Harold Wilson Muñoz era un campesino que trabajaba en una finca en la vereda de Papamene cerca a la Uribe, Meta. El 9 de agosto de 2010 era un día de trabajo como cualquier otro. El ganado se le salió al monte y Harold tuvo que bajarse del caballo en el que iba para recuperarlo, a los 20 pasos pisó una mina. “Gente civil me ayudó y no sentí un pie. Duré 24 horas en la finca antes de que me sacaran. Mis amigos me rescataron y recuerdo que en un helicóptero del Ejército me llevaron hasta Villavicencio”, cuenta el campesino quien recuerda perfectamente lo ocurrido.

Harold llegó al hospital departamental de Villavicencio y luego de perder el conocimiento, despertó y lo primero que vio fue a un sacerdote que le cogió la mano al darse cuenta de que tenía la pierna izquierda amputada hasta la rodilla. Desde entonces afirma que su vida cambió totalmente y se vio obligado a recurrir a medidas con el fin de poco a poco recuperarse del accidente.

El sistema de salud en muchas zonas del país es insuficiente, muchas veces si la persona no ha perdido una extremidad en la explosión de una mina no es considerada como víctima. De hecho, entre 1990 y marzo de 2016 la mayoría de las víctimas de minas antipersonal (80%) no han fallecido, sino que han sobrevivido, resultando heridas y teniendo así que continuar con las secuelas y huellas producidas por el atentado, como señala el informe del Centro de Memoria Histórica. Esta es una muestra de que la mayoría de las víctimas de las minas antipersonales quedan en condiciones de salud precarias y de que los mismos afectados afirman que el apoyo del Estado es casi nulo.

Un gran número de víctimas a causa de las minas han sido todos aquellos civiles afectados por el conflicto y la violencia a lo largo del país. Campesinos y trabajadores locales se han visto directamente afectados por una guerra que no les correspondía, como es el caso de Harold y de muchos otros.

 Harold ha tenido que sacar de su propio bolsillo para ser atendido por una EPS, ha debido costear su transporte y demás necesidades sin tener posibilidades de trabajo debido a su condición. Añade que ha pedido citas y se le han demorado de tres a cuatro meses para darle una simple respuesta o para agendarle espacio en el calendario. ¨Me ha tocado acudir a otras entidades como la pastoral social, mi iglesia que ha estado mucho más pendiente que las mismas instituciones de salud”, cuenta el campesino del Meta.

Luz Dary Pineda, a diferencia de Harold no perdió ninguna extremidad de su cuerpo, pero el 63% de su oído quedó afectado y sufre de un constante dolor de estómago. El 22 de abril de 2010, Luz Dary estaba en una casa abandonada cerca a la vereda de Guadualito, Meta. Como miembro de la Junta Comunal del municipio de Vista Hermosa, la lideresa acompañó a una familia de desplazados a recibir mercados que los ayudaría a iniciar su proyecto productivo. Ese día explotaron dos minas antipersonales en el mismo lugar; la primera, en la que fue víctima Luz Dary junto con otras personas de la comunidad y la segunda en la que un soldado quedó ciego y otro falleció.

Cuando llegaron al hospital de Vista Hermosa, el centro médico sólo atendió a las víctimas con heridas graves en el cuerpo, a las demás víctimas, como a Luz Dary, las acusaron de solo buscar plata y no las atendieron, cuenta la lideresa.

Fueron en total 79 afectados ese día, pero no todos recibieron apoyo estatal para su recuperación. “Hay personas que todavía no las han aceptado en el registro único de víctimas. Primero incluyeron a 8, luego a 25, luego subieron a 45 y nos hacen falta 25 personas por incluir”, cuenta Luz Dary que le tocó poner una tutela para que la reconocieran. “Estas personas no han tenido el apoyo de la Alcaldía ni de la Unidad de Víctimas”.

Para Luz Dary, la ayuda del gobierno ha sido precaria y los centros de salud y de recuperación a víctimas de minas no son idóneas. “El audífono me costó un millón y medio y eso hay que cambiarlo cada seis meses. A los siete meses de haber comprado el audífono el Estado apenas apareció a darme la cita con el otorrino”, comenta al respecto. Luz Dary tiene que movilizarse hasta Villavicencio, aproximadamente a tres horas de Vista Hermosa, para los chequeos médicos que le cuestan 270 mil pesos.

En el caso de Harold, la prótesis llegó a los dos años de haber perdido la pierna. Normalmente, una prótesis hay que cambiarla cada dos o tres meses, pero las EPS las cambian cada tres años. Además, muchas veces no son hechas a la medida lo que genera dolor y raspaduras. Durante la espera del cambio de prótesis, Harold ha tenido que remendar la vieja con cinta mientras llega la nueva.

Incluso las mismas EPS desconocen las situaciones a fondo de sus pacientes, no se tienen conocimientos específicos sobre los distintos aparatos ortopédicos. ¨Yo debo usar una prótesis de la rodilla para arriba y me han dado de rodilla para abajo¨, dice Harold al referirse que ha sido un proceso muy complejo ya que ha sido más la ayuda de su comunidad que la brindada por las instituciones de salud del país.

Cada caso es distinto y se deben realizar varios ensayos de prótesis para la adaptación de los pacientes. Una prótesis puede requerir cambio meses después como también dentro de varios años, afirma la especialista en ortopedia Johana Cuervo. Todo esto seguido de valoraciones necesarias y acompañamientos de fisiatría para ver el desarrollo de las víctimas.

Son muchas valoraciones médicas las que al final hacen que los pacientes se rehabiliten de manera adecuada y tengan una prótesis óptima. Según la ortopedista, “si solo se les garantiza controles semestrales será para el paciente cómo empezar su proceso desde cero”. Esto como muestra de la deficiencia y demora del control de citas con cada paciente por parte de las entidades de salud que limita la posibilidad del progreso de cada uno de los casos.

Lo que le pasó a Harold y a Luz Dary les ha pasado a 11.841 colombianos más, víctimas de las minas antipersonales (MAP) y de las municiones usadas sin explotar (MUSE) desde 1990.  Las víctimas, muchas de ellos campesinos, luego del suceso no vuelven a sus labores, como lo señala Harold: “Me gustaba trabajar en el campo con ganado. Era mi pasión”. En Colombia, las MAP fueron parte de la modalidad del accionar de las guerrillas con el objetivo de contrarrestar a la fuerza pública desde finales de los noventa hasta la actualidad. Estas han sido empleadas con el fin de causar daños tanto físicos como psicológicos, para ejercer control territorial y social sobre las poblaciones en territorios específicos. El promedio de víctimas atribuibles a minas instaladas por la insurgencia fue de 87 por año durante la década de 1990-2000, el promedio que alcanzó en la década siguiente 2000-2010 fue de 726 por cada año, según señala el Centro de Memoria Histórica en su informe: La guerra escondida.

La Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonales es una organización que fue creada en el 2013 y está presente en siete departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Santander y su sede administrativa en Bogotá. La idea surgió de la necesidad de organizarse por un objetivo común por el cual luchar. “Coordinar acciones para que en los diferentes departamentos donde hayan organizaciones de sobrevivientes podamos tener el mismo lenguaje”, afirma Reinel Barbosa coordinador de esta organización.

Reinel en el 2007 fue desplazado por razones del conflicto armado. Un año después regresó a su tierra en La Uribe, Meta y cayó en una mina. Por motivo de esto, Reinel empezó a trabajar en la Campaña Colombiana Contra Minas. En 2011 que se creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se abrió un espacio de participación para las víctimas con la condición de que estas estuvieran organizadas y por eso crearon la Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonales.

La organización le brinda ayuda y asesorías a los sobrevivientes para que cumplan los requisitos necesarios para reclamar sus derechos, además de brindar un apoyo “entre pares”.

Uno de los temas que más trabajan es el de las pensiones a las víctimas. Esta entidad trata de que se modifiquen algunos artículos del decreto 600 en los que estipulan los criterios que debe cumplir la víctima y los requisitos de su afectación física para la pensión.

“Si usted no tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral , no tiene derecho a pensión. Pero la persona que tiene el 40% de pérdida de capacidad laboral está igual de incapacitada que la que perdió el 50%. Entonces buscamos que le den el 40% de la prestación humanitaria permanente”,  explica Reinel.

Todas las víctimas que sean reconocidas, según la Ley 1448, tienen una indemnización en función del porcentaje de pérdida. Sin embargo, la Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonales insiste en que las víctimas tengan derecho a una ayuda humanitaria hasta que se termine su periodo de incapacidad. Como la persona está incapacitada no puede producir y eso en muchos casos significa que el hogar se queda sin la generación de ingresos.

