En 2020 se registraron 51 casos de enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos durante operaciones de erradicación forzada, un número de registros que supera el acumulado de los cuatro años anteriores (44). Esto es lo que devela la publicación “Erradicación forzada: política que mata” del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, divulgada 14 de julio del presente año.

 

Desde el 25 de marzo de 2020, fecha del inicio del aislamiento en Colombia debido al Covid-19, ocurrieron 21 de estos casos, lo que ha llamado la atención de las organizaciones respecto a la vulneración de derechos humanos y a los riesgos para la salud de los pobladores durante la pandemia. “El gobierno está incumpliendo los derechos básicos, los campesinos son ciudadanos y con las erradicaciones forzadas vulneran sus derechos. El Ejército, además, no está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y esto representa un riesgo para las comunidades”, afirma Camila Fernández integrante de CESYCME.

 

Cuestionado sobre el tema, el Ministerio de Defensa respondió que los uniformados que asisten la erradicación forzada han recibido capacitaciones sobre las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19. “El personal uniformado y civil que lleva a cabo las labores de erradicación, antes de ingresar a zona, cumple a cabalidad con los protocolos de aislamiento preventivo y control de síntomas. Esto también ocurre durante y después del ingreso al área de operaciones, para evitar la propagación de la pandemia”, afirmó.

 

Los departamentos más afectados por los enfrentamientos durante la erradicación forzada son Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia con alrededor de 75% de los incidentes (71 casos) desde el 2016. De los 95 incidentes de los últimos cuatro años, el 20% (19 casos) registró el uso de armas de fuego por parte del Ejército o un tercero, según la investigación “Erradicación forzada: política que mata”. También hubo heridos en 18 de los altercados y por lo menos un muerto en cinco de ellos.

 

Diferente de la publicación del observatorio, que se enfoca en el número de enfrentamientos durante las operaciones, la campaña #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada enfatiza en el número de casos de erradicación forzada durante el 2020 y sus consecuencias para las comunidades. Los departamentos en los se han focalizado los procesos de erradicación son Norte de Santander, Meta, Putumayo y Antioquia, también priorizados por el Gobierno Nacional para iniciar la tercera etapa del PNIS, según CEALDES. Esa fase del programa de sustitución consiste en la inscripción de familias, la entrega de proyectos productivos y de beneficios económicos a los cultivadores que cumplan con los compromisos de lo pactado.

Durante los tres años de implementación del PNIS, el Gobierno se ha retrasado con la entrega de proyectos productivos como alternativa a los cultivos de coca y del apoyo económico del Plan de Atención Inmediata (PAI). La demora ha dificultado que las comunidades realicen el tránsito a las economías legales con cultivos que generen rentabilidad económica y bienestar ambiental, según las organizaciones.

Las familias de la vereda Los Alpes de Vistahermosa, Meta esperaron dos años las huertas caseras que les prometían desde el programa, según el reportaje ‘La sustitución que tiene en apuros a las familias cocaleras’, realizado por Rutas del Conflicto en alianza con Consejo de Redacción y Verdad Abierta.

Según el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), desde el inicio de la contingencia sanitaria al mes de junio, se han realizado 12.464 entregas de insumos para huerta en los municipios de Tumaco (Nariño), Cáceres y Anorí (Antioquia), Puerto Libertador y San José de Uré (Córdoba), San José del Guaviare y Miraflores (Guaviare) y Puerto Rico (Meta). Acerca de los enfrentamientos entre campesinos y Fuerza Pública durante la erradicación forzada, el PNIS respondió que la responsabilidad y conocimiento de estos casos es del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa afirmó a Rutas del Conflicto que “uno de los pilares de la Política de Defensa y Seguridad” es la protección de los Derechos Humanos. “Los integrantes de la Fuerza Pública se encuentran capacitados para aplicarlos y garantizarlos; reciben entrenamiento en protocolos de uso de la fuerza de conformidad con las normas jurídicas nacionales e internacionales, la doctrina y directivas institucionales”, informó. Sin embargo, desde los territorios se denuncia el exceso de violencia, según testimonios registrados por el observatorio y por la campaña de CEALDES y CESYCME.

 

Amenazas, gases lacrimógenos y capturas

 

Los diez departamentos más afectados por estos procesos de erradicación forzada desde el inicio del 2020 son: Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Norte de Santander y Antioquia, según CEALDES. Los dos últimos departamentos tienen los porcentajes más altos de hechos violentos en medio de los procesos: 24% y 23% respectivamente. “El gobierno actual ha priorizado la militarización de los territorios y las erradicaciones forzadas en una “guerra contra las drogas” que ha generado la estigmatización sistemática y la represión al campesinado”, afirma CESYCME en una de sus publicaciones en redes sociales.

Imagen tomada de la campaña #Erradicación ForzadaNOSolucionaNada 

La erradicación forzada, según CEALDES y CESYCME, ha vulnerado los derechos humanos de los campesinos, incluyendo el derecho a la salud, derecho a la paz y a la integridad. El derecho a la vida ha sido uno de los más vulnerados porque “en medio de la erradicación ha habido asesinatos, ráfagas con fusiles, amenazas a campesinos y campesinas que están ejerciendo su derecho legítimo a la protesta pacífica”, afirma Daniela Mosquera integrante de CEALDES.

En el Meta el Ejército ha atacado, en diferentes oportunidades, a campesinos con gases lacrimógenos y capturaron a 9 de ellos durante los operativos de erradicación, según relata CEALDES (ver publicación aquí). En El Retorno, Guaviare la comunidad también denunció agresiones y uso de gases lacrimógenos por parte del ESMAD y la Fuerza Pública, por medio de un video publicado en la investigación “Erradicación forzada: política que mata”.

Para las organizaciones líderes de la campaña #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada el acompañamiento del Ejército en estos procesos corresponde a discursos que estigmatizan a los pobladores en los que se afirma que “la erradicación necesita estar acompañada por la Fuerza Pública porque los campesinos, de alguna manera, sus líderes y lideresas, tanto afros como indígenas, están aliados o están presionados, como que están bajo fusil por actores armados ilegales”, comenta Daniela Mosquera.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, “sólo en los casos en que las unidades de erradicación son atacadas violentamente, las unidades militares y de policía pueden hacer uso de la legítima defensa, con un uso proporcional de la fuerza para proteger su vida e integridad personal, así como la de terceros, de acuerdo con el marco jurídico de protección a los derechos humanos”.

El acompañamiento militar durante de la erradicación genera una coacción en el proceso aún cuando éste es voluntario, según Camila Fernández, integrante de CESYCME. El Informe No. 21 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el delito (UNODC) expone que se han erradicado voluntariamente 41.513 hectáreas en el marco de la implementación del PNIS. “Desconocer la voluntad del campesinado de arrancar las hojas, y decir que ha bajado gracias a las acciones militares es abrir la puerta también a la discusión sobre el glifosato, mayores militarizaciones y no vías, no acceso a derechos y servicios básicos en estos territorios”, afirma sobre el informe.

 

En redes sociales

 

A raíz de estas situaciones, CEALDES, CESYCME y COCCAM se unieron para crear una campaña de comunicación en redes sociales llamada #ErradicaciónForzadaNOSolucionaNada. Con cifras, videos y publicaciones de alternativas para la sustitución, las organizaciones quieren poner sobre la agenda pública la discusión de que “la solución no solo es un proyecto productivo”, explica Fernández, sino también trabajar por la no estigmatización y la garantía de las comunidades.

“La visibilización es, además, investigación, caracterización. Es saber qué está pasando con los cultivos, qué está pasando con el gobierno y el campesinado”, dice Mosquera. La erradicación es una situación para preguntarnos por Colombia, por su gente. Se apunta a la desestigmatización y protección de diferentes comunidades.

Para continuar apoyando y visibilizando estas situaciones, CEALDES y CESYCME viajaron el sábado 18 de julio a la ‘Misión humanitaria por la vida y la paz en los llanos orientales y la orinoquía’. Junto a otras organizaciones sociales, académicas y defensoras de derechos humanos, estarán en la zona hasta el 27 de julio acompañando y documentando las denuncias de violaciones de derechos humanos durante las erradicaciones forzadas. Recorrerán San José del Guaviare, Macarena, Vistahermosa, Mesetas y Uribe, principalmente, y entregarán insumos de salud como alcohol, tapabocas y antibacterial.

 

 

Actualizado el: Mié, 07/22/2020 - 17:58

En medio de montañas selváticas de la región amazónica se encuentra una vasta sabana verde, es el valle de Balsillas ubicado en el cuarto municipio del país con mayor número de víctima de minas, San Vicente del Caguán, Caquetá. Allí, 262 personas han pisado una mina desde 1990. 

 

El 26 de octubre de 2010 a las 10:30 de la mañana, Holmes Ordóñez, un joven que muy pronto iba a cumplir 18 años, pisó un terreno minado en la vereda de Guayabal en la región de El Pato. Había empezado su técnico en gestión ambiental en el Huila para escapar del reclutamiento forzado y las minas antipersonales que eran pan de cada día. Esa mañana había quedado de encontrarse con el sacerdote para ir a hacer arreglos en varias casas de la zona que sufrieron los estragos del conflicto armado. 

 

A veinte metros de la casa cural, la mina explotó e impactó a Holmes directamente en su pierna derecha. Lo primero que hizo el joven fue gritarle al padre que lo ayudara, y este con gran esfuerzo lo llevó hasta la casa cural en donde la comunidad llamó al Ejército para que lo trasladaran a un centro médico. 

 

La región de El Pato se encuentra a cuatro horas de San Vicente del Caguán y a cinco horas de la capital de Huila, Neiva. Esta zona rural fue clave en el nacimiento de las Farc y años después se convirtió en una de las primeras Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Estas zonas fueron creadas en 1994 mediante la Ley 160, con el propósito de evitar la concentración de tierras y fortalecer la economía campesina del país.  

