Por: Juan José Riveros y Juanita Forero Ruiz

En febrero del año 2020 apareció una persona asesinada en el municipio de San Martín Meta -ubicado a dos horas de Villavicencio. Fue referenciada por la ciudadanía como alias ‘memo’, un posible actor armado o integrante de una banda criminal. Esto generó indignación entre la comunidad y en especial en los familiares del joven asesinado. 

Se trataba de un joven de  22 años, el cual se dedicaba a descargar alimentos entre otros oficios de jornalero. Fue encontrado muerto en un caño del municipio. Según personas cercanas a la familia, había salido desde el día anterior a trabajar, pero nunca regresó a su casa. 

Sus familiares lo describen como una persona trabajadora, que se rebuscaba la vida para apoyar económicamente en la casa, además, para ellos no presentaba ningún comportamiento que lo ligara con la delincuencia y con el entorno del microtráfico. ‘‘Nuestra sorpresa fue ver cómo las personas se referían a él con el ‘alias Memo’. A él le decían ‘memito’ pero a mí como familiar me indigno, porque cuál alias si él nunca tuvo que ver con actos delincuenciales’’, comenta la testigo. 

Tanto la familia como el joven recibían constantes amenazas por parte de un grupo armado, que los intimidaba hasta en la puerta de su casa por ser parientes de un consumidor de droga. La familiar expresa que cada momento, desde las amenazas hasta el fallecimiento de su hermano los llenan de intranquilidad. Más aún , sabiendo que no pudieron velarlo de la manera tradicional. ‘‘Su cuerpo al no recibir las medidas necesarias y a tiempo, estaba tan descompuesto que no había forma de proceder a este acto, por eso ni siquiera pudimos darle un último adiós cómo tenía que ser’’, Dice la  familiar. 

Este es un caso de las mal llamadas ‘’limpiezas sociales’’, prácticas que se han vuelto comunes en varios municipios del Meta con el pasar de los años. Específicamente en San Martín, desde los años ochenta, se ha vuelto recurrente e inclusive muchos de sus habitantes han normalizado este tipo de violencias llegando a considerarlas aceptadas y algo bueno para la comunidad porque ‘limpian a la población’ de personas señaladas de consumir drogas, ladrones, entre otros. Lo cual da paso a que se efectúen estos asesinatos en medio de la impunidad.   

Tal y como lo comenta el historiador y escritor del libro Limpieza Social: una violencia mal nombrada, Carlos Mario Perea, la palabra “limpieza social” debe ser suprimida y modificada por el término “exterminio social”, debido a que tiene una matriz simbólica muy compleja que produce que estos actos se legitimen. Al modificar este nombre se está exponiendo un fenómeno en su verdadera naturaleza, ya que es una manifestación de “extermino” en la medida que es repetido, sistemático y constante. 

El fenómeno comúnmente llamado ‘limpieza social’, comenzó en el país en 1979 como una forma de erradicación de ladrones. Con el paso de los años, este fenómeno se ha transformado en una modalidad de violencia que se caracteriza no solo por las cualidades de sus víctimas, sino también por los lugares donde se reproducen, por la intencionalidad y motivaciones de los victimarios, por las formas en que se realizan y por los mecanismos utilizados para su legitimación. Las principales víctimas de estas limpiezas en la mayoría de casos son los delincuentes, jóvenes y niños de la calle, recicladores, homosexuales, prostitutas e indigentes, todos etiquetados por sus victimarios como elementos ''no aptos para convivir en sociedad''.

Desde los años ochenta con la llegada a la zona alrededor de San Martín de narcotraficantes y esmeralderos como Gonzalo Rodriguez Gacha , alias ‘El Mexicano’, el zar de las esmeraldas Víctor Carranza y el grupo paramilitar de los Buitrago, los cuales hicieron presencia en el departamento del Meta, se empezó a desarrollar un ambiente de violencia en torno al narcotráfico y el conflicto con las guerrillas. ‘‘Entre los grupos que han causado miles de asesinatos en el lugar, se encuentra el Bloque paramilitar ‘Centauros’, grupo armado al que se le atribuyen varios atentados en la zona’’, tal y como lo menciona Gustavo Lopez, defensor de los derechos humanos del municipio , el cual pertenece al comité cívico por los derechos humanos del Meta ’ONG’ y es secretario ejecutivo de Derechos Humanos de la Federación comunal del Meta  (Juntas de acción comunal de todo el departamento del meta).

Por ejemplo, en el año 1988 se presenciaban estos asesinatos casi a diario a mano de los grupos subversivos y los cuerpos de las personas señaladas eran encontrados a las afueras del municipio o en los caños aledaños. Las mismas personas del municipio se encargaban de divulgar el rumor de casa en casa sobre el asesinato de jóvenes y muchachas. Todo esto según los testimonios de uno de los habitantes , lo justificaban diciendo que había sido por vender o consumir drogas, a otros porque les gustaba las personas del mismo sexo y  cuando se referían al asesinato de mujeres las vinculaban a la prostitución. ‘‘Fuera como fuera gracias a eso es que el pueblo se mantenía sano, no se veían ni ladrones ni nada y por eso es que lo están volviendo a hacer’’.

Estos asesinatos selectivos -más conocidos por el nombre de ‘‘limpiezas sociales’’- han cobrado la vida de más de 8 jóvenes en lo que lleva del año -de enero a octubre del 2020-. En estos casos son las familias las que siguen lidiando con estas bandas delincuenciales que buscan obtener el control del territorio. ‘‘A través de prácticas memorables como las conocidas amenazas e intimidaciones que involucran las vidas mismas de los familiares o allegados a la persona principalmente involucrada, es que este grupo logra su cometido -desplazar a las personas- todo por dominar el sector’’, afirma uno de los ciudadanos del municipio.

Según cifras del libro ‘‘ la violencia llamada limpieza social’’ de Carlos Rojas ,Periodista e Investigador de la CINEP ,desde 1988 a 1993 se registraron 1.826  casos de ‘ limpieza social’ en todo el país, seis de estos en el departamento del Meta. Conforme a lo dicho por uno de los residentes del pueblo, estos son actos que pasan desde hace años. En esos momentos el comandante paramilitar de San Martín era Ómar de Jesús Piraban, el cual era conocido por la población con el alias, ‘Don Jorge’, o ‘Pirata’. Este pertenecía al entonces ‘Bloque Meta’ y después ‘Bloque Centauros’. ‘‘Prácticamente en lo que tengo de vida he visto como han asesinado a un poco de gente, y pues las personas no dicen o no decimos ya nada porque sabemos que se trata de personas que le están haciendo un mal al pueblo’’. Además, asegura que no se remitirá a las autoridades a contar los sucesos por miedo a perder su vida.

De acuerdo con lo mencionado por el Defensor de los Derechos humanos del municipio, Gustavo López, los prósperos negocios ilícitos de estos actores armados se han vuelto los responsables de estos crímenes y lo que estas bandas quieren es causar pánico para que el microtráfico o el narcotráfico dejen de quitarles ganancias a ellos. ‘‘Por ello, podemos decir que el objetivo que tienen este tipo de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias es el de ganar la guerra del micro y narcotráfico para ‘apoderarse de la zona’ ’’.

Con el paso del tiempo, estos grupos armados han buscado la forma de hacer más evidente sus amenazas y ‘alertas’ hacia la población por medio de panfletos y comunicados que distribuyen por medio de redes sociales. ‘‘Anteriormente no había ningún tipo de comunicado que advirtiera a las personas sobre las amenazas de muerte, simplemente uno se enteraba que iba a haber limpieza y ya empezaban a matar a las personas’’, asegura uno de los ciudadanos más longevos del municipio. 

 

             Foto: archivo.

 

Según datos recolectados del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la guerrilla ocupa el tercer puesto en la lista de victimarios del exterminio social en Colombia, los dos primeros lugares son: los grupos de “limpieza”, con 3.798 víctimas, y los paramilitares, con 868. En ese listado también se encuentran los agentes del Estado, como la Policía, el Ejército, el Inpec o la Sijín, entre otros, quienes entre 1988 y 2013 han asesinado a 104 personas. 

