Foto por: Juan Carlos Sierra - Revista Semana

Actualizado el: Mié, 10/02/2019 - 22:48

El 6 de octubre de 1987, un grupo de paramilitares de las Autodefensas de Puerto Boyacá secuestró en el municipio de Puerto Araujo,  Santander, a 17 comerciantes que transportaban mercancía desde Cúcuta a varios pueblos de Antioquia.  Los ‘paras’ junto a miembros de Ejército llevaron a los secuestrados a la finca El Diamante, en Puerto Boyacá en la que los torturaron y asesinaron, para luego arrojar los cuerpos al Río Magdalena.

Dos comerciantes más, que 15 días después fueron a buscar a sus compañeros, también fueron secuestrados y asesinados. Las víctimas vivían de comprar todo tipo de productos en la frontera con Venezuela y en su camino de regreso a Antioquia, tenían que atravesar parte del Magdalena Medio.  Según testimonios de ex paramilitares como Jesús Baquero Agudelo alias ‘El Negro Vladimir’, los comerciantes fueron señalados de ser supuestos colaboradores de la guerrilla y de comprar armas a miembros de la Guardia Venezolana para luego vendérselas los insurgentes.

La masacre fue dirigida por Henry de Jesús Pérez, jefe de las Autodefensas del Magdalena Medio y dueño del lugar donde se perpetró la masacre.  Los ‘paras’ se habían asociado al Cartel de Medellín y a un grupo de militares para controlar la región y desde mediados de los ochenta habían asesinado a centenares de personas señalándolas de ser auxiliadores de la guerrilla.  Por los hechos la Fiscalía abrió un proceso a mediados de los noventa contra varios oficiales del Ejército como el general Faruk Yanine Díaz, que murió por enfermedad años más tarde, pero ningún militar fue condenado por esta masacre.

Grupo armado relacionado:

Foto por: Revista Semana

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Casi un año después de la masacre de Mapiripán, el 4 de mayo de 1998, un grupo de paramilitares atacó a la población de este municipio pero esta vez en la vereda Puerto Alvira, conocida en la zona como Caño Jabón.   Los ‘paras’ salieron de un lugar llamado Punta Hermosa y asesinaron a siete campesinos en su recorrido hasta el casco urbano de Puerto Alvira.  En el caserío asesinaron a 20 personas más y quemaron la mitad del pueblo.

Jairo Palacios Maldonado alias ‘Caño Jabón’, un habitante de la región que reclutaron los ‘paras’, señaló a las personas que consideraba colaboradores de la guerrilla, quienes fueron llevados al parque principal y luego fueron asesinados.   Los paramilitares también dispararon indiscriminadamente a los habitantes que transitaban por el río Guaviare durante la toma que duró cerca de tres horas,  así murió una niña indígena de seis años que viajaba con su padre por el río.  Luego  saquearon las casas y le prendieron fuego a la estación de gasolina del pueblo, lo que causó un incendio que quemó varias viviendas y varios cuerpos que habían sido abandonados en la calle.

La toma causó el desplazamiento de más de la mitad de la población de Puerto Alvira.  Según declaraciones de desmovilizados, la masacre fue ordenada por Carlos y Vicente Castaño para quitarle el control de la zona a las Farc que manejaban desde hacía varios años el negocio del narcotráfico.

Grupo armado relacionado:

Foto por: Archivo Semana

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El 3 de octubre de 1997 una comisión judicial que acababa de realizar una diligencia de extinción de dominio en una finca de un narcotraficante fue atacada por un grupo de cerca de 70 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Casanare, conocidos en la zona como ‘Los Buitragueños’.  En total 11 funcionarios fueron asesinados y otros 16 terminaron heridos.

La comisión había confiscado cerca de 300 kilos de cocaína en la finca el Alcaraván en Puerto López, una base de operaciones del narcotráfico y cuando transitaba por un sitio conocido como Lomitas, en San Carlos de Guaroa, Meta, fue emboscada por los ‘paras’.  Los ocho carros en los que se movilizaban los funcionarios fueron atacados con ráfagas de fusil y luego varios de ellos fueron rematados con tiros de gracia cuando trataron de escapar. Las víctimas fueron tres investigadores de la Fiscalía, dos agentes del DAS, cinco soldados y un mayor de Ejército.

La masacre fue ordenada por el paramilitar Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, que se había aliado con varios narcotraficantes de la zona.  El hecho marcó el comienzo de una enemistad entre los jefes de las Autodefensas Campesinas del Casanare y los hermanos Castaño, que tras la matanza anunciaron en un comunicado público que ayudarían a encontrar a los culpables.  La Casa Castaño se enfrentó abiertamente con  ‘Los Buitragueños’ en una guerra que dejó centenares de muertos entre 2003 y 2004.