 

Holmes primero fue trasladado al Batallón Cazadores en San Vicente del Caguán, ahí, los médicos le dijeron al joven que tenían que amputarle la pierna derecha. Sin embargo, Holmes sintió que todavía podía mover sus dedos y se negó a la decisión médica, ilógica para él.  La pierna de Holmes se complicó y al no tener los recursos necesarios para atenderlo, ese mismo día lo trasladaron a una clínica en Florencia donde le amputaron la extremidad.  

 

A la corta edad de 18 años Holmes no sólo perdió su pierna, sino que su familia fue desplazada de Guayabal. A raíz de la ausencia del Estado, los grupos armados impusieron sus reglas de dominación y miedo, una de ellas era no tener ningún tipo de acercamiento o contacto con las Fuerzas Militares. “En ese tiempo si caías en un lugar minado, tenías que pagar la mina”, recuerda Holmes.  

 

A causa de lo ocurrido y en medio de la incertidumbre, la madre de Holmes y sus cinco hermanos menores dejaron el campo y decidieron iniciar una nueva vida en Neiva y empezar de cero. En total son diez hermanos, solo cinco viven con su madre. Holmes al ser el mayor de todos y ante la muerte de su padre, se convirtió en el sustento del hogar a muy corta edad.  

 

“Fue una infancia muy sufrida porque nos tocó aceptar reglas que atentaban contra nuestra propia integridad”, cuenta Holmes. El joven estudiaba hasta mediodía y luego “voleaba” machete, recogía café y frijol para llevar comida a su casa.  

 

Lo que sucedió aquella mañana cambió su vida para siempre. En medio de la situación de vulnerabilidad que enfrentaba Holmes con su familia, al ser víctimas directas del conflicto armado, el joven decidió salir adelante y enfrentar su nueva realidad. 

 

Tras durar cerca de dos meses internado en la unidad de cuidados intensivos, el joven comenzó su proceso de recuperación. Luego de un año aproximadamente, volvió a caminar.  

Con ello y dentro del desespero que afirmaba tener, Holmes llegó a verse obligado a buscar ayuda por parte de alguna ONG que le permitiera tener acceso a una prótesis, debido a que, según cuenta, ni con una tutela pudo acceder a una por parte de la EPS.  

 

“No culpo al gobierno como tal, culpo a las instituciones locales y sus funcionarios que han puesto todo tipo de trabas para las personas que han sufrido estos accidentes. Es triste”, manifiesta Holmes.  

 

En ese momento, inició su proceso de recuperación y adaptación a su prótesis. Holmes debió cambiarla dos o tres veces hasta encontrar una apta a sus necesidades. ¨Conocí organizaciones que valen la pena como el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras campañas que han estado cerca de nosotros para cumplir con lo que le corresponde al Estado”, añade el caqueteño. 

 

Luego de dos años del accidente en un control médico, Holmes se dio cuenta de que el impacto de la mina había sido más crítico. El líder se enfrentó a una reconstrucción traqueal causada por la misma explosión, y duró seis meses hospitalizado. 

 

A pesar de que el accidente fue hace 10 años, Holmes sigue sufriendo algunos traumas que se van presentando con el tiempo. Dentro de todo su proceso, decidió dedicar su vida al liderazgo por los sobrevivientes de las minas antipersonales en el Huila. “Mi sueño era ir a un seminario para formarme como sacerdote, esa era mi vocación. Pero cuando sufrí el accidente el rumbo de mi vida cambió totalmente”, confiesa el líder social. 

 

Obligado a aceptar su nueva realidad, en 2011 inició una asociación que orienta a las víctimas del conflicto armado a reclamar sus derechos y a la creación de proyectos para el restablecimiento socioeconómico. Esta necesidad de reclamo nació para Holmes al evidenciar en carne propia las fallas que presentan las instituciones de salud sobre la responsabilidad que tienen con las víctimas del conflicto. Las personas afectadas se ven enfrentadas a esperar ya sea meses o años por una cita médica, una ayuda o una prótesis. 

 

Holmes llegó a ser conocido por su liderazgo en la región lo que le permitió estudiar un técnico en gestión de mercado en el SENA. A pesar de terminar sus estudios, el mundo laboral le cerró las puertas por su condición física. En 2015, una empresa le permitió trabajar como asesor comercial y luego en 2017 trabajó con una ONG en el desminado humanitario. A partir de ese momento la vida le cambió. 

 

Con el proceso de paz se logró reconocer a las víctimas del conflicto armado como sobrevivientes. “Nosotros queremos ser parte de la solución y para eso tenemos que ser reintegrados laboralmente”, señala Holmes.

 

Junto con sus ahorros, los de sus hermanos y el dinero que le llegó como reparación cuatro años después por parte de la Unidad de Víctimas, el líder social le compró a su madre una casa en Neiva. Les costó adaptarse a esa nueva vida en la ciudad y pasar muchas necesidades. 

 

Ahora Holmes vive con su esposa e hija. Su sueño es tener un “rinconcito” en El Pato donde volver para recordar la vida campesina que la mina le arrebató. 

 

 

Actualizado el: Vie, 07/10/2020 - 09:23

Jorge Enrique Ortiz es un joven “santandereano y barboseño de pura cepa” como él mismo se considera. Nació en el municipio de la provincia de Vélez, límite con Boyacá, y solo ha abandonado su pueblo para estudiar.  Es líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander y añora organizar un observatorio del conflicto armado en la provincia, sin embargo, el apoyo económico todavía no lo ha conseguido. Desde su primer año tuvo que ver como su papá era reclutado forzosamente unos días para ser mano de obra.

 

Su afán por echarle un ojo al  conflicto armado surgió por su afinidad con los temas políticos y por su mirada crítica a los mismos. “En Santander y sobre todo en nuestra provincia fue especialmente cobijado por el tema político. La limpieza social siempre se le atribuye a este tema”. Y es que además, este factor no solo ha repercutido en la generación y en las dinámicas de la guerra sino que también ha contribuido a que en los municipios, no se hable, no se conozca de él y por ende no se generen políticas locales para las víctimas y para la población vulnerable. En el Magdalena Medio santandereano, en donde se ubica Barrancabermeja, se cuenta con una amplia reconstrucción pública del conflicto. Mientras que al sur, específicamente en la provincia de Vélez, nunca se ha hablado de este aunque también lo sufrieron.

 

Ni siquiera, el enlace de víctimas de Puente Nacional, otro municipio de la provincia de Vélez, tiene registro de aquellas personas que sufrieron la guerra local. Heidy Milena Gemade es la encargada del enlace y reconoce, con voz dudosa, que el panorama no está del todo claro en cuanto a las víctimas de la zona. La mayoría de personas que están dentro del registro del municipio son desplazadas de otras partes del país en las que ha existido un mayor impacto de la guerra.  Los pocos registros locales corresponden a la masacre de La Cantarrana en 1960 en la que 10 liberales que se reunían para un funeral fueron asesinados por el conservador Efraín González en una calle de la cabecera municipal. Este hecho marcó tanto a los puentanos, que es prácticamente imposible preguntarle a los más viejos de la región por los hechos violentos y no se remonten a contar solo esa masacre.

 

Ejemplo de ello es Diego Suárez, un hombre delgado y de avanzada edad que se enamoró del territorio cuando trabajaba con la gobernación y hacía viajes frecuentes en mula y a pie. Hace 20 años decidió radicarse en Puente Nacional y guiado por su conocimiento empírico de la historia de la zona fundó el periódico regional Portales y empezó un programa radial en la La Voz de Sorocotá. Si se quiere conocer la historia de la provincia se tiene que recurrir  a él. Sin embargo, cuando empieza a hablar de los hechos violentos cuenta cada una de las historias del bipartidismo, los asesinatos selectivos a personas de ambos bandos y la política de la época. No cuenta nada del conflicto armado reciente.                                                                                                                                           

 

“Pero, eso era normal”

 

Hay punto en donde sí coinciden varios de los relatos de los habitantes. Cuentan que durante una época había una presencia particularmente “pacífica” y “pasiva” de guerrilla y paramilitares, y que estos últimos se limitaban exclusivamente a ‘ayudar’ al pueblo con los temas de seguridad. Las historias de José Enrique, Diego y Heidy no pueden dejar de hacer énfasis en que todo esto era normal.

 

Vidal Contreras es un líder social que retornó al pueblo de su esposa años después de que ella muriera. Recuerda con nostalgia las historias de los viajes que hacían a Puente Nacional para visitar a la familia. Pero entre sus memorias resalta las épocas en las que los actores armados fungían como cuidadores del pueblo. Los campesinos les daban de comer cada que llegaban a sus fincas y como “recompensa” los protegían de los ladrones que querían robarse las gallinas o las cosechas de café. Cuenta que hace unos años cuando se bañaba en una quebrada del municipio, unos guerrilleros le preguntaron por un familiar que había matado una gallina en una tienda, él negó conocerlo y luego le avisó.  “Él se fue del pueblo y esta es la hora en la que no ha vuelto. Pero eso era lo más de normal, acá sacaban o mataban solo a los bandidos. Pusieron el orden en Puente”, aseguró Contreras.

 

 

Aunque, hay que tener claro que las amenazas y asesinatos históricamente no han fungido solo para la “seguridad” de campesinos y comunidades. Han existido amenazas y asesinatos contra comerciantes que no quieren pagar las llamadas “vacunas” a los diferentes grupos y contra las personas que supuestamente colaboran con otros actores armados. Además, por estos medios,  “arreglaban” asuntos personales.

