Los medios de comunicación, las redes sociales y las conversaciones del día a día han puesto en la opinión pública la recurrente cuestión de cómo llamar a aquellos que marchan. Vándalo, terrorista, comunista y hasta guerrillero son algunos de los adjetivos comunes en muchos comentarios, no solo del ciudadano de a pie, sino también de personalidades políticas de gran influencia en Colombia. Al realizar una búsqueda en Twitter con los trinos del último mes que contengan las palabras vándalos, estudiantes y paro nacional juntas, aparecen alrededor de 203 resultados en tan solo el último mes.

¿De dónde sale el mito y cómo se evidencia en el paro actual?

Federico Lenis es un joven que salió a marchar en apoyo al paro agrario en agosto de 2013. Durante una de las protestas, tenía su cámara fotográfica para registrar el evento. De repente, una granada de gas lacrimógeno lanzada por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, impactó la parte baja de su rostro. Todo quedó registrado en un video que pronto se viralizó en internet.

 

Federico estaba en primer semestre de Finanzas y Comercio Exterior en la Universidad de La Salle, pero tuvo que retirarse para someterse a un procedimiento de reconstrucción de una parte de su rostro y una incapacidad de más de seis meses. Empezó de nuevo en 2014 estudiando publicidad. Hoy, dice que lo que le sucedió es culpa del mito, del estigma. “Por lo que venden algunos medios y gobernantes, los que no marchan creen que en una protesta todo es vandalismo. Venden ese concepto para hacer olvidar los verdaderos motivos de la protesta. Por eso creen que “vándalo” es todo el mundo, el que camina, el que canta...y no es así, somos jóvenes que queremos un país mejor”, le contó en una entrevista a Rutas del Conflicto.

Para esa misma fecha, la Policía en cabeza del entonces comandante Rodolfo Palomino señaló a varios estudiantes con nombre propio de pertenecer a un “cartel de vándalos”, que coordinaban los disturbios. Uno de los estudiantes señalados fue Jorge Alejandro Ospina Cogua, cuya fotografía apareció expuesta por la Policía junto a la de otros jóvenes en supuesto cartel. Dos meses después, de las protestas del 2013, un juez ordenó a la Policía General retirar las imágenes de los estudiantes y la Fiscalía afirmó que no tenía ninguna orden de captura a nombre de Ospina.

Federico se siente identificado con el caso de Dilan Cruz, el joven de 18 años que falleció el pasado 25 de noviembre luego de recibir el impacto de una recalzada, proyectil de las armas menos letales utilizadas por el ESMAD, pues Lenis estaba a un mes de cumplir 18 años cuando fue herido por la granada de gas. “Somos personas que no le estábamos haciendo daño a nadie, y lo peor de todo es que nos señalan como vándalos. Marchamos por lo que necesita el país. No es cosa de clases sociales, religión, universitario o no”, concluye Federico.

El abogado Óscar Ramírez, de la Campaña Defender la Libertad, red de organizaciones contra la detención arbitraria, abuso policial y criminalización de la protesta social en Colombia, asegura que durante el paro estudiantil de 2018, “le preguntaban a los jóvenes ¿usted es estudiante? Si decía que sí, lo retenían automáticamente, sin verificar nada más” en Bogotá, le afirmó a Rutas del Conflicto.

La Campaña Defender la Libertad publicó un boletín que expone los 27 allanamientos realizados a jóvenes vinculados a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y movimientos sociales el pasado 19 de noviembre en Bogotá y Soacha, dos días antes de comenzar el paro. Según la Procuraduría General de la Nación, de los 27 allanamientos, 10 fueron declarados ilegales por un juez a causa de vicios en los procedimientos y no tener todos los requerimientos de ley para su desarrollo . Entre los elementos incautados estaban afiches, pinceles y pinturas. La Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró en entrevista con La W Radio que los allanamientos se realizaron basados en informes de inteligencia con el fin de evitar hechos de violencia durante las manifestaciones.

Además, desde el 21 de noviembre hasta la fecha, la Campaña ha registrado 914 detenciones a jóvenes, de los cuales 47 han sido judicializados. En un alto porcentaje, 94,3%, fueron detenidos en Centro de Atención Inmediata o en estaciones del Policía sin abrir un proceso jurídico. Según Defender la Libertad en algunos de estos casos se ha informado de situaciones de tratos crueles y degradantes durante la detención.

Fuente: Base de datos del profesor Jorge Wilson Gómez

Según Germán Ortíz, director del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad del Rosario, Carolina Cepeda,doctora en Ciencia Política, el abogado Óscar Ramírez, de la Campaña Defender la Libertad y el presor de la Universidad del Tolima Jorge Wilson Gómez afirman que, la violencia que sufren los jóvenes en medio de las protestas está relacionada al mito de que el estudiante que protesta es un vándalo.

El héroe del ayer, vándalo del mañana: ¿de dónde viene el mito?

Desde una perspectiva histórica, el profesor de la Universidad del Tolima Jorge Wilson Gómez, quien escrito diversos artículos sobre los estudiantes caídos y es candidato a doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, explica de dónde viene el mito en su artículo Acontecimiento y escucha: revisión de estudios sobre “el estudiante caído” y los movimientos estudiantiles en Colombia, donde documenta que en 1794, el llamado “hecho de los pasquines” fue una de las primeras razones para construir el mito del estudiante “vándalo”. La polémica de este hecho consistía en encontrar a los responsables de fijar letreros satíricos en lugares públicos de Bogotá.

Con mensajes como “La pared y la muralla son el papel del canalla”, aquellos pasquines indignaron a la sociedad de la época, que señaló entonces a los estudiantes del Colegio del Rosario participantes de tertulias literarias que tenían como fuente la ilustración francesa. Tiempo después, el mito tomaría un giro inesperado.

Ya en épocas más recientes, a mediados del siglo pasado, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder, su dictadura tuvo una fuerte resistencia en distintos sectores de la sociedad, incluidos los estudiantes universitarios. El 9 de junio de 1954, mientras los estudiantes protestaban en las calles en rechazo a la muerte de un estudiante de la Universidad Nacional, quien recibió un disparo de un policía, una nueva tragedia tuvo lugar. Los soldados del Batallón Colombia dispararon hacia los manifestantes de forma indiscriminada. Fallecieron 11 jóvenes.

Según lo registró el diario El Espectador, luego del hecho, el ministro de Gobierno, Lucio Pabón Núñez, se dirigió al país por medio de la Radio Difusora Nacional afirmando que “grupos de estudiantes, dirigidos por grupos ajenos a ellos, iniciaron una manifestación contra el gobierno (...). Los elementos que dirigen a los estudiantes son conocidos y peligrosos, de quienes se tiene una pista segura”. Así, el mito de los estudiantes como un peligro seguía vigente.

