Por: Juan José Riveros y Juanita Forero Ruiz

En febrero del año 2020 apareció una persona asesinada en el municipio de San Martín Meta -ubicado a dos horas de Villavicencio. Fue referenciada por la ciudadanía como alias ‘memo’, un posible actor armado o integrante de una banda criminal. Esto generó indignación entre la comunidad y en especial en los familiares del joven asesinado. 

Se trataba de un joven de  22 años, el cual se dedicaba a descargar alimentos entre otros oficios de jornalero. Fue encontrado muerto en un caño del municipio. Según personas cercanas a la familia, había salido desde el día anterior a trabajar, pero nunca regresó a su casa. 

Sus familiares lo describen como una persona trabajadora, que se rebuscaba la vida para apoyar económicamente en la casa, además, para ellos no presentaba ningún comportamiento que lo ligara con la delincuencia y con el entorno del microtráfico. ‘‘Nuestra sorpresa fue ver cómo las personas se referían a él con el ‘alias Memo’. A él le decían ‘memito’ pero a mí como familiar me indigno, porque cuál alias si él nunca tuvo que ver con actos delincuenciales’’, comenta la testigo. 

Tanto la familia como el joven recibían constantes amenazas por parte de un grupo armado, que los intimidaba hasta en la puerta de su casa por ser parientes de un consumidor de droga. La familiar expresa que cada momento, desde las amenazas hasta el fallecimiento de su hermano los llenan de intranquilidad. Más aún , sabiendo que no pudieron velarlo de la manera tradicional. ‘‘Su cuerpo al no recibir las medidas necesarias y a tiempo, estaba tan descompuesto que no había forma de proceder a este acto, por eso ni siquiera pudimos darle un último adiós cómo tenía que ser’’, Dice la  familiar. 

Este es un caso de las mal llamadas ‘’limpiezas sociales’’, prácticas que se han vuelto comunes en varios municipios del Meta con el pasar de los años. Específicamente en San Martín, desde los años ochenta, se ha vuelto recurrente e inclusive muchos de sus habitantes han normalizado este tipo de violencias llegando a considerarlas aceptadas y algo bueno para la comunidad porque ‘limpian a la población’ de personas señaladas de consumir drogas, ladrones, entre otros. Lo cual da paso a que se efectúen estos asesinatos en medio de la impunidad.   

Tal y como lo comenta el historiador y escritor del libro Limpieza Social: una violencia mal nombrada, Carlos Mario Perea, la palabra “limpieza social” debe ser suprimida y modificada por el término “exterminio social”, debido a que tiene una matriz simbólica muy compleja que produce que estos actos se legitimen. Al modificar este nombre se está exponiendo un fenómeno en su verdadera naturaleza, ya que es una manifestación de “extermino” en la medida que es repetido, sistemático y constante. 

El fenómeno comúnmente llamado ‘limpieza social’, comenzó en el país en 1979 como una forma de erradicación de ladrones. Con el paso de los años, este fenómeno se ha transformado en una modalidad de violencia que se caracteriza no solo por las cualidades de sus víctimas, sino también por los lugares donde se reproducen, por la intencionalidad y motivaciones de los victimarios, por las formas en que se realizan y por los mecanismos utilizados para su legitimación. Las principales víctimas de estas limpiezas en la mayoría de casos son los delincuentes, jóvenes y niños de la calle, recicladores, homosexuales, prostitutas e indigentes, todos etiquetados por sus victimarios como elementos ''no aptos para convivir en sociedad''.

Desde los años ochenta con la llegada a la zona alrededor de San Martín de narcotraficantes y esmeralderos como Gonzalo Rodriguez Gacha , alias ‘El Mexicano’, el zar de las esmeraldas Víctor Carranza y el grupo paramilitar de los Buitrago, los cuales hicieron presencia en el departamento del Meta, se empezó a desarrollar un ambiente de violencia en torno al narcotráfico y el conflicto con las guerrillas. ‘‘Entre los grupos que han causado miles de asesinatos en el lugar, se encuentra el Bloque paramilitar ‘Centauros’, grupo armado al que se le atribuyen varios atentados en la zona’’, tal y como lo menciona Gustavo Lopez, defensor de los derechos humanos del municipio , el cual pertenece al comité cívico por los derechos humanos del Meta ’ONG’ y es secretario ejecutivo de Derechos Humanos de la Federación comunal del Meta  (Juntas de acción comunal de todo el departamento del meta).

Por ejemplo, en el año 1988 se presenciaban estos asesinatos casi a diario a mano de los grupos subversivos y los cuerpos de las personas señaladas eran encontrados a las afueras del municipio o en los caños aledaños. Las mismas personas del municipio se encargaban de divulgar el rumor de casa en casa sobre el asesinato de jóvenes y muchachas. Todo esto según los testimonios de uno de los habitantes , lo justificaban diciendo que había sido por vender o consumir drogas, a otros porque les gustaba las personas del mismo sexo y  cuando se referían al asesinato de mujeres las vinculaban a la prostitución. ‘‘Fuera como fuera gracias a eso es que el pueblo se mantenía sano, no se veían ni ladrones ni nada y por eso es que lo están volviendo a hacer’’.

Estos asesinatos selectivos -más conocidos por el nombre de ‘‘limpiezas sociales’’- han cobrado la vida de más de 8 jóvenes en lo que lleva del año -de enero a octubre del 2020-. En estos casos son las familias las que siguen lidiando con estas bandas delincuenciales que buscan obtener el control del territorio. ‘‘A través de prácticas memorables como las conocidas amenazas e intimidaciones que involucran las vidas mismas de los familiares o allegados a la persona principalmente involucrada, es que este grupo logra su cometido -desplazar a las personas- todo por dominar el sector’’, afirma uno de los ciudadanos del municipio.

Según cifras del libro ‘‘ la violencia llamada limpieza social’’ de Carlos Rojas ,Periodista e Investigador de la CINEP ,desde 1988 a 1993 se registraron 1.826  casos de ‘ limpieza social’ en todo el país, seis de estos en el departamento del Meta. Conforme a lo dicho por uno de los residentes del pueblo, estos son actos que pasan desde hace años. En esos momentos el comandante paramilitar de San Martín era Ómar de Jesús Piraban, el cual era conocido por la población con el alias, ‘Don Jorge’, o ‘Pirata’. Este pertenecía al entonces ‘Bloque Meta’ y después ‘Bloque Centauros’. ‘‘Prácticamente en lo que tengo de vida he visto como han asesinado a un poco de gente, y pues las personas no dicen o no decimos ya nada porque sabemos que se trata de personas que le están haciendo un mal al pueblo’’. Además, asegura que no se remitirá a las autoridades a contar los sucesos por miedo a perder su vida.

De acuerdo con lo mencionado por el Defensor de los Derechos humanos del municipio, Gustavo López, los prósperos negocios ilícitos de estos actores armados se han vuelto los responsables de estos crímenes y lo que estas bandas quieren es causar pánico para que el microtráfico o el narcotráfico dejen de quitarles ganancias a ellos. ‘‘Por ello, podemos decir que el objetivo que tienen este tipo de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias es el de ganar la guerra del micro y narcotráfico para ‘apoderarse de la zona’ ’’.

Con el paso del tiempo, estos grupos armados han buscado la forma de hacer más evidente sus amenazas y ‘alertas’ hacia la población por medio de panfletos y comunicados que distribuyen por medio de redes sociales. ‘‘Anteriormente no había ningún tipo de comunicado que advirtiera a las personas sobre las amenazas de muerte, simplemente uno se enteraba que iba a haber limpieza y ya empezaban a matar a las personas’’, asegura uno de los ciudadanos más longevos del municipio. 

 

             Foto: archivo.

 

Según datos recolectados del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la guerrilla ocupa el tercer puesto en la lista de victimarios del exterminio social en Colombia, los dos primeros lugares son: los grupos de “limpieza”, con 3.798 víctimas, y los paramilitares, con 868. En ese listado también se encuentran los agentes del Estado, como la Policía, el Ejército, el Inpec o la Sijín, entre otros, quienes entre 1988 y 2013 han asesinado a 104 personas. 

De acuerdo a lo dicho por el defensor de los derechos humanos del municipio, son algunas de las personas que han logrado ayudar a salir por riesgos de muerte quienes dicen que se trata de unos agentes de la policía secreta que se alían con los grupos paramilitares para hacer ese tipo de ‘limpiezas sociales’. Sin embargo, el defensor expresa que se podría tratar también de una guerra entre bandas criminales lo que ha ocasionado este tipo de asesinatos y amenazas de desplazamientos. ‘‘Pues estos enfrentamientos ocurren  por el control del  territorio en el cual buscan distribuir sustancias psicoactivas’’.

Finalmente, Carlos Mario Perea menciona que el mayor dilema de esta problemática es la falta de intervención por parte del Estado, ya que no existen leyes, ni juridicidad sobre estos “exterminios”. La idea entonces para afrontar esta situación es que la Corte Constitucional ordene al Estado formular una política pública ,debido a que el ´´exterminio social´´ no se condena. “Lo que necesitamos es que esta práctica sea castigada, porque mientras esto no se sancione jurídicamente va a continuar con los niveles de impunidad en que hoy opera”, afirma Perea.

Actualizado el: Mié, 04/28/2021 - 14:46

Camilo Roa tenía 28 años, era un hombre muy calmado, su problema era la adicción a las drogas, pero trabajaba para comprarse sus dosis, no tenía complicaciones en su casa y su familia sabía que consumía. Cuando no tenía dinero para adquirir drogas les pedía a sus padres, nunca intentó robar ni tomar dinero sin permiso. Camilo era un habitante de la Ciudadela de Juan Atalaya, esta zona es un conjunto de comunas, es el sector más poblado de Cúcuta y también uno de los más afectados por el conflicto armado. Trabajaba lavando buses, una vez su jornada laboral terminaba iba a una ‘olla’ del barrio Antonio Santos a comprar la droga. 

Esta zona era constantemente vigilada por paramilitares que identificaban a los consumidores y los asechaban. La tarde del 7 de septiembre del 2010, Camilo no tenía dinero y esperó para ir con un amigo a una de las ‘ollas’, su acompañante al parecer tenía antecedentes penales y supuestamente había robado una cadena de oro a la madre de un militar. Sin saberlo, Camilo al estar consumiendo drogas y estar acompañado de un supuesto ladrón, se convirtió en objetivo de una “limpieza social”.

Hombres armados se acercaron a él y su amigo y los subieron en un carro, luego Camilo fue encontrado muerto y descuartizado en una bolsa en el Canal de Bogotá, conducto que atraviesa la ciudad y que es alojado por habitantes de calle en algunas partes. La otra persona fue encontrada al lado del Estadio General Santander en las mismas condiciones. La Policía no realizó ninguna investigación, al final el caso terminó archivado, no se supo cuál fue el carro que se los llevó, ni quiénes fueron, tampoco se obtuvo material audiovisual en las cámaras del sector. La investigación quedó en nada.

 

Créditos: Isabela Carrascal 

 

Este es uno de muchos casos que se han presentado en esta región del país y la mayoría sigue en la impunidad. Wilfredo Cañizares, líder social y jefe de la Fundación Progresar, es un actor que ha luchado por los derechos humanos en Norte de Santander. Cuenta que ese tipo de crímenes iniciaron en los años 80, siendo una práctica llevada a cabo por las guerrillas las cuales ingresaban a sectores marginales donde había un vacío de poder, en zonas donde se presentaba un abandono estatal. “Buscaban asesinar a los consumidores de drogas, mujeres dedicadas a la prostitución, ladrones, gente señalada por la misma comunidad como indeseada para lograr tener control de la zona y apoyo de los habitantes”, señala el líder social.

Sin embargo, Cañizares no responsabiliza únicamente a las guerrillas y cuenta que en 1999 con la llegada de los grupos paramilitares desde Urabá a Norte de Santander y con el auge del conflicto en el departamento, esta práctica se intensificó. ‘Los paras’ al igual que las bandas criminales empezaron a utilizar esta modalidad de asesinato como método para expandir su control territorial y montar operaciones de microtráfico. 

Dos masacres que cometieron ´los paras’ fueron en un billar del barrio Cecilia Castro en abril del 2002 y la del barrio Antonia Santos en febrero del 2001, donde asesinaron en total a doce personas que supuestamente consumían drogas. La Fundación Progresar ha logrado documentar que en los últimos tres años se han cometido 45 homicidios bajo esta modalidad, 17 en el 2018, 22 en el 2019 y 6 en el 2020. 

Siguiendo esta lógica de control territorial e imposición de poder sobre zonas de Cúcuta, se presentaron muchas de estas masacres en distintos sectores de la ciudad. Julián Gonzáles, docente universitario de matemáticas, vivió en el barrio Aeropuerto de Cúcuta desde 1994 hasta 2005. Este barrio ha sido uno de los sectores de la ciudad que más afectado se ha visto por los grupos armados. 

En 1994, cerca de la zona, se encontraba un asentamiento guerrillero y delincuencia común, pero luego en el año 2000 los paramilitares llegaron y se adueñaron de la zona. “Cuando llegaron ‘los paras’ se reflejó una falsa paz, una falsa tranquilidad porque, aunque los cascareros fueron desterrados o eliminados, ellos exigían cuotas y eran los dueños de la vida o la muerte en la zona”, sostiene Julián.

Los paramilitares avisaban a sus objetivos militares que tenían que irse, relata Julián que conseguían el número de la persona amenazada y le decían que se fuera o si no ya sabía lo que le sucedía. Por lo general, si el amenazado no se iba, luego aparecía muerto. El docente cuenta que en un barrio que está próximo al barrio Aeropuerto que se llama Toledo Plata, había una banda delincuencial de jóvenes llamada Los Simpson. 

Eran aproximadamente 150 muchachos que estaban entre los 12 a los 21 años, solían atracar en el sector, pero una vez irrumpieron los paramilitares la mayoría fueron asesinados y sus cuerpos fueron arrojados a un canal de la zona. Julián siempre consideró que, si bien esos muchachos no hacían ningún bien, tenía consciencia de la situación social y económica en la que se habían formado, siempre los vio como niños mal encaminados.

 
Este suceso nuevamente quedó impune pese a que la comunidad supiera quienes eran los responsables, incluso se llegó a intuir una conexión entre paramilitares y militares. “Parecía que estaban coordinados con la fuerza pública, siempre que llegaban las autoridades a la zona nunca estaban los grupos armados, pero apenas se iban volvían a transitar con total tranquilidad”, asegura el docente. No había forma de contrarrestar a esos grupos por el abandono estatal tan grande que existía, los paramilitares muchas veces realizaban las “limpiezas sociales” de día y la Policía llegaba horas después. 

Cuando asesinaban a medianoche, los levantamientos de los cuerpos se llevaban a cabo a las 6 o 7 de la mañana del otro día. “Al que le mataban a una persona, simplemente deducía quiénes lo habían asesinado por la forma en que lo hacían, a bala. Tocaba enterrarlo y callarse porque si no seguían con los demás familiares”, dice Julián desde su propia experiencia. Su primo fue asesinado por ser consumidor de drogas y a otro primo lo mataron por venderlas. Él y sus familiares sabían que no podían denunciar ni buscar ayuda en las autoridades porque los paramilitares trabajan con redes de informantes y si alguien hablaba también era asesinado. 

