Nota
Así se movió el discurso racista y estigmatizante contra la Minga 2020
Políticos, medios y usuarios de redes asociaron a los pueblos indígenas con grupos armados ilegales. Esta es una radiografía de esa narrativa, tan débil de sustento como peligrosa en sus efectos.
Por; José Felipe Sarmiento, Ana María Saavedra y Santiago Luque Pérez
La Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz emprendió el regreso a sus lugares de origen, tras recorrer en paz medio país y marchar de igual manera en Bogotá, todavía estaban en circulación las ideas de que fue infiltrada por ejércitos ilegales, coordinada por vándalos o financiada por el narcotráfico.
Los motivos de la protesta fueron expuestos desde el 6 de octubre en una carta abierta al presidente, Iván Duque, y un librillo. Los indígenas y organizaciones sociales del suroccidente del país reclamaban por el aumento de las masacres y los asesinatos, en especial de líderes; pedían respeto por sus territorios, por la protesta, por las decisiones judiciales, por los derechos humanos y, en particular, los derechos colectivos de los grupos étnicos; llamaban al Gobierno a cumplir con la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC y a retomar los diálogos con el ELN; entre otros puntos.
Esto fue insuficiente para detener los discursos que insistieron en crear estigmas contra ellos. Por eso, Colombiacheck y Rutas del Conflicto nos unimos para hacer una radiografía de esta oleada de desinformación, en la que recopilamos y desmentimos sus argumentos, pero también contamos quiénes la movieron, exploramos su trasfondo y exponemos sus consecuencias. En este explicador, respondemos estas siete preguntas:
No es la primera vez. En diciembre de 2016, cuando la agenda del país estaba definida por el Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón que acababa de entrar en vigencia, desnudamos juntos los peligros de relacionar a los pueblos indígenas como supuestos aliados de las guerrillas, en especial de las FARC. Con el chequeo ‘¿Indígenas aliados de la guerrilla? Una mentira muy peligrosa’, demostramos que se trata de un señalamiento falso, que generaliza y no tiene en cuenta las diferencias de fondo que separan las reivindicaciones indígenas y la lucha armada de la guerrilla.
La verificación fue publicada días después de que la Corte Constitucional, en una sentencia de tutela, le ordenó rectificar al programa ‘Séptimo Día’ de Caracol Televisión, por una serie de episodios emitidos en 2015 en los que violaron el derecho a la información veraz e imparcial de los pueblos indígenas y de su audiencia al hacer afirmaciones carentes de sustento o incluso contrarias a los datos recopilados en su reportería. Entre ellas, el director y presentador del espacio, Manuel Teodoro, dijo que en ciertas partes del Cauca “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es tan clara”.
Cuatro años después, estos mensajes se siguen repitiendo.
¿Qué se dijo de la Minga 2020?
Es innegable el pacifismo de los indígenas que llegaron a Bogotá el pasado 18 de octubre y marcharon al día siguiente hasta la plaza de Bolívar para hacerle un juicio político al presidente, Iván Duque. No obstante, hay quienes han insistido en que hubo algo turbio detrás de tanta calma.
“Tesis: los líderes de la minga pidieron al jefe de los vándalos que no hubiera vandalismo mientras estuviera la minga en Bogotá. Por cuidar esos votos, el jefe aceptó. Conclusión: el vandalismo tiene jefe y organización jerárquica en Bogotá”, escribió el exsenador Alfredo Rangel en su cuenta de Twitter el 22 de octubre. No dio ninguna prueba de su acusación, más allá de este razonamiento plagado de falacias.
Hilo falacias
https://twitter.com/FalaciaDelDia/status/1319294553019486209?s=19
Buen día, mundo. Aquí vemos que el senador no quiere abandonar su impronta y nos brinda uno de sus habituales desatinos, en el que ha dejado entrever que se le da bien eso de torcer los hechos para que se ajusten a la explicación que quiere dar. Abro hilohttps://t.co/Ty8igFkNN6
— La Falacia Del Día (@FalaciaDelDia) October 23, 2020
Buen día, mundo. Aquí vemos que el senador no quiere abandonar su impronta y nos brinda uno de sus habituales desatinos, en el que ha dejado entrever que se le da bien eso de torcer los hechos para que se ajusten a la explicación que quiere dar. Abro hilohttps://t.co/Ty8igFkNN6
— La Falacia Del Día (@FalaciaDelDia) October 23, 2020
También hay falacia ad ignorantiam porque tiene inexistencia de evidencia y la quiere mostrar como evidencia de inexistencia.
— La Falacia Del Día (@FalaciaDelDia) October 22, 2020
También hay petición de principio porque el argumento necesita que la tesis sea cierta para valer como argumento.https://t.co/Ty8igFCoEE
A esas alturas, ya se habían ido de la ciudad sin contratiempos hasta los últimos indígenas que se quedaron para apoyar el paro del 21 de octubre. Habían dejado impecable el lugar donde estaban instalados, el Palacio de los Deportes. No obstante, el mensaje del excongresista del partido Centro Democrático (CD) fue retuiteado 1.884 veces (1.260 sin comentarios) y recibió 2.622 ‘me gusta’.
Esto demuestra que, en cierto sector de la población, quedó tan bien instalada la narrativa sobre el vandalismo e incluso el golpe de Estado que supuestamente pretendía dar la minga, que hay personas dispuestas a defenderlo incluso después de que resultó evidentemente contrario a los hechos. Desde el punto de vista más inmediato, es el resultado de una serie de desinformaciones que se movieron a lo largo de por lo menos dos semanas.
Es cierto que también hubo inexactitudes o falsedades en publicaciones y discursos a favor de la protesta indígena y contra la Policía. Sin embargo, Colombiacheck encontró un patrón claro de estigmatización en por lo menos 14 chequeos sobre memes, videos u otros productos virales o pronunciamientos de figuras públicas que tenían como trasfondo la idea de vincular a la minga y los indígenas con el narcotráfico y grupos armados ilegales.
Reciclaron unas fotos con tatucos que ya habían circulado durante el paro de 2019. En realidad corresponden a 2012, cuando la Guardia Indígena desmanteló una caleta de las FARC en Toribío, Cauca.
Viralizaron otras, en las que un joven, supuesto guardia indígena, posaba con armas. Resultó que era un impostor, un disidente de la extinta guerrilla que ya fue procesado por la Jurisdicción Especial Indígena. Además, las imágenes fueron subidas a redes por él mismo en 2016.
Difundieron un video de una supuesta incautación de armamento a líderes de la protesta. La verdad es que era de un operativo contra el ELN que sucedió en mayo pasado en El Tambo, Cauca.
Con la etiqueta #Narcominga, compartieron un video de encapuchados pinchando llantas en una carretera. La grabación resultó ser de un bloqueo que hicieron campesinos y docentes de Nariño sobre la vía Panamericana en marzo de 2019. La grabación también había sido usada contra los indígenas del Cauca en abril de ese año por el activista Herbin Hoyos, que ha divulgado otras falsedades similares en el pasado.
Varias publicaciones presentaron la “ausencia de indígenas” como el supuesto catalizador de un operativo en el que la Policía destruyó 63 laboratorios para la producción de base de coca en Caquetá y Cauca o como el motivo del regreso de la minga a sus territorios. Sin embargo, se trató de una acción rutinaria de la institución en una zona diferente al norte del Cauca, de donde provenían la mayor parte de los manifestantes, y que no es de “dominio” de estos pueblos, como decían.
La senadora Paola Holguín trinó que hay 14.022 hectáreas de coca en resguardos, según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cosa que es cierta. Pero la congresista del CD omitió datos importantes del contexto: que es menos de la décima parte del total, que vienen disminuyendo desde 2017 (antes que en el resto del país), que algunos son propiedad de colonos, entre otros.
La Polla, una ‘youtuber’ de derecha, también acusó a los pueblos indígenas de ser “narcoproductores” y violar la Constitución con sus protestas, entre múltiples desinformaciones sobre varios temas. Incluso los llamó “terratenientes” con argumentos parecidos a los del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, que los criticó por tener muchas tierras igual que lo hizo un trino con un mapa descontextualizado. Ninguno consideró que sus territorios son colectivos e inalienables, no propiedades privadas, ni que la mayor parte está cubierta de bosques.
Los argumentos imprecisos sobre los cultivos ilícitos, las tierras y los presupuestos que manejan los resguardos, entre otros, también fueron retomados por una columna del exviceministro uribista Rafael Nieto Loaiza. Incluso puso en duda el tamaño y crecimiento de la población indígena entre los censos de 2005 y 2018 sin tomar en cuenta cambios metodológicos, factores demográficos y sociales, entre otras causas. En el texto, Colombiacheck encontró tres frases cuestionables, tres con peros y una sola verdadera.
El resto de publicaciones hablaban de temas diferentes, pero casi todas incluían señalamientos sobre “bloquear el país”, “desestabilizarlo” o “tomarse Bogotá”. Decían que organizaciones indígenas tuvieron contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos a cambio de no protestar, que le aportaron recursos a la campaña presidencial del hoy senador por la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro, en 2018 y que había una gran marcha de migrantes venezolanos desde la frontera hacia la capital para participar en las manifestaciones. Todo era falso.
Hasta les echaron en cara la supuesta “hipocresía” de dejar la ciudad llena de basura, con una foto de la Plaza de Mayo en Buenos Aires tras la posesión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en 2019.
¿Quiénes promovieron la desinformación?
Además de la columna de Nieto y los trinos de Holguín y Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, este discurso se movió en las redes de otras figuras públicas que pertenecen o son cercanas al Centro Democrático y líderes de la derecha en general. Entre tanto, el gobierno de Iván Duque usó a algunos medios de comunicación para ambientar sus teorías que, a su vez, motivaron un pronunciamiento de la Fiscalía General.
El propio expresidente Álvaro Uribe, máximo líder del partido político, ha sido uno de los mayores promotores de estos discursos desde el principio. El mismo 6 de octubre, cuando la minga le escribió a Duque, él publicó un comunicado de seis puntos en el que advertía que se trataba de una “toma socialista del Estado” que pretendía “justificar el vandalismo” y “defender sus acciones violentas”, entre otras afirmaciones.
En ese entonces, el exmandatario todavía estaba detenido en su finca El Ubérrimo por orden de la Corte Suprema, como posible responsable de manipulación de testigos. La medida fue anulada días después por una jueza de control de garantías, puesto que el exmandatario se quitó el fuero de congresista cuando renunció a la curul que ocupaba en el Senado desde 2014 y, en consecuencia, la investigación pasó a la Fiscalía y cambió de normas procesales a su favor.
Ya libre, Uribe también escribió durante la minga que la protesta tenía “extremistas infiltrados que abusan de la buena fe de muchos indígenas”.
El día del paro, compartió cuatro minutos y medio de una entrevista de 2019 en la que el autoproclamado líder de víctimas José Antonio Vitonas, prófugo de la Jurisdicción Especial Indígena condenando por abuso sexual y secuestro, dijo que los resguardos en ese departamento tenían “convenios” con las antiguas FARC. Su interlocutor era el entonces director del canal televisivo de noticias RED+, Juan Lozano, quien fue ministro de Ambiente bajo el segundo mandato del expresidente.
El mismo exjefe de Estado había tergiversado en 2018 una de las fotos de supuestos indígenas armados que Colombiacheck volvió a desmentir porque circularon para criminalizar a la Minga 2020. Esta vez, la falsa asociación fue compartida por personajes como el pastor cristiano Marco Fidel Ramírez, exconcejal de Bogotá por el partido Colombia Justa Libres; los directores del Movimiento de Católicos Solidaridad, Samuel Ángel, y del portal La Otra Cara, Sixto Alfredo Pinto, o el abogado y político huilense Luis Humberto Tovar Trujillo.
Las publicaciones chequeadas también aparecieron en otras cuentas, páginas o grupos que se identifican a sí mismas como uribistas o derechistas.
Una página que publicó el video de los encapuchados ya tiene incluso un antecedente en Colombiacheck por compartir información incompleta para criticar el proceso de paz: ‘Timochanda’, que usa como imagen de perfil una caricatura del presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. También publicó un meme, desmentido por la sección de verificación del portal La Silla Vacía, que acusaba al senador y líder nasa Feliciano Valencia de estar condenado por secuestro (fue absuelto) y ser miembro de las FARC, a las que ha criticado incluso después de que se desarmaron.
Otros divulgadores usaron los mensajes falsos para expresar su apoyo al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los debates de moción de censura convocados en su contra, o al presidente de Estados Unidos y fallido candidato republicano a la reelección, Donald Trump. El segundo es el caso de un militar retirado de Medellín que compartió el video del operativo contra el ELN.
No es el único exintegrante de la Fuerza Pública involucrado en esta campaña de desinformación. Otro exmilitar que se identifica en Twitter como uribista compartió las fotos del guerrillero que se hacía pasar por guardia indígena. Las imágenes también aparecieron en el perfil de la excongresista Lucero Cortés, del Partido de la U, pero borró la publicación.
Entre tanto, el policía retirado y ‘youtuber’ Leonardo Cuervo ayudó a difundir la mentira sobre los laboratorios. Lo mismo hicieron la página de Facebook ‘Vox Colombia’, inspirada en el partido ultraderechista español, y las cuentas en Twitter del médico Quintín Herrera Quiroz, excandidato al Senado del CD, y el programa radial La Hora de la Verdad, dirigido por el exministro del Interior uribista Fernando Londoño Hoyos; entre muchos otros sitios.
