fiscalía información específica relacionada con las 159 exhumaciones practicadas en el cañón del río Cauca, es decir, lugares, fecha, víctimas, características de la diligencia, actas y conclusiones.
Los requerimientos también fueron para la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, la cual deberá presentar todas las versiones libres que rindieron los excombatientes de los bloques Cacique Nutibara y Mineros de las Auc, ante la jurisdicción de Justicia y Paz.
Pero la Fiscalía no es la única que ha realizado exhumaciones en el cañón del Cauca. Empresas Públicas de Medellín, EPM , contrató a la sociedad de ingenieros Integral S.A. para que hiciera labores de “prospección, exhumación y traslado de cuerpos sepultados esqueletizados de personas muertas por causas naturales y enterradas en los cementerios tradicionales de la vereda Orobajo, de Sabanalarga; en el corregimiento Barbacoas, de Peque; y en un sector llamado Fortuna, en Buriticá”. Ante ello, la JEP pidió a EPM información detallada sobre los resultados del proceso. Falta ver qué soluciones ofrecerá la justicia colombiana a estos familiares de víctimas de desaparición.
Mientras tanto, otros que también piden soluciones son los desplazados por el megaproyecto, quienes aún hoy viven en cambuches, en sectores como el Guásimo y el casco urbano de Ituango. Le exigen al Estado que les garantice medios para subsistir: se trata de comunidades históricamente pescadoras y barequeras, a quienes ya no se les permite vivir del río ni comer de él.
La desaparición continúa
Mientras se acata la orden de la JEP de buscar a las víctimas, ubicarlas, exhumarlas, identificarlas y hacer la entrega digna de sus restos a las familias, surge la respetuosa necesidad de la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia, conformada por 10 organizaciones, de continuar analizando las causas de la desaparición forzada en Ituango y municipios vecinos cañoneros. Esta región vivió las complejidades del conflicto armado con unas características especiales cuyo estudio se da desde una lectura local más precisa en honor a la construcción de memoria bajo los postulados de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Estas características especiales no están enmarcadas solamente en el hecho de que estos municipios estén ubicados directamente en el área de influencia de Hidroituango, sino que comparten unas condiciones geográficas específicas que se acomodan a los intereses de los grupos armados para apropiarse y mantener el control territorial. Cumplen así con un proyecto armado que aún sigue vigente y que las organizaciones sociales denominan Guerra en las Fronteras.
En el cañón del Cauca y sus brazos hídricos, los beneficios del llamado posconflicto aún no llegan, por eso la desaparición forzada es recurrente. Esta es una razón del por qué sigue apareciendo gente asesinada en el río Ituango, como el cuerpo de un joven de 14 años que desapareció el 24 de diciembre del 2018 y apareció el 21 de enero de este año. El fenómeno es recurrente porque todavía hay guerra. Actualmente es difícil determinar qué grupo armado lo asesinó porque en ese territorio convergen disidencias de las Farc y las Agc.
Todavía se habla de los mismos grupos de hace 30 años, porque las estructuras de autodefensas se integraron a los gaitanistas y entraron a Ituango para retomar el control en los territorios que dejaron las Farc, de cuyo grupo quedaron unas disidencias que no quieren ceder territorio. Y así han ido apareciendo otras estructuras que se instalan en las mismas fronteras.
Luego de la firma del Acuerdo de Paz se han escuchado dos casos de desapariciones forzadas en el cañón del río Cauca: uno en Ituango y otro en Toledo. Del primero se tienen datos concretos y corresponde a José Herrera, líder campesino de 43 años, de sustitución de cultivo de uso ilícito, fundador de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (Asocbac), y del Movimiento Político Marcha Patriótica en Antioquia. Fue visto por última vez el 20 de marzo del 2018 cuando se dirigía a hacer una carrera en su moto hacia la vereda Filadelfia, en El Aro. Algunos medios de comunicación informaron el 22 de marzo que el cuerpo había sido encontrado, pero al día siguiente la Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental de derechos humanos, se comunicó con el brigadier general Juan Carlos Ramírez, comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, quien indica que el Ejército no halló ningún cuerpo en Filadelfia.
El fenómeno continúa vigente porque todavía se habla de que el plan de los paramilitares sigue siendo retomar Ituango. La guerra de hoy en la frontera con el bajo Cauca se visualiza con los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc, en alianza con los Caparrapos, contra el Clan del Golfo. En San Andrés de Cuerquia y Toledo está la disidencia guerrillera y los Pachelly en contra del Clan del Golfo; por el sur de Córdoba están las disidencias con los Caparrapos contra el Clan. La única frontera que está abierta y que las disidencias de las Farc no han logrado retomar es la de occidente (en Peque), situación que tiene en jaque a las comunidades de El Cedral, El Inglés y Santa Ana.
Mientras la disputa armada continúe reinando en los municipios del cañón y el bajo Cauca, la búsqueda de los desaparecidos no avanzará y el sufrimiento de sus dolientes se perpetuará.