Sin embargo, la sociedad respaldó a los estudiantes, como lo explica el profesor de la Universidad Nacional e investigador del Cinep, Mauricio Archila en su artículo “El movimiento estudiantil en Colombia, una mirada histórica”. Archila afirma que desde ese momento los estudiantes lideraron las jornadas que obligaron a Rojas a entregar el poder en 1957 a una Junta Militar, que como reconocimiento le otorgó terreno a la Universidad Nacional para construir residencias universitarias. Para ese momento, los estudiantes fueron presentados por los partidos políticos tradicionales, que hacían oposición a Rojas Pinilla, como héroes nacionales por lograr la caída del general con el ruido de sus protestas.

Pero luego vino el Frente Nacional, y los paros en contra de aquella división conveniente del poder no se hicieron esperar. Ahora los estudiantes estaban en contra de la autoridad, representada por los partidos Liberal y Conservador, que monopolizaron el control político del país.

En una entrevista con Rutas del Conflicto, el profesor Jorge Wilson Gómez dijo que en ese momento de la historia “para el Estado, los estudiantes pasaron de héroes nacionales que derrocan gobiernos a enemigos internos, vándalos, terroristas, encapuchados, cuerpos virulentos que hay que extirpar”.

Foto: María Paula Acosta Lozada

Las universidades públicas como “cuna de guerrilleros”

La Revolución Cubana se volvió una inspiración para muchos estudiantes en América Latina en la década del 60. A partir de ese momento, Gómez asegura que “el fantasma del comunismo” preocupó tanto a la dirigencia colombiana, como a la clase política del continente.

Figuras como el Che Guevara y Fidel Castro tomaron fuerza entre los estudiantes, y las militancias políticas en diversas universidades públicas fueron vistas como una amenaza. Muchas organizaciones políticas de izquierda creadas desde la época, como la Juventud Comunista JUCO, la UP, A Luchar y otros más conformaron la lista del llamado “fantasma comunista” que llevaron a poner la militancia como estigma en las universidades públicas, de donde salieron miles de estudiantes a marchar.

Entre las décadas de los 60 y 80, se volvió un lugar común decir que las universidades públicas estaban llenas de ‘tirapiedras’, milicianos de las guerrillas. Aunque fue evidente la presencia de los grupos subversivos en los espacios académicos, la gran masa de estudiantes de todas las universidades públicas ni siquiera se acercó a la base política de las guerrillas.

En este contexto, Germán Ortiz, director del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad del Rosario, asegura que la ideología de la Guerra Fría tuvo gran influencia en el país, pues propuso la normalización de la muerte y desaparición de estudiantes, dentro del discurso del “enemigo interno que está organizado por una estrategia internacional”.

Fuente: Base de datos del profesor Jorge Wilson Gómez

En 1971, el estudiante de la Universidad del Valle Edgar Mejía Vargas murió durante la represión del Ejército Nacional a una marcha en Cali. En el hecho también fueron asesinados en total 20 personas entre estudiantes del SENA y otros manifestantes. Según un artículo de Gómez, entre 1975 y 1990 se registraron cerca de 200 estudiantes asesinados y desaparecidos.

Fuente: base de datos del profesor Jorge Wilson Gómez

Como se refleja en la gráfica, el año con mayor número de registros es 1988, en el que las marchas campesinas recorrieron el país exigiendo el cumplimiento de los acuerdos realizados tras el paro del año anterior, en las que los estudiantes apoyaron dichas movilizaciones. Para la época, el presidente Virgilio Barco expidió el Estatuto para la Defensa de la Democracia, para atacar la “amenaza terrorista” del país, que entre otras cosas, permitía el arresto, allanamiento, registro e intercepción de teléfonos, sin necesidad de orden judicial. Para 1991, las cifras bajaron mientras se discutía la nueva Constitución.

A partir de esa fecha, las cifras no volvieron a mostrar un pico similar. Sin embargo, la violencia hacia los estudiantes en manifestaciones sigue presente, claro ejemplo son la muerte de Dilan Cruz, la agresión contra Federico Lenis, y otros estudiantes que han resultado afectados por la violencia ejercida por agentes de la Fuerza Pública durante las recientes manifestaciones del paro nacional.

El mito hoy

Para el abogado Óscar Ramírez, la idea histórica de que las universidades públicas son cuna de guerrilleros ha perdido fuerza desde la firma del Acuerdo de Paz. Además, para el plebiscito de 2016, la imagen de los jóvenes estudiantes que salieron a marchar a favor del ‘Sí’ fue buena, según Ramírez, debido a que era una figura pro establecimiento.

También explica que los jóvenes son ‘instrumentalizados’ por el gobierno de turno según sus intereses, pues en aquella manifestación a favor del ‘Sí’, no hubo represiones porque se apoyaba la campaña del presidente de entonces. “Hoy, cuando la movilización también es por la paz, pero por una paz que respete los acuerdos de La Habana, que respete la memoria de las víctimas y que no deje en impunidad los crímenes de Estado, pues para este gobierno resulta que los jóvenes ya no son tan buenos”, aclara Ramírez.

En esto coincide la doctora en Ciencia Política Carolina Cepeda, quien se refiere a las manifestaciones del paro que inició el 21 de noviembre diciendo que “quienes protestan usualmente lo hacen en contra del poder establecido, lo hacen en contra del orden que está imperando y que automáticamente les da unos calificativos negativos como ‘vándalo’, que es el término que más se usa en los últimos meses”.

Los calificativos que señala Cepeda han estado presentes en los últimos días en las redes sociales, al buscar en Twitter y en las declaraciones de distintas figuras políticas del país. La senadora Paloma Valencia dijo en la entrevista con Vicky Dávila el 2 de diciembre, que “está mostrado que era un vándalo. Estaba en vandalismo en esas actividades. Eso es lo que se ha probado (...) estaba en la línea de los que les gusta salir a atacar al ESMAD” haciendo referencia a Dilan Cruz, el joven que murió luego de un disparo con arma menos letal por parte de un agente del ESMAD.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, publicó en su cuenta de Twitter “Atacaron a la #FuerzaPública buscando que reaccionaran para acusarlos de violar los Derechos Humanos. #NoPudieron”, refiriéndose a quienes promovieron el paro. Para la doctora en Ciencia Política Carolina Cepeda, estas afirmaciones desde el gobierno refuerzan estigmas que ponen el peligro a los estudiantes, ya que “tienen un papel tan fuerte en las movilizaciones que los convierte en el enemigo”.