Las filtraciones de inteligencia de la Policía publicadas, entre otros medios, por el diario El Tiempo y la revista Semana entre el 12 y 13 de octubre también sirvieron para fortalecer el discurso sobre la supuesta infiltración y el vandalismo. La reacción del fiscal general, Francisco Barbosa, fue prometer la judicialización de “todos aquellos que alteren el orden público, la salud pública y que afecten a la mayoría de los colombianos” para impedir el “terrorismo urbano”.
El vocero del gobierno para hablar de la minga, que era el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, respondió a estos informes con un reconocimiento al trabajo conjunto con la Guardia Indígena para evitar las supuestas infiltraciones. No obstante, repetidamente descalificó la protesta por su carácter político ya que, según él, “el ámbito natural para cualquier debate” de ese tipo es el Congreso.
Ninguno de los funcionarios planteó dudas sobre los informes a pesar de que tenían varios puntos débiles al ponerlos en contexto, como lo demostró La Silla. No solo desconocían el proceso colectivo de toma de decisiones de los indígenas, también los crímenes contra sus líderes cometidos por los grupos armados con los que pretendían vincularlos e incluso los enfrentamientos entre estos. Además, la minga ni siquiera era mencionada en los audios revelados y las ubicaciones geográficas tampoco coincidían del todo con la ruta de las protestas.
De hecho, no es la primera vez que este tipo de reportes resulta estar más cerca de teorías conspirativas que de la realidad. Ya había pasado con el supuesto ataque coordinado a los comandos de atención inmediata (CAI) de Bogotá y Soacha en septiembre, que La Liga Contra el Silencio encontró “improbable”. Lo que hubo fue un estallido mayoritariamente espontáneo contra los abusos policiales tras el homicidio del estudiante Javier Ordóñez en una de esas instalaciones y los asesinatos de 13 personas más en las protestas del día siguiente, por disparos de uniformados.
No obstante, medios como el informativo de televisión Noticias RCN, dirigido por el periodista y político Lozano, insistieron en la supuesta infiltración de la minga con base en un video en el que dos guerrilleras le expresaban el apoyo del ELN a la protesta. Este mensaje tampoco revelaba ningún tipo de colaboración o incidencia real en ella, pero sirvió para mantener vigente el discurso estigmatizante. Así lo demostró el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, al repetir los señalamientos días después.
¿La ‘bodega’ uribista también participó?
Sí. En la dinámica contra la Minga 2020 también entraron, como mínimo, algunos de los miembros de la ‘bodeguita’ uribista, una estrategia de redes sociales coordinada por funcionarios y contratistas del gobierno para crear tendencias a favor del uribismo y en contra de otros sectores, que fue denunciada por La Liga en febrero pasado y ha sido foco de muchas desinformaciones.
Colombiacheck revisó los trinos publicados del 6 al 21 de octubre por las cuatro cuentas que, según esa investigación, estuvieron más activas durante el paro nacional de los últimos meses de 2019. Aunque esta vez no utilizaron etiquetas comunes para posicionar tendencias como antes, sí coincidieron en algunas de las mentiras y estigmatizaciones anteriores.
La más insistente fue @Arquiman2, de identidad desconocida, que tiene en su perfil todas las desinformaciones posibles sobre la minga (entre otros temas), con frecuencia como ataques a Petro. Por ejemplo, puso lo de los laboratorios [1, 2, 3] y los vínculos con cultivos ilícitos y narcotráfico [4, 5, 6, 7, 8, 9], el ELN o, indistintamente, las disidencias y el partido FARC [10, 11, 12, 13, 14, 15, la última incluyó un enlace al artículo de Semana]; las fotos fuera de contexto con tatucos y otras armas [16, 17, 18, 19, 20], el video del operativo viejo [21] y el cuento de que estos grupos étnicos son “los más grandes terratenientes” [22].
Además, dio muestras claras de racismo al llamar a los indígenas “cochinos”, “borrachos” o “parásitos” [23, 24, 25, 26], entre otras expresiones [27, 28, 29]. De hecho, usó varias veces las etiquetas #MingaBorracha o #MingaRumbera, de las pocas contra la protesta en las que intervino (en otros casos, se valió de algunas más generales o utilizó las que estaban a favor para criticarlas). Además, en línea con el gobierno y varios medios de comunicación, los cuestionó por el riesgo de contagio de COVID-19 [30, por ejemplo].
El constructor Jorge Luis Henao, condenado por acceso carnal violento agravado contra una niña de 13 años y directivo del CD en Buga, también participó. Citando un video del prófugo Vitonas, se refirió al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como un “hervidero de guerrilleros”. También repitió insultos racistas [1, 2, 3], vinculó a los manifestantes con los invernaderos de marihuana del norte del departamento como lo hizo La Polla, lo que es cuestionable porque desconoce varios factores del problema, y publicó un meme de Pablo Escobar que relaciona el fin de la concentración en Bogotá con el narcotráfico y supuestas órdenes de Petro.
Jaime Villa Restrepo, de quien solo se conoce ese nombre y que es de Medellín, trinó relativamente poco sobre la minga. Había sido el más activo de la ‘bodega’ en el paro.
Escribió que a los indígenas deberían quitarles sus tierras. Primero, lo hizo citando un mensaje del experiodista Juan Carlos Pastrana (hermano de Andrés, el expresidente conservador) que preguntaba por los jueces competentes para “extinguir el dominio de las tierras dedicadas a cultivos ilícitos en resguardos”. Luego, en respuesta a la asociación entre los laboratorios destruidos y los indígenas que hizo el empresario José Miguel Santamaría, excandidato del CD al Senado que tuvo que retractarse en 2019 por calumniar al senador Iván Cepeda del Polo Democrático.
La cuenta @fredsanl, que solo se identifica con las iniciales FLS, también comentó que deberían expropiar a los indígenas en un trino de un tal Ángel Ferrer con la mentira sobre los laboratorios. Además, señaló a los migrantes venezolanos de ser un “caballo de Troya con complicidad del presidente”, en respuesta a un mensaje del actor y cantante Jorge Cárdenas que hablaba de la supuesta caravana que iba de Cúcuta a Bogotá para unirse a la minga.
El mismo usuario compartió un meme que relaciona a la protesta y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el ELN; así contestó una pregunta de la abogada uribista Natalia Bedoya sobre quienes “se toman fotos con indígenas para hacer politiquería”. En otro mensaje, publicó la captura de un trino del administrador ambiental Daniel Jiménez, que fue asesor del excongresista del CD Samuel Hoyos, donde dice que los indígenas tienen una “deuda histórica” con los “jóvenes que han sido destruidos por la droga, producto de sus narcocultivos”.
Otro detalle importante en el que coinciden estas cuentas ‘bodegueras’ es en su apoyo a la precandidatura presidencial de Nieto Loaiza por el Centro Democrático. Incluso el citado Jiménez se presenta como su coordinador de juventudes.
¿Por qué son acusaciones infundadas?
La guerrilla también tuvo sus propios discursos estigmatizantes contra la población indígena. “La historia de nuestro resguardo y lo sucedido en el año 86 traía el chisme o las mentiras que decían que nosotros éramos todos godos o conservadores”, le explicó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) un sobreviviente de la masacre de Murindó, Antioquia, ejecutada por las FARC contra tres líderes emberas con el fin de acabar con sus procesos de organización comunitaria.
El propio Rodrigo Londoño, quien fue el último comandante máximo que tuvo la antigua guerrilla, reconoció la responsabilidad sobre estos hechos. “Para mí es duro expresar cuán equivocados estábamos cuando hacíamos una lectura única de los territorios donde desarrollábamos nuestro accionar político y militar”, dijo Timochenko al pedirles perdón a las víctimas en el encuentro #LaVerdadIndígena que se realizó el pasado 23 de octubre.
Es que las luchas indígenas son mucho más antiguas y muy distintas a las de las guerrillas marxistas. Estas, por el contrario, buscaron apropiarse de ellas como instrumentos políticos pero sin entenderlas realmente. Los pueblos, que no se sintieron representados por ese accionar armado ni la ideología que decía defender, optaron por la neutralidad y esto los convirtió en objetivos de tomas, asesinatos, amenazas. Así lo contaron Rutas y Colombiacheck en 2016:
“Nunca les consultamos sus aspiraciones. Nunca les consultamos su opinión. [...] En ningún momento tuvimos en cuenta su cosmovisión, que es distinta a la nuestra. Nunca tuvimos en cuenta sus maneras de abordar los problemas y de resolverlos. Nunca tuvimos en cuenta sus formas de organización y sus propias visiones de lo que es la lucha por sus intereses”, reconoció Londoño Echeverry en el encuentro por la verdad.
Además, tampoco se trata solo de un choque cultural o un malentendido político. Una de las razones por las que los grupos armados matan a líderes indígenas y afros es para evitar que tomen acciones contra las economías ilegales que invaden sus territorios. El analista experto en cultivos ilícitos Salomón Majbub Avendaño afirma que llamarlos narcos es desconocer esas luchas.
Es más, para ellos, “no solamente los seres humanos resultan ser víctimas de estos factores subyacentes al conflicto, sino que el territorio también es víctima de estas economías [legales e ilegales] que usan la violencia como estrategia de dominación”, como recuerda el informe Tiempos de vida y muerte publicado en 2019 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). También lo reconoce así el decreto que reglamenta la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para los pueblos indígenas.
Claro, hay personas que cometen algunos de esos delitos o se unen a grupos armados. El caso es que el involucramiento de estas comunidades con esas conductas “no es mucho mayor que en otros sectores de la población”, dice el director de la firma de consultoría en seguridad y desarrollo rural C-Análisis, Daniel Mauricio Rico. De paso, agrega que “el narcotráfico es mucho más complejo que sembrar una mata”, es decir que tener un cultivo no implica pertenecer o tener mando en una organización criminal, lo que confirma Majbub.
El suroccidente del país está lejos de ser la excepción a estas consideraciones. Por el contrario, es una de las regiones donde mejor se ejemplifica la falta de sustento que tienen las acusaciones contra los indígenas que se exacerbaron durante la minga, proveniente sobre todo de esa zona.
¿Cómo ha afectado a los indígenas el conflicto en Cauca?
Contrario a los señalamientos de “guerrilleros”, “narcotraficantes” e “integrantes de grupos armados” contra los indígenas, especialmente las organizaciones del departamento de Cauca que lideraron la Minga 2020, en la historia de los indígenas en todo el país han sido víctimas de los diferentes actores armados.
Según cifras de la Unidad de Víctimas analizadas por Rutas del Conflicto con corte hasta enero del 2020, el delito que tiene más registros de indígenas afectados en el país es el desplazamiento con más de 365.000 casos. Le siguen la amenaza con más de 24.000 hechos victimizantes y el homicidio con más de 16.000.
La entidad también tiene 381.839 indígenas reconocidos como víctimas del conflicto armado y el departamento que más eventos tiene es Cauca con 64.699, lo que representa un 17 por ciento del total. Se puede decir que cerca de 1 de cada 6 indígenas víctimas del conflicto armado viene de este departamento. La base de datos de víctimas de masacres del CNMH también muestra al Cauca en el primer lugar con 224 asesinatos.
Históricamente, la violencia contra los indígenas en el Cauca ha estado marcada por las tensiones alrededor de la tierra con los empresarios y los grupos armados. El homicidio del gobernador indígena Ramón Julicué, del resguardo San Francisco, en 1982 por parte del Frente Sexto de las FARC fue el primer asesinato de un indígena que se le atribuye a esa guerrilla.
Sin embargo, desde 1977 las tensiones con las autoridades ancestrales habían aumentado por la transformación de la guerrilla en un grupo más ofensivo que buscaba el control territorial del Cauca, según ha escrito el sociólogo y doctor en Antropología Sebastián Levalle, docente investigador de la Universidad de Buenos Aires. El mismo texto señala que las extorsiones a cambio de seguridad que las FARC les cobraban a los terratenientes también chocaban con los planes de recuperación del territorio.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en Guerra propia, guerra ajena (2015), en los años 80 nació el Movimiento Armado Quintín Lame como respuesta a los constantes ataques que recibía la comunidad. El grupo insurgente recibió el apoyo inicial del M-19 y el EPL porque nació como una autodefensa frente a los terratenientes, la Fuerza Pública y las FARC. El informe señala que esta guerrilla lo vio como una afrenta, sobre todo porque se alió con el frente disidente ‘Ricardo Franco’.
De todas formas, el Quintín Lame se desmovilizó en 1991 por petición de las comunidades indígenas. Ese mismo año, terratenientes del Cauca hicieron viajar desde Córdoba a los paramilitares al mando de Fidel Castaño que perpetraron la masacre de El Nilo en Caloto, Cauca. La Policía también participó en el crimen, que dejó 20 indígenas asesinados, como lo reseña Rutas del Conflicto.
Levalle indica que la incursión en política de los indígenas, dada después de la Constitución de 1991, fue mal vista por los grupos armados, especialmente por la guerrilla de las FARC, que los empezó a ver como parte del ‘establecimiento’ y los declaró objetivo militar.
La violencia contra los indígenas sumó otro actor armado cuando, a finales de los 90, los ‘grupos de seguridad privada’ de grandes empresarios empezaron a hacer parte de organizaciones narcotraficantes y paramilitares. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ingresaron desde el Valle del Cauca y consolidaron los bloques Calima y Farallones para combatir a los frentes 30 y 6 y a la columna móvil Jacobo Arenas.
Los mismos pueblos han denunciado a la columna móvil Jacobo Arenas y el Frente Sexto por atacar a las poblaciones y sostener enfrentamientos con la Fuerza Pública en cercanías de resguardos, como lo demuestran este comunicado de 2012 y los de los 80 en el informe del CNMH sobre el Quintín. El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, también había dicho en una carta de 2011 que “las FARC, desde su orilla también han declarado que el CRIC, la ACIN [Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca] y las autoridades indígenas deben ser debilitadas y suplantadas por oponer sus políticas de autonomía”.