Grupo armado relacionado:

Foto por: Juan Carlos Sierra - Revista Semana

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El 12 de julio de 1997 cerca de 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, Accu,  llegaron a San José del Guaviare, provenientes del Urabá antioqueño en dos aviones militares.  Los ‘paras’ se trasladaron por río y carretera hasta la cabecera del municipio de Mapiripán, a la que llegaron el 14 de julio.  En su paso por varias veredas y luego en el casco urbano del pueblo, asesinaron cerca de medio centenar de personas.

Durante una semana los paramilitares sacaron de sus casas en la noche a sus víctimas, las llevaron al matadero del pueblo donde los torturaron y asesinaron con disparos o degollándolos.  Varias personas fueron castradas y decapitadas, incluso los ‘paras’ jugaron futbol con la cabeza del despachador de aviones del pueblo y la mayoría de los cuerpos fueron desmembrados y arrojados al rio Guaviare con rocas dentro del estómago para que los familiares nunca los encontraran.  El grupo armado dejó el pueblo el domingo 20 de julio y la fuerza pública solo apareció hasta el miércoles 23.

La masacre fue ordenada por la Casa Castaño, que se había unido a los grupos paramilitares del Magdalena Medio y los Llanos Orientales ese año, para conformar las Auc.  La masacre de Mapiripán hizo parte de la estrategia de expansión de las autodefensas para quitarle el control a la guerrilla, especialmente en zonas clave para el narcotráfico.  Según testimonios de desmovilizados, Vicente Castaño buscaba apoderarse de grandes extensiones de tierra para desarrollar un proyecto de palma aceitera, que actualmente se encuentra abandonado en el occidente del municipio.  La matanza produjo el desplazamiento del cerca del 70 por ciento de los pobladores.

Miembros de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, conocidos como 'Carranceros' dieron apoyo logístico.  Además paramilitares del Casanare al mando de Héctor Buitrago llegaron al pueblo días antes haciéndose pasar por guerrilleros pidiendo ayuda de la gente, con el objetivo de armar la lista de supuestos colaboradores de la subversión que luego fueron asesinados.  La  justicia colombiana ha documentado la participación de varios oficiales del Ejército y altos mandos de las fuerzas armadas como el general Jaime Humberto Uscátegui y el mayor Hernán Orozco han sido condenados por estos hechos, aunque este último se encuentra asilado en los Estados Unidos.

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Grupo armado relacionado:

Foto por: Juan Carlos Sierra - Revista Semana

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Hacía el medio día del 16 de noviembre de 1998, un grupo de por lo menos 20 paramilitares fuertemente armados de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá llegaron en camionetas al corregimiento de Estados Unidos, en el municipio de Becerril. 

Con lista en mano sacaron de su casa a 11 personas, ocho de ellas fueron asesinadas y las otras tres fueron secuestradas y sus cuerpos fueron hallados días después en corregimiento La Guajirita, a 5 kilómetros de Estados Unidos. Con los primeros disparos los habitantes del caserío huyeron hacia la parte alta del pueblo para refugiarse.

Una de las víctimas fue Alexis Hinestrosa, quien había sido diputado de la Unión Patriótica por ese departamento, pero ante las frecuentes amenazas se había retirado de la política y en ese entonces era un promotor de salud del pueblo. Los paramilitares lo asesinaron en frente de su esposa y sus hijos.

Grupo armado relacionado:

Foto por: Juan Carlos Sierra - Revista Semana

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El 18 de enero del 2000 a la 1 de la tarde un grupo de paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez, del Bloque Norte de las Auc, llegó al corregimiento de Estados Unidos, ubicado en el municipio de Becerril. Recorrieron casa por casa y sacaron a siete personas al ‘Parque los Delfines’, como se llamaba la plaza central del pueblo. A la vista de todos los fueron matando uno por uno. 

Entre las víctimas se encontraba Félix María Robles, un venezolano de 20 años de edad, que según los pobladores que presenciaron la masacre fue asesinado porque uno de los ‘paras’ quería quedarse con su radio transistor y una cadena de oro. Antes de salir los paramilitares se llevaron la madera de las puertas de las casas, que utilizaron para construir trincheras y caletas.

Esta, que fue la segunda masacre en este corregimiento (la primera fue en noviembre de 1998) causó el desplazamiento de la mayoría de la población, sólo siete familias decidieron quedarse, convirtiendo a Estados Unidos en un pueblo fantasma.  Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, comandante del Frente aceptó la responsabilidad de los crímenes en el proceso de Justicia y Paz.. 

Grupo armado relacionado:

Foto por: Alcaldía de Villanueva

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A la media noche del 7 de diciembre de 1998, un grupo de 150 paramilitares del Bloque Norte de la Auc ingresó por dos puntos diferentes al municipio de Villanueva, en la Guajira. Algunas personas del pueblo estaban aún celebrando el día de las velitas en las calles cuando los hombres armados entraron con lista en mano y asesinaron a 10 personas en el barrio ‘El Cafetal’. 

Los ‘paras’ recorrieron casa por casa buscando a sus víctimas y los asesinaron frente a sus familiares, muchos otros murieron solo por interceder ante estas personas. Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, jefe del Bloque Norte de las Auc, ha contado que ordenó que la matanza se hiciera mientras el pueblo celebraba para que el ruido de los disparos se confundiera con el de la pólvora.