 

Es el caso de Juan Carlos Contreras que se encontraba de visita en unas ferias en Puente Nacional entre los años 2000 y 2001 y después de saludar a una amiga que también se encontraba en el evento, unos hombres se le acercaron para ordenarle que se fuera del pueblo lo más pronto posible si no lo mataban. “Yo conozco a ese mechudo, no lo jodan” afirmó un hombre que se había percatado de la situación y que también le advirtió a Juan Carlos que se fuera lo más rápido posible. Recuerda que tomaron un carro rumbo a Chiquinquirá y que antes de la salida del pueblo los pararon unos hombres armados entre los que se encontraba el novio de la joven y volvieron amenazarlo diciéndole que no se volviera aparecer por el pueblo. “Un amigo de ella me dijo que esos hombres y el novio eran amigos de los paramilitares de la zona”, aseguró Juan Carlos.

 

Para Ana Guglielmucci, profesora del Centro de estudios sobre conflictos y paz de la Universidad del Rosario, la normalización de los hechos violentos y la ausencia de una construcción de relato colectivo público en Colombia, corresponden a tabúes o a que las personas se tomen ciertos resguardos para no hablar públicamente de eso por temor. Además, asegura que en algunos casos, las presiones políticas de las familias que tuvieron vínculos con actores armados y que hoy siguen en el poder, hace que en esos territorios las condiciones de seguridad para poder hablar sobre ciertos temas peligren. “Hay cosas que tendrán que callar para poder seguir viviendo en esos municipios. Porque las memorias normalizadas son las que están ligadas a los gobiernos de los territorios”, afirmó Guglielmucci.

 

Esto coincide con la denuncia que el líder estudiantil Jorge Enrique hace. Asegura que la falta voluntad política en la provincia para reconocer, para hacer la reconstrucción de los hechos y para reparar a la víctimas locales  hace que nadie hable del conflicto. Además afirma que existe un miedo latente en la población por narrar lo que pasó porque algunos gobernantes pertenecen a familias que tuvieron nexos con grupos al margen de la ley. Ejemplo de ello es el actual gobernador Mauricio Aguilar que es hijo de el exgobernador Hugo Aguilar, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia e inhabilitado 20 años por la procuraduría por nexos con paramilitares durante su candidatura a la gobernación.

 

Una violencia que sí existió

 

En la provincia confluyeron los tres principales actores armados ilegales del país. El Ejército de Liberación Nacional estaba presente con el Frente Guillermo Vásquez, las FARC-EP con el Frente 23 y se dice que los paramilitares contaron con una extensión, de la que poco se tiene registro, que se llamó el Frente Lanceros de Vélez. Sin embargo, se tiene conocimiento de pocos enfrentamientos entre ellos.

 

Para Heidy Gemade, la zona representaba gran interés como parte un recorrido para llegar a la parte alta del país, en donde por su difícil comunicación y por su extensión rural era un área clave para esconderse de las fuerza pública, pedir alimentos y conseguir provisiones. “En ese momento por la falta de vías uno se podía demorar cinco horas de un pueblo a otro. Eso hacía que, en caso de algún ataque se sabía que la fuerza pública se demoraba en llegar” afirmó Gemade.

 

Barbosa y Puente Nacional se consolidaron además como municipios puerto por su cercanía con la vía que comunica a Bogotá con Bucaramanga y porque es obligatorio pasar por alguno de los dos pueblos para ir al resto. “En Barbosa no se centró la confrontación como tal pero era donde llegaba la mayoría de la situaciones y de los problemas, incluso desde aquí salía la mano de obra, bien fuera en el tema mecánico, en el agro y en el tecnológico. En cualquier situación que se presentara en los territorios de los actores armados y que requiriera  mano de obra, se venía a reclutar aquí” afirmó Jorge Enrique.

 

En 1992, la estación de policía de Puente Nacional fue tomada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) según lo recuerda Heidy Milena. Cuenta que a eso de las cuatro de la mañana su mamá llegó a levantarla y a decirle que se pasara al cuarto de ella mientras se escuchaban tiros, granadas y gritos de los combatientes del grupo armado. “El ruido paró como a las dos horas y media. Nos enteramos de que habían atacado el banco agrario, la estación de policía y que habían secuestrado a dos policías, los soltaron ese mismo día. Después fue el terror porque algunas noches se rumoraba que iba haber otra toma guerrillera”, aseguró Heidy Milena.

 

Y aunque es el único combate que se le viene a la memoria, en la provincia se perpetraron cuatro masacres entre 1985 y 2002. El 25 de junio de 1985 cuatro personas fueron asesinadas en la vereda Mercadillo del municipio de Guavata. 15 años después, el 24 de julio de 1999, 15 hombres que portaban armas de largo alcance llegaron en horas de la madrugada a la vereda El Centro de Güepsa y con lista en mano asesinaron a cuatro campesinos.

 

La masacre del bar Gato Negro es quizás la más conocida por haber ocurrido en la cabecera municipal de Barbosa. El 8 de agosto del 2001, un grupo de paramilitares del Bloque Central Bolívar llegaron al bar y arremetieron contra los clientes del lugar. Una persona murió y otras dos fueron trasladadas al hospital de Socorro. Pero, fueron alcanzados por los paras unos metros más adelante y fueron asesinados en la ambulancia junto a la esposa de uno de ellos.

 

Sandra Patricia León Machado era la enfermera de la ambulancia que trasladaba a los heridos de la masacre del Bar Gato Negro y que vió morir a los ocupantes cuando eran llevados a Socorro. Denuncia que a pesar de quedar con estrés postraumático y no volver a trabajar como enfermera en el ámbito clínico,  no ha sido reparada por el Estado. “Algunas veces nos hicieron unas actividades pero no era lo que nosotros esperábamos como víctimas. Los beneficios que da el gobierno tampoco nos han llegado y no le hicieron reparación al hospital por todo lo que se perdió”, afirmó León. Además asegura que para que le cumplieran sus derechos interpuso una tutela y un desacato pero que de ahí no salió nada.

 

La última de las masacres, ocurrió en la vereda Sabanalarga de Vélez, el 29 de noviembre del 2002, en esta ejecutaron a 4 personas de una misma familia. Sin embargo, estas masacres no fueron aisladas. Entre 1999 y 2002, años de tres de las cuatro masacres, se perpetraron 98 hechos violentos según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre los que prevalecieron los secuestros y los asesinatos selectivos. Además, el foco de la violencia fueron los municipios de Landázuri, Cimitarra y Vélez seguidos por Puente Nacional, Bolívar y Guavatá. (Ver mapa)

 

Aunque existieron esta cantidad de hechos violentos, sigue siendo un secreto a voces toda la violencia que sufrió la provincia de Vélez. Nadie cuenta, nadie observa y sobre todo pocos reconocen la magnitud de los actores armados en el territorio. Aún cuando algunos  pobladores insisten en que estos, en menor escala, siguen teniendo presencia.

Ese silencio prolongado evita que se generen ejercicios para recoger las historias veleñas y sobre todo para que el Estado repare los daños colectivos e individuales de cada una de las víctimas. Pero, ¿no debería ser él mismo el que genere estos espacios de memoria? Seguirán hasta que eso pase, los más viejos remontándose al bipartidismo y los adultos que la vivieron afirmando temerosamente que era normal.

“Creo que acá no hubo conflicto armado reciente, hacían cosas como asesinatos y uno los veía en las fincas pero por acá no pasó nada”

 

 

Actualizado el: Vie, 06/19/2020 - 12:28

Harold Wilson Muñoz era un campesino que trabajaba en una finca en la vereda de Papamene cerca a la Uribe, Meta. El 9 de agosto de 2010 era un día de trabajo como cualquier otro. El ganado se le salió al monte y Harold tuvo que bajarse del caballo en el que iba para recuperarlo, a los 20 pasos pisó una mina. “Gente civil me ayudó y no sentí un pie. Duré 24 horas en la finca antes de que me sacaran. Mis amigos me rescataron y recuerdo que en un helicóptero del Ejército me llevaron hasta Villavicencio”, cuenta el campesino quien recuerda perfectamente lo ocurrido.

Harold llegó al hospital departamental de Villavicencio y luego de perder el conocimiento, despertó y lo primero que vio fue a un sacerdote que le cogió la mano al darse cuenta de que tenía la pierna izquierda amputada hasta la rodilla. Desde entonces afirma que su vida cambió totalmente y se vio obligado a recurrir a medidas con el fin de poco a poco recuperarse del accidente.

El sistema de salud en muchas zonas del país es insuficiente, muchas veces si la persona no ha perdido una extremidad en la explosión de una mina no es considerada como víctima. De hecho, entre 1990 y marzo de 2016 la mayoría de las víctimas de minas antipersonal (80%) no han fallecido, sino que han sobrevivido, resultando heridas y teniendo así que continuar con las secuelas y huellas producidas por el atentado, como señala el informe del Centro de Memoria Histórica. Esta es una muestra de que la mayoría de las víctimas de las minas antipersonales quedan en condiciones de salud precarias y de que los mismos afectados afirman que el apoyo del Estado es casi nulo.

Un gran número de víctimas a causa de las minas han sido todos aquellos civiles afectados por el conflicto y la violencia a lo largo del país. Campesinos y trabajadores locales se han visto directamente afectados por una guerra que no les correspondía, como es el caso de Harold y de muchos otros.

 Harold ha tenido que sacar de su propio bolsillo para ser atendido por una EPS, ha debido costear su transporte y demás necesidades sin tener posibilidades de trabajo debido a su condición. Añade que ha pedido citas y se le han demorado de tres a cuatro meses para darle una simple respuesta o para agendarle espacio en el calendario. ¨Me ha tocado acudir a otras entidades como la pastoral social, mi iglesia que ha estado mucho más pendiente que las mismas instituciones de salud”, cuenta el campesino del Meta.

Luz Dary Pineda, a diferencia de Harold no perdió ninguna extremidad de su cuerpo, pero el 63% de su oído quedó afectado y sufre de un constante dolor de estómago. El 22 de abril de 2010, Luz Dary estaba en una casa abandonada cerca a la vereda de Guadualito, Meta. Como miembro de la Junta Comunal del municipio de Vista Hermosa, la lideresa acompañó a una familia de desplazados a recibir mercados que los ayudaría a iniciar su proyecto productivo. Ese día explotaron dos minas antipersonales en el mismo lugar; la primera, en la que fue víctima Luz Dary junto con otras personas de la comunidad y la segunda en la que un soldado quedó ciego y otro falleció.