De acuerdo a lo dicho por el defensor de los derechos humanos del municipio, son algunas de las personas que han logrado ayudar a salir por riesgos de muerte quienes dicen que se trata de unos agentes de la policía secreta que se alían con los grupos paramilitares para hacer ese tipo de ‘limpiezas sociales’. Sin embargo, el defensor expresa que se podría tratar también de una guerra entre bandas criminales lo que ha ocasionado este tipo de asesinatos y amenazas de desplazamientos. ‘‘Pues estos enfrentamientos ocurren  por el control del  territorio en el cual buscan distribuir sustancias psicoactivas’’.

Finalmente, Carlos Mario Perea menciona que el mayor dilema de esta problemática es la falta de intervención por parte del Estado, ya que no existen leyes, ni juridicidad sobre estos “exterminios”. La idea entonces para afrontar esta situación es que la Corte Constitucional ordene al Estado formular una política pública ,debido a que el ´´exterminio social´´ no se condena. “Lo que necesitamos es que esta práctica sea castigada, porque mientras esto no se sancione jurídicamente va a continuar con los niveles de impunidad en que hoy opera”, afirma Perea.

Actualizado el: Mié, 04/28/2021 - 14:46

Camilo Roa tenía 28 años, era un hombre muy calmado, su problema era la adicción a las drogas, pero trabajaba para comprarse sus dosis, no tenía complicaciones en su casa y su familia sabía que consumía. Cuando no tenía dinero para adquirir drogas les pedía a sus padres, nunca intentó robar ni tomar dinero sin permiso. Camilo era un habitante de la Ciudadela de Juan Atalaya, esta zona es un conjunto de comunas, es el sector más poblado de Cúcuta y también uno de los más afectados por el conflicto armado. Trabajaba lavando buses, una vez su jornada laboral terminaba iba a una ‘olla’ del barrio Antonio Santos a comprar la droga. 

Esta zona era constantemente vigilada por paramilitares que identificaban a los consumidores y los asechaban. La tarde del 7 de septiembre del 2010, Camilo no tenía dinero y esperó para ir con un amigo a una de las ‘ollas’, su acompañante al parecer tenía antecedentes penales y supuestamente había robado una cadena de oro a la madre de un militar. Sin saberlo, Camilo al estar consumiendo drogas y estar acompañado de un supuesto ladrón, se convirtió en objetivo de una “limpieza social”.

Hombres armados se acercaron a él y su amigo y los subieron en un carro, luego Camilo fue encontrado muerto y descuartizado en una bolsa en el Canal de Bogotá, conducto que atraviesa la ciudad y que es alojado por habitantes de calle en algunas partes. La otra persona fue encontrada al lado del Estadio General Santander en las mismas condiciones. La Policía no realizó ninguna investigación, al final el caso terminó archivado, no se supo cuál fue el carro que se los llevó, ni quiénes fueron, tampoco se obtuvo material audiovisual en las cámaras del sector. La investigación quedó en nada.

 

Créditos: Isabela Carrascal 

 

Este es uno de muchos casos que se han presentado en esta región del país y la mayoría sigue en la impunidad. Wilfredo Cañizares, líder social y jefe de la Fundación Progresar, es un actor que ha luchado por los derechos humanos en Norte de Santander. Cuenta que ese tipo de crímenes iniciaron en los años 80, siendo una práctica llevada a cabo por las guerrillas las cuales ingresaban a sectores marginales donde había un vacío de poder, en zonas donde se presentaba un abandono estatal. “Buscaban asesinar a los consumidores de drogas, mujeres dedicadas a la prostitución, ladrones, gente señalada por la misma comunidad como indeseada para lograr tener control de la zona y apoyo de los habitantes”, señala el líder social.

Sin embargo, Cañizares no responsabiliza únicamente a las guerrillas y cuenta que en 1999 con la llegada de los grupos paramilitares desde Urabá a Norte de Santander y con el auge del conflicto en el departamento, esta práctica se intensificó. ‘Los paras’ al igual que las bandas criminales empezaron a utilizar esta modalidad de asesinato como método para expandir su control territorial y montar operaciones de microtráfico. 

Dos masacres que cometieron ´los paras’ fueron en un billar del barrio Cecilia Castro en abril del 2002 y la del barrio Antonia Santos en febrero del 2001, donde asesinaron en total a doce personas que supuestamente consumían drogas. La Fundación Progresar ha logrado documentar que en los últimos tres años se han cometido 45 homicidios bajo esta modalidad, 17 en el 2018, 22 en el 2019 y 6 en el 2020. 

Siguiendo esta lógica de control territorial e imposición de poder sobre zonas de Cúcuta, se presentaron muchas de estas masacres en distintos sectores de la ciudad. Julián Gonzáles, docente universitario de matemáticas, vivió en el barrio Aeropuerto de Cúcuta desde 1994 hasta 2005. Este barrio ha sido uno de los sectores de la ciudad que más afectado se ha visto por los grupos armados. 

En 1994, cerca de la zona, se encontraba un asentamiento guerrillero y delincuencia común, pero luego en el año 2000 los paramilitares llegaron y se adueñaron de la zona. “Cuando llegaron ‘los paras’ se reflejó una falsa paz, una falsa tranquilidad porque, aunque los cascareros fueron desterrados o eliminados, ellos exigían cuotas y eran los dueños de la vida o la muerte en la zona”, sostiene Julián.

Los paramilitares avisaban a sus objetivos militares que tenían que irse, relata Julián que conseguían el número de la persona amenazada y le decían que se fuera o si no ya sabía lo que le sucedía. Por lo general, si el amenazado no se iba, luego aparecía muerto. El docente cuenta que en un barrio que está próximo al barrio Aeropuerto que se llama Toledo Plata, había una banda delincuencial de jóvenes llamada Los Simpson. 

Eran aproximadamente 150 muchachos que estaban entre los 12 a los 21 años, solían atracar en el sector, pero una vez irrumpieron los paramilitares la mayoría fueron asesinados y sus cuerpos fueron arrojados a un canal de la zona. Julián siempre consideró que, si bien esos muchachos no hacían ningún bien, tenía consciencia de la situación social y económica en la que se habían formado, siempre los vio como niños mal encaminados.

 
Este suceso nuevamente quedó impune pese a que la comunidad supiera quienes eran los responsables, incluso se llegó a intuir una conexión entre paramilitares y militares. “Parecía que estaban coordinados con la fuerza pública, siempre que llegaban las autoridades a la zona nunca estaban los grupos armados, pero apenas se iban volvían a transitar con total tranquilidad”, asegura el docente. No había forma de contrarrestar a esos grupos por el abandono estatal tan grande que existía, los paramilitares muchas veces realizaban las “limpiezas sociales” de día y la Policía llegaba horas después. 

Cuando asesinaban a medianoche, los levantamientos de los cuerpos se llevaban a cabo a las 6 o 7 de la mañana del otro día. “Al que le mataban a una persona, simplemente deducía quiénes lo habían asesinado por la forma en que lo hacían, a bala. Tocaba enterrarlo y callarse porque si no seguían con los demás familiares”, dice Julián desde su propia experiencia. Su primo fue asesinado por ser consumidor de drogas y a otro primo lo mataron por venderlas. Él y sus familiares sabían que no podían denunciar ni buscar ayuda en las autoridades porque los paramilitares trabajan con redes de informantes y si alguien hablaba también era asesinado. 

Aun así, ni siquiera en el tiempo de luto hubo un respiro. “En cada una de las misas nos percatamos de la presencia de paramilitares infiltrados, estaban vigilando durante todo el velorio que no se dijera nada”. De esa forma, se cohibía a las víctimas de pedir justicia, haciéndoles saber que estaban en el punto de mira y que se les observaría para que no empezaran a señalar a los paramilitares de ser los culpables de las muertes.