Los indígenas del norte del Cauca incluso se enfrentaron a las FARC en varias ocasiones. Como ejemplo, podemos citar casos como el rescate de siete personas secuestradas por esa guerrilla en Jambaló en 2008, el de un joven estudiante en Toribío en 2011 y el de la hija de un comandante de Policía en Guachené en 2014, entre otros.
El Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano no fue el final de la violencia contra los indígenas. Las disidencias que quedaron en el territorio los declararon objetivo militar por oponerse al narcotráfico. Como informó El Tiempo en 2019, con cifras de la Fiscalía hasta octubre, habían sido asesinados 36 indígenas en el Cauca y la ONU había contado 26 en 2018.
A finales del año pasado, la disidencia ‘Dagoberto Ramos’ cometió una masacre en Tacueyó, un resguardo en Toribío, que dejó cinco muertos, entre ellos la gobernadora del cabildo, Cristina Bautista. Según informó el portal Verdad Abierta, los motivos de este hecho estuvieron relacionados con que las comunidades nasa habían realizado una acción humanitaria con la que le impidieron al grupo armado ejecutar a unas personas.
Precisamente, la minga que viajó desde el departamento del Cauca a Bogotá tuvo como objetivo denunciar los asesinatos que han sufrido los pueblos indígenas en el departamento por parte de los diferentes grupos armados que han querido controlar la ruta de narcotráfico en el departamento. Una amenaza que en varias ocasiones fue denunciada por quien era el defensor del pueblo hasta agosto pasado, Carlos Negret.
¿Por qué estos estigmas son peligrosos?
“Señalarlo a uno de guerrillero es hacerlo fusilar”, dice el líder nasa y consejero mayor del CRIC, Hermes Pete Vivas. Esa sola frase resume la situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas y sus líderes cuando cunden las falsas acusaciones y las versiones acomodadas que los presentan como aliados de grupos armados, socios del narcotráfico o una minoría supuestamente privilegiada con pretensiones totalitarias.
Estos discursos son revictimizantes. No solo porque desconocen que la guerra se ensañó de forma particular con estos grupos étnicos desde todos los frentes y que el origen de esas violencias se remonta siglos atrás, sino también porque perpetúan el ambiente propicio para su repetición. Es que de 115 pueblos que hay en Colombia, 68 están en riesgo de desaparición física y cultural por el conflicto armado.
Ese dato fue central en el encuentro #LaVerdadIndígena de la CEV. Los múltiples testimonios de comunidades en todo el país que se presentaron ese día confirman la gravedad de la estigmatización y sus consecuencias. “La verdad indígena tiene que ver con el continuo de violencias que proviene de la cultura y el trato colonial que aún persiste y no se ha superado en nuestro tiempo”, declaró la comisionada Patricia Tobón Yagarí en el evento. Agregó que la confrontación armada profundizó e incluso llevó a naturalizar ese tipo de situaciones.
La gravedad del daño que los distintos actores del conflicto armado interno le han hecho a los pueblos indígenas, hasta el punto de amenazar la existencia misma de sus culturas, no es algo que se haya inventado esta entidad creada en virtud del Acuerdo del Teatro Colón. En 2009, ya la Corte Constitucional había emitido un auto de seguimiento al estado de cosas inconstitucional de la población desplazada en el que se refería de forma particular a la desprotección sufrida por estas etnias:
Es una emergencia tan grave como invisible. Este proceso no ha sido reconocido aún en sus reales dimensiones, por las autoridades encargadas de preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Mientras que numerosos grupos indígenas son atacados, desplazados y desintegrados en todo el territorio nacional por los actores armados que operan en Colombia y por los distintos factores subyacentes al conflicto y vinculados al mismo, el Estado y la sociedad colombianos continúan preciándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. Esta contradicción entre la realidad y la representación generalizada de dicha realidad ha sorprendido a la Corte Constitucional, no sólo por su crueldad inherente, sino por revelar una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años – indiferencia que en sí misma es un menosprecio de los postulados constitucionales básicos que nos rigen como Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la diversidad étnica y cultural.
Para el alto tribunal, los señalamientos se hacen “de manera arbitraria e infundada” por parte de la Fuerza Pública. Así, forman parte de los factores que alimentan los hechos violentos contra los indígenas en ciertas regiones, porque “con frecuencia resultan en homicidios, en amenazas, en desapariciones o, en algunos casos, en lo que se ha conocido como ‘falsos positivos’”.
Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) profirió una sentencia en 2007 con la que declaró responsable al Estado por el homicidio del líder nasa Germán Escué Zapata, gobernador del resguardo Jambaló, cometido por el Ejército en 1988 (el caso sigue en supervisión de cumplimiento, según la resolución más reciente, que es de 2016). Según la providencia, los militares que llegaron a su casa lo golpearon “mientras le preguntaban dónde estaban las armas y lo calificaban de guerrillero” antes de llevárselo a las montañas y asesinarlo a tiros en estado de indefensión.
El evento de la Comisión de la Verdad sirvió para hacer memoria de muchos otros hechos, ocurridos en diferentes momentos de la historia, en los que la estigmatización contra los indígenas desencadenó múltiples formas de victimización.
Por ejemplo, a finales de los 90 y principios del nuevo siglo, los paramilitares aliados con el Ejército estuvieron a punto de exterminar los kankuamos en el Atlántico a punta de masacres que pretendían justificar con señalamientos de que los indígenas habían sido aliados de las guerrillas. En los años anteriores, desde 1986, habían sido precisamente las FARC, el ELN y el M-19 quienes habían asesinado a miembros de sus comunidades por ser supuestos ladrones o informantes de la Fuerza Pública.
En total, fueron cerca dos décadas y media que dejaron 400 muertes. De nuevo, hasta la Corte IDH tuvo que intervenir en 2004, cuando emitió una resolución de medidas cautelares a favor de este pueblo y, aun así, el Estado tuvo que seguir respondiendo por esos hechos hasta 2011, cuando fueron levantadas.
“A nosotros también nos señalaban como guerrilleros, siendo que no es así, siendo que nuestras familias, nuestras mujeres se tenían que someter obligadamente por miedo de que fueran a reclutar o matar a los hijos, a los jóvenes”, le contó Esneda Saavedra, gobernadora del cabildo yukpa Sokorpak en la serranía del Perijá, a la CEV. A su pueblo también llegaron los paramilitares y el Estado con estos discursos estigmatizantes, después de que la comunidad había sufrido las acciones de las FARC y el ELN.
El propio Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, pidió perdón por el homicidio de Kimy Pernía Domicó, líder embera al que mataron en Tierralta, Córdoba, en 2001. Se refirió al caso como un “crimen de Estado” y le dijo a la familia que una de las “excusas” para dar la orden fue que la comunidad había sido señalada como supuesta colaboradora de la guerrilla. “Decían que ustedes allá alimentaban a los grupos subversivos que estaban en la zona”, relató antes de explicar que esa y otras acciones en realidad estaban encaminadas a “debilitarlos y terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos”.
Herzaín Díaz, coordinador de la Comisión de Justicia del resguardo embera Cañamomo-Lomaprieta en Caldas, insiste actualmente en que “los procesos indígenas desde hace más de 500 años son en lucha y resistencia contra el exterminio” y agrega que “los señalamientos han hecho parte de eso”. Es más, el libro Pueblos indígenas de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (2013) del abogado y sociólogo jurídico Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional, recuerda que este fue el primer país de donde llegó un caso sobre estas etnias.
La petición fue elevada a la Comisión Interamericana en 1960 por cuenta de la persecución y tortura que sufrían los guahibos en el Meta a manos de las Fuerzas Armadas y el entonces recién creado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Las autodefensas liberales de los Llanos Orientales, de origen ganadero, se habían desmovilizado en 1953 y Guadalupe Salcedo, quien fue su comandante, había sido asesinado en 1957 por la Policía en Bogotá, pero el Estado adujo que la causa de los hechos era la “guerra irregular”.
Para la época en la que se envió esa respuesta, cuando el caso entró a estudio a principios de los 70, ya habían surgido las FARC, el ELN, el EPL y el M-19 pero ninguna existía una década antes ni tuvo su epicentro en esa zona y tampoco eran de origen indígena. En cambio, los hacendados de la región tenían la costumbre de organizar ‘guahibiadas’, o sea cacerías de indígenas, e hicieron correr la voz de una supuesta rebelión de una comunidad liderada por el exinspector Rafael Jaramillo Ulloa, a la que el Ejército reprimió en la masacre de Planas, como consigna un informe del CNMH (2018) sobre las autodefensas en la Altillanura.
Así como en esa época, la mentira estigmatizante parecería caerse de su propio peso en pleno 2020. Sin embargo, sigue atizando la violencia contra los indígenas. La Corte Constitucional también determinó, en otro auto de 2017, que esta situación no solo persiste sino que ha empeorado en algunos lugares. La Comisión de la Verdad incluso identificó 17 corredores del conflicto armado, distribuidos por todo el país, en los que estos pueblos todavía se ven afectados por la confrontación entre grupos armados por el control de diferentes economías ilegales (narcotráfico, minas, contrabando).
La situación es tan grave que las voces de las víctimas aseguran que es un genocidio. Como lo detalló Colombiacheck en otro explicador, este es un delito en Colombia y un crimen en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que consiste en llevar a cabo matanzas u otros actos contra miembros de un grupo, étnico en este caso, por el hecho de pertenecer a él o con el fin de destruirlo.
En 2010, el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, publicó un informe en el que manifestó que urgía una visita a Colombia del asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio. Adama Dieng, quien acaba de dejar ese cargo, tuvo una reunión de bajo perfil con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, la Alta Consejería para los Derechos Humanos y la Unidad Nacional de Protección cuando Duque apenas llevaba un mes en la Presidencia, en septiembre de 2018.
El entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo, le reportó al Congreso que “el Gobierno proporcionó información sobre los avances normativos atinentes a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas; los mecanismos de diálogo y concertación permanente entre el Estado y los pueblos indígenas; y los esquemas de protección individual y colectiva que el Estado despliega para prevenir la materialización de amenazas a líderes y comunidades indígenas”. Eso fue todo lo que se supo sobre la cita.
Dos años después, lo que está claro es el empeoramiento de la situación. En lo que va de 2020, han sido asesinados 90 líderes indígenas frente a los 84 que hubo en todo el año anterior, según Indepaz. La cifra no ha hecho sino crecer desde 2016.
En marzo pasado, Dieng le envió una carta al colectivo Defendamos la Paz en la que dijo estar “preocupado por el aumento reportado de la retórica polarizante y el uso de lenguaje estigmatizante, que pueden generar un mayor riesgo para poblaciones vulnerables”. Su comunicación fue la respuesta a la petición que la organización civil le hizo para que visite de nuevo el país y evalúe la matanza de líderes sociales en general.
No es gratuita su referencia al riesgo que representan los discursos. Así se han instigado múltiples crímenes alrededor del mundo, con la participación de los medios de comunicación. El siglo XX dejó sus más conocidos ejemplos con el imperio Turco Otomano contra los armenios, el Holocausto nazi, los hutus contra los tutsis en Ruanda y las guerras de los Balcanes, como lo reseña el historiador Juan Pablo Artinian, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires.
Sin ir más lejos, Colombia también vio sus consecuencias con el exterminio del partido Unión Patriótica. “Varios casos muestran que fue el personal de la fuerza pública dentro de las alianzas victimarias el que más utilizó estos mecanismos simbólicos, convirtiéndose en trasmisores de esta violencia entre las escalas local y nacional en la victimización de la UP”, cuenta el CNMH en Todo pasó frente a nuestros ojos (2018). A sus miembros los señalaban, sobre todo, de guerrilleros y criminales, tal como sucede con los indígenas.
¿Cómo han cambiado estos discursos desde 2016?
Los indígenas, como víctimas de estas campañas de desinformación y estigmatización, sienten que la situación no solo no ha mejorado desde que entró en vigencia el Acuerdo del Colón, sino que cada vez son más intensos los señalamientos sin sustento en su contra. “Hasta que no reconozcan que este proceso de los pueblos indígenas es milenario y se despojen del odio, no va a haber paz”, sentencia el líder embera caldense Herzaín Díaz.
De frases como la que motivó el chequeo de hace cuatro años, cuando la Corte Constitucional le ordenó al programa ‘Séptimo Día’ de Caracol Televisión rectificar por haber dicho que “la distinción entre ser indígena y ser guerrillero no es tan clara”, se ha pasado un discurso discriminatorio mucho más abierto, envalentonado y plagado de mentiras como las expuestas en este informe. Para algunos líderes, es el resultado de una mezcla entre polarización y desesperación de las élites que siempre los han marginado.
Norman David Bañol, consejero mayor de Caldas, considera que “con la firma del acuerdo de paz hubo un desacierto de todos, como colombianos, y es que uno pensaría que nos debió haber acercado como sociedad y, contrario a eso, nos polarizó y ha hecho que la estigmatización sea aún mayor, más profunda”. El gobernador del resguardo Cañamomo-Lomaprieta, Mario de Jesús Trejos, señala sobre todo al gobierno Duque: “con Santos no mejoró mucho, pero al menos había un diálogo, nos escuchaba”.
Pete Vivas, del CRIC, siente que “la gente desde hace 10 años ya no es la misma”. En consecuencia, le atribuye la desinformación a un “acto de desesperación” de sectores políticos que “han ido perdiendo fuerza” y que “les gusta incendiar al país”. Según dice, “por eso no se les contesta igual, [porque] eso es rebajarse”.