“No tengo ningún subsidio, ni pensión. El gobierno lo tiene a uno desamparado", comenta Harold. Luz Dary tampoco recibió ningún subsidio, le tocó pagar médicos particulares para su recuperación. Hoy en día Luz Dary es una lideresa del municipio de Vista Hermosa y una experta en Educación en el Riesgo de Minas (ERM) luego de su accidente. Dentro de las ayudas de las fundaciones, se dan apoyos psicológicos a víctimas llamados “entre pares” y a familiares de las víctimas, así como también ofrecen talleres sobre ERM en varias veredas del Meta.

En el sistema de salud colombiano, todas las prótesis y las valoraciones deben hacer parte de los planes obligatorios de salud. Sin embargo, son muchas las series de dificultades que no permiten que este tipo de pacientes sean atendidos en el tiempo pertinente. “Con valoraciones médicas tan demoradas y no simultáneas se retratan los procesos, además de que con las prótesis el proceso de reintegración de las victimas cambia y se ve perjudicada”, añade la especialista en ortopedia, refiriéndose a los efectos del limitado sistema de las EPS.

Muchas organizaciones internacionales como Humanity&Inclusion, anteriormente llamada Handicap International, hacen la tarea de la entrega de prótesis de buena calidad, pero no alcanzan a suplir toda la demanda. También ayudan a organizaciones municipales como Brisas de la Albania y Organización de Víctimas de Minas Nueva Alianza en Vista Hermosa.

Sin embargo, por falta de apoyo estatal estas organizaciones de Vista Hermosa no han estado funcionando últimamente. Luz Dary, cuenta que hay una falta de compromiso de parte del Estado para suplir las necesidades de las víctimas.

Vista Hermosa en el Meta cuenta con 372 víctimas de minas lo que lo convierte en el municipio con mayor número en el país. El departamento del Meta es el segundo departamento con mayor número de víctimas de minas antipersonales (1.138), lo supera Antioquia (2.579) y Nariño ocupa el tercer puesto (973). Las víctimas civiles de estos artefactos explosivos representan el 39% mientras que las principales víctimas son los miembros de la fuerza pública.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas creada en el 2012 es la entidad encargada de hacer efectiva la reparación a las víctimas del conflicto armado. Desde su creación, junto con el Ministerio de Vivienda, han llevado a cabo un programa de vivienda gratis en el que 37 sobrevivientes de minas se han beneficiado.

Contactamos a esta entidad para que nos diera información sobre el número de sobrevivientes de minas que han atendido desde su creación, así como información acerca de los requisitos que debe tener la víctima para obtener sus servicios, pero no respondieron al derecho de petición. Recurrimos a una acción de tutela a la que tampoco contestaron apropiadamente con la información demandada.

Después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, las víctimas de minas antipersonales se han reducido. Colombia pasó de estar en el segundo puesto de países con mayor número de personas afectadas por estos artefactos en 2010 a ocupar la décima posición de este ranking mundial en el 2017, según el informe de La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL).

A finales del año 2019, 391 municipios fueron declarados libres de minas en el país. Sin embargo, en lo que va del año 2020 se han registrado 54 víctimas de minas, de acuerdo al comunicado del Alto Comisionado por la Paz.

Actualizado el: Mar, 06/09/2020 - 13:13

Hoy, 23 de mayo, a las 9:00 p.m., se transmitirá por segunda vez el documental Bojayá entre fuegos cruzados, realizado por la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), una iniciativa de las comunidades negras e indígenas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Este es el primer insumo investigativo y de esclarecimiento de la verdad del conflicto que produce la CIVP, centrado en Bojayá, un municipio chocoano que protagonizó una de las masacres más dolorosas ocurridas en Colombia. El documental, que contó con la participación del director irlandés Oisin Kearney y la productora Fine Point, se transmitirá por Canal Capital en el marco de la Semana de la Afrocolombianidad, una conmemoración a la libertad de las comunidades negras de nuestro país, pero también como una denuncia de las afectaciones que los pueblos negros han padecido por el conflicto armado en Colombia.

La fecha recuerda la Ley de Manumisión, de 21 mayo 1851, cuando la entonces República de la Nueva Granada daba un paso hacia el reconocimiento de los derechos del pueblo afrodescendiente. Por medio de la Ley, los esclavos quedarían libres a partir del 1 de enero de 1852, sin embargo, los esclavistas se opusieron y la ley, a pesar de vigente, no se cumplió totalmente en la práctica. Solamente más de cien años después, en, 1993, con la Ley 70 el Estado oficialmente pasó a reconocer la necesidad de fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades negras para que “obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”, y no fue sino hasta entrados los años 2000 que el 21 de mayo sería declarado el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Conmemorar este día, para las comunidades negras, ha significado no sólo la celebración de su libertad, sino la visibilización de las vulneraciones a los derechos humanos que ha sufrido la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP) en Colombia.

Tras 20 años de conmemoraciones y exigencias, las cosas parecen no mejorar. Entre las voces de las negritudes colombianas se escucha la de Leyner Palacios, líder social de Bojayá y uno de los protagonistas del documental de la CIVP:  “Hoy a nosotros los negros nos han esclavizado con una nueva guerra en Colombia ¿cuándo nos van a liberar de esa?”. Con vehemencia, Palacios denuncia la perpetuación de la guerra después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en los departamentos del Pacífico, por parte de grupos armados como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un conflicto que se ha ensañado contra las comunidades étnicas de la región y que ni la pandemia de la COVID-19 ha podido parar.

No más el jueves 21 de mayo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) alertó el desplazamiento masivo de 1.300 personas en el resguardo indígena Catrú, en Alto Baudó, Chocó, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Palacios afirma que contra la población negra colombiana se está configurando un “etnocidio”, pues, según él y basándose en una recolección de datos de distintas organizaciones sociales, en lo que lleva el año por lo menos 50 líderes sociales han sido asesinados en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 105 asesinatos de líderes desde el 1 de enero hasta el 20 de mayo de 2020, 44 han ocurrido en estos 4 departamentos, en donde hay un índice alto de población NARP.

La historia del mismo Leyner Palacios da cuenta de este drama: es sobreviviente de la masacre de Bojayá, vocero de las víctimas de esta tragedia y, tras haber sido amenazado por varios grupos armados como las AGC, se ha visto obligado a desplazarse del departamento del Chocó hacia la ciudad de Cali.

Recientemente, el 22 de abril, fueron asesinados los líderes negros Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo, mientras participaban en una asamblea comunitaria en San Juan del Micay, denunció la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca . Los jóvenes líderes hacían parte del Consejo Comunitario Afrorenacer. 

Las negritudes representan la etnia colombiana con mayor número de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) con 1’023.424 negros o afrocolombianos, 10.890 raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia y 4.940 palenqueros. Además, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) solo entre enero de 2018 y febrero de 2019, se desplazaron 20.850 personas en 75 eventos de desplazamiento forzado en el Pacífico.

Pero no solo se trata de los estragos del conflicto —del pasado y del presente—, sino de que la comunidad negra en Colombia también lidia con la discriminación y la desigualdad. “Hasta hace muy poco, incluso aún hoy, en Colombia el término de ‘negro’ ha sido utilizado despectivamente. Lo negro es sinónimo de lo malo. Hasta al diablo lo han pintado como negro y lo han pintado de negro en muchos casos para mostrar que nuestra identidad es mala”, afirma Palacios para explicar cómo estas cargas simbólicas han provocado que miembros de las negritudes nieguen su identidad negra. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en 2018, en Colombia casi 3 millones personas se autorreconocen como NARP, 30.8% menos que en el censo del 2005. Según la institución, el 30,6% de los afro viven en pobreza, sin embargo, Palacios es enfático en afirmar que el DANE no ha podido realizar un conteo completo del pueblo afro. En ese sentido, el mismo DANE reconoce que existen dificultades técnicas, y ha calculado cruzando datos con la Encuesta de Calidad de Vida un número estimado de dicha población de 4’670.000 habitantes, es decir, el 9,3% del total de la población del país.