 

Créditos: Andrea Vejar

Debido al constante temor por parte de las víctimas, a la alianza entre paramilitares y la fuerza pública y por la cantidad de homicidios que empezaron a acontecer, ese tipo de masacres se normalizaron por parte de los habitantes. Aquel que quisiera cambiar esta situación por medio de las denuncias se convertía en objetivo militar por parte de quienes las realizaban. Así lo cuentan los habitantes de las zonas más afectadas por estos crímenes.
Jaime Rodríguez ha estado toda su vida en el barrio La Victoria de Atalaya. Actualmente tiene 65 años y recuerda que las “limpiezas sociales” en la zona empezaron en los años 97 o 98. “Todas las noches eran tiroteos, no sé si por parte de los paramilitares, mataban a todos los consumidores de marihuana, extorsionistas, jaladores de carros. Hay una parte que se llama el Cerro de la Cruz y ahí llevaban a los delincuentes y los fusilaban en la cancha de fútbol”, recuerda Jaime.

Al barrio La Victoria, hubo una época que lo llamaban Chechenia, esto en referencia a la guerra que hubo en la república rusa que dejó de 50.000 a 100.000 víctimas, también descrita como el infierno olvidado. “La entrada de esos grupos acabó los hurtos diarios; ya no se veían lo que se conoce como raponeros, esas personas que robaban a la gente, les quitaban los relojes, las cadenas. En Cúcuta no se volvieron a ver ese tipo de robos por mucho tiempo, ahorita se están volviendo a ver, pero mientras se hacían esas limpiezas no ocurría”, dice Rodríguez.

Los grupos de “limpieza social” irrumpían en los barrios de Atalaya matando a los traficantes de drogas, ladrones y personas señaladas de estar en ese tipo de movidas, tratando de ganar aprobación por parte de la comunidad. A pesar de eso, Jaime considera que tampoco se debe proceder de esa manera, cree que para eso está la justicia y debe ser esta la que vele por la seguridad, no los grupos armados. No obstante, confirma que con la llegada de los grupos armados a Atalaya los robos disminuyeron mucho, se sentía mucha más tranquilidad en el día a día. 

Pero esta tranquilidad estaba embadurnada de sangre, John Jairo Jácome, periodista que trabajó once años en el periódico La Opinión de Cúcuta, cuenta que se llegaron a reportar en un solo día 28 personas asesinadas bajo esta modalidad. “Había días en los que mataban a tanta gente que el periódico se quedaba corto en la narración de los hechos, entonces lo que hacíamos era una enumeración de nombres de personas asesinadas, pero no había una historia detrás de esas víctimas”, relata Jácome.

Pese a la cantidad mórbida de asesinatos que se presentaban, la población no se notaba conmocionada más allá que por el número, pues las personas asesinadas muchas veces no eran reclamadas o como el mismo John Jairo lo expresa “no tenían dolientes”. 

Tiempo después, según el periodista, las familias de estos jóvenes drogadictos o habitantes de calle salieron a reconocerlos cuando empezó el proceso de Justicia y Paz en 2006 y luego con la aprobación de la Ley de Víctimas en 2011. Se les daba una remuneración económica a aquellos que pudieran demostrar que sus familiares fueron asesinados por grupos paramilitares.

 
Entonces, los reclamantes iban a los periódicos a preguntar si el nombre de sus difuntos familiares aparecía en algún apartado del medio de comunicación y de ser así, compraban el ejemplar para llevarlo a los entes de reparación de víctimas. De esta forma, La Opinión comenzó a vender una gran cantidad de diarios viejos donde se constataba el nombre de los asesinados. 

En este proceso de Justicia y Paz también se reconoció una práctica que lleva a pensar que los habitantes de la ciudad no solamente habían normalizado estos asesinatos, sino que los encontraban necesarios. Jácome expresa que “las mismas comunidades pudieron haber exigido a quienes hacían las veces de autoridades en ese momento (paramilitares) para que las “limpiezas sociales” se adelantaran”. Algunos presidentes de juntas de acción comunal se unieron y establecieron vínculos de convivencia con ‘los paras’ que terminaron traducidos en hechos o actos de aniquilamiento social, aseguró el periodista.

Hoy en día las masacres siguen considerándose “limpiezas” a pesar de que son exterminios. La justicia no responde por las víctimas y la sociedad parece justificar los asesinatos, las comunidades les dan el visto bueno y muchas veces veneran estos crímenes. Estos homicidios en general no se han tomado como un problema, cada vez cobran más vidas, pero los hechos se ‘normalizan’.

Créditos: Heidy Martínez

Actualizado el: Jue, 04/01/2021 - 12:02

Por Celia Lucía Guerrero y Mayela Sánchez García

 

La antropóloga forense Ana Carolina Guatame tuvo la iniciativa de avanzar en una estrategia para buscar a personas desaparecidas durante el conflicto armado en los ríos de Colombia, a partir de un modelo matemático que predice el comportamiento de los cuerpos en las corrientes. El proyecto abre una esperanza para quienes indagan por sus familiares desaparecidos y es un ejemplo para otros países, como México, en donde ríos, lagos y presas también han sido usados para desaparecer personas.

‘Señales desde el sur: la búsqueda de desaparecidos en ríos de Colombia’ es el segundo episodio del pódcast El agua hablará. Relatos de búsqueda en lo profundo, que narra historias sobre la desaparición y búsqueda de personas en cuerpos de agua en México, donde, hasta el 4 de marzo de 2021, había oficialmente 76 773 personas desaparecidas.

 

 

 

Esta historia fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción (CdR), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte del proyecto ‘Diálogos con la ausencia. Formación virtual para periodistas que cubren la desaparición en el marco del conflicto armado y la búsqueda de personas’. Las opiniones presentadas en este artículo no reflejan la postura de estas organizaciones.

Actualizado el: Mar, 03/30/2021 - 22:20

En el marco del conflicto armado en Colombia, se registraron de manera oficial al menos 15.711 víctimas de violencia sexual. Esto, entre 1959 y 2017 según una de las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Nueve de cada diez personas violentadas sexualmente durante la guerra fueron mujeres y se desconoce en casi un 90% su situación actual, si están vivas, muertas o desaparecidas. Navegue esta radiografía de la violencia sexual en el conflicto armado, en la que explicamos las cifras del CNMH desde el análisis de su geografía y desde el universo y los perjuicios psicológicos de las víctimas.

El conflicto ha dejado huellas imborrables en los cuerpos de las víctimas. Sus actores no se han conformado con apoderarse de los territorios que les son estratégicos, sino que también han colonizado los cuerpos de sus habitantes. De este modo, las miles de masacres en Colombia muchas veces vinieron acompañadas de abusos sexuales y del deterioro del tejido social, sobre todo de los pueblos rurales. Los líderes bélicos proyectaban que para destruir al enemigo también debían quebrantar su dignidad. Es ahí cuando la violencia sexual se configura como estrategia de guerra y forma de tortura.

El instrumentalizar a la mujer como un objeto sexual genera que, en medio del conflicto, se les perciba como “botín de guerra”. Así, actores paramilitares, miembros de la fuerza pública y guerrilleros han abusado de ellas, interpretándolo como recompensa de la victoria o como un medio para quebrantar a sus enemigos. Teóricos y estudiosos se han preguntado durante años por qué dichos personajes han arremetido sexualmente en contra de civiles indefensos, tanto mujeres como hombres y hasta niñas y niños. Aquí algunas pistas de sus hallazgos.

Existe un consenso entre autores que escriben sobre la violencia, como Tatiana Peláez Acevedo, en que una de las formas más efectivas para destruir la moral colectiva es mediante el cuerpo. No bastaba con asesinarlos, se debía dejar una marca en la moral pública y así las personas violadas podían advertir a otras sobre lo que les esperaba si desobedecían, oponían resistencia o simplemente trataban de defender su vida y su sexualidad.

 

Antioquia, epicentro de la violencia sexual durante el conflicto

 

Según la base de datos del CNMH, entre 1959 y 2017 se registraron al menos 15.020 casos de violencia sexual en el país y de otros 691 se desconoce la fecha, todos se dieron dentro del marco de la guerra. El año 2002 fue el de mayor violencia sexual, con 1487 casos. Específicamente en Antioquia se presentaron 249 de ellos, departamento seguido por Magdalena con 244 registros, pues el Bloque Norte de las AUC se expandía y consolidaba para la época. Respecto al contexto político de aquel entonces, ese mismo año quedó electo como presidente Álvaro Uribe Vélez.