Mientras el lenguaje arrecia y la desinformación circula, los ataques continúan. En poco más de un mes desde el 6 de octubre, Indepaz ha registrado los homicidios de nueve líderes indígenas. Seis de estas víctimas recientes eran del Cauca; las otras tres, de Nariño, Chocó y Antioquia. También hubo atentados contra el senador Valencia y la lideresa wayúu Irama Movil.
La respuesta de los sectores que movieron la desinformación contra la Minga 2020, en lugar de mermar sus señalamientos, ha sido crear más teorías infundadas y revictimizantes, como que fueron retaliaciones “por dejar solos los cultivos”. La pregunta que falta por responder es cuándo se detendrán.
Actualizado el: Dom, 11/15/2020 - 10:43
Nota
Radiografía de la violencia contra las mujeres: lo que dejó la cuarentena
Por: Samara Díaz y Mayra Monroy.
La violencia contra las mujeres en Colombia se ha recrudecido desde que inició la cuarentena. Han sido asesinadas por lo menos 167 mujeres en 4 meses, y se han registrado más de 58 mil llamadas a la línea de atención nacional de violencia contra la mujer.
“Nos están matando”, se escucha en las calles, ya no solo por el asesinato de líderes sociales, de jóvenes, o por las repetitivas masacres perpetradas con la agudización del conflicto armado colombiano, sino por el asesinato sistemático de mujeres durante la cuarentena. La pandemia ha expuesto la radiografía de las violencias contra las mujeres en el país: los patrones constantes de agresión, los lugares donde no están a salvo, las denuncias, las llamadas de emergencia y, lo que es más grave, los feminicidios registrados. Se trata de una realidad que no es invisible y que acaba con la vida de miles de personas, particularmente, mujeres.
La Fiscalía General de la Nación reportó 55 víctimas de feminicidio desde el 25 de marzo —fecha en la que inició el aislamiento preventivo obligatorio— hasta el 31 de julio de 2020. Sin embargo, los datos recopilados por el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158 víctimas de este delito durante el mismo periodo. Al cruzar los registros de las organizaciones sociales y el ente fiscal, esta investigación encontró un total de 167 casos, que más allá de ser una cifra, son historias de mujeres que perdieron la vida a causa de la violencia machista, “un constante recuerdo de que la vida de las mujeres no importa”, como lo menciona Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio Feminicidios Colombia - Red Feminista Antimilitarista.
Ana Mercedes Rivas fue asesinada el 22 de abril por su pareja, Maximiliano Lezcano, en su casa ubicada en Medellín. Justo después de matarla, el feminicida intentó suicidarse. Ana Mercedes tenía 39 años, era madre soltera y tenía tres hijos: Duván Andrés de 21 años, Camila de 18 y Santiago de 15. Historias como la de ella ocurren repetitivamente a lo largo y ancho del país, donde se encuentran patrones de violencia machista que visibilizan el problema estructural contra las mujeres. En muchos casos, por ejemplo, las víctimas de feminicidios eran madres cabeza de hogar (como Arly en Santander*), mujeres jóvenes (Cindy en Huila*), empobrecidas (Yenny en Bogotá*) e incluso menores de edad (Ángela en Putumayo*); quienes convivían o tenían algún vínculo cercano con sus agresores, en su mayoría de veces, parejas (Marlly en Cauca*) o ex-parejas (Alba en Antioquia*).
Asimismo, los feminicidios registrados ocurrían en los hogares de las víctimas; y el victimario frecuentemente intentaba escapar o suicidarse.
Feminicidios que relatan la desigualdad económica, política y social en la que viven las mujeres en las ciudades y en las zonas rurales del país, pues durante el confinamiento esta violencia sistemática se vio agudizada, no solo por el asesinato hacia las mujeres, sino en las denuncias a la Línea 155, línea nacional habilitada que registró 58.256 llamadas desde que inició la cuarentena hasta el 31 de julio, de las cuales el 90% fueron realizadas por mujeres para denunciar violencia de tipo física, psicológica, sexual y económica, según la microdata suministrada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Esta investigación intentó contactarse con Gheidy Gallo, consejera de esta entidad, para conocer las acciones planeadas que buscan mitigar esta problemática, pero no se obtuvo respuesta.
Carolina Mosquera, investigadora de Sisma Mujer, una de las organizaciones voceras sobre las violencias contra las mujeres en el país, expresó que, “si bien el sistema de justicia ha reportado un descenso en las denuncias, en contraste, las mujeres si están buscando más ayuda por hechos de violencia a líneas de apoyo en el marco de la cuarentena”, pues las agresiones persistentes que han vivido en sus hogares demostró que el ámbito privado nunca dejó de ser un escenario peligroso.
La Policía Nacional, institución que atiende la Línea 123 para reportar cualquier tipo de emergencia, registró desde el 25 de marzo al 31 de julio, un total de 3.738 llamadas, de las cuales 1.523, es decir alrededor del 41%, fueron por violencia contra la mujer. Asimismo, la Línea Púrpura Distrital, línea de orientación y atención psicosocial telefónica para las mujeres en Bogotá, recibió 5.971 llamadas desde el inicio de la cuarentena hasta el 31 de agosto, de las cuales 3.387, es decir más del 56% denunciaban a la pareja sentimental de la víctima como agresor.
Para la psicóloga especializada en género Paola Duque, muchas de las mujeres que sufren este tipo de violencia, específicamente generada por sus parejas, tienden a aislarse y a justificar a su agresor, como resultado de una sociedad que las ha enseñado a comportarse así. “La mujer empieza a recibir preguntas y señalamientos sobre su relación amorosa y esto produce que se aísle. La vergüenza la lleva a silenciarse y apartarse, lo que favorece que el agresor pueda ejercer todo el control que desea sobre ella, y que la víctima termine justificándolo”, explicó.
Por otra parte, muchos de los agresores, según Duque, tienen “rasgos narcisistas, trastorno límite de la personalidad y una imagen devaluada de sí mismos”. Aunque la psicóloga no lo considere como una patología, sí cree que el origen viene de una estructura cultural patriarcal y machista.
No están a salvo en sus casas, no duermen tranquilas; se trata de un contexto violento y misógino que por tantos años le fue quitando la vida a miles de mujeres. Por esta razón, organizaciones sociales, colectivas, activistas feministas y el movimiento político Estamos Listas han recolectado firmas en todo el país para exigirle al gobierno colombiano que se declare en emergencia por este tipo de violencia. ‘Nos están matando’, ‘paren la guerra contra las mujeres’, ‘ni una menos’, consignas que se escuchan en manifestaciones y que exigen cambiar esta realidad para las mujeres en Colombia y América Latina.
Ante este panorama es necesario rememorar los 167 feminicidios durante el aislamiento preventivo obligatorio, que más allá de una cifra, son mujeres que no serán olvidadas. Esta investigación recopiló los datos suministrados por el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la Fundación Feminicidios Colombia y la Fiscalía General de la Nación, desde el 25 de marzo al 31 de julio de 2020. Samara Díaz, periodista de Rutas del Conflicto, diagramó y localizó esta información. (Clic aquí para visualizar la base de datos completa)
Casos registrados de feminicidios durante la cuarentena
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Si quieres conocer los documentos obtenidos a través de las solicitudes de información para esta investgación, da clic en este enlace.
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Este artículo hace parte del especial multimedia Violentadas en cuarentena, publicado en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.
Actualizado el: Jue, 11/12/2020 - 19:29
¿Cómo nos quitan la tierra?
Enviado por administrador el Mar, 11/10/2020 - 09:54Tierra de nadie
Enviado por administrador el Jue, 11/05/2020 - 14:48Sin camuflado: víctimas del reclutamiento del Ejército
Enviado por administrador el Jue, 10/08/2020 - 07:41
Nota
Rossana sueña con volver
Por: Rutas del Conflicto y Mongabay LATAM
El 16 de noviembre de 2017, el hermano menor de Rossana Mejía recibió en su celular la llamada de un hombre que, de manera detallada, describió las actividades de su familia y luego los amenazó. Era la tercera amenaza que recibía. La persona al otro lado de la línea le dio a Rossana 48 horas para abandonar el territorio. La lideresa no tiene dudas de que la defensa del río La Quebrada y la denuncia por las afectaciones que causa la minería a los habitantes del municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, significó un riesgo para su vida.
Pero las amenazas no eran nuevas. La primera fue dos meses antes, en un mensaje de texto, donde no solo la amenazaban a ella sino a tres defensores más: Gary Escobar, consejero del municipio de Caloto, Alfredo Bonilla, segundo consejero del Consejo Yarumito, Hugo Moreno Mina, el entonces consejero Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) y finalmente, Rossana, la entonces consejera de Derechos Humanos de Aconc. La segunda amenaza fue en noviembre de ese mismo año cuando el nombre Rossana Mejía apareció en un panfleto firmado presuntamente por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Pero el punto de quiebre fue la llamada que recibió su hermano. Así, el 17 de noviembre de 2017, Rossana salió de su territorio con cuatro de sus cinco hijos, que para ese tiempo tenían 19, 18, 11 y 9 años de edad.
“Sin rumbo. Una sale sin rumbo. Afortunadamente, a través de Francia [la lideresa Francia Márquez, ganadora del premio Goldman en 2018] logramos conectarnos con la arquidiócesis de Cali que tiene un Observatorio de Realidades Sociales y ellos nos albergaron por una semana. Luego Francia nos albergó. Es muy difícil estar en un momento como ese. Somos cinco personas apretadas en un lugar que no es el nuestro, cuando teníamos un espacio suficiente. Decidimos salir a una ciudad cercana que no sacara tanto de su entorno natural a mis hijos”, dice Rossana y prefiere no dar detalles sobre el lugar donde estuvo.
Una mujer negra del norte del Cauca
Rossana Mejía Caicedo tiene trenzado el cabello y la piel negra. Habla con unas pausas rítmicas, tranquila, acentuando el final de cada oración. Nació el 28 de marzo de 1974 en la vereda Santa Rosa del municipio de Caloto, Cauca, un departamento de la región Pacífico de Colombia que hoy encierra el número más alto de asesinatos de líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la Defensoría del Pueblo, desde el 24 de noviembre de 2016 hasta el 29 de junio de 2020, en el Cauca han sido asesinados 123 líderes y lideresas sociales.
Rossana hace parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc) que reúne a 43 consejos comunitarios de 10 municipios. Desde ahí lucha por la defensa étnico-territorial y hace oposición a proyectos que afecten su territorio, como la construcción de una vía de doble calzada en el norte del Cauca sin la consulta previa a las comunidades. Desde 2015 es la consejera de Derechos Humanos, Integridad Étnica y Cultural de la Aconc, y desde el 2020, figura como la consejera mayor. En otras palabras, es la vocera política de la organización y además de cumplir con funciones administrativas, es responsable de guiar a los consejos comunitarios e impulsar el acciones para el bienestar de la comunidad.
Las figuras de los consejos comunitarios se crearon con la Ley 70 de 1993 como una unidad administrativa colectiva sobre la tierra en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, reconociendo la autoridad de las negritudes. El Pacífico colombiano cuenta con gran presencia de población negra. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el DANE en 2018, en los departamentos de la región del Pacifico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó) hay 1 463 646 personas autorreconocidas como población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP).
Aunque lleva muchos años haciendo oposición a las actividades que afectan su territorio, el activismo de Rossana inició formalmente en 2013, cuando se unió al Consejo Comunitario Yarumito.
Entre parques industriales y monocultivos
El liderazgo ambiental de Rossana tomó fuerza a partir de las afectaciones que ha ocasionado el inmenso parque industrial que se asentó en los territorios del norte del Cauca. Así lo recuerda Francisco Lucumí, miembro del consejo mayor de la Aconc, quien por varios años fue representante legal del Consejo Comunitario Severo Mulato del municipio de Padilla.
El parque industrial del norte del Cauca nació después de que el 6 de junio de 1994 ocurriera el terremoto y posterior avalancha del río Páez, que dejó más de mil muertos y provocó el desplazamiento masivo de muchas comunidades afro e indígenas. Buscando subsanar el desempleo y estimular el crecimiento económico de la región, el Congreso aprobó la Ley Páez, estableciendo exenciones tributarias para empresas que se instalaran en el territorio.
“Ella ha luchado mucho por la contaminación ambiental que generan empresas en Caloto y en Guachené, especialmente las empresas avícolas y porcícolas. También se ha estado luchando mucho por la contaminación del medio ambiente por la quema de caña. Otras luchas fuertes son la contaminación de los ríos por la minería ilegal — por no gestarse con la consulta previa de las comunidades negras— que están ejerciendo algunas personas a las que el gobierno les ha dado licencias y han afectado el ambiente”, relata Francisco.
Las empresas del sector porcícola y avícola son las que, de acuerdo con Rossana, están generando mayores afectaciones ambientales en el territorio. Según el Diagnóstico sobre agua potable y saneamiento integral rural sobre el municipio de Caloto, realizado por el Proyecto ASIR SABA —una iniciativa de la Embajada de Suiza y los gobiernos locales y nacional— entre 2015 y 2016, existieron “veredas como La Arrobleda, Guásimo, Crucero de Gualí y Bodega Arriba afectadas por los olores generados por las granjas avícolas y porcícolas establecidas en zonas aledañas”. A renglón seguido se lee que “las veredas San Nicolás y Santa Rosa se ven afectadas por el dióxido de azufre presente en el aire producido por la planta productora de ácido sulfúrico allí establecida”. El contacto del dióxido de azufre con ambientes húmedos produce lluvia ácida, además de ser un gas irritante y tóxico para los seres humanos, causante de afectaciones respiratorias.