Cuando llegaron al hospital de Vista Hermosa, el centro médico sólo atendió a las víctimas con heridas graves en el cuerpo, a las demás víctimas, como a Luz Dary, las acusaron de solo buscar plata y no las atendieron, cuenta la lideresa.

Fueron en total 79 afectados ese día, pero no todos recibieron apoyo estatal para su recuperación. “Hay personas que todavía no las han aceptado en el registro único de víctimas. Primero incluyeron a 8, luego a 25, luego subieron a 45 y nos hacen falta 25 personas por incluir”, cuenta Luz Dary que le tocó poner una tutela para que la reconocieran. “Estas personas no han tenido el apoyo de la Alcaldía ni de la Unidad de Víctimas”.

Para Luz Dary, la ayuda del gobierno ha sido precaria y los centros de salud y de recuperación a víctimas de minas no son idóneas. “El audífono me costó un millón y medio y eso hay que cambiarlo cada seis meses. A los siete meses de haber comprado el audífono el Estado apenas apareció a darme la cita con el otorrino”, comenta al respecto. Luz Dary tiene que movilizarse hasta Villavicencio, aproximadamente a tres horas de Vista Hermosa, para los chequeos médicos que le cuestan 270 mil pesos.

En el caso de Harold, la prótesis llegó a los dos años de haber perdido la pierna. Normalmente, una prótesis hay que cambiarla cada dos o tres meses, pero las EPS las cambian cada tres años. Además, muchas veces no son hechas a la medida lo que genera dolor y raspaduras. Durante la espera del cambio de prótesis, Harold ha tenido que remendar la vieja con cinta mientras llega la nueva.

Incluso las mismas EPS desconocen las situaciones a fondo de sus pacientes, no se tienen conocimientos específicos sobre los distintos aparatos ortopédicos. ¨Yo debo usar una prótesis de la rodilla para arriba y me han dado de rodilla para abajo¨, dice Harold al referirse que ha sido un proceso muy complejo ya que ha sido más la ayuda de su comunidad que la brindada por las instituciones de salud del país.

Cada caso es distinto y se deben realizar varios ensayos de prótesis para la adaptación de los pacientes. Una prótesis puede requerir cambio meses después como también dentro de varios años, afirma la especialista en ortopedia Johana Cuervo. Todo esto seguido de valoraciones necesarias y acompañamientos de fisiatría para ver el desarrollo de las víctimas.

Son muchas valoraciones médicas las que al final hacen que los pacientes se rehabiliten de manera adecuada y tengan una prótesis óptima. Según la ortopedista, “si solo se les garantiza controles semestrales será para el paciente cómo empezar su proceso desde cero”. Esto como muestra de la deficiencia y demora del control de citas con cada paciente por parte de las entidades de salud que limita la posibilidad del progreso de cada uno de los casos.

Lo que le pasó a Harold y a Luz Dary les ha pasado a 11.841 colombianos más, víctimas de las minas antipersonales (MAP) y de las municiones usadas sin explotar (MUSE) desde 1990.  Las víctimas, muchas de ellos campesinos, luego del suceso no vuelven a sus labores, como lo señala Harold: “Me gustaba trabajar en el campo con ganado. Era mi pasión”. En Colombia, las MAP fueron parte de la modalidad del accionar de las guerrillas con el objetivo de contrarrestar a la fuerza pública desde finales de los noventa hasta la actualidad. Estas han sido empleadas con el fin de causar daños tanto físicos como psicológicos, para ejercer control territorial y social sobre las poblaciones en territorios específicos. El promedio de víctimas atribuibles a minas instaladas por la insurgencia fue de 87 por año durante la década de 1990-2000, el promedio que alcanzó en la década siguiente 2000-2010 fue de 726 por cada año, según señala el Centro de Memoria Histórica en su informe: La guerra escondida.

La Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonales es una organización que fue creada en el 2013 y está presente en siete departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Santander y su sede administrativa en Bogotá. La idea surgió de la necesidad de organizarse por un objetivo común por el cual luchar. “Coordinar acciones para que en los diferentes departamentos donde hayan organizaciones de sobrevivientes podamos tener el mismo lenguaje”, afirma Reinel Barbosa coordinador de esta organización.

Reinel en el 2007 fue desplazado por razones del conflicto armado. Un año después regresó a su tierra en La Uribe, Meta y cayó en una mina. Por motivo de esto, Reinel empezó a trabajar en la Campaña Colombiana Contra Minas. En 2011 que se creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se abrió un espacio de participación para las víctimas con la condición de que estas estuvieran organizadas y por eso crearon la Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonales.

La organización le brinda ayuda y asesorías a los sobrevivientes para que cumplan los requisitos necesarios para reclamar sus derechos, además de brindar un apoyo “entre pares”.

Uno de los temas que más trabajan es el de las pensiones a las víctimas. Esta entidad trata de que se modifiquen algunos artículos del decreto 600 en los que estipulan los criterios que debe cumplir la víctima y los requisitos de su afectación física para la pensión.

“Si usted no tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral , no tiene derecho a pensión. Pero la persona que tiene el 40% de pérdida de capacidad laboral está igual de incapacitada que la que perdió el 50%. Entonces buscamos que le den el 40% de la prestación humanitaria permanente”,  explica Reinel.

Todas las víctimas que sean reconocidas, según la Ley 1448, tienen una indemnización en función del porcentaje de pérdida. Sin embargo, la Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonales insiste en que las víctimas tengan derecho a una ayuda humanitaria hasta que se termine su periodo de incapacidad. Como la persona está incapacitada no puede producir y eso en muchos casos significa que el hogar se queda sin la generación de ingresos.

“No tengo ningún subsidio, ni pensión. El gobierno lo tiene a uno desamparado", comenta Harold. Luz Dary tampoco recibió ningún subsidio, le tocó pagar médicos particulares para su recuperación. Hoy en día Luz Dary es una lideresa del municipio de Vista Hermosa y una experta en Educación en el Riesgo de Minas (ERM) luego de su accidente. Dentro de las ayudas de las fundaciones, se dan apoyos psicológicos a víctimas llamados “entre pares” y a familiares de las víctimas, así como también ofrecen talleres sobre ERM en varias veredas del Meta.

En el sistema de salud colombiano, todas las prótesis y las valoraciones deben hacer parte de los planes obligatorios de salud. Sin embargo, son muchas las series de dificultades que no permiten que este tipo de pacientes sean atendidos en el tiempo pertinente. “Con valoraciones médicas tan demoradas y no simultáneas se retratan los procesos, además de que con las prótesis el proceso de reintegración de las victimas cambia y se ve perjudicada”, añade la especialista en ortopedia, refiriéndose a los efectos del limitado sistema de las EPS.

Muchas organizaciones internacionales como Humanity&Inclusion, anteriormente llamada Handicap International, hacen la tarea de la entrega de prótesis de buena calidad, pero no alcanzan a suplir toda la demanda. También ayudan a organizaciones municipales como Brisas de la Albania y Organización de Víctimas de Minas Nueva Alianza en Vista Hermosa.

Sin embargo, por falta de apoyo estatal estas organizaciones de Vista Hermosa no han estado funcionando últimamente. Luz Dary, cuenta que hay una falta de compromiso de parte del Estado para suplir las necesidades de las víctimas.

Vista Hermosa en el Meta cuenta con 372 víctimas de minas lo que lo convierte en el municipio con mayor número en el país. El departamento del Meta es el segundo departamento con mayor número de víctimas de minas antipersonales (1.138), lo supera Antioquia (2.579) y Nariño ocupa el tercer puesto (973). Las víctimas civiles de estos artefactos explosivos representan el 39% mientras que las principales víctimas son los miembros de la fuerza pública.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas creada en el 2012 es la entidad encargada de hacer efectiva la reparación a las víctimas del conflicto armado. Desde su creación, junto con el Ministerio de Vivienda, han llevado a cabo un programa de vivienda gratis en el que 37 sobrevivientes de minas se han beneficiado.

Contactamos a esta entidad para que nos diera información sobre el número de sobrevivientes de minas que han atendido desde su creación, así como información acerca de los requisitos que debe tener la víctima para obtener sus servicios, pero no respondieron al derecho de petición. Recurrimos a una acción de tutela a la que tampoco contestaron apropiadamente con la información demandada.

Después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, las víctimas de minas antipersonales se han reducido. Colombia pasó de estar en el segundo puesto de países con mayor número de personas afectadas por estos artefactos en 2010 a ocupar la décima posición de este ranking mundial en el 2017, según el informe de La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL).

A finales del año 2019, 391 municipios fueron declarados libres de minas en el país. Sin embargo, en lo que va del año 2020 se han registrado 54 víctimas de minas, de acuerdo al comunicado del Alto Comisionado por la Paz.

 

Actualizado el: Mar, 06/09/2020 - 13:13

Hoy, 23 de mayo, a las 9:00 p.m., se transmitirá por segunda vez el documental Bojayá entre fuegos cruzados, realizado por la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), una iniciativa de las comunidades negras e indígenas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Este es el primer insumo investigativo y de esclarecimiento de la verdad del conflicto que produce la CIVP, centrado en Bojayá, un municipio chocoano que protagonizó una de las masacres más dolorosas ocurridas en Colombia. El documental, que contó con la participación del director irlandés Oisin Kearney y la productora Fine Point, se transmitirá por Canal Capital en el marco de la Semana de la Afrocolombianidad, una conmemoración a la libertad de las comunidades negras de nuestro país, pero también como una denuncia de las afectaciones que los pueblos negros han padecido por el conflicto armado en Colombia.