Si a la situación de carencia que han vivido las comunidades NARP se le suma la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, queda al desnudo la poca inversión de recursos en las regiones que habitan. Palacios narra el caso específico de Tumaco, en el Pacífico colombiano, en donde afirma que existe un brote del virus debido a la frontera que tiene este municipio con Ecuador —país que ya supera las 3.000 muertes por el nuevo coronavirus—. Hasta el 22 de mayo, Tumaco poseía 414 casos confirmados, 17 personas fallecidas y 10 recuperadas. La alcaldesa de este municipio, María Emilsen Angulo Guevara, afirmó, según registró El Tiempo, que ya se tienen copados los dos hospitales del municipio con pacientes de COVID-19, y manifestó su preocupación al prever la exacerbación de la situación de salud pública en el territorio, debido a la insuficiencia de camas y ventiladores disponibles.

Arial Palacios, otro líder afrodescendiente, afirma que en el Pacífico sur no hay casi ambulancias. Es el caso de los municipios de Magüí Payán o Roberto Payán, donde no hay ni una, o el caso de Barbacoas, donde las dos ambulancias que hay no dan abasto. “Acá el sistema de salud está muy precario. Si los afectados fueran de estado crítico no tendríamos donde meter la gente en este momento”, aseguró el padre Jhonny Milton, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó.

Accedimos a la base de datos que el Gobierno Nacional publica en la página de Datos Abiertos Colombia, la cual expone el número de casos confirmados de COVID-19 actualizado cada día, para establecer el número de población autoreconocida NARP que se encuentra contagiada del virus. Fue imposible determinarlo, pues la desagregación de la base de datos no tienen un enfoque étnico, por lo que no existe un conteo público de personas que necesitan atención médica dentro de la población NARP. Sin embargo, al revisar los casos confirmados de COVID-19 en los departamentos con mayor número de población negra, preocupan especialmente el número de contagiados en Atlántico, Valle del Cauca y Bolívar.

"Yo siempre digo: en tiempos de pandemia el pueblo negro la lleva peor. El pueblo negro está en regiones donde partimos del hecho de que nuestras viviendas, en la mayoría de los casos, no tienen acueducto, entonces la teoría de quedarnos en la casa no es válida porque hasta para lavar los ‘chocoros’ —utensilios de cocina—  tenemos que hacerlo en las orillas de los ríos o hacerlo en los pozos”, explica Leyner Palacios. Las dificultades tanto de acceso a la salud como la falta de capacidad de registro de la población por parte del Estado le preocupan al líder: “los negros se morirán sin hacer parte de los muertos por la pandemia”.

Efectivamente, según el DANE, de todos los hogares en los que al menos una persona se autoreconoce como NARP, el 20.7% tiene privación de acceso a fuentes de agua mejorada. Además, el 81% de estos hogares trabaja en la informalidad, situación que dificulta el acatamiento del aislamiento obligatorio al depender sus economías del día a día. “Tumaco, por ejemplo, tiene una economía insostenible, pues hay mucha informalidad o ‘economía del rebusque’, y mucha gente ante esto se expone, hace caso omiso a las recomendaciones, del toque de queda, porque encima del coronavirus está el tema de las necesidades básicas insatisfechas”, asegura el sociólogo y conocedor de la región Andrés Chamorro.

La desigualdad también se presenta en relación a los procesos de atención en salud. Palacios manifiesta su preocupación por no haber atención hospitalaria de alta complejidad suficiente para atender las necesidades prioritarias de la región. “Hay una desigualdad bastante fuerte y seguro estas crisis nos azotan peor. A Bojayá, o al Baudó, o a la parte baja de Río Sucio (Chocó), o a Guapi, a Timbiquí, a López de Micay (Cauca), seguramente a muchas comunidades no ha llegado un tapabocas”, agrega.

El panorama se agrava por la presencia de los grupos armados ilegales que se disputan las economías ilícitas en la región pacífica. En los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca se han registrado intentos de control de esos grupos sobre la población civil, incluso con la justificación de contener la pandemia a través de toques de queda y confinamientos. Situaciones que han derivado en múltiples agresiones a los Derechos Humanos, como lo documentó la Defensoría del Pueblo en su última Alerta Temprana, emitida el 30 de abril.

Sin embargo, son estas mismas condiciones las que han llevado a las comunidades negras a buscar la manera de hacerle frente al virus con prácticas propias de control territorial, sabiduría ancestral y agricultura colectiva. Por un lado, consejos comunitarios, resguardos indígenas y las guardias indígenas y cimarronas han venido restringiendo la entrada de personas foráneas en sus territorios. Además, según Palacios, varias comunidades negras están probando sumar a la atención y prevención de la COVID-19 plantas medicinales e infusiones de hierbas aromáticas. El líder social es optimista: “Si científicamente esto tiene validez, yo no lo sé… lo que sí creo es que para nuestros pueblos está siendo de gran utilidad, porque estos yerbateros y esta medicina ancestral está al menos haciendo efecto en los cuerpos de la gente y nuestras comunidades están resistiendo”.

El líder social concluye refiriéndose al documental Bojayá entre fuegos cruzados, que se proyectará esta misma noche y que, para él, es una muestra de que hay cosas que la guerra ha dejado y que aún no se han podido sanar, pero también un llamado a la lucha por el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad del Estado; y por la construcción de paz en el territorio negro: “Es para llamar a darle salida a un conflicto que nos desangra cada vez más”.

Actualizado el: Jue, 07/02/2020 - 12:09

A Loliluz, Ellyn y Edenis las mataron el primer día de aislamiento social en Colombia. El 25 de marzo los medios nacionales registraban cómo horas después de haber entrado en función la cuarentena nacional obligatoria, un hombre había asesinado a su esposa, a su cuñada y su suegra en un barrio al sur de Cartagena. Organizaciones de la sociedad civil y estamentos del Estado colombiano temían que la violencia contra las mujeres aumentara cuando se declararan las medidas para mitigar la pandemia. Poderse aislar es un privilegio. Pero lo es aún más poder aislarse segura. 

No es el callejón, la ropa que vestía o la hora del día. Es la casa el lugar en donde las mujeres están corriendo riesgo y por la cual han aumentado un 154% las llamadas a la línea de atención nacional entre el 25 de marzo y el 14 de marzo del 2020 (51 días). Una de las declaraciones que causó revuelo, en relación a la denuncia, fue la de la alcaldesa de la capital del país, Claudia López, en la que afirmó que los hogares que registren violencia contra mujeres, niños y niñas no recibirán ayudas, sin embargo, posteriormente fue aclarado que las familias sí recibirán los apoyos económicos y se entregará a la justicia al agresor, incentivando a que las mujeres se atrevan a denunciar. 

En el país no hay una ley clara de violencia de género. La legislación colombiana intenta abarcar la violencia de género a través de la ley 1257 de 2008, la cual sanciona de manera detallada la violencia contra las mujeres. Es así como la línea 155 se creó para asesorar a mujeres en situación de violencia, sin tener claridad sobre las personas de género diverso. 

Durante el aislamiento, el Observatorio Colombiano de las Mujeres, que inició labores en marzo, ha consolidado la naturaleza de las llamadas a la línea 155, incluyendo violencia intrafamiliar sin especificar cuál es la identidad de género de las víctimas. Según el Observatorio, se recibieron un total de 6.733 llamadas entre el 25 de marzo y el 14 de mayo del 2020, mientras que en el mismo periodo en 2019 fueron 2.647. El 75% de las llamadas se concentran en los departamentos de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander; y revelando, entre el 25 de marzo al 23 de abril, un aumento de más del 300%  en La Guajira, Casanare, Chocó, Cesar y Sucre. 

La cifra más alta durante la cuarentena es la de violencia intrafamiliar con 5.020 llamadas efectivas hasta el 14 de mayo, y si bien en este número se encuentran hombres víctimas de violencia, más del 90% de las llamadas fueron realizadas por mujeres. Las amenazas, los delitos sexuales y lesiones personales también aumentaron; pero una de las cifras más alarmantes es la de “hechos de emergencia”, que registra cuando la vida de la mujer se encuentra en peligro, la cual ha incrementado un 553%, en los primeros 30 días de aislamiento social obligatorios, pasando de 32 llamadas en el 2019 a 209 durante el aislamiento. Hasta el 14 de mayo esta cifra llegó hasta 309 llamadas.

Ante el alza de la violencia contra las mujeres, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, anunció que una de las medidas que se implementó fue el fortalecimiento de la línea 155, y el aumento del número del personal de psicólogas, sociólogas y policías para atender estos casos. Solo en Bogotá, según la Secretaría de la Mujer, la Línea Púrpura —encargada de atender llamadas por denuncias de violencia contra las mujeres— planea aumentar el número de personal de 32 a 41 profesionales en temas asociados con mujer y género, además de implementar desde el 20 de abril una estrategia de denuncia presencial en 630 almacenes de cadena y 37 estaciones de gasolina de Bogotá. A nivel nacional se estipuló el funcionamiento de las comisarías de familia y casas de acogida. 