Además de estas afectaciones ambientales, se suma la de los monocultivos de caña de azúcar en la región. El documento expone que el principal contaminante del agua es la materia orgánica y otros elementos contaminantes que terminan en los ríos del municipio de Caloto, entre esos el río La Quebrada.
Rossana lleva años denunciando la contaminación de La Quebrada, los vertimientos que se esparcen sobre las riberas de los ríos y los gases que expiden las actividades avícolas y porcícolas. Asegura que no se le hace un fuerte control.
En la vía que va del municipio de Caloto a Villa Rica, conocido en el territorio como la vía de ‘La Y’, se asientan varias empresas avícolas y porcícolas, entre estas están, recuerda la lideresa, Incubadoras Santander o Huevos Kikes.
“Esa contaminación del amoniaco que sale de esa pollinaza mantiene a este corredor vial infestado de mal olor y de moscas. Más arriba —en la vereda El Guasimo— está Cervalle, que tiene 9800 cerdos, en medio de una comunidad de 800 personas, o sea, hay más cerdos que personas. Imaginarán el olor y la proliferación de moscas. Y la mala disposición de las heces fecales de estos animales, que se rebozan en épocas de lluvia, se rebozan las lagunas de oxidación que tienen y sufre consecuencias en la comunidad que está alrededor de ellos”, denuncia Rossana.
Axel Rojas, profesor del departamento de antropología de la Universidad del Cauca, explica que las avícolas empezaron a comprar varias tierras para realizar sus labores industriales y que el volumen de la actividad ha tenido incidencia directa en el medio ambiente.
“La gran factoría para la producción de huevos ha generado varios problemas, uno fundamental que tiene que ver con la contaminación muy fuerte del aire. Usted llega a la Arrobleda e inmediatamente siente el olor malsano producido por la pollinaza de la gran cantidad de animales que están allí encerrados. Y a medida que ha venido creciendo la industria, no solamente ha venido comprando tierras en el área circundante, sino que ha ido generando un gran consumo de agua que es escasa en la región”.
Luis Alfredo Lodoño, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca y magíster en desarrollo rural y agronomía, refuerza estos dos puntos mencionados por Rojas. Además, acota que a lo ya mencionado se suma el impacto en la agronomía, pues producir comida para tantos animales genera huellas ambientales significativas. Según Londoño, este proceso de producción demanda grandes cantidades de agroquímicos e insecticidas que requieren de una gran cantidad de agua. También añade que se utilizan fertilizantes con bases nitrogenadas que producen gases efecto invernadero.
Adicionalmente, plantea que las condiciones de hacinamiento y la mortalidad en estos procesos de producción avícola y porcícola generan grandes efectos negativos como la fácil propagación de virus y bacterias, al mismo tiempo que propicia unas condiciones precarias de higiene que demandan sustancias de desinfección que aportan más a la huella ecológica.
Ante las denuncias de Rossana sobre el poco control a las empresas, Yesid González Duque, director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) —autoridad ambiental en la región—, explica que han atendido denuncias de la comunidad que relacionan a las empresas avícolas y porcícolas, así como a otras con presencia en el sector. El funcionario señala que se logró, junto con la comunidad, el fortalecimiento de los procesos de solicitud para que las empresas implementen acciones dentro del Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos.
González añade que la Granja Egipto, de Huevos Kikes y la Piscícola Arrayanes de Cervalle son monitoreadas por la CRC y que con la avícola desarrollan un plan de seguimiento para vertimientos y manejo de residuos sólidos. El funcionario también señaló que la entidad hace seguimiento al cumplimiento de una sentencia que obliga a Cervalle a construir un plan de reducción de impactos por olores ofensivos y que la Granja Arrayanes cuenta con un permiso de vertimientos líquidos a la que se le hace seguimiento permanente. (Ver la respuesta completa de la CRC).
Mongabay Latam y Rutas del Conflicto contactaron a Juan Carlos Moreno Uribe, gerente regional para suroccidente de Incubadora Santander S.A., dueña de la marca Huevos Kikes, quien negó los señalamientos que se hacen en contra de la empresa y aseguró que lo toman por sorpresa. “No es lo que hemos hablado ni con las comunidades vecinas, ni con la autoridad ambiental que constantemente viene haciendo monitoreos y visitas, no hemos recibido quejas actuales, venimos trabajando muy de la mano con las alcaldías de Caloto, Villa Rica y Guachené”, señala el empresario.
Moreno agrega que Huevos Kikes adelanta mesas de negociación y trabaja con el Consejo Comunitario Centro Caloto Pandao, que reúne a las veredas Arrobleda Santander, Arrobleda Caloto, Ciénaga Honda, Bodega Arriba, San Jacinto, La Dominga, La Quebrada y Crucero de Gualí, de los municipios Santander de Quilichao, Caloto y Guachené. Además, afirma que la relación de la empresa con la comunidad ha sido “respetuosa, coherente y armónica”.
También se intentó contactar a Cervalle, se escribió una solicitud al contacto que aparece en su página web y se intentó comunicación telefónica para conocer su opinión sobre las denuncias, pero no se obtuvo respuesta.
Abandonar el territorio
Rossana no deja de decir que son muchas las afectaciones ambientales en su territorio. Le preocupa la contaminación de las aguas, pues su comunidad obtiene su sustento de la pesca y, según dice, una parte de la comunidad de El Guásimo necesita del agua del río La Quebrada para su consumo.
Su activismo ambiental no ha parado, e incluso se fortaleció con la llamada ‘Marcha de Turbantes’ de las mujeres del norte del Cauca, a finales del 2014, que vinculó a las comunidades negras al activismo ambiental contra la minería ilegal —una práctica que junto al narcotráfico representan las economías ilícitas en disputa por los actores armados en la región— . Las mujeres le exigieron al Gobierno la retractación de los títulos mineros de gran escala que había otorgado sin la consulta previa a las comunidades.
“Con la movilización de mujeres, cuando se fueron caminando hasta Bogotá (cerca de 550 km), muchos de nosotros creíamos imposible que ellas lo fueran a lograr, pero allá llegaron gritando y con las manos fuertemente alzadas diciendo ‘acá las mujeres negras del norte del Cauca estamos presentes’”, recuerda Alfredo Bonilla, representante de la Unidad Jurídica de la Aconc y representante legal del Consejo Comunitario Yarumito.
Pero toda esa visibilidad en Colombia tiene consecuencias. Rossana tuvo que salir del territorio a finales de 2017 por las constantes amenazas contra su vida.
En ese entonces, la lideresa presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación y acudió ante la Unidad de Víctimas. Tiempo después el caso fue remitido a la Unidad Nacional de Protección (UNP), que le brindó medidas de seguridad solo hasta un año después de haberse desplazado.
El Gobierno le brindó un auxilio de reubicación por un lapso de tres meses. Sin embargo, el apoyo económico solo alcanzaba para cubrir el arriendo. También le asignaron dos hombres de protección, un botón de pánico y un chaleco blindado. “Yo soy XXXL y me dieron un chaleco L. Eso no me quedaba bueno por ninguna parte. Estuvo mucho tiempo guardado en un armario”, dice. Como anécdota, recuerda que en uno de sus viajes a Bogotá se reunió con un alto funcionario de la UNP y le dijo: “‘mano, míreme el tamaño y la cosa que me han dado’. Él nos hizo todo el trámite para que días después nos hiciesen el cambio de ese chaleco”.
Incluso, un año después de su desplazamiento los problemas continuaron. Rossana se confrontaba con un hacendado que había llegado a la región. La lideresa dice que eran disputas de linderos y por una desviación del acueducto comunitario de la comunidad de Santa Rosa. Según un comunicado de la Aconc de agosto de 2018, el hacendado había amenazado a Rossana y a la asociación dos años atrás. Sin embargo, no se ha podido probar la vinculación de esta persona con el mensaje, el panfleto o la llamada amenazante que recibió la lideresa.
“Lo que más dolor me dio fue que yo salgo en noviembre y en diciembre de ese mismo año entra una empresa auspiciada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos —encargada de regular y administrar los recursos de hidrocarburos del país— al norte del Cauca a hacer exploración con sísmica. Desde donde yo estaba decía ‘¿a quién le estorbaba yo en el territorio?, ¿al hacendado, a las empresas que están contaminando, a la minería o a quienes venían a hacer la exploración con sísmica en mi territorio?’”.
Refugiada en Europa
Después de su desplazamiento a Cali, en 2017, Rossana continuó recibiendo amenazas. “A pesar de que ya estábamos afuera, no concebimos que un líder social tenga que salir de su territorio y abandonar a su gente. Me sentía inferior al mandato que las comunidades me habían dado al quedarme en una ciudad escondida, cuando la gente que había depositado su confianza en mí seguía estando en medio de las situaciones difíciles en territorio”, relata.
El 5 de diciembre de 2018, la Aconc volvió a ser blanco de intimidaciones. Esta vez les dijeron que iban a atentar contra sus vidas con un artefacto explosivo. “Como no estamos cooperando con la causa [la actividad minera e industrial], no se nos haga raro que la oficina reciba un bombazo”, le dijo un desconocido a un miembro de la asociación.
Ante el riesgo que corrían, la ONG Emigrados sin Fronteras intercedió para llevarse a uno de los líderes de la Aconc a un programa de acogida temporal en España durante cinco meses. Por la carga laboral y el proceso de desplazamiento por el que Rossana y sus hijos estaban pasando, la Aconc decidió que fuera ella. Rossana partió el 24 de febrero de 2019, pero no pudo llevar a sus hijos.
“Muy duro. No solamente por mis hijos sino por la unidad familiar que tenemos, la cercanía con mis hermanos, algunos vecinos y compañeros de la organización que dejan de ser compañeros y se convierten en hermanos. En España no me dejaron sola en los momentos más difíciles, pero uno extraña a esos seres queridos. Me confortaba poder comunicarme con la organización y con mis hijos por videollamada”, cuenta la lideresa.
Con su regreso a Colombia, el 1 de julio de ese año, Emigrados sin Frontera analizó nuevamente el riesgo de la Aconc y trasladó a sus hijos. Estuvieron en lugares diferentes durante dos meses antes de reencontrarse. Ahora viven juntos en un lugar que permanece reservado por cuestiones de seguridad.
Emigrados sin Fronteras realizó otra evaluación de riesgo de la zona antes de que Rossana regresara y luego hizo seguimiento a su situación y a la de Aconc, a raíz del atentado que recibieron el 4 de mayo de 2019 y en el que se encontraba también la lideresa ambiental Francia Márquez. Esto sucedió en un contexto generalizado de amenazas a las organizaciones sociales por la minga indígena que se dio en Cauca en marzo y abril de ese año.
Deseos de volver
La tranquilidad de recorrer el territorio ya no hace parte de la vida de Rossana. Los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que aún mantiene, la han alejado, en cierta medida, de su comunidad y no termina de acostumbrarse a ir a un supermercado a comprar la comida, cuando estaba acostumbrada a cultivar sus alimentos. Y ni hablar de lo que ese cambio significa para su economía.
“Lo que más extraño es el contacto con mi comunidad, con mi gente, con los mayores. Escuchar sus consejos sabios, reunirme con mis amigos, ir a un río a bañarme libremente, sin tener que andar escoltada. Añoro un atardecer en el norte del Cauca. Añoro una olla de sancocho [plato típico colombiano] en el patio donde mi ‘viejo’ [padre]”, comenta.
El joven consejero de Yarumito, Alfredo Bonilla, asegura que el desplazamiento de Rossana significó mucho para la comunidad de Santa Rosa, pues fue el quebranto de una lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades negras.
“A pesar de que la consejera [Rossana] ya no está en territorio, nos acompaña desde afuera. Hay unas voces que dicen ‘hay que continuar la lucha que ella emprendió y que nos dejó avanzada’, pero no hay una persona que quiera asumirla por lo que eso conlleva”, relata Alfredo.
El peligro para Rossana y los líderes del norte del Cauca continúa y también persisten las problemáticas ambientales. Y a pesar de la llegada del coronavirus a los territorios negros, eso no significó la suspensión del trabajo de los líderes y de la Aconc. La asociación desplegó 37 puntos de pedagogía y de desinfección y hace control territorial para que no entren personas ajenas a la la comunidad y así prevenir el contagio. Hasta el 20 de septiembre de este año, y según los datos del Ministerio de Salud colombiano, el departamento registraba 8293 casos confirmados de COVID-19, es decir, el 1,08 % de los casos en Colombia.
La lideresa caucana dedica buena parte de su tiempo a llevar elementos de aseo o alimentos, visitar los puestos de control de los consejos comunitarios y verificar la situación de sus comunidades. Pero todo lo hace con extrema cautela, Rossana no puede desplazarse libremente por los municipios de Caloto y Santander de Quilichao, hay algunos lugares vetados por el nivel de riesgo. Sin embargo, lidia con la situación y se niega a dejar de recorrer el norte del Cauca. “En el cargo que tengo yo, no puedo descuidar a mi gente”, dice.
Actualizado el: Mar, 09/22/2020 - 21:44
Nota
Violencia y deforestación: una lucha sin fin en los parques de Colombia durante el 2020
- En los parques Tinigua y Macarena la deforestación no se detiene. Aunque según cifras oficiales del Ideam disminuyó en 2018 y 2019, durante este año se esperaría un retroceso.
- En el 2020 han aumentado las amenazas a guardaparques. Un funcionario en el Parque Nacional Natural El Cocuy fue asesinado en febrero y Parques Nacionales tuvo que retirar del territorio a los guardaparques de 10 áreas protegidas, entre ellas Tinigua, Macarena y Picachos.