Por el lado de las figuras públicas, Faustino “El Tino” Asprilla, publicó también en Twitter que “Ojalá en Navidad descansen los vándalos que incendian el país incitando a la juventud a dañarle la Navidad a la gente honrada de este país”. Estas afirmaciones no se quedan en personalidades públicas y son replicadas por muchos ciudadanos, no solo en las redes sociales, sino también en sus conversaciones diarias.

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A esto es a lo que el profesor Gómez llama una “práctica cultural recurrente que usa el dispositivo del enemigo interno” y que está presente en toda la sociedad colombiana. Por eso, afirma que “el problema no está solo en lo que dicen estas personas, sino en que hay gente que considera que esas declaraciones son acertadas, ese es el verdadero reto”.

“Yo recuerdo las movilizaciones del Paro Agrario en 2013 y todo lo que se cubría era vandalismo y los vándalos van y los vándalos vienen. Uno se pregunta ¿quién es el vándalo? ¿son los jóvenes? ¿son toda la gente que sale a marchar?”, recuerda Carolina Cepeda, para quien los medios de comunicación reproducen la estigmatización y el mito.

Una opinión similar la tiene Germán Ortiz, quien se refiere al cubrimiento del paro actual. “Hemos traído el discurso de Guerra Fría de nuevo. Hay periodistas como Hassan Nassar —nuevo Alto Consejero para las Comunicaciones de Presidencia— que estigmatizan a los jóvenes como amigos del comunismo, castrochavistas, mamertos...y se le echa la culpa al Foro de São Paulo”.

En abril de 2018, miles de estudiantes no pudieron entrar al debate presidencial que se llevaría a cabo en el Teatro Los Fundadores de Manizales, por lo que decidieron bloquear la entrada de los candidatos al mismo, gritando “sin pueblo no hay debate”. Ese día, Nassar publicó en su cuenta de Twitter “Da tristeza ver esos adolescentes comportándose como vándalos que sabotearon la entrada de los candidatos al debate presidencial en Manizales. Púberes anestesiados de populismo barato, carentes de argumentos que por medio de gritos pretenden callar al contradictor”.

Ante este tipo de comentarios, Ortíz comenta que el estigma puede ser peligroso porque hay sectores de opinión que creen que “la única forma de acabar con la amenaza comunista es acabar con todos aquellos que son simpatizantes del movimiento”.

Un ejemplo de peligro de estigmatizar estas manifestaciones son la violencias que han sufrido los maestros sindicalizados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode. Como ha ocurrido históricamente, durante este, han vuelto los comentarios señalando a los profesores de adoctrinar estudiantes para convertirlos en vándalos que buscan desestabilizar el gobierno de turno.

Previo a una marcha convocada por este sindicato, el 14 de febrero de 2019, se volvió tendencia #FecodeNoEducaAdoctrina creado por el senador Fernando Araújo, que inclusive fue compartido por varios de sus compañeros del Centro Democrático . En ese momento, varias figuras públicas y los directivos de Fecode salieron a negar los señalamientos y defender su derecho a la protesta.

En noviembre de este año, Fecode presentó un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz, llamado ‘La vida por Educar: crímenes de lesa humanidad, persecución y exterminio contra maestros y maestras sindicalistas, miembros de Fecode entre 1986 y 2010‘. En la investigación se pone en evidencia las consecuencias del estigma que han sufrido en su labor como maestros.

Foto: María Paula Acosta Lozada

Desmintiendo el mito

Como lo mencionó el abogado Ramírez, en esta época no es usual ni cotidiano que en las universidades públicas se estén gestando grupos guerrilleros. Por el contrario, los jóvenes que salen a marchar de estas universidades lo han hecho apoyando causas como la refrendación del Acuerdo Final de Paz, el Paro Agrario y la defensa de los líderes sociales del país. Además, en las marchas de hoy día no solo ellos salen a manifestarse. “No son los estudiantes de siempre, siempre salían estudiantes de universidades públicas o del SENA. Ahora, los estudiantes de universidad privada también se suman a esto”, explica la doctora Cepeda.

Además, cuando hay fuertes declaraciones de políticos o personas con gran influencia en el país contra los estudiantes, no necesariamente representa una verdad absoluta, sino una opinión, que según la doctora Cepeda, entre otras cosas lo que hace es “despolitizar la protesta social. Entonces pareciera a veces que la protesta simplemente es gente que sale a rayar paredes y romper vidrios porque les parece chévere hacerlo y pues resulta que no, tiene un trasfondo político muy fuerte”.

Claro está que “no estamos de acuerdo con los encapuchados que generan daños y violencia, pero tampoco lo estamos con quienes justifican las muertes de los marchantes”, asegura el profesor Gómez. Por eso no se debe reducir el carácter político de una marcha a tan solo los desmanes producidos por unos pocos ajenos a los verdaderos intereses del paro.

¿Todavía sigue creyendo que el estudiante que marcha es un vándalo?

Actualizado el: Dom, 12/15/2019 - 13:59

 

Por: Luisa Rincón y Vanessa Sarmiento 

Víctor Garcés, habitante de la vereda de Remolinos, en la zona conocida como el Bajo Caguán, en el municipio de Cartagena del Chairá, es uno de los campesinos de este territorio que ha liderado iniciativas de conservación comunitaria. Estos proyectos, que sirven hoy de base para hacerle frente a la deforestación y recuperar el tejido social en esta región, son respaldados por organizaciones científicas y ONG ambientales que buscan proteger esta parte de la Amazonía colombiana.

 

Garcés se ha convertido en un orgulloso líder comunitario y asegura tener un gran amor por su territorio, “no puedo imaginarme una vida diferente a estar en mi finca que, aunque humilde y sin muchos lujos, me ha ofrecido por muchos años todo lo que necesito para ser feliz. A la región le debo todo lo que soy y pienso luchar hasta el día de mi muerte para que el bosque no se siga muriendo”, cuenta.

 

La zona del Bajo Caguán, en el departamento de Caquetá, está ubicada en la llanura selvática de la Amazonía y está conformada por 16 veredas de Cartagena del Chairá a lo largo de la cuenca del río Caguán.  A las comunidades que viven allí, junto al Parque Nacional de Chiribiquete —el área protegida terrestre más grande del país con más de 4 millones de hectáreas—  solo se puede llegar en transporte fluvial. No cabe duda que se trata de uno de los lugares con mayor biodiversidad de Colombia.

 

Gran parte del Chiribiquete se encuentra conservado debido al difícil acceso. Sin embargo, la pérdida de bosque a sus alrededores se ha incrementado de forma alarmante en los últimos tres años.

