Esta mañana, el Ministro de Defensa, Diego Molano, defendió la orden de realizar un bombardeo en el campamento de alias Gentil Duarte que, por inteligencia, se sabía que habían menores de edad reclutados forzosamente. Molano declaró que: "lo que teníamos eran máquinas de guerra que estaban planeando ataques terroristas", refiriéndose a los niños. 

Ese bombardeo se une a los hechos que ocurrieron entre octubre y noviembre del 2019, en los que el portal de noticias Canal 1, hizo pública la detonación de aparatos explosivos en la vereda Candilejas en San Vicente del Caguán, Caquetá, por parte del Ejército Nacional. En esa ocasión murieron al menos ocho menores de edad. La orden que hoy defiende Diego Molano dejó como víctima a una niña de 9 años.

Sin embargo, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, las niñas, los niños y adolescentes se contemplan como una población que goza de especial protección por no participar en las hostilidades y ser vulnerables. Además, distintos tratados internacionales ratificados por Colombia, como el Convenio de Ginebra que sostienen explícitamente que tanto la niñez, como los espacios educativos deben mantenerse al margen del conflicto.

Además, en la base de datos para el especial ‘Colegios de la Guerra’, se registraron seis casos más, entre el 2000 y el 2010. La Fuerza Pública bombardeo  colegios y escuelas, atentando de esta manera contra la población civil y especialmente contra niños, niñas y adolescentes. Cuando la redacción radicó un derecho de petición para  preguntarle al Ministerio de Defensa y  al Ejército Nacional sobre los bombardeos, respondieron que, ellos cumplían de manera irrestrica al DIH.

31 de enero, 2000: La escuela La Esmeralda en El Castillo, Meta,  fue impactada por una de las bombas que tropas de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional lanzaban desde helicópteros y aviones. Según la Revista Noche y Niebla, “por orden del comandante de la Brigada 7, ninguna persona podía ingresar ni salir de la región y tampoco se permitió el ingreso de remesas y víveres”

18 de octubre, 2000: Tropas del Ejército Nacional a bordo de un helicóptero y un avión, bombardearon las veredas El Porvenir y La Unión en San José de Apartadó. Los efectos de dichas bombas afectaron las instalaciones de las escuelas de las dos veredas. 

13 de septiembre, 2003: El casco urbano del caserío Santa Lucía en Puerto Rico, Meta, fue bombardeado durante 45 minutos por miembros de la Policía Nacional de Antinarcóticos. Tras las explosiones resultaron afectadas varias viviendas y quedó destrozado el techo de la escuela. Ese mismo día, fueron detenidos 32 campesinos arbitrariamente según la revista Noche y Niebla, . 

10 de julio, 2006: Los habitantes del municipio de Planadas, Tolima denunciaron que son continuos los bombardeos y ametrallamientos de manera indiscriminada contra la población por parte del Ejército Nacional. Además, aseguraron que durante los combates los señalaron de colaboradores de la guerrilla 

2 de febrero, 2009: El Ejército Nacional y  la Fuerza Aérea bombardearon indiscriminadamente una escuela y varias viviendas que quedaron gravemente afectadas en la vereda La Esperanza. Además, según la revista Noche y Niebla, después de los ataques a la población civil, las tropas se acantonaron en el centro educativo.

5 de noviembre, 2010: Según comunicado público de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) “El 5 de noviembre cayó una bomba a cien metros de la escuela de Chinguirito, Resguardo Indígena Awá Chinguirito Mira, lugar donde hay varias casas y las familias Awá se han estado refugiando cuando se presentan los bombardeos y combates entre las FARC-EP y el Ejército Nacional”

 

 

 

Actualizado el: Mié, 03/10/2021 - 20:39

Por: Paula Rodriguez, Gabriel Moreno y Santiago Buenaventura 

Nury Bustamante, oriunda de Puerto Berrío, municipio a las orillas del río Magadalena en el departamento de Antioquia, vivió en carne propia los rigores del conflicto armado. En 2003 desapareció su hijo Jhon Jairo de 21 años, quien pertenecía al Ejército en el batallón Bomboná. Jamás volvió a saber de él, su último recuerdo fue haberse despedido cuando Jhon Jairo se disponía  abordar un bus para salir de Puerto Berrío un par de días.

A pesar de insistir y preguntar por su paradero, siempre le decían lo mismo. “Que no se sabían si estaba muerto, o lo tenía la guerrilla”. Cuatro años después, el 27 de octubre del 2007, su hija de apenas 9 años salió de su casa y nunca regresó. Con voz entrecortada y aún trémula se pregunta por qué los desaparecieron.

A partir de la década del 80,  Bustamante al igual que otros porteños, adoptaron los cuerpos sin identificar que arrastraba el río Magdalena hasta la orilla del pueblo, una práctica cultural que les ha permitido alivianar la ausencia de sus seres queridos. Desde entonces, los visitan en sus tumbas en el Cementerio la Dolorosa, en Puerto Berrio, les escogen un nombre, les llevan flores y  cuidan sus lápidas.

En abril del 2012 Nury y su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado. Recuerda que muchos jóvenes fueron a parar a la cárcel, y justo cuando algunos salieron, empezaron las amenazas en su contra y de su familia. Cada vez sentía menos seguridad, no quería que las tragedias de su pasado siguieran, así que por no querer que le pasara algo a sus cuatro hijas, tomó sus cosas y se marchó de Puerto Berrío. Una de sus mayores ilusiones es volver  a su pueblo para quedarse y seguir en la búsqueda de la verdad: ¿dónde están sus familiares desaparecidos?

Velar las ausencias

Nury adoptó, en dos ocasiones, cuerpos de personas que llegaban sin vida del río, a los que ella se refiere como ‘ánimas’. Una vez en los noventa y en la segunda ocasión entre 2006 y 2007, no lo recuerda con exactitud. “Yo al cuerpo le tenía fe como ánima, no como ‘NN’ en ese momento, no me había pasado lo que me está pasando” recuerda Nury refiriéndose a su primer ‘ánima’. Sabía que era mujer, le puso Ivana, y en un contexto tan violento como el que vivía Puerto Berrío, solo le pedía a su ánima que le cuidara a sus hijos, que no les pasara nada ni se los fueran a matar o a desaparecer.

Ahora, esta práctica del cementerio La Dolorosa, en Puerto Berrío, se enfrenta con las medidas cautelares de los procesos del Plan Nacional de Búsqueda, liderado por la sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El objetivo principal de estas medidas es esclarecer qué sucedió con algunas víctimas que, en el contexto del conflicto armado, están dadas por desaparecidas y posiblemente sus cuerpos yacen en el cementerio porteño. Pero, ¿qué pasará con el respeto a esta práctica y a este lugar sagrado?

Los procesos de identificación se llevarán a cabo en articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la JEP y el equipo de trabajo que hace parte de las diferentes direcciones. Además, será el personal que hace parte de la dirección de Prospección, Recuperación e Identificación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) quienes en articulación con Medicina Legal, avanzará sobre el proceso de identificación.

Según la magistrada en esta sección de la JEP, Reinere de los Ángeles Jaramillo, este culto preocupa a la jurisdicción, que busca adelantar estos procesos de investigación forense en el cementerio. La principal razón, asegura la magistrada, es porque la práctica de adoptar cuerpos sin identificar “va en contravía de la posibilidad de efectivizar ese derecho de las víctimas a encontrar sus seres queridos”. 

Esto sucede porque los lugareños algunas veces le ponen un nombre al N.N que de seguro no es el de la víctima, un nombre del sexo opuesto, o ponen las fechas de la adopción del cuerpo, lo que según la JEP, altera los procesos de identificación de las víctimas. El plan propuesto tiene como prioridad esclarecer si hay desaparecidos que puedan encontrarse con vida. De no ser así, hallar sus cadáveres, que estarían en La Dolorosa, e identificarlos para hacer la respectiva entrega a sus familiares  con el fin de que puedan, finalmente, hacer el respectivo duelo según sus costumbres y creencias.

La jurisdicción adelantó estas medidas cautelares en Puerto Berrío a través del Auto 023, resolución que inició con las investigaciones forenses en octubre del 2020 en cerca de 356 puntos del cementerio. Estos avances aseguran que habría al menos 400 restos de cuerpos de víctimas, presuntamente de desaparición forzada, y que están en riesgo de deterioro donde yacen, en la declaración de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en su visita al pueblo porteño.

En esos riesgos considerados por la justicia transicional no solo aparece el culto a los N.N de los habitantes, o las fragmentaciones óseas de los cuerpos, sino otros motivos como el deterioro en las bóvedas del cementerio donde se encuentran los cuerpos. La decadencia de la estructura se combina, además, con las condiciones climáticas de Puerto Berrío, porque según la magistrada Jaramillo, la exposición al sol y la humedad de las tumbas causan alteraciones en las estructuras óseas que están en las celdas de custodia decretadas por la JEP.

Sin embargo, la JEP y la magistrada Jaramillo hacen mayor énfasis en lo que es, a criterio de ellos, el mayor riesgo para las labores de identificación de los cuerpos enterrados en La Dolorosa. Los malos manejos que se han dado a los cuerpos sin identificar por parte de los administradores del cementerio, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, perteneciente a la diócesis de Barrancabermeja, son las principales objeciones que ha hecho la jurisdicción.

Jaramillo asegura que se les había advertido, pero que la parroquia no cumplió con los protocolos establecidos por la ley, pues realizaron diversas exhumaciones e inhumaciones irregulares en La Dolorosa. “No se preservaban ni cuidaban los lugares donde estaban inhumadas personas no identificadas y que muchas de ellas las enterraban sin ningún trámite especial, sin orden judicial, y puestos de manera irregular en algunas tumbas”, dice.

La sección de Ausencia de Reconocimiento identificó durante su visita para anunciar las medidas cautelares que la parroquia había hecho la exhumación irregular de 42 cuerpos en los puntos de investigación forense. La magistrada Jaramillo, basada en información que les entregaron, dice que esto se dio porque la iglesia necesitaba “optimizar espacios”. Es decir, que el párroco ordenó la exhumación de cuerpos, algunos sin identificar, para dejar espacio para otros difuntos a futuro.

Jaramillo agrega que esto era grave para “satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad que pasa por encontrar a sus seres queridos”, por lo que la JEP ha ordenado a la iglesia no hacer más exhumaciones cuando no se cumplen órdenes judiciales, es decir, que son ilegales. Esta inquietud surgió porque organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, pidieron en marzo del 2020 que se interviniera en estas irregularidades del cementerio en Puerto Berrío.

Se podría decir que la comunidad porteña está de acuerdo en que la casa parroquial tuvo malos manejos con los cuerpos que llegaban al cementerio, pues según Nury en su experiencia propia, una vez hubo un procedimiento irregular con su ‘ánima’. Tiempo después de la desaparición de su hijo John Jairo, Nury adoptó un nuevo cuerpo que había llegado del río, a quien, al igual que el anterior, le oraba y pedía por sus hijos, pero esta vez apegándose más a esta ‘ánima’ al no saber nada de su hijo. En 2007 tuvo que viajar a Medellín para hacerse unos exámenes de una cirugía, alejándose un tiempo de su ‘NN’, pero cuando volvió a Puerto Berrío, el cuerpo ya no estaba. La casa parroquial del pueblo dio la orden de sacarlo del cementerio.

“El cura mandaba a sacarlos, y no sabíamos a dónde los tiraban, con quién lo revolvían. Allá las personas lo cogían como de la familia. Pero si al cura le daba la gana de sacarlos se iban para donde ellos quisieran y entonces ahí es donde hay quizá muchos cuerpos de ‘NN’ con los que estamos en ese proceso de identificación”, cuenta Nury.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecida creada en agosto de 2018 en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A través de un derecho de petición, la unidad reitera que son un mecanismo extrajudicial que tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas desaparecidas que se encuentren con vida.

En los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la UBPD busca la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, en el contexto y en razón del conflicto armado. Con esto reiteran que su labor está dirigida a la búsqueda y reconocimiento de cuerpos, y al igual que la JEP, consideran que la práctica de adopción de los cuerpos en Puerto Berrío dificulta su objetivo.

Desde el 27 de mayo del 2019 se realiza el despliegue territorial en las diferentes regiones del país, dentro de las cuales se encuentra la territorial Barrancabermeja – Satélite Dorada, que tiene como cobertura 54 municipios de la región del Magdalena Medio y específicamente el municipio de Puerto Berrio. Es así, que desde el momento de la llegada a la región, la UBPD ha recibido solicitudes de búsqueda que han llegado a la institución principalmente por familiares y organizaciones, sin realizar alguna recuperación en ríos u otros lugares de disposición como cementerios en el municipio de Puerto Berrio.

La unidad se encuentra desarrollando los Informes de Establecimiento del proceso de la Búsqueda y las respectivas investigaciones alrededor de las solicitudes recibidas. La UBPD actualmente trabaja en la construcción del universo de solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tanto en la región en general, como en Puerto Berrío en específico. La institución podrá realizar procesos de exhumación de cuerpos esqueletizados que se encuentran en los cementerios u otros sitios de inhumación, para verificar su posible identidad. También se tendrá en cuenta que los cuerpos hallados a orillas del río pueden pertenecer a familias buscadoras en zona aledañas a este municipio, lo cual generará otras acciones de búsqueda como toma de muestras de ADN, recopilación y triangulación de información. 

Se afecta una tradición que es significativa del pueblo, según Viviana Uribe, lugareña de Puerto Berrío, pues no solo se les da el descanso a los cuerpos, sino que a partir de sus creencias y tradiciones, se santifican estas tumbas. Las familias de Puerto Berrío los adoptan, rezan con ellos y en sus ataúdes les piden deseos, pues se tiene la creencia de que estas almas santifican tanto a quienes los adoptan como al pueblo, asegura la porteña. 