Por: Santiago Luque Pérez. Mongabay LATAM
En medio de la violencia que azota cada día más a Colombia, los parques Sierra de la Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos han tenido que presenciar cómo la deforestación se apodera de ellos. Grandes extensiones de tierra han sido taladas para la ganadería, otras para cultivos de coca y algunas más para el sustento diario de campesinos.
La cuarentena tuvo, desde mediados de marzo y hasta finales de agosto, a gran parte de los colombianos confinados en sus casas, sin embargo, las denuncias por cuenta de la pérdida acelerada de bosque se seguían presentando. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha denunciado en medios de comunicación que solo entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2020 se talaron cerca de 75 mil hectáreas de selva amazónica. Por la pandemia, la FCDS no ha podido realizar nuevos informes que den cuenta de este fenómeno en los últimos meses.
El Ministerio de Ambiente respondió de manera escrita un cuestionario de Mongabay Latam y Rutas del Conflicto. Dijeron que, aunque a inicios de este año hubo un aumento en la deforestación que coincidió con la primera temporada seca, la pérdida de bosque ha disminuido en los últimos meses. “Luego de las intervenciones por parte de la Fuerza Pública se evidenció un significativo descenso en dichas detecciones tempranas, especialmente, a partir de la segunda semana de marzo”, asegura el Ministerio.
Continúa la pérdida de bosque
Las fuentes consultadas en territorio, y que prefirieron mantener su nombre en reserva por la creciente violencia que se vive en la región, afirman que la emergencia sanitaria no ha detenido las prácticas ilegales al interior de los parques. “Las restricciones son para que vengan a las cabeceras municipales. Pero adentro [la gente] igual tiene que buscar la comida y muchos tumban bosque”, asegura un líder ambiental de la zona.
Bladimir Sánchez, periodista del medio de comunicación local Voces del Guayabero, confirma que las restricciones están para salir de las veredas —zonas rurales de los municipios—: “Las Juntas de Acción Comunal tienen control de las personas durante las cuarentenas por medio de multas, solo una persona puede salir en la vereda a comprar alimentos y toda persona que llega debe cumplir catorce días en la casa”. Otra persona en territorio confirmó que estas restricciones se han mantenido posterior a la finalización de la cuarentena general en Colombia.
Las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) muestran que en 2018 hubo una reducción del 10% en la deforestación del país y para 2019 se logró el 19%. La entidad asegura que el año pasado se evitó la tala de 38 264 hectáreas y en Parques Nacionales Naturales la deforestación pasó de representar el 12 % del total nacional en 2018 al 7 % en 2019. Sin embargo, para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), hay que tener cuidado al hablar de estas cifras. “No se necesita quemar todo el parque para que ya tengamos un problema estructural”, afirma Botero.
Un ejemplo es el Parque Nacional Natural Tinigua, uno de los más deforestados en Colombia. De las 214 362 hectáreas de parque declaradas en 1989, hoy solo se conservan cerca de 150 000. El principal motor de deforestación de este lugar es la ganadería extensiva (Ver reportaje Parque Tinigua: asesinatos y panfletos en medio de ganadería y deforestación). Por esto, en marzo de este año se realizaron operativos militares para decomisar ganado que se encontraba al interior del área protegida, lo que llevó a que los campesinos protestaran contra las acciones del gobierno.
Los sobrevuelos sobre el parque muestran que Tinigua se encuentra con parches talados en gran parte de su área. Botero afirma que si no se detiene la deforestación, en cinco años podríamos llegar a lo que algunos investigadores llaman ‘tipping point’.
El ‘tipping point’, o ‘punto de no retorno’, es un término utilizado por los investigadores Carlos Nobre y Thomas Lovejoy para describir el momento en que la Amazonía cambiará totalmente por la afectación de su ecosistema. Afirman que si la deforestación en el bioma llega a estar entre el 20 % y el 25 % habrá un problema estructural y la vegetación empezará a morir en zonas que estaban conservadas, dado el desequilibrio causado en las otras áreas. “Es como el cuerpo humano, si usted no se cuida y se quema con el sol, le salen llagas, que si no les pone atención se le pueden convertir en cáncer de piel y después le empieza a afectar otros órganos. Así funcionan estos ecosistemas”, afirma Botero.
Una persona que trabaja en Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), pero que prefirió no dar su nombre por razones de seguridad, manifestó que la parte norte de Tinigua es la mejor conservada y los esfuerzos de la entidad se han concentrado en esta zona para mantener la conexión que existe con otros dos parques: Picachos y Macarena.
Según varias de las personas consultadas, la poca deforestación de esa parte del parque se debe a que es un corredor militar de grupos armados ilegales. Aún así, Rodrigo Botero teme que esto cambie en cualquier momento. Para él, una desconexión de estos ecosistemas tendría repercusiones en la Amazonía, ya que este parque hace parte de una zona importante que permite llevar el agua desde la cordillera hasta las llanuras selváticas.
Una violencia que se incrementa
Como lo mencionaron Mongabay Latam y Rutas del Conflicto en el especial Áreas protegidas y guardaparques: objetivos de guerra en Colombia a finales del año pasado, las amenazas contra funcionarios de PNN iban en aumento en esta zona y otras regiones del país. Una situación que no ha mejorado en lo que va de 2020. Yamid Silva Torres, guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy, fue asesinado en la vereda La Cueva del municipio de Güicán, Boyacá, el pasado 4 de febrero. Este hecho llevó a que la entidad decidiera, a finales de ese mes, retirar del territorio a los funcionarios de diez áreas protegidas y que la directora de la entidad, Julia Miranda, confirmara que ya había más de 20 funcionarios amenazados.
La persona que trabaja en PNN, y que prefirió mantener su nombre bajo reserva, confirmó que desde hace seis meses los guardaparques de Picachos, Tinigua y Macarena no han podido ingresar nuevamente.
Y no solo esto, estas tres áreas protegidas llevan casi tres años con restricciones para ingresar a los territorios. Un líder ambiental de la zona confirmó que la situación que se vive al interior de los parques se ha vuelto más complicada: “según tengo entendido las disidencias les prohibieron el ingreso a todas las entidades ambientales, los tienen amenazados”, asegura.
Entre los tres parques de esta zona de transición Andes – Amazonía – Orinoquía, Picachos es el mejor conservado. Aunque sus cifras de deforestación no son tan elevadas como en Tinigua y Macarena, las amenazas contra sus funcionarios son constantes y es el único de los tres parques en que uno de sus trabajadores ha sido amenazado con nombre propio.
Por todos los ataques y amenazas que han recibido a lo largo de casi 30 años, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) tiene planeado presentarse este año ante la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. La información obtenida a finales del año pasado por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto en el especial Áreas protegidas y guardaparques: objetivos de guerra en Colombia fue solicitada y entregada en julio de este año a estas dos entidades y será usada en sus investigaciones.
Rutas del Conflicto y Mongabay Latam intentaron contactarse con PNN pero dijeron que en este momento no estaban contestando entrevistas. También se envió un cuestionario pero hasta el momento no ha sido respondido.
¿Qué está poniendo en riesgo a estos parques?
El Gobierno Nacional ha denunciado a los cultivos ilícitos de coca como uno de los principales motores de deforestación en el parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) identificó que este parque es uno de los más afectados por estos cultivos, tal como reportaron Mongabay Latam y Rutas del Conflicto a finales del año pasado (Ver reportaje Sierra de La Macarena: una muerte y decenas de amenazas).
Según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se reportó una reducción del 9% de hectáreas de coca en el país durante 2019. En ese año los parques nacionales solo tuvieron el 4 % del área sembrada en Colombia, lo que representó una reducción del 13,5 % con respecto al 2018. El Ministerio de Ambiente afirma que el parque Macarena tuvo una reducción aproximada del 40%, al pasar de 1840 hectáreas en 2018 a 1140 en 2019. Sin embargo, con todo y esa disminución, las cifras siguen siendo alarmantes.
Por su parte, según el mismo ministerio, el parque Tinigua pasó de 155 hectáreas de coca en 2018 a solo 9 el año pasado y Picachos tuvo su segundo año consecutivo sin reportes de coca en su interior. No obstante, hay que tener en cuenta que en estas dos áreas protegidas el principal problema no es la coca, sino la ganadería y el acaparamiento de tierras.
A pesar de que las esperanzas estaban puestas en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), durante este 2020 los operativos militares han aumentado la erradicación forzada y han generado desconfianza en ese proceso.
Las comunidades aseguran que los operativos suelen hacerse fuera de la zona de parques, pues ahí se concentran los cultivos, pero esto hace que poco a poco la deforestación se desplace al interior de ellos. “Después de que les erradican los cultivos lo que los campesinos hacen es entrar al parque a sembrar pues [las autoridades] se van a demorar varios años en encontrar los cultivos para erradicarlos”, afirma Bladimir Sánchez, periodista de Voces del Guayabero. Además, el comunicador desmiente que los grupos armados ilegales estén pagando hasta 5 millones de pesos (cerca de 1389 dólares) por deforestar, como lo afirmó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en julio de este año. “A las personas que trabajan talando le pagan por hectárea derribada entre 150 mil y 300 mil pesos (entre 42 y 84 dólares). Donde pagaran toda esa plata [los 5 millones de pesos] no habría un solo árbol en pie”, asegura Sánchez.
El Ministerio de Ambiente asegura que en Tinigua, Picachos y Macarena se está trabajando en la búsqueda de acuerdos a través de mesas de diálogo permanentes con las comunidades asentadas al interior de los parques, muchas de las cuales viven allí desde antes que se crearan como áreas protegidas o porque han sido desplazados por la guerra interna del país. Este ha sido un gran problema para las autoridades ambientales pues los campesinos necesitan alternativas productivas y no abandonan la zona por temor a que el Estado los deje a la deriva.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (CONALDEF) —integrado por los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia y Minas, además de la Procuraduría, la Fiscalía, el Ejército y la Policía—, trabaja en la zona con tres objetivos: el primero es el emprendimiento social y económico que busca generar condiciones de tenencia de la tierra y ordenamiento productivo fuera de las áreas protegidas; el segundo es desarticular y afectar las estructuras y economías ilícitas y, por último, hacer un monitoreo permanente de las superficies de bosque y deforestación.
Para Rodrigo Botero, de la FCDS, las acciones que realizan las entidades estatales son importantes, aunque falta trabajar para reducir la deforestación a cero, algo necesario para frenar la llegada al ‘punto de no retorno’.
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) esperaba contener la tala aplicando acuerdos de conservación con los campesinos, como el que firmaron en octubre del año pasado en el municipio de La Uribe (Meta) pero, ante el panorama de amenazas y la salida de los funcionarios de PNN del área protegida, estos acuerdos quedaron detenidos.
En julio de este año volvió la esperanza cuando Cormacarena —autoridad ambiental regional— y el Ministerio de Ambiente crearon, junto a organizaciones campesinas, la Mesa Forestal del Meta que ya tiene un primer acuerdo para frenar la deforestación, especialmente en Tinigua.
Aun así, otra situación que podría complicar la situación ambiental de la zona es la apertura de vías. De hecho, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la construcción de la Marginal de la Selva, la deforestación se disparó en los municipios por donde pasaba el proyecto, por lo que su construcción fue descartada en 2018 y muchos celebraron la decisión. Sin embargo, en los próximos años se tiene planeado construir la Conexión Pacífico-Orinoquía que unirá al puerto de Buenaventura con el departamento de Vichada, pero pasará muy cerca de los parques Tinigua, Picachos y Macarena.
Para Rodrigo Botero el problema en sí mismo no es la construcción de la vía, sino que que se haga sin cumplir con todas las normas técnicas y ambientales. Según dice, bien hecha es una obra que puede lograr la conexión entre los departamentos de Meta y Huila, lo que permitiría cerrar las trochas ilegales que atraviesan el parque Picachos, pero, si no se hace de manera adecuada, puede estallar la deforestación no solo en Picachos sino en los otros dos parques debido a la especulación de tierra alrededor de las áreas protegidas.
Actualizado el: Vie, 09/11/2020 - 09:03
Nota
Los Mattos: retrato de una familia para enmarcar
Este clan del Cesar ejerció por décadas su influencia, mientras crecían su poder y sus líos con la justicia. El empresario Carlos tiene pedido de extradición desde España; el ganadero Edward está acusado de homicidio; y el excongresista Alfonso enfrenta acusaciones por el desplazamiento de una comunidad indígena. Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio presentan una radiografía de las cuentas que estos hermanos tienen pendientes.
Después de 19 años, el médico Disnaldo Perpiñán ha logrado avances en el proceso que investiga el asesinato de su padre. La confesión de varios exparamilitares ante la justicia provocó la captura del ganadero Edward Mattos, de la familia Mattos Barrera, un poderoso clan del Caribe colombiano. Edward fue detenido en mayo de 2020 por el crimen de Disnaldo José Perpiñán Marzal, ocurrido el 28 de noviembre de 2001.
El arresto de Edward es la cereza de un pastel que tardó muchos años cocinándose, y se suma a otros eventos que marcan el declive de los hermanos Mattos. Aunque conservan influencia en el Cesar, la situación jurídica de Carlos, exrepresentante de la marca Hyundai; y Alfonso, excongresista, ha sembrado suficientes dudas sobre la legalidad de sus acciones. Varias denuncias los vinculan con paramilitarismo y acumulación irregular de tierras.
En distintas audiencias del proceso de Justicia y Paz, Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio recopilaron declaraciones de Salvatore Mancuso, alias ‘Don Mario’ y alias ‘Monoleche’ donde acusan a Carlos y Edward de apoyar a paramilitares en el Cesar. Varias víctimas allí señalan al segundo por el asesinato de un campesino. Y en Vichada testigos de las comunidades indígenas Sikuani, Amorúa y Cuiba le atribuyen su desplazamiento forzado a Alfonso, otro hermano y miembro del clan.