Aun así, ni siquiera en el tiempo de luto hubo un respiro. “En cada una de las misas nos percatamos de la presencia de paramilitares infiltrados, estaban vigilando durante todo el velorio que no se dijera nada”. De esa forma, se cohibía a las víctimas de pedir justicia, haciéndoles saber que estaban en el punto de mira y que se les observaría para que no empezaran a señalar a los paramilitares de ser los culpables de las muertes.

 

Créditos: Andrea Vejar

Debido al constante temor por parte de las víctimas, a la alianza entre paramilitares y la fuerza pública y por la cantidad de homicidios que empezaron a acontecer, ese tipo de masacres se normalizaron por parte de los habitantes. Aquel que quisiera cambiar esta situación por medio de las denuncias se convertía en objetivo militar por parte de quienes las realizaban. Así lo cuentan los habitantes de las zonas más afectadas por estos crímenes.
Jaime Rodríguez ha estado toda su vida en el barrio La Victoria de Atalaya. Actualmente tiene 65 años y recuerda que las “limpiezas sociales” en la zona empezaron en los años 97 o 98. “Todas las noches eran tiroteos, no sé si por parte de los paramilitares, mataban a todos los consumidores de marihuana, extorsionistas, jaladores de carros. Hay una parte que se llama el Cerro de la Cruz y ahí llevaban a los delincuentes y los fusilaban en la cancha de fútbol”, recuerda Jaime.

Al barrio La Victoria, hubo una época que lo llamaban Chechenia, esto en referencia a la guerra que hubo en la república rusa que dejó de 50.000 a 100.000 víctimas, también descrita como el infierno olvidado. “La entrada de esos grupos acabó los hurtos diarios; ya no se veían lo que se conoce como raponeros, esas personas que robaban a la gente, les quitaban los relojes, las cadenas. En Cúcuta no se volvieron a ver ese tipo de robos por mucho tiempo, ahorita se están volviendo a ver, pero mientras se hacían esas limpiezas no ocurría”, dice Rodríguez.

Los grupos de “limpieza social” irrumpían en los barrios de Atalaya matando a los traficantes de drogas, ladrones y personas señaladas de estar en ese tipo de movidas, tratando de ganar aprobación por parte de la comunidad. A pesar de eso, Jaime considera que tampoco se debe proceder de esa manera, cree que para eso está la justicia y debe ser esta la que vele por la seguridad, no los grupos armados. No obstante, confirma que con la llegada de los grupos armados a Atalaya los robos disminuyeron mucho, se sentía mucha más tranquilidad en el día a día. 

Pero esta tranquilidad estaba embadurnada de sangre, John Jairo Jácome, periodista que trabajó once años en el periódico La Opinión de Cúcuta, cuenta que se llegaron a reportar en un solo día 28 personas asesinadas bajo esta modalidad. “Había días en los que mataban a tanta gente que el periódico se quedaba corto en la narración de los hechos, entonces lo que hacíamos era una enumeración de nombres de personas asesinadas, pero no había una historia detrás de esas víctimas”, relata Jácome.

Pese a la cantidad mórbida de asesinatos que se presentaban, la población no se notaba conmocionada más allá que por el número, pues las personas asesinadas muchas veces no eran reclamadas o como el mismo John Jairo lo expresa “no tenían dolientes”. 

Tiempo después, según el periodista, las familias de estos jóvenes drogadictos o habitantes de calle salieron a reconocerlos cuando empezó el proceso de Justicia y Paz en 2006 y luego con la aprobación de la Ley de Víctimas en 2011. Se les daba una remuneración económica a aquellos que pudieran demostrar que sus familiares fueron asesinados por grupos paramilitares.

 
Entonces, los reclamantes iban a los periódicos a preguntar si el nombre de sus difuntos familiares aparecía en algún apartado del medio de comunicación y de ser así, compraban el ejemplar para llevarlo a los entes de reparación de víctimas. De esta forma, La Opinión comenzó a vender una gran cantidad de diarios viejos donde se constataba el nombre de los asesinados. 

En este proceso de Justicia y Paz también se reconoció una práctica que lleva a pensar que los habitantes de la ciudad no solamente habían normalizado estos asesinatos, sino que los encontraban necesarios. Jácome expresa que “las mismas comunidades pudieron haber exigido a quienes hacían las veces de autoridades en ese momento (paramilitares) para que las “limpiezas sociales” se adelantaran”. Algunos presidentes de juntas de acción comunal se unieron y establecieron vínculos de convivencia con ‘los paras’ que terminaron traducidos en hechos o actos de aniquilamiento social, aseguró el periodista.

Hoy en día las masacres siguen considerándose “limpiezas” a pesar de que son exterminios. La justicia no responde por las víctimas y la sociedad parece justificar los asesinatos, las comunidades les dan el visto bueno y muchas veces veneran estos crímenes. Estos homicidios en general no se han tomado como un problema, cada vez cobran más vidas, pero los hechos se ‘normalizan’.

Créditos: Heidy Martínez

Actualizado el: Jue, 04/01/2021 - 12:02

Por Celia Lucía Guerrero y Mayela Sánchez García

 

La antropóloga forense Ana Carolina Guatame tuvo la iniciativa de avanzar en una estrategia para buscar a personas desaparecidas durante el conflicto armado en los ríos de Colombia, a partir de un modelo matemático que predice el comportamiento de los cuerpos en las corrientes. El proyecto abre una esperanza para quienes indagan por sus familiares desaparecidos y es un ejemplo para otros países, como México, en donde ríos, lagos y presas también han sido usados para desaparecer personas.

‘Señales desde el sur: la búsqueda de desaparecidos en ríos de Colombia’ es el segundo episodio del pódcast El agua hablará. Relatos de búsqueda en lo profundo, que narra historias sobre la desaparición y búsqueda de personas en cuerpos de agua en México, donde, hasta el 4 de marzo de 2021, había oficialmente 76 773 personas desaparecidas.

 

 

 

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte del proyecto ‘Diálogos con la ausencia. Formación virtual para periodistas que cubren la desaparición en el marco del conflicto armado y la búsqueda de personas’. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de estas organizaciones.

Actualizado el: Mar, 03/30/2021 - 22:20

En el marco del conflicto armado en Colombia, se registraron de manera oficial al menos 15.711 víctimas de violencia sexual. Esto, entre 1959 y 2017 según una de las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Nueve de cada diez personas violentadas sexualmente durante la guerra fueron mujeres y se desconoce en casi un 90% su situación actual, si están vivas, muertas o desaparecidas. Navegue esta radiografía de la violencia sexual en el conflicto armado, en la que explicamos las cifras del CNMH desde el análisis de su geografía y desde el universo y los perjuicios psicológicos de las víctimas.

El conflicto ha dejado huellas imborrables en los cuerpos de las víctimas. Sus actores no se han conformado con apoderarse de los territorios que les son estratégicos, sino que también han colonizado los cuerpos de sus habitantes. De este modo, las miles de masacres en Colombia muchas veces vinieron acompañadas de abusos sexuales y del deterioro del tejido social, sobre todo de los pueblos rurales. Los líderes bélicos proyectaban que para destruir al enemigo también debían quebrantar su dignidad. Es ahí cuando la violencia sexual se configura como estrategia de guerra y forma de tortura.

El instrumentalizar a la mujer como un objeto sexual genera que, en medio del conflicto, se les perciba como “botín de guerra”. Así, actores paramilitares, miembros de la fuerza pública y guerrilleros han abusado de ellas, interpretándolo como recompensa de la victoria o como un medio para quebrantar a sus enemigos. Teóricos y estudiosos se han preguntado durante años por qué dichos personajes han arremetido sexualmente en contra de civiles indefensos, tanto mujeres como hombres y hasta niñas y niños. Aquí algunas pistas de sus hallazgos.

Existe un consenso entre autores que escriben sobre la violencia, como Tatiana Peláez Acevedo, en que una de las formas más efectivas para destruir la moral colectiva es mediante el cuerpo. No bastaba con asesinarlos, se debía dejar una marca en la moral pública y así las personas violadas podían advertir a otras sobre lo que les esperaba si desobedecían, oponían resistencia o simplemente trataban de defender su vida y su sexualidad.

 

Antioquia, epicentro de la violencia sexual durante el conflicto

 

Según la base de datos del CNMH, entre 1959 y 2017 se registraron al menos 15.020 casos de violencia sexual en el país y de otros 691 se desconoce la fecha, todos se dieron dentro del marco de la guerra. El año 2002 fue el de mayor violencia sexual, con 1487 casos. Específicamente en Antioquia se presentaron 249 de ellos, departamento seguido por Magdalena con 244 registros, pues el Bloque Norte de las AUC se expandía y consolidaba para la época. Respecto al contexto político de aquel entonces, ese mismo año quedó electo como presidente Álvaro Uribe Vélez.

Según el artículo Conflicto armado y pobreza en Antioquia Colombia de Maya Taborda, Muñetón Santa y Horbath Corredor, en 2002 también aumentó la ofensiva del Ejército y se dio el ascenso y la consolidación del paramilitarismo a través de la cooptación de territorios que estaban bajo dominio guerrillero. Dichas enfrentas trajeron consigo una ingente cantidad de delitos y abusos sexuales. Dicho artículo también narra que las dinámicas de la guerra, a manos de las FARC, el EPL, el ELN, la fuerza pública y varios grupos paramilitares, abarcaron casi la totalidad del territorio de Antioquia, especialmente entre 1995 y 2000.

 

De allí se puede explicar que tanto en los periodos como en los lugares donde se agudizó el conflicto, también se dio mayor violencia sexual. Teniendo en cuenta todo el rango cronológico de la base de datos y no solo el año 2002, el departamento antioqueño sigue estando a la cabeza, ya que representa casi el 20% del total de las víctimas registradas. Sin embargo, es importante tener en consideración la proporción poblacional para analizar este problema, pues Antioquia tiene una gran cantidad de habitantes.

Si los datos se analizan bajo otra perspectiva, la información cambia. Teniendo presente los afectados en relación con la tasa demográfica de cada departamento, el putumayense sería el principal perjudicado. De cada 100.000 habitantes, al menos 245 fueron víctimas de violencia sexual en Putumayo durante el conflicto armado entre 1959 y 2017. En la lista sigue Caquetá con 162 y Guaviare con 156 personas afectadas, mientras que de Antioquia se registran 45. De esta manera, incluso si el antioqueño tiene la mayor cantidad de casos, Putumayo tuvo mayor cantidad de victimización según su proporción poblacional.

 

Las cifras son apenas la punta del iceberg

 

Hay reflexiones respecto a estos datos. Sandra Patricia Mojica, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y quien ha dedicado su vida profesional a abogar por los derechos y políticas públicas para las mujeres (actualmente es gerente del programa Derecho a la Justicia de Oxfam), afirma que las cifras son apenas ‘la punta del iceberg’, pues muchas historias no llegan a conocerse.

Es común que las mujeres no hagan las denuncias debido a distintas razones: el miedo, el riesgo de amenazas tanto contra ellas como contra sus familias, la falta de seguridad y de garantías de no repetición, etcétera. Igualmente, según la socióloga, la impunidad de los delitos sexuales en Colombia es gigantesca.

 

“La ruta en general para que una víctima ponga la denuncia, ni siquiera sólo en el marco del conflicto armado, no es sencilla. Las trabas institucionales son muy grandes, pues la mujer es revictimizada y finalmente pueden pasar cinco, diez años sin que le resuelvan su caso —si es que se resuelven —”, asegura.

 

Además, tampoco hay acompañamientos psicosociales y jurídicos que a las víctimas les permitan llevar un proceso de tal naturaleza, los cuales son necesarios porque se le está haciendo frente a grupos armados tanto legales como ilegales, un inmenso número de figuras intimidantes y poderosas en Colombia. Mojica enfatiza que todas las mujeres deberían tener derecho a la paz y acceso a la justicia, y sin embargo eso es lo que más se les vulnera.

Aunque en la guerra la violencia sexual se haya convertido en una de las principales herramientas de sumisión de los pueblos, en una consecuencia inminente de la deshumanización del enemigo, hay factores de fondo que obdedecen a una sociedad patriarcal. Incluso en los espacios cotidianos como el transporte público y hasta el propio hogar, esta problemática se manifiesta. La socióloga explica que en un contexto civil, el 60% de los victimarios de violencia sexual son personas cercanas o conocidas por la víctima.

Organizaciones de y para las mujeres buscan cambiar esta realidad, que se deje de normalizar la violencia sexual y que se erradiquen estas prácticas bajo discursos de revictimización como el de “en la guerra todo se vale”. Argumentan que las mujeres no tienen la culpa por los crímenes a manos de grupos armados o cualquier otro perpetrador. Algunos de esos colectivos son La Casa de la Mujer, Mujer Sigue Mis Pasos y la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. Este último tiene procesos internacionales y recursos asociados con el ginecólogo congoleño Denis Mukgewe, Nobel de Paz por su labor de reparación fisiológica a mujeres que han sido violadas.

Convivir con el trauma

 

Silvia María Antonia Rivera, psicóloga de la Universidad Javeriana y psicoanalista, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a realizar investigaciones en torno a los traumas que ha dejado el conflicto armado. Rivera ha atendido víctimas de violencia sexual y ha estudiado sus casos tanto en el contexto de la guerra como en el ambiente cotidiano. Según ella, las secuelas psíquicas que deja el abuso sexual se trasladan a distintas áreas de la vida, pues los procesos de confianza personal y la apropiación del cuerpo se ven interrumpidos por la experiencia traumática.

Rivera afirma que un episodio de violencia sexual puede acompañar a la víctima por el resto de sus años, en tanto puede llegar a destruir su capacidad para tener una vida sana. Las víctimas jóvenes sufren un proceso de introspección y encierro en sí mismas porque pierden el deseo de explorar el mundo y experimentarse en este: “lo que logra el agresor es cerrar el mundo de esta niña o joven, pues impone su voluntad sexual sobre las necesidades afectivas de la joven y trunca elaboraciones que son necesarias para que la niña pueda estructurarse de forma sana psicológicamente”, dice Rivera.

De este modo, el tratamiento no se enfoca en desaparecer la memoria traumática, pues esto puede resultar imposible. Por el contrario, se enfatiza en la habilidad que puede desarrollar la víctima para resignificar dicho trauma, para saber vivir con este y convertirlo en algo distinto, ya que, como afirma Rivera, “existe un profundo temor por parte de la víctima de que su cuerpo vuelva a ser violentado. Los procesos identitarios y el entendimiento de la persona como parte del mundo se ven profundamente truncados”.

Además, la violencia sexual viene acompañada de narrativas que se dan después de la agresión y vulneran la psicología de las víctimas. El machismo se traslada al trato que se les da incluso desde el marco civil y la esfera privada. Rivera plantea que muchas veces “son las mismas familias las que callan el abuso, por temor a que el padre proveedor se vaya (...) Además, se insinúa que la sociedad responsabiliza a las mujeres y niñas del abuso”.

Rivera afirma que una de las principales diferencias entre la violencia sexual en el contexto del conflicto armado y la violencia sexual en el ámbito civil es que en este último es más difícil evitar encontrarse con el victimario en el futuro. “La gran mayoría de casos de violencia sexual en la cotidianidad es ocasionado por un familiar o persona cercana, por lo que resulta imposible evitar a dicho familiar en el futuro. En el contexto del conflicto armado, las víctimas se desplazaban o se movían de sus hogares para evitar seguir siendo violentadas”, afirma Rivera.