Según el artículo Conflicto armado y pobreza en Antioquia Colombia de Maya Taborda, Muñetón Santa y Horbath Corredor, en 2002 también aumentó la ofensiva del Ejército y se dio el ascenso y la consolidación del paramilitarismo a través de la cooptación de territorios que estaban bajo dominio guerrillero. Dichas enfrentas trajeron consigo una ingente cantidad de delitos y abusos sexuales. Dicho artículo también narra que las dinámicas de la guerra, a manos de las FARC, el EPL, el ELN, la fuerza pública y varios grupos paramilitares, abarcaron casi la totalidad del territorio de Antioquia, especialmente entre 1995 y 2000.

 

De allí se puede explicar que tanto en los periodos como en los lugares donde se agudizó el conflicto, también se dio mayor violencia sexual. Teniendo en cuenta todo el rango cronológico de la base de datos y no solo el año 2002, el departamento antioqueño sigue estando a la cabeza, ya que representa casi el 20% del total de las víctimas registradas. Sin embargo, es importante tener en consideración la proporción poblacional para analizar este problema, pues Antioquia tiene una gran cantidad de habitantes.

Si los datos se analizan bajo otra perspectiva, la información cambia. Teniendo presente los afectados en relación con la tasa demográfica de cada departamento, el putumayense sería el principal perjudicado. De cada 100.000 habitantes, al menos 245 fueron víctimas de violencia sexual en Putumayo durante el conflicto armado entre 1959 y 2017. En la lista sigue Caquetá con 162 y Guaviare con 156 personas afectadas, mientras que de Antioquia se registran 45. De esta manera, incluso si el antioqueño tiene la mayor cantidad de casos, Putumayo tuvo mayor cantidad de victimización según su proporción poblacional.

 

Las cifras son apenas la punta del iceberg

 

Hay reflexiones respecto a estos datos. Sandra Patricia Mojica, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y quien ha dedicado su vida profesional a abogar por los derechos y políticas públicas para las mujeres (actualmente es gerente del programa Derecho a la Justicia de Oxfam), afirma que las cifras son apenas ‘la punta del iceberg’, pues muchas historias no llegan a conocerse.

Es común que las mujeres no hagan las denuncias debido a distintas razones: el miedo, el riesgo de amenazas tanto contra ellas como contra sus familias, la falta de seguridad y de garantías de no repetición, etcétera. Igualmente, según la socióloga, la impunidad de los delitos sexuales en Colombia es gigantesca.

 

“La ruta en general para que una víctima ponga la denuncia, ni siquiera sólo en el marco del conflicto armado, no es sencilla. Las trabas institucionales son muy grandes, pues la mujer es revictimizada y finalmente pueden pasar cinco, diez años sin que le resuelvan su caso —si es que se resuelven —”, asegura.

 

Además, tampoco hay acompañamientos psicosociales y jurídicos que a las víctimas les permitan llevar un proceso de tal naturaleza, los cuales son necesarios porque se le está haciendo frente a grupos armados tanto legales como ilegales, un inmenso número de figuras intimidantes y poderosas en Colombia. Mojica enfatiza que todas las mujeres deberían tener derecho a la paz y acceso a la justicia, y sin embargo eso es lo que más se les vulnera.

Aunque en la guerra la violencia sexual se haya convertido en una de las principales herramientas de sumisión de los pueblos, en una consecuencia inminente de la deshumanización del enemigo, hay factores de fondo que obdedecen a una sociedad patriarcal. Incluso en los espacios cotidianos como el transporte público y hasta el propio hogar, esta problemática se manifiesta. La socióloga explica que en un contexto civil, el 60% de los victimarios de violencia sexual son personas cercanas o conocidas por la víctima.

Organizaciones de y para las mujeres buscan cambiar esta realidad, que se deje de normalizar la violencia sexual y que se erradiquen estas prácticas bajo discursos de revictimización como el de “en la guerra todo se vale”. Argumentan que las mujeres no tienen la culpa por los crímenes a manos de grupos armados o cualquier otro perpetrador. Algunos de esos colectivos son La Casa de la Mujer, Mujer Sigue Mis Pasos y la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. Este último tiene procesos internacionales y recursos asociados con el ginecólogo congoleño Denis Mukgewe, Nobel de Paz por su labor de reparación fisiológica a mujeres que han sido violadas.

Convivir con el trauma

 

Silvia María Antonia Rivera, psicóloga de la Universidad Javeriana y psicoanalista, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a realizar investigaciones en torno a los traumas que ha dejado el conflicto armado. Rivera ha atendido víctimas de violencia sexual y ha estudiado sus casos tanto en el contexto de la guerra como en el ambiente cotidiano. Según ella, las secuelas psíquicas que deja el abuso sexual se trasladan a distintas áreas de la vida, pues los procesos de confianza personal y la apropiación del cuerpo se ven interrumpidos por la experiencia traumática.

Rivera afirma que un episodio de violencia sexual puede acompañar a la víctima por el resto de sus años, en tanto puede llegar a destruir su capacidad para tener una vida sana. Las víctimas jóvenes sufren un proceso de introspección y encierro en sí mismas porque pierden el deseo de explorar el mundo y experimentarse en este: “lo que logra el agresor es cerrar el mundo de esta niña o joven, pues impone su voluntad sexual sobre las necesidades afectivas de la joven y trunca elaboraciones que son necesarias para que la niña pueda estructurarse de forma sana psicológicamente”, dice Rivera.

De este modo, el tratamiento no se enfoca en desaparecer la memoria traumática, pues esto puede resultar imposible. Por el contrario, se enfatiza en la habilidad que puede desarrollar la víctima para resignificar dicho trauma, para saber vivir con este y convertirlo en algo distinto, ya que, como afirma Rivera, “existe un profundo temor por parte de la víctima de que su cuerpo vuelva a ser violentado. Los procesos identitarios y el entendimiento de la persona como parte del mundo se ven profundamente truncados”.

Además, la violencia sexual viene acompañada de narrativas que se dan después de la agresión y vulneran la psicología de las víctimas. El machismo se traslada al trato que se les da incluso desde el marco civil y la esfera privada. Rivera plantea que muchas veces “son las mismas familias las que callan el abuso, por temor a que el padre proveedor se vaya (...) Además, se insinúa que la sociedad responsabiliza a las mujeres y niñas del abuso”.

Rivera afirma que una de las principales diferencias entre la violencia sexual en el contexto del conflicto armado y la violencia sexual en el ámbito civil es que en este último es más difícil evitar encontrarse con el victimario en el futuro. “La gran mayoría de casos de violencia sexual en la cotidianidad es ocasionado por un familiar o persona cercana, por lo que resulta imposible evitar a dicho familiar en el futuro. En el contexto del conflicto armado, las víctimas se desplazaban o se movían de sus hogares para evitar seguir siendo violentadas”, afirma Rivera.

 

La institucionalidad: revictimización y carencia de oportunidades

 

 

La base de datos referenciada muestra que entre mujeres y hombres, 750 víctimas están vivas, 942 muertas y 19 desaparecidas. Se desconoce la situación actual de las 14.000 personas restantes, pero se sabe que 13.092 son mujeres. Según la especialista Carolina Mosquera, investigadora de la organización Sisma Mujer, este problema se puede relacionar con la violencia institucional, es decir, aquellos hechos victimizantes que se dan por parte del Estado. Para ella, también hay una falta de verdad de los victimarios, así como fallas en las entidades para indagar cada uno de los casos y el estado de las víctimas.

Mosquera pone un ejemplo: el caso de Deyanira Guerrero, una lideresa social de Putumayo e integrante de la Alianza Tejedoras de Vida. El 2 de mayo de 2018, Deyanira salió de su casa y no volvió. Al día de hoy no se sabe sobre su paradero ni su estado. Al respecto, el periodista Daniel Samper Ospina escribió una columna en su reciente medio de comunicación Los Danieles. Aquí un fragmento:

“Deyanira tiene 38 años. O tendría. O debería tener: nadie sabe cómo referirse a la presencia invisible en que se convirtió. Jonier, su hijo de catorce años, dice que, para no estar triste, se imagina que ella está trabajando en la tienda, común y corriente, y que por la tarde vendrá ayudarle a hacer tareas (...) Cada uno debe imaginarse qué pasó, y administrar la esperanza traicionera de que un día cualquiera entrará de nuevo por la puerta”.