Desde hacía años Eln y el Epl controlaban la Serranía de Perijá, desde donde ordenaban todo tipo de extorsiones y secuestros a los pueblos del Cesar y el Sur de la Guajira. Era tal el dominio que tenían sobre el municipio de Villanueva que sus habitantes eran tachados por los paramilitares como de colaboradores de la guerrilla, en especial los que vivían en el barrio el ‘El Cafetal’.

Grupo armado relacionado:

Foto por: Revista Semana

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Hacia las 7 de la mañana del domingo 18 de abril de 2004, llegaron a Bahía Portete cerca de 45 hombres del Bloque Norte de las Auc, entre ellos un grupo de indígenas Wayuu, y mataron a seis personas que hacían parte de dos familias reconocidas en la comunidad. La masacre fue ordenada por Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, jefe del Bloque Norte, y Arnulfo Sánchez alias ‘Pablo’, jefe del Frente Contrainsurgencia Wayuu de las Auc. 

Los paramilitares llegaron a la casa de Margoth Fince Epinayú, una mujer de 70 años miembro de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales, la golpearon, la sacaron de su casa y la asesinaron con machetes. Luego se dirigieron a la casa de Rosa Fince, reconocida líder de la comunidad, la llevaron a una loma, la amarraron, la decapitaron y desmembraron. Saliendo de la casa de Rosa, los ‘paras’ raptaron a Diana y Reina Fince, que hasta la fecha permanecen desparecidas. Por último, mataron a Rubén Epinayú de 18 años, amarraron su cuerpo a una camioneta y lo arrastraron por todo el caserío para que todos sus habitantes lo vieran.  

Tres días antes de la masacre, las autoridades del pueblo se comunicaron con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y el Ministerio de Defensa pidiendo seguridad especial, pero no recibieron respuesta.  

Los paramilitares tenían interés en tener el control de Bahía Portete, porque durante décadas ha sido sitio de entrada y salida de mercancía de contrabando, de drogas y armas.

Grupo armado relacionado:

Foto por: Alcaldía de Curumaní

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Entre el 4 y 6 de diciembre de 2005, un grupo de por lo menos 200 paramilitares del Frente Resistencia Motilona, que hacía parte de Bloque Norte de las Auc, ingresaron a las veredas Lomas Verdes y Nuevo Horizonte, retuvieron a 45 personas del pueblo y asesinaron a nueve de ellas. La masacre fue ordenada por Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, jefe paramilitar del Bloque Norte, quien para ese entonces estaba en proceso de desmovilización.

Una víctima fue torturada hasta morir y su esposa fue abusada sexualmente por los paramilitares. Aunque mes y medio antes la Defensora del Pueblo en el Cesar emitió una alerta temprana, no se aumentaron las medidas  de seguridad. 

Cuando la ONG Promoción Alternativa (Minga) denunció los hechos, ‘Jorge 40’ envió un mensaje difundido en varios medios nacionales en el que desmintió los hechos y dijo que se trató de combates con la guerrilla, tachando a los miembros de la organización como “integrantes del Eln”. El entonces gobernador del Cesar, Hernando Molina, condenado por parapolítico, desmintió la masacre.

Por los hechos fue condenado a 40 años Javier Urango Herrera, alias ‘Chely’ uno de los ex jefes del Frente Resistencia Motilona y quien luego dirigió  la banda de ‘Los Mellizos’. ‘Chely’ fue capturado en 2010 luego de dos años prófugo de la justicia.

Grupo armado relacionado:

Foto por: Alcaldía de Curumaní

Actualizado el: Mié, 10/02/2019 - 22:48

El 25 de julio de 1999 paramilitares del Frente Resistencia Motilona, del Bloque Norte de las Auc, instalaron un retén ilegal en la vía que comunica a las veredas Dos de Mayo y Dos Brazos, en la zona rural de Curumaní, Cesar. Los ‘paras’ retuvieron a 12 personas que se movilizaban por la carretera y con lista en mano asesinaron a cinco de ellos, que fueron señalados como colaboradores de la guerrilla. 

Luego de estos hechos, los paramilitares obligaron bajo amenazas a Alberto Ríos Manzano a guiarlos hasta la casa de la personera del municipio, Numis Esther Camacho, y una vez allí los dos fueron asesinados. Según uno de los victimarios, Esneider Santiago González alias ‘Medio Kilo’, la fuerza pública sabía de la masacre, pues antes de los hechos los paramilitares hablaron con el teniente de la Policía de Curumaní y un sargento del Ejército. 

Por estos hechos fue condenado Jesús Atehortúa Gómez alias ‘Julio Palizada’, uno de los jefes paramilitares del Frente y perpetrador de la masacre, a 26 años de prisión por la justicia ordinaria. ‘Palizada’ no se desmovilizó y se convirtió en uno de los jefes de los ‘Urabeños’ en el Cesar hasta que fue capturado en diciembre de 2012. 

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