 

La institucionalidad: revictimización y carencia de oportunidades

 

 

La base de datos referenciada muestra que entre mujeres y hombres, 750 víctimas están vivas, 942 muertas y 19 desaparecidas. Se desconoce la situación actual de las 14.000 personas restantes, pero se sabe que 13.092 son mujeres. Según la especialista Carolina Mosquera, investigadora de la organización Sisma Mujer, este problema se puede relacionar con la violencia institucional, es decir, aquellos hechos victimizantes que se dan por parte del Estado. Para ella, también hay una falta de verdad de los victimarios, así como fallas en las entidades para indagar cada uno de los casos y el estado de las víctimas.

Mosquera pone un ejemplo: el caso de Deyanira Guerrero, una lideresa social de Putumayo e integrante de la Alianza Tejedoras de Vida. El 2 de mayo de 2018, Deyanira salió de su casa y no volvió. Al día de hoy no se sabe sobre su paradero ni su estado. Al respecto, el periodista Daniel Samper Ospina escribió una columna en su reciente medio de comunicación Los Danieles. Aquí un fragmento:

“Deyanira tiene 38 años. O tendría. O debería tener: nadie sabe cómo referirse a la presencia invisible en que se convirtió. Jonier, su hijo de catorce años, dice que, para no estar triste, se imagina que ella está trabajando en la tienda, común y corriente, y que por la tarde vendrá ayudarle a hacer tareas (...) Cada uno debe imaginarse qué pasó, y administrar la esperanza traicionera de que un día cualquiera entrará de nuevo por la puerta”.

Unos meses antes, Deyanira había sido amenazada (no se sabe por parte de quién) debido a su labor social con la Alianza Tejedoras de Vida. Sin embargo, Mosquera afirma que la justicia colombiana insinuó que su desaparición podría deberse a una “escapada” con su pareja. Según ella, este tipo de aseveraciones son frecuentes al tratar las desapariciones sobre todo de mujeres, porque los estereotipos y las violencias de género se han reforzado en nuestra sociedad.

Comúnmente se escuchan juicios machistas hacia las mujeres víctimas. Ello las revictimiza y es una de las principales trabas para que denuncien los abusos que se han dado en su contra o para saber lo que les ha pasado a las desaparecidas, explica la experta. Así se entorpecen, interrumpen y se archivan las investigaciones, y en muchas las víctimas se vuelven casi que fantasmas, como dice Samper “otro cuerpo etéreo que nadie sabe dónde está” ni qué le sucedió.

El sesgo machista no solo está presente en la ciudadanía, sino incluso en la jurisdicción y en las políticas públicas del país. Hay allí un tema de fondo que es la falta de oportunidades para las mujeres. Mosquera sostiene: “hay una ecuación de la que hablamos en Sisma Mujer: a mayor vulnerabilidad, mayor riesgo y a mayores capacidades, menor riesgo.  Entonces si se avanza en desarrollar esas capacidades de las mujeres, por ejemplo con inserción económica, empleabilidad, acceso a la educación y a la educación superior, así tendrían más elementos para no estar vulnerables frente a los escenarios de la guerra (...) Muchas se enlistaron a grupos armados ilegales porque en sus casas no tenían las condiciones materiales para llevar una vida digna”.

 

Víctimas silenciadas

 

La psicóloga y psicoanalista Silvia Rivera considera que las víctimas masculinas de abuso sexual han sido profundamente invisibilizadas, pues no existe un reconocimiento social del delito de violencia sexual hacia los hombres. De esta manera, según Rivera, la culpabilización resulta más profunda en los hombres, pues socialmente se considera que si un hombre es violado, es porque así lo deseó. “He tenido estudiantes de maestría que han revisado las políticas públicas sobre violencia sexual que se habían hecho en Colombia desde inicios del proceso de paz. Todas las políticas públicas estaban escritas en femenino, había muy pocas referencias a los hombres. Ni siquiera hay un acompañamiento legal para ellos”, afirma Rivera.

En la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto se confirma lo anterior, pues solo 1 de cada 10 casos de violencia sexual se arremeten contra hombres. No obstante, comparado con el caso de las mujeres, los hombres tendrían menos posibilidades de sobrevivir a la violencia sexual. Según la base, 470 hombres fueron asesinados tras ser violentados sexualmente. Sólo 74 víctimas masculinas permanecieron vivas, mientras que 208 tienen una situación desconocida. Por otro lado, 676 mujeres sobrevivieron al acto de violencia sexual, mientras que 472 fueron encontradas muertas. Aunque la información de los perpetradores de esta violencia sexual es reducida, se sabe que quienes más transgredieron a las mujeres fueron miembros de la guerrilla, dejando 18 víctimas a su paso, mientras que los agentes del estado vulneraron en mayor medida a los hombres, a 34 en total.

 

 

La violencia interseccional: víctimas indígenas, afrocolombianas y LGBTI

 

Percibir a los grupos de víctimas como una masa homogénea y uniforme es uno de los principales tropiezos que se cometen al analizar las heridas que dejó el conflicto armado. Dilucidar los matices de la guerra y las diversas formas de victimización permite esbozar con mayor claridad la multidimensionalidad del conflicto, además de las múltiples formas de sufrimiento y resistencia que existen a partir de un solo hecho: la violencia sexual. De esta manera, las víctimas afrocolombianas e indígenas experimentan la opresión sexual desde un ángulo distinto al de las víctimas campesinas.

La interseccionalidad aparece cuando múltiples marcadores de diferencia, como la etnia, la orientación sexual, la discapacidad física, la raza y el género, se interrelacionan. Segun Martha Zapata y Andrea Cuenca, en su articulo Guía de un enfoque interseccional: Metodología para el Diseño y Aplicación de Indicadores de Inclusión Social, “la interacción entre dos o más de estos marcadores de diferencia genera nuevas desigualdades, dando origen a procesos de discriminación múltiple”. Por ejemplo, las violencias de las que es víctima una mujer indígena desplazada son el cúmulo de agresiones por su identidad nativa, más aquellas por ser mujer y todas las que acarrea el desplazamiento forzado. Esto permite pensar que existen factores que acentúan la opresión dependiendo de las características físicas e identitarias de las víctimas.

Históricamente, las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido despojadas de sus territorios y sus cuerpos como una estrategia de colonización de tierras y de mentes. En la colonia, los cuerpos de los indígenas y las personas negras eran vistos como objetos de satisfacción para los colonizadores. Según el reportaje La guerra inscrita en el cuerpo realizado por, entre otros autores, Tatiana Peláez, la violencia racial y étnica se reprodujo profundamente en el conflicto armado. Los territorios indígenas y afrocolombianos han sido sitios recurridos por actores armados debido al interés que existe en los recursos de sus tierras y a lo estratégicos que son, por lo recónditos, para el transporte de mercancías ilícitas. De este modo, la violencia sexual hacia estas comunidades ha venido acompañada, de manera particular, de otro tipo de victimizaciones, como el desplazamiento forzado y la discriminación racial.

Las mujeres son sometidas a violencia sexual como una estrategia de sometimiento, pues cosifica su cuerpo hasta convertirlo en un objeto de placer. Además, cuando la mujer es afrocolombiana o indígena, la violencia sexual viene acompañada de estigmatización por parte de los perpetradores, además del despojo de su tierra y cuerpo, pues se ve legitimada la agresión. Para Carolina Mosquera, una de las principales diferencias que persisten cuando una víctima de violencia sexual es indígena o afrocolombiana es la naturalización por parte del público del crimen: “las personas no se indignan de la misma forma cuando una víctima es indígena o afrocolombiana. En cambio, cuando la mujer es blanca, hay más protesta. Lo anterior genera un discurso de legitimación al victimario, pues éste siente que puede seguir cometiendo los crímenes sin que se les reclame por ello”, relata.

Debido al imaginario social de las mujeres afro e indígenas como subordinadas y poco culturizadas, la violencia sexual busca reafirmar la posición del perpetrador como “superior” pues reproduce dicha sumisión y posición de vulnerabilidad en la víctima. Entonces, la violencia sexual no solo se relaciona con el hecho de ser mujer, sino también con la etnia o el color de piel de dicha víctima.

En diversas ocasiones, la violencia sexual de las mujeres afro viene acompañada de una exotización del cuerpo negro. Según la investigadora Tatiana Peláez, en su informe La guerra inscrita en el cuerpo del CHMH, el “atractivo” de dichos cuerpos viene acompañado de los estigmas que persisten en el imaginario colectivo en torno a la mujer negra y sus “dotaciones”. Del mismo modo, los estereotipos y estigmas que rodean a la indígena profundizan las formas de violencia sexual, en tanto la perpetración de la opresión se ve como una forma de “exterminio social”.

Peláez afirma que existe una narrativa interiorizada en el discurso de la sociedad, sobre todo en los sectores más privilegiados: la narrativa del desarrollo y la necesidad de difundir la “civilización” en el país. Se perciben a grupos como los indígenas y afrocolombianos como personas “poco civilizadas”, por lo que se percibe como “un favor” el hecho de llevar el “desarrollo” a sus territorios.

No obstante, señala Peláez, la anterior narrativa ha perpetrado lógicas de opresión, en tanto se ve a las personas indígenas como inferiores, por lo que su sufrimiento se ve como menos relevante. Prueba de ello es que en varios relatos de mujeres indígenas siendo abusadas, ellas expresaban que los abusadores se burlaban de su forma de hablar y expresarse mientras sufrían pues no podían hablar bien el español.

La violencia sexual hacia las víctimas LGBTI es percibida por los perpetradores como una violencia justificada, pues consideran que la violación es la mejor forma de “moralizar” las conductas que ellos consideran repulsivas, según Peláez. De esta manera, mujeres lesbianas que fueron violadas de forma masiva por soldados relatan que lo hacían para “mostrarles que era mejor estar con un hombre” o para que “fueran mujeres de verdad”. Igualmente, el castigo hacia las mujeres transexuales era transmitido a través de la violencia sexual, por lo que las formas de discriminación se extrapolaban al plano sexual en el conflicto, explica la autora.

 

Violencia simbólica

 

En el contexto del conflicto armado, la violencia sexual viene acompañada de marcas en el cuerpo, que dejan inscrito el recuerdo del dolor que se sufrió en el momento del daño. Según Carolina Mosquera, en el conflicto armado la violencia sexual suele realizarse con sevicia, pues tiene el doble propósito de satisfacer al victimario y destruir la dignidad de la víctima.

“Yo llegué a mi casa (…) y me entré al baño ya me empecé a mirar, nunca entendí por qué tanto daño, uno siente dolor ¿cierto?, y la angustia, pero ya cuando llegué y me senté me miré y me faltaba un pedazo del pitón del seno, toda mordida, aquí rasguñada y ese dolor”, afirma Colibrí, mujer adulta víctima, en un testimonio inscrito en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Así, las marcas en el cuerpo pueden revivir el recuerdo traumático.

La especialista Sandra Mojica expresa que eso también puede suceder con un niño o una niña que nació fruto de la violación a una mujer durante el conflicto armado. La responsabilidad en cualquier caso no es del menor, sino del perpetrador, pero la violencia simbólica se puede manifestar al darse este tipo de embarazo no deseado y al tener el hijo voluntaria o forzadamente, esto último debido a que hay muchos impedimentos y controversias alrededor del aborto en Colombia. De algún modo, esto puede remitir a un recuerdo traumático y doloroso.

Además, según la base de datos, la mayoría de las víctimas fueron violentadas muy jóvenes, a una edad en que comúnmente están iniciando su vida sexual, están cambiando, reconociéndose y explorando el cuerpo propio. Si en este punto de sus vidas son víctimas de violencia sexual, según Silvia Rivera, la construcción de su identidad se puede ver perjudicada y más tiempo deben convivir con el trauma. Las personas vulneradas sexualmente durante el conflicto armado tenían, en su mayoría, entre 18 y 28 años, quienes representan un total de 4.835 casos. Les siguen aquellas entre el rango de 13 a 17: 3.317 víctimas. Las cifras y análisis expuestos en este reportaje no solo revelan la gravedad de la violencia sexual durante el conflicto armado en Colombia, sino que profundiza en la necesidad de atención a estas víctimas con un enfoque interseccional y de género.
 

 

Actualizado el: Jue, 03/25/2021 - 23:32

 

Por: Ginna Santisteban, Óscar Parra y Pilar Puentes

Este reportaje es una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam

Ana Villa ha viajado decenas de veces por las carreteras de la Altillanura colombiana, en recorridos que pueden durar hasta 18 horas durante el invierno para realizar muchos de los trámites que su comunidad le confía. Estos caminos que recorre, en su papel de vocera y lideresa, atraviesan una extensa sabana que ha sido el hogar ancestral de varias comunidades indígenas y de campesinos sin tierra que llegaron a la zona hace varias décadas. Pero también es el objetivo de numerosas empresas agroindustriales, agroforestales y petroleras que han llegado a la región desde hace unos 15 años.

Ana Villa es “una mujer de carácter”, como ella misma se define. Esa templanza ha sido determinante en los reclamos por la tierra y por el cuidado ambiental que ha encabezado en nombre de su gente en Cumaribo, al oriente de Colombia. A ‘Anita’, como le dicen sus conocidos, no le ha dado temor enfrentarse a las multinacionales que han llegado a instalar grandes plantaciones de monocultivos ni a los grupos violentos e ilegales que han hecho presencia en la región con el fin de despojar a campesinos y comunidades indígenas de sus territorios.  

En 1991 llegó con su familia a Cumaribo buscando oportunidades y huyendo de la violencia que la desplazó de su natal Cubarral, en el departamento del Meta, también en la llanura colombiana. En 1996 compró “Las Azucenas”, una finca que, como ella cuenta, “era solo sabana y le salió barata”, pero que como buena parte de los terrenos del Vichada, no tenía títulos de propiedad.

Cumaribo es el municipio más grande de Colombia y tiene 74 000 km2: más de tres veces el área de El Salvador y casi dos veces la de Bélgica. Está ubicado en la Orinoquía colombiana, en una zona intermedia en la que termina la sabana y comienza la selva amazónica. Es una región con gran riqueza hídrica donde muchos campesinos, como Ana Villa, vieron una oportunidad de vida digna. Pero multinacionales y grandes empresas también se interesaron en las extensas tierras del Vichada: el suelo perfecto para instalar sus agroindustrias. 

 

 

 Las sabanas de la Altillanura son usadas para los negocios extractivos y monocultivos. Por: Fernanda Barboza

Esta mujer ha centrado su liderazgo en el pulso por el derecho a la tierra y por el uso sostenible de los recursos naturales de la Orinoquía. Villa también ha sabido ganarse la confianza de las comunidades indígenas que habitan el departamento, a las que ha prestado su voz para hacer reclamos sobre el derecho ancestral de la tierra. “Hay dos clases de líder: el nato que realmente busca defender a la comunidad y el líder de bolsillo que es el que reclama por él mismo, pero nunca busca una salida colectiva. Ella ha sido una lideresa nata. La admiramos y por eso ella está al frente de todo”, así la describe Luis Torres, líder campesino del Vichada y su amigo. 

Su camino como lideresa social inició formalmente en 2006, cuando fue elegida presidenta de una de las Juntas de Acción Comunal en Cumaribo. “ Yo inicié como secretaria, pero solo duré dos meses porque el presidente que teníamos fue amenazado. Entonces, me hicieron la propuesta y hasta el 2016 fui la presidenta”, recuerda Villa. 