 

Una de las razones del aumento en la deforestación en este territorio ha sido la ganadería extensiva, que se convirtió en la principal opción de sustento para muchas personas. Los habitantes del Bajo Caguán percibían sus bosques como un espacio infinito e inagotable; creían que si talaban 100 hectáreas no habría mayor impacto, pero la realidad fue diferente. “Nunca medimos el impacto de deforestación ambiental que nos iba a causar la ganadería. No sabíamos nada, hemos causado tanto daño por falta de conocimiento, capacitación e información”, dice Garcés. Ese sentir lo comparten varios ganaderos que hasta hace muy poco fueron conscientes del grave daño ambiental que se estaba presentando en su territorio.  Desde ese momento se han empeñado en recuperar lo perdido y conservar lo que tienen.

                                                                                                      Una de las comunidades del Bajo Caguán. Foto: FCDS.

Ganadería intensiva: una nueva alternativa de reforestación

Víctor Garcés recuerda que en el 2004 empezaron las fumigaciones de cultivos ilícitos y el negocio de la coca perdió la rentabilidad que tuvo en otros tiempos. En ese momento, él junto a otros pobladores pensaron en una economía alternativa y legal para no tener que abandonar el territorio. Crearon un fondo de economía solidaria en el que mensualmente hacían un ahorro para posteriormente comprar algunas reses y en forma de préstamo dárselas a las familias para que las pusieran a producir.  Sin embargo, preparar terrenos para las vacas llevó a una tala masiva de árboles, siguieron el modelo de ganadería extensiva que tradicionalmente se ha hecho en el país.

Aún no eran conscientes de los impactos ambientales de esta actividad y dos años después nació la Asociación de Economía Solidaria de Medio y Bajo Caguán (Asoes), como operador de créditos para beneficio ganadero. Argilio Soto, representante legal de la asociación, recuerda que para esa época las cabezas de ganado en el Medio y Bajo Caguán rondaban las 12 000. Soto afirma que en ese momento su intención era mejorar la calidad de vida de las familias campesinas, porque no tenían créditos ni otra forma de suplir sus necesidades. No imaginaba los problemas ambientales que este noble propósito le traería a la zona.

Según Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinchi, el daño ambiental no solo se ve reflejado en la tala indiscriminada de árboles, sino también en la pérdida irremediable de los suelos. “El pisoteo del ganado acaba con los microorganismos que hacen que el suelo sea fértil y que los árboles vuelvan a crecer”, afirma.

Desde hace tres años, cuando las cifras de deforestación comenzaron a aumentar sin control, los habitantes de Cartagena del Chairá y del municipio vecino de Solano empezaron a ser conscientes del daño ambiental. No sabían entonces cómo abandonar la tala de árboles sin perder los beneficios económicos de explotar el territorio.

Organizaciones de conservación ambiental, como Fondo Acción, entraron a la zona y preocupados por los índices de pérdida y degradación de bosques, se acercaron a los habitantes del Bajo Caguán. Con el programa Paisajes Conectados Caquetá, se les propuso a los ganaderos una alternativa más amigable con el medio ambiente. La idea era pasar de la ganadería extensiva a la intensiva, una opción que les permitiría tener mayor y mejor producción en menos hectáreas.

 

 

 

                                                                                                           Vacas transportadas en canoa río Caguán. Foto:FCDS. 

Jhon Jairo Vargas, especialista en Gobernanza de Fondo Acción, cuenta que cuando ellos llegaron al territorio el 99 % de los habitantes tenía ganado y mucha de esa deforestación se presentó porque los productores no tenían conocimiento de cómo manejar el suelo.

El proyecto, agrega Vargas, tiene dos metas claras:  buscar que aquellos corredores ecosistémicos que se separaron por la deforestación vuelvan a unirse y lograr que cada finca tenga un manejo sostenible de sus prácticas productivas con mayor calidad y sin generar un daño ambiental.

Fue entonces cuando se implementó el sistema agrosilvopastoril en las fincas ganaderas. “Este sistema permite un manejo equilibrado entre la agricultura, árboles nativos plantados, ganadería y rotación de potreros”, explica Leonardo Serrato, ecólogo y profesor de la Universidad Central.

Según Argilio Soto, dentro de las fincas se ha trabajado en los procesos de reforestación y en el aislamiento de las fuentes hídricas para proteger el agua de la contaminación que produce el ganado. A través de un “pequeño acueducto”, los animales disponen de este recurso sin tener que ir a las riveras de las quebradas.

La ventaja del sistema agrosilvopastoril es que divide el terreno en potreros y los animales se van rotando. Así, se pueden tener hasta 3 cabezas de ganado por hectárea, cuando en el sistema tradicional extensivo cada ganadero tiene una cabeza de ganado o menos por cada hectárea

 

                                   El Parque Nacional Natural Chiribiquete es un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA). Foto: Parques Nacionales

 

Además, se siembran arbustos y árboles que dan alimento y sombra, lo que permite que el suelo se regenere y sea útil por más tiempo. Jhon Jairo Vargas de Fondo Acción resalta que su organización no fomenta la ganadería, “simplemente brinda soluciones para que los sistemas productivos [que ya existen] que emiten dióxido de carbono a la atmósfera, reduzcan su impacto ambiental”.

Con la llegada de esta propuesta se empezaron a dar otros cambios positivos en la región. Asoes decidió cambiar su modelo de trabajo, ya no respaldan créditos para compra de ganado y ahora ejecutan proyectos y brindan asistencia técnica para ganadería intensiva y cuidado del medio ambiente. “Construimos una agenda comunitaria, es como nuestro plan de desarrollo y está basado en el tema ambiental, conservación de bosque, fortalecimiento de los recursos maderables y no maderables y restauración”, afirma Víctor Garcés.

Más de 1500 familias se han vinculado al programa silvopastoril y agroforestal con Asoes. Las personas se comprometieron a mejorar las praderas, recuperar las fuentes hídricas, hacer cercas vivas y nuevos corredores biológicos.  “De las cosas bonitas que tiene este territorio que amamos es que lo tiene todo, tenemos agua, diversidad, animales, dónde producir, etc. Aquí no nos hace falta nada”, afirma Garcés.

El éxito del programa lo cuentan varios campesinos del Bajo Caguán. Ramiro Bentancur vive en la vereda La Esmeralda de Cartagena del Chairá. Su finca, Las Camelias, cuenta con 50 hectáreas, 35 son para ganadería y las 15 restantes son exclusivas para reforestar bosque nativo. Hasta el momento ha sembrado 4000 árboles. Afirma que este nuevo sistema de ganadería intensiva no solo trae beneficios ambientales, sino que ha mejorado su producción: produce más leche y de mejor calidad.