Desde el 20 de marzo al 16 de abril se han registrado 19 feminicidios, de los 52 de todo el 2020, según lo anunció Marta Mancera, vicefiscal General de la Nación. En comparación a 2019, de enero a marzo de ese año se habían presentado 48, registrando una disminución aparente en el número de feminicidios que hasta marzo era de 37. Sin embargo, el aislamiento volvió a extenderse y por lo pronto se sabe que va hasta el 31 de mayo.

La Fundación Feminicidios Colombia recopiló 14 feminicidios desde el inicio de la cuarentena nacional obligatoria hasta el 29 de abril. Santiago Luque, periodista de Rutas del Conflicto, diagramó y localizó los datos suministrados por la fundación.

¿Según la legislación del país, cómo se aborda el término “violencia de género”?

La única legislación vigente relativa a “violencia de género” es la ley 1257 de 2008 que sanciona la violencia contra las mujeres. Sin embargo, existe un noción de “violencia de género” de la Corte Constitucional en la Sentencia T-878/14. 

¿Hay una línea nacional en mí país para atender situaciones de violencia de género? ¿Es de asesoramiento o denuncia? ¿Cuál es el número?

La línea 155, manejada por la Policía Nacional, brinda asesoría a mujeres víctimas de violencia. 

¿Existe canales regionales/provinciales/departamentales? 

Varios departamentos, ciudades y municipalidades cuentan con un línea de asesoramiento. Una de estas es la Línea Púrpura de Bogotá: 018000112137, la cual cuenta con un número de WhatsApp: +57 3007551846.

En una sola oración, ¿qué servicios ofrece la línea?

Brinda orientación psicosocial y jurídica a mujeres víctimas de violencia.  

¿Cuántas llamadas se registraron los días de aislamiento a esta línea encargada?

Según los cálculos del Observatorio Colombiano de las Mujeres se han registrado 6.733 a la línea 155 entre el 25 de marzo al 14 de mayo. 154% más que en el 2019.

¿Cuántas personas víctimas de violencia de género han recibido atención/protección del Estado?

Solo en Bogotá, desde el 20 marzo al 13 de abril, han ingresado 13 mujeres y sus sistemas familiares a las Casas Refugio de Secretaria de la Mujer. 

¿Cuántas denuncias se registraron por violencia de género en tu país? ¿Aumentaron o dismujeron a partir de la cuarentena?

625 violencias específicas contra la mujer entre el 25 marzo al 23 de abril según el Observatorio Colombiano de las Mujeres. Además de las 2971 llamadas de violencia intrafamiliar más del 90% fueron realizadas por mujeres. 

¿Qué medidas o estrategias ha implementado el Gobierno?

El decreto 460 del 22 de marzo garantiza el funcionamiento de las Comisarías de Familia e insta a implementar campañas de prevención. En Bogotá es posible activar rutas de atención en establecimientos de cadena y estaciones de gasolinería. Además, según la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se está fortaleciendo la línea 155 con más personal. 

¿Qué medidas o estrategias han activado las organizaciones sociales feministas o de mujeres? 

Campañas de recolección de mercados; fondos económicos y de vivienda para para mujeres y trabajadoras sexuales transgénero; o apoyo económico a trabajadoras informales y mujeres privadas de al liberadas son algunas de las acciones adelantadas por colectivos en Bogotá.

¿Cuántos femicidios se contabilizaron en marzo en sus países? ¿Qué actores llevan a cabo este registro? ¿Aumentaron o disminuyeron desde la cuarentena? 

Según la Fiscalía General de la Nación se han registrado 19 feminicidios entre el 20 de marzo y el 14 de abril. Cerrando marzo el ente fiscal refería 37 feminicidios. En comparación a 2019, de enero a marzo de ese año se habían presentado 48.

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Esta pieza fue producida por la 4ta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y dos periodistas aliadas. “Violentadas en cuarentena”, una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la COVID-19.

Actualizado el: Vie, 05/22/2020 - 20:25

Cuando el radioteléfono sonaba, los tres bomberos en Marsella sabían qué tenían que hacer. Sin decir mucho, buscaban la volqueta que les prestaba la Alcaldía para ir al rescate de un cuerpo que bajaba por el río Cauca, en la vereda Beltrán.

Marsella está ubicado en el departamento de Risaralda, región del Eje Cafetero. En este municipio, como pasó con otros, los bomberos dejaron de lado su principal tarea de apagar incendios para rescatar los cuerpos que bajaban por el Cauca.  En el cementerio de este lugar reposan los restos de más de 327 personas sin identificar que llegaron desde agua arriba.

Jairo Gómez, bombero de la Estación de Marsella, recuerda que agentes de la Policía los llamaban por radioteléfono desde la vereda Beltrán para que los acompañaran a rescatar un cuerpo en las aguas del río. Para la década de los ochenta y noventa, los bomberos, quienes usaban overol caqui y botas negras, se subían a la volqueta y viajaban 40 minutos, hasta llegar al lugar. Con lo que tuvieran a la mano, muchas veces sin protección alguna, sacaban los cuerpos y los llevaban al cementerio para el registro tanto de la Iglesia Católica como de Medicina Legal. Pero antes de ello, hacían anotaciones en sus libros de registro, o minutas, como ellos los llaman, de cómo habían encontrado el cadáver y cómo estaba vestido. Esos datos les permitía tener la información suficiente por si alguna vez un familiar de un desaparecido preguntaba en la estación. (Ver historia)

Palestina es un municipio del departamento de Caldas en el que sus habitantes vieron el paso de cuerpos o de algunas de sus partes en las aguas río Cauca. En el corregimiento de Arauca encallaron los cadáveres que venían desde el Valle del Cauca. Al igual que en Marsella, la tarea principal de los bomberos fue rescatar los cuerpos y hacer las anotaciones pertinentes. David Calle, bombero de Arauca, muestra en los libros de hojas amarillas las veces que escribieron: “Informan de un cadáver en las aguas del río Cauca. Salieron cinco unidades a su rescate”.

Rutas del Conflicto y Consejo de Redacción crearon una base de datos con 93 registros de las minutas escritas por los bomberos de Arauca y Marsella (descargar base de datos). La información que contienen estos libros, recopilada desde 1985, puede ser la última pista que tenga un familiar de un desaparecido. Si los cuerpos no eran recuperados de los remolinos que se hacían en Arauca, conocido entre la comunidad como la Piedra del Ahogado, o en Marsella en el Remolino La Nona, el cauce del río los llevaba hasta el cañón y ahí se perdía toda esperanza de encontrarlos. Lo rápido y violento de las aguas acababan desintegrándolos.

Estos libros se encuentran sin ninguna medida de protección, están entre la humedad y el polvo en la oficina de cada estación de bomberos. Esta base de datos recopila parte de la información que juiciosamente realizaron los bomberos, pero que el paso del tiempo y el desinterés institucional han hecho que alguna se pierda y otra esté en peligro por falta de buenas prácticas de conservación. Aparte de los libros de registro, quien tenía toda la información de los cadáveres que llegaron desde el río y su posterior ubicación en el cementerio de Marsella era el sepulturero, Narcés Palacio. El 28 de noviembre de 2019 murió, y con él toda la información.

Los bomberos hablan de que rescataron cuerpos entre dos o más veces al día por cerca de 20 años; sin embargo, al revisar las minutas, no se pudo encontrar más de 92 registros. La información está desapareciendo. Para esta investigación se envió un derecho de petición a Medicina Legal preguntando por el registro de personas no identificadas rescatadas del río Cauca en Marsella desde los años ochenta hasta el 2000. La institución envió una base de datos, que contiene fecha de la necropsia; estado del cuerpo; fecha de entrada e inspección; posible estatura; y fecha en la que fue encontrado. Esta base de datos cuenta con más de 400 registros.

La minuta de los bomberos no sobrepasa los 100 datos; sin embargo, ellos anotaron en los libros todos los cuerpos rescatados. Puesto que, la inspección de la Policía llamaba a los bomberos para rescatar el cuerpo, los bomberos lo sacaban de agua y lo llevaban al cementerio para que Medicina Legal hiciera el procedimiento y fuera enterrado en una fosa común. La diferencia entre la base de datos de la entidad y los libros de registros es que los bomberos anotaban cualquier otro detalle, desde la ropa hasta cicatrices, lo que podría dar pistas para la identificación de un familiar desaparecido.