Una funcionaria de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización que hace acompañamiento a comunidades vulnerables, campesinos e indígenas en el reclamo de sus derechos,  asegura que Villa es una lideresa muy activa y que ha estado presente en diversos escenarios políticos para contar qué pasa en su comunidad y denunciar los atropellos que viven campesinos e indígenas en el Vichada. “Ana nos ayudó muchísimo a construir y establecer una ruta de protección y de autocuidado en áreas rurales. Es una mujer que siempre se ha esforzado por denunciar y sentar su voz como mujer campesina en la defensa de los derechos humanos, de la tierra, en la defensa del ecosistema y de los derechos ambientales”, cuenta la funcionaria. 

 

 Vichada tiene 34 resguardos indígenas en los que están comunidades como los Sikuani, Sáliba, Amorúa, Piapoco, Piaroa, Puinabe, Curripaco y Cubeo. Por: Archivo de Ana Villa

 

Ana no tiene miedo

“A mí el tema ambiental me empezó a preocupar cuando vi que se acababan los caños en mi finca. Por ese hecho puse un denuncio, porque me fumigaron toda la cuenca del caño con glifosato. Desde ahí empecé a pelear por el agua”, recuerda Ana Villa. 

Ese liderazgo y el afán por proteger los recursos naturales pronto fueron más allá de Cumaribo. Villa ha llevado sus denuncias y manifestaciones a Yopal, la capital del departamento de Casanare, también en la llanura colombiana. En 2014 la región oriental de Colombia tuvo un verano tan fuerte que las comunidades de Vichada y Casanare no pudieron enfrentarlo debido a la escasez de agua. 

 

  Ana Villa ha realizado varios viajes a Bogotá con el fin de denunciar los problemas de seguridad y ambientales en la Altillanura. Por: Archivo personal Ana Villa

Algunas comunidades de los departamentos afectados se movilizaron hacia Yopal para exigirle respuestas a Corporinoquia, la autoridad ambiental en la región. Los líderes ambientales, entre ellos Ana Villa, se reunieron para exigir la renuncia de los directivos de la entidad, argumentando el poco accionar de la corporación en épocas de sequía y la falta de seguimiento a las denuncias de las comunidades por la contaminación del agua en manos de la industria petrolera y agroforestal. “Uno va y denuncia y no pasa nada. Queríamos que renunciaran porque no estaban haciendo lo que tienen que hacer”, afirma Villa.  

Martha Jhoven Plazas Roa, entonces directora de Corporinoquia, dijo en la rendición de cuentas de 2014 que la entidad sí había respondido a la mayoría de quejas y había hecho un correcto control ambiental en la zona. Señaló que de 1123 quejas que recibieron en 2014, la corporación atendió cerca de mil.

Sin embargo, han pasado casi siete años desde esa manifestación y el panorama, como cuenta esta lideresa, no ha cambiado mucho. Según dice, las denuncias no tienen los efectos esperados y las empresas siguen contaminando el agua. Hacer una solicitud ante la corporación es más complejo hoy pues la sede de Corporinoquia en Cumaribo fue cerrada desde finales de 2020. Si alguna persona quiere acercarse a esta entidad, debe viajar por lo menos cinco horas hasta La Primavera, otro municipio de Vichada.

Estar al frente de su comunidad, ser la gestora de las peticiones de sus vecinos y compañeros y ser la cara visible de los reclamos contra las administraciones municipales, la fuerza pública, los colonos que llegan a adueñarse de las tierras, las multinacionales de la agroindustria e incluso los grupos armados ilegales la ha puesto en peligro en varias oportunidades. En 2014, al tiempo que apoyaba  las manifestaciones contra la gestión de Corporinoquia, recibió las primeras amenazas de muerte. “Me llamó un señor y me dijo que mi vereda tenía que obedecerlo y que dejara a las empresas quietas”, relata Ana Villa. 

Un año después, en 2015, mientras se dirigía a una reunión con unos campesinos reclamantes de tierras, fue interceptada por hombres armados. “Yo no sé qué me pasó en ese momento. Tenía mucha ‘piedra’ [rabia] y empecé a decirles todo lo que pensaba. Que ellos estaban acostumbrados a matar a la gente amarrada porque eran unos cobardes. Les decía que si me iban a matar, que me mataran ahí mismo”, cuenta Villa. Ese día, algunos habitantes de Cumaribo que presenciaron la intimidación, llegaron a socorrerla y obligaron a los tres hombres armados a que se fueran del lugar.

Ana también le ha hablado claro a sus vecinos y a los campesinos cuando ve que están deteriorando el ambiente. "La verdad es que al campesino lo cogen es para sembrar coca. A veces son personas que no piensan en un futuro”, explica Villa, refiriéndose a la realidad de muchos campesinos colombianos que ante las dificultades para cultivar el pancoger (yuca, plátano, maíz, fríjol, entre otros), optan por los monocultivos como la coca. “En varias reuniones yo les he dicho que no hay que talar los bosques, que sembremos la sabana, que cuidemos los bosques porque los bosques en el Vichada son muy pequeños, la mayoría es sabana y en el poquito de bosque que queda, de ahí nacen los caños, son la cuenca de un río, entonces si tumbamos los bosques, vamos a acabar con la fauna, con todo”, cuenta la lideresa. 

“Nosotros confiamos en Anita y por eso le hemos pedido que le haga frente a todo. Entre todos nos cuidamos porque los que reclamamos tierras somos blancos de amenazas”, asegura el líder Luis Torres. Ese apoyo de la comunidad la ha fortalecido y Villa dice que no siente miedo de ejercer el liderazgo en una región peligrosa para los defensores del medio ambiente porque “ese respaldo de la comunidad me protege, entre todos nos cuidamos”, afirma. 

El reclamo por la tierra

El 2021 llegó con buenas noticias para Ana Villa y su familia pues recibieron, después de más de una década de reclamos, el título de propiedad de “Las Azucenas”, la finca que compró en 1996. El éxito de su caso es un aliciente más para esta lideresa que sigue apoyando a unas 13 familias de su municipio que continúan solicitando las tierras que han habitado por décadas. 

Villa es una ficha fundamental para la comunidad porque ella misma documentó cómo estas familias, de la vereda de Camaretas en Cumaribo, fueron desplazadas en 2014 de las tierras que habitaban y que estaban solicitando ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Villa vio cuando llegaron hombres armados alegando ser los dueños de esos predios. Uno de los desplazados fue Nepomuceno Pilón Caicedo, quien luego se convirtió en su amigo y en su compañía en los reclamos. “Nosotros somos colonos. Cuando llegamos no había nada. Allí construimos nuestras casas y con el tiempo la vereda”, relata Caicedo. Villa les ha ayudado a contactarse con abogados para asesorías y a recolectar información para solicitar la titulación de sus tierras. “Yo ayudo a los campesinos con información, contactos, redactando documentos”, cuenta la lideresa. 

 

 Ana Villa se ha preparado con cursos y seminarios en temas de reclamación de tierras y temas ambientales para ayudar a las comunidades. Por:archivo personal Ana Villa

Ana Villa es una experta en temas de tierras. “Cuando inicié como líder en la Junta de Acción Comunal me vinculé como voluntaria a la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y empecé a conocer sobre reclamaciones de tierras y qué hacer en esos casos”, afirma. Hasta el momento ha apoyado a 20 familias en varias veredas que están en proceso de legalizar sus tierras ante la ANT, la entidad encargada de adjudicar tierra baldía a campesinos pobres; o haciendo solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras, la agencia estatal encargada de verificar que los peticionarios perdieron sus tierras por el conflicto armado y llevar esos casos ante jueces especializados.

En 2013 Villa, acompañada de otros líderes sociales, creó la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Vichada (Asojuntas Vichada), que fue el punto de partida para denunciar la acumulación irregular de tierras de origen baldío por parte de varias empresas en la llanura colombiana. Esta es una de las grandes batallas que ha librado. 

Fue allí donde conoció al abogado Luis Guillermo Pérez Casas, con quien comenzó a documentar cómo la empresa Colombia Agro, que para la época pertenecía a la multinacional estadounidense Cargill, acumuló cerca de 50 000 hectáreas de más de 40 predios campesinos, con la asesoría del bufete de abogados Brigard Urrutia, como se probó tiempo después. 

Colombia Agro creó decenas de empresas de papel, para que cada una comprara un predio y así eludir los límites de acumulación de tierra de origen baldío que imponen las leyes colombianas. Según la Ley 160 de 1994, una persona o empresa no puede tener más de una propiedad que haya sido baldía, ya que con esta legislación se busca garantizar que las tierras del Estado sean entregadas a campesinos pobres y que no terminen acumuladas en pocas manos. En el departamento de Vichada no se pueden entregar más de 3000 hectáreas a un mismo solicitante. (Ver reportaje Vichada: tierra de hombres para hombres sin tierra).

Cargill es una de las mayores empresas agroindustriales del mundo y en Colombia tiene presencia desde la década de los sesenta. Comunidades en varios países, en los que la compañía tiene sede, se han quejado por sus prácticas comerciales y ambientales, y así quedó registrado en un informe que la organización ambiental estadounidense Mighty Earth publicó en 2019. 

Ana Villa y el abogado Luis Guillermo Pérez evidenciaron cómo la multinacional, con la ayuda de servidores públicos, adquirió un terreno mayor a la superficie urbana y suburbana de Bogotá, que es de 477 kilómetros cuadrados o 47 700 hectáreas. Villa señala que comenzó a investigar cuando a la región llegaron varios forasteros a comprar tierras que los campesinos de la zona lograron que el Estado les titulara después de procesos que duraron décadas. La lideresa denunció que muchos vendieron a bajos precios por las difíciles condiciones de violencia en las que vivían. Los forasteros, luego de unos meses, revendían la tierra a la multinacional por valores muy superiores.

Por ejemplo, el predio El Relato, que el Estado le había adjudicado al campesino Cupertino Godoy en 1995, fue comprado por empresarios del Valle del Cauca que llegaron a la zona en marzo de 2009 por cerca de 200 millones de pesos (unos 56 000 dólares), aunque la transacción fue registrada apenas por 50 mil pesos (14 dólares) en el certificado de tradición y libertad. Un año y medio después, los empresarios le vendieron la misma finca a una de las compañías de Colombia Agro —para entonces propiedad de Cargill— por un valor de 2461 millones de pesos (poco más de 680 000 dólares) (Ver certificado de tradición).

Ana Villa señala que mientras la empresa se quedaba con los títulos de estos predios ubicados en los municipios de Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo, en el departamento del Vichada; campesinos y comunidades indígenas, que llevaban años intentando que les titularan tierras, seguían esperando sin éxito. Por ejemplo, Mongabay Latam y Rutas del Conflicto pudieron constatar que la ANT ha negado varias de las solicitudes de adjudicación de los vecinos de Ana Villa, por lo que, en su condición de víctimas de desplazamiento forzado, han tenido que acudir a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que ya aceptó sus casos y los presentará ante un juez.

En 2013, la denuncia de Villa y Pérez llegó al Congreso de la República, específicamente a las oficinas del senador Jorge Enrique Robledo y del representante a la Cámara, Wilson Árias, quienes ese mismo año citaron a un debate en el que exponían, además, que el entonces embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, era socio de la firma de abogados que asesoraba a la compañía estadounidense. Ana Villa viajó desde Cumaribo hasta Bogotá y participó en un debate en el Congreso, entregando su testimonio sobre lo que ella y otros líderes de la zona habían documentado. 

Luego del debate, Urrutia renunció a la embajada, pero la empresa siguió en la zona como propietaria de los predios en los que desarrollaba un proyecto de cultivos agroindustriales de maíz y soya, mientras que Villa continuó siendo la vocera de las comunidades campesinas e indígenas que se quejaban a diario por los efectos de los químicos que usa la agroindustria.

Una campesina que lucha contra la contaminación ambiental

En Cumaribo existen varias comunidades campesinas e indígenas que han presentado quejas a Corporinoquia por el comportamiento ambiental de Colombia Agro entre 2013 y 2015. Villa ha liderado varios de esos reclamos para proteger la salud de indígenas, como los del resguardo El Merey, así como la afectación a los ecosistemas de la zona. “Todos ellos toman el agua del caño, con eso es que se bañan. Hace un tiempo hubo una mortandad de peces. Fuimos con el ingeniero Julián Quintero [excontratista de Corporinoquia, que ha ayudado a Ana Villa a redactar las denuncias ambientales] y vimos hasta rayas muertas y los indígenas se enfermaron”, cuenta la lideresa.

 

 Ana Villa ha ayudado al pueblo indigena sikuani en el departamento de Vichada. Por: Archivo personal Ana Villa 

Los malos manejos de residuos de la empresa han sido registrados en varias visitas realizadas por Corporinoquia. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto pidieron información sobre estas visitas y la autoridad ambiental aseguró que ha realizado cinco procesos de inspección desde 2013, en los que encontró que Colombia Agro no tenía permisos de vertimiento de aguas residuales industriales. 

En dos visitas halló una “disposición de residuos sólidos y peligrosos a cielo abierto en el predio El Encanto y Los Gansos”, así como “la captación ilegal de aguas (superficial y subterránea) y vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas al suelo, sin los respectivos permisos, en los predios Los Gansos, El Rastro y El Encanto”. (Ver respuesta de Corporinoquia).

Incluso, las quejas en contra del impacto ambiental de la empresa llegaron a un proceso penal en 2016, luego de que un vecino de la compañía denunciara la fumigación aérea de cultivos usando el herbicida paraquat. Según las normas ambientales colombianas, dicho químico solo puede ser usado manualmente. El diario El Espectador reseñó en 2015 que la Fiscalía imputó cargos relacionados con los daños ambientales a varios funcionarios de Colombia Agro, entre ellos, el exgerente Juan Aquilino Pérez Pérez y al contratista encargado de la fumigación aérea.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto pudieron verificar que a Juan Aquilino Pérez y otros funcionarios y contratistas de la compañía, se les imputaron cargos en 2016 por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos, daño a los recursos renovables agravado y contaminación ambiental. A marzo de 2021, el proceso penal sigue abierto y no se ha dictado sentencia.

Según los pobladores de la zona, los procesos por daños ambientales hicieron que Colombia Agro redujera su presencia en la zona en 2017. Sin embargo, Ana Villa cuenta que la compañía volvió con más fuerza en 2019 y retomó el proyecto agroindustrial. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto verificaron la propiedad de los predios y confirmaron que siguen perteneciendo a Colombia Agro, a través de las compañías que había creado para adquirirlos. Al revisar los documentos de la Cámara de Comercio de Colombia Agro no aparece por ninguna parte el nombre de la multinacional Cargill, pero en la junta directiva se registra a Robert Philipp Hutter que, según su perfil de LinkedIn, trabajó para la multinacional en 1999 y es hijo del expresidente de Cargill, Heinz Hutter.  

En los documentos se evidencia que, en 2016, la casa matriz propietaria de Colombia Agro pasó de Black River SAS, que fue filial de Cargill, a Proterra, una empresa creada por exfuncionarios de la misma Cargill.