Por su parte, Hober Muñoz, también de Cartagena del Chairá, cuenta con un predio de 70 hectáreas, 37 vacas, 40 potreros y 1800 árboles sembrados. Además, ya tiene un acueducto de franja larga y nacimientos hídricos protegidos. Hasbleidy, también beneficiaria, tiene una finca con 20 hectáreas, 9 de reforestación y 11 para ganadería con 20 reses. Su mayor motivación es cuidar su territorio para que sus hijos puedan disfrutarlo. Argilio Soto, dice con orgullo que “esto es lo que venimos haciendo, mejorar el medio ambiente, concientizar a las familias del deterioro ambiental y hacer un trabajo de recuperación. Esperamos que nos siga funcionando”.

 

                                                                   

                                                                                    Resguardo indígena en Cartagena del Chairá. Foto: cortesía FCDS.

Modelos agroforestales y seguridad alimentaria

 

Sumado a las iniciativas de ganadería intensiva, en el 2016, las comunidades de 12 veredas del municipio de Cartagena del Chairá, especialmente Brasilia, el Guamo y las Palmas, quienes en su mayoría también se dedicaban exclusivamente a la ganadería, decidieron probar un nuevo modelo económico que les permitiera cuidar del bosque y garantizar su seguridad alimentaria.

Fue entonces cuando llegó el proyecto GEF Corazón de la Amazonía, del Instituto Sinchi. El 95 % de los predios no tiene título formal y a pesar de que los dueños tenían claros los límites de sus fincas, no conocían la biodiversidad que habitaba en ellas. “Los habitantes comenzaron a identificar las especies que había, aprendieron que pueden sacar un beneficio para sus fincas, pero dejaron claro que no se vende ni se maltrata la naturaleza”, dice Jaime Barrera, coordinador del proyecto.

Después de hacer un ejercicio científico de la biodiversidad en la zona, 523 personas de 141 familias acogieron los sistemas agroforestales como la opción más viable para crear una economía sostenible y tener zonas reforestadas.

El sistema agroforestal les ha permitido generar ingresos a corto plazo con sus propios recursos. “Por primera vez han sembrado plátano, yuca, maíz y cacao para el autoconsumo. Además, hacen un intercambio de semillas que provienen de su propia tierra e identificaron que podían hacer cosas por sí mismos”, asegura Barrera. Hasta el momento, hay 183 hectáreas sembradas. Por otro lado, el modelo de enriquecimiento de rastrojos ha ayudado a los campesinos a recuperar y restaurar áreas, convirtiéndolas en bosques secundarios.

Este sistema tiene una base científica sólida que garantiza la viabilidad y el éxito del proyecto. Luz Marina Mantilla, directora del Sinchi,  asegura que la investigación científica debe servir para transformar la mente de los pobladores de la región.

 

Los tesoros ambientales del Bajo Caguán

Las iniciativas de economía sostenible propuestas por Fondo Acción y el Instituto Sinchi se implementaron y se abrieron otros caminos para frenar la deforestación en el Caquetá.

                                                                                                         Atardecer en el río Caguán. Foto: cortesía FCDS

 

En el 2018, en total 25 organizaciones nacionales e internacionales, lideradas por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Museo de Historia Natural de Chicago, entraron a la selva del Bajo Caguán y crearon un inventario biológico con información para 1400 especies. Al mismo tiempo, especialistas del Instituto Sinchi realizaron investigaciones científicas y sociales de los tipos de ecosistemas, biodiversidad y patrimonio ancestral del Parque Nacional de Chiribiquete.

Gracias a estas exploraciones, las comunidades campesinas e indígenas de la región se unieron para crear una mesa comunitaria, liderada por la Asociación Campesina del Bajo Caguán (Acaiconucacha), para redactar un plan de desarrollo que mejorara su calidad de vida y el medio ambiente. Dentro de los objetivos trazados están: un plan de ordenamiento territorial, modelos de economía productiva, organización comunitaria y educación con mayor calidad. “Lo interesante de este plan es que las organizaciones del sector público y privado que quieren trabajar en la región deben hacerlo en torno a estas propuestas. Ellos han forzado un poco al Estado a organizarse y han puesto la interlocución en otro nivel”, dice Carolina Salazar, investigadora de la FCDS.

Se creó un núcleo forestal, una zona que pretende conservar en su totalidad un bosque intacto y a la vez permitirle a la comunidad utilizar algunos recursos naturales sin dañarlos. “Lo que queremos es que la gente que está más adelante de ese bosque pueda ser beneficiaria de una concesión forestal para aprovechar el bosque tanto maderable como no maderable, bajo criterios técnicos de plan de manejo, de sostenibilidad de reconversión y de restauración”, asegura Jaime Barrera, investigador del Instituto Sinchi. El proyecto va en su primera fase y se está realizando un inventario forestal. Más de la mitad del equipo son habitantes de las veredas.

Instituciones públicas y privadas planean sus estrategias alrededor del plan de desarrollo propuesto por las comunidades campesinas e indígenas. Por ejemplo, Corpoamazonía, autoridad ambiental en esta zona, apuesta por tener 880 000 hectáreas de conservación en áreas importantes que permitan conectar los parques Chiribiquete y La Paya.

“Nosotros estamos apostando un proceso de declaratoria de un área protegida regional. Lo consideramos una buena estrategia para detener la deforestación. Si se logra, con la gente se pueden hacer acuerdos de conservación, enfocándonos en promover un modelo productivo que sea sostenible en el tiempo”, argumenta Gustavo Torres, asesor técnico de Planificación y Ordenamiento Ambiental de Corpoamazonia.

           El arte rupestre que se encuentra en el Parque Chiribiquete fue una de las razones para que lo declararan patrimonio mixto de la humanidad. Foto: Parque Nacionales Naturales de Colombia.     

 

Estos acuerdos se sumarían a los que el Instituto Sinchi ya ha consolidado exitosamente y que hoy permiten la conservación de 5989 hectáreas de bosque. “No podemos perder el servicio ambiental global que la Amazonía presta. Para nosotros lo importante es que la floresta se mantenga y empiece a crecer. Cuando uno va orientando [técnicamente] a la comunidad, ellos van viendo que hay mayor conexión”, comenta Luz Marina Mantilla. Las especies productivas que se están cultivando son endémicas amazónicas y el éxito de la iniciativa se centra en regenerar el ecosistema a través de especies nativas, de lo contrario podría alterarse y su fertilidad se perdería.