Tras la identificación de los restos de las víctimas por parte del Estado colombiano en noviembre 2019, se realizarón velorios colectivos en Bojayá. Cortesía del fotógrafo Matts Olsson.

 

La fecha recuerda la Ley de Manumisión, de 21 mayo 1851, cuando la entonces República de la Nueva Granada daba un paso hacia el reconocimiento de los derechos del pueblo afrodescendiente. Por medio de la Ley, los esclavos quedarían libres a partir del 1 de enero de 1852, sin embargo, los esclavistas se opusieron y la ley, a pesar de vigente, no se cumplió totalmente en la práctica. Solamente más de cien años después, en, 1993, con la Ley 70 el Estado oficialmente pasó a reconocer la necesidad de fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades negras para que “obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”, y no fue sino hasta entrados los años 2000 que el 21 de mayo sería declarado el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Conmemorar este día, para las comunidades negras, ha significado no sólo la celebración de su libertad, sino la visibilización de las vulneraciones a los derechos humanos que ha sufrido la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP) en Colombia.

 

Tras 20 años de conmemoraciones y exigencias, las cosas parecen no mejorar. Entre las voces de las negritudes colombianas se escucha la de Leyner Palacios, líder social de Bojayá y uno de los protagonistas del documental de la CIVP:  “Hoy a nosotros los negros nos han esclavizado con una nueva guerra en Colombia ¿cuándo nos van a liberar de esa?”. Con vehemencia, Palacios denuncia la perpetuación de la guerra después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en los departamentos del Pacífico, por parte de grupos armados como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un conflicto que se ha ensañado contra las comunidades étnicas de la región y que ni la pandemia de la COVID-19 ha podido parar.

 

No más el jueves 21 de mayo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) alertó el desplazamiento masivo de 1.300 personas en el resguardo indígena Catrú, en Alto Baudó, Chocó, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

 

Palacios afirma que contra la población negra colombiana se está configurando un “etnocidio”, pues, según él y basándose en una recolección de datos de distintas organizaciones sociales, en lo que lleva el año por lo menos 50 líderes sociales han sido asesinados en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 105 asesinatos de líderes desde el 1 de enero hasta el 20 de mayo de 2020, 44 han ocurrido en estos 4 departamentos, en donde hay un índice alto de población NARP.

 

La historia del mismo Leyner Palacios da cuenta de este drama: es sobreviviente de la masacre de Bojayá, vocero de las víctimas de esta tragedia y, tras haber sido amenazado por varios grupos armados como las AGC, se ha visto obligado a desplazarse del departamento del Chocó hacia la ciudad de Cali.

Leyner Palacios, además de ser líder social, es el actual secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP). Cortesía Leyner Palacios.

 

Recientemente, el 22 de abril, fueron asesinados los líderes negros Jesús Albeiro Riascos y Sabino Angulo, mientras participaban en una asamblea comunitaria en San Juan del Micay, denunció la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca . Los jóvenes líderes hacían parte del Consejo Comunitario Afrorenacer. 

 

Las negritudes representan la etnia colombiana con mayor número de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) con 1’023.424 negros o afrocolombianos, 10.890 raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia y 4.940 palenqueros. Además, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) solo entre enero de 2018 y febrero de 2019, se desplazaron 20.850 personas en 75 eventos de desplazamiento forzado en el Pacífico.

 

Pero no solo se trata de los estragos del conflicto —del pasado y del presente—, sino de que la comunidad negra en Colombia también lidia con la discriminación y la desigualdad. “Hasta hace muy poco, incluso aún hoy, en Colombia el término de ‘negro’ ha sido utilizado despectivamente. Lo negro es sinónimo de lo malo. Hasta al diablo lo han pintado como negro y lo han pintado de negro en muchos casos para mostrar que nuestra identidad es mala”, afirma Palacios para explicar cómo estas cargas simbólicas han provocado que miembros de las negritudes nieguen su identidad negra. 

Distribución geográfica de los habitantes autorreconocidos NARP, en donde se evidencia que las zonas del Pacífico y Atlántico han mantenido alto índice de negritudes. Fuente: DANE, 2018.

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en 2018, en Colombia casi 3 millones personas se autorreconocen como NARP, 30.8% menos que en el censo del 2005. Según la institución, el 30,6% de los afro viven en pobreza, sin embargo, Palacios es enfático en afirmar que el DANE no ha podido realizar un conteo completo del pueblo afro. En ese sentido, el mismo DANE reconoce que existen dificultades técnicas, y ha calculado cruzando datos con la Encuesta de Calidad de Vida un número estimado de dicha población de 4’670.000 habitantes, es decir, el 9,3% del total de la población del país.

 

Si a la situación de carencia que han vivido las comunidades NARP se le suma la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, queda al desnudo la poca inversión de recursos en las regiones que habitan. Palacios narra el caso específico de Tumaco, en el Pacífico colombiano, en donde afirma que existe un brote del virus debido a la frontera que tiene este municipio con Ecuador —país que ya supera las 3.000 muertes por el nuevo coronavirus—. Hasta el 22 de mayo, Tumaco poseía 414 casos confirmados, 17 personas fallecidas y 10 recuperadas. La alcaldesa de este municipio, María Emilsen Angulo Guevara, afirmó, según registró El Tiempo, que ya se tienen copados los dos hospitales del municipio con pacientes de COVID-19, y manifestó su preocupación al prever la exacerbación de la situación de salud pública en el territorio, debido a la insuficiencia de camas y ventiladores disponibles.

 

Arial Palacios, otro líder afrodescendiente, afirma que en el Pacífico sur no hay casi ambulancias. Es el caso de los municipios de Magüí Payán o Roberto Payán, donde no hay ni una, o el caso de Barbacoas, donde las dos ambulancias que hay no dan abasto. “Acá el sistema de salud está muy precario. Si los afectados fueran de estado crítico no tendríamos donde meter la gente en este momento”, aseguró el padre Jhonny Milton, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó.

 

Accedimos a la base de datos que el Gobierno Nacional publica en la página de Datos Abiertos Colombia, la cual expone el número de casos confirmados de COVID-19 actualizado cada día, para establecer el número de población autoreconocida NARP que se encuentra contagiada del virus. Fue imposible determinarlo, pues la desagregación de la base de datos no tienen un enfoque étnico, por lo que no existe un conteo público de personas que necesitan atención médica dentro de la población NARP. Sin embargo, al revisar los casos confirmados de COVID-19 en los departamentos con mayor número de población negra, preocupan especialmente el número de contagiados en Atlántico, Valle del Cauca y Bolívar.

"Yo siempre digo: en tiempos de pandemia el pueblo negro la lleva peor. El pueblo negro está en regiones donde partimos del hecho de que nuestras viviendas, en la mayoría de los casos, no tienen acueducto, entonces la teoría de quedarnos en la casa no es válida porque hasta para lavar los ‘chocoros’ —utensilios de cocina—  tenemos que hacerlo en las orillas de los ríos o hacerlo en los pozos”, explica Leyner Palacios. Las dificultades tanto de acceso a la salud como la falta de capacidad de registro de la población por parte del Estado le preocupan al líder: “los negros se morirán sin hacer parte de los muertos por la pandemia”.

 

Efectivamente, según el DANE, de todos los hogares en los que al menos una persona se autoreconoce como NARP, el 20.7% tiene privación de acceso a fuentes de agua mejorada. Además, el 81% de estos hogares trabaja en la informalidad, situación que dificulta el acatamiento del aislamiento obligatorio al depender sus economías del día a día. “Tumaco, por ejemplo, tiene una economía insostenible, pues hay mucha informalidad o ‘economía del rebusque’, y mucha gente ante esto se expone, hace caso omiso a las recomendaciones, del toque de queda, porque encima del coronavirus está el tema de las necesidades básicas insatisfechas”, asegura el sociólogo y conocedor de la región Andrés Chamorro.

Desde el inicio del aislamiento nacional obligatorio en Quibdó se implementó el pico y cédula. Cortesía del fotógrafo Matts Olsson.

 

La desigualdad también se presenta en relación a los procesos de atención en salud. Palacios manifiesta su preocupación por no haber atención hospitalaria de alta complejidad suficiente para atender las necesidades prioritarias de la región. “Hay una desigualdad bastante fuerte y seguro estas crisis nos azotan peor. A Bojayá, o al Baudó, o a la parte baja de Río Sucio (Chocó), o a Guapi, a Timbiquí, a López de Micay (Cauca), seguramente a muchas comunidades no ha llegado un tapabocas”, agrega.

 

El panorama se agrava por la presencia de los grupos armados ilegales que se disputan las economías ilícitas en la región pacífica. En los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca se han registrado intentos de control de esos grupos sobre la población civil, incluso con la justificación de contener la pandemia a través de toques de queda y confinamientos. Situaciones que han derivado en múltiples agresiones a los Derechos Humanos, como lo documentó la Defensoría del Pueblo en su última Alerta Temprana, emitida el 30 de abril.

El trabajo informal es el indicador más alto de pobreza multidimensional que el último censo del DANE refleja en las comunidades NARP. El indicador es de 81% de los hogares en los que por lo menos una persona se autorreconoce como parte de las negritudes. Cortesía del fotógrafo Matts Olsson.

Sin embargo, son estas mismas condiciones las que han llevado a las comunidades negras a buscar la manera de hacerle frente al virus con prácticas propias de control territorial, sabiduría ancestral y agricultura colectiva. Por un lado, consejos comunitarios, resguardos indígenas y las guardias indígenas y cimarronas han venido restringiendo la entrada de personas foráneas en sus territorios. Además, según Palacios, varias comunidades negras están probando sumar a la atención y prevención de la COVID-19 plantas medicinales e infusiones de hierbas aromáticas. El líder social es optimista: “Si científicamente esto tiene validez, yo no lo sé… lo que sí creo es que para nuestros pueblos está siendo de gran utilidad, porque estos yerbateros y esta medicina ancestral está al menos haciendo efecto en los cuerpos de la gente y nuestras comunidades están resistiendo”.