Robert Philipp Hutter es también el presidente de Proterra, que según su página web, es una “administradora de capital privado” en la que Cargill “ya no es propietaria, pero mantiene su relación con Proterra como socio limitado comprometido con los fondos”.  En la junta directiva de Colombia Agro también aparece Brent Christopher Bechtle, exfuncionario de Black River SAS, la exfilial de Cargill en Colombia.

Además, Mongabay y Rutas de Conflicto pudieron establecer que Matthew David Waller, socio y jefe financiero y de operaciones de Proterra, tiene un proceso penal en la Fiscalía colombiana por daños al medio ambiente, relacionado al caso de Colombia Agro y sus predios en Vichada.

Contactamos a los representantes de Cargill en Colombia para preguntarles si la empresa directamente administraba los predios, si había retomado el proyecto agroindustrial en el Vichada y si había hecho ajustes para cumplir con las normas ambientales colombianas pero Cargill se limitó a responder que desde 2015 no tiene relación con las empresas propietarias de las tierras en el Vichada. Intentamos contactar a Matthew Waller de Proterra y a funcionarios de Colombia Agro pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no obtuvimos respuesta.

Este es el momento en que no hay claridad sobre la presencia y actuación de empresas como Colombia Agro en la región. El temor de Ana Villa es que se han reactivado los proyectos agroindustriales, como el de esta compañía, que en el pasado, y según informes de Corporinoquia, causó daño a los recursos naturales de Cumaribo.  

A esto se suma que durante el último año ha aumentado la presencia de grupos armados ilegales en la región. Varias comunidades indígenas y campesinas han denunciado amenazas contra líderes y lideresas que defienden su derecho a la tierra y a un ambiente sano. Incluso, la Defensoría del Pueblo, con su Sistema de Alertas Tempranas advirtió, en abril de 2020, sobre el aumento de grupos armados ilegales y amenazas a líderes sociales en los municipios de la altillanura del Meta y Vichada.

Varios vecinos le han advertido a Ana Villa sobre los peligros de viajar a ciertas zonas y ella se ha vuelto muy discreta en las salidas que hace para gestionar los procesos de las comunidades ante las entidades del gobierno. “Siendo lideresa mi vida ha cambiado mucho, a veces para bien y a veces para mal. Yo sé que hay muchas complicaciones como amenazas y riesgos, pero yo me he dedicado para la gente más necesitada, para la gente que vive en los territorios más lejanos y abandonados", dice Ana. 

A pesar de todo esto, cada vez que se necesite, ella está dispuesta a viajar si es necesario las 25 horas que la separan de Bogotá. Eso no le importa. Insiste en encontrar soluciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de su comunidad campesina y de los indígenas que confían en su trabajo

 

Actualizado el: Mar, 03/16/2021 - 16:09

 

Esta mañana, el Ministro de Defensa, Diego Molano, defendió la orden de realizar un bombardeo en el campamento de alias Gentil Duarte que, por inteligencia, se sabía que habían menores de edad reclutados forzosamente. Molano declaró que: "lo que teníamos eran máquinas de guerra que estaban planeando ataques terroristas", refiriéndose a los niños. 

Ese bombardeo se une a los hechos que ocurrieron entre octubre y noviembre del 2019, en los que el portal de noticias Canal 1, hizo pública la detonación de aparatos explosivos en la vereda Candilejas en San Vicente del Caguán, Caquetá, por parte del Ejército Nacional. En esa ocasión murieron al menos ocho menores de edad. La orden que hoy defiende Diego Molano dejó como víctima a una niña de 9 años.

Sin embargo, de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, las niñas, los niños y adolescentes se contemplan como una población que goza de especial protección por no participar en las hostilidades y ser vulnerables. Además, distintos tratados internacionales ratificados por Colombia, como el Convenio de Ginebra que sostienen explícitamente que tanto la niñez, como los espacios educativos deben mantenerse al margen del conflicto.

Además, en la base de datos para el especial ‘Colegios de la Guerra’, se registraron seis casos más, entre el 2000 y el 2010. La Fuerza Pública bombardeo  colegios y escuelas, atentando de esta manera contra la población civil y especialmente contra niños, niñas y adolescentes. Cuando la redacción radicó un derecho de petición para  preguntarle al Ministerio de Defensa y  al Ejército Nacional sobre los bombardeos, respondieron que, ellos cumplían de manera irrestrica al DIH.

31 de enero, 2000: La escuela La Esmeralda en El Castillo, Meta,  fue impactada por una de las bombas que tropas de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional lanzaban desde helicópteros y aviones. Según la Revista Noche y Niebla, “por orden del comandante de la Brigada 7, ninguna persona podía ingresar ni salir de la región y tampoco se permitió el ingreso de remesas y víveres”

18 de octubre, 2000: Tropas del Ejército Nacional a bordo de un helicóptero y un avión, bombardearon las veredas El Porvenir y La Unión en San José de Apartadó. Los efectos de dichas bombas afectaron las instalaciones de las escuelas de las dos veredas. 

13 de septiembre, 2003: El casco urbano del caserío Santa Lucía en Puerto Rico, Meta, fue bombardeado durante 45 minutos por miembros de la Policía Nacional de Antinarcóticos. Tras las explosiones resultaron afectadas varias viviendas y quedó destrozado el techo de la escuela. Ese mismo día, fueron detenidos 32 campesinos arbitrariamente según la revista Noche y Niebla, . 

10 de julio, 2006: Los habitantes del municipio de Planadas, Tolima denunciaron que son continuos los bombardeos y ametrallamientos de manera indiscriminada contra la población por parte del Ejército Nacional. Además, aseguraron que durante los combates los señalaron de colaboradores de la guerrilla 

2 de febrero, 2009: El Ejército Nacional y  la Fuerza Aérea bombardearon indiscriminadamente una escuela y varias viviendas que quedaron gravemente afectadas en la vereda La Esperanza. Además, según la revista Noche y Niebla, después de los ataques a la población civil, las tropas se acantonaron en el centro educativo.

5 de noviembre, 2010: Según comunicado público de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) “El 5 de noviembre cayó una bomba a cien metros de la escuela de Chinguirito, Resguardo Indígena Awá Chinguirito Mira, lugar donde hay varias casas y las familias Awá se han estado refugiando cuando se presentan los bombardeos y combates entre las FARC-EP y el Ejército Nacional”

 

 

 

Actualizado el: Mié, 03/10/2021 - 20:39

Por: Paula Rodriguez, Gabriel Moreno y Santiago Buenaventura 

Nury Bustamante, oriunda de Puerto Berrío, municipio a las orillas del río Magadalena en el departamento de Antioquia, vivió en carne propia los rigores del conflicto armado. En 2003 desapareció su hijo Jhon Jairo de 21 años, quien pertenecía al Ejército en el batallón Bomboná. Jamás volvió a saber de él, su último recuerdo fue haberse despedido cuando Jhon Jairo se disponía  abordar un bus para salir de Puerto Berrío un par de días.

A pesar de insistir y preguntar por su paradero, siempre le decían lo mismo. “Que no se sabían si estaba muerto, o lo tenía la guerrilla”. Cuatro años después, el 27 de octubre del 2007, su hija de apenas 9 años salió de su casa y nunca regresó. Con voz entrecortada y aún trémula se pregunta por qué los desaparecieron.

A partir de la década del 80,  Bustamante al igual que otros porteños, adoptaron los cuerpos sin identificar que arrastraba el río Magdalena hasta la orilla del pueblo, una práctica cultural que les ha permitido alivianar la ausencia de sus seres queridos. Desde entonces, los visitan en sus tumbas en el Cementerio la Dolorosa, en Puerto Berrio, les escogen un nombre, les llevan flores y  cuidan sus lápidas.

En abril del 2012 Nury y su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado. Recuerda que muchos jóvenes fueron a parar a la cárcel, y justo cuando algunos salieron, empezaron las amenazas en su contra y de su familia. Cada vez sentía menos seguridad, no quería que las tragedias de su pasado siguieran, así que por no querer que le pasara algo a sus cuatro hijas, tomó sus cosas y se marchó de Puerto Berrío. Una de sus mayores ilusiones es volver  a su pueblo para quedarse y seguir en la búsqueda de la verdad: ¿dónde están sus familiares desaparecidos?

Velar las ausencias

Nury adoptó, en dos ocasiones, cuerpos de personas que llegaban sin vida del río, a los que ella se refiere como ‘ánimas’. Una vez en los noventa y en la segunda ocasión entre 2006 y 2007, no lo recuerda con exactitud. “Yo al cuerpo le tenía fe como ánima, no como ‘NN’ en ese momento, no me había pasado lo que me está pasando” recuerda Nury refiriéndose a su primer ‘ánima’. Sabía que era mujer, le puso Ivana, y en un contexto tan violento como el que vivía Puerto Berrío, solo le pedía a su ánima que le cuidara a sus hijos, que no les pasara nada ni se los fueran a matar o a desaparecer.

Ahora, esta práctica del cementerio La Dolorosa, en Puerto Berrío, se enfrenta con las medidas cautelares de los procesos del Plan Nacional de Búsqueda, liderado por la sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El objetivo principal de estas medidas es esclarecer qué sucedió con algunas víctimas que, en el contexto del conflicto armado, están dadas por desaparecidas y posiblemente sus cuerpos yacen en el cementerio porteño. Pero, ¿qué pasará con el respeto a esta práctica y a este lugar sagrado?

Los procesos de identificación se llevarán a cabo en articulación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la JEP y el equipo de trabajo que hace parte de las diferentes direcciones. Además, será el personal que hace parte de la dirección de Prospección, Recuperación e Identificación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) quienes en articulación con Medicina Legal, avanzará sobre el proceso de identificación.

Según la magistrada en esta sección de la JEP, Reinere de los Ángeles Jaramillo, este culto preocupa a la jurisdicción, que busca adelantar estos procesos de investigación forense en el cementerio. La principal razón, asegura la magistrada, es porque la práctica de adoptar cuerpos sin identificar “va en contravía de la posibilidad de efectivizar ese derecho de las víctimas a encontrar sus seres queridos”. 

Esto sucede porque los lugareños algunas veces le ponen un nombre al N.N que de seguro no es el de la víctima, un nombre del sexo opuesto, o ponen las fechas de la adopción del cuerpo, lo que según la JEP, altera los procesos de identificación de las víctimas. El plan propuesto tiene como prioridad esclarecer si hay desaparecidos que puedan encontrarse con vida. De no ser así, hallar sus cadáveres, que estarían en La Dolorosa, e identificarlos para hacer la respectiva entrega a sus familiares  con el fin de que puedan, finalmente, hacer el respectivo duelo según sus costumbres y creencias.

La jurisdicción adelantó estas medidas cautelares en Puerto Berrío a través del Auto 023, resolución que inició con las investigaciones forenses en octubre del 2020 en cerca de 356 puntos del cementerio. Estos avances aseguran que habría al menos 400 restos de cuerpos de víctimas, presuntamente de desaparición forzada, y que están en riesgo de deterioro donde yacen, en la declaración de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, en su visita al pueblo porteño.

En esos riesgos considerados por la justicia transicional no solo aparece el culto a los N.N de los habitantes, o las fragmentaciones óseas de los cuerpos, sino otros motivos como el deterioro en las bóvedas del cementerio donde se encuentran los cuerpos. La decadencia de la estructura se combina, además, con las condiciones climáticas de Puerto Berrío, porque según la magistrada Jaramillo, la exposición al sol y la humedad de las tumbas causan alteraciones en las estructuras óseas que están en las celdas de custodia decretadas por la JEP.

Sin embargo, la JEP y la magistrada Jaramillo hacen mayor énfasis en lo que es, a criterio de ellos, el mayor riesgo para las labores de identificación de los cuerpos enterrados en La Dolorosa. Los malos manejos que se han dado a los cuerpos sin identificar por parte de los administradores del cementerio, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, perteneciente a la diócesis de Barrancabermeja, son las principales objeciones que ha hecho la jurisdicción.

Jaramillo asegura que se les había advertido, pero que la parroquia no cumplió con los protocolos establecidos por la ley, pues realizaron diversas exhumaciones e inhumaciones irregulares en La Dolorosa. “No se preservaban ni cuidaban los lugares donde estaban inhumadas personas no identificadas y que muchas de ellas las enterraban sin ningún trámite especial, sin orden judicial, y puestos de manera irregular en algunas tumbas”, dice.

La sección de Ausencia de Reconocimiento identificó durante su visita para anunciar las medidas cautelares que la parroquia había hecho la exhumación irregular de 42 cuerpos en los puntos de investigación forense. La magistrada Jaramillo, basada en información que les entregaron, dice que esto se dio porque la iglesia necesitaba “optimizar espacios”. Es decir, que el párroco ordenó la exhumación de cuerpos, algunos sin identificar, para dejar espacio para otros difuntos a futuro.

Jaramillo agrega que esto era grave para “satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad que pasa por encontrar a sus seres queridos”, por lo que la JEP ha ordenado a la iglesia no hacer más exhumaciones cuando no se cumplen órdenes judiciales, es decir, que son ilegales. Esta inquietud surgió porque organizaciones como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, pidieron en marzo del 2020 que se interviniera en estas irregularidades del cementerio en Puerto Berrío.

Se podría decir que la comunidad porteña está de acuerdo en que la casa parroquial tuvo malos manejos con los cuerpos que llegaban al cementerio, pues según Nury en su experiencia propia, una vez hubo un procedimiento irregular con su ‘ánima’. Tiempo después de la desaparición de su hijo John Jairo, Nury adoptó un nuevo cuerpo que había llegado del río, a quien, al igual que el anterior, le oraba y pedía por sus hijos, pero esta vez apegándose más a esta ‘ánima’ al no saber nada de su hijo. En 2007 tuvo que viajar a Medellín para hacerse unos exámenes de una cirugía, alejándose un tiempo de su ‘NN’, pero cuando volvió a Puerto Berrío, el cuerpo ya no estaba. La casa parroquial del pueblo dio la orden de sacarlo del cementerio.

“El cura mandaba a sacarlos, y no sabíamos a dónde los tiraban, con quién lo revolvían. Allá las personas lo cogían como de la familia. Pero si al cura le daba la gana de sacarlos se iban para donde ellos quisieran y entonces ahí es donde hay quizá muchos cuerpos de ‘NN’ con los que estamos en ese proceso de identificación”, cuenta Nury.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecida creada en agosto de 2018 en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A través de un derecho de petición, la unidad reitera que son un mecanismo extrajudicial que tiene por objeto dirigir, coordinar, y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas desaparecidas que se encuentren con vida.

En los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la UBPD busca la recuperación, identificación y entrega digna de cuerpos esqueletizados, en el contexto y en razón del conflicto armado. Con esto reiteran que su labor está dirigida a la búsqueda y reconocimiento de cuerpos, y al igual que la JEP, consideran que la práctica de adopción de los cuerpos en Puerto Berrío dificulta su objetivo.

Desde el 27 de mayo del 2019 se realiza el despliegue territorial en las diferentes regiones del país, dentro de las cuales se encuentra la territorial Barrancabermeja – Satélite Dorada, que tiene como cobertura 54 municipios de la región del Magdalena Medio y específicamente el municipio de Puerto Berrio. Es así, que desde el momento de la llegada a la región, la UBPD ha recibido solicitudes de búsqueda que han llegado a la institución principalmente por familiares y organizaciones, sin realizar alguna recuperación en ríos u otros lugares de disposición como cementerios en el municipio de Puerto Berrio.