Un réquiem por los cuerpos

Pinturas del artista Cristo Hoyos

Para el psicólogo experto en víctimas de la Universidad del Rosario, Miguel Gutiérrez, esto es una respuesta desde la cultura a los actos atroces que se han vivido en Puerto Berrío en el conflicto armado y que va en contravía de la idea de borrar a una persona. “Ese cuerpo, que se le ha despojado de sus atributos humanos. Estas personas recogen esos cuerpos del río, les dan una santa sepultura, los adoptan, los bautizan, les dan nombres significativos para ellos y les atribuyen poderes superiores”, dice.

La UBPD es consciente del choque cultural que van a generar las medidas con los lugareños. Por tanto consideran primordial generar un espacio de pedagogía o campaña permanente que genere sensibilización sobre la desaparición, sus efectos y contribuya a aliviar el sufrimiento de las familias que han vivido esta situación en la región. Una tarea que deberá realizarse en articulación con la instituciones, organizaciones locales y, adicionalmente, la contribución de todos los sectores de la sociedad que permitan identificar aquellas tumbas que han sido marcadas.

Gutiérrez agrega que en estos procesos culturales existe tanto un modo de darle dignidad a estos cuerpos deformados por el conflicto, y funciona como un mecanismo desde la comunidad ante los horrores de la guerra desde la cultura, el arte y la tradición. Se podría decir, además, que este acto también surge porque los desaparecidos no solo llegan de otros municipios desde el río Magdalena, sino también de habitantes de Puerto Berrío que han sido víctimas, como familiares de Nury y Viviana.

Viviana es es sobrina de Aleyda Uribe, una lideresa de Puerto Berrío que hacía parte de la Mesa de Víctimas del pueblo y luchaba por la búsqueda de la verdad de quienes, al igual que ella, perdieron familiares en el conflicto.  Esta lucha inició cuando el tío de Viviana y su esposa, pareja de pescadores de la zona, fueron desaparecidos hace más de 30 años. Desafortunadamente, su tía, Aleyda, falleció el 2 de octubre del 2020 a causa de un derrame cerebral. Se fue sin saber qué pasó el día de la desaparición ni del paradero de sus familiares.

Cristo Hoyos, artista e historiador cordobés, se refiere a la práctica ejercida por los lugareños como un ejercicio de memoria colectiva. “La serie tumbas llegan a convertirse en el lugar de duelo para aquellos cuerpos que no fueron sepultados, lo es también para los cadáveres sin identificación que hoy se encuentran enterrados en los cementerios de las riberas de los ríos y las ciénagas”, afirma. 

 

Pinturas del artista Cristo Hoyos

En simultánea, a los años más duros del conflicto armado en las regiones del Magdalena y el Sinú, Hoyos con cámara en mano visitó los cementerios de Sahagún, Montería, Mompox, Carepa y Puerto Berrío y se percató de aquellas lápidas teñidas con brochetazos de cal que avisaban la presencia de un ‘NN’, captó como la flores de papel silueta desteñian sus colores producto de la intemperie y la romería que empezaba a desatarse al interior de los pueblos. La serie fue llamada “Silencios”, consta de 30 tumbas realizada en dimensiones variables sobre papel fibriano, algunas lápidas llevan los nombres de personas desaparecidas o en el mayor de los casos figuran como ‘NN’.

Estos muertos ajenos, que han llegado a Puerto Berrio, llevan décadas rescatados de sus sepulcros de agua. Los cuidan, les escogen un nombre para bautizarlos, con nombres imaginados o de sus propios desaparecidos. Les llevan flores y les pintan las tumbas con los colores más vivos y más bonitos. Parecen darles vida en medio de su propio dolor. Es así, como se comienza a dar una identidad a los llamados ‘NN’ del pueblo.

‘NN’ es la forma en la que se llama comúnmente a las personas que se desconoce por completo de su origen, su vida y en especial las que no tienen ‘Ningún Nombre’. Una adaptación de lenguaje que proviene  del  latín  nomen  nescio,  que  significa  “desconozco  el  nombre”. La llegada desde río arriba de los ‘NN’ a puerto Berrio trajo un ambiente diferente para el pueblo. Verlos allí, arrastrados, heridos, algunos desmembrados, motivó a los porteños a adoptar una práctica para sentir paz en medio de tanta guerra. Dejar de verlos sólo como cuerpos sin nombre, y más bien como unas ánimas a santificar, adoptarlos y devolverles la dignidad que la guerra les quitó.

La adopción de los ‘NN’ se convirtió en el rito del animero: ´sacar´ a las ánimas del cementerio para no olvidar a sus muertos. Práctica que contribuyó a recrear y fortalecer en los habitantes del puerto unos hábitos religiosos identitarios, así lo cuentan los investigadores Helgar Figeroa y Claudia Gómez en su estudio “No olvidemos a los muertos”. Animero y violencia en Puerto Berrío, Antioquia. Aseguran que es de esta manera es que los porteños recrean su identidad colectiva apelando a los símbolos y rituales derivados de sus creencias y prácticas religiosas frente a la muerte.

El pueblo y el conflicto armado

 

 

Puerto Berrío ha sido un pueblo de tradición pesquera por estar a orillas del río ‘Grande’ de Colombia, algo que se volvió una labor de tradición en las familias porteñas. Pero así como el Magdalena ha traído peces al pueblo, también ha sido una fuente de agua que entre sus corrientes ha arrastrado los cadáveres de las víctimas del conflicto. 

Viviana Uribe recuerda cómo era la sensación de terror constante cuando llegaban los cuerpos muertos, maltrechos y desmembrados a las orillas del río Magdalena. Cuerpos que no se sabían de quiénes eran, y que, por alguna o ninguna razón, les fueron arrebatados a sus seres allegados. Cuerpos a los que había que darles el descanso que la guerra no les dio. El río llevaba a flote estas personas, donde los pescadores sacaban los cuerpos de las corrientes, los llevaban al cementerio para ser velados aún sin identificarlos. 

Los lugareños recuerdan que comenzaron a sentir las oleadas de violencia desde la década de los 80, cuando los grupos paramilitares ocuparon estas zonas del Magdalena Medio en Antioquia. ‘Paras’ como Los Escopeteros de Ramón Isaza, y Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá de Henry y Gonzalo Pérez comenzaron a delinquir por esta zona, causando terror en los habitantes de Puerto Berrío.

 

 

En ese contexto, los muertos no solo bajaban por el río, sino que comenzaron a aparecer personas asesinadas en la zona urbana de Puerto Berrío, en las calles, casas, plazas, alcantarillas y muchas otras partes más. Nadie reclamaba los cuerpos por el riesgo que corrían de ser la siguiente víctima. Todos sabían que si algo pasaba eran los ‘masetos’, como les decían a los ‘paras’ de la zona. Pero tampoco nadie se atrevía a señalarlos. Las noches llegaban al pueblo con el temor y la incertidumbre de no quedarse en total oscuridad, porque si no era la lluvia la que quitaba la luz en el pueblo, significaba una alerta de que algo macabro iba a pasar. 

Nury recuerda aquella madrugada oscura, acompañada de llovizna en la que tuvo que salir de su casa. Caminaba por el andén y en la esquina de una calle sintió que había tropezado con algo, pero como no lograba distinguir nada, no le prestó importancia. Cuando apareció la luz del día, a eso de las 6 de la mañana, una señora en la calle donde Nury pasó alertaba el suceso que había ocurrido en la noche:

“Un muerto. Un muerto”, gritaba la señora. Nury estaba confundida, ella no vio nada ahí, le explicaba a la señora. “Pero yo pasé por ahí y no vi ningún muerto”, cuenta. Después de su desconcierto por el suceso fue que comprendió la verdad, la oscuridad no le dejó ver que había tropezado con la víctima de aquella noche.

Puerto Berrío comenzó a ser una ‘zona caliente’, por su cercanía al río Magdalena ha sido un territorio estratégico en el cual múltiples actores armados se enfrentaron por su control. Situación que trajo como resultado un alto número de muertos y desaparecidos, muchos de ellos enterrados en el cementerio del pueblo como ‘NN’, como lo afirman Figeroa y Gómez en su estudio. Atravesar el conflicto como víctima secundaria (familia) y aún más cuando se trata de desaparición forzada genera impactos psicosociales y daños emocionales incalculables, así lo informa el CNMH. La naturaleza y las características de este delito producen una  incertidumbre permanente que impide hacer el duelo. 

La violencia convirtió a este pueblo en un receptor de muertos ajenos y sus habitantes tratan de vivir con la carga. Para la Fiscalía General de la Nación, en cambio, esta costumbre no ha sido tan conveniente. El hecho de que varios de los ‘NN’, nadie sabe cuántos, hayan sido pasados a un osario con nombres que parecen reales y sin ninguna señal de ser restos rescatados del río, ha dificultado las labores de búsqueda que esta entidad adelanta, en lo que coincide la JEP.

 

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), informa que de los  89.736  casos de desaparición desde finales de los 50, sólo de un 52% se ha podido comprobar su perpetrador. Entre éstos 26.475 (62%) se atribuyen al paramilitarismo y 10.360 (24%) a las guerrillas. El informe también advierte de que en muchos casos los grupos paramilitares actuaron en connivencia con las fuerzas del Estado para cometer ese tipo de crimen. Además, de estos casos de desaparición forzada hallados por el CNMH, 843 fueron víctimas del pueblo porteño.

Puerto Berrío ha sido un pueblo que parece que no lo quieren dejar en paz. La violencia, la muerte y la desaparición han sido la constancia de los últimos años. Para la década de los 90, con la consolidación del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el pueblo estaba lamentablemente obligado a seguir viendo más muertos y tener más familiares desaparecidos. Ante ese horror, solo quedaba rezar a las ánimas de La Dolorosa para que la paz llegase al río y al pueblo. 

Hacer memoria de un cuerpo que no está

 

 

 A través del arte y la cultura se le ha dado voz y fuerza a estos cultos y prácticas en Puerto Berrío, no solo para mostrar esa respuesta ante las secuelas del conflicto armado, o darle un descanso digno a las ánimas, sino también para construir memoria en estos territorios. La galería Requiem NN, del artista colombiano Juan Manuel Echavarría,  muestra el culto que se tienen por los cuerpos sin identificar en Puerto Berrío y cómo esto ha sanado las heridas de lo que ha sido el pueblo en la violencia.

Los lugareños tienen presente al artista e incluso le guardan aprecio por haber sido de los primeros en prestar atención a la práctica de rezarle a, más que unos cuerpos que llegaban del río, unas ‘ánimas’ que debían descansar en paz. Esta exposición, además, cuenta con un documental que muestra ese proceso de sanación del pueblo desde el duelo, y cómo esos cuerpos que se encuentran se les da una narrativa desde quien les dio voz, el río Magdalena.

El río ‘Grande’ es el que ha acompañado también estas creencias, construcción de dignidad y memoria de un pueblo azotado por el conflicto armado. Nury cuenta que en noviembre de cada año, Puerto Berrío conmemora a las víctimas que aparecieron por las aguas y a todos los porteños que la violencia se llevó. Los lugareños caminan por las calles de los distintos barrios, se ora con mayor pasión por las “ánimas del río” y se les homenajea con actos simbólicos en las corrientes que los arrastraron hasta las orillas del pueblo.

Miguel Gutíerrez afirma que estos actos y costumbres son importantes para mantener la memoria que “va en contravía de la repetición gracias a que recordamos, podemos no repetir, pues normalmente repetimos lo que no recordamos”. Por otra parte añade  que con la memoria es necesaria la verdad, saber qué fue lo que sucedió con las muertes violentas y a partir de eso apostar por “mantener vivo tanto el recuerdo de las personas, poblaciones y hechos, como de sancionar que eso realmente ocurrió”. 

La JEP entiende que la tradición cultural ha tomado importancia en Puerto Berrío y su manera de sanar las heridas que ha sufrido a causa del conflicto, por lo que mantener el culto entra en tensión con las medidas cautelares para identificar los cuerpos del cementerio. Pero la magistrada Jaramillo dice que la jurisdicción se mantiene firme en que los derechos de las víctimas, su identificación y entrega a sus familiares son la prioridad principal de la investigación.

“Tenemos elementos suficientes para considerar que muchas de esas personas no identificadas que están en el cementerio están desaparecidas y para el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación,  son la centralidad. Entendemos que la práctica puede seguir haciéndose, pero no con aquellas personas que no han sido identificadas y que, por el contexto de la región, por la situación de guerra que se ha vivido allá, tenemos la presunción de que puedan ser personas víctimas del conflicto armado”, concluye Jaramillo.

Actualmente, la JEP busca coordinación con la alcaldía y la personería de Puerto Berrío para que los lugareños hagan pedagogía en la que sensibilicen y muestren, a criterio de ellos, los riesgos de sus prácticas culturales con los cuerpos que están en el cementerio. Esto busca disuadir la práctica de adoptar cadáveres de los NN, aunque Jaramillo dice que posiblemente no se logre, dado el significado que tiene esto para los porteños,  asegura que se debe lo necesario es que “no se alteren las condiciones en el cementerio de la fecha en que fue inhumada”.

Sin embargo, Miguel Gutiérrez insiste en que es necesario un diálogo entre la comunidad y los entes investigadores, pues considera que hay que reconocer y valorar las prácticas que ellos han realizado. “Tiene que valorarse lo que significa eso para cada uno de ellos y a través de ese diálogo con ellos, y con ellos construir opciones de proceder”, dice Gutiérrez. 

Hay una tensión clara de salvaguardar las tradiciones o velar por el derecho de las víctimas, y se crea un dilema de que priorizar una afectaría a la otra. Lo cierto, y de acuerdo con Gutiérrez, es que los porteños han logrado un valor simbólico muy importante a través de las tragedias que su pueblo ha vivido. Personas como Nury, Viviana, Aleyda y muchos habitantes de Puerto Berrío han luchado con las tristezas de perder un ser querido, por lo que ellos pueden tener empatía con aquellas personas que también quieren saber respuestas de sus familiares desaparecidos.

Por esta razón, el diálogo con la comunidad debe ser un valor importante que la Jurisdicción Especial para la Paz debe tener en cuenta, no únicamente desde obligaciones jurídicas. Porque para avanzar con las investigaciones, es necesario entender que todas esas prácticas tienen una importancia en la narrativa de lo que han sido los territorios que han sufrido los horrores del conflicto. Como dicen los expertos entrevistados, no es fácil, pero vale la pena intentarlo, por la memoria y dignidad de lo que ha sido Puerto Berrío.
 