El líder social concluye refiriéndose al documental Bojayá entre fuegos cruzados, que se proyectará esta misma noche y que, para él, es una muestra de que hay cosas que la guerra ha dejado y que aún no se han podido sanar, pero también un llamado a la lucha por el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad del Estado; y por la construcción de paz en el territorio negro: “Es para llamar a darle salida a un conflicto que nos desangra cada vez más”.

 

 

Actualizado el: Jue, 07/02/2020 - 12:09

A Loliluz, Ellyn y Edenis las mataron el primer día de aislamiento social en Colombia. El 25 de marzo los medios nacionales registraban cómo horas después de haber entrado en función la cuarentena nacional obligatoria, un hombre había asesinado a su esposa, a su cuñada y su suegra en un barrio al sur de Cartagena. Organizaciones de la sociedad civil y estamentos del Estado colombiano temían que la violencia contra las mujeres aumentara cuando se declararan las medidas para mitigar la pandemia. Poderse aislar es un privilegio. Pero lo es aún más poder aislarse segura. 

 

No es el callejón, la ropa que vestía o la hora del día. Es la casa el lugar en donde las mujeres están corriendo riesgo y por la cual han aumentado un 154% las llamadas a la línea de atención nacional entre el 25 de marzo y el 14 de marzo del 2020 (51 días). Una de las declaraciones que causó revuelo, en relación a la denuncia, fue la de la alcaldesa de la capital del país, Claudia López, en la que afirmó que los hogares que registren violencia contra mujeres, niños y niñas no recibirán ayudas, sin embargo, posteriormente fue aclarado que las familias sí recibirán los apoyos económicos y se entregará a la justicia al agresor, incentivando a que las mujeres se atrevan a denunciar. 

 

En el país no hay una ley clara de violencia de género. La legislación colombiana intenta abarcar la violencia de género a través de la ley 1257 de 2008, la cual sanciona de manera detallada la violencia contra las mujeres. Es así como la línea 155 se creó para asesorar a mujeres en situación de violencia, sin tener claridad sobre las personas de género diverso. 

 

Durante el aislamiento, el Observatorio Colombiano de las Mujeres, que inició labores en marzo, ha consolidado la naturaleza de las llamadas a la línea 155, incluyendo violencia intrafamiliar sin especificar cuál es la identidad de género de las víctimas. Según el Observatorio, se recibieron un total de 6.733 llamadas entre el 25 de marzo y el 14 de mayo del 2020, mientras que en el mismo periodo en 2019 fueron 2.647. El 75% de las llamadas se concentran en los departamentos de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander; y revelando, entre el 25 de marzo al 23 de abril, un aumento de más del 300%  en La Guajira, Casanare, Chocó, Cesar y Sucre. 

 

La cifra más alta durante la cuarentena es la de violencia intrafamiliar con 5.020 llamadas efectivas hasta el 14 de mayo, y si bien en este número se encuentran hombres víctimas de violencia, más del 90% de las llamadas fueron realizadas por mujeres. Las amenazas, los delitos sexuales y lesiones personales también aumentaron; pero una de las cifras más alarmantes es la de “hechos de emergencia”, que registra cuando la vida de la mujer se encuentra en peligro, la cual ha incrementado un 553%, en los primeros 30 días de aislamiento social obligatorios, pasando de 32 llamadas en el 2019 a 209 durante el aislamiento. Hasta el 14 de mayo esta cifra llegó hasta 309 llamadas.

 

Ante el alza de la violencia contra las mujeres, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, anunció que una de las medidas que se implementó fue el fortalecimiento de la línea 155, y el aumento del número del personal de psicólogas, sociólogas y policías para atender estos casos. Solo en Bogotá, según la Secretaría de la Mujer, la Línea Púrpura —encargada de atender llamadas por denuncias de violencia contra las mujeres— planea aumentar el número de personal de 32 a 41 profesionales en temas asociados con mujer y género, además de implementar desde el 20 de abril una estrategia de denuncia presencial en 630 almacenes de cadena y 37 estaciones de gasolina de Bogotá. A nivel nacional se estipuló el funcionamiento de las comisarías de familia y casas de acogida. 

 

Desde el 20 de marzo al 16 de abril se han registrado 19 feminicidios, de los 52 de todo el 2020, según lo anunció Marta Mancera, vicefiscal General de la Nación. En comparación a 2019, de enero a marzo de ese año se habían presentado 48, registrando una disminución aparente en el número de feminicidios que hasta marzo era de 37. Sin embargo, el aislamiento volvió a extenderse y por lo pronto se sabe que va hasta el 31 de mayo.

 

La Fundación Feminicidios Colombia recopiló 14 feminicidios desde el inicio de la cuarentena nacional obligatoria hasta el 29 de abril. Santiago Luque, periodista de Rutas del Conflicto, diagramó y localizó los datos suministrados por la fundación.

¿Según la legislación del país, cómo se aborda el término “violencia de género”?

La única legislación vigente relativa a “violencia de género” es la ley 1257 de 2008 que sanciona la violencia contra las mujeres. Sin embargo, existe un noción de “violencia de género” de la Corte Constitucional en la Sentencia T-878/14. 

 

¿Hay una línea nacional en mí país para atender situaciones de violencia de género? ¿Es de asesoramiento o denuncia? ¿Cuál es el número?

La línea 155, manejada por la Policía Nacional, brinda asesoría a mujeres víctimas de violencia. 

 

¿Existe canales regionales/provinciales/departamentales? 

Varios departamentos, ciudades y municipalidades cuentan con un línea de asesoramiento. Una de estas es la Línea Púrpura de Bogotá: 018000112137, la cual cuenta con un número de WhatsApp: +57 3007551846.

 

En una sola oración, ¿qué servicios ofrece la línea?

Brinda orientación psicosocial y jurídica a mujeres víctimas de violencia.  

 

¿Cuántas llamadas se registraron los días de aislamiento a esta línea encargada?

Según los cálculos del Observatorio Colombiano de las Mujeres se han registrado 6.733 a la línea 155 entre el 25 de marzo al 14 de mayo. 154% más que en el 2019.

 

¿Cuántas personas víctimas de violencia de género han recibido atención/protección del Estado?

Solo en Bogotá, desde el 20 marzo al 13 de abril, han ingresado 13 mujeres y sus sistemas familiares a las Casas Refugio de Secretaria de la Mujer. 

 

¿Cuántas denuncias se registraron por violencia de género en tu país? ¿Aumentaron o dismujeron a partir de la cuarentena?

625 violencias específicas contra la mujer entre el 25 marzo al 23 de abril según el Observatorio Colombiano de las Mujeres. Además de las 2971 llamadas de violencia intrafamiliar más del 90% fueron realizadas por mujeres. 

   

¿Qué medidas o estrategias ha implementado el Gobierno?

El decreto 460 del 22 de marzo garantiza el funcionamiento de las Comisarías de Familia e insta a implementar campañas de prevención. En Bogotá es posible activar rutas de atención en establecimientos de cadena y estaciones de gasolinería. Además, según la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se está fortaleciendo la línea 155 con más personal. 

 

¿Qué medidas o estrategias han activado las organizaciones sociales feministas o de mujeres? 

Campañas de recolección de mercados; fondos económicos y de vivienda para para mujeres y trabajadoras sexuales transgénero; o apoyo económico a trabajadoras informales y mujeres privadas de al liberadas son algunas de las acciones adelantadas por colectivos en Bogotá.

 

¿Cuántos femicidios se contabilizaron en marzo en sus países? ¿Qué actores llevan a cabo este registro? ¿Aumentaron o disminuyeron desde la cuarentena? 

Según la Fiscalía General de la Nación se han registrado 19 feminicidios entre el 20 de marzo y el 14 de abril. Cerrando marzo el ente fiscal refería 37 feminicidios. En comparación a 2019, de enero a marzo de ese año se habían presentado 48.

 

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Esta pieza fue producida por la 4ta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y dos periodistas aliadas. “Violentadas en cuarentena”, una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la COVID-19.

Actualizado el: Vie, 05/22/2020 - 20:25

Cuando el radioteléfono sonaba, los tres bomberos en Marsella sabían qué tenían que hacer. Sin decir mucho, buscaban la volqueta que les prestaba la Alcaldía para ir al rescate de un cuerpo que bajaba por el río Cauca, en la vereda Beltrán.

Marsella está ubicado en el departamento de Risaralda, región del Eje Cafetero. En este municipio, como pasó con otros, los bomberos dejaron de lado su principal tarea de apagar incendios para rescatar los cuerpos que bajaban por el Cauca.  En el cementerio de este lugar reposan los restos de más de 327 personas sin identificar que llegaron desde agua arriba.

Jairo Gómez, bombero de la Estación de Marsella, recuerda que agentes de la Policía los llamaban por radioteléfono desde la vereda Beltrán para que los acompañaran a rescatar un cuerpo en las aguas del río. Para la década de los ochenta y noventa, los bomberos, quienes usaban overol caqui y botas negras, se subían a la volqueta y viajaban 40 minutos, hasta llegar al lugar. Con lo que tuvieran a la mano, muchas veces sin protección alguna, sacaban los cuerpos y los llevaban al cementerio para el registro tanto de la Iglesia Católica como de Medicina Legal. Pero antes de ello, hacían anotaciones en sus libros de registro, o minutas, como ellos los llaman, de cómo habían encontrado el cadáver y cómo estaba vestido. Esos datos les permitía tener la información suficiente por si alguna vez un familiar de un desaparecido preguntaba en la estación. (Ver historia)

Palestina es un municipio del departamento de Caldas en el que sus habitantes vieron el paso de cuerpos o de algunas de sus partes en las aguas río Cauca. En el corregimiento de Arauca encallaron los cadáveres que venían desde el Valle del Cauca. Al igual que en Marsella, la tarea principal de los bomberos fue rescatar los cuerpos y hacer las anotaciones pertinentes. David Calle, bombero de Arauca, muestra en los libros de hojas amarillas las veces que escribieron: “Informan de un cadáver en las aguas del río Cauca. Salieron cinco unidades a su rescate”.