La unidad se encuentra desarrollando los Informes de Establecimiento del proceso de la Búsqueda y las respectivas investigaciones alrededor de las solicitudes recibidas. La UBPD actualmente trabaja en la construcción del universo de solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tanto en la región en general, como en Puerto Berrío en específico. La institución podrá realizar procesos de exhumación de cuerpos esqueletizados que se encuentran en los cementerios u otros sitios de inhumación, para verificar su posible identidad. También se tendrá en cuenta que los cuerpos hallados a orillas del río pueden pertenecer a familias buscadoras en zona aledañas a este municipio, lo cual generará otras acciones de búsqueda como toma de muestras de ADN, recopilación y triangulación de información. 

Se afecta una tradición que es significativa del pueblo, según Viviana Uribe, lugareña de Puerto Berrío, pues no solo se les da el descanso a los cuerpos, sino que a partir de sus creencias y tradiciones, se santifican estas tumbas. Las familias de Puerto Berrío los adoptan, rezan con ellos y en sus ataúdes les piden deseos, pues se tiene la creencia de que estas almas santifican tanto a quienes los adoptan como al pueblo, asegura la porteña. 

Un réquiem por los cuerpos

Pinturas del artista Cristo Hoyos

Para el psicólogo experto en víctimas de la Universidad del Rosario, Miguel Gutiérrez, esto es una respuesta desde la cultura a los actos atroces que se han vivido en Puerto Berrío en el conflicto armado y que va en contravía de la idea de borrar a una persona. “Ese cuerpo, que se le ha despojado de sus atributos humanos. Estas personas recogen esos cuerpos del río, les dan una santa sepultura, los adoptan, los bautizan, les dan nombres significativos para ellos y les atribuyen poderes superiores”, dice.

La UBPD es consciente del choque cultural que van a generar las medidas con los lugareños. Por tanto consideran primordial generar un espacio de pedagogía o campaña permanente que genere sensibilización sobre la desaparición, sus efectos y contribuya a aliviar el sufrimiento de las familias que han vivido esta situación en la región. Una tarea que deberá realizarse en articulación con la instituciones, organizaciones locales y, adicionalmente, la contribución de todos los sectores de la sociedad que permitan identificar aquellas tumbas que han sido marcadas.

Gutiérrez agrega que en estos procesos culturales existe tanto un modo de darle dignidad a estos cuerpos deformados por el conflicto, y funciona como un mecanismo desde la comunidad ante los horrores de la guerra desde la cultura, el arte y la tradición. Se podría decir, además, que este acto también surge porque los desaparecidos no solo llegan de otros municipios desde el río Magdalena, sino también de habitantes de Puerto Berrío que han sido víctimas, como familiares de Nury y Viviana.

Viviana es es sobrina de Aleyda Uribe, una lideresa de Puerto Berrío que hacía parte de la Mesa de Víctimas del pueblo y luchaba por la búsqueda de la verdad de quienes, al igual que ella, perdieron familiares en el conflicto.  Esta lucha inició cuando el tío de Viviana y su esposa, pareja de pescadores de la zona, fueron desaparecidos hace más de 30 años. Desafortunadamente, su tía, Aleyda, falleció el 2 de octubre del 2020 a causa de un derrame cerebral. Se fue sin saber qué pasó el día de la desaparición ni del paradero de sus familiares.

Cristo Hoyos, artista e historiador cordobés, se refiere a la práctica ejercida por los lugareños como un ejercicio de memoria colectiva. “La serie tumbas llegan a convertirse en el lugar de duelo para aquellos cuerpos que no fueron sepultados, lo es también para los cadáveres sin identificación que hoy se encuentran enterrados en los cementerios de las riberas de los ríos y las ciénagas”, afirma. 

 

Pinturas del artista Cristo Hoyos

En simultánea, a los años más duros del conflicto armado en las regiones del Magdalena y el Sinú, Hoyos con cámara en mano visitó los cementerios de Sahagún, Montería, Mompox, Carepa y Puerto Berrío y se percató de aquellas lápidas teñidas con brochetazos de cal que avisaban la presencia de un ‘NN’, captó como la flores de papel silueta desteñian sus colores producto de la intemperie y la romería que empezaba a desatarse al interior de los pueblos. La serie fue llamada “Silencios”, consta de 30 tumbas realizada en dimensiones variables sobre papel fibriano, algunas lápidas llevan los nombres de personas desaparecidas o en el mayor de los casos figuran como ‘NN’.

Estos muertos ajenos, que han llegado a Puerto Berrio, llevan décadas rescatados de sus sepulcros de agua. Los cuidan, les escogen un nombre para bautizarlos, con nombres imaginados o de sus propios desaparecidos. Les llevan flores y les pintan las tumbas con los colores más vivos y más bonitos. Parecen darles vida en medio de su propio dolor. Es así, como se comienza a dar una identidad a los llamados ‘NN’ del pueblo.

‘NN’ es la forma en la que se llama comúnmente a las personas que se desconoce por completo de su origen, su vida y en especial las que no tienen ‘Ningún Nombre’. Una adaptación de lenguaje que proviene  del  latín  nomen  nescio,  que  significa  “desconozco  el  nombre”. La llegada desde río arriba de los ‘NN’ a puerto Berrio trajo un ambiente diferente para el pueblo. Verlos allí, arrastrados, heridos, algunos desmembrados, motivó a los porteños a adoptar una práctica para sentir paz en medio de tanta guerra. Dejar de verlos sólo como cuerpos sin nombre, y más bien como unas ánimas a santificar, adoptarlos y devolverles la dignidad que la guerra les quitó.

La adopción de los ‘NN’ se convirtió en el rito del animero: ´sacar´ a las ánimas del cementerio para no olvidar a sus muertos. Práctica que contribuyó a recrear y fortalecer en los habitantes del puerto unos hábitos religiosos identitarios, así lo cuentan los investigadores Helgar Figeroa y Claudia Gómez en su estudio “No olvidemos a los muertos”. Animero y violencia en Puerto Berrío, Antioquia. Aseguran que es de esta manera es que los porteños recrean su identidad colectiva apelando a los símbolos y rituales derivados de sus creencias y prácticas religiosas frente a la muerte.

El pueblo y el conflicto armado

 

 

Puerto Berrío ha sido un pueblo de tradición pesquera por estar a orillas del río ‘Grande’ de Colombia, algo que se volvió una labor de tradición en las familias porteñas. Pero así como el Magdalena ha traído peces al pueblo, también ha sido una fuente de agua que entre sus corrientes ha arrastrado los cadáveres de las víctimas del conflicto. 

Viviana Uribe recuerda cómo era la sensación de terror constante cuando llegaban los cuerpos muertos, maltrechos y desmembrados a las orillas del río Magdalena. Cuerpos que no se sabían de quiénes eran, y que, por alguna o ninguna razón, les fueron arrebatados a sus seres allegados. Cuerpos a los que había que darles el descanso que la guerra no les dio. El río llevaba a flote estas personas, donde los pescadores sacaban los cuerpos de las corrientes, los llevaban al cementerio para ser velados aún sin identificarlos. 

Los lugareños recuerdan que comenzaron a sentir las oleadas de violencia desde la década de los 80, cuando los grupos paramilitares ocuparon estas zonas del Magdalena Medio en Antioquia. ‘Paras’ como Los Escopeteros de Ramón Isaza, y Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá de Henry y Gonzalo Pérez comenzaron a delinquir por esta zona, causando terror en los habitantes de Puerto Berrío.

 

 

En ese contexto, los muertos no solo bajaban por el río, sino que comenzaron a aparecer personas asesinadas en la zona urbana de Puerto Berrío, en las calles, casas, plazas, alcantarillas y muchas otras partes más. Nadie reclamaba los cuerpos por el riesgo que corrían de ser la siguiente víctima. Todos sabían que si algo pasaba eran los ‘masetos’, como les decían a los ‘paras’ de la zona. Pero tampoco nadie se atrevía a señalarlos. Las noches llegaban al pueblo con el temor y la incertidumbre de no quedarse en total oscuridad, porque si no era la lluvia la que quitaba la luz en el pueblo, significaba una alerta de que algo macabro iba a pasar. 

Nury recuerda aquella madrugada oscura, acompañada de llovizna en la que tuvo que salir de su casa. Caminaba por el andén y en la esquina de una calle sintió que había tropezado con algo, pero como no lograba distinguir nada, no le prestó importancia. Cuando apareció la luz del día, a eso de las 6 de la mañana, una señora en la calle donde Nury pasó alertaba el suceso que había ocurrido en la noche:

“Un muerto. Un muerto”, gritaba la señora. Nury estaba confundida, ella no vio nada ahí, le explicaba a la señora. “Pero yo pasé por ahí y no vi ningún muerto”, cuenta. Después de su desconcierto por el suceso fue que comprendió la verdad, la oscuridad no le dejó ver que había tropezado con la víctima de aquella noche.

Puerto Berrío comenzó a ser una ‘zona caliente’, por su cercanía al río Magdalena ha sido un territorio estratégico en el cual múltiples actores armados se enfrentaron por su control. Situación que trajo como resultado un alto número de muertos y desaparecidos, muchos de ellos enterrados en el cementerio del pueblo como ‘NN’, como lo afirman Figeroa y Gómez en su estudio. Atravesar el conflicto como víctima secundaria (familia) y aún más cuando se trata de desaparición forzada genera impactos psicosociales y daños emocionales incalculables, así lo informa el CNMH. La naturaleza y las características de este delito producen una  incertidumbre permanente que impide hacer el duelo. 

La violencia convirtió a este pueblo en un receptor de muertos ajenos y sus habitantes tratan de vivir con la carga. Para la Fiscalía General de la Nación, en cambio, esta costumbre no ha sido tan conveniente. El hecho de que varios de los ‘NN’, nadie sabe cuántos, hayan sido pasados a un osario con nombres que parecen reales y sin ninguna señal de ser restos rescatados del río, ha dificultado las labores de búsqueda que esta entidad adelanta, en lo que coincide la JEP.

 

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), informa que de los  89.736  casos de desaparición desde finales de los 50, sólo de un 52% se ha podido comprobar su perpetrador. Entre éstos 26.475 (62%) se atribuyen al paramilitarismo y 10.360 (24%) a las guerrillas. El informe también advierte de que en muchos casos los grupos paramilitares actuaron en connivencia con las fuerzas del Estado para cometer ese tipo de crimen. Además, de estos casos de desaparición forzada hallados por el CNMH, 843 fueron víctimas del pueblo porteño.

Puerto Berrío ha sido un pueblo que parece que no lo quieren dejar en paz. La violencia, la muerte y la desaparición han sido la constancia de los últimos años. Para la década de los 90, con la consolidación del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el pueblo estaba lamentablemente obligado a seguir viendo más muertos y tener más familiares desaparecidos. Ante ese horror, solo quedaba rezar a las ánimas de La Dolorosa para que la paz llegase al río y al pueblo. 

Hacer memoria de un cuerpo que no está

 

 

 A través del arte y la cultura se le ha dado voz y fuerza a estos cultos y prácticas en Puerto Berrío, no solo para mostrar esa respuesta ante las secuelas del conflicto armado, o darle un descanso digno a las ánimas, sino también para construir memoria en estos territorios. La galería Requiem NN, del artista colombiano Juan Manuel Echavarría,  muestra el culto que se tienen por los cuerpos sin identificar en Puerto Berrío y cómo esto ha sanado las heridas de lo que ha sido el pueblo en la violencia.

Los lugareños tienen presente al artista e incluso le guardan aprecio por haber sido de los primeros en prestar atención a la práctica de rezarle a, más que unos cuerpos que llegaban del río, unas ‘ánimas’ que debían descansar en paz. Esta exposición, además, cuenta con un documental que muestra ese proceso de sanación del pueblo desde el duelo, y cómo esos cuerpos que se encuentran se les da una narrativa desde quien les dio voz, el río Magdalena.

El río ‘Grande’ es el que ha acompañado también estas creencias, construcción de dignidad y memoria de un pueblo azotado por el conflicto armado. Nury cuenta que en noviembre de cada año, Puerto Berrío conmemora a las víctimas que aparecieron por las aguas y a todos los porteños que la violencia se llevó. Los lugareños caminan por las calles de los distintos barrios, se ora con mayor pasión por las “ánimas del río” y se les homenajea con actos simbólicos en las corrientes que los arrastraron hasta las orillas del pueblo.

Miguel Gutíerrez afirma que estos actos y costumbres son importantes para mantener la memoria que “va en contravía de la repetición gracias a que recordamos, podemos no repetir, pues normalmente repetimos lo que no recordamos”. Por otra parte añade  que con la memoria es necesaria la verdad, saber qué fue lo que sucedió con las muertes violentas y a partir de eso apostar por “mantener vivo tanto el recuerdo de las personas, poblaciones y hechos, como de sancionar que eso realmente ocurrió”. 

La JEP entiende que la tradición cultural ha tomado importancia en Puerto Berrío y su manera de sanar las heridas que ha sufrido a causa del conflicto, por lo que mantener el culto entra en tensión con las medidas cautelares para identificar los cuerpos del cementerio. Pero la magistrada Jaramillo dice que la jurisdicción se mantiene firme en que los derechos de las víctimas, su identificación y entrega a sus familiares son la prioridad principal de la investigación.

“Tenemos elementos suficientes para considerar que muchas de esas personas no identificadas que están en el cementerio están desaparecidas y para el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación,  son la centralidad. Entendemos que la práctica puede seguir haciéndose, pero no con aquellas personas que no han sido identificadas y que, por el contexto de la región, por la situación de guerra que se ha vivido allá, tenemos la presunción de que puedan ser personas víctimas del conflicto armado”, concluye Jaramillo.

Actualmente, la JEP busca coordinación con la alcaldía y la personería de Puerto Berrío para que los lugareños hagan pedagogía en la que sensibilicen y muestren, a criterio de ellos, los riesgos de sus prácticas culturales con los cuerpos que están en el cementerio. Esto busca disuadir la práctica de adoptar cadáveres de los NN, aunque Jaramillo dice que posiblemente no se logre, dado el significado que tiene esto para los porteños,  asegura que se debe lo necesario es que “no se alteren las condiciones en el cementerio de la fecha en que fue inhumada”.

Sin embargo, Miguel Gutiérrez insiste en que es necesario un diálogo entre la comunidad y los entes investigadores, pues considera que hay que reconocer y valorar las prácticas que ellos han realizado. “Tiene que valorarse lo que significa eso para cada uno de ellos y a través de ese diálogo con ellos, y con ellos construir opciones de proceder”, dice Gutiérrez. 

Hay una tensión clara de salvaguardar las tradiciones o velar por el derecho de las víctimas, y se crea un dilema de que priorizar una afectaría a la otra. Lo cierto, y de acuerdo con Gutiérrez, es que los porteños han logrado un valor simbólico muy importante a través de las tragedias que su pueblo ha vivido. Personas como Nury, Viviana, Aleyda y muchos habitantes de Puerto Berrío han luchado con las tristezas de perder un ser querido, por lo que ellos pueden tener empatía con aquellas personas que también quieren saber respuestas de sus familiares desaparecidos.

Por esta razón, el diálogo con la comunidad debe ser un valor importante que la Jurisdicción Especial para la Paz debe tener en cuenta, no únicamente desde obligaciones jurídicas. Porque para avanzar con las investigaciones, es necesario entender que todas esas prácticas tienen una importancia en la narrativa de lo que han sido los territorios que han sufrido los horrores del conflicto. Como dicen los expertos entrevistados, no es fácil, pero vale la pena intentarlo, por la memoria y dignidad de lo que ha sido Puerto Berrío.
 