Ginna Camacho, investigadora de Equitas, una organización independiente conformada por un equipo forense para investigar la violación de derechos humanos en especial la desaparición, afirmó que las minutas de los bomberos son un elemento clave para la caracterización individual de personas dadas por desaparecidas. “Esta información como la ropa que llevaban, lesiones óseas y cicatrices son clave para ayudar en la búsqueda, recuperación e identificación de familiares”, afirmó. Además, las minutas permiten nutrir las cartografías de Equitas ya que se puede hacer un análisis histórico, de contexto, de lugares de posibles desapariciones y de violencias en los cuerpos.

Estas anotaciones muestran que el periodo en el que más rescataron cuerpos fue entre 1982 y 1992. Jorge, un habitante de Arauca, que transporta personas de vereda en vereda, avisó decenas de veces a los bomberos que había cadáveres flotando en el río. “Los cuerpos bajaban como arroz”.  Él no habla mucho, pero recuerda que, en estos años, vio el paso de los cadáveres en la Piedra del Ahogado, un tramo del río en el que la corriente es tan fuerte que hace que los cadáveres queden atrapados en unas piedras que pueden medir entre 10 y 15 metros. Fue durante las disputas entre narcotraficantes del Cartel de Cali y el Cartel de Medellín.

El diario El Tiempo, en 1991, publicó un artículo titulado “El río Cauca también es una tumba”, en el que el entonces consejero para la Seguridad del Valle del Cauca, Raúl Caicedo Lourido, afirmó que muchos de los cuerpos que llegaban a Risaralda eran o por ajuste de cuentas o por homicidios a causa del narcotráfico. En esta época en Trujillo, Valle del Cauca, la comunidad vivió sus peores años. Se estima que la masacre perpetrada entre 1986 y 1994 dejó más de 240 víctimas, entre personas desaparecidas, torturadas y asesinadas presuntamente por la alianza entre agentes del Estado, el narcotráfico y paramilitarismo en cabeza de Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, y Diego Montoya.

La Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit) ha seguido durante décadas el recorrido de los cuerpos que se arrojaron en el río Cauca. Como lo relata el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre la Masacre de Trujillo, muchas víctimas fueron torturadas y asesinadas en la hacienda Villa Paola, propiedad de Henry Loaiza, que era próxima al río Cauca, lo que les permitía deshacerse con mayor facilidad de los cuerpos de sus víctimas. Estos seguían el cauce hasta llegar al Remolino La Nona, en Marsella.

Como lo recuerda Nelson Fernández, representante legal de Afavit, la recuperación de los cuerpos tenía múltiples dificultades, no solo por lo complejo de sacarlos del río debido a las fuertes corrientes, sino porque significaba volverse objetivo de un actor armado. “En Marsella tuvieron la precaución de rescatarlos y de escribir las fechas de cuándo los sacaban”, afirma.

Jairo, el bombero de Marsella, comenta que mientras realizaban el rescate del cuerpo eran cuidadosos al hacer las anotaciones; llevarlos al cementerio y sepultarlos en una fosa común, donde escribían en cemento la fecha en la que fueron encontrados. En julio de 2018, se conformó una comisión integrada por víctimas de Trujillo para seguir con el proceso de búsqueda, que duró una semana, se agilizó gracias a las minutas de los bomberos. “La fecha ha sido clave para la búsqueda”, afirma el representante de Afavit.

El Cementerio de Marsella cuenta con más de 350 personas no identificadas. Hasta la fecha se ha hecho una comisión para la identificación de los cuerpos. Foto por: Álvaro Avendaño

La Fiscalía está en proceso de identificación del ADN de 66 restos para confirmar que hacen parte de la comunidad de Trujillo. Afavit con la compañia de Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas realizaron ejercicios de identificación en 10 fosas comunes.

El informe del CNMH, titulado “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición”, publicado en 2016, confirma la precariedad de la información para construir los perfiles de las víctimas. Ningún registro de las minutas de los bomberos hace referencia a algún tipo de documento que llevara a la identificación del cuerpo. Además, al no contar con un perfil de la víctima de manera sólida, impide identificar patrones en las prácticas de los actores del conflicto. 

Como lo muestra la investigación, con los datos conocidos, de los 1.080 cuerpos recuperados en los ríos de Colombia el 33,3% tenían, aproximadamente, entre 18 y 35 años. En las minutas de los bomberos 17 cuerpos estaban en este rango de edad. Por ejemplo, en Arauca, el 26 de abril de 1999, escribieron “Informaron de un cuerpo ahogado en las aguas del río Cauca. Hombre que usaba camiseta a rayas amarillas, pantalón corto azul. Pelo negro y lacio. Edad 26 años”.

Este mismo informe registra que el 15.9% de los desaparecidos eran menores de edad. En la base de datos de los 93 registros cuatro tenían menos de 18 años. Los bomberos se referían al cuerpo encontrado en el río como el ahogado, aunque muchas veces describieron signos de tortura o disparos. En el caso concreto de los menores no se menciona el estado del cuerpo, lo que dificulta saber si, efectivamente, se ahogó en medio de un accidente o fue arrojado al río.

Para esta investigación se contactó a la oficina de prensa de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para concretar una entrevista con su directora Luz Marina Monzón, pero la entidad prefirió responder vía correo electrónico. Al preguntarle a la Unidad por la protección de la información que recopilaron los bomberos en cercanías al río Cauca desde 1985, respondieron que “La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió información a diferentes organismos, para consolidarla, contrastar y analizarla. En el contexto de las medidas cautelares solicitadas por el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) en 17 lugares en donde están personas desaparecidas y los cuales estarían en riesgos. En ese sentido, la UBPD como parte de la mesa técnica accede a la información”. Por otra parte, la entidad afirmó que la información que tienen los bomberos debió ser entregada en su momento al Instituto de Medicina Legal, ya que la institución era la encargada del tratamiento de datos de personas no identificadas.

A su vez, esta investigación logró determinar que Medicina Legal tiene en su poder la información de los cuerpos rescatados del río Cauca que llegaron a la institución y fueron clasificados por la doctora Luz María Ortiz y el asistente Carlos Arturo Ramírez. Pero, como lo manifestaron los bomberos de Marsella y Arauca, ninguna institución estatal tenía conocimiento de sus registros y, por lo tanto, las minutas nunca fueron pedidas.

Además, los cementerios de Arauca y Marsella, según el Movice, no se encuentran entre los 17 lugares de protección y no tenían conocimiento de las minutas e información que recopilaron los bomberos durante más de 40 años en ambos municipios. Mientras que las instituciones estatales determinan de quién es la competencia de recoger y sistematizar la información que contienen las minutas, tras descubrirse su existencia, esta se pierde entre el polvo, la humedad y el paso del tiempo en las estaciones de bomberos de Risaralda.

Esta investigación hace parte del especial periodístico ‘Conflicto y corrupción, tres historias con sello CdR’, realizado bajo el proyecto ‘Becas CdR’ de Consejo de Redacción.

Actualizado el: Lun, 05/25/2020 - 21:59

Ante la revelación de la revista ​Semana de que el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos eran periodistas, nacionales e internacionales, políticos, generales, oenegés y sindicalistas –por lo menos unas 130 víctimas–, un grupo de periodistas perfilados por inteligencia militar y respaldados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestamos nuestro rechazo. Pero más que ello tenemos preguntas, pues a pesar de la información disponible no logramos comprender el alcance de estas acciones ilegales ordenadas desde una fuerza que tiene la obligación de garantizar nuestra labor periodística, no de perseguirnos y estigmatizarnos:

1. ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?

2. Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?

3. ¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?

4. ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios, conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización?

Según la investigación de revista ​Semana,​ inteligencia militar ejecutó un programa de seguimiento ilegal, por ello exigimos que se le entregue toda la información captada de manera inconstitucional a cada uno de los perfilados.

Hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, demandamos un pronunciamiento del gobierno del presidente Iván Duque y le recordamos las obligaciones del Estado colombiano para garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo, pilares de una sociedad democrática.