Los Mattos, una rica familia de Codazzi, Cesar, son hijos de José Bolívar Mattos Lacotoure, ganadero y algodonero dueño de varias fincas en la región. En 1987 las FARC secuestraron al patriarca; y aunque luego fue liberado, los secuestros, las extorsiones y las amenazas contra hacendados de ese departamento continuaron. Entonces varios terratenientes de la zona, apoyados por el Ejército, conformaron grupos de ‘autodefensa’, como lo explican los informes La Maldita Tierra y Tierras y carbón en la vorágine del Gran Magdalena, del Centro Nacional de Memoria Histórica.
En 1996 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, creadas por otros hermanos, Carlos y Vicente Castaño, se aliaron en el Cesar con los hacendados que habían creado estos grupos paramilitares. Según le dijo Hernando de Jesús Fontalvo, alias ‘el Pájaro’, a Verdad Abierta, la masacre del 26 de septiembre de ese año marcó la llegada de las Autodefensas al Cesar y fue planeada justamente en una finca de Carlos Mattos.
Reuniones de amigos en Codazzi
Edward Mattos Barrero
Mientras Alfonso y Carlos consolidaban sus carreras en la política y la industria automotriz, Edward siguió trabajando en las haciendas familiares, siempre en la mira de las Farc. En 1997, un año después de la creación del Frente Juan Andrés Álvarez en tierras de los Mattos, las Farc les quemaron cinco fincas. Según una nota publicada en El Tiempo, esto provocó pérdidas por más de 1.500 millones de pesos. “Los guerrilleros acabaron con el trabajo que durante 60 años mi padre hizo”, dijo Jorge Mattos.
En septiembre de 2017, los desmovilizados Óscar Ospino, alias ‘Tolemaida’, y José Aristides Peinado, alias ‘Peinado’, mencionaron en el proceso de Justicia y Paz la cercanía de Edward Mattos con los paramilitares de ese frente. “El señor Edward Mattos era un gran colaborador de las Autodefensas de Codazzi. Él entregó las guías para entrar al municipio y dio la información sobre colaboradores de la guerrilla y de su posible ganado”, dijo Ospino.
Alias ‘Tolemaida’ también contó que “era normal que llegara [Edward Mattos] y se reuniera con cualquiera de nosotros, las reuniones eran de amigos, para suministrar información (...) o simplemente saludar”, declaró. En su testimonio describió a Mattos como el estratega que permitió la entrada de los paramilitares a la zona. Ninguna investigación prosperó.
Pero Edward Mattos tiene otros asuntos pendientes con la justicia.
Uno de ellos es el homicidio de Marilis Hinojosa Suárez, jueza de Becerril, Cesar, en 2003, asesinada por paramilitares para sacarla de la contienda por la alcaldía de ese municipio. Una investigación de la Fiscalía estableció que 25 personas, entre empresarios, paramilitares y dos exalcaldes de Codazzi, estuvieron involucradas. La Fiscalía alegó que Edward “se alineó con los paramilitares y llegó a ser un importante promotor de este grupo (...). En uno de los carros donde fue capturado un paramilitar se encontraba el maletín del señor Edward Mattos”. Sin embargo, por falta de pruebas una jueza lo absolvió del delito de concierto para delinquir por el cual fue llamado a juicio.
Otro homicidio es el del ganadero Disnaldo José Perpiñán Marzal, el asesinato que motivó su captura en mayo. Pocos días después de su arresto, Mattos pidió el ingreso a la Justicia Especial para la Paz, JEP, donde se espera que aclare los señalamientos que la justicia ordinaria no ha resuelto.
En las investigaciones sobre el homicidio de Disnaldo Perpiña, los paramilitares acusaron a Edward de ser el determinador del crimen
Rutas y La Liga hablaron con Disnaldo Perpiñán, hijo del ganadero asesinado por los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez. “Yo estaba en la casa de mis papás y vi cuando alias ‘Jorge’ le decía que contara cuánto dinero y ganado tenía. A mi papá le tocaba darles plata hasta para la gasolina”, contó Disnaldo. En audiencias libres de Justicia y Paz, alias ‘Peinado’, y Amaury Gómez, alias ‘Bigotes’, contaron el crimen contra Perpiñán padre. Según ellos, Edward Mattos les contó que Perpiñán era testaferro de las Farc, y por eso ordenaron su muerte. ‘Tolemaida’, comandante del frente Juan Andrés Álvarez, y Jader Morales, alias ‘J.J’, reconocieron el crimen en Justicia y Paz en septiembre de 2017, cuando también revelaron la participación de Edward Mattos.
A estas declaraciones se sumaron las de Donaldo José Monzón, alias ‘Saúl’ o ‘El Indio’. Según él, Perpiñán fue llevado a la finca Cosa Buena, propiedad de Edward Mattos. “Se lo entregué al grupo urbano del frente Juan Andrés Álvarez para que lo asesinaran. (...) Recogimos una cantidad de ganado que se encontraba en la trocha de Verdecia, que venía supuestamente de dinero de las Farc”, contó ‘Saúl’.
Pasaron más de diez años desde el asesinato hasta la captura de Edward. “Los paramilitares empezaron a contar la verdad. Ellos dijeron que el señor Mattos había vendido a mi papá como testaferro de la guerrilla”, dijo Disnaldo. Para él, esos supuestos vínculos fueron excusas para robarle ganado y represalias por no pagar las extorsiones. “Este proceso prosperó por la presión de mi familia, a pesar de las amenazas de Edward Mattos y de la influencia de su familia”, dijo.
Mattos ha sido señalado en otros casos, pero la justicia no lo ha vinculado formalmente a ninguno. Uno de ellos es el de Gil Roberto Castañeda, un agricultor de Codazzi asesinado por los paramilitares. Su familia ha insistido para que se investigue el caso, y dicen que Edward Mattos y miembros del frente Juan Andrés Álvarez están involucrados.
Lorenzo Castañeda, hijo de Gil Roberto, le contó a Rutas y a La Liga que después del asesinato, el 3 de marzo de 2003, debió abandonar su finca en Codazzi. “Me tocó salir corriendo porque me amenazaron. Me tocó perder todo”, dijo. Según Castañeda, el día anterior recibió la visita de un concejal, quien quería comprarle su finca. En medio de la negociación, según la familia, el concejal llamó a Edward Mattos para que interviniera. Carlos Julio Castañeda, sobrino de la víctima, contó que su tío hablaba con Edward cuando dijo: “‘¿Por qué me voy a lamentar de no vender si el lote es mío?’”.
En la madrugada siguiente, los integrantes del frente Juan Andrés Álvarez se llevaron a Gil Roberto Castañeda, mientras otros paramilitares se robaban el ganado. Esa mañana Carlos Julio encontró a su tío muerto en la carretera. En Justicia y Paz, alias ‘Tolemaida’ admitió el crimen, pero no mencionó a Mattos ni al concejal. Nadie ha sido condenado.
A la fecha no hay ningun condenado por el homicidio de Gil Roberto Castañeda
Edward guarda un secreto en los Llanos
En Mapiripán, Meta, Edward Mattos creó junto a sus hijos Edward José, Laura y Diana Mattos de Castro, la Agropecuaria Villa Diana, una sociedad dedicada al cultivo de palma aceitera, en tres predios de origen baldío llamados El Secreto I, El Secreto II y El Secreto III. (Certificado Cámara de Comercio).
Certificados de tradición y libertad consultados por Rutas y La Liga revelan que los predios se compraron un año después de que fueran adjudicados por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, a supuestos campesinos (ver certificado I, II Y III). Según reveló Verdad Abierta, durante las audiencias de Justicia y Paz, paramilitares como Daniel Rendon, alias ‘Don Mario’, contaron que el Bloque Centauros de las Autodefensas tomó tierras en el Meta, a través de testaferros para consolidar su negocio de palma aceitera. Entre esos terrenos, según ‘Don Mario’, están incluidos El Secreto I, II y III, y las fincas vecinas El Agrado I, II y III, propiedad de Diego Rivas Ángel, señalado como testaferro del Bloque (ver historia completa: Los secretos de Mapiripán).
Como lo determinó la investigación Los Secretos de Mapiripán, Vicente Castaño y sus socios Miguel Arroyave, alias ‘Arcangel’, y ‘Don Mario’, consiguieron tierras para desarrollar su proyecto de palma en Meta y Chocó. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, determinó que las personas a quienes se les adjudicaron las tierras de El Secreto tenían relación con Diego Rivas Ángel y su Fundación Libertad Económica para Colombia, Funlibercol, (ver historia en Tierra en Disputa: El Agrado).
Tabla 8. Predios de comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en Mapiripán
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Predio |
Hectáreas |
Adjudicatario |
Acumuladores |
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El Secreto I |
4.656 |
Oscar Jerson Saavedra Berrio |
Agropecuaria Villa Diana de Edward José Mattos
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El Secreto II |
José Guillermo Jiménez Cubillos, ingeniero de Coopalmallano
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El Secreto III (1) |
Rosa Delia Umbarilla González, esposa de Saavedra Berrio |
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El Agrado III (1) |
4.300 |
Luz Marina Soto Moncayo, aparentemente integrante del BEC |
Cooperativa Palma del Llano (Coopalmallano) |
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El Agrado II (1) |
Diego Rivas Ángel, representante legal de la Fundación Libertad Económica para Colombia (Funlibercol) |
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El Agrado I (1) |
Luis Germán Poveda, mensajero de Rivas Ángel en Funlibercol |
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Madreselva (1) |
4.000 |
Baldío |
Don Mario |
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Guaracú |
15.000 |
Testaferros |
Cuchillo |
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Total |
27.956 |
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Fuente: Indepaz:
Obligado a reparar víctimas dentro de Justicia y Paz, ‘Don Mario’ entregó la finca El Agrado, cuya propiedad figuraba bajo el nombre de Diego Rivas Ángel, hermano de Jaime Eduardo Rivas Ángel, secretario del ministro de Agricultura entre 2002 y 2004.. En el proceso, como lo reseñó El Tiempo, además de las tierras a nombre de Rivas Ángel, ‘Don Mario’ también entregó El Secreto III, que ya era propiedad de Villa Diana y su representante, Edward José Mattos de Castro, hijo de Edward Mattos.
Hasta el momento, El Secreto III sigue en manos de la Agropecuaria Villa Diana, aunque tiene un embargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Justicia y Paz. Rutas y La Liga pudieron conocer que El Secreto III tiene a la entrada una valla de la Unidad de Víctimas, donde se informa que el predio es administrado por esa entidad.
Este predio palmero El Secreto III, ubicado en Mapiripán, está bajo administración de la Unidad de Víctimas.En el certificado de Tradición y Libertad sigue siendo propiedad de Agropecuaria Villa Diana de propiedad de los hijos de Edward
En cuanto a El Secreto I y II, estos terrenos estuvieron involucrados en un proceso judicial por pertenencia. En 2016, una mujer llamada Edith Torres alegó derechos sobre algunas partes de esos predios. Torres vendió los derechos de este pleito a un abogado, que a su vez los traspasó a la sociedad Ganabor Ltda., una empresa avícola, que también cultiva palma. En 2018, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare falló a favor de estas pretensiones, y los Mattos de Castro perdieron la mitad de tierra de cada una de las fincas donde está Villa Diana. Ganabor es ahora la propietaria de esos terrenos.
Han pasado más de diez años de la desmovilización del Bloque Centauros, pero entre la población sobrevive el miedo por las represalias si intentan recuperar sus tierras. Rutas y La Liga contactaron a varias personas que habían vivido en la zona y aseguraron que habían sido desplazadas por Diego Rivas Ángel y Edward Mattos, pero no quisieron dar detalles porque, según dicen, han recibido amenazas.
Alfonso versus el Estado
También Alfonso ha sido acusado en varios procesos penales, pero ha salido absuelto, e incluso ha recibido indemnizaciones del Estado. ‘Poncho’ Mattos fue diputado del Cesar (1990), representante a la Cámara (1994) y Senador (1999) varias veces en reemplazo de Micael Cotes, quien constantemente pedía licencias no remuneradas. Luego fue jefe de campaña de Juan Manuel Santos en el Cesar; perteneció al Partido Conservador, y a Alas-Equipo Colombia como representante legal. Pero este partido se acabó cuando la mayoría de sus congresistas fueron condenados por parapolítica.
Alfonso Mattos Barrero
Mattos no fue un congresista destacado. En ninguna de las dos oportunidades terminó sus labores. En el 94 renunció para enfrentar un proceso como determinador del asesinato de Alfredo Rodríguez Arias, edil de la localidad de Kennedy en Bogotá, asesor de una familia que vivió 23 años en un predio de Alfonso Mattos. Según una nota de El Tiempo, publicada en 1995, el político “intentó por todos los medios jurídicos y extrajurídicos tomarse la posesión del predio, amenazaba a la familia, y varios hombres armados, que afirmaban venir en su nombre, presionaban mucho a los Jaramillo, dijo un testigo”.
Durante el proceso judicial, Alfonso estuvo siete meses en la cárcel. Luego un juez lo absolvió. Su familia demandó al Estado por privación de la libertad y acusó a la Fiscalía de daño moral. En 2012 el Consejo de Estado decidió que la nación debía indemnizar a los Mattos: a Alfonso le dio 70 salarios mínimos legales vigentes; a sus papás y hermanos, 20 salarios a cada uno; 30 a su esposa y a sus tres hijos.