Unos meses antes, Deyanira había sido amenazada (no se sabe por parte de quién) debido a su labor social con la Alianza Tejedoras de Vida. Sin embargo, Mosquera afirma que la justicia colombiana insinuó que su desaparición podría deberse a una “escapada” con su pareja. Según ella, este tipo de aseveraciones son frecuentes al tratar las desapariciones sobre todo de mujeres, porque los estereotipos y las violencias de género se han reforzado en nuestra sociedad.

Comúnmente se escuchan juicios machistas hacia las mujeres víctimas. Ello las revictimiza y es una de las principales trabas para que denuncien los abusos que se han dado en su contra o para saber lo que les ha pasado a las desaparecidas, explica la experta. Así se entorpecen, interrumpen y se archivan las investigaciones, y en muchas las víctimas se vuelven casi que fantasmas, como dice Samper “otro cuerpo etéreo que nadie sabe dónde está” ni qué le sucedió.

El sesgo machista no solo está presente en la ciudadanía, sino incluso en la jurisdicción y en las políticas públicas del país. Hay allí un tema de fondo que es la falta de oportunidades para las mujeres. Mosquera sostiene: “hay una ecuación de la que hablamos en Sisma Mujer: a mayor vulnerabilidad, mayor riesgo y a mayores capacidades, menor riesgo.  Entonces si se avanza en desarrollar esas capacidades de las mujeres, por ejemplo con inserción económica, empleabilidad, acceso a la educación y a la educación superior, así tendrían más elementos para no estar vulnerables frente a los escenarios de la guerra (...) Muchas se enlistaron a grupos armados ilegales porque en sus casas no tenían las condiciones materiales para llevar una vida digna”.

 

Víctimas silenciadas

 

La psicóloga y psicoanalista Silvia Rivera considera que las víctimas masculinas de abuso sexual han sido profundamente invisibilizadas, pues no existe un reconocimiento social del delito de violencia sexual hacia los hombres. De esta manera, según Rivera, la culpabilización resulta más profunda en los hombres, pues socialmente se considera que si un hombre es violado, es porque así lo deseó. “He tenido estudiantes de maestría que han revisado las políticas públicas sobre violencia sexual que se habían hecho en Colombia desde inicios del proceso de paz. Todas las políticas públicas estaban escritas en femenino, había muy pocas referencias a los hombres. Ni siquiera hay un acompañamiento legal para ellos”, afirma Rivera.

En la base de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto se confirma lo anterior, pues solo 1 de cada 10 casos de violencia sexual se arremeten contra hombres. No obstante, comparado con el caso de las mujeres, los hombres tendrían menos posibilidades de sobrevivir a la violencia sexual. Según la base, 470 hombres fueron asesinados tras ser violentados sexualmente. Sólo 74 víctimas masculinas permanecieron vivas, mientras que 208 tienen una situación desconocida. Por otro lado, 676 mujeres sobrevivieron al acto de violencia sexual, mientras que 472 fueron encontradas muertas. Aunque la información de los perpetradores de esta violencia sexual es reducida, se sabe que quienes más transgredieron a las mujeres fueron miembros de la guerrilla, dejando 18 víctimas a su paso, mientras que los agentes del estado vulneraron en mayor medida a los hombres, a 34 en total.

 

 

La violencia interseccional: víctimas indígenas, afrocolombianas y LGBTI

 

Percibir a los grupos de víctimas como una masa homogénea y uniforme es uno de los principales tropiezos que se cometen al analizar las heridas que dejó el conflicto armado. Dilucidar los matices de la guerra y las diversas formas de victimización permite esbozar con mayor claridad la multidimensionalidad del conflicto, además de las múltiples formas de sufrimiento y resistencia que existen a partir de un solo hecho: la violencia sexual. De esta manera, las víctimas afrocolombianas e indígenas experimentan la opresión sexual desde un ángulo distinto al de las víctimas campesinas.

La interseccionalidad aparece cuando múltiples marcadores de diferencia, como la etnia, la orientación sexual, la discapacidad física, la raza y el género, se interrelacionan. Segun Martha Zapata y Andrea Cuenca, en su articulo Guía de un enfoque interseccional: Metodología para el Diseño y Aplicación de Indicadores de Inclusión Social, “la interacción entre dos o más de estos marcadores de diferencia genera nuevas desigualdades, dando origen a procesos de discriminación múltiple”. Por ejemplo, las violencias de las que es víctima una mujer indígena desplazada son el cúmulo de agresiones por su identidad nativa, más aquellas por ser mujer y todas las que acarrea el desplazamiento forzado. Esto permite pensar que existen factores que acentúan la opresión dependiendo de las características físicas e identitarias de las víctimas.

Históricamente, las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido despojadas de sus territorios y sus cuerpos como una estrategia de colonización de tierras y de mentes. En la colonia, los cuerpos de los indígenas y las personas negras eran vistos como objetos de satisfacción para los colonizadores. Según el reportaje La guerra inscrita en el cuerpo realizado por, entre otros autores, Tatiana Peláez, la violencia racial y étnica se reprodujo profundamente en el conflicto armado. Los territorios indígenas y afrocolombianos han sido sitios recurridos por actores armados debido al interés que existe en los recursos de sus tierras y a lo estratégicos que son, por lo recónditos, para el transporte de mercancías ilícitas. De este modo, la violencia sexual hacia estas comunidades ha venido acompañada, de manera particular, de otro tipo de victimizaciones, como el desplazamiento forzado y la discriminación racial.

Las mujeres son sometidas a violencia sexual como una estrategia de sometimiento, pues cosifica su cuerpo hasta convertirlo en un objeto de placer. Además, cuando la mujer es afrocolombiana o indígena, la violencia sexual viene acompañada de estigmatización por parte de los perpetradores, además del despojo de su tierra y cuerpo, pues se ve legitimada la agresión. Para Carolina Mosquera, una de las principales diferencias que persisten cuando una víctima de violencia sexual es indígena o afrocolombiana es la naturalización por parte del público del crimen: “las personas no se indignan de la misma forma cuando una víctima es indígena o afrocolombiana. En cambio, cuando la mujer es blanca, hay más protesta. Lo anterior genera un discurso de legitimación al victimario, pues éste siente que puede seguir cometiendo los crímenes sin que se les reclame por ello”, relata.

Debido al imaginario social de las mujeres afro e indígenas como subordinadas y poco culturizadas, la violencia sexual busca reafirmar la posición del perpetrador como “superior” pues reproduce dicha sumisión y posición de vulnerabilidad en la víctima. Entonces, la violencia sexual no solo se relaciona con el hecho de ser mujer, sino también con la etnia o el color de piel de dicha víctima.

En diversas ocasiones, la violencia sexual de las mujeres afro viene acompañada de una exotización del cuerpo negro. Según la investigadora Tatiana Peláez, en su informe La guerra inscrita en el cuerpo del CHMH, el “atractivo” de dichos cuerpos viene acompañado de los estigmas que persisten en el imaginario colectivo en torno a la mujer negra y sus “dotaciones”. Del mismo modo, los estereotipos y estigmas que rodean a la indígena profundizan las formas de violencia sexual, en tanto la perpetración de la opresión se ve como una forma de “exterminio social”.

Peláez afirma que existe una narrativa interiorizada en el discurso de la sociedad, sobre todo en los sectores más privilegiados: la narrativa del desarrollo y la necesidad de difundir la “civilización” en el país. Se perciben a grupos como los indígenas y afrocolombianos como personas “poco civilizadas”, por lo que se percibe como “un favor” el hecho de llevar el “desarrollo” a sus territorios.

No obstante, señala Peláez, la anterior narrativa ha perpetrado lógicas de opresión, en tanto se ve a las personas indígenas como inferiores, por lo que su sufrimiento se ve como menos relevante. Prueba de ello es que en varios relatos de mujeres indígenas siendo abusadas, ellas expresaban que los abusadores se burlaban de su forma de hablar y expresarse mientras sufrían pues no podían hablar bien el español.