Actualizado el: Mar, 02/23/2021 - 13:47

Por: Luciana Rodríguez e Isabella Amador

“Usted teniéndolo todo, su alimento, su tranquilidad... todo lo que usted pudo hacer en 50 años lo pierde en tres o cinco minutos y queda con una mano delante y otra detrás”. Así inicia contando su historia Andrés Narváez, campesino que sin saber leer y escribir ha compuesto más de 200 canciones inéditas acerca de la vida, la naturaleza, la tierra, el amor y las mujeres. Aunque recuerda cómo se sintió, no entrega detalles, pues no quiere traer a su memoria los recuerdos de un desplazamiento forzado que aún le duele.

Don Andrés no menciona exactamente dónde era su anterior hogar, solo recalca que tuvo que bajar de la montaña con prontitud para buscar un nuevo lugar donde pudiera estar con su familia. Actualmente, vive en Ovejas (Sucre), después de vender una vaca, pudo comprar un terreno allí donde antes vivía con su familia, pero ahora terminaron siendo solo él y su hermano, puesto que estos hechos dejaron un estrago irremediable, fruto del temor. Ambos hermanos se separaron de sus esposas.

Ovejas es un municipio de Sucre que queda en los Montes de María, una región montañosa que además comprende otros municipios de Bolívar, en el Caribe colombiano. La región ha estado marcada por la violencia proveniente de paramilitares, guerrilleros y la fuerza pública. 

La historia de don Andrés, entonces, es frecuente en los Montes de María y los impactos del desplazamiento son evidentes en esta zona donde la tierra es la causante de grandes problemas porque quien la controla tiene el verdadero poder a pesar de que no sean sus dueños. Montes de María es un amplio territorio fértil de tradición agrícola y ganadera con una ubicación geográfica que comunica a buena parte del país con la región Caribe y algunos de sus principales puertos. 

Estas características, han generado una lucha por la tierra entre los movimientos campesinos, actores armados y grandes empresas. Cada uno de estos buscan tener un control de los terrenos para fines diferentes: sustento diario y familiar, negocios ilegales, explotación de la tierra, entre otros. Estas luchas se han gestado a través de masacres, desplazamientos y acciones violentas contra los campesinos que viven allí. 

A pesar de que existen varios estudios sobre el desplazamiento en el conflicto armado en Colombia, poco se conoce sobre las afectaciones que pueden tener las víctimas de estos hechos en su salud mental, por eso la importancia de abordar este tema. Como explica el estudio Trastornos mentales y consumo de drogas en la población víctima del conflicto armado en tres ciudades de Colombia realizado por la Universidad CES de Medellín, en 2018, los datos sobre salud mental en la población víctima de desplazamiento forzado en Colombia son escasos.

La Nación desplazada

Según el informe Nacional de desplazamiento forzado en Colombia, Una Nación desplazada, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2015, en el país hay al menos más de seis millones de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Como apunta el informe, la razón de que exista este fenómeno es clara: Colombia sufre de un problema agrario persistente con una historia permeada por el difícil acceso a la tierra y la lucha por el territorio. Así, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza y, en ese sentido, en el 99 por ciento de los municipios se han presentado casos de desplazamiento.

Este hecho, además, continúa sucediendo, la firma del Acuerdo de Paz en 2016 no bastó para que este conflicto cesara en Colombia. Según cifras brindadas por la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, entre enero y noviembre de 2018, más de 30,517 personas fueron desplazadas de manera interna en Colombia. Así, desde 1985 hasta 2018, 7,7 millones de personas han sido internamente desplazadas en el país. 

Además, las cifras de la Unidad de víctimas refuerzan la gravedad de la situación actualmente en el país. En 2019, hubo más de 74.000 casos de desplazamiento forzado en Colombia, siendo Antioquia el departamento con el mayor número de casos. Si quiere saber más sobre el número de casos, por departamento, que se produjeron en ese año, pase el mouse por encima del mapa.

 

Concretamente, como explicó a ACNUR la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas (UARIV) Viviana Ferro, “Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que la población de Costa Rica. En algunas zonas del país aún no paran los desplazamientos forzados”. Por eso, como lo evidencian las cifras de ACNUR, de la Unidad de Víctimas y el informe del CNMH, no es excesivo considerar a Colombia como una Nación desplazada. 

Así, este fenómeno ha afectado a miles de poblaciones del país y ha dejado muchas huellas en su salud mental. El estudio de la Universidad CES significó un avance para el conocimiento de estos impactos. La investigación encontró que los trastornos mentales más comunes, entre la población víctima de desplazamiento forzado, son: la fobia específica (es decir, miedo a objetos o situaciones puntuales), la depresión, el estrés postraumático, la ansiedad, los trastornos de conducta y el déficit de atención. Estos hallazgos se hicieron a partir de una encuesta aplicada a 1.206 personas entre los 13 y 65 años, que fueron víctimas de desplazamiento forzado por distintos actores hace menos de 10 años y llegaron a las 3 ciudades con mayor cantidad de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia (según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento): Bogotá, Medellín y Buenaventura.

Los resultados del estudio se pueden evidenciar en el testimonio de don Andrés, él siente un miedo constante a tener que vivir nuevamente una situación de desplazamiento, siente miedo a ser despojado de su tierra otra vez. Jorge González, director de la especialización en intervención psicológica en situaciones de crisis de la Universidad San Buenaventura, ha trabajado en atención en crisis a víctimas y específica que en la mayoría de las intervenciones y estudios en los que ha estado, el trastorno de estrés postraumático es uno de los más frecuentes en las víctimas. “La característica de este trastorno es que cuando la persona se ha visto sometida a un estrés muy grande genera un choque y una angustia (intermitente) que le vuelve de pronto”, dice González.

 

Imagen de algunos de los talleres que ha organizado la Universidad San Buenaventura en diferentes territorios del país.

 Crédito: Universidad de San Buenaventura, corporación impacto vital y financiado por la USAID.

Además, este trastorno y la angustia que genera puede relacionarse también con la fobia específica cuando, por ejemplo, alguien que ha sido desplazado “oye un helicóptero y ahí mismo reacciona porque sabe que después del helicóptero viene el problema”, asegura González. Entonces así, cualquier sonido relacionado le va a recordar al momento y le va a generar angustia y fobia a la persona además del mismo estrés postraumático.  

El desplazamiento deja huellas en la salud mental 

Noelia Hewitt es psicóloga clínica y de la salud de la Universidad Católica; tiene doctorado en Psicología clínica, evaluación y tratamientos psicológicos; es profesora e investigadora de la Universidad de San Buenaventura y cuenta con una amplia experiencia en investigación y atención a víctimas del conflicto armado colombiano. Hewitt, explica que los principales sentimientos que experimentan las víctimas de desplazamiento forzado son tristeza profunda, dolor, miedo y alto grado de desconfianza. 

Estas emociones se encuentran fácilmente en el testimonio de don Andrés: “Éramos como una sola familia, pero después uno desconfiaba del vecino y el vecino desconfiaba de uno, se rompió esa relación”, comenta recordando las fiestas que tenía en su vereda antes de que el conflicto irrumpiera con la tranquilidad de sus hogares. 

Al no saber muchas veces quiénes son los responsables de las acciones violentas, denunciar se vuelve una tarea imposible. Pero puede llegar a ser peor cuando las víctimas se dan cuenta de que es el gobierno y la fuerza pública quienes tienen relación con los hechos. Ahí, la desconfianza surge como uno de los sentimientos principales.

“No confío, realmente no confío. Es difícil confiar en un gobierno que se prestó o permitió que los hechos sucedieran”. Yeison Salamanca dice estas palabras a medida que su voz emite un tono de rabia. Él nació en Recetor, Casanare, un municipio que queda a dos horas de Yopal y que antes se conocía como Cerro del Perú, pero cambió su nombre en honor a un médico curandero que ofrecía recetas para las enfermedades de los habitantes. Yeison pasó toda su infancia y su adolescencia allí hasta sus 20 años, cuando incursionaron en el territorio las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). 

De enero a marzo del 2003, este grupo desapareció a 33 campesinos, entre los cuales siete fueron familiares de Yeison. Nunca más volvió a saber de su padre, su madre, dos de sus hermanos, dos tíos y un primo. Su familia se desmoronó y así, Yeison tuvo que desplazarse junto a otros cuatro hermanos a Boyacá, escapando de las amenazas y la persecución. 

Ni él ni su familia recibieron ayuda durante el proceso. Lo único que han podido descubrir, por su propia cuenta, fue que el entonces alcalde de Recetor, Flaminio Cocinero, fue testigo y cómplice de las desapariciones. Pues les ayudaba a las ACC a hacer las listas de aquellas personas que debían desaparecer, por ser supuestamente auxiliadores de la guerrilla.

Por eso, la confianza en general hacia el estado, el gobierno y las ayudas, se desmorona a medida que pasa el tiempo. Actualmente, el exalcalde se encuentra prófugo de la justicia y tiene una circular roja expedida por la Organización de Policía Internacional (INTERPOL). Lo cual significa que tiene una orden de captura a nivel internacional y así, de ser encontrado, podría ser detenido de manera provisional (más no arrestado) para seguir con la investigación. 

La doctora Noelia también resalta la diferenciación en afectaciones en función del género y de la edad. “Los jóvenes sienten rabia porque no pudieron hacer nada, mientras que los niños tienden al miedo, la agresión y al aislamiento”, cuenta Hewitt.

De la misma manera, Jorge González menciona que son las mujeres las que son más propensas a la depresión. La razón de esto recae en que, en gran cantidad de ocasiones, las mujeres se convierten en la cabeza del hogar porque el hombre no consigue salir del territorio o es asesinado por parte de los actores del conflicto. “Esto es una peste que no solo acabó con el campo, acabó con nuestras familias”, menciona don Andrés.

Sin embargo, en algunas historias es la misma familia la que termina lastimando a una víctima. María* vive en Guainía, con una voz firme pero unos ojos que guardan nostalgia cuenta: “Mi papá empieza a abusar sexualmente de mí. Obviamente mi papá era mi ídolo y que me hiciera esto... fue duro”. Aunque todavía guardaba las esperanzas de que toda esta situación frenara, con tan solo 16 años, decidió escaparse de la casa, un desplazamiento que nace de los abusos al interior de su hogar.

 Lo hizo un domingo a las 5 pm y el papá, al no verla a las 6 de la tarde, cuando llegó a su casa, decidió hablar con la guerrilla para que la fuera a buscar. María consiguió viajar durante siete días a través del río y no tenía cómo defenderse de algún ataque. Algunas noches las pasó sola en la selva, hasta que se encontró con un miembro de la guerrilla de frente. 

Este la identificó, aunque María negó su identidad, el guerrillero tenía una foto de ella. Se quedó sin argumentos llegaron otros tres guerrilleros. En ese momento, ella les explicó las razones por las cuales se había escapado, por qué no quería regresar y les preguntó a los cuatro qué podía hacer para que la dejaran ir. La respuesta de los miembros de la guerrilla fue que tenía que pagar en especies: “Ahí fue cuando ellos abusan de mí, yo no tenía cómo defenderme, cómo hablar porque era mi seguridad, mi salida”, menciona María con una voz cortada y pausada. 

La ansiedad por un futuro incierto y la tristeza de un duelo no resuelto al recordar su territorio o las razones que los obligaron a irse, son dos de las principales afectaciones en la salud mental de las víctimas de desplazamiento, según los expertos. Tienen miedo de lo que pueda pasar, de cómo van a sobrevivir y los recuerdos de su vida pasada los paralizan y les quitan las ganas de luchar. Estos sentimientos se presentan como factores determinantes para acercarlas al consumo de drogas y alcohol.

Por eso, antes de preguntarse ¿por qué alguien se refugia en las drogas o en el alcohol?, es importante preguntarse primero qué factores han llevado a estas personas al consumo. Las drogas y el alcohol, como bien lo explica la doctora Noelia, “son una forma de evadir el dolor que están sintiendo. En el trance del consumo ellos olvidan su situación”, pues como cuenta don Andrés, estos hechos son “algo que uno no quisiera recordar ni revivir porque son momentos muy trágicos”.

 

El estudio realizado en 2018 por el Grupo de Investigación en Salud Mental de la Universidad CES de Medellín, es una gran evidencia de estas afectaciones en la salud mental de las víctimas. En la investigación se encontró que el alcohol fue la principal sustancia de consumo para las víctimas (68.7%), seguido por el tabaco y la marihuana. También fue notable el uso de medicamentos para tratar la ansiedad sin haber sido recetados por profesionales de la salud.

 

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, las personas víctimas de desplazamiento forzado se ven expuestas a diversos traumas psicosociales que generan a corto, mediano y largo plazo, una tendencia hacia hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y la farmacodependencia.

 Tomada de: https://www.elespectador.com/noticias/salud/victimas-de-desplazamiento-forzado-tienen-tendencia-hacia-trastornos-en-salud-mental-y-consumo-de-drogas-segun-encuesta/

El profesor Jorge González explica que frente a esta afectación hay que entender qué significa el consumo de alcohol y otras sustancias para una población que viene manejando el afrontar una situación de desplazamiento. “Entonces no es gratuito la razón por la cual consumen cerveza, por qué hay consumo de alcohol y de drogas, todo esto viene de la mano”. Es por esto, que el acompañamiento a las víctimas por parte de un equipo especializado es fundamental, porque esos sentimientos que se generan a partir de un desplazamiento pueden aumentar y afectar cada vez más a la víctima. “Es un comportamiento que se aprende y vamos a prevenir que eso ocurra. Es una historia que no para”, asegura el doctor González.