Firman

Periodistas blanco de perfilamiento militar:

Juan Forero, ​The Wall Street Journal
Ignacio Gómez, Noticias Uno
María Alejandra Villamizar, Caracol Radio y Caracol TV
Yolanda Ruiz Ceballos, Rcn Radio y columnista de El Espectador
Dayana Rodríguez Bernal, Radio Nacional de Colombia
Daniel Coronell, Univisión
Óscar Parra, Lidha Beltrán Valero, Luisa María Rincón Guzmán, Paula Andrea Hernández Vargas, María del Pilar Puentes Espinosa, David Leonardo Riaño Valencia, Silvia Natalia Corredor Rodríguez, María Jimena Neira Niño, Alvaro Andrés Avendaño Alba, Juan Pablo Gómez Peña, Carol Lizeth Sánchez Fonnegra, Nicole Acuña Cepeda, Juana Teresa Callejas, Fernanda Barbosa dos Santos, Germán Alejandro Ballesteros Coral, Santiago Luque Pérez, Ricardo Sánchez Gómez, Richard Stiven Romero Trochez, Daniela Aguirre, de Rutas del Conflicto.
Andrés Cardona Cruz, fotorreportero, Florencia
Karem Racines, periodista independiente que escribe para La Liga Contra el Silencio
John Otis, corresponsal de NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas CPJ Camilo Poveda, Blu radio
Stephen Ferry, independiente
Federico Ríos, fotoperiodista
Nicolás Bedoya, fotoperiodista
Ginna Morelo, La Liga Contra el Silencio
Fundación para la Libertad de Prensa FLIP

Esta petición la respaldan:

Jineth Bedoya Lima, Premio Unesco Guillermo Cano 2020 y SubEditora de El Tiempo Cecilia Orozco, Noticias Uno
Jaime Abello Banfi
José Manuel Acevedo, Noticias RCN
Néstor Morales, Blu Radio
Juanita León, directora de La Silla Vacía
Maria Teresa Ronderos - Junta Directiva del Comité para la Protección de Periodistas CPJ Camilo Acosta, Camilo Sánchez, José Díaz, Sara Castillejo, Jeanneth Valdivieso - La Liga Contra el Silencio
Diana Durán, El Espectador
Camila Zuluaga, Blu radio y Noticias Caracol
Mabel Lara, Noticias Uno
Darío Fernando Patiño, Radio Nacional de Colombia
Rodrigo Uprimny, Columnista El Espectador
Sinar Alvarado, columnista en The New York Times
Nathan Jaccard, Editor Latam OCCRP
Claudia Julieta Duque - Radio Niskor
Carlos Huertas, Director Connectas
Patricia Gomez, RCN
Juan David Laverde
Juan Diego Restrepo E. y Bibiana Ramírez, VerdadAbierta
Olga Behar, periodista independiente
Equipo editorial Actualidad Panamericana PACIFISTA!
Sara Trejos, Presunto Podcast
Maru Lombardo, Presunto Podcast
Javier Osuna, Director Fahrenheit 451
Lorenzo Morales, colaborador de La Liga Contra el Silencio y Cerosetenta Óscar Durán, CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
Juan Camilo Maldonado y Elizabeth Otálvaro, Mutante
Juliana Castellanos, directora Unidad de Investigación Periodística del Poli Alejandro Gómez Dugand, Cerosetenta
Natalia Arenas, Cerosetenta
Tania Tapia, Cerosetenta
Manuela Saldarriaga, Cerosetenta
María Fernanda Fitzgerald, Cerosetenta
Sebastián Payán, Cerosetenta
Fabio Posada, periodista independiente
Natalia Botero Duque, fotoperiodista
Camilo Vallejo, columnista La Patria
Julián Martínez, periodista independiente
Santiago Rivas, Presunto Podcast
Betty Martínez, Diario del Norte y TuuPutchika en La Guajira
Jorge Cárdenas, Periodista Villavicencio
Adriana Villegas, columnista La Patria
Alejandro Samper Arango, columnista La Patria
Martín Franco Vélez, columnista La Patria
Cesar Molinares, periodista independiente
Catalina Lobo-Guerrero, periodista independiente
Carlos Chica, defensor de audiencias de Canal Capital
Camilo Jiménez Santofimio, periodista independiente
Óscar Sánchez, periodista independiente
Mauricio Beltrán, director de Fedemedios
Claudia Marcela Mejía, periodista independiente
María Paulina Baena, La Pulla
David Tarazona, Cuestión Pública
Patricia Nieto, periodista de Hacemos Memoria Universidad de Antioquia Karim Ganem Maloof, El Malpensante
Maryluz Vallejo, Directo Bogotá
Belén Pardo, Vokaribe Radio
Ivan Mercado, Vokaribe Radio
Patricia Rendón, Vokaribe Radio
Walter Hernández, Vokaribe Radio
Alfredo González, Vokaribe Radio
Octavio González, Vokaribe Radio
Vokaribe Radio, Vokaribe Radio
Carolina Guerrero, Radio Ambulante
Daniel Alarcón, Radio Ambulante
David Trujillo, Radio Ambulante
Camila Segura, Radio Ambulante
Constanza Bruno, periodista independiente
Fernanda Pineda, fotorreportera / Colombia
Natalia Guerrero Ulloa, periodista independiente
Santiago Wills, periodista independiente
Andrea Aldana, periodista de El Poder en Semana TV / Investigadora Fundación Paz y Reconciliación Colombia
Paula Thomas, Reojo colectivo
Charlie Cordero, Reojo colectivo
Santiago Mesa, Reojo colectivo
Andrés Cardona, Reojo colectivo
Andrés Buitrago, Reojo colectivo
Catalina Loboguerrero, periodista
Gerald Bermúdez, periodista y fotorreportero freelance
Andrés Páramo, periodista independiente
Diego Alarcón, periodista independiente
Laila Abu Shihab Vergara, periodista independiente
La Cola de Rata
Equipo editorial Actualidad Panamericana
Red Colombiana de Periodismo Universitario y sus medios integrantes: Datéate al minuto, Tinta Negra (Uniminuto Bogotá), Unimedios (Universidad Santiago de Cali), Un Pretexto (Universidad de Boyacá), Norte Urbano (Uniminuto Bello), Ciudad Vaga (Universidad del Valle), En Primera Persona (Universidad Católica de Pereira), Periódico 15 (Universidad Autónoma de Bucaramanga), Entre Nos, El Anzuelo Medios (Universidad de Ibagué), Contexto (Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín), De la Urbe (Universidad de Antioquia), Sextante (Universidad Católica Luis Amigó), Unisabana Medios (Universidad de La Sabana), Bitácora, Nexos (Universidad EAFIT), Página, UniDiario, La UM Central (Universidad de Manizales), Unicomedio, Unicomfacauca Radio (Unicomfacauca), CrossmediaLab (Universidad Jorge Tadeo Lozano – Bogotá), Conexión Lasallista (Corporación Universitaria Lasallista), Ágora, Miradas y Voces (Universidad de Pamplona), Plataforma, Estación V (Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga), Universidad Tecnológica de Pereira

Periodistas internacionales:

Mónica González, periodista independiente, Chile
Fabiola Gutiérrez, La Pública, Bolivia
Marcela Turati, periodista independiente, México
Miguel Dimayuga, fotorreportero revista Proceso, México
Lise Josefsen Hermann, Periodista Freelance, Ecuador, Dinamarca Raul Romero fotorreportero, Venezuela Nicola Frioli, fotógrafo, Italia
Sara Aliaga T., fotorreportero, Bolivia
Román Camacho, Fotoperiodista, Venezuela
Desirée Esquivel, periodista en Ciencia del Sur, Paraguay
Isabela Ponce, GK, Ecuador
Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Venezuela
Fabiola Torres, Salud con Lupa, Perú
Thelma Gómez, periodista independiente, México
Francesco Manetto, Catalina Oquendo y Santiago Torrado, EL PAÍS de España APIC , Asociación de Prensa Internacional en Colombia

Actualizado el: Dom, 05/03/2020 - 14:15

COMUNICADO DE PRENSA 

FUNDACIÓN CON LUPA 

Rutas del Conflicto

1 de mayo de 2020, Bogotá

Las recientes revelaciones hechas por la Revista Semana, en su reportaje “Las Carpetas Secretas”, publicado en la edición n.º 1983 del 3 al 10 de mayo de 2020, ponen en evidencia la inteligencia militar de la que fuimos sujetos como medio de comunicación. Ante esta circunstancia la Fundación Con Lupa, casa del medio de comunicación Rutas del Conflicto, comparte las siguientes declaraciones para la opinión pública. 

El pasado 18 de diciembre de 2019, tras el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia en el Cantón de Comunicaciones del Ejército en Facatativá, una comisión de la Corte Suprema de Justicia encontró que este grupo de miembros de la Fuerza Pública estaba dedicado a hacer inteligencia de 130 personas, entre las que están periodistas, políticos, sindicalistas, generales y varias ONG.

De las múltiples carpetas de información recopiladas por esta unidad de inteligencia militar, una de ellas estaba exclusivamente dedicada a información sobre el medio de comunicación Rutas del Conflicto y sus miembros. 