La violencia sexual hacia las víctimas LGBTI es percibida por los perpetradores como una violencia justificada, pues consideran que la violación es la mejor forma de “moralizar” las conductas que ellos consideran repulsivas, según Peláez. De esta manera, mujeres lesbianas que fueron violadas de forma masiva por soldados relatan que lo hacían para “mostrarles que era mejor estar con un hombre” o para que “fueran mujeres de verdad”. Igualmente, el castigo hacia las mujeres transexuales era transmitido a través de la violencia sexual, por lo que las formas de discriminación se extrapolaban al plano sexual en el conflicto, explica la autora.

 

Violencia simbólica

 

En el contexto del conflicto armado, la violencia sexual viene acompañada de marcas en el cuerpo, que dejan inscrito el recuerdo del dolor que se sufrió en el momento del daño. Según Carolina Mosquera, en el conflicto armado la violencia sexual suele realizarse con sevicia, pues tiene el doble propósito de satisfacer al victimario y destruir la dignidad de la víctima.

“Yo llegué a mi casa (…) y me entré al baño ya me empecé a mirar, nunca entendí por qué tanto daño, uno siente dolor ¿cierto?, y la angustia, pero ya cuando llegué y me senté me miré y me faltaba un pedazo del pitón del seno, toda mordida, aquí rasguñada y ese dolor”, afirma Colibrí, mujer adulta víctima, en un testimonio inscrito en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Así, las marcas en el cuerpo pueden revivir el recuerdo traumático.

La especialista Sandra Mojica expresa que eso también puede suceder con un niño o una niña que nació fruto de la violación a una mujer durante el conflicto armado. La responsabilidad en cualquier caso no es del menor, sino del perpetrador, pero la violencia simbólica se puede manifestar al darse este tipo de embarazo no deseado y al tener el hijo voluntaria o forzadamente, esto último debido a que hay muchos impedimentos y controversias alrededor del aborto en Colombia. De algún modo, esto puede remitir a un recuerdo traumático y doloroso.

Además, según la base de datos, la mayoría de las víctimas fueron violentadas muy jóvenes, a una edad en que comúnmente están iniciando su vida sexual, están cambiando, reconociéndose y explorando el cuerpo propio. Si en este punto de sus vidas son víctimas de violencia sexual, según Silvia Rivera, la construcción de su identidad se puede ver perjudicada y más tiempo deben convivir con el trauma. Las personas vulneradas sexualmente durante el conflicto armado tenían, en su mayoría, entre 18 y 28 años, quienes representan un total de 4.835 casos. Les siguen aquellas entre el rango de 13 a 17: 3.317 víctimas. Las cifras y análisis expuestos en este reportaje no solo revelan la gravedad de la violencia sexual durante el conflicto armado en Colombia, sino que profundiza en la necesidad de atención a estas víctimas con un enfoque interseccional y de género.
 

 

Actualizado el: Jue, 03/25/2021 - 23:32

 

Por: Ginna Santisteban, Óscar Parra y Pilar Puentes

Este reportaje es una alianza periodística entre Rutas del Conflicto y Mongabay Latam

Ana Villa ha viajado decenas de veces por las carreteras de la Altillanura colombiana, en recorridos que pueden durar hasta 18 horas durante el invierno para realizar muchos de los trámites que su comunidad le confía. Estos caminos que recorre, en su papel de vocera y lideresa, atraviesan una extensa sabana que ha sido el hogar ancestral de varias comunidades indígenas y de campesinos sin tierra que llegaron a la zona hace varias décadas. Pero también es el objetivo de numerosas empresas agroindustriales, agroforestales y petroleras que han llegado a la región desde hace unos 15 años.

Ana Villa es “una mujer de carácter”, como ella misma se define. Esa templanza ha sido determinante en los reclamos por la tierra y por el cuidado ambiental que ha encabezado en nombre de su gente en Cumaribo, al oriente de Colombia. A ‘Anita’, como le dicen sus conocidos, no le ha dado temor enfrentarse a las multinacionales que han llegado a instalar grandes plantaciones de monocultivos ni a los grupos violentos e ilegales que han hecho presencia en la región con el fin de despojar a campesinos y comunidades indígenas de sus territorios.  

En 1991 llegó con su familia a Cumaribo buscando oportunidades y huyendo de la violencia que la desplazó de su natal Cubarral, en el departamento del Meta, también en la llanura colombiana. En 1996 compró “Las Azucenas”, una finca que, como ella cuenta, “era solo sabana y le salió barata”, pero que como buena parte de los terrenos del Vichada, no tenía títulos de propiedad.

Cumaribo es el municipio más grande de Colombia y tiene 74 000 km2: más de tres veces el área de El Salvador y casi dos veces la de Bélgica. Está ubicado en la Orinoquía colombiana, en una zona intermedia en la que termina la sabana y comienza la selva amazónica. Es una región con gran riqueza hídrica donde muchos campesinos, como Ana Villa, vieron una oportunidad de vida digna. Pero multinacionales y grandes empresas también se interesaron en las extensas tierras del Vichada: el suelo perfecto para instalar sus agroindustrias. 

 

 

 Las sabanas de la Altillanura son usadas para los negocios extractivos y monocultivos. Por: Fernanda Barboza

Esta mujer ha centrado su liderazgo en el pulso por el derecho a la tierra y por el uso sostenible de los recursos naturales de la Orinoquía. Villa también ha sabido ganarse la confianza de las comunidades indígenas que habitan el departamento, a las que ha prestado su voz para hacer reclamos sobre el derecho ancestral de la tierra. “Hay dos clases de líder: el nato que realmente busca defender a la comunidad y el líder de bolsillo que es el que reclama por él mismo, pero nunca busca una salida colectiva. Ella ha sido una lideresa nata. La admiramos y por eso ella está al frente de todo”, así la describe Luis Torres, líder campesino del Vichada y su amigo. 

Su camino como lideresa social inició formalmente en 2006, cuando fue elegida presidenta de una de las Juntas de Acción Comunal en Cumaribo. “ Yo inicié como secretaria, pero solo duré dos meses porque el presidente que teníamos fue amenazado. Entonces, me hicieron la propuesta y hasta el 2016 fui la presidenta”, recuerda Villa. 

Una funcionaria de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización que hace acompañamiento a comunidades vulnerables, campesinos e indígenas en el reclamo de sus derechos,  asegura que Villa es una lideresa muy activa y que ha estado presente en diversos escenarios políticos para contar qué pasa en su comunidad y denunciar los atropellos que viven campesinos e indígenas en el Vichada. “Ana nos ayudó muchísimo a construir y establecer una ruta de protección y de autocuidado en áreas rurales. Es una mujer que siempre se ha esforzado por denunciar y sentar su voz como mujer campesina en la defensa de los derechos humanos, de la tierra, en la defensa del ecosistema y de los derechos ambientales”, cuenta la funcionaria. 

 

 Vichada tiene 34 resguardos indígenas en los que están comunidades como los Sikuani, Sáliba, Amorúa, Piapoco, Piaroa, Puinabe, Curripaco y Cubeo. Por: Archivo de Ana Villa

 

Ana no tiene miedo

“A mí el tema ambiental me empezó a preocupar cuando vi que se acababan los caños en mi finca. Por ese hecho puse un denuncio, porque me fumigaron toda la cuenca del caño con glifosato. Desde ahí empecé a pelear por el agua”, recuerda Ana Villa. 

Ese liderazgo y el afán por proteger los recursos naturales pronto fueron más allá de Cumaribo. Villa ha llevado sus denuncias y manifestaciones a Yopal, la capital del departamento de Casanare, también en la llanura colombiana. En 2014 la región oriental de Colombia tuvo un verano tan fuerte que las comunidades de Vichada y Casanare no pudieron enfrentarlo debido a la escasez de agua. 