Actualizado el: Mar, 02/23/2021 - 13:47

Por: Luciana Rodríguez e Isabella Amador

“Usted teniéndolo todo, su alimento, su tranquilidad... todo lo que usted pudo hacer en 50 años lo pierde en tres o cinco minutos y queda con una mano delante y otra detrás”. Así inicia contando su historia Andrés Narváez, campesino que sin saber leer y escribir ha compuesto más de 200 canciones inéditas acerca de la vida, la naturaleza, la tierra, el amor y las mujeres. Aunque recuerda cómo se sintió, no entrega detalles, pues no quiere traer a su memoria los recuerdos de un desplazamiento forzado que aún le duele.

Don Andrés no menciona exactamente dónde era su anterior hogar, solo recalca que tuvo que bajar de la montaña con prontitud para buscar un nuevo lugar donde pudiera estar con su familia. Actualmente, vive en Ovejas (Sucre), después de vender una vaca, pudo comprar un terreno allí donde antes vivía con su familia, pero ahora terminaron siendo solo él y su hermano, puesto que estos hechos dejaron un estrago irremediable, fruto del temor. Ambos hermanos se separaron de sus esposas.

Ovejas es un municipio de Sucre que queda en los Montes de María, una región montañosa que además comprende otros municipios de Bolívar, en el Caribe colombiano. La región ha estado marcada por la violencia proveniente de paramilitares, guerrilleros y la fuerza pública. 

La historia de don Andrés, entonces, es frecuente en los Montes de María y los impactos del desplazamiento son evidentes en esta zona donde la tierra es la causante de grandes problemas porque quien la controla tiene el verdadero poder a pesar de que no sean sus dueños. Montes de María es un amplio territorio fértil de tradición agrícola y ganadera con una ubicación geográfica que comunica a buena parte del país con la región Caribe y algunos de sus principales puertos. 

Estas características, han generado una lucha por la tierra entre los movimientos campesinos, actores armados y grandes empresas. Cada uno de estos buscan tener un control de los terrenos para fines diferentes: sustento diario y familiar, negocios ilegales, explotación de la tierra, entre otros. Estas luchas se han gestado a través de masacres, desplazamientos y acciones violentas contra los campesinos que viven allí. 

A pesar de que existen varios estudios sobre el desplazamiento en el conflicto armado en Colombia, poco se conoce sobre las afectaciones que pueden tener las víctimas de estos hechos en su salud mental, por eso la importancia de abordar este tema. Como explica el estudio Trastornos mentales y consumo de drogas en la población víctima del conflicto armado en tres ciudades de Colombia realizado por la Universidad CES de Medellín, en 2018, los datos sobre salud mental en la población víctima de desplazamiento forzado en Colombia son escasos.

La Nación desplazada

Según el informe Nacional de desplazamiento forzado en Colombia, Una Nación desplazada, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2015, en el país hay al menos más de seis millones de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Como apunta el informe, la razón de que exista este fenómeno es clara: Colombia sufre de un problema agrario persistente con una historia permeada por el difícil acceso a la tierra y la lucha por el territorio. Así, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza y, en ese sentido, en el 99 por ciento de los municipios se han presentado casos de desplazamiento.

Este hecho, además, continúa sucediendo, la firma del Acuerdo de Paz en 2016 no bastó para que este conflicto cesara en Colombia. Según cifras brindadas por la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, entre enero y noviembre de 2018, más de 30,517 personas fueron desplazadas de manera interna en Colombia. Así, desde 1985 hasta 2018, 7,7 millones de personas han sido internamente desplazadas en el país. 

Además, las cifras de la Unidad de víctimas refuerzan la gravedad de la situación actualmente en el país. En 2019, hubo más de 74.000 casos de desplazamiento forzado en Colombia, siendo Antioquia el departamento con el mayor número de casos. Si quiere saber más sobre el número de casos, por departamento, que se produjeron en ese año, pase el mouse por encima del mapa.

 

Concretamente, como explicó a ACNUR la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas (UARIV) Viviana Ferro, “Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que la población de Costa Rica. En algunas zonas del país aún no paran los desplazamientos forzados”. Por eso, como lo evidencian las cifras de ACNUR, de la Unidad de Víctimas y el informe del CNMH, no es excesivo considerar a Colombia como una Nación desplazada. 

Así, este fenómeno ha afectado a miles de poblaciones del país y ha dejado muchas huellas en su salud mental. El estudio de la Universidad CES significó un avance para el conocimiento de estos impactos. La investigación encontró que los trastornos mentales más comunes, entre la población víctima de desplazamiento forzado, son: la fobia específica (es decir, miedo a objetos o situaciones puntuales), la depresión, el estrés postraumático, la ansiedad, los trastornos de conducta y el déficit de atención. Estos hallazgos se hicieron a partir de una encuesta aplicada a 1.206 personas entre los 13 y 65 años, que fueron víctimas de desplazamiento forzado por distintos actores hace menos de 10 años y llegaron a las 3 ciudades con mayor cantidad de víctimas de desplazamiento forzado en Colombia (según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento): Bogotá, Medellín y Buenaventura.

Los resultados del estudio se pueden evidenciar en el testimonio de don Andrés, él siente un miedo constante a tener que vivir nuevamente una situación de desplazamiento, siente miedo a ser despojado de su tierra otra vez. Jorge González, director de la especialización en intervención psicológica en situaciones de crisis de la Universidad San Buenaventura, ha trabajado en atención en crisis a víctimas y específica que en la mayoría de las intervenciones y estudios en los que ha estado, el trastorno de estrés postraumático es uno de los más frecuentes en las víctimas. “La característica de este trastorno es que cuando la persona se ha visto sometida a un estrés muy grande genera un choque y una angustia (intermitente) que le vuelve de pronto”, dice González.

 

Imagen de algunos de los talleres que ha organizado la Universidad San Buenaventura en diferentes territorios del país.

 Crédito: Universidad de San Buenaventura, corporación impacto vital y financiado por la USAID.

Además, este trastorno y la angustia que genera puede relacionarse también con la fobia específica cuando, por ejemplo, alguien que ha sido desplazado “oye un helicóptero y ahí mismo reacciona porque sabe que después del helicóptero viene el problema”, asegura González. Entonces así, cualquier sonido relacionado le va a recordar al momento y le va a generar angustia y fobia a la persona además del mismo estrés postraumático.  

El desplazamiento deja huellas en la salud mental 

Noelia Hewitt es psicóloga clínica y de la salud de la Universidad Católica; tiene doctorado en Psicología clínica, evaluación y tratamientos psicológicos; es profesora e investigadora de la Universidad de San Buenaventura y cuenta con una amplia experiencia en investigación y atención a víctimas del conflicto armado colombiano. Hewitt, explica que los principales sentimientos que experimentan las víctimas de desplazamiento forzado son tristeza profunda, dolor, miedo y alto grado de desconfianza. 

Estas emociones se encuentran fácilmente en el testimonio de don Andrés: “Éramos como una sola familia, pero después uno desconfiaba del vecino y el vecino desconfiaba de uno, se rompió esa relación”, comenta recordando las fiestas que tenía en su vereda antes de que el conflicto irrumpiera con la tranquilidad de sus hogares. 

Al no saber muchas veces quiénes son los responsables de las acciones violentas, denunciar se vuelve una tarea imposible. Pero puede llegar a ser peor cuando las víctimas se dan cuenta de que es el gobierno y la fuerza pública quienes tienen relación con los hechos. Ahí, la desconfianza surge como uno de los sentimientos principales.

“No confío, realmente no confío. Es difícil confiar en un gobierno que se prestó o permitió que los hechos sucedieran”. Yeison Salamanca dice estas palabras a medida que su voz emite un tono de rabia. Él nació en Recetor, Casanare, un municipio que queda a dos horas de Yopal y que antes se conocía como Cerro del Perú, pero cambió su nombre en honor a un médico curandero que ofrecía recetas para las enfermedades de los habitantes. Yeison pasó toda su infancia y su adolescencia allí hasta sus 20 años, cuando incursionaron en el territorio las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). 

De enero a marzo del 2003, este grupo desapareció a 33 campesinos, entre los cuales siete fueron familiares de Yeison. Nunca más volvió a saber de su padre, su madre, dos de sus hermanos, dos tíos y un primo. Su familia se desmoronó y así, Yeison tuvo que desplazarse junto a otros cuatro hermanos a Boyacá, escapando de las amenazas y la persecución. 

Ni él ni su familia recibieron ayuda durante el proceso. Lo único que han podido descubrir, por su propia cuenta, fue que el entonces alcalde de Recetor, Flaminio Cocinero, fue testigo y cómplice de las desapariciones. Pues les ayudaba a las ACC a hacer las listas de aquellas personas que debían desaparecer, por ser supuestamente auxiliadores de la guerrilla.

Por eso, la confianza en general hacia el estado, el gobierno y las ayudas, se desmorona a medida que pasa el tiempo. Actualmente, el exalcalde se encuentra prófugo de la justicia y tiene una circular roja expedida por la Organización de Policía Internacional (INTERPOL). Lo cual significa que tiene una orden de captura a nivel internacional y así, de ser encontrado, podría ser detenido de manera provisional (más no arrestado) para seguir con la investigación. 

La doctora Noelia también resalta la diferenciación en afectaciones en función del género y de la edad. “Los jóvenes sienten rabia porque no pudieron hacer nada, mientras que los niños tienden al miedo, la agresión y al aislamiento”, cuenta Hewitt.

De la misma manera, Jorge González menciona que son las mujeres las que son más propensas a la depresión. La razón de esto recae en que, en gran cantidad de ocasiones, las mujeres se convierten en la cabeza del hogar porque el hombre no consigue salir del territorio o es asesinado por parte de los actores del conflicto. “Esto es una peste que no solo acabó con el campo, acabó con nuestras familias”, menciona don Andrés.

Sin embargo, en algunas historias es la misma familia la que termina lastimando a una víctima. María* vive en Guainía, con una voz firme pero unos ojos que guardan nostalgia cuenta: “Mi papá empieza a abusar sexualmente de mí. Obviamente mi papá era mi ídolo y que me hiciera esto... fue duro”. Aunque todavía guardaba las esperanzas de que toda esta situación frenara, con tan solo 16 años, decidió escaparse de la casa, un desplazamiento que nace de los abusos al interior de su hogar.

 Lo hizo un domingo a las 5 pm y el papá, al no verla a las 6 de la tarde, cuando llegó a su casa, decidió hablar con la guerrilla para que la fuera a buscar. María consiguió viajar durante siete días a través del río y no tenía cómo defenderse de algún ataque. Algunas noches las pasó sola en la selva, hasta que se encontró con un miembro de la guerrilla de frente. 

Este la identificó, aunque María negó su identidad, el guerrillero tenía una foto de ella. Se quedó sin argumentos llegaron otros tres guerrilleros. En ese momento, ella les explicó las razones por las cuales se había escapado, por qué no quería regresar y les preguntó a los cuatro qué podía hacer para que la dejaran ir. La respuesta de los miembros de la guerrilla fue que tenía que pagar en especies: “Ahí fue cuando ellos abusan de mí, yo no tenía cómo defenderme, cómo hablar porque era mi seguridad, mi salida”, menciona María con una voz cortada y pausada. 

La ansiedad por un futuro incierto y la tristeza de un duelo no resuelto al recordar su territorio o las razones que los obligaron a irse, son dos de las principales afectaciones en la salud mental de las víctimas de desplazamiento, según los expertos. Tienen miedo de lo que pueda pasar, de cómo van a sobrevivir y los recuerdos de su vida pasada los paralizan y les quitan las ganas de luchar. Estos sentimientos se presentan como factores determinantes para acercarlas al consumo de drogas y alcohol.

Por eso, antes de preguntarse ¿por qué alguien se refugia en las drogas o en el alcohol?, es importante preguntarse primero qué factores han llevado a estas personas al consumo. Las drogas y el alcohol, como bien lo explica la doctora Noelia, “son una forma de evadir el dolor que están sintiendo. En el trance del consumo ellos olvidan su situación”, pues como cuenta don Andrés, estos hechos son “algo que uno no quisiera recordar ni revivir porque son momentos muy trágicos”.

 

El estudio realizado en 2018 por el Grupo de Investigación en Salud Mental de la Universidad CES de Medellín, es una gran evidencia de estas afectaciones en la salud mental de las víctimas. En la investigación se encontró que el alcohol fue la principal sustancia de consumo para las víctimas (68.7%), seguido por el tabaco y la marihuana. También fue notable el uso de medicamentos para tratar la ansiedad sin haber sido recetados por profesionales de la salud.

 

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, las personas víctimas de desplazamiento forzado se ven expuestas a diversos traumas psicosociales que generan a corto, mediano y largo plazo, una tendencia hacia hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y la farmacodependencia.

 Tomada de: https://www.elespectador.com/noticias/salud/victimas-de-desplazamiento-forzado-tienen-tendencia-hacia-trastornos-en-salud-mental-y-consumo-de-drogas-segun-encuesta/

El profesor Jorge González explica que frente a esta afectación hay que entender qué significa el consumo de alcohol y otras sustancias para una población que viene manejando el afrontar una situación de desplazamiento. “Entonces no es gratuito la razón por la cual consumen cerveza, por qué hay consumo de alcohol y de drogas, todo esto viene de la mano”. Es por esto, que el acompañamiento a las víctimas por parte de un equipo especializado es fundamental, porque esos sentimientos que se generan a partir de un desplazamiento pueden aumentar y afectar cada vez más a la víctima. “Es un comportamiento que se aprende y vamos a prevenir que eso ocurra. Es una historia que no para”, asegura el doctor González.

Además de esto, la historia de abuso al interior de los territorios también tiende a repetirse. María, en su testimonio, menciona que no solo ella fue víctima de abuso sexual, sino que una de sus hijas también lo fue cuando las AUC llegaron a su territorio bajo órdenes de la Policía. En el momento, María tuvo acceso a una lista en la que se veían posibles víctimas de la limpieza social que se iba a realizar en el municipio. María salió corriendo en búsqueda de las pocas personas que recordaba de la lista, les dijo que se fueran sin preguntar el porqué, pero que lo hicieran rápido.

 “Lastimosamente una de mis hijas pagó por el hecho de que hubiera hablado. La doparon y abusaron de ella como quisieron, la soltaron a la 1 am y la encontré en el parque del pueblo sin que ella supiera dónde estaba”, cuenta María.  Aunque buscaron ayuda de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el daño ya estaba hecho y ellas no recibieron apoyo. 

¿Cómo es la atención en salud mental?

“Ojalá lleguen a una atención psicológica”, dice Jorge González al referirse a la dificultad que presentan muchas víctimas para recibir atención pues, aunque se conozca su importancia, el acceso no es una tarea fácil. El conflicto armado ha impactado a pequeños corregimientos donde el Estado no tiene gran presencia por lo que no se enteran de estos desplazamientos y, por lo tanto, para las víctimas de estos territorios se borra por completo la posibilidad de acceder a ayudas. 