Según tuvimos conocimiento, esa carpeta contenía fotos individuales y colectivas que identificaban por lo menos 18 de nuestros periodistas, nuestra relación con otros colegas, además de fichas que profundizan en información individual, como nombre, dirección, teléfono y posts hechos en nuestras redes sociales personales. 

La inteligencia sobre los y las periodistas de Rutas del Conflicto se dio después de que  interpusimos un derecho de petición, solicitando información de consulta pública, a las Fuerzas Militares de Colombia, FFMM. Se estima que esta recopilación de información sobre nuestro equipo comenzó en abril de 2019 cuando se interpuso una tutela al Ejército por no responder a la solicitud. 

En junio de 2019, las FFMM contestaron parcialmente el cuestionario enviado. Rutas del Conflicto interpuso un incidente de desacato para lograr que entregaran la totalidad de la información. Un juez aceptó el incidente, dándole tres días al entonces comandante de las FFMM, Nicasio Martínez, para responder. El fallo de este proceso fue nulo, dado que la institución entregó información previa a la fecha límite establecida por un juez. Sin embargo, dos preguntas nunca fueron contestadas alegando que la información tenía grado de secreto y significaba un riesgo para la seguridad nacional.  

El 6 de agosto del mismo año, Rutas del Conflicto informó al juez que llevaba el proceso,  que una dupla de miembros del Ejército fueron hasta el edificio donde está nuestra oficina a entregarnos en físico parte de la información solicitada, la seguridad no les permitió subir, pero ellos merodearon aproximadamente una hora, fuera del recinto. Así, sentamos el precedente cómo nos fue entregada la información pública y también cómo el accionar de la institución era una medida de intimidación. 

La solicitud de información se hizo en el marco de nuestra investigación “Convenios de Fuerza y Justicia”, una base de datos que presenta información ordenada y accesible sobre al menos 200 convenios entre las FFMM y empresas privadas, en su mayoría del sector minero energético. Algunos de estos contratos también son entre la Fiscalía y las empresas. 

Este proyecto, ejecutado en alianza con la Liga Contra el Silencio, visualiza el monto de dinero asignado para cada convenio, la empresa que lo suscribe y analiza los fines para los que fueron usados varios de esos recursos. Aunque la ley permite la celebración de estos convenios en pro de la seguridad nacional, encontramos que los recursos estaban siendo usados para la adquisición de paquetes turísticos, remodelación de capillas y tiquetes aéreos para militares, compra de instrumentos musicales entre otros. 

Revelamos también que las Estructuras de Apoyo, EDA, de la Fiscalía, reciben recursos de empresas privadas, bajo el compromiso de priorizar casos, procurando reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a las empresas. 

La investigación cuestiona la posible violación de Derechos Humanos que puede ocurrir, en los territorios donde tienen vigencia estos convenios. Las comunidades reportan que al manifestarse en contra del accionar de una empresa, son agredidas e incluso judicializadas, por cargos como terrorismo o extorsión.  Es el caso del líder sindical, Héctor Sánchez. 

Esta investigación es apenas la punta del iceberg de la relación económica entre privados, las FFMM y la Fiscalía. Por ley, toda la contratación que involucra instituciones públicas debe estar disponible para la consulta de cualquier ciudadano o ciudadana. Existen por lo menos 1.500 de estos convenios, pero nuestro equipo sólo logró acceder a 200. Los hallazgos de esta investigación de más de ocho meses fue usada como recurso para el informe en Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Frost. Además, nos permitió ser finalistas del premio Relatoría para la Libertad de Expresión 2019. 

Para realizar ese reportaje, investigamos la existencia de los contratos, y también solicitamos formalmente al Ejército tanto los documentos como su posición oficial sobre los hechos. La búsqueda de información pública y su divulgación de forma transparente, así como la consulta a las entidades citadas en los textos, son factores esenciales para un buen ejercicio del periodismo. En este caso, cumplimos a cabalidad con dichas obligaciones profesionales. Pero al cumplirlas, fuimos blanco de inteligencia por parte del Ejército. Esta grave situación preocupa profundamente a la Fundación Con Lupa, al medio de comunicación Rutas del Conflicto y a todos y todas sus periodistas, pues constituye una clara presión en contra de nuestro ejercicio periodístico.

Agradecemos a medios de comunicación, colegas, amigos y amigas, por apoyarnos en la comunicación y divulgación de estos hechos. La investigación continúa pública y de libre consulta aquí: Convenios de Fuerza y Justicia: Petroleras y mineras financian a la fuerza pública y a la Fiscalía

Para más información escriba a rutasdelconflicto@gmail.com 

o contactenos al número de celular (+57) 3044320742

Fundación Con Lupa y Rutas del Conflicto

Fundación Con Lupa y Rutas del Conflicto

Actualizado el: Vie, 05/01/2020 - 18:46

Somos un medio de comunicación digital que desde hace seis años ha cubierto la reconstrucción de las memorias de la guerra y la resiliencia de centenares de comunidades en todo el país. También somos un medio que dedica gran parte de su tiempo a construir bases de datos e investigar en profundidad las causas y los actores relacionados con la violencia que se volvió recurrente hace mucho tiempo en este país.

Como la mayoría de los nuevos proyectos periodísticos digitales, vivimos de una que otra beca que recibimos de la cooperación internacional, de los apoyos que nos dan nuestros aliados o de la generosidad de nuestra audiencia, que nos dona a cambio de camisetas o entradas a una fiesta. La subsistencia del proyecto está más amarrada al compromiso de nuestros periodistas, un grupo de jóvenes reporteros que han intentado construir una manera respetuosa de trabajar con las comunidades víctimas y de innovar con tecnología para contar estas historias.

No somos un medio de grandes dimensiones, entre todos colegas gestionamos toda la producción periodística, la búsqueda de recursos y el trabajo administrativo. Por eso nos sorprende, y nos causa un profundo temor, la dedicación con la que miembros del Ejército colombiano rastrearon digitalmente a todos los miembros de nuestro proyecto periodístico, como lo evidencia la investigación mencionada por varios medios de comunicación esta semana. También nos ha impactado como en esta operación de ‘inteligencia’ militar, construyeron perfiles con fotografías e información de teléfonos y direcciones, así como organigramas en los que nos relacionan con otros colegas y líderes sociales.

La investigación “Las Carpetas Secretas”, publicada en la edición n.º 1983 del 3 al 10 de mayo de 2020 de la Revista Semana, muestra el seguimiento informático del Ejército a más de 100 periodistas, líderes sociales y figuras políticas, además de la construcción de grupos de relación por la interacción en estas redes. De todas las carpetas descubiertas en la investigación, la única que rastreaba colectivamente a todo un medio de comunicación, fue la nuestra.

La investigación muestra un evidente caso de violación a nuestra intimidad y un grave atentado contra nuestro trabajo como periodistas, contra nuestro derecho a la libertad de expresión. Primero como medio de comunicación que termina perfilado por parte de inteligencia militar, como si se tratara de alguna organización que actuara por fuera de la ley, por el simple hecho de ejercer un periodismo crítico con las instituciones. Y segundo con el derecho de cada uno de los y las colegas que hacen parte de este proyecto de poder expresar sus opiniones personales en redes sociales, sin que por eso sean ‘fichados’ y ligarlos sin ningún tipo de sustento con círculos de relación que solo existen en la paranoia de algunos militares.

Esta construcción de perfiles y supuestos vínculos de personas por su interacción en redes sociales vuelve a evidenciar la recurrente y peligrosa idea del enemigo interno, que tantas víctimas le ha sumado a la violencia que ha sufrido este país. Es también nuestro mayor temor: que algún grupo de militares que haya trabajado en este ejercicio de ‘inteligencia’ crea firmemente en su interior, que los periodistas referenciados, sus fuentes y quienes comparten sus contenidos en redes sociales seamos un presunto enemigo del Estado.

En nuestro caso, hay claros indicios que muestran que estos ‘perfilamientos’ digitales ocurrieron a partir de una investigación que desarrollamos durante el primer semestre de 2019 junto a la Liga Contra el Silencio, una iniciativa creada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), precisamente para enfrentar la censura. Creemos que nos ‘perfilaron’ por preguntar y exigirle información pública al Ejército, en otras palabras, por hacer nuestro trabajo.