 

  Ana Villa ha realizado varios viajes a Bogotá con el fin de denunciar los problemas de seguridad y ambientales en la Altillanura. Por: Archivo personal Ana Villa

Algunas comunidades de los departamentos afectados se movilizaron hacia Yopal para exigirle respuestas a Corporinoquia, la autoridad ambiental en la región. Los líderes ambientales, entre ellos Ana Villa, se reunieron para exigir la renuncia de los directivos de la entidad, argumentando el poco accionar de la corporación en épocas de sequía y la falta de seguimiento a las denuncias de las comunidades por la contaminación del agua en manos de la industria petrolera y agroforestal. “Uno va y denuncia y no pasa nada. Queríamos que renunciaran porque no estaban haciendo lo que tienen que hacer”, afirma Villa.  

Martha Jhoven Plazas Roa, entonces directora de Corporinoquia, dijo en la rendición de cuentas de 2014 que la entidad sí había respondido a la mayoría de quejas y había hecho un correcto control ambiental en la zona. Señaló que de 1123 quejas que recibieron en 2014, la corporación atendió cerca de mil.

Sin embargo, han pasado casi siete años desde esa manifestación y el panorama, como cuenta esta lideresa, no ha cambiado mucho. Según dice, las denuncias no tienen los efectos esperados y las empresas siguen contaminando el agua. Hacer una solicitud ante la corporación es más complejo hoy pues la sede de Corporinoquia en Cumaribo fue cerrada desde finales de 2020. Si alguna persona quiere acercarse a esta entidad, debe viajar por lo menos cinco horas hasta La Primavera, otro municipio de Vichada.

Estar al frente de su comunidad, ser la gestora de las peticiones de sus vecinos y compañeros y ser la cara visible de los reclamos contra las administraciones municipales, la fuerza pública, los colonos que llegan a adueñarse de las tierras, las multinacionales de la agroindustria e incluso los grupos armados ilegales la ha puesto en peligro en varias oportunidades. En 2014, al tiempo que apoyaba  las manifestaciones contra la gestión de Corporinoquia, recibió las primeras amenazas de muerte. “Me llamó un señor y me dijo que mi vereda tenía que obedecerlo y que dejara a las empresas quietas”, relata Ana Villa. 

Un año después, en 2015, mientras se dirigía a una reunión con unos campesinos reclamantes de tierras, fue interceptada por hombres armados. “Yo no sé qué me pasó en ese momento. Tenía mucha ‘piedra’ [rabia] y empecé a decirles todo lo que pensaba. Que ellos estaban acostumbrados a matar a la gente amarrada porque eran unos cobardes. Les decía que si me iban a matar, que me mataran ahí mismo”, cuenta Villa. Ese día, algunos habitantes de Cumaribo que presenciaron la intimidación, llegaron a socorrerla y obligaron a los tres hombres armados a que se fueran del lugar.

Ana también le ha hablado claro a sus vecinos y a los campesinos cuando ve que están deteriorando el ambiente. "La verdad es que al campesino lo cogen es para sembrar coca. A veces son personas que no piensan en un futuro”, explica Villa, refiriéndose a la realidad de muchos campesinos colombianos que ante las dificultades para cultivar el pancoger (yuca, plátano, maíz, fríjol, entre otros), optan por los monocultivos como la coca. “En varias reuniones yo les he dicho que no hay que talar los bosques, que sembremos la sabana, que cuidemos los bosques porque los bosques en el Vichada son muy pequeños, la mayoría es sabana y en el poquito de bosque que queda, de ahí nacen los caños, son la cuenca de un río, entonces si tumbamos los bosques, vamos a acabar con la fauna, con todo”, cuenta la lideresa. 

“Nosotros confiamos en Anita y por eso le hemos pedido que le haga frente a todo. Entre todos nos cuidamos porque los que reclamamos tierras somos blancos de amenazas”, asegura el líder Luis Torres. Ese apoyo de la comunidad la ha fortalecido y Villa dice que no siente miedo de ejercer el liderazgo en una región peligrosa para los defensores del medio ambiente porque “ese respaldo de la comunidad me protege, entre todos nos cuidamos”, afirma. 

El reclamo por la tierra

El 2021 llegó con buenas noticias para Ana Villa y su familia pues recibieron, después de más de una década de reclamos, el título de propiedad de “Las Azucenas”, la finca que compró en 1996. El éxito de su caso es un aliciente más para esta lideresa que sigue apoyando a unas 13 familias de su municipio que continúan solicitando las tierras que han habitado por décadas. 

Villa es una ficha fundamental para la comunidad porque ella misma documentó cómo estas familias, de la vereda de Camaretas en Cumaribo, fueron desplazadas en 2014 de las tierras que habitaban y que estaban solicitando ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Villa vio cuando llegaron hombres armados alegando ser los dueños de esos predios. Uno de los desplazados fue Nepomuceno Pilón Caicedo, quien luego se convirtió en su amigo y en su compañía en los reclamos. “Nosotros somos colonos. Cuando llegamos no había nada. Allí construimos nuestras casas y con el tiempo la vereda”, relata Caicedo. Villa les ha ayudado a contactarse con abogados para asesorías y a recolectar información para solicitar la titulación de sus tierras. “Yo ayudo a los campesinos con información, contactos, redactando documentos”, cuenta la lideresa. 

 

 Ana Villa se ha preparado con cursos y seminarios en temas de reclamación de tierras y temas ambientales para ayudar a las comunidades. Por:archivo personal Ana Villa

Ana Villa es una experta en temas de tierras. “Cuando inicié como líder en la Junta de Acción Comunal me vinculé como voluntaria a la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y empecé a conocer sobre reclamaciones de tierras y qué hacer en esos casos”, afirma. Hasta el momento ha apoyado a 20 familias en varias veredas que están en proceso de legalizar sus tierras ante la ANT, la entidad encargada de adjudicar tierra baldía a campesinos pobres; o haciendo solicitudes ante la Unidad de Restitución de Tierras, la agencia estatal encargada de verificar que los peticionarios perdieron sus tierras por el conflicto armado y llevar esos casos ante jueces especializados.

En 2013 Villa, acompañada de otros líderes sociales, creó la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Vichada (Asojuntas Vichada), que fue el punto de partida para denunciar la acumulación irregular de tierras de origen baldío por parte de varias empresas en la llanura colombiana. Esta es una de las grandes batallas que ha librado. 

Fue allí donde conoció al abogado Luis Guillermo Pérez Casas, con quien comenzó a documentar cómo la empresa Colombia Agro, que para la época pertenecía a la multinacional estadounidense Cargill, acumuló cerca de 50 000 hectáreas de más de 40 predios campesinos, con la asesoría del bufete de abogados Brigard Urrutia, como se probó tiempo después. 

Colombia Agro creó decenas de empresas de papel, para que cada una comprara un predio y así eludir los límites de acumulación de tierra de origen baldío que imponen las leyes colombianas. Según la Ley 160 de 1994, una persona o empresa no puede tener más de una propiedad que haya sido baldía, ya que con esta legislación se busca garantizar que las tierras del Estado sean entregadas a campesinos pobres y que no terminen acumuladas en pocas manos. En el departamento de Vichada no se pueden entregar más de 3000 hectáreas a un mismo solicitante. (Ver reportaje Vichada: tierra de hombres para hombres sin tierra).

Cargill es una de las mayores empresas agroindustriales del mundo y en Colombia tiene presencia desde la década de los sesenta. Comunidades en varios países, en los que la compañía tiene sede, se han quejado por sus prácticas comerciales y ambientales, y así quedó registrado en un informe que la organización ambiental estadounidense Mighty Earth publicó en 2019. 

Ana Villa y el abogado Luis Guillermo Pérez evidenciaron cómo la multinacional, con la ayuda de servidores públicos, adquirió un terreno mayor a la superficie urbana y suburbana de Bogotá, que es de 477 kilómetros cuadrados o 47 700 hectáreas. Villa señala que comenzó a investigar cuando a la región llegaron varios forasteros a comprar tierras que los campesinos de la zona lograron que el Estado les titulara después de procesos que duraron décadas. La lideresa denunció que muchos vendieron a bajos precios por las difíciles condiciones de violencia en las que vivían. Los forasteros, luego de unos meses, revendían la tierra a la multinacional por valores muy superiores.