 

Así se fue deforestando el Bajo Caguán

Antes del 2015, las cifras de deforestación no eran muy altas y esta zona era identificada principalmente como uno de los lugares con mayor concentración de cultivos de coca en el país.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) controlaban casi todo el territorio y su mayor fuente de ingresos eran los cultivos ilícitos. Durante más de 30 años los índices de tala eran mínimos. Según Jorge Pulecio, profesor de la Universidad Nacional e investigador de la Comisión de la Verdad —institución creada luego de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc—, con la economía de la coca y un control del territorio por parte de las Farc no había una tala extensiva, entre otras cosas porque este grupo guerrillero no lo permitía, “esa es la cruda realidad, no es que las Farc hayan tenido un comportamiento ecológico, sino que hacía parte de su proyección estratégica y su control del territorio y de la población”, cuenta Pulecio.

Cuando gran parte de las Farc, después de un proceso de negociación con el Gobierno Nacional, se desmovilizó y abandonó esta región, una de las consecuencias inesperadas fue el aumento desmedido de la deforestación en la región.  Según Pulecio, “con un Estado que continuó ausente y sin ningún tipo de control territorial, la paz fue leída por varios actores como una oportunidad para entrar a la región amazónica y extraer los recursos sin tener que pagar impuestos al Estado o coimas a las guerrillas”.

El hecho de que en esta área existan bosques primarios o nativos crea unas relaciones ecosistémicas muy específicas y, según afirma Leonardo Serrato Lozano, docente del departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central en Bogotá, “cualquier alteración que se le haga específicamente a los ecosistemas boscosos, empieza a generar una afectación en sus comportamientos y en la regulación climatológica. Además, acelera el proceso de degradación de los suelos”, afirma.

La mayoría de líderes ambientales que viven en el Bajo Caguán coinciden en que es necesario que desde el Gobierno colombiano se diseñen e implementen políticas públicas más efectivas y que cumplan con sus compromisos en el Acuerdo de París, solo de esta forma todo el trabajo científico y comunitario que se desarrolla en la región podrá tener un impacto aún mayor.

 

 

                                                         

 

Actualizado el: Lun, 12/02/2019 - 14:27

Los habitantes de los municipios del norte del departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano, están desesperados. Se están quedando sin agua para cultivar y el elevado consumo de las grandes agroindustrias está afectando el balance ecológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ese gran humedal Ramsar que, según ha dicho el capitán Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), es responsable de cerca del 80% de toda la pesca que se hace en el Caribe del país. Los pobladores señalan a las empresas de banano y palma de aceite de la zona de cooptar un gran porcentaje del agua de los ríos que nutren a la Ciénaga.

Pero, ¿qué tanta agua están usando las empresas y cómo obtienen los permisos para utilizar el recurso?  Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) ─autoridad ambiental en la región─ para conocer todas las concesiones de agua de Zona Bananera, uno de los municipios que bordea la Ciénaga y por el cual corren varios ríos que van a dar directamente a este gran humedal. La entidad entregó documentos de los permisos otorgados para la utilización de aguas subterráneas y superficiales, así como para el vertimiento de aguas residuales y  la ocupación de cauces hídricos en el área.

Al revisar los convenios se encontró que un gran porcentaje de las aguas subterráneas ─obtenidas gracias a la construcción de grandes pozos─ y superficiales ─provenientes de los ríos Frío, Orihueca, Sevilla y Tucurinca─ son empleadas para el cultivo de banano (61%) y palma de aceite (15%) en el municipio. Según los documentos entregados por Corpamag, en Zona Bananera solo el 5% es para uso doméstico y 5% para consumo humano. 

Casi la mitad del agua en manos de una sola empresa

Siete empresas colombianas concentran la mayor parte de las concesiones de agua en Zona Bananera, distribuidas así: Agropecuaria San Gabriel (9), Agrícola Eufemia (5), Agrícola Margarita (3), Bananero El Enano (3), Banaeva (2), Canali (1) e Inversiones Lolita (1),  manejan el 47% de las concesiones y las destinan a la producción de banano.

Pero hay un dato sobre estas empresas que permanecía oculto en la Cámara de Comercio de Santa Marta. Al revisar los certificados de Matrícula Mercantil de cada una de ellas se evidenció que todas pertenecen a su vez a una gran empresa: Servicios Administrativos Bananeros S.A.S (SAB), que figura en los registros como casa matriz de las compañías. Se trata de una empresa constituida el 19 de diciembre de 2006 en el municipio de Ciénaga (Magdalena) y su fundador y dueño es Riad K'David Sagir.

Según el libro Anotaciones para una historia de Ciénaga, del historiador Ismael Correa Díaz Granados, que recopila la historia de las familias en la región, los K’David son de origen libanés y llegaron en 1930 a Zona Bananera. Marcelino, Abraham y Said K’David se dedicaron a la comercialización de telas, pero más tarde empezaron a adquirir sus primeras fincas bananeras, al punto que hoy,  la empresa de Riad K’David posee casi la mitad de las concesiones de agua para cultivo de banano en el municipio. 

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a Corpamag para saber si existe alguna restricción en la cantidad de concesiones de agua que se entregan y la entidad señaló que el agua es de uso público y, por lo tanto, para entregar estos permisos no existe más limitación que los documentos que exige la norma y, por supuesto, que haya disponibilidad de recurso hídrico.

Ante la pregunta de si existe algún control por parte de la entidad para evitar el acaparamiento de agua, la entidad respondió: “El volumen a otorgar por parte de la Corporación dependerá solo de la necesidad del uso del agua una vez los técnicos analicen la información suministrada”. De igual manera insistió en que la única limitación que tiene una empresa para acceder al agua es que no haya recurso hídrico disponible para concesionar.

Omar Clavijo, investigador del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, dijo que si bien es cierto que la única limitación que tiene la entidad para no dar las concesiones es que no haya recurso, por ley también deben proteger el consumo de uso humano. “Ellos están en la capacidad de retirar alguna concesión si encuentran consideraciones de tipo ambiental que puedan llevar a reevaluar el permiso dado”, explicó.

Eso es lo que han denunciado los habitantes de Zona Bananera. Insisten en que hay afectaciones sociales y ambientales. Corpamag, por su parte, asegura que ha atendido las quejas de las comunidades de la zona e impondrá sanciones en caso de que hayan obstrucciones o desvíos para que no circule el agua de manera natural y que los habitantes deben insistir ante las alcaldías de los municipios en la construcción de acueductos que garanticen el acceso al agua potable. Se intentó conocer la versión de Riad K’David o de voceros de su empresa, pero no se obtuvo respuesta. Queríamos hacerle una pregunta concreta: más allá de lo que permite o no la norma, ¿cuál es su postura frente al acaparamiento del 47% de las fuentes de agua de Zona Bananera y del impacto que genera este uso en las poblaciones locales, y en los ríos que alimentan a la Ciénaga Grande de Santa Marta?