Además de esto, la historia de abuso al interior de los territorios también tiende a repetirse. María, en su testimonio, menciona que no solo ella fue víctima de abuso sexual, sino que una de sus hijas también lo fue cuando las AUC llegaron a su territorio bajo órdenes de la Policía. En el momento, María tuvo acceso a una lista en la que se veían posibles víctimas de la limpieza social que se iba a realizar en el municipio. María salió corriendo en búsqueda de las pocas personas que recordaba de la lista, les dijo que se fueran sin preguntar el porqué, pero que lo hicieran rápido.

 “Lastimosamente una de mis hijas pagó por el hecho de que hubiera hablado. La doparon y abusaron de ella como quisieron, la soltaron a la 1 am y la encontré en el parque del pueblo sin que ella supiera dónde estaba”, cuenta María.  Aunque buscaron ayuda de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el daño ya estaba hecho y ellas no recibieron apoyo. 

¿Cómo es la atención en salud mental?

“Ojalá lleguen a una atención psicológica”, dice Jorge González al referirse a la dificultad que presentan muchas víctimas para recibir atención pues, aunque se conozca su importancia, el acceso no es una tarea fácil. El conflicto armado ha impactado a pequeños corregimientos donde el Estado no tiene gran presencia por lo que no se enteran de estos desplazamientos y, por lo tanto, para las víctimas de estos territorios se borra por completo la posibilidad de acceder a ayudas. 

La falta de recursos en el campo ha dejado como consecuencia que la atención médica sea de difícil acceso. “Si usted va a una zona rural ¿qué personal de salud va a encontrar? Médico y enfermera entonces el componente de salud mental necesita desarrollarse”, asevera el doctor González. Otro problema, es que cuando las víctimas pueden acceder a canales de atención, son pocas las que piden ayuda. 

Jorge Alzate trabaja en el área de protección de las Naciones Unidas desde hace 10 años. Alzate comenta que una de las maneras para llegar a la atención a las víctimas es cuando estas se comunican con ellos desde el momento en el que están siendo amenazadas en sus territorios y, de esta manera, se les realiza un acompañamiento constante. Es importante destacar que es más sencillo localizar y acompañar a aquellas personas que han sido desplazadas en grupo a las que no. Porque las que están solas se pierden en los números de las estadísticas y su historia es difícil de rastrear. 

Además, para que las personas afectadas por esta problemática se sientan cómodas para hablar de sus experiencias y acompañados se realizan talleres grupales, aunque cada caso sea único. “Los entrenamos para que aprendan a manejar las situaciones (de crisis), lo que buscamos es que las personas aprendan por sí mismas a manejar esos estados. Cuando ya hablamos de un trastorno ya tenemos que tener una consulta especializada”, explica el doctor González. 

Por otra parte, la doctora Noelia habla de talleres donde se les enseña sobre el 'bienestar', pero no solo como un término médico sino como el vivir bien, el 'bien-estar'. Para esto se les enseña el valor del afrontamiento positivo, a través de talleres y cursos les explican la importancia de ver lo positivo de su nueva realidad; el valor de la vida, de la familia que los acompaña; habilidades de afrontamiento a través de la toma de decisiones consciente y así ver en un panorama más general que se puede salir a adelante y vivir con una nueva perspectiva de oportunidades.

Imagen de algunos de los talleres que ha organizado la Universidad San Buenaventura en diferentes territorios del país.

 Crédito: Universidad de San Buenaventura, corporación impacto vital y financiado por la USAID.

Ahora bien, para que estos talleres y proyectos funcionen “es necesario que se lleve a cabo un acercamiento con enfoque diferencial de acuerdo a la edad, el sexo, el hecho victimizante, dependiendo del tiempo de exposición al evento y de la intensidad del mismo”, anota la doctora Noelia. Esto, porque cada uno de estos aspectos tiene implicaciones diferentes en las personas y por eso, se debe tener mucho cuidado dentro del proceso de intervención, pues los protocolos deben tener ese enfoque diferencial del que habla la doctora Noelia.

Entre percepciones y falencias

La falta de estudio y el estigma que existe, en general en la sociedad hacia la salud mental, lleva a que las mismas víctimas sientan o que no es una prioridad o sientan un rechazo a que se les brinde atención, si es que es posible acceder a ella. En el caso de don Andrés, las ayudas se quedaron en espera, nunca llegaron. Ante la pregunta de si las había recibido respondió tajantemente: “No mija, no no”. Pero, por otra parte, cuando esas ayudas sí logran llegar, a veces no se quieren porque hay desconfianza y rechazo a las personas externas que los llegan a atender.

“Cuando tú llegas como un especialista y te presentas con todos tus grados, todas tus maestrías en vez de generar cercanía, generas rechazo precisamente por la percepción que tiene la gente”, enfatiza Jorge Alzate. Por eso, es que desde el proceso de atención a víctimas del desplazamiento que brinda las Naciones Unidas, se tiene claro que los especialistas deben llegar a generar empatía para que las personas se sientas seguras de acercarse a ellos y contarles sus historias de vida y es ahí donde el trabajo grupal toma gran importancia. 

En ese sentido, a la hora de abordar este tipo de situaciones es importante trabajar con el sufrimiento de las víctimas de una forma en la que no se afecte, revictimice y respetando sus sentimientos. “No se les puede decir que no sufra.  Hay que ser empáticos para entender el dolor del otro y yo no lo he tenido, pero estoy dispuesta a entender ese dolor”, menciona la doctora Noelia acerca de esto. 

Para conseguir el entendimiento de estas personas es necesario formar a los profesionales con un enfoque de víctimas y conflicto, es aquí donde el país ha fallado en varias ocasiones. Esto, debido a que muchas de los profesionales que trabajan en los programas de atención lo hacen por el mismo periodo de tiempo que los gobiernos de turno haciendo que cada vez tengan que empezar los procesos desde cero. “Hay que seguir haciendo acciones y no frenarlas en función del Gobierno”, menciona el doctor González frente a la importancia en este tipo de atención de manera continua.

Los esfuerzos que se están haciendo

Las falencias en el sistema de atención a víctimas existen desde la creación de la Ley 1448 de 2011. Si bien nace con el propósito de reparar, atender y asistir a las personas afectadas de manera directa por el conflicto armado colombiano, el problema está en que solo se consideran víctimas y solo pueden ser acogidas bajo esta ley quienes han sido afectados por el conflicto a partir del 1 de enero 1985 hasta la actualidad.

Sin embargo, esta ley ha generado programas que han tratado de brindar una atención efectiva a las víctimas. Como se estipula allí, la asistencia y atención hace referencia a: el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas. A partir de esta ley y la creación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), se ha pensado en una reparación a las víctimas que si bien no se ha podido ejecutar en su totalidad son algunos mecanismos a los que han podido acceder.

El Papsivi es un programa en el que se unen diferentes especialistas y voluntarios para generar actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados y coordinados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. De esta forma, se atienden los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario. Esto, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades. Esta ruta, como se evidencia en la imagen anterior, debe ser ajustada territorial y localmente, adecuándola a las condiciones y particularidades de las víctimas y el territorio. 

Esto, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuye a la recuperación física y mental y a la reconstrucción social de sus comunidades. Esta ruta, como se muestra en la imagen, debe ajustarse territorialmente y localmente, adaptándose a las condiciones y particularidades de las víctimas y del territorio. En este sentido, el Papsivi se dirige a todas las personas que han vivido los hechos victimarios reconocidos en la Ley 1448 de 2011, que incluye el desplazamiento forzado.

El Papsivi se aplica en el marco de dos medidas de política pública: la atención integral de la salud se centra en una reparación transformadora en la rehabilitación psicosocial, física y/o mental. Por otro lado, la atención psicosocial se brinda a través de equipos multidisciplinarios (integrados por psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y/o antropólogos) que se encuentran ubicados en todo el país y que implementan la atención psicosocial a nivel individual, familiar y/o comunitario. En cuanto a la atención física y mental, el Papsivi cuenta con los diferentes actores territoriales del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la adecuada ejecución de la atención.

 

Tomada de: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_PAPSIVI.aspx

En ambos casos, como medida de asistencia y/o rehabilitación, la atención de salud integral con un enfoque psicosocial se compone de un conjunto de actividades y procedimientos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Estos procedimientos tienen en cuenta los posibles efectos causados por los acontecimientos victimizantes y el enfoque reparador que debe tener toda la atención de salud para las víctimas del conflicto.  

Los pasos que se deben seguir para ser parte del Papsivi son: 

1. Ser incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV)

2. Recibir el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (Paari)

3. El equipo de atención psicosocial del Papsivi recolectará esta información   

4. Después de estos requisitos, la atención psicosocial iniciará a través del reconocimiento de las principales afectaciones que las víctimas han tenido que vivir 

5. Sus niveles de resiliencia serán medidos 

6. La persona que requiere la atención entonces será informada de las necesidades que el equipo de atención psicosocial ha diagnosticado y así, la persona será informada de. cómo se llevará a cabo el proceso de atención.

7. Una vez cumplido el proceso y los objetivos de la atención, el equipo del Papsivi evaluará si el proceso requiere de continuidad o si se puede culminar la atención.

 

Tomada de: ¿Qué es el Papsivi? Guía para personas afectadas por el conflicto armado https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Guia-personas-afectadas-conflicto-armado.pdf

Así, el Papsivi cumple con la atención diferencial que destacaba la doctora Noelia. Sin embargo, una de las grandes falencias de este programa es que entran voluntarios, “personas que tienen la intención de ayudar, pero que no tienen el entrenamiento suficiente para hacerlo y en este trabajo con víctimas no solo importa la intención, sino también el buen entrenamiento”. Dicha importancia radica en que la atención a víctimas es diferente porque lo que haga o diga el psicólogo o psiquiatra puede marcar por toda la vida al paciente. 

“En Calamar, Guaviare, comenzaron un bombardeo que parecía un segundo Vietnam”, comenta Rusbelcy Granados víctima de desplazamiento e injusticias a causa del conflicto armado colombiano. Vivió más de 10 años en el municipio de Calamar, ubicado a 80 kilómetro de San José del Guaviare, allí los paramilitares y la Fuerza Pública se aliaron para realizar las llamadas limpiezas sociales, por supuestos nexos con la guerrilla, y desplazar a los habitantes para obtener el poder sobre el territorio. 

En este departamento el Ppsivi no cuenta con un servicio de atención a las víctimas. Las personas se ven obligadas a desplazarse de su territorio de manera solitaria y sin garantías de que podrán acceder a una ayuda en la salud mental. De los 32 departamentos que conforman el país, esta institución cuenta con programas de atención en 29 de ellos, faltando los departamentos de Gauaviare, Vaupés y San Andrés y Providencia. 

En total, en el 2019, en estos tres departamentos se reportaron 360 casos de desplazamiento forzado, siendo Guaviare el que presenta el número más alto. Además, para este año se presentaron, según cifras de la Unidad de víctimas, 74.820 casos reportados de desplazamiento forzado en el país. Una cifra que dice por sí sola la gravedad de la situación, pues es realmente alta y solo tiene en cuenta a las víctimas de desplazamiento, no a todas las del conflicto armado. 

Así, en comparación con los casos reportados, la atención del PAPSIVI no es suficiente. Pues para 2019, el programa atendió a 85.542 víctimas de diferentes hechos de todo el conflicto armado (ver tabla) y si sólo de desplazamiento son 74.820 víctimas, pues seguramente el registro total de víctimas de diferentes hechos es mucho mayor y no se pudo atender, ni siquiera, a todas las personas desplazadas en ese año.

Por eso, si bien el Papsivi ha sido una buena estrategia por parte del gobierno, la doctora Noelia menciona la necesidad de continuar con una formación en atención a víctimas para los psicólogos y profesionales que trabajan con este programa.  “El Ministerio de Salud ha hecho algo para subsanar eso y es entrenar a las personas que hacen parte del programa, voluntarios y especialistas en otras áreas, a ellos hay que seguir entrenándolos para que cada vez se brinde una mejor atención”, recalca Noelia Hewitt.

Además, la doctora explica que otra estrategia para mejorar el programa es la necesidad de realizar alianzas entre las universidades y los programas de atención para evaluar la eficacia de los mismos. En ese sentido, no solo se atenderían y acompañarían a las víctimas, sino que se vería el impacto que tuvo, su evolución e importancia. 

Adicional a esos esfuerzos que el gobierno está haciendo para brindar atención a víctimas del desplazamiento, en el país las organizaciones sociales también han tomado un papel muy importante al abrir y generar espacios de memoria y reconciliación entre víctimas y victimarios. Una de estas, es la fundación Ágape por Colombia. Para Rusbelcy Granados, las organizaciones sociales han tenido gran significado en el proceso de apoyo. Pues el Estado y el gobierno la dejaron sola mientras que tanto ACNUR como Ágape la apoyaron en su proceso de reparación.

“ACNUR me brinda atención psicológica y es ahí donde ya pude desahogarme y hablar tantas cosas que tenía calladas y esa fue mi salvación”. Mientras algunas lágrimas corren por su rostro, Rusbelcy recuerda que los pensamientos de quitarse la vida por el miedo y los recuerdos eran recurrentes. Si no hubiera sido por esta atención, es probable que lo hubiera hecho o que la venganza la llevara a actuar de manera violenta contra sus victimarios. La atención fue tanto personal como grupal y a través de diferentes actividades se sintió apoyada, pero asegura que “aún hay cosas que me quedan difíciles de hablar, pero mi meta es ya poderlo hablar sin que me duela”. 

Al desplazarse a Villavicencio por las amenazas, Rusbelcy encontró refugio en la fundación Ágape. “Estaba yo sin plata sin nada y mis hijos llevaban ya 8 días sin estudiar”. Al estar en esta situación decidió encadenarse en la gobernación y allí llegaron diferentes medios, y representantes de fundaciones, entre las cuales estaba el exsargento César Augusto Lasso. Allí, él le dio su contacto para empezar a brindarle apoyo. 

Después de esto, Rusbelcy empezó a asistir a las reuniones de perdón y reparación de la fundación, le brindaron los medios para empezar a trabajar vendiendo tintos y ‘mecato’ con sus hijas y, además, los insumos médicos para atender a uno de sus hijos: “Para mi Ágape es mi motor de vida. La fundación ha sido mi bastón y desde que conocí al Sargento Lasso no me han dejado abandonada”, asegura Rusbelcy a medida que deja salir una sonrisa y sus ojos le empiezan a brillar.