Mattos enfrentó un proceso judicial por enriquecimiento ilícito en el año 2000. La Fiscalía lo señaló de recibir unos cheques de testaferros del Cartel de Cali, en la venta de unos vehículos. Mattos alegó que no podía verificar la procedencia de los dineros que compraban sus carros. Por este caso, Alfonso Mattos estuvo dos días en la cárcel hasta que un juez lo absolvió. Después demandó de nuevo al Estado por daños y perjuicios, y en 2014 el Consejo de Estado volvió a indemnizarlo junto a su familia con 7,5 salarios mínimos para cada uno.
Hoy Alfonso afronta una denuncia penal por el desplazamiento forzado de una comunidad indígena en Vichada. Como su hermano Edward, ‘Poncho’ vio potencial en el cultivo de palma aceitera y compró ocho predios en la zona de La Primavera para crear la sociedad Agrícola El Encanto. En esos terrenos habitaban comunidades Sikuani, Cubeo y Amorua. (ver Tierra en Disputa)
Los indígenas reclaman estos territorios y han denunciado a Alfonso Mattos como responsable del desplazamiento. “Nos encontramos en el asentamiento El Trompillo en condiciones de miseria, hacinamiento, sin acceso a servicios públicos, con viviendas improvisadas y de una tremenda precariedad. Prácticamente nos encontramos en la mendicidad”, dice un líder Sikuani.
Según cuenta el líder que prefiere no ser identificado’, el despojo de las tierras fue violento. “En 2008 llega a Altagracia un señor Rodrigo Hernández, quien se presentó como representante de un señor Alfonso Mattos. Llegó con 20 hombres armados. El señor Hernández nos cita a varios de la comunidad para unas conciliaciones [...] no llegamos a ningún acuerdo”, dijo. Según el líder indígena, entre junio y julio de 2009 regresó Hernández con Mattos y los amenazó con armas. “No aceptamos salir del territorio. En agosto, en la noche, dos partes de la comunidad fueron quemadas por desconocidos”, contó.
Las comunidades indigenas tras el desplazamiento que sufrieron en 2010 viven en un pequeño terreno en el municipio del Trompillo
Rutas y La Liga se comunicaron con Alfonso Mattos para conocer su versión sobre estos hechos, pero el empresario no quiso responder. Dijo que solo hablará frente a un juez, que todo es un montaje periodístico en su contra y que no había ningunas comunidades indígenas en los terrenos que compró.
Esas tierras tienen denuncias por acumulación indebida de baldíos. Según la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la comunidad presentó un proceso administrativo de revocatoria de adjudicaciones de los predios de Altagracia a la Agencia Nacional de Tierras.
En 2007 llegaron a Altagracia ocho compradores a adquirir fincas en la zona habitada por los indígenas. Según los certificados de tradición y libertad de los ocho predios, uno es propiedad de Agrícola El Encanto; cuatro más pertenecen a Alfonso, su esposa Ana Cecilia Lacouture y sus hijos Katherine y David Mattos Lacouture, todos ellos socios de Agrícola El Encanto. Otro predio más fue comprado por Carlos Eduardo Díaz Granados, exempleado de Hyundai Colombia y de Kadas S.A., otra empresa de los Mattos Lacouture. Los dos predios restantes pertenecen a dos particulares que, como varios de los anteriores, han tenido limitaciones al dominio en favor de Agrícola El Encanto. En la práctica, Agrícola El Encanto y sus socios tienen cinco predios, el usufructo de tres más y en la totalidad desarrollan su proyecto en las 13.879 hectáreas (ver certificados).
En Vichada, varios terrenos de la nación se cedieron de manera irregular a personas que no cumplían con los requisitos de la Ley 160 de 1994, donde se señala que los baldíos deben adjudicarse a personas sin tierra, comunidades indígenas o afro, con prioridad para quienes ocupen estos terrenos al menos cinco años. Los Mattos le compraron un predio a José Cayetano Melo Perilla, señalado en 2009 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como narcotraficante y conexión financiera de las Farc, involucrado en lavado de activos. José Cayetano es hermano de Hugo, y ambos pertenecen a una familia de empresarios arroceros del Tolima.
Además, los indígenas señalan que mientras habitaron esa zona ni los Melo Perilla, ni ningún otro adjudicatario, hicieron presencia en esa zona.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB), que respalda jurídicamente a las comunidades indígenas, en su informe ‘Tierra y despojo en los Llanos Memorias de resistencia indígena y campesina en Meta y Vichada’ señala que ‘“estas adjudicaciones beneficiaron a personas que nunca habían vivido allí, no tenían alguna relación con los predios y en cambio tenían propiedades en otros lugares”.
Como otros empresarios agroindustriales, los Mattos llegaron a Vichada con el proyecto de explotar extensas zonas de monocultivo apoyados por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Según la Corporación Claretiana, “Agrícola El Encanto hace parte de las iniciativas de desarrollo promovidas por el Estado, ubicadas en la altillanura y por ello recibió del gobierno, en el año 2010, un ‘Incentivo a la Capitalización Rural’ por $207 millones, con un crédito de $3.000 millones”. Los indígenas dicen que la empresa del excongresista ha recibido el apoyo de autoridades del municipio, quienes incluso acompañaron los desalojos.
En 2016 la Superintendencia de Sociedades admitió el proceso de reorganización de varias empresas de Alfonso Mattos y su familia, entre ellas la agrícola, que para ese año le debía a la DIAN 592.772.467 pesos por retenciones. Según el libro del senador Wilson Arias ‘Así se roban la tierra en Colombia’, entre las causas de esta crisis económica en la que entró la sociedad, están “los altos costos financieros, la alejada ubicación del proyecto, la falta de vías de acceso y las condiciones de seguridad”.
Hoy en las fincas de La Primavera permanece el monocultivo de palma de aceite. Las cerca de 120 familias desalojadas de esas tierras viven en el resguardo El Trompillo mientras esperan respuesta de la Unidad de Restitución de Tierras.
La última vez que se escuchó hablar de Alfonso Mattos fue en febrero pasado, cuando Daniel Coronell, en su columna “Vuelo Bajo”, reveló que él y su hermano Jorge estarían involucrados en supuestos sobornos para favorecer a Carlos en su pleito contra Hyundai.
Carlos, el filántropo extraditable
El declive de los Mattos se confirmó cuando les fue imposible evitar, el pasado 25 de junio, que España aprobara una solicitud de extradición hecha por Colombia para que el empresario responda por el soborno a una jueza en el caso contra Hyundai.
Carlos Mattos Barrero
Carlos amasó su fortuna gracias a un acuerdo con el fabricante coreano, que desde 1992 le dio la representación única en el país. Este negocio se mantuvo hasta 2016, cuando Hyundai le quitó la exclusividad y se la cedió al ecuatoriano Juan Eljuri. Mattos interpuso entonces una demanda comercial y otras por competencia desleal y uso indebido de la marca. Su reclamo alcanzaba los 700 mil millones de pesos.
En agosto de 2020 su abogado, Iván Cancino, anunció que el empresario había llegado a un acuerdo con Hyundai y el ecuatoriano Eljuri. Pero esta decisión, que suspende el pleito comercial, no afecta el proceso por soborno que motivó la solicitud de extradición.
Desde 2016 Carlos Mattos empezó una fuerte confrontación en los estrados judiciales. Para ello, según la Fiscalía, el empresario intentó sobornar con 200 millones de pesos a funcionarios judiciales que debían decidir su caso. El empresario continúa en España, en una lujosa propiedad, donde lleva una vida social activa.
Pero el caso contra Hyundai no es su único lío. Después de pagar condena por narcotráfico en Estados Unidos, el exparamilitar Salvatore Mancuso ha ofrecido supuestas evidencias que vinculan a varios políticos y empresarios con el paramilitarismo. Mancuso solicitó el ingreso a la JEP, y aunque la entidad lo rechazó, aclaró que podría llamarlo para que entregue información de forma voluntaria. Según el columnista Yohir Akerman, en la solicitud que hizo a la JEP, Mancuso dijo: “Como ocurrió con el caso del señor Carlos Mattos de la Hyundai, son varias las empresas (...) que se vieron beneficiadas con nuestro actuar”.
En el 2018, desde una cárcel en Estados Unidos, Mancuso ya había adelantado: “Mattos colaboró con las autodefensas y entregó recursos en un pacto con Carlos Castaño”. Otros desmovilizados lo vincularon con las autodefensas. Alias ‘El Pájaro’ contó en Justicia y Paz que la primera masacre cometida en Codazzi se planeó en una finca del empresario. También en la sentencia de Justicia y Paz a Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, y en una sentencia de restitución de tierras de un predio en Becerril, se afirma que “los ganaderos Jorge Gnecco Cerchar, Carlos Mattos, Pepe Castro y Uber Rodríguez financiaron la creación, junto con Salvatore Mancuso, del Bloque Norte”.
Por estas declaraciones Justicia y Paz compulsó copias del proceso a la Fiscalía para que investigue al empresario. Pero estos procesos no han avanzado.
Aunque está muy cerca su extradición, Carlos sigue siendo reconocido en la región y mantiene relaciones con las autoridades de su pueblo, Codazzi. En un video que la Alcaldía subió a redes sociales en mayo, se muestra la entrega de 700 mercados que el empresario envió como ayuda durante la contingencia por la COVID-19. “Este mercado es una donación del doctor Carlos Mattos Barrero, hijo de Codazzi, industrial que ha querido hoy apoyar a estas necesidades que estamos viviendo (...) El Ejército Nacional, con el apoyo en la logística de la Alcaldía de Codazzi, les es posible entregarle este detalle”, dice una militar mientras entrega los víveres. Como una mano invisible y dadivosa que provee en medio de la crisis.
Actualizado el: Mar, 03/30/2021 - 20:35
Nota
Comunicado de prensa - 20 de agosto de 2020
Fiscalía restringe investigación a 20 perfilados por el Ejército; "Carpetas Secretas" denunció 130
En respuesta a un derecho de petición elevado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en el que se solicita información sobre el avance de las investigaciones por los perfilamientos y seguimientos ilegales realizados por miembros del Ejército Nacional contra periodistas y otros ciudadanos, la Fiscalía General afirmó que no fueron 130 las personas objeto de estas acciones ilegales de monitoreo sino "un reducido grupo que no supera las 20 personas".
Esta información entregada por la Fiscalía contradice las revelaciones que hizo la Revista Semana el pasado 1 de mayo en su investigación titulada "Las Carpetas Secretas", en la que se incluyen indicios de perfilamientos y seguimientos a todo el equipo de Rutas del Conflicto. Según la investigación de Semana, el Ejército tenía una carpeta destinada a recolectar toda la información disponible de las y los miembros de nuestro equipo periodístico, y en esa carpeta se encontró una fotografía en la que se individualiza con un número a cada una de las personas que componían el equipo de Rutas del Conflicto en el momento en que fue tomada.
Nos preocupa que, a pesar de la evidencia del tamaño de la operación y la cantidad de personas perfiladas, la Fiscalía insista en que se ha determinado, individualizado e identificado a "un grupo no mayor de 20 personas" que fueron objeto de actos ilegales por parte del Ejército Nacional y afirme que ha adelantado todas las acciones para asegurar que las víctimas puedan ser oídas y se les facilite el aporte de pruebas en el proceso penal.
Hasta este momento, ninguna persona del equipo de Rutas del Conflicto ha recibido comunicación de la Fiscalía que indique que esa entidad nos considera víctimas en el proceso. Al contrario, la respuesta dada a la FLIP indica que la Fiscalía está adelantando una investigación de la que no participamos de ninguna manera, lo cual sugiere que no considera que la evidencia presentada en la investigación "Las Carpetas Secretas" tenga mérito suficiente para investigar posibles actuaciones ilegales contra nuestro equipo.
En una carta recientemente enviada al estado colombiano, un grupo de relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó entregar información sobre las personas perfiladas ilegalmente por el Ejército Nacional y envió una lista de 43 periodistas que habrían sido sometidos a vigilancia, entre los que se encuentra todo el equipo periodístico de Rutas del Conflicto.
La fotografía del equipo de Rutas del Conflicto muestra cómo miembros del Ejército Nacional individualizaron y perfilaron a 17 personas, ninguna de las cuales ha recibido comunicación de parte de la Fiscalía que indique que esa entidad tiene intención de garantizar nuestra participación dentro del proceso y recibir información pertinente para la protección. Junto a esta fotografía, el equipo de Rutas del Conflicto pudo constatar que existían al menos seis perfiles de nuestros miembros que contenían información personal y sensible como teléfonos y direcciones de residencia.
Si la Fiscalía, luego de revisar la información revelada por Revista Semana y la evidencia encontrada en diligencias judiciales, considera que solo existe mérito para abrir investigación respecto de conductas ilegales en contra de menos de 20 de las 130 personas inicialmente mencionadas, es su responsabilidad explicar cuál es el criterio para tomar tal decisión, incluyendo qué tipo de información obtuvo el Ejército, y con qué métodos, de las personas sobre las que decidió no considerar como víctimas en el proceso penal.
Solicitamos a la Fiscalía que reconozca el interés del equipo de Rutas del Conflicto en las investigaciones adelantadas. Pedimos, además, a la Procuraduría General de la Nación que acompañe y vigile las actuaciones de la Fiscalía para garantizar que todas las víctimas puedan participar y recibir información de avance del proceso judicial.
Por último, manifestamos a la opinión pública y a organismos de protección de derechos humanos que los perfilamientos y seguimientos de los que fuimos objeto y la respuesta de la Fiscalía significan para nosotros una vulneración de nuestra libertad de prensa y nos revictimizan en cuanto a que las actuaciones ilegales nos ponen en situación de vulnerabilidad que no se remedia por vía judicial al no considerarnos parte del proceso sin una explicación satisfactoria.
Actualizado el: Jue, 08/20/2020 - 17:57