“En el 2016 y 2017 sentimos el aprieto de las fincas ribereñas. Ellos son familias de clase alta que tienen la facilidad de meter una máquina y coger agua. El remanente que nos debe llegar del río Frío es del 30%, pero en ese momento solo nos llegó el 5%. Entre nosotros y los animales nos peleábamos el agua. Por eso se murió harta icotea y babillo (reptiles)”, afirmó Guillermo, un habitante del sector de La Candelaria en Zona Bananera que prefirió no dar su nombre completo.

Sin datos del impacto ambiental

Los bajos niveles del agua en las fuentes hídricas han llevado a que las comunidades denuncien que en ocasiones no cuentan con este suministro para su uso. Por ejemplo, Luz Mila Candelaria, representante de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de la Zona Bananera, contó que a ellas les ha tocado ir a buscar el agua, “muchas veces nosotras nos íbamos río arriba porque las aguas eran detenidas y el río Frío acá era seco y necesitábamos para cocinar y eso”.

A pesar de esto, no existen estudios por parte de las entidades gubernamentales para conocer el verdadero impacto que causa el aprovechamiento del agua por parte de la agroindustria. 

La bióloga y doctora en Ecología, Sandra Vilardy, asegura que la falta de datos sobre estaciones hidrológicas o condiciones de las cuencas, por ejemplo, “es una deficiencia para conocer la relación de los caudales superficiales con los caudales subterráneos. Tenemos un vacío importante del modelo hidrológico del sistema para poder otorgar concesiones y para poder mantener los caudales ecológicos”. 

No obstante, a fines de 2017, Corpamag e Invemar suscribieron un convenio para estudiar los flujos de agua actuales de los caños conectores entre el río Magdalena y el complejo de aguas de la Ciénaga. Una tarea que ya venía realizando el instituto con Parques Nacionales Naturales, pero a la cual se suma ahora la Corporación.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron al Instituto de Investigaciones Marinas y costeras (Invemar) para conocer más acerca de la situación, pero aseguran que no hay información puntual sobre la incidencia de la actividad agroindustrial en la Ciénaga. Dijeron que es viable estudiar este impacto en el agua, pero señalaron que no cuentan con los recursos para diseñar un sistema de monitoreo en este momento.  

Según  Vilardy, a pesar de que no hay estudios concretos sobre el tema, es posible evidenciar el impacto que han tenido cultivos como el banano y la palma en el ecosistema. La Ciénaga se alimenta principalmente del agua que entra por el río Magdalena y en menor medida de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero el agua de estos últimos es vital  porque viene con mayor velocidad y con mayor oxígeno. “El problema es que las captaciones han aumentado de manera significativa en los últimos tres años y, de manera muy importante en las últimas dos décadas con la expansión de los cultivos de palma, especialmente”, comenta. 

Pobladores de Candelaria, como Guillermo, han dicho que desde el 2014 se empezó a notar la baja cantidad de agua en el río cuando está la temporada seca. “A veces llueve por este sector y ese es el agua que utilizamos, el río prácticamente desaparece”, afirmó.

Esto ha significado que, por ejemplo, la desembocadura del río Aracataca en la Ciénaga Grande de Santa Marta esté prácticamente seca. Así lo denunció el alcalde de Puebloviejo, Wilfrido Ayala, al diario El Tiempo, donde aseguró que propietarios de grandes extensiones de cultivos construyen diques que desvían el agua para utilizarla en el riego de sus plantaciones de banano y palma de aceite.

Municipios como Zona Bananera se encuentran ubicados en la zona baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que los convierte en una planicie altamente fértil para la actividad agrícola. De hecho, según Vilardy, el banano ha existido en esta área por más de 100 años y, aunque los sistemas de riego han afectado los caudales de la Ciénaga, el cultivo se acopla a las condiciones del ecosistema. Según dice, es posible establecer una armonía entre los cultivos y la sostenibilidad de la Ciénaga solo “en la medida que los diferentes actores del territorio tengan claro que la conservación del agua es determinante para que el sistema sea sostenible”, explica la experta. Es necesario conocer cuánta agua hay para saber cuántas concesiones se pueden otorgar sin que se cause una alteración al balance hídrico óptimo que necesita la región.

Para que esto se dé es necesario tener claridad sobre las condiciones de la Ciénaga, que es muy compleja hidrológicamente y que a pesar de requerir las mejores capacidades científicas y técnicas, no las ha tenido. “Ese es un vacío gravísimo en la gestión del territorio y lo que estamos teniendo hoy en día son las consecuencias de haber dado concesiones de agua sin tener claro ese modelo hidrológico”, concluye Vilardy.

Por su parte, la actividad del Invemar está enfocada en comprender las dinámicas de la Ciénaga para presentar propuestas sobre la gestión del recurso que no afecten las actividades humanas y agroindustriales, respondió el director de la entidad, el capitán Francisco Arias. 

El Instituto, según dio a conocer Arias, tiene mediciones de los niveles de captación de agua que se hacen a las fuentes hídricas antes de llegar a la Ciénaga, pero aún no cuentan con información que aclare qué porcentaje se usa para proyectos de palma y banano. Dentro de los hallazgos destaca que el río que más consumo tiene durante su trayecto es el Sevilla. 

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le solicitaron a Invemar la cifra exacta de cuánta agua se toma de los ríos, pero señalaron que es una información que debía proporcionar Corpamag. Al momento de la publicación de este texto, esta última entidad del Estado no había respondido a esa petición.

Se necesitan acciones

El pasado 12 de marzo, la Procuraduría General de la Nación reclamó medidas urgentes para proteger la Ciénaga ─que sufre por el desbalance entre agua dulce y de mar, lo que termina por afectar el ecosistema, la biodiversidad y la pesca─ y le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue presuntos delitos en el manejo del humedal en los que estarían comprometidos servidores públicos y particulares. La entidad de control le pidió al Departamento Nacional de Planeación (DNP) ─encargado de implantar la visión estratégica del país y elaborar el Plan Nacional de Desarrollo─ dar respuesta a la grave problemática social, económica y ambiental que presenta la Ciénaga y al Ministerio de Ambiente le solicitó activar control permanente y superior sobre los procesos de licenciamiento ambiental en la zona.

La Procuraduría fijó un plazo de 30 días para que Corpamag, la gobernación del Magdalena, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales (territorial Caribe), entre otras autoridades, coordinen acciones para “frenar la sedimentación, la alteración geomorfológica del suelo como adecuación para cultivos y ganado, la canalización de arroyos, los cambios en la calidad de hábitats, la fragmentación ecosistémica en general y el déficit hídrico”. Así mismo, pidió adelantar control de vertimientos, restitución de cauces y bienes de uso público, saneamiento predial, celeridad en los procesos sancionatorios ambientales, adopción del Plan de Manejo Ambiental, control a la expansión de la frontera agrícola en zonas de humedal, y ordenamiento pesquero y de las captaciones de aguas superficiales y subterráneas.