El exsargento César Augusto Lasso es su actual representante legal y ha vivido en carne propia el conflicto armado. El 18 de junio de 1988, Lasso se vinculó a la Policía. 11 años después, el 1 de noviembre de 1998, cuando las Farc se tomaron a Mitú, fue secuestrado.  Este suplicio duró 14 años y el 2 de abril de 2012 fue liberado. “Esta situación me permitió conocer la guerrilla por dentro, pude entender que ellos son personas como uno y perdonar lo que me hicieron”, recuerda César Augusto.

La fundación Ágape por Colombia se creó en 2006 para recibir refugiados que viven en el exilio, personas que fueron víctimas de reclutamiento de menores, secuestro, desaparición forzada, minas antipersona, desplazamiento forzado, abuso sexual al igual que miembros de comunidades indígenas y de la sociedad civil. Allí, se facilitan espacios seguros donde víctimas y victimarios realizan experiencias de convivencia. “Permitimos que las personas cuenten sus historias y que desahoguen la frustración, odios o miedos que tienen. Generamos estos espacios de conexión en el dolor, para entender al otro y abrirle camino al perdón”, cuenta César.  Así, dichos espacios de escucha generan confianza y les permiten sanar, conocer la verdad y así seguir adelante. 

“En Colombia no hay una atención sistemática profesional y continua hacia la víctima en este aspecto. Sin contar las otras situaciones difíciles que enfrentan”, asevera César Lasso. Por eso, en todo este proceso de acompañamiento en salud mental es importante la intervención especializada y los espacios donde las mismas víctimas sean las protagonistas. Donde sean escuchadas y puedan sanar haciendo uso de diferentes herramientas como los talleres en grupo y la música, construyendo una memoria conjunta. De esta manera trabaja don Andrés con su comunidad desde Ovejas: “Tengo una escuela de gaitistas en las que congrego niños para que se puedan ver con los adultos, estrechar sus manos y comenzar a hacer memoria”. 

Se puede decir que, “el fenómeno del desplazamiento persigue, no es que: se van porque queremos el terreno, las personas siguen siendo perseguidas”, indica el doctor González. Además de las afectaciones en la salud mental, el dolor de los recuerdos y las vivencias de lo ocurrido: “Ser desplazado es lo último que le puede pasar a un ser humano, es lo último que puede pasar por la mente de una persona. Es una cosa que uno no encuentra cómo describirla, es algo muy crítico”, enfatiza don Andrés. 
 

Actualizado el: Lun, 02/01/2021 - 09:26

Por: Paola Benjumea Brito - Consejo de Redacción

La Ciénaga Grande de Santa Marta ha sufrido en las últimas décadas un proceso de deterioro ambiental. Miles de hectáreas de bosque de manglar han muerto y algunas especies de peces y moluscos, que antes abundaban en sus aguas, han desaparecido debido a la falta de intercambio del complejo lagunar con los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Magdalena y el mar Caribe.

Lo anterior como consecuencia de la hipersalinización y desecamiento del complejo lagunar debido a la construcción de la vía Ciénaga – Barranquilla a finales de la década de los 60, el carreteable Palermo- Sitionuevo –Salamina en los años 70 y otras acciones como el desvío de los ríos provenientes de la Sierra Nevada y la construcción de diques y terraplenes por finqueros para el beneficio de cultivos de palma, banano y ganadería.

Para rehabilitar la laguna costera más grande y productiva del Caribe colombiano, declarada humedal Ramsar en 1998 (una lista que incluye los humedales de mayor importancia en el mundo) y reserva de la biosfera por la Unesco en el 2000; en 1992 se inició el proyecto Prociénaga, un esfuerzo de cooperación interinstitucional colombo – alemana.

Entre 1995 y 1998 se realizaron obras hidráulicas que consistieron en el dragado de cinco caños que alimentan la ciénaga: Clarín, Alimentador, Torno, Aguas Negras y Renegado para restablecer el intercambio hídrico con el río Magdalena. Además, a los caños Aguas Negras y Renegado les construyeron compuertas para regular la entrada de sedimentos del río.

Estas obras, según el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), que desde 1999 realiza los monitoreos de calidad del agua (contaminantes, oxígeno, salinidad, PH, metales pesados, hidrocarburos y coliformes), cobertura vegetal y recurso pesquero, dieron resultados positivos los primeros años. Pero la falta de mantenimiento de los caños, junto con las condiciones del fenómeno del Niño, que cada vez que ocurre reduce las lluvias y con ellas las corrientes de los ríos, influyeron en el incremento de la salinidad y la ‘muerte del manglar’ en la Ciénaga Grande.

Para el dragado y mantenimiento de los caños principales y secundarios de la Ciénaga Grande, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) suscribió, a través de licitación pública, 15 contratos, entre el año 2006 y noviembre de 2019. Estos sumaron $254 890 millones, sin incluir las adiciones, de acuerdo con la información suministrada por la entidad y encontrada en el Secop (portal estatal encargado de hacer pública la contratación).

Cuestionamientos a contratos

Como resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en el 2017, el ente de control realizó hallazgos sobre la contratación de Corpamag. En algunos de ellos evidenció que dicha entidad contrató obras de dragado y mantenimiento de caños con una duración de 15, 13 y siete años y con violación de los principios contractuales de selección objetiva, transparencia, planeación, economía y pluralidad de oferentes. Además, que sobre estos contratos no se ejecutó correctamente las labores de supervisión y vigilancia sobre la calidad de las obras y sus correspondientes impactos.

Tras la expedición de la Ley 981 de 2005, Corpamag licitó el contrato 01 de 2006, cuyo objeto era la “recuperación, conservación y mantenimiento mediante dragado de 3.543.333 m3 de sedimentos en los caños Clarín Nuevo, Torno, Almendro, Alimentador, Aguas Negras y Renegado, incluyendo las trampas de sedimentación y el manejo de compuertas de los caños Aguas Negras y Renegado”. El plazo del contrato era de 15 años y se financiaría con el 80 % del recaudo de la sobretasa ambiental, proyectado en $25 633 277 673. Dicho contrato fue adjudicado al consorcio Ciénaga Grande como único proponente, del cual hace parte la empresa Servicio de Dragados y Construcciones S.A. El contrato fue adicionado en 2015 por $7 860 439 296.

La Contraloría encontró que hubo fallas en la planeación y posterior supervisión de este contrato. A los seis años después de haberse suscrito, los resultados del mismo fueron objeto de valoración gracias a un informe técnico del Invemar, refrendado por la CGR al señalar que “los monitoreos realizados daban cuenta que la recuperación no se hacía de manera integral”.

En 2012, Corpamag firmó el contrato No. 064 de 2012 con la firma Servicios de Dragados y Construcciones S.A., cuyo objeto era la “(…) recuperación de caños y obras complementarias del complejo deltaico estuarino del Río Magdalena en el Departamento del Magdalena”. El valor de este contrato fue de $6 970 404 288. De nuevo, la empresa fue el único proponente en la licitación.

Tras el aumento de la sobretasa ambiental -hecho generado por la expedición de la Ley 1718 de 2014, por medio de la cual se modifica el artículo 5° de la Ley 981 de 2005 que aumentó la base gravable de la sobretasa ambiental al 8 %. -, Corpamag adjudicó el contrato No. 093 de 2014 cuyo objeto es “contratar las obras de recuperación y mantenimiento de caños principales y secundarios del Complejo Deltaico Estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta CDE-CGSM”. El contrato tiene un plazo de 15 años y un valor de $80 628 474 087 con cargo a la sobretasa ambiental. Fue adjudicado, nuevamente, a Dragados y Construcciones S.A., como único proponente en la licitación.

Según información proveniente de la Superintendencia de Sociedades, el contratista solicitó en el año 2017 admisión al proceso de reorganización que regula la Ley 1116 de 2006, proceso en el cual quedó develada la pelea entre sus socios -la familia Williams- por la no inclusión de varios contratos entre los activos de la sociedad y la mora en el pago de obligaciones parafiscales como los giros correspondientes al Sena (Expediente 47571 S. de S.).

Por las posibles irregularidades en la adjudicación de estos contratos, la Fiscalía General abrió una investigación en contra de Orlando Cabrera Molinares, exdirector de Corpamag, el contratista y las firmas interventoras, por la eventual comisión de varios delitos, entre ellos interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en beneficio de terceros y concierto para delinquir, cometidos al parecer en los procesos licitatorios estructurados bajo la dirección de Cabrera Molinares.

Para la Contraloría el primer contrato debió tener un plazo menor pues “no se estaba haciendo un trabajo integral de recuperación sino una recuperación parcial de las zonas”. Además, señaló que a ambos contratos les hicieron varias adiciones de recursos. El 01 de 2006 tuvo 12 adiciones por un valor de $16 428 millones, por lo que al cierre de la vigencia fiscal 2017 su costo total ascendía a los $41 549 millones; en paralelo, al contrato 93 de 2014 se le adicionaron $403 millones, con lo cual, al cierre de la vigencia fiscal 2017 su costo total ascendía a los $81 028 millones.

El director del Invemar, capitán Francisco Arias, aseguró que cuando se contrataron estas obras le manifestaron a Corpamag la necesidad de hacer un monitoreo de la carga sedimentaria que ingresa a la ciénaga por el río Magdalena, pero la Corporación no quiso que ellos lo hicieran. “Entiendo que ese monitoreo era parte del trabajo que tenían que hacer los que estaban dragando. En la administración de Orlando Cabrera – exdirector de Corpamag- nosotros nunca recibimos información sobre eso”, advirtió.

El indicador para saber si las obras hidráulicas están funcionando o no, según Arias, es la salinidad. “A partir de 2007 y 2008 empezamos a ver que la salinidad comenzó nuevamente a aumentar, levantamos las alarmas y dijimos que el mantenimiento no estaba funcionando, estábamos recibiendo una señal de salinidad que no era buena y que inmediatamente empezó a trasladarse a la pérdida de cobertura vegetal y la disminución de la pesca”, dijo.

La doctora en Ecología y Medioambiente y docente de la Universidad de los Andes, Sandra Vilardy, autora del libro Repensando la Ciénaga: nuevas miradas y estrategias para la sostenibilidad en la Ciénaga Grande de Santa Marta, denunció que el dragado de la mayoría de los caños, en lugar de beneficiar la conectividad ecohídrica de la Ciénaga Grande, lo que hace es afectar el funcionamiento del delta, que es la acumulación de sedimentos en la desembocadura de los ríos en el mar, que se constituyen con el tiempo en tierra muy fértil; y habilitar suelos para cultivos. Además indicó que nadie está evaluando la técnica de estos dragados.

“El Invemar alguna vez le hizo una recomendación a Corpamag para que hiciera los dragados, incluyendo técnica de espina de pescado para que pueda entrar el agua al manglar. Y han hecho un par de pilotos, pero el diseño del dragado va en contra de la naturaleza de la ciénaga que es un delta, que no tiene profundidades muy grandes, por lo tanto el interés de cavar profundo no es lo que necesita el sistema, sino que con el pulso de inundación del río el agua entre a la totalidad de unidades del delta y, sobre todo, se expanda e inunde el bosque de manglar y los otros tipos de humedales del complejo”, expresó Vilardy.

También cuestionó la efectividad de los mantenimientos de las obras hidráulicas en la Ciénaga Grande, con base en el análisis con imágenes satelitales realizado en 2017 por Fernando Jaramillo, quien trabaja con la Universidad de Estocolmo y el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Este arrojó que entre 2007 y 2011 las entradas de agua dulce al humedal se identificaron solo cuando la descarga diaria promedio de agua en el río superó los 700 metros cúbicos, que corresponde al 30 % de los días durante ese periodo.

A esto se suma que, según Arias, todas las obras de dragado y mantenimiento de caños se contrataron con base en el modelo hidráulico que recomendó Prociénaga en los años 90, sin tener en cuenta los cambios geomorfológicos por los sedimentos y fenómenos como la Niña, que trae grandes lluvias y, por lo tanto, el aumento en los caudales, que ha tenido el complejo lagunar. El modelo original, que no contempló las entradas de agua de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, solo fue actualizado a comienzos de 2019.

El ingeniero civil e investigador Manuel Alvarado Ortega, exdirector del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores de Cormagdalena y la Universidad del Norte y del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de Uninorte, agregó que para la Ciénaga Grande no existe a la fecha una base de datos topográfica, hidráulica y sedimentológica ni una valoración de su evolución en el tiempo, que permita conocer el comportamiento de los caños y canales en función de los niveles del río Magdalena.

“Las únicas mediciones regulares que se realizan desde 1999 son las de calidad de agua, ejecutadas mediante los convenios Corpamag e Invemar. En los últimos años hay un trabajo del Ministerio del Ambiente e Invemar para contar con un modelo hidráulico del sistema, pero por la falta de información histórica, la valoración hidráulica/sedimentológica posible en estos momentos es cualitativa. Los diseños de los dragados de Corpamag se realizaron sin el conocimiento hidráulico y sedimentológico del sistema”, expresó Alvarado, quien actualmente es consultor en hidráulica de ríos y costas.

Al diseñar los dragados sin tener en cuenta la ubicación del nivel freático (aguas acumuladas en el subsuelo), lo que lograron con la profundización, según Alvarado, fue el descenso de este nivel, con aporte de agua subterránea hacia el canal dragado, en perjuicio del tipo de mangle existente como se observa alrededor del caño Clarín Viejo, práctica que se usa para desecar terrenos.

“Lo que se necesita es recuperar el delta con importantes aportes de agua y sedimento del río. Una recuperación ecológica, que es fundamental para la vegetación y la población”, afirmó Alvarado.

Por su parte, Arias también reveló que la forma como se ejecutaron la mayoría de los dragados no era la adecuada porque los sedimentos que sacaban eran depositados en los bancos del canal del caño, formando unos diques que impedían que el agua dulce inundara los planos donde están los manglares, lo cual es muy importante en los procesos de restauración porque esos suelos que se habían desecado, al no recibir agua dulce, se salinizan impidiendo el crecimiento del manglar o la vegetación.