En julio de 2019 publicamos junto a la Liga contra el Silencio la investigación titulada ‘Convenios de fuerza y justicia’, en la que mostramos las circunstancias en las que empresas petroleras y minero-energéticas, le entregaban dinero al Ejército, la Policía y la Fiscalía. Esto a raíz de varias denuncias de comunidades que señalaban un enorme dilema ético en el hecho de que las instituciones del Estado, encargadas de la protección y la justicia recibieran recursos privados, mientras capturaban y judicializaban a líderes sociales, que protestaban contra el actuar de estas mismas empresas. El reportaje mostraba cómo estas compañías le pagaron tiquetes aéreos, planes de vacaciones a militares y la fabricación de drones.

La investigación comenzó seis meses antes, en febrero de 2019. En ese momento, haciendo uso del derecho que tenemos como ciudadanos a acceder a información pública, le solicitamos a las entidades respectivas los convenios que habían suscrito con las mencionadas empresas. El Ejército respondió que era información reservada, ante lo cual, acudimos acompañados de la FLIP a una tutela, ya que insistimos en que era información pública: hacíamos simplemente nuestro trabajo, amparado por los derechos que nos da la ley.

Tan evidente era el carácter de dicha información, que encontramos más de 200 convenios de este tipo en la plataforma estatal Secop, en la que se publica la contratación estatal. Sin embargo, estos documentos apenas mostraban unos datos parciales, por lo que insistimos con el Ejército.

El proceso judicial para acceder a la información faltante continuó después de la publicación. En una ocasión fueron dos militares a nuestras oficinas a llevarnos una de las respuestas a las solicitudes judiciales y luego permanecieron por un tiempo frente al edificio, lo que vimos como un hecho de intimidación, que dejamos constatado ante el juzgado que llevaba el caso. Usualmente, lo que hacían era responder vía correo electrónico o por correspondencia certificada. 

A finales de agosto, este caso por el derecho a la información llegó hasta un juez que le abrió un incidente de desacato al entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez. Ante la premura de la solicitud, respondieron y cumplieron con la solicitud judicial. Entregaron cierta información sobre los convenios, la cual ya habíamos publicado, pero insistieron que el resto era de carácter reservado.

Nuestro director, Óscar Parra, fue entrevistado en varios medios de comunicación para la fecha, explicando la situación. Meses después, el general Martínez lo entuteló por faltar a la verdad y afectar su buen nombre, señalándolo de mentir sobre la buena voluntad del Ejército para entregar la información. En una parte posterior del proceso, el oficial también involucró en el caso a Rutas del Conflicto como medio.

Al final, la justicia dio la razón a Rutas y cerró el caso. Es evidente la resistencia dentro de un sector de la fuerza pública a ser fiscalizados por la prensa para verificar su actuación como garantes de la protección de los ciudadanos y como funcionarios deben rendir cuentas por la ejecución de recursos públicos. En ningún caso se justifica el actuar de los militares que realizaron los seguimientos y perfilamientos de nuestro equipo. El ejercer nuestro libre derecho a acceder a información pública y fiscalizar el poder no puede convertirse en la excusa para acciones que puedan atentar contra nuestro derecho a preguntar e informar como medio. Tampoco puede servir como excusa para vulnerar nuestra privacidad y seguridad, individual y colectiva, y la de nuestras fuentes. 

Actualizado el: Vie, 05/01/2020 - 17:31

Por Mario Jursich Durán

En noviembre de 1960, Ernesto Cardenal entró al Seminario de Cristo Sacerdote, una peculiar institución en las afueras de La Ceja, Antioquia. Digo “peculiar” porque en ese entonces era el único centro religioso de América Latina donde se aceptaban vocaciones tardías. Fundado por el padre Alfonso Uribe Jaramillo a principios de 1959, el seminario se convirtió desde su apertura en un punto de confluencia para quienes, como el autor de Oración por Marilyn Monroe, habían seguido una trayectoria excéntrica. Estudiaban allí médicos y campesinos, militares y artistas, finqueros y aristócratas, exiliados y sastres, líderes sindicales, pintores de autos e incluso un representante a la Cámara del Partido Conservador. Muchos eran jóvenes universitarios que habían dejado las aulas, obreros textiles desencantados del mundo o profesionales maduros asfixiados por una sólida carrera a sus espaldas. Entregados a esa nueva vida monacal, combinaban el estudio de la Biblia con intensas y a menudo exigentes labores prácticas: echar palustre, cultivar las huertas y cortar leña estaban entre sus ocupaciones habituales.

La llegada de Cardenal a La Ceja fue el producto de numerosos extravíos. Después de haber estudiado sin ganas en México y España, y de haber intentado, con tesón pero nula fortuna, convertirse en monje trapense en Estados Unidos, la opción que encontró a sus treinta y seis años de edad fue prepararse como sacerdote católico, pese a que era consciente de los abismos entre su manera de entender la vocación y la forma en que la interpretaban en Roma.

En sus años españoles, Cardenal conoció y se hizo amigo del poeta cucuteño Eduardo Cote Lamus y del crítico bumangués Hernando Valencia Goelkel. Fue sin embargo su estancia de un lustro en el Seminario de Cristo Sacerdote lo que afianzó definitivamente sus lazos con un país que, en algunos aspectos, tanto le recordaba al suyo. “En Antioquia hablaban bastante parecido a los nicaragüenses, y lo que más me gustaba es que usaban el vos como nosotros. Tal vez porque Antioquia es el departamento colombiano que colinda con Panamá, o sea con Centroamérica, y por eso nos parecemos”.

Cuando uno lee todas estas cosas en Las ínsulas extrañas, el segundo tomo de sus memorias, no puede pasar por alto que La Ceja fue bastante más que un lugar de estudio para Cardenal. Es evidente que lo seducía la feraz naturaleza de la zona, y que ese hechizo se extendía a la totalidad de Colombia. Estuvo en Medellín, Bogotá, Cali, Popayán, Leticia y Necoclí. En todos esos lugares, sin importar la duración de su estadía, trabó amistad con gente destacada. En la capital colombiana visitó al antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff y en la antioqueña al cacique general de los indios cunas. Se carteó con todos los nadaístas: desde X-504 hasta Eduardo Escobar. Publicó Salmos (Universidad de Antioquia, 1964) y el ya citado Oración por Marilyn Monroe (Ediciones La Tertulia, 1965). Su curiosidad lo llevó a deleitarse con “las sabrosas empanadas” de Rionegro tanto como con los números de la revista Eco. Y, quizá como consecuencia de lo anterior, le negó a los consejos de un viejo preceptor octogenario —“¡Naranjitas! ¡Naranjitas! ¡Chupe mucho limón y naranjitas para aplacar las pasiones!”— la atención que sí le prestaba a Camilo Torres y Manuel Pérez Martínez, los jóvenes curas metidos a guerrilleros.

Sin embargo, donde más se advierte la impronta colombiana en Cardenal es en el culto, casi pudiera decirse la veneración, que le brinda al ensayista antioqueño Fernando González. No se trata únicamente de que lo cite a menudo y en los más variados contextos; es, sobre todo, que el autor de Viaje a pie fue un auténtico catalizador para las inquietudes que Cardenal venía rumiando desde los Estados Unidos. Gracias al filósofo de Otraparte, Cardenal pudo alejarse de la versión más sombría del catolicismo, ese que insista en la culpa, en la mortificación de la carne, y abrirse a una dimensión en la que erotismo y mística conviven de manera armoniosa. Al leer en Viaje a pie frases como: “Roma, ciudad de los santos, está llena de putas y putos”, o: “¡Qué bello estabas, Señor, en esa muchacha!”, o aquello otra de: “Acabada la obra, Dios se llevó instintivamente las manos a las narices e hizo el gesto divino: OLÍA A NALGA”, Cardenal encontró un espacio vital donde la sensualidad nunca era un obstáculo en la búsqueda de un ser superior. Al contrario: era el camino si queríamos acceder a lo numinoso. 

Quienes conocen la biografía del sacerdote nicaragüense saben que su relación con el poeta William Agudelo, también seminarista en La Ceja, es igual de importante que la entablada a través de los libros con Fernando González. Aquí, sin embargo, no me referiré a ella por algo más que la simple falta de espacio. Ese nexo entre ambos fue tan profundo, tan poderosa la amistad que los condujo, primero, a publicar uno de los libros más atípicos de la literatura colombiana —Nuestro lecho es de flores (1970)— y, después, a fundar la comunidad religiosa de Solentiname, que solo consagrándoles una columna completa podría hacerles justicia. 

Mario Jursich Durán trabaja como editor independiente.

Su último libro es Archivo Gaitán, publicado por el Fondo de Cultura Económica.

Actualizado el: Lun, 04/20/2020 - 19:41