Libro de registro del Cuerpo de Bombero de Marsella, Risaralda. 

 

Rutas del Conflicto y Consejo de Redacción crearon una base de datos con 93 registros de las minutas escritas por los bomberos de Arauca y Marsella (descargar base de datos). La información que contienen estos libros, recopilada desde 1985, puede ser la última pista que tenga un familiar de un desaparecido. Si los cuerpos no eran recuperados de los remolinos que se hacían en Arauca, conocido entre la comunidad como la Piedra del Ahogado, o en Marsella en el Remolino La Nona, el cauce del río los llevaba hasta el cañón y ahí se perdía toda esperanza de encontrarlos. Lo rápido y violento de las aguas acababan desintegrándolos.

Estos libros se encuentran sin ninguna medida de protección, están entre la humedad y el polvo en la oficina de cada estación de bomberos. Esta base de datos recopila parte de la información que juiciosamente realizaron los bomberos, pero que el paso del tiempo y el desinterés institucional han hecho que alguna se pierda y otra esté en peligro por falta de buenas prácticas de conservación. Aparte de los libros de registro, quien tenía toda la información de los cadáveres que llegaron desde el río y su posterior ubicación en el cementerio de Marsella era el sepulturero, Narcés Palacio. El 28 de noviembre de 2019 murió, y con él toda la información.

Los bomberos hablan de que rescataron cuerpos entre dos o más veces al día por cerca de 20 años; sin embargo, al revisar las minutas, no se pudo encontrar más de 92 registros. La información está desapareciendo. Para esta investigación se envió un derecho de petición a Medicina Legal preguntando por el registro de personas no identificadas rescatadas del río Cauca en Marsella desde los años ochenta hasta el 2000. La institución envió una base de datos, que contiene fecha de la necropsia; estado del cuerpo; fecha de entrada e inspección; posible estatura; y fecha en la que fue encontrado. Esta base de datos cuenta con más de 400 registros.

La minuta de los bomberos no sobrepasa los 100 datos; sin embargo, ellos anotaron en los libros todos los cuerpos rescatados. Puesto que, la inspección de la Policía llamaba a los bomberos para rescatar el cuerpo, los bomberos lo sacaban de agua y lo llevaban al cementerio para que Medicina Legal hiciera el procedimiento y fuera enterrado en una fosa común. La diferencia entre la base de datos de la entidad y los libros de registros es que los bomberos anotaban cualquier otro detalle, desde la ropa hasta cicatrices, lo que podría dar pistas para la identificación de un familiar desaparecido.

Ginna Camacho, investigadora de Equitas, una organización independiente conformada por un equipo forense para investigar la violación de derechos humanos en especial la desaparición, afirmó que las minutas de los bomberos son un elemento clave para la caracterización individual de personas dadas por desaparecidas. “Esta información como la ropa que llevaban, lesiones óseas y cicatrices son clave para ayudar en la búsqueda, recuperación e identificación de familiares”, afirmó. Además, las minutas permiten nutrir las cartografías de Equitas ya que se puede hacer un análisis histórico, de contexto, de lugares de posibles desapariciones y de violencias en los cuerpos.

Estas anotaciones muestran que el periodo en el que más rescataron cuerpos fue entre 1982 y 1992. Jorge, un habitante de Arauca, que transporta personas de vereda en vereda, avisó decenas de veces a los bomberos que había cadáveres flotando en el río. “Los cuerpos bajaban como arroz”.  Él no habla mucho, pero recuerda que, en estos años, vio el paso de los cadáveres en la Piedra del Ahogado, un tramo del río en el que la corriente es tan fuerte que hace que los cadáveres queden atrapados en unas piedras que pueden medir entre 10 y 15 metros. Fue durante las disputas entre narcotraficantes del Cartel de Cali y el Cartel de Medellín.

El diario El Tiempo, en 1991, publicó un artículo titulado “El río Cauca también es una tumba”, en el que el entonces consejero para la Seguridad del Valle del Cauca, Raúl Caicedo Lourido, afirmó que muchos de los cuerpos que llegaban a Risaralda eran o por ajuste de cuentas o por homicidios a causa del narcotráfico. En esta época en Trujillo, Valle del Cauca, la comunidad vivió sus peores años. Se estima que la masacre perpetrada entre 1986 y 1994 dejó más de 240 víctimas, entre personas desaparecidas, torturadas y asesinadas presuntamente por la alianza entre agentes del Estado, el narcotráfico y paramilitarismo en cabeza de Henry Loaiza, alias “El Alacrán”, y Diego Montoya.

La Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit) ha seguido durante décadas el recorrido de los cuerpos que se arrojaron en el río Cauca. Como lo relata el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre la Masacre de Trujillo, muchas víctimas fueron torturadas y asesinadas en la hacienda Villa Paola, propiedad de Henry Loaiza, que era próxima al río Cauca, lo que les permitía deshacerse con mayor facilidad de los cuerpos de sus víctimas. Estos seguían el cauce hasta llegar al Remolino La Nona, en Marsella.

Como lo recuerda Nelson Fernández, representante legal de Afavit, la recuperación de los cuerpos tenía múltiples dificultades, no solo por lo complejo de sacarlos del río debido a las fuertes corrientes, sino porque significaba volverse objetivo de un actor armado. “En Marsella tuvieron la precaución de rescatarlos y de escribir las fechas de cuándo los sacaban”, afirma.

Jairo, el bombero de Marsella, comenta que mientras realizaban el rescate del cuerpo eran cuidadosos al hacer las anotaciones; llevarlos al cementerio y sepultarlos en una fosa común, donde escribían en cemento la fecha en la que fueron encontrados. En julio de 2018, se conformó una comisión integrada por víctimas de Trujillo para seguir con el proceso de búsqueda, que duró una semana, se agilizó gracias a las minutas de los bomberos. “La fecha ha sido clave para la búsqueda”, afirma el representante de Afavit.

El Cementerio de Marsella cuenta con más de 350 personas no identificadas. Hasta la fecha se ha hecho una comisión para la identificación de los cuerpos. Foto por: Álvaro Avendaño

 

La Fiscalía está en proceso de identificación del ADN de 66 restos para confirmar que hacen parte de la comunidad de Trujillo. Afavit con la compañia de Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas realizaron ejercicios de identificación en 10 fosas comunes.

El informe del CNMH, titulado “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición”, publicado en 2016, confirma la precariedad de la información para construir los perfiles de las víctimas. Ningún registro de las minutas de los bomberos hace referencia a algún tipo de documento que llevara a la identificación del cuerpo. Además, al no contar con un perfil de la víctima de manera sólida, impide identificar patrones en las prácticas de los actores del conflicto. 

Como lo muestra la investigación, con los datos conocidos, de los 1.080 cuerpos recuperados en los ríos de Colombia el 33,3% tenían, aproximadamente, entre 18 y 35 años. En las minutas de los bomberos 17 cuerpos estaban en este rango de edad. Por ejemplo, en Arauca, el 26 de abril de 1999, escribieron “Informaron de un cuerpo ahogado en las aguas del río Cauca. Hombre que usaba camiseta a rayas amarillas, pantalón corto azul. Pelo negro y lacio. Edad 26 años”.

Este mismo informe registra que el 15.9% de los desaparecidos eran menores de edad. En la base de datos de los 93 registros cuatro tenían menos de 18 años. Los bomberos se referían al cuerpo encontrado en el río como el ahogado, aunque muchas veces describieron signos de tortura o disparos. En el caso concreto de los menores no se menciona el estado del cuerpo, lo que dificulta saber si, efectivamente, se ahogó en medio de un accidente o fue arrojado al río.

Para esta investigación se contactó a la oficina de prensa de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para concretar una entrevista con su directora Luz Marina Monzón, pero la entidad prefirió responder vía correo electrónico. Al preguntarle a la Unidad por la protección de la información que recopilaron los bomberos en cercanías al río Cauca desde 1985, respondieron que “La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió información a diferentes organismos, para consolidarla, contrastar y analizarla. En el contexto de las medidas cautelares solicitadas por el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) en 17 lugares en donde están personas desaparecidas y los cuales estarían en riesgos. En ese sentido, la UBPD como parte de la mesa técnica accede a la información”. Por otra parte, la entidad afirmó que la información que tienen los bomberos debió ser entregada en su momento al Instituto de Medicina Legal, ya que la institución era la encargada del tratamiento de datos de personas no identificadas.

A su vez, esta investigación logró determinar que Medicina Legal tiene en su poder la información de los cuerpos rescatados del río Cauca que llegaron a la institución y fueron clasificados por la doctora Luz María Ortiz y el asistente Carlos Arturo Ramírez. Pero, como lo manifestaron los bomberos de Marsella y Arauca, ninguna institución estatal tenía conocimiento de sus registros y, por lo tanto, las minutas nunca fueron pedidas.

Además, los cementerios de Arauca y Marsella, según el Movice, no se encuentran entre los 17 lugares de protección y no tenían conocimiento de las minutas e información que recopilaron los bomberos durante más de 40 años en ambos municipios. Mientras que las instituciones estatales determinan de quién es la competencia de recoger y sistematizar la información que contienen las minutas, tras descubrirse su existencia, esta se pierde entre el polvo, la humedad y el paso del tiempo en las estaciones de bomberos de Risaralda.

 

 

Esta investigación hace parte del especial periodístico ‘Conflicto y corrupción, tres historias con sello CdR’, realizado bajo el proyecto ‘Becas CdR’ de Consejo de Redacción.