“Para nosotros esa era una preocupación desde hace muchos años, esta administración de Corpamag (Carlos Francisco Díaz Granados) la entendió y en los dragados que se están haciendo ahora ese material ya no se deposita de esa manera. Nuestra recomendación fue que se hiciera en forma de espina de pescado, que requiere una ingeniería que se puede hacer con las comunidades”, explicó el director del Invemar.

 

 

Más irregularidades

En la auditoría realizada por la Contraloría también hallaron irregularidades en los contratos suscritos entre los años 2016 y 2019, durante el periodo del actual director de Corpamag, Carlos Francisco Díaz Granados, quien fue reelegido en octubre de 2019.

En el contrato 152 de 2016, cuyo objeto es la recuperación hidráulica del caño Clarín Viejo, como aporte a la restauración del ecosistema de bosque de manglar de la Vía Parque Isla de Salamanca, la Contraloría evidenció falencias en el principio de planeación, es decir, posibles violaciones al principio de transparencia. En los estudios previos, el objeto del contrato y el presupuesto de obra no quedó establecido, al igual que los soportes necesarios para demostrar la necesidad de realizar la construcción de una estructura de protección de la embocadura o entrada del caño Clarín Viejo; es decir, la decisión de construir dicha estructura se tomó durante la etapa de ejecución del contrato, por lo que el contratista solicitó una prórroga de tres meses, lo que generó un retraso en la obra.

El contrato fue suscrito inicialmente por $3911 millones. El ente de control señaló que la primera modificación de este contrato consistió en una adición presupuestal de $1132 millones –es decir, por casi el 50 % del valor inicial– y una prórroga de un mes, con fecha 22 de diciembre de 2016. Dado que el contrato inició su ejecución el 27 de diciembre de 2016, la adición y la prórroga se celebraron antes de haber iniciado la ejecución. Así las cosas, sin haber empezado el contrato, su costo total había incrementado hasta $5000 millones.

La explicación de Corpamag a la Contraloría fue que dos meses antes de la ejecución del contrato se solicitó una adición de recursos porque hubo que modificar el diseño inicial del caño Clarín Viejo. Para cubrir los gastos adicionales, Corpamag y el Instituto Nacional de Vías (Invías) hicieron una adición de $2217 millones al Convenio Interadministrativo que ambas entidades habían firmado previamente. 

Otro ejemplo de la mala planeación es el contrato 206 de 2016, cuyo objeto es la restauración ambiental del sector oeste de la Ciénaga Grande de Santa Marta (caños Bristol, Cobado y Caleta del Tambor). Ese contrato fue suscrito con el Consorcio Dragados PVC, del que hace parte la firma Panamerican Dredging & Engineering SAS, que es recurrente en varios contratos con Corpamag.

La Contraloría cuestionó que en la elaboración de los estudios previos Corpamag no contempló la afectación de caños secundarios ni la necesidad de intervenirlos para lograr la efectividad de la obra contratada.

En consecuencia, a este contrato, que tenía un valor inicial de $17 104 millones, financiados con recursos del Fondo Nacional Ambiental, le hicieron una adición de $4979 millones en agosto de 2017 para el dragado de los caños secundarios Machetico, Ahuyama, Pajaral y Covado II, pertenecientes al sector intervenido.

El ente de control también recordó que debido al delicado estado de la Ciénaga Grande fue incluida en el Registro Montreux, listado donde aparecen los humedales de importancia internacional que se encuentran amenazados y presentan mayor deterioro. En el Informe de Asesoramiento de la Misión Ramsar en 2016 se recomendó replantear las obras hidráulicas que se venían ejecutando en el complejo lagunar, con el fin de garantizar el intercambio hídrico y que el ecosistema recupere su dinámica natural.

Pese a esto, la Corporación suscribió el contrato 310 de 2018 para el mantenimiento de caños y ríos que alimentan la Ciénaga Grande, con un plazo de ejecución de 13 años, similar a los dos contratos suscritos en 2006 y 2014 que fueron cuestionados por la Contraloría por la falta de transparencia y baja efectividad. Dicho contrato fue adjudicado a Panamerican Dredging & Engineering SAS por valor de $52 753 millones de pesos y se empezó a ejecutar el 21 de enero de 2019.

De dónde sale la plata

En la revisión de los contratos suscritos por Corpamag entre el año 2006 y noviembre de 2019 para el dragado de sedimentos y caños en la Ciénaga Grande de Santa Marta, llama la atención que aparecen los nombres de las mismas firmas.

Entre 2006 y 2014, siendo director Orlando Cabrera -quien fue reelegido cuatro veces en el cargo-, le adjudicaron seis contratos (dos de ellos con una vigencia de 15 años) a la firma Servicios de Dragados y Construcciones S.A., que tenía como representantes legales a los hermanos Robert John y Michael David Williams Moreno.

Igualmente, entre 2016 y 2019, durante el periodo del actual director de Corpamag, Carlos Francisco Díaz Granados –primo hermano del representante Eduardo Díaz Granados Abadía, impulsor de la Ley 1718 de 2014–, se adjudicaron cuatro contratos a la empresa Panamerican Dredging & Engineering, cuyo representante legal es Carlos Guerrero Acosta. En estos participó por su cuenta o como parte de un consorcio integrado por las firmas Vías y Dragados SAS y Compañía de Equipos Pesados SAS.

Los contratos de mayor cuantía y los que se hicieron a 13 y 15 años son financiados con la sobretasa ambiental, creada por la Ley 981 de 2005, como mecanismo de compensación por la afectación o deterioro derivado de la vía Ciénaga – Barranquilla.

La Ley 981 de 2005 establecía la tarifa del 5 % sobre la base gravable del valor total del peaje a pagar por cada vehículo que transite por la vía Ciénaga-Barranquilla. Estos recursos tienen como destinación la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a la recuperación y conservación de las áreas afectadas por las vías, pero casi el 80 % se destinan a obras de dragado, incluso comprometiendo vigencias futuras hasta por 15 años.

La Ley 1718 de 2014 modificó la 981 de 2005 aumentando el valor de la tarifa a aplicar sobre la base gravable de la sobretasa ambiental del 5 al 8 %. El proyecto fue impulsado en el Congreso por el entonces representante a la Cámara por el Magdalena, Eduardo Díaz Granados Abadía, quien antes de ser elegido congresista fue nombrado en 2003 por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez como representante del Gobierno Nacional en el consejo directivo de Corpamag, en el que participó durante siete años.

Uno de los contratos beneficiados con la modificación de la Ley 981 de 2005 fue el 93 de 2014. Al entonces director de Corpamag, Orlando Cabrera, le autorizaron, a través del acuerdo 08 del 28 de julio de 2014, comprometer el 3 % adicional de los recursos de la sobretasa ambiental desde 2015 hasta 2020, pues el 5 % ya estaba comprometido hasta 2020, y la totalidad de la tarifa que se aplica al recaudo, es decir el 8 %, desde 2021 hasta 2030.

Con estos recursos adicionales, Corpamag amplió la proyección de los caños y cuerpos de agua a intervenir hasta 2030: Caño Clarín, Aguas Negras, Renegado, El Torno, Almendro, Bristol, El Cuervo, Hojas Anchas, El Burro, Hondo, Alimentador, Señora, La Mata, El Salado, Cuatro Bocas (km 12 Clarín), Schiller, Márquez, Ahuyama, Grande Ferrán, Frayle, Arenque, El Condazo, Ciego, Limón, Dividivi, Vicente Caballero, La Ceja, El Oso, Guaimito, Canal Circunscrito, Ciénaga Cherlene y Canal El Deshecho.

Las intervenciones, según Corpamag, se harán en los caños priorizados solamente en sus puntos críticos y se encuentran programadas para ser ejecutadas en 15 años, es decir, un promedio anual de 370 500 metros cúbicos de dragado, con lo que se logra dragar de 20 a 22 kilómetros por año.

De acuerdo con el artículo de Semana.com La ciénaga era grande, publicado en marzo de 2015, del contrato 93 de 2014 llama la atención que a un caño como Schiller, que solo tiene cinco kilómetros y baña unas fincas palmeras y ganaderas de las familias Caballero, Pérez y Zambrano, le van a remover 500 000 metros cúbicos de sedimentos. Mientras tanto, al caño Ciego, que nace en la ciénaga de San Antonio, atraviesa los municipios de Cerro de San Antonio, El Piñón, Salamina, Remolino, Pivijay y El Retén en 60 kilómetros, solo le removerán 50 000 metros cúbicos.

“Esa entidad (Corpamag) está más preocupada por garantizar el agua a los palmeros y ganaderos, que en salvar los caños que alimentan la ciénaga o que recorren zonas de campesinos pobres o pescadores”, dijo un líder de la zona citado por Semana.com.

Nuevos contratos

Pese a los cuestionamientos sobre los contratos de dragado, Corpamag le sigue apostando a estas obras hidráulicas para la recuperación de la Ciénaga Grande. El pasado 31 de diciembre, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Caribe aprobó tres proyectos por $77 322 millones para la recuperación del sector occidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, a través del dragado de los caños Hondo, Martinica, Renegado, Condazo y la Ciénaga de Buenavista, que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

La licitación pública se abrió el 22 de abril de 2020, pero se declaró desierta el 18 de mayo porque no se presentó ningún proponente en el plazo establecido en el cronograma. Posteriormente se abrió un proceso licitatorio abreviado.

El proceso se cerró el pasado 23 de junio con tres proponentes, conformados por 10 empresas, entre ellas Servicios de Dragados y Construcciones y Panamerican Dredging & Engineering. Finalmente el contrato se adjudicó el 11 de agosto de 2020 al Consorcio PHDV, integrado por Panamerican Dredging & Engineering SAS, con el 50 % de participación; Vías y Dragados SAS, con el 30 %, y CM Ingeniería y Construcción SAS, con el 20 %. De acuerdo con la ley, para los procesos abreviados no es válido introducir cambios sustanciales respecto de los pliegos definitivos de la licitación pública que se declaró desierta. Llama la atención que, para el proceso abreviado, sí se hayan presentado tres proponentes ante un proceso que no tiene prepliegos; ¿hubo cambios significativos o sustanciales a los pliegos?

Es igualmente llamativo que la empresa CM Ingeniería y Construcción SAS, habiendo nacido el 9 de junio de 2015, ya ostente el 20 % de un contrato de esa magnitud. Y que no exista un gran detalle de qué actividades va a desarrollar, pues pese a que en la figura de los “consorcios” no es necesario realizar esa descripción, en el caso de una unión temporal sí habría que hacerlo.

Este nuevo proyecto se diferencia de los otros porque, al parecer, acoge la metodología de la espina de pescado de la que hablan los expertos. Sin embargo, no ha estado exento de críticas. El senador José David Name y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, reprocharon que los proyectos no contaran con licencia ambiental.

“Los proyectos técnicamente no están bien elaborados, necesitan control por parte de la Anla. No sabemos qué interés hay para desarrollar unos proyectos que tienen serias dudas. Lo mínimo que deben tener unos proyectos con los que piensan dragar la Ciénaga Grande de Santa Marta es que tengan licencia ambiental”, dijo Name en enero pasado en declaraciones a medios de comunicación.

En agosto pasado, el gobernador Caicedo volvió a hacer reparos a los proyectos y se refirió a un pronunciamiento de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que considera que estas obras podrían afectar negativamente al Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta “ya que se entiende como una propuesta de canalización que no deja entrar el agua del río Magdalena al complejo lagunar en temporada de aguas altas y que amenaza con desaguar el Santuario durante las sequías”, indicó el mandatario en un comunicado.

Ante los cuestionamientos, el director de Corpamag, Carlos Francisco Díaz Granados, aseguró que estos proyectos no fueron elaborados de manera improvisada, sino que se formularon en 2017 y no requieren licencia ambiental de la Anla. Además que fueron estudiados, evaluados y viabilizados por el Ministerio de Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), pero no pudieron acceder en 2018 y 2019 a recursos del Fondo Nacional Ambiental porque el Gobierno Nacional los congeló, por lo cual la exgobernadora Rosa Cotes los radicó ante el Ocad Caribe.

“Corpamag reitera que las intervenciones que adelanta en la Ciénaga Grande de Santa Marta se basan en estudios y análisis realizados conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Costera y Marinas (Invemar), con el fin de disminuir la salinidad del ecosistema, buscando su recuperación ambiental. Por esta razón formuló y gestionó tres grandes proyectos con recursos del Ocad Caribe, los cuales permitirán oxigenar sus aguas, limpiar sus suelos y mejorar las condiciones ambientales del sector”, dijo la entidad en un comunicado.

Lo cierto es que con la ejecución de estos proyectos se espera que no se repitan los mismos errores de las obras anteriores y realmente se vea la recuperación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, uno de los ecosistemas más importantes del país y el mundo.

 

 

¿Quiénes son los principales contratistas?

SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS

La firma Servicios de Dragados y Construcciones SAS tiene su domicilio principal en Barranquilla y su objeto principal es la prestación de toda clase de servicios de dragados fluviales y marítimos, minería de aluvión, estabilización y adecuación de playas y riberas, construcción de muelles defensa, espolones y diques construcción de embalses, represas y lagunas; perforación y construcción de pozos de agua; estudios hidrográficos y batimétricos; diseño y consultoría de los anteriores en Colombia y fuera del país.

Fue constituida por escritura pública No. 1.431 del 1 de junio de 1988 y registrada ese mismo año como sociedad limitada en la Cámara de Comercio de Barranquilla. En 2007, a través de la escritura pública No. 668 del 6 de marzo, se transformó en sociedad anónima y, según acta No. 01- 2016 del 29 de marzo de 2016 correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, se transformó en sociedad por acciones simplificada bajo la denominación de Servicios de Dragados y Construcciones SAS.

El actual gerente de Servicios de Dragados y Construcciones SAS es Christopher Williams Moreno y su suplente es Roberts Williams Moreno.

PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS

Es una sociedad por acciones simplificadas –SAS- matriculada el 18 de septiembre de 1996 con domicilio registrado en la ciudad de Cartagena. Esta empresa fue fundada por el ingeniero Carlos Guerrero Acosta, luego de participar con otras firmas de dragado en diferentes proyectos en Colombia y Centroamérica, y se dedica principalmente a construcción de otras obras de ingeniería civil, como construcciones marítimas y fluviales, obras hidráulicas en ríos, canales, ciénagas recuperación de sistemas lagunares deltaicos y obras de conservación del medioambiente.

Inició sus operaciones en Cartagena con el dragado y relleno hidráulico en las instalaciones del Hotel Dann en Manzanillo del Mar con la Draga Don Roberto.

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de La Magdalena (Cormagdalena) le adjudicó en 2017 el contrato para el mantenimiento del canal navegable mediante dragado hidráulico y mecánico del río Magdalena en el sector comprendido entre Barrancabermeja (Santander) – Pinillos (Bolívar) por 9 246 millones de pesos.

La Capitanía de Puerto de Cartagena le formuló cargos el 30 de abril de 2019, dentro del procedimiento administrativo sancionatorio No. 15022017-042 contra la sociedad Panamerican Dredging & Engineering SAS, cuyo representante legal es Carlos Alfonso Guerrero Acosta, en su calidad de propietaria y armadora de la motonave Calamar en razón de una presunta violación a normas de marina mercante colombiana.

VÍAS Y DRAGADOS SAS

Esta sociedad por acciones simplificada tiene domicilio en Barranquilla y se dedica a la construcción de otras obras de ingeniería civil.

COMPAÑÍA DE EQUIPOS PESADOS SAS (COMEPSA)

Esta sociedad tiene domicilio en Cartagena y presta servicios de ingeniería civil, especializados en dragados hidráulicos y mecánicos, pilotaje y construcción de muelles.

MAKAIRA CONSTRUCCIONES SAS

Es una sociedad por acciones simplificada creada el 12 de diciembre de 2014, que tiene su domicilio en Santa Marta. Está dedicada a la construcción de otras obras de ingeniería civil. El representante legal es Aníbal Valencia Rojas.

INVERSIONES ESPIDEL & CIA. S. EN C

La empresa Inversiones Espidel & Cia. S. En C. se dedica a la construcción de otras de ingeniería civil. Opera en el mercado colombiano desde el año 2004.

Actualizado el: Jue, 12/17/2020 - 23:03

Por: Carol Sánchez - Rutas del Conflicto y Mongabay Latam

Nazareth Cabrera es como la manicuera, dicen. Todo lo que es amargo, todo lo que es envidia, todo lo que es cansancio ella lo endulza y lo vuelve bueno; lo que es oscuro lo vuelve claro. Lo dicen en su territorio y lo cuenta Jerbacio Guerrero, capitán de la comunidad indígena Uitoto de Mesay, de la que ella es lideresa. Que Nazareth es como esa bebida sagrada que nace de la yuca: absorbe la palabra, la filtra y la entrega dulce, pero fuerte.
 
En medio de la selva amazónica colombiana, en Araracuara, Caquetá, Nazareth ha sabido defender a su gente y a su tierra de la amenaza minera, del acoso de los grupos armados ilegales y de las visiones occidentales que buscan imponerse. Dicen de ella, también, que a sus 52 años no le teme a nada y que su fuerza la tienen pocos. Se le nota.
 
En el territorio que Nazareth habita, el resguardo Andoque de Aduche, el pueblo Uitoto convive con tres más: Andoque, Muinane y Nonuya. Según la leyenda, es tierra sagrada. Eso no impidió que en 2014 el gobernador del resguardo, Milciades Andoque, le pidiera a la Agencia Nacional de Minería que declarara Zona Minera Indígena casi el 99% de la región. Tres años más tarde, Levy Andoque, hijo de Milciades, convenció a varios “abuelos” —guías espirituales indígenas— de firmar un documento pidiendo lo mismo.
 
Cuenta Nazareth que a los abuelos les prometieron que con la minería ya nunca más tendrían hambre ni les faltaría la plata, que les contaron muchos cuentos y ellos los creyeron, a pesar de que ella trató de advertirles. “Uno les dice: abuelo, eso es mentira, nadie regala plata. Y ellos preguntan que por qué los engañan. Pues abuelo, es para que usted firme no más. ¿Y quién se llena los bolsillos? Los compañeros líderes que viven en la ciudad”, dice.
 
No hay que hacerse muchas preguntas para entender por qué los abuelos firmaron: en Colombia, el índice de pobreza multidimensional para la población indígena es 2.5 veces más alto que el del promedio nacional. “Yo escuchaba que un abuelo decía: es que yo necesito plata, yo necesito vestirme, porque con la cáscara de yuca no me voy a vestir”, recuerda Nazareth. Ella, que había visto años atrás a otros abuelos esperar con costales en mano —y sin ningún éxito— a una avioneta que llegaría llena de plata para repartir, sabía que ese tipo de promesas no se cumplen.
 
Entendía, además, los peligros de la minería: la contaminación del agua, la disminución de los caudales del río, los deslizamientos, la desaparición de animales y plantas, entre otros. No solo eso, también la parte espiritual. “Mi mamá dice que el oro es la representación de la belleza de la madre tierra. El oro, nos decía, es el que le da el calor: si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, en un futuro va a venir lo que no queremos mencionar”, cuenta Nazareth.
 
Que el resguardo se convirtiera en zona minera era algo que ni ella ni otras seis mujeres uitoto querían permitir. Entonces se pusieron de acuerdo y en el 2017 le pidieron a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) que las ayudara a presentar una acción de tutela frente a la Corte Constitucional. Querían tener una consulta previa. En Colombia, esta es la figura de participación que tienen los pueblos indígenas para decidir si aprueban o no cualquier proyecto que incluya sus tierras. Aunque es obligatoria, en Araracuara no se había hecho.
 
La tutela la presentaron a escondidas de los líderes indígenas hombres y ellos nunca supieron quiénes la habían impulsado. “Nosotras pensamos: cuando se enteren los Andoques, nos van a desterrar”. A la pregunta de si es mejor, entonces, no hacer la revelación en este escrito, Nazareth responde que no: “Nosotras las mujeres indígenas no podemos seguir callando cada que un hermano nuestro que vaya a la ciudad, y se le de la oportunidad de estar en espacios políticos, haga lo que quiera con su territorio y con su gente.”
 
Al final, la Corte Constitucional les dio la razón y  ordenó a la Agencia Nacional de Minería que, antes de declarar a Araracuara como zona minera, debía hacer una consulta previa. Al enterarse, mucha gente en su comunidad estaba contenta, “dijeron que eso era lo justo”. Tres años han pasado y no ha habido ni consulta previa ni declaración. Aún así el riesgo sigue presente, pues todavía hay personas tratando de convencer a quienes viven en el resguardo.
 
Que Nazareth actúe con firmeza no la hace inconsciente del peligro que significa defender estas causas en el país con el mayor número de asesinatos a líderes  ambientales en el mundo durante 2019. La valentía la encuentra en las tradiciones de su pueblo. “Para tratar temas de medio ambiente o para ser líder a uno le toca defenderse con la sabiduría ancestral. En mi caso, para protegerme, yo tengo el ambíl (producto tradicional Uitoto a base de tabaco). Luego en el sueño, por medio de él, los ancianos se me presentan y me dicen: "tu camino es este, coje fuerza, sigue adelante".
 
Se le nota: no le teme a nada. Su fuerza la tienen pocos.

La palabra dulce

“Yo diría que es la mujer Amazonas más Amazonas que yo he conocido”, dice Fanny Kuiru, Coordinadora Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la OPIAC. Está convencida de esto porque ha visto de cerca como muchas veces Nazareth, a costa de su propia seguridad, ha denunciado lo que nadie más se atreve.
 
Cuando todavía era tabú siquiera mencionar la palabra “violación” en las comunidades indígenas, Nazareth se dedicó a documentar casos de abusos sexuales a niños, niñas y mujeres en su resguardo. “Nazareth empieza a destapar eso y en reuniones lo empieza a decir abiertamente. Ya después, en trabajo con el Bienestar Familiar, demuestra que de verdad sí había una vulneración de derechos tanto de mujeres como de niños”, cuenta Rufina Román, también lideresa Uitoto y secretaria general del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA).
 
Es una mujer de múltiples luchas. Además de la ambiental, Naza, como la llaman, también ha asumido como suya la protección de poblaciones en especial riesgo. Hoy, se desempeña como Coordinadora de Mujer, Juventud, Niñez y Familia del CRIMA. No ha sido fácil. Los pueblos indígenas, al igual que la sociedad occidental, no son ajenos a estructuras excluyentes que limitan la participación de mujeres en espacios de decisión.
 
Dice Nazareth, y lo confirma Jerbacio, que en las reuniones ella solo puede hablar del tema mujer, a pesar de que su trabajo como lideresa se expande mucho más allá. “La misma organización lo limita a uno, pero en este caminar yo me he dado cuenta de que el tema de la mujer es transversal a todo, y lo siento mucho, pero tengo que opinar. Entonces ellos siempre me dicen que yo soy muy conflictiva.”
 
No es esa una opinión definitiva. “En ella yo reconocí esto que maneja tanto la gente en el Amazonas: la ‘palabra dulce’. Es decir, tiene mucha fuerza para decir las cosas, pero la manera en que las dice no es a través de una acción contenciosa o que rompa, sino desde mucha sabiduría”, cree Ángela Santamaría, profesora de la Universidad del Rosario, del Centro de Paz y Conflictos, y del Centro de Estudios Interculturales, ambos de la misma universidad.
 
Debió ser justamente esa palabra dulce la que logró que, a finales de 2001, Nazareth se salvara de ser desterrada de Araracuara por el entonces Frente 15 de las extintas FARC. Había criticado abiertamente, y frente a dos guerrilleros, un atentado que el grupo armado perpetró en el aeropuerto de la región. La guerrilla se había concentrado en la Zona de Distensión del Caguán, conformada también por parte del departamento de Caquetá, para negociar un Acuerdo de Paz con el expresidente Andrés Pastrana. En sus recuerdos, la amenaza fue así:

— Usted sabe que la charapa tiene hambre —le dijeron, refiriéndose a que su cuerpo podría servir de alimento para una especie de tortugas que viven en el río.
— Sí, yo sé que la charapa tiene hambre —respondió.
— La cachama tiene hambre —esta vez hablando de un pez.
— Sí señor, yo sé que la cachama tiene hambre.
— Y la tierra necesita abono.
— Sí, la tierra necesita abono y todos lo vamos a ser.
— Entonces tiene 24 horas para irse.
— No, yo no me voy. Yo no he hecho nada y no me voy. Y, si me van a matar, me matan con mis hijos y así nadie llora, nadie sufre y nadie reclama nada.

Esta vez, cuenta, sí sintió miedo, pero no se paralizó. “A mí se me iluminó el pensamiento y les dije: la última palabra la tiene mi tío Marceliano, porque yo pertenezco a una comunidad y él es el único que toma la decisión sobre mí, no ustedes.” Su tío Marceliano es malokero –gran autoridad indígena– y su guía espiritual. 
Fue con él a contarle lo sucedido y, como ella no era la única amenazada, hubo una reunión entre autoridades indígenas y comandantes guerrilleros. Allí, los pueblos indígenas de la región exigieron que se respetara su derecho a no estar involucrados en el conflicto. Nadie tuvo que irse. 

Y debió ser, de nuevo esa palabra dulce, por la que en el 2018 un grupo de niños indígenas se salvaron de ser reclutados —o tal vez asesinados— por los grupos armados residuales que hoy tienen el control del Medio Amazonas.
 
Para lograr que los menores salieran de forma segura de la zona se enfrentó al Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo, e incluso llevó el caso a las altas esferas del gobierno. El proceso estuvo rodeado de obstáculos, de amenazas y de varios “usted no sabe con quién se metió”, pero, como siempre que se lo propone, lo hizo: hoy los niños están a salvo y ella también.
 
La historia de esta lucha, cree ella, encuentra su raíz muchos años atrás, cuando aún no la llamaban lideresa, sino Nazareth a secas. Se refiere a dos hechos que la marcaron. 

El primero, cuando sólo tenía cinco años y fue enviada desde Araracuara a Bogotá para ser tratada de una enfermedad que le hacía difícil caminar. Los dos años que vivió en la capital los anduvo entre hogares de paso y casas de monjas. Casi que se olvidó de su familia y de su lengua materna –na+pode­–. Sabe lo que es hacer parte de ese sistema y lo que cuesta. Por eso y porque es mamá, dice, le ha invertido tanto tiempo y esfuerzo a defender la niñez.
 
El segundo, el miedo que tenía a que llegara el sábado. “De lunes a viernes mi papá era muy divino, muy hermoso, muy responsable, pero los fines de semana se transformaba. Llegaba borracho a pedirle comida a mi mamá y, si no le gustaba, se la tiraba en la cara. Eso realmente me marcó para trabajar con las mujeres”, cuenta. 

Incluso, a su padre también lo confrontó: “ya no me aguantaba las golpizas que le daba a mi mamá y me le enfrenté. Ahí fue cuando él me dijo: ‘usted es una grosera, porque ninguna de sus hermanas me hace lo que usted hace’. Y yo le dije: ‘grosera no, sino que estoy defendiendo los derechos de mi mamá’.”
 
Es como si todo en ella partiese de una convicción absoluta, como si toda ella fuese una causa incontrovertible.

De la chagra a la ONU

Hija de una partera y sobrina de un malokero, Nazareth tiene sangre de líder. Sus abuelos fueron unos de los primeros en llegar a Araracuara y ella ni siquiera contempla el irse. Es su tierra, en donde tuvo a sus hijos y en donde ha enterrado a sus muertos. 
 