La falta de recursos en el campo ha dejado como consecuencia que la atención médica sea de difícil acceso. “Si usted va a una zona rural ¿qué personal de salud va a encontrar? Médico y enfermera entonces el componente de salud mental necesita desarrollarse”, asevera el doctor González. Otro problema, es que cuando las víctimas pueden acceder a canales de atención, son pocas las que piden ayuda. 

Jorge Alzate trabaja en el área de protección de las Naciones Unidas desde hace 10 años. Alzate comenta que una de las maneras para llegar a la atención a las víctimas es cuando estas se comunican con ellos desde el momento en el que están siendo amenazadas en sus territorios y, de esta manera, se les realiza un acompañamiento constante. Es importante destacar que es más sencillo localizar y acompañar a aquellas personas que han sido desplazadas en grupo a las que no. Porque las que están solas se pierden en los números de las estadísticas y su historia es difícil de rastrear. 

Además, para que las personas afectadas por esta problemática se sientan cómodas para hablar de sus experiencias y acompañados se realizan talleres grupales, aunque cada caso sea único. “Los entrenamos para que aprendan a manejar las situaciones (de crisis), lo que buscamos es que las personas aprendan por sí mismas a manejar esos estados. Cuando ya hablamos de un trastorno ya tenemos que tener una consulta especializada”, explica el doctor González. 

Por otra parte, la doctora Noelia habla de talleres donde se les enseña sobre el 'bienestar', pero no solo como un término médico sino como el vivir bien, el 'bien-estar'. Para esto se les enseña el valor del afrontamiento positivo, a través de talleres y cursos les explican la importancia de ver lo positivo de su nueva realidad; el valor de la vida, de la familia que los acompaña; habilidades de afrontamiento a través de la toma de decisiones consciente y así ver en un panorama más general que se puede salir a adelante y vivir con una nueva perspectiva de oportunidades.

Imagen de algunos de los talleres que ha organizado la Universidad San Buenaventura en diferentes territorios del país.

 Crédito: Universidad de San Buenaventura, corporación impacto vital y financiado por la USAID.

Ahora bien, para que estos talleres y proyectos funcionen “es necesario que se lleve a cabo un acercamiento con enfoque diferencial de acuerdo a la edad, el sexo, el hecho victimizante, dependiendo del tiempo de exposición al evento y de la intensidad del mismo”, anota la doctora Noelia. Esto, porque cada uno de estos aspectos tiene implicaciones diferentes en las personas y por eso, se debe tener mucho cuidado dentro del proceso de intervención, pues los protocolos deben tener ese enfoque diferencial del que habla la doctora Noelia.

Entre percepciones y falencias

La falta de estudio y el estigma que existe, en general en la sociedad hacia la salud mental, lleva a que las mismas víctimas sientan o que no es una prioridad o sientan un rechazo a que se les brinde atención, si es que es posible acceder a ella. En el caso de don Andrés, las ayudas se quedaron en espera, nunca llegaron. Ante la pregunta de si las había recibido respondió tajantemente: “No mija, no no”. Pero, por otra parte, cuando esas ayudas sí logran llegar, a veces no se quieren porque hay desconfianza y rechazo a las personas externas que los llegan a atender.

“Cuando tú llegas como un especialista y te presentas con todos tus grados, todas tus maestrías en vez de generar cercanía, generas rechazo precisamente por la percepción que tiene la gente”, enfatiza Jorge Alzate. Por eso, es que desde el proceso de atención a víctimas del desplazamiento que brinda las Naciones Unidas, se tiene claro que los especialistas deben llegar a generar empatía para que las personas se sientas seguras de acercarse a ellos y contarles sus historias de vida y es ahí donde el trabajo grupal toma gran importancia. 

En ese sentido, a la hora de abordar este tipo de situaciones es importante trabajar con el sufrimiento de las víctimas de una forma en la que no se afecte, revictimice y respetando sus sentimientos. “No se les puede decir que no sufra.  Hay que ser empáticos para entender el dolor del otro y yo no lo he tenido, pero estoy dispuesta a entender ese dolor”, menciona la doctora Noelia acerca de esto. 

Para conseguir el entendimiento de estas personas es necesario formar a los profesionales con un enfoque de víctimas y conflicto, es aquí donde el país ha fallado en varias ocasiones. Esto, debido a que muchas de los profesionales que trabajan en los programas de atención lo hacen por el mismo periodo de tiempo que los gobiernos de turno haciendo que cada vez tengan que empezar los procesos desde cero. “Hay que seguir haciendo acciones y no frenarlas en función del Gobierno”, menciona el doctor González frente a la importancia en este tipo de atención de manera continua.

Los esfuerzos que se están haciendo

Las falencias en el sistema de atención a víctimas existen desde la creación de la Ley 1448 de 2011. Si bien nace con el propósito de reparar, atender y asistir a las personas afectadas de manera directa por el conflicto armado colombiano, el problema está en que solo se consideran víctimas y solo pueden ser acogidas bajo esta ley quienes han sido afectados por el conflicto a partir del 1 de enero 1985 hasta la actualidad.

Sin embargo, esta ley ha generado programas que han tratado de brindar una atención efectiva a las víctimas. Como se estipula allí, la asistencia y atención hace referencia a: el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas. A partir de esta ley y la creación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), se ha pensado en una reparación a las víctimas que si bien no se ha podido ejecutar en su totalidad son algunos mecanismos a los que han podido acceder.

El Papsivi es un programa en el que se unen diferentes especialistas y voluntarios para generar actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados y coordinados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. De esta forma, se atienden los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario. Esto, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades. Esta ruta, como se evidencia en la imagen anterior, debe ser ajustada territorial y localmente, adecuándola a las condiciones y particularidades de las víctimas y el territorio. 

Esto, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuye a la recuperación física y mental y a la reconstrucción social de sus comunidades. Esta ruta, como se muestra en la imagen, debe ajustarse territorialmente y localmente, adaptándose a las condiciones y particularidades de las víctimas y del territorio. En este sentido, el Papsivi se dirige a todas las personas que han vivido los hechos victimarios reconocidos en la Ley 1448 de 2011, que incluye el desplazamiento forzado.

El Papsivi se aplica en el marco de dos medidas de política pública: la atención integral de la salud se centra en una reparación transformadora en la rehabilitación psicosocial, física y/o mental. Por otro lado, la atención psicosocial se brinda a través de equipos multidisciplinarios (integrados por psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y/o antropólogos) que se encuentran ubicados en todo el país y que implementan la atención psicosocial a nivel individual, familiar y/o comunitario. En cuanto a la atención física y mental, el Papsivi cuenta con los diferentes actores territoriales del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la adecuada ejecución de la atención.

 

Tomada de: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_PAPSIVI.aspx

En ambos casos, como medida de asistencia y/o rehabilitación, la atención de salud integral con un enfoque psicosocial se compone de un conjunto de actividades y procedimientos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Estos procedimientos tienen en cuenta los posibles efectos causados por los acontecimientos victimizantes y el enfoque reparador que debe tener toda la atención de salud para las víctimas del conflicto.  

Los pasos que se deben seguir para ser parte del Papsivi son: 

1. Ser incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV)

2. Recibir el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (Paari)

3. El equipo de atención psicosocial del Papsivi recolectará esta información   

4. Después de estos requisitos, la atención psicosocial iniciará a través del reconocimiento de las principales afectaciones que las víctimas han tenido que vivir 

5. Sus niveles de resiliencia serán medidos 

6. La persona que requiere la atención entonces será informada de las necesidades que el equipo de atención psicosocial ha diagnosticado y así, la persona será informada de. cómo se llevará a cabo el proceso de atención.

7. Una vez cumplido el proceso y los objetivos de la atención, el equipo del Papsivi evaluará si el proceso requiere de continuidad o si se puede culminar la atención.

 

Tomada de: ¿Qué es el Papsivi? Guía para personas afectadas por el conflicto armado https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Guia-personas-afectadas-conflicto-armado.pdf

Así, el Papsivi cumple con la atención diferencial que destacaba la doctora Noelia. Sin embargo, una de las grandes falencias de este programa es que entran voluntarios, “personas que tienen la intención de ayudar, pero que no tienen el entrenamiento suficiente para hacerlo y en este trabajo con víctimas no solo importa la intención, sino también el buen entrenamiento”. Dicha importancia radica en que la atención a víctimas es diferente porque lo que haga o diga el psicólogo o psiquiatra puede marcar por toda la vida al paciente. 

“En Calamar, Guaviare, comenzaron un bombardeo que parecía un segundo Vietnam”, comenta Rusbelcy Granados víctima de desplazamiento e injusticias a causa del conflicto armado colombiano. Vivió más de 10 años en el municipio de Calamar, ubicado a 80 kilómetro de San José del Guaviare, allí los paramilitares y la Fuerza Pública se aliaron para realizar las llamadas limpiezas sociales, por supuestos nexos con la guerrilla, y desplazar a los habitantes para obtener el poder sobre el territorio. 

En este departamento el Ppsivi no cuenta con un servicio de atención a las víctimas. Las personas se ven obligadas a desplazarse de su territorio de manera solitaria y sin garantías de que podrán acceder a una ayuda en la salud mental. De los 32 departamentos que conforman el país, esta institución cuenta con programas de atención en 29 de ellos, faltando los departamentos de Gauaviare, Vaupés y San Andrés y Providencia. 

En total, en el 2019, en estos tres departamentos se reportaron 360 casos de desplazamiento forzado, siendo Guaviare el que presenta el número más alto. Además, para este año se presentaron, según cifras de la Unidad de víctimas, 74.820 casos reportados de desplazamiento forzado en el país. Una cifra que dice por sí sola la gravedad de la situación, pues es realmente alta y solo tiene en cuenta a las víctimas de desplazamiento, no a todas las del conflicto armado. 

Así, en comparación con los casos reportados, la atención del PAPSIVI no es suficiente. Pues para 2019, el programa atendió a 85.542 víctimas de diferentes hechos de todo el conflicto armado (ver tabla) y si sólo de desplazamiento son 74.820 víctimas, pues seguramente el registro total de víctimas de diferentes hechos es mucho mayor y no se pudo atender, ni siquiera, a todas las personas desplazadas en ese año.

Por eso, si bien el Papsivi ha sido una buena estrategia por parte del gobierno, la doctora Noelia menciona la necesidad de continuar con una formación en atención a víctimas para los psicólogos y profesionales que trabajan con este programa.  “El Ministerio de Salud ha hecho algo para subsanar eso y es entrenar a las personas que hacen parte del programa, voluntarios y especialistas en otras áreas, a ellos hay que seguir entrenándolos para que cada vez se brinde una mejor atención”, recalca Noelia Hewitt.

Además, la doctora explica que otra estrategia para mejorar el programa es la necesidad de realizar alianzas entre las universidades y los programas de atención para evaluar la eficacia de los mismos. En ese sentido, no solo se atenderían y acompañarían a las víctimas, sino que se vería el impacto que tuvo, su evolución e importancia. 

Adicional a esos esfuerzos que el gobierno está haciendo para brindar atención a víctimas del desplazamiento, en el país las organizaciones sociales también han tomado un papel muy importante al abrir y generar espacios de memoria y reconciliación entre víctimas y victimarios. Una de estas, es la fundación Ágape por Colombia. Para Rusbelcy Granados, las organizaciones sociales han tenido gran significado en el proceso de apoyo. Pues el Estado y el gobierno la dejaron sola mientras que tanto ACNUR como Ágape la apoyaron en su proceso de reparación.

“ACNUR me brinda atención psicológica y es ahí donde ya pude desahogarme y hablar tantas cosas que tenía calladas y esa fue mi salvación”. Mientras algunas lágrimas corren por su rostro, Rusbelcy recuerda que los pensamientos de quitarse la vida por el miedo y los recuerdos eran recurrentes. Si no hubiera sido por esta atención, es probable que lo hubiera hecho o que la venganza la llevara a actuar de manera violenta contra sus victimarios. La atención fue tanto personal como grupal y a través de diferentes actividades se sintió apoyada, pero asegura que “aún hay cosas que me quedan difíciles de hablar, pero mi meta es ya poderlo hablar sin que me duela”. 

Al desplazarse a Villavicencio por las amenazas, Rusbelcy encontró refugio en la fundación Ágape. “Estaba yo sin plata sin nada y mis hijos llevaban ya 8 días sin estudiar”. Al estar en esta situación decidió encadenarse en la gobernación y allí llegaron diferentes medios, y representantes de fundaciones, entre las cuales estaba el exsargento César Augusto Lasso. Allí, él le dio su contacto para empezar a brindarle apoyo. 

Después de esto, Rusbelcy empezó a asistir a las reuniones de perdón y reparación de la fundación, le brindaron los medios para empezar a trabajar vendiendo tintos y ‘mecato’ con sus hijas y, además, los insumos médicos para atender a uno de sus hijos: “Para mi Ágape es mi motor de vida. La fundación ha sido mi bastón y desde que conocí al Sargento Lasso no me han dejado abandonada”, asegura Rusbelcy a medida que deja salir una sonrisa y sus ojos le empiezan a brillar.

El exsargento César Augusto Lasso es su actual representante legal y ha vivido en carne propia el conflicto armado. El 18 de junio de 1988, Lasso se vinculó a la Policía. 11 años después, el 1 de noviembre de 1998, cuando las Farc se tomaron a Mitú, fue secuestrado.  Este suplicio duró 14 años y el 2 de abril de 2012 fue liberado. “Esta situación me permitió conocer la guerrilla por dentro, pude entender que ellos son personas como uno y perdonar lo que me hicieron”, recuerda César Augusto.

La fundación Ágape por Colombia se creó en 2006 para recibir refugiados que viven en el exilio, personas que fueron víctimas de reclutamiento de menores, secuestro, desaparición forzada, minas antipersona, desplazamiento forzado, abuso sexual al igual que miembros de comunidades indígenas y de la sociedad civil. Allí, se facilitan espacios seguros donde víctimas y victimarios realizan experiencias de convivencia. “Permitimos que las personas cuenten sus historias y que desahoguen la frustración, odios o miedos que tienen. Generamos estos espacios de conexión en el dolor, para entender al otro y abrirle camino al perdón”, cuenta César.  Así, dichos espacios de escucha generan confianza y les permiten sanar, conocer la verdad y así seguir adelante. 

“En Colombia no hay una atención sistemática profesional y continua hacia la víctima en este aspecto. Sin contar las otras situaciones difíciles que enfrentan”, asevera César Lasso. Por eso, en todo este proceso de acompañamiento en salud mental es importante la intervención especializada y los espacios donde las mismas víctimas sean las protagonistas. Donde sean escuchadas y puedan sanar haciendo uso de diferentes herramientas como los talleres en grupo y la música, construyendo una memoria conjunta. De esta manera trabaja don Andrés con su comunidad desde Ovejas: “Tengo una escuela de gaitistas en las que congrego niños para que se puedan ver con los adultos, estrechar sus manos y comenzar a hacer memoria”. 

Se puede decir que, “el fenómeno del desplazamiento persigue, no es que: se van porque queremos el terreno, las personas siguen siendo perseguidas”, indica el doctor González. Además de las afectaciones en la salud mental, el dolor de los recuerdos y las vivencias de lo ocurrido: “Ser desplazado es lo último que le puede pasar a un ser humano, es lo último que puede pasar por la mente de una persona. Es una cosa que uno no encuentra cómo describirla, es algo muy crítico”, enfatiza don Andrés. 
 

Actualizado el: Lun, 02/01/2021 - 09:26