 

 

 

Actualizado el: Lun, 05/25/2020 - 21:59

Ante la revelación de la revista ​Semana de que el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos eran periodistas, nacionales e internacionales, políticos, generales, oenegés y sindicalistas –por lo menos unas 130 víctimas–, un grupo de periodistas perfilados por inteligencia militar y respaldados por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestamos nuestro rechazo. Pero más que ello tenemos preguntas, pues a pesar de la información disponible no logramos comprender el alcance de estas acciones ilegales ordenadas desde una fuerza que tiene la obligación de garantizar nuestra labor periodística, no de perseguirnos y estigmatizarnos:

 

1. ¿Quién o quiénes dieron la orden de perfilamiento y vigilancia a periodistas y medios por parte de organismos de inteligencia militar, que ataca directamente las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país?

2. Uno de los objetivos de la inteligencia militar es proteger los derechos humanos, y prevenir y combatir amenazas internas o externas que se relacionen con la seguridad nacional. ¿Somos los periodistas y medios vigilados por el Estado, una amenaza para la seguridad nacional? ¿Con qué criterio justifican activar contra la prensa labores que están dispuestas para combatir la criminalidad?

3. ¿Quiénes eran los destinatarios y/o tuvieron acceso a las carpetas con los perfilamientos y espionajes a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos?

4. ¿Tiene el presidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa o alguno de sus altos funcionarios, conocimiento de estas actividades de espionaje ilegal? ¿Qué acciones tomarán para garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión sin ser blanco de perfilamientos, espionaje y estigmatización?

 

Según la investigación de revista ​Semana,​ inteligencia militar ejecutó un programa de seguimiento ilegal, por ello exigimos que se le entregue toda la información captada de manera inconstitucional a cada uno de los perfilados.

Hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, demandamos un pronunciamiento del gobierno del presidente Iván Duque y le recordamos las obligaciones del Estado colombiano para garantizar la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo, pilares de una sociedad democrática.

 

Firman

 

Periodistas blanco de perfilamiento militar:

 

Juan Forero, ​The Wall Street Journal
Ignacio Gómez, Noticias Uno
María Alejandra Villamizar, Caracol Radio y Caracol TV
Yolanda Ruiz Ceballos, Rcn Radio y columnista de El Espectador
Dayana Rodríguez Bernal, Radio Nacional de Colombia
Daniel Coronell, Univisión
Óscar Parra, Lidha Beltrán Valero, Luisa María Rincón Guzmán, Paula Andrea Hernández Vargas, María del Pilar Puentes Espinosa, David Leonardo Riaño Valencia, Silvia Natalia Corredor Rodríguez, María Jimena Neira Niño, Alvaro Andrés Avendaño Alba, Juan Pablo Gómez Peña, Carol Lizeth Sánchez Fonnegra, Nicole Acuña Cepeda, Juana Teresa Callejas, Fernanda Barbosa dos Santos, Germán Alejandro Ballesteros Coral, Santiago Luque Pérez, Ricardo Sánchez Gómez, Richard Stiven Romero Trochez, Daniela Aguirre, de Rutas del Conflicto.
Andrés Cardona Cruz, fotorreportero, Florencia
Karem Racines, periodista independiente que escribe para La Liga Contra el Silencio
John Otis, corresponsal de NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas CPJ Camilo Poveda, Blu radio
Stephen Ferry, independiente
Federico Ríos, fotoperiodista
Nicolás Bedoya, fotoperiodista
Ginna Morelo, La Liga Contra el Silencio
Fundación para la Libertad de Prensa FLIP

 

Esta petición la respaldan:

 

Jineth Bedoya Lima, Premio Unesco Guillermo Cano 2020 y SubEditora de El Tiempo Cecilia Orozco, Noticias Uno
Jaime Abello Banfi
José Manuel Acevedo, Noticias RCN
Néstor Morales, Blu Radio
Juanita León, directora de La Silla Vacía
Maria Teresa Ronderos - Junta Directiva del Comité para la Protección de Periodistas CPJ Camilo Acosta, Camilo Sánchez, José Díaz, Sara Castillejo, Jeanneth Valdivieso - La Liga Contra el Silencio
Diana Durán, El Espectador
Camila Zuluaga, Blu radio y Noticias Caracol
Mabel Lara, Noticias Uno
Darío Fernando Patiño, Radio Nacional de Colombia
Rodrigo Uprimny, Columnista El Espectador
Sinar Alvarado, columnista en The New York Times
Nathan Jaccard, Editor Latam OCCRP
Claudia Julieta Duque - Radio Niskor
Carlos Huertas, Director Connectas
Patricia Gomez, RCN
Juan David Laverde
Juan Diego Restrepo E. y Bibiana Ramírez, VerdadAbierta
Olga Behar, periodista independiente
Equipo editorial Actualidad Panamericana PACIFISTA!
Sara Trejos, Presunto Podcast
Maru Lombardo, Presunto Podcast
Javier Osuna, Director Fahrenheit 451
Lorenzo Morales, colaborador de La Liga Contra el Silencio y Cerosetenta Óscar Durán, CrossmediaLab de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
Juan Camilo Maldonado y Elizabeth Otálvaro, Mutante
Juliana Castellanos, directora Unidad de Investigación Periodística del Poli Alejandro Gómez Dugand, Cerosetenta
Natalia Arenas, Cerosetenta
Tania Tapia, Cerosetenta
Manuela Saldarriaga, Cerosetenta
María Fernanda Fitzgerald, Cerosetenta
Sebastián Payán, Cerosetenta
Fabio Posada, periodista independiente
Natalia Botero Duque, fotoperiodista
Camilo Vallejo, columnista La Patria
Julián Martínez, periodista independiente
Santiago Rivas, Presunto Podcast
Betty Martínez, Diario del Norte y TuuPutchika en La Guajira
Jorge Cárdenas, Periodista Villavicencio
Adriana Villegas, columnista La Patria
Alejandro Samper Arango, columnista La Patria
Martín Franco Vélez, columnista La Patria
Cesar Molinares, periodista independiente
Catalina Lobo-Guerrero, periodista independiente
Carlos Chica, defensor de audiencias de Canal Capital
Camilo Jiménez Santofimio, periodista independiente
Óscar Sánchez, periodista independiente
Mauricio Beltrán, director de Fedemedios
Claudia Marcela Mejía, periodista independiente
María Paulina Baena, La Pulla
David Tarazona, Cuestión Pública
Patricia Nieto, periodista de Hacemos Memoria Universidad de Antioquia Karim Ganem Maloof, El Malpensante
Maryluz Vallejo, Directo Bogotá
Belén Pardo, Vokaribe Radio
Ivan Mercado, Vokaribe Radio
Patricia Rendón, Vokaribe Radio
Walter Hernández, Vokaribe Radio
Alfredo González, Vokaribe Radio
Octavio González, Vokaribe Radio
Vokaribe Radio, Vokaribe Radio
Carolina Guerrero, Radio Ambulante
Daniel Alarcón, Radio Ambulante
David Trujillo, Radio Ambulante
Camila Segura, Radio Ambulante
Constanza Bruno, periodista independiente
Fernanda Pineda, fotorreportera / Colombia
Natalia Guerrero Ulloa, periodista independiente
Santiago Wills, periodista independiente
Andrea Aldana, periodista de El Poder en Semana TV / Investigadora Fundación Paz y Reconciliación Colombia
Paula Thomas, Reojo colectivo
Charlie Cordero, Reojo colectivo
Santiago Mesa, Reojo colectivo
Andrés Cardona, Reojo colectivo
Andrés Buitrago, Reojo colectivo
Catalina Loboguerrero, periodista
Gerald Bermúdez, periodista y fotorreportero freelance
Andrés Páramo, periodista independiente
Diego Alarcón, periodista independiente
Laila Abu Shihab Vergara, periodista independiente
La Cola de Rata
Equipo editorial Actualidad Panamericana
Red Colombiana de Periodismo Universitario y sus medios integrantes: Datéate al minuto, Tinta Negra (Uniminuto Bogotá), Unimedios (Universidad Santiago de Cali), Un Pretexto (Universidad de Boyacá), Norte Urbano (Uniminuto Bello), Ciudad Vaga (Universidad del Valle), En Primera Persona (Universidad Católica de Pereira), Periódico 15 (Universidad Autónoma de Bucaramanga), Entre Nos, El Anzuelo Medios (Universidad de Ibagué), Contexto (Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín), De la Urbe (Universidad de Antioquia), Sextante (Universidad Católica Luis Amigó), Unisabana Medios (Universidad de La Sabana), Bitácora, Nexos (Universidad EAFIT), Página, UniDiario, La UM Central (Universidad de Manizales), Unicomedio, Unicomfacauca Radio (Unicomfacauca), CrossmediaLab (Universidad Jorge Tadeo Lozano – Bogotá), Conexión Lasallista (Corporación Universitaria Lasallista), Ágora, Miradas y Voces (Universidad de Pamplona), Plataforma, Estación V (Universidad Pontificia Bolivariana – Bucaramanga), Universidad Tecnológica de Pereira

 

Periodistas internacionales:

 

Mónica González, periodista independiente, Chile
Fabiola Gutiérrez, La Pública, Bolivia
Marcela Turati, periodista independiente, México
Miguel Dimayuga, fotorreportero revista Proceso, México
Lise Josefsen Hermann, Periodista Freelance, Ecuador, Dinamarca Raul Romero fotorreportero, Venezuela Nicola Frioli, fotógrafo, Italia
Sara Aliaga T., fotorreportero, Bolivia
Román Camacho, Fotoperiodista, Venezuela
Desirée Esquivel, periodista en Ciencia del Sur, Paraguay
Isabela Ponce, GK, Ecuador
Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Venezuela
Fabiola Torres, Salud con Lupa, Perú
Thelma Gómez, periodista independiente, México
Francesco Manetto, Catalina Oquendo y Santiago Torrado, EL PAÍS de España APIC , Asociación de Prensa Internacional en Colombia

Actualizado el: Dom, 05/03/2020 - 14:15