Las veces que ha salido del resguardo lo ha hecho para educarse o para participar en eventos. Uno de ellos, tal vez el más importante a nivel internacional para los pueblos originarios, es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se realiza en Nueva York y al que ha asistido como representante Uitoto cuatro veces consecutivas desde el 2016. En ese espacio ha dado declaraciones respecto al cambio climático, a la defensa ambiental y a los problemas que enfrenta la Amazonía.

La primera vez que participó lo hizo gracias a una beca de UN Foundation que ganó. Fue Isis Álvarez, coordinadora de campaña de Global Forest Coalition, la que la convenció y ayudó a postularse. Se habían conocido dos años atrás y ese tiempo le había bastado a Isis para que, de todas las lideresas indígenas con las que ya había trabajado, fuera Nazareth la primera en quien pensara apenas recibió la convocatoria.

De ese primer evento, Nazareth salió siendo reconocida. Había logrado establecer redes de mujeres indígenas, académicas y diplomáticas que permitieron que los tres años siguientes fuera invitada de nuevo financiada por la Universidad del Rosario y la de Nueva York. Además, fue un nuevo despertar: “Yo escuchaba a varios representantes indígenas hablar sobre la minería ilegal y dentro de mí dije: ay, yo pensé que solo yo en el Caquetá tenía ese problema”. Después de eso, su convicción por la lucha ambiental se hizo más fuerte.
 
“Siempre que ella hace pronunciamientos vienen todos los fotógrafos y la rodean porque es muy bello como los hace: arranca en lengua Uitoto, desde la base, luego habla de temas muy complejos y vuelve otra vez a su origen. Eso ya casi no se ve, porque por lo general asisten profesionales indígenas que ya no tienen esa conexión con su territorio. En cambio, cuando ella habla, lo hace de una manera tan genuina que realmente impacta”, dice Angela Santamaría, quien ha asistido con Nazareth al Foro.

No es solo lo que dice sino también el alcance que tiene. “Todos estos años Nazareth ha hecho pronunciamientos muy contundentes ante la Asamblea General que han nutrido los informes de la relatora especial para pueblos indígenas de la ONU”, añade Santamaría.

 
En el 2018, y antes de irse a Nueva York de nuevo, Nazareth le pidió a su hermano, un artesano muy reconocido en la región, que hiciera un canasto tradicional uitoto. Se lo quería regalar a la presidenta del Foro Permanente,una diplomática inabordable, en palabras de Santamaría. Lo llevó por dos horas y diecinueve minutos desde Araracuara hasta San José del Guaviare en un avión de carga; después anduvo con él hasta Bogotá por nueve horas en un bus y, finalmente, lo cargó con ella para cruzar el continente. “Desde que nos vimos en Bogotá Nazareth me dijo: "yo le llevo este regalito a la presidenta". Yo pensé: "pero, ¿cómo se lo va a entregar?", recuerda Santamaría.
 
Ángela no sabe muy bien cómo —pero debió ser por la fuerza de la palabra dulce—, Nazareth logró entregar el canasto. “De pronto la veo llegar con una foto y me la muestra. Estaba con la presidenta, salían abrazadas. Eso es ella: primero hace un pronunciamiento lleno de profundidad y luego entrega un regalo que mandó a hacer de forma especial. Es una lideresa llena de fuerza y contundencia, pero al mismo tiempo supremamente amorosa y generosa.”
 
Dentro de su comunidad también hace lo propio. Ángela y Nazareth se conocieron en el 2015 durante un diplomado que la profesora dictaba en Guanía y al que la lideresa asistió. Para ese entonces a Nazareth dejó de bastarle adquirir esos conocimientos para ella sola y quiso que la gente en su resguardo también los tuviera.
 
Fue por ella que, de la mano de la Universidad del Rosario y la profesora Ángela, a Araracuara llegaron, por tres años consecutivos, diplomados para formar a jóvenes, mujeres, ancianos y profesores. El primero fue sobre Educación Intercultural; el segundo sobre juventud y conflictos ambientales; y el tercero sobre Mujeres, Juventud y Niñez indígena.
 
“Ella me dijo: Ay, yo quiero que ustedes vayan a Caquetá, que vayan a Araracuara. En muchos lugares me dicen eso, pero pocas veces se concreta. Sin embargo, ella lo hizo y en muy poco tiempo organizó a la comunidad para que fuera posible”, recuerda Santamaría, “todo eso hace que, cuando uno analice su proceso de liderazgo se de cuenta de que su proceso es el ideal, lo que teóricamente se desearía: lideresas de base que llegan al nivel nacional, al internacional, y luego vuelven”.
 
Para el primer diplomado, Nazareth logró que el cura les diera permiso de hacerlo en el internado. Al año siguiente ya no los dejó y, como se quedaron sin lugar, convenció entonces al dueño de la discoteca del caserío para que les dejara hacerlo allí. Así es ella: va abriéndole caminos a su gente. 

“Los diplomados sirvieron mucho. Tenemos mujeres trabajando con Parques Nacionales, otras como promotoras de salud con EPS, y unas más como madres comunitarias en el Bienestar Familiar”, cuenta Rufina Román. Solo ese, y no será el único, podría ser su legado.

“Acá en la región de Araracuara, me refiero a las casi 2000 personas que la habitan, conocen muy bien a Nazareth y el papel que ha tenido, por lo que muchos confían en su proceso”, dice el capitán Jerbacio Guerrero. La confianza en ella ha sido demostrada: en ausencia de Jerbacio, es ella quien asume como vocera y representación de la autoridad Uitoto. Es la primera mujer en ocupar este lugar y fue elegida por su comunidad.

Razones para la confianza ganada hay muchas, que sea una lideresa que encontró en lo ancestral una gran defensa frente al riesgo occidental puede ser una de ellas. “Ella, como mujer indígena, sigue las prácticas tradicionales de su pueblo: se mete a la chagra (espacio de cultivo tradicional amazónico), siembra diversidad de plantas y ayuda a mantener la selva en pie”, dice Fanny Kuiru.

Nazareth empieza su liderazgo en lo local, en la esencia misma de su tierra, y es capaz de llevarlo a los espacios internacionales más importantes: empieza en la chagra y termina en la ONU. Es una mujer de selva que no le teme a ninguna ciudad. 

El arraigo

La casa grande, la Amazonía, habla porque está viva, porque siente. Y también sufre, dice Nazareth. Sufre cuando la talan, cuando contaminan sus ríos y cuando ven su tierra como negocio. “Y eso es algo muy triste porque, a veces, uno con estos ojos humanos no ve lo invisible: cómo los duendes lloran, cómo los duendes sienten”, comenta.
 
Desde hace años ha incrementado la deforestación en el territorio Amazónico. Según el IDEAM, entre enero y marzo de 2020, se deforestaron alrededor de 64000 hectáreas de bosque en tres departamentos de la región. Tan solo en Caquetá se talaron más de 25000, fue el líder de la lista.
 
En este escenario, el papel de los indígenas como cuidadores del territorio es fundamental. Incluso si las prácticas occidentales han llegado a colarse entre algunos de ellos. Para Carolina Gil, directora noroeste Amazonas de Amazon Conservation Team (ACT), “la gente tiene la sensación de que la Amazonía es una selva uniforme, un poco tierra de nadie, cuando en realidad lo que hay es una convivencia ancestral y tradicional de mucho tiempo. Hay ahí un valor muy importante de los pueblos indígenas como cuidadores reales de la Amazonía. Y me gusta dar datos oficiales: en los territorios de los pueblos étnicos, más del 90.8% de las tierras están dedicadas a bosque. (…) La lógica occidental, de alguna manera, es la que ha terminado degradando y afectando tanto la Amazonía”.

Nazareth sabe que a esa lógica occidental se han unido algunos de sus compañeros indígenas por necesidades económicas, y no le teme a dar esa discusión difícil. No se queda callada: incomoda y confronta. Ha hablado en contra de la minería ilegal que llena de mercurio los ríos, así en su misma comunidad la practiquen. Reconoce que, aunque esta actividad alivie el día a día de sus hermanos Uitoto y Andoque, en realidad quienes se benefician son “los blancos”, como ella los llama.

Nazareth, dice Rufina, es uno de esos granitos de arena que aporta al proceso colectivo del cuidado del Amazonas y el Medio Caquetá. Aunque también sabe que tiene límites, pues el control de las economías ilegales de la deforestación y la minería la tienen grupos armados residuales desde que las FARC abandonaron el territorio tras la firma del Acuerdo de Paz.
 
“Yo ya estoy viejita entonces sé hasta dónde ir, porque uno también quiere ver sus nietos, quiere ver sus hijos terminar de crecer. Muchos abuelos dieron su conocimiento y murieron de una manera que a uno le duele. Entonces yo me pregunto: ¿para qué sigo hablando si nada se va a hacer realidad?”, dice. Casi que al mismo tiempo se responde. Es el arraigo: el amor por su tierra, por su gente y por su chagra.

Actualizado el: Jue, 12/17/2020 - 14:09

Del 24 al 27 de noviembre de 2020, se llevará a cabo la segunda edición de Forensic Tech 2020, una conferencia virtual destinada a intercambiar información sobre avances en la aplicación de la ciencia forense relacionada con la defensa de los Derechos Humanos. Las afectaciones que la pandemia de la COVID-19 ha tenido sobre el manejo de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en Colombia y la búsqueda latinoamericana de estas personas en escenarios complejos como ríos, serán algunos de los temas que tratará este congreso internacional.

Ana Carolina Guatame, coordinadora de investigación científica en Equitas, la organización forense independiente que organiza Forensic Tech, explica que la labor de organizaciones como esta buscan realizar veedurías sobre los procedimientos técnicos que las instituciones públicas están llamadas a hacer en defensa de la dignidad de las víctimas del conflicto, a quienes también acompañan. Un caso representativo ha sido el monitoreo que Equitas ha adelantado en los cementerios con cuerpos sin identificar en Colombia, cuya disposición se ha visto impactada por la COVID-19.

Antes del inicio de la pandemia, los cementerios municipales estaban viviendo una crisis a causa de los muchos fallecidos no registrados o no identificados en el conflicto armado; no tenían pleno conocimiento del estado de los cuerpos. Con el surgimiento de la pandemia, se hizo cada vez más difícil actualizar este registro, pues muchas actividades e investigaciones en campo tuvieron que ser suspendidas.

Hacia abril de este año, la Procuraduría General de la Nación pidió a los alcaldes del país realizar una verificación de los cuerpos que actualmente se encuentran en morgues locales en condición de no identificados e identificados no reclamados, para que estos fueran enterrados. Los entierros masivos supondrían un riesgo para estos cuerpos, pues, según Equitas, hay cementerios que presentan problemas en su administración, en el registro, en la custodia de los cuerpos y en la capacidad de bóvedas.

Además, el mensaje de la Procuraduría podría prestarse para múltiples interpretaciones por parte de los administradores de los cementerios. Ginna Camacho, coordinadora técnico científica de Equitas, señala que esto podría llevar a una “segunda” o incluso a una “tercera desaparición”. “Ya no es solo decirle a la familia ‘lo encontramos y está en tal cementerio’, sino ‘ay qué pena, es que ya no sabemos qué pasó con él porque se sacó, porque se necesitaba el espacio, porque no se pagó’”, narra.

En mayo, Equitas emitió un informe donde exponían que esto no se podía hacer debido a que iba en contra de la Resolución - 5194  del 2010 del entonces Ministerio de Protección Social, actual Ministerio de Salud, en el que se especifica que los cuerpos de personas no identificadas deben ser sepultados en espacios individuales en los cementerios y no en fosas comunes.

En el informe, la organización también ofrece consejos para que el manejo de los cuerpos de las personas fallecidas por la COVID-19 no intervenga los espacios asignados para ellos, a través de  protocolos de seguridad emitidos tanto por instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, como por ellas mismas, como el “Sello Narcés”, un instrumento que se ha aplicado a varios cementerios en el país y que busca la adecuada preservación y seguridad de los restos de las personas no identificadas.

Las ciencias forenses han desempeñado un papel muy importante en la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, país con uno de los institutos nacionales de medicina legal con más trayectoria de Latinoamérica. En años recientes, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada con el último Acuerdo de Paz (2016), ha trabajado en conjunto con Equitas y otras organizaciones forenses para resolver casos como el de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’) en las fosas comunes de Dabeiba (Antioquia) y el de otras desapariciones en Samaná, Caldas, en el que se encuentran trabajando actualmente.

Ana Carolina Guatame dice que la medicina forense puede contribuir al esclarecimiento de la verdad en Colombia. Gracias a las investigaciones que realizan con antropólogos, biólogos, arqueólogos y otros profesionales, han logrado que la búsqueda de personas en condiciones extremas como los ríos pueda ser considerada como un procedimiento factible. Para mayor información, navegar el reportaje: Más de mil cuerpos recuperados en 190 ríos.

Expectativas de Forensic Tech 2020

Gracias al conflicto, los colombianos han ganado mucha experiencia en la medicina forense, piensa Camacho, pero la oferta de formación en esta ciencia es muy baja. Es por esto que Guatame espera que esta conferencia se lleve a cabo para ampliar el conocimiento del público general y animar a las universidades a que se cree una oferta más amplia de ciencias forenses en el país. Pero no debe quedarse ahí, pues, según Camacho, es necesario que los sepultureros e incluso los familiares víctimas de desaparición sepan manejar las herramientas que esta ciencia ofrece.

Por su parte, Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), espera con interés este intercambio de expertos forenses. El trabajo de su equipo también fue severamente restringido por el Coronavirus. Según ella, no estaban preparados para tal situación y les tocó buscar alternativas para su trabajo en campo. Por ello, el intercambio entre varios diferentes países que ofrece el foro le permitiría tener más herramientas en esta coyuntura.

Dentro de los invitados se encuentran Roxana Enríquez; Ginna Camacho; Luz Marina Monzón, directora de la UBPD; Alastair Ruffell, profesor e investigador de Irlanda del Norte, y Salvador Estrada, licenciado en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología de México y quién hablará de la arqueología subacuática y de los métodos que se han desarrollado para encontrar a los desaparecidos en su país.
 

Actualizado el: Mar, 11/24/2020 - 14:57