Pobladores como Guillermo o como Luz Mila Candelaria han denunciado la baja cantidad de agua que pasa por los ríos, afectando la capacidad de abastecimiento de las comunidades. Aunque las autoridades ambientales señalan que ni siquiera tienen datos de la cantidad de agua que se usa en la agroindustria del banano y la palma, siguen adjudicando concesiones para su uso, casi sin ninguna restricción.

Parte de esa gran agroindustria de banano beneficiada pertenece a Riad K’David, quien no solo es fundador de Servicios Administrativos Bananeros S.A.S (SAB) ─empresa que figura como casa matriz de todas las compañías con concesiones de agua─, sino que es el representante de la empresa comercializadora y exportadora de banano Técnicas Baltime de Colombia (Tecbaco) y representante legal, desde 1992, de la compañía estadounidense Dole Food Company, que también comercializa banano.  

Tecbaco ha estado involucrada en temas muy polémicos sobre posesión de tierra en Colombia. Es conocida por su relación con el caso del predio Las Franciscas I y II, ubicado en el municipio de Zona Bananera, donde se les acusa de presuntamente “utilizar los ‘servicios sicariales’ de los paramilitares” (ver página 627 de la sentencia). Se dice que los campesinos fueron desplazados en dos ocasiones de la región por presiones de grupos de autodefensas.  En 2018 el Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena destinó el predio Las Franciscas a 49 familias campesinas. 

Para confrontar estas declaraciones, Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron contactar por diferentes medios con voceros de la empresa, pero no obtuvieron respuesta.

En 1996, cuando la empresa abandonó las fincas Las Franciscas ─debido a la crisis económica en la producción de banano y las constantes presiones de la guerrilla de las Farc─, los campesinos tomaron posesión del terreno nuevamente. “Nosotros regresamos en el 96 o 97. También demandamos, pero en esa época no les hacían caso a los campesinos. Ahí nos quedamos hasta el 2004”, afirma Ruiz. 

En ese momento, y como también lo dice alias ‘Carlos Tijeras’, excomandante paramilitar del frente William Rivas, en la sentencia, en declaraciones para el proceso de Justicia y Paz colombiano: “mientras que las Farc mantuvieron el control de la Zona Bananera, Dole abandonó una plantación, Las Franciscas. Los obreros y campesinos locales invadieron la plantación y comenzaron a ocupar. Nosotros sacamos a esa gente y le devolvimos la posesión de la plantación a los propietarios, quienes trabajaban con Dole”.

Según documentó el portal Verdad Abierta, en 2004  los campesinos que ocupaban Las Franciscas se vieron obligados a abandonar la propiedad después de varias visitas de Humberto Díaz Díaz y Wilson Sotomonte, trabajadores de Agrícola Eufemia, empresa también perteneciente a Dole, quienes les ofrecieron dinero a cambio de la tierra. Pero fue el asesinato de José Concepción Kelsy Correa, uno de los líderes comunitarios, el que causó el desplazamiento masivo del predio. 

Ángel Ruiz lo recuerda así: “Nos dijeron: ‘el que no desocupe lo matamos’. Un compañero, Kesly, respondió que él no tenía para donde irse. Y así fue, el 14 marzo de 2004 lo mataron. Ahí sí salimos todos. Yo me quedé en la región, pero hay gente que se fue a Santa Marta y Barranquilla, hay personas que todavía no regresan”.

Como lo relata la sentencia, Agrícola Eufemia regresó al predio y siguió con el cultivo de banano. Pero en marzo del 2007, y después de las declaraciones del proceso de Justicia y Paz, el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) ─institución colombiana que estaba encargada de promover el acceso a la propiedad rural─ emitió una resolución para que las fincas Las Franciscas fueran devueltas a la Nación y después fueran tituladas a los campesinos. 

Pero la institución revocó la resolución solo tres meses después, en junio del mismo año, declarando que la Agrícola Eufemia, de Dole, le había comprado a los campesinos las mejoras del predio, es decir, lo que habían construido los ocupantes durante su estancia en las fincas.  

El asunto quedó ahí, pero ya para 2018 el Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena destinó el predio Las Franciscas a 49 familias campesinas. En su sentencia, el Tribunal le ordenó al Estado asegurar el retorno seguro de estas personas a las haciendas, garantizar su permanencia en la zona e implementar proyectos productivos viables para su estabilidad económica y alimentaria.

A pesar de todos los cuestionamientos en los que han estado involucradas las empresas, no han sido condenadas por ningún delito y el Tribunal de Tierras ordenó la restitución de las fincas pero no compulsó copias para que entidades como la Fiscalía siguieran investigando los hechos ocurridos allí. Por esto, Corpamag no ha tenido objeción en otorgarles concesiones de agua.

La falta de regulación de la tierra en  Zona Bananera es un tema pendiente que ha permitido la expansión del monocultivo de banano en la región, en la que abundan historias similares a la de Las Franciscas. “Todo eso lo tiene el grupo K’David. Todos los predios los tienen las empresas”, afirmó Vladimir Carranza, líder social de Zona Bananera.

Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron contactarse con Servicios Administrativos Bananeros S. A. S.  por medio de la página web, así como por dos correos electrónicos que tienen registrados en la Cámara de Comercio para conocer su versión, pero hasta el cierre de este texto no se recibió ningún tipo de respuesta por parte de la empresa.

También se llamó en varias ocasiones al número que aparece en la página web, pero en todas ellas la contestadora dijo que no había nadie disponible. Se dejaron dos mensajes que tampoco fueron contestados. Cabe anotar que en las últimas llamadas el mensaje del conmutador cambió y decía que se estaba comunicando con la empresa C.I. Tecbaco S.A.

En esta historia de empresas bananeras y concesiones de agua lo que queda claro es que el Estado no fija un límite para su uso, por lo que puede darse un gran acaparamiento del recurso sin que esto sea considerado ilegal. También es reconocido el poco presupuesto con el que cuenta el sector ambiental y de ahí que un instituto como el Invemar no tenga los recursos suficientes para hacer estudios que deberían ser indispensables en el momento en que corporaciones autónomas regionales como Corpamag deciden otorgar concesiones de agua. 

Sin embargo, el tema está llamando la atención de organismos de control como la Procuraduría que solicitó un control permanente a los procesos de licenciamiento ambiental en la zona y a las captaciones de aguas superficiales y subterráneas. Aún así, si las entidades ambientales no tienen presupuesto para responder a estas solicitudes, todo quedará resumido en un círculo vicioso.

 

 

 

Actualizado el: Mié, 11/13/2019 - 19:10