Por ejemplo, el predio El Relato, que el Estado le había adjudicado al campesino Cupertino Godoy en 1995, fue comprado por empresarios del Valle del Cauca que llegaron a la zona en marzo de 2009 por cerca de 200 millones de pesos (unos 56 000 dólares), aunque la transacción fue registrada apenas por 50 mil pesos (14 dólares) en el certificado de tradición y libertad. Un año y medio después, los empresarios le vendieron la misma finca a una de las compañías de Colombia Agro —para entonces propiedad de Cargill— por un valor de 2461 millones de pesos (poco más de 680 000 dólares) (Ver certificado de tradición).

Ana Villa señala que mientras la empresa se quedaba con los títulos de estos predios ubicados en los municipios de Santa Rosalía, La Primavera y Cumaribo, en el departamento del Vichada; campesinos y comunidades indígenas, que llevaban años intentando que les titularan tierras, seguían esperando sin éxito. Por ejemplo, Mongabay Latam y Rutas del Conflicto pudieron constatar que la ANT ha negado varias de las solicitudes de adjudicación de los vecinos de Ana Villa, por lo que, en su condición de víctimas de desplazamiento forzado, han tenido que acudir a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que ya aceptó sus casos y los presentará ante un juez.

En 2013, la denuncia de Villa y Pérez llegó al Congreso de la República, específicamente a las oficinas del senador Jorge Enrique Robledo y del representante a la Cámara, Wilson Árias, quienes ese mismo año citaron a un debate en el que exponían, además, que el entonces embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, era socio de la firma de abogados que asesoraba a la compañía estadounidense. Ana Villa viajó desde Cumaribo hasta Bogotá y participó en un debate en el Congreso, entregando su testimonio sobre lo que ella y otros líderes de la zona habían documentado. 

Luego del debate, Urrutia renunció a la embajada, pero la empresa siguió en la zona como propietaria de los predios en los que desarrollaba un proyecto de cultivos agroindustriales de maíz y soya, mientras que Villa continuó siendo la vocera de las comunidades campesinas e indígenas que se quejaban a diario por los efectos de los químicos que usa la agroindustria.

Una campesina que lucha contra la contaminación ambiental

En Cumaribo existen varias comunidades campesinas e indígenas que han presentado quejas a Corporinoquia por el comportamiento ambiental de Colombia Agro entre 2013 y 2015. Villa ha liderado varios de esos reclamos para proteger la salud de indígenas, como los del resguardo El Merey, así como la afectación a los ecosistemas de la zona. “Todos ellos toman el agua del caño, con eso es que se bañan. Hace un tiempo hubo una mortandad de peces. Fuimos con el ingeniero Julián Quintero [excontratista de Corporinoquia, que ha ayudado a Ana Villa a redactar las denuncias ambientales] y vimos hasta rayas muertas y los indígenas se enfermaron”, cuenta la lideresa.

 

 Ana Villa ha ayudado al pueblo indigena sikuani en el departamento de Vichada. Por: Archivo personal Ana Villa 

Los malos manejos de residuos de la empresa han sido registrados en varias visitas realizadas por Corporinoquia. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto pidieron información sobre estas visitas y la autoridad ambiental aseguró que ha realizado cinco procesos de inspección desde 2013, en los que encontró que Colombia Agro no tenía permisos de vertimiento de aguas residuales industriales. 

En dos visitas halló una “disposición de residuos sólidos y peligrosos a cielo abierto en el predio El Encanto y Los Gansos”, así como “la captación ilegal de aguas (superficial y subterránea) y vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas al suelo, sin los respectivos permisos, en los predios Los Gansos, El Rastro y El Encanto”. (Ver respuesta de Corporinoquia).

Incluso, las quejas en contra del impacto ambiental de la empresa llegaron a un proceso penal en 2016, luego de que un vecino de la compañía denunciara la fumigación aérea de cultivos usando el herbicida paraquat. Según las normas ambientales colombianas, dicho químico solo puede ser usado manualmente. El diario El Espectador reseñó en 2015 que la Fiscalía imputó cargos relacionados con los daños ambientales a varios funcionarios de Colombia Agro, entre ellos, el exgerente Juan Aquilino Pérez Pérez y al contratista encargado de la fumigación aérea.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto pudieron verificar que a Juan Aquilino Pérez y otros funcionarios y contratistas de la compañía, se les imputaron cargos en 2016 por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos, daño a los recursos renovables agravado y contaminación ambiental. A marzo de 2021, el proceso penal sigue abierto y no se ha dictado sentencia.

Según los pobladores de la zona, los procesos por daños ambientales hicieron que Colombia Agro redujera su presencia en la zona en 2017. Sin embargo, Ana Villa cuenta que la compañía volvió con más fuerza en 2019 y retomó el proyecto agroindustrial. Mongabay Latam y Rutas del Conflicto verificaron la propiedad de los predios y confirmaron que siguen perteneciendo a Colombia Agro, a través de las compañías que había creado para adquirirlos. Al revisar los documentos de la Cámara de Comercio de Colombia Agro no aparece por ninguna parte el nombre de la multinacional Cargill, pero en la junta directiva se registra a Robert Philipp Hutter que, según su perfil de LinkedIn, trabajó para la multinacional en 1999 y es hijo del expresidente de Cargill, Heinz Hutter.  

En los documentos se evidencia que, en 2016, la casa matriz propietaria de Colombia Agro pasó de Black River SAS, que fue filial de Cargill, a Proterra, una empresa creada por exfuncionarios de la misma Cargill.

Robert Philipp Hutter es también el presidente de Proterra, que según su página web, es una “administradora de capital privado” en la que Cargill “ya no es propietaria, pero mantiene su relación con Proterra como socio limitado comprometido con los fondos”.  En la junta directiva de Colombia Agro también aparece Brent Christopher Bechtle, exfuncionario de Black River SAS, la exfilial de Cargill en Colombia.

Además, Mongabay y Rutas de Conflicto pudieron establecer que Matthew David Waller, socio y jefe financiero y de operaciones de Proterra, tiene un proceso penal en la Fiscalía colombiana por daños al medio ambiente, relacionado al caso de Colombia Agro y sus predios en Vichada.

Contactamos a los representantes de Cargill en Colombia para preguntarles si la empresa directamente administraba los predios, si había retomado el proyecto agroindustrial en el Vichada y si había hecho ajustes para cumplir con las normas ambientales colombianas pero Cargill se limitó a responder que desde 2015 no tiene relación con las empresas propietarias de las tierras en el Vichada. Intentamos contactar a Matthew Waller de Proterra y a funcionarios de Colombia Agro pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no obtuvimos respuesta.

Este es el momento en que no hay claridad sobre la presencia y actuación de empresas como Colombia Agro en la región. El temor de Ana Villa es que se han reactivado los proyectos agroindustriales, como el de esta compañía, que en el pasado, y según informes de Corporinoquia, causó daño a los recursos naturales de Cumaribo.  

A esto se suma que durante el último año ha aumentado la presencia de grupos armados ilegales en la región. Varias comunidades indígenas y campesinas han denunciado amenazas contra líderes y lideresas que defienden su derecho a la tierra y a un ambiente sano. Incluso, la Defensoría del Pueblo, con su Sistema de Alertas Tempranas advirtió, en abril de 2020, sobre el aumento de grupos armados ilegales y amenazas a líderes sociales en los municipios de la altillanura del Meta y Vichada.

Varios vecinos le han advertido a Ana Villa sobre los peligros de viajar a ciertas zonas y ella se ha vuelto muy discreta en las salidas que hace para gestionar los procesos de las comunidades ante las entidades del gobierno. “Siendo lideresa mi vida ha cambiado mucho, a veces para bien y a veces para mal. Yo sé que hay muchas complicaciones como amenazas y riesgos, pero yo me he dedicado para la gente más necesitada, para la gente que vive en los territorios más lejanos y abandonados", dice Ana. 

A pesar de todo esto, cada vez que se necesite, ella está dispuesta a viajar si es necesario las 25 horas que la separan de Bogotá. Eso no le importa. Insiste en encontrar soluciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de su comunidad campesina y de los indígenas que confían en su trabajo

 

Actualizado el: Mar, 03/16/